La Inspección de Trabajo regularizó más de 47.000 falsos autónomos en 2025 tras una campaña extraordinaria sobre las plataformas digitales, sobre todo de aquellas de delivery que aún no cumplían con la Ley Rider, y afloró 131.645 empleos en total.

Así consta en la Memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), publicada este miércoles, y que recoge los resultados de las 1,2 millones de actuaciones del organismo el año pasado en cerca de medio millón de centros de trabajo (427.495).

Inspección de Trabajo intensificó su labor sobre plataformas como Uber Eats, una compañía que el año pasado aún repartía con el modelo de falsos autónomos, con los que firmaba un contrato mercantil en lugar de darlos de alta como empleados propios. El propio Ministerio amagó a finales de 2025 con llevar a la compañía a la justicia por la vía penal si no modificaba esta actividad, algo que la compañía anunció que cambiaría en enero de este año.

En concreto, eso permitió regular a 47.143 falsos emprendedores, seis veces más que en 2024 (7.234) y el máximo desde que arrancaron las actividades inspectoras en este ámbito en 2018. Desde entonces, se han efectado casi 90.000 actuaciones y se ha regularizado a 139.242 falsos autónomos.

Más de un millon protegidos y 11.000 denuncias anónimas

En total, el número de personas protegidas por la Inspección superó el millón (1.030.183) y se detectaron 208.500 infracciones, con sanciones propuestas por valor de 858,2 millones de euros, frente a los 541 millones de 2024. La labor del organismo que depende de la Vicepresidencia de Yolanda Díaz permitió recuperar 1.212 millones de cuotas a la Seguridad impagadas, casi 300 millones más que un año antes (941,1 millones).

Las actuaciones permitieron dar de alta a 96.194 personas que no estaban registradas en la Seguridad Social y también aflorar a 601 falsos becarios, prácticamente tres veces más que en 2024, cuando fueron 220. El número de personas trabajadoras extranjeras que estaban empleadas sin permiso fueron 18.655, con sanciones propuestas por valor de 187,7 millones.

El buzón de denuncias de la Inspección recibió 11.824 comunicaciones. La memoria apunta a una mejora de la ratio de control de la inspección, es decir, de los trabajadores asignados al personal de la ITSS, hasta 204.

Los conductores de motocicletas y ciclomotores tendrán que adaptarse a nuevas obligaciones de equipamiento y circulación con la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Consejo de Ministros. Entre los principales cambios figuran el uso obligatorio de guantes en vías interurbanas, el calzado cerrado en cualquier tipo de vía y nuevas condiciones para poder circular por el arcén cuando haya congestión. La modificación, que busca reforzar la protección de los usuarios vulnerables, entrará en vigor con carácter general el 1 de octubre de 2026, aunque algunas medidas tendrán un calendario diferente. Incumplir cualquiera de estas dos obligaciones tendrá la consideración de infracción grave y supondrá una sanción económica de 200 euros.

Guantes y casco con un calendario diferente

En el caso concreto de los guantes, la aplicación de la medida tendrá una particularidad. La obligación de utilizar modelos homologados se hará efectiva cuando entre en vigor la orden ministerial encargada de regular sus especificaciones técnicas. Hasta entonces, se utilizarán guantes de protección de las mismas características que los empleados actualmente, según precisa el Ministerio del Interior.

La reforma también introduce cambios en el casco de protección, aunque la documentación oficial no emplea la misma formulación en todos sus apartados. Al desarrollar las medidas para los usuarios de motocicletas, la nota de Interior señala que los cascos de los usuarios de ciclomotores deberán estar homologados y no simplemente certificados, mientras que el apartado dedicado a la entrada en vigor sitúa el 1 de octubre de 2027 la aplicación del artículo relativo al casco homologado para usuarios de motocicletas.

Las motos podrán utilizar el arcén en los atascos

Otro de los cambios afecta a una práctica que puede producirse durante las retenciones. El nuevo reglamento permite que las motocicletas circulen por el arcén derecho cuando exista congestión de tráfico, pero no de manera generalizada. Para hacerlo, el tramo tendrá que estar previamente señalizado y el motorista no podrá superar los 30 kilómetros por hora, tal y como recuerda la DGT.

La normativa incorpora además obligaciones específicas para quienes trabajan desplazándose en moto. Los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán utilizar chaleco reflectante en todo momento. No llevarlo se considerará una infracción grave castigada con una multa de 200 euros. La reforma contempla asimismo obligaciones de casco y chaleco reflectante para los riders que se desplacen profesionalmente en vehículos de movilidad personal, bicicleta o ciclomotor.

Nuevas reglas de seguridad en carretera

Los motoristas también tendrán que tener en cuenta otras disposiciones introducidas para las vías interurbanas. Los vehículos que rebasen a otros que se encuentren inmovilizados por un accidente, una avería o labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deberán dejar una distancia lateral de 1,5 metros y reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía. En autopistas y autovías, si la nieve dificulta la circulación, quedará prohibido adelantar y habrá que utilizar únicamente el carril derecho para dejar libre el izquierdo a los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves.

La actualización forma parte de una reforma más amplia con la que Interior pretende adaptar las normas de circulación a los cambios experimentados por la movilidad durante las últimas dos décadas. Por primera vez, el reglamento define expresamente al “usuario vulnerable de la vía” en función del mayor riesgo de sufrir lesiones en un accidente de tráfico o de que estas sean más graves por el medio de desplazamiento utilizado o las características físicas del grupo de edad al que pertenece. La reforma engloba dentro de este concepto a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal.

Los riders que se desplacen en vehículos de movilidad personal (VMP), bicicletas, ciclomotores o motocicletas tendrán que utilizar siempre casco de protección y chaleco reflectante a partir del próximo 1 de octubre. La modificación del Reglamento General de Circulación establece esta obligación para quienes desarrollen su actividad profesional con estos vehículos, dentro de una reforma dirigida a reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía.

La exigencia para estos profesionales va más allá de la prevista para el resto de usuarios. Quienes circulen en un VMP sin hacerlo profesionalmente deberán utilizar casco y llevar chaleco reflectante por la noche o cuando haya poca visibilidad. Los riders que trabajen con estos vehículos, en cambio, tendrán que emplear ambos elementos en todo momento. Incumplir estas obligaciones constituye una infracción grave sancionada con 200 euros.

La reforma también cambia las normas para quienes utilizan la bicicleta. Desaparecen las exenciones que permitían prescindir del casco en determinadas circunstancias en carretera, por lo que todos los ciclistas deberán llevarlo en vías interurbanas. En el caso de quienes utilizan la bicicleta para desarrollar su actividad profesional, la protección se refuerza con la exigencia permanente de casco y chaleco reflectante.

Las nuevas obligaciones para quienes reparten en moto

Los riders que se desplacen en motocicleta o ciclomotor también están incluidos entre los profesionales afectados por las nuevas medidas. En el apartado dedicado específicamente a las motocicletas, la norma establece que quienes trabajen profesionalmente con ellas deberán llevar chaleco reflectante en todo momento, una obligación cuyo incumplimiento se considera infracción grave y conlleva una sanción de 200 euros. Además, tanto conductores como pasajeros de motocicletas y ciclomotores tendrán que utilizar calzado cerrado en todo tipo de vías.

A estas medidas se suma el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas. El requisito relativo a los guantes homologados se hará efectivo cuando entre en vigor la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas. Hasta entonces, podrán utilizarse guantes de protección de las mismas características que los empleados actualmente.

Los cambios alcanzan también otras reglas que afectan a quienes reparten en bicicletas o VMP. Estos últimos deberán llevar el alumbrado encendido tanto de día como de noche, aunque esta obligación no comenzará a aplicarse hasta el 1 de octubre de 2027. En ciudad, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril para mejorar su seguridad, mientras que los vehículos a motor deberán mantener una distancia mínima de cinco metros respecto a las bicicletas que circulen delante por el mismo carril.

Una reforma centrada en los usuarios vulnerables

Las nuevas medidas para los riders forman parte de una modificación más amplia con la que el Gobierno busca adaptar el Reglamento General de Circulación a los cambios experimentados por la movilidad durante las últimas dos décadas. La norma incorpora por primera vez el concepto de “usuario vulnerable de la vía”, referido a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones en un accidente, o de que estas sean más graves, por el medio de desplazamiento que utilizan o por las características físicas asociadas a su grupo de edad.

La mayor parte del nuevo reglamento entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, por lo que desde esa fecha comenzarán a aplicarse las principales obligaciones de protección previstas para los riders. El alumbrado obligatorio de los VMP constituye una de las excepciones y se retrasa hasta el 1 de octubre de 2027, mientras que el requisito relativo a los guantes homologados dependerá de la entrada en vigor de la orden ministerial que establezca sus especificaciones técnicas. La nota oficial también aplaza hasta octubre de 2027 los nuevos requisitos de homologación de los cascos, aunque utiliza referencias distintas al tipo de vehículo al desarrollar esta medida y al detallar su calendario de aplicación.

El juez de Barcelona que investiga al fundador de Glovo ha acordado sentar en el banquillo a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores al mantener como falsos autónomos a sus repartidores pese a las sentencias que le obligaban a contratarles como empleados.

Así lo ha decidido el juez en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que rechaza archivar la causa, como solicitaba Pierre, y atiende la petición de la Fiscalía y el sindicato CGT, que reclamaban enviar a juicio al empresario.

El auto es una nueva resolución judicial que desnuda el modelo laboral de uno de los emprendedores más elogiados en España (el president de la Generalitat, Salvador Illa, se hizo una foto por los diez años de Glovo con Pierre pese a estar imputado).

El magistrado destaca que mantener como falsos autónomos a los repartidores “menoscaba y suprime los derechos a los trabajadores”, además de no estar permitido por la legislación laboral.

La relación “en apariencia mercantil” de la empresa con sus repartidores, es decir, como falsos autónomos, permitió a Glovo “reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales”, resalta el magistrado.

En su resolución, el juez indica que Glovo “continuó manteniendo la misma relación” laboral con sus repartidores pese a las resoluciones judiciales a favor de los riders.

El consejero delegado de Glovo, según el juez, no solo no contrató como empleados a los repartidores, sino que éstos “se vieron obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si querían continuar prestando los servicios para la empresa”.

La denuncia de la Fiscalía que inició el caso que ahora terminará en un juicio fue el último paso de la lucha de las autoridades laborales contra el modelo de falsos autónomos en el que se sustentó el modelo de negocio de Glovo y que el Supremo declaró ilegal.

El Ministerio de Trabajo impulsó la ley Rider para vetar estas prácticas, y Pierre, antes de su declaración como imputado en Barcelona en 2024, anunció que la firma dejaría atrás su modelo y contrataría a sus repartidores.

En su resolución, el juez remarca que Glovo “no acreditó” en sus respuestas a la Inspección de Trabajo que hubiera regularizado a los trabajadores tras la sentencias que le obligaban a cesar la relación como falsos autónomos.

La empresa, agrega el instructor, “se limitó a contestar que no se mantenía” la relación de falsos autónomos, aunque, para el juez, “la realidad incuestionable era que los trabajadores continuaron realizando sus labores” sin ser contratados, pese a las sentencias laborales a favor de los riders.

A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez sentar en el banquillo al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por mantener a sus repartidores como falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados.

Según informan fuentes jurídicas a elDiario.es, el Ministerio Público ha concluido que de la instrucción del caso existen “indicios suficientes” para continuar la causa y llevar a juicio a Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El pasado mes de julio, Pierre admitió que trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero negó que ello supusiera un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que pidió dar carpetazo a la causa.

Antes de tomar una decisión, el juez preguntó a la Fiscalía y al resto de partes si procedía archivar la causa, a lo que se han opuesto tanto el Ministerio Público como el sindicato CGT, que ejerce la acusación popular.

La causa contra Pierre se inició en verano de 2024, cuando la Fiscalía presentó su denuncia contra el ejecutivo por “suprimir” los derechos de los trabajadores. A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que irá a juicio el fundador de la empresa.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya ha abierto un expediente sancionador a Glovo y a sus subcontratas por mantener la actividad de sus repartidores durante una alerta roja por calor en Barcelona este verano. El procedimiento terminará con una multa de hasta 49.180 euros.

Según ha avanzado El Periódico y ha confirmado Europa Press, los hechos denunciados por la CGT ante la Inspección de Trabajo ocurrieron el 8 de julio, día en el que se llegó a alcanzar una temperatura de 40 grados en Barcelona, y pese a lo cual la compañía mantuvo la actividad habitual de los repartidores.

Que los riders circulen normalmente en un episodio de altas temperaturas, explica la resolución del organismo, va en contra tanto del propio protocolo de climatología adversa de Glovo como de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

La CGT presentó una denuncia ante Trabajo, ahora resuelta con una propuesta de sanción, que puede variar entre un importe de 2.451 euros, en su grado mínimo, y 49.180 euros en su grado máximo, a determinar por el organismo.

Glovo, por su parte, afirma no haber recibido aún dicha resolución de la entidad del departamento de Trabajo, y está a la espera de poder analizarla.

Este 12 de agosto se cumplen cinco años desde que la llamada 'Ley Rider' entró en vigor. La norma fue una iniciativa del Ministerio de Trabajo tras el 'boom' de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, como Deliveroo, Glovo y Uber Eats, que inundaron el sector con falsos autónomos, como sancionó la Inspección de Trabajo y los tribunales. Un lustro después, la situación ha cambiado notablemente, recuerda la agencia EFE.

Ante el abuso generalizado de falsos autónomos, pese a las sanciones y sentencias que invalidaban este modelo, el departamento de Yolanda Díaz negoció esta legislación con los sindicatos y las patronales, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales, también denominados riders.

Tras años de multas, la aprobación de esta ley y la amenaza de cárcel a directivos, las grandes multinacionales abandonaron –y han anunciado que lo harán– el modelo de mensajeros autónomos. Colectivos como RidersxDerechos y los sindicatos advierten ahora de nuevas formas de precariedad, como el abuso de la subcontratación.

A continuación, se recoge una cronología con algunos de los hitos que precedieron y sucedieron a la 'Ley Rider':

Abril de 2017 – Más de cien repartidores de Deliveroo envían un burofax a la empresa para mejorar sus condiciones. Son los inicios de la organización de los mensajeros, que ya se popularizaban como riders.

Junio de 2017 – Inicio de RidersxDerechos, colectivo de repartidores clave en la lucha contra los falsos autónomos en el sector, con actividad sobre todo en Barcelona en un inicio.

2 de julio de 2017 – 'Riders' de Deliveroo convocan la primera huelga en todo el país para reclamar mejores condiciones, tras una primera manifestación en Madrid y Barcelona.

18 de diciembre de 2017 – La Inspección de Trabajo concluye que los 'riders' de Deliveroo son falsos autónomos tras su actuación en Valencia, a la que seguirían muchas más sanciones en ciudades de todo el país. También para otras multinacionales claves del sector, como Glovo y Uber Eats.

3 de mayo de 2018 – Deliveroo y un 'rider', Víctor Sánchez, se enfrentan por primera vez en los tribunales en España. Sánchez rechazó unos “10.000 euros” que le ofreció la multinacional para evitar el juicio.

4 de junio de 2018 – Una jueza de Valencia reconoce a Víctor Sánchez como falso autónomo de Deliveroo.

Otras muchas sentencias sucederían a este fallo, tanto individuales como grupales, tras las demandas de trabajadores organizados cada vez más por distintos sindicatos, regionales como la IAC y estatales como UGT, así como por las demandas de oficio de la Seguridad Social tras las actuaciones de la Inspección. Los tribunales fueron sancionando poco a poco a las empresas de manera generalizada, aunque Glovo conseguía algunas victorias en tribunales de primera instancia.

26 de mayo de 2019 – Muere Pujan, un joven repartidor de 22 años de origen nepalí en un accidente en Barcelona. Su fallecimiento visibilizó el último eslabón de la precariedad de los riders: los mensajeros sin registrar, en su gran mayoría migrantes sin papeles, que alquilaban o tomaban prestadas cuentas para poder trabajar.

29 de noviembre de 2019 – El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta una importante sentencia sobre Glovo, al aunar criterio y considerar que su modelo de riders es de falsa autonomía.

Febrero de 2020 – Yolanda Díaz anuncia que elaborará una regulación contra los falsos autónomos en el reparto a domicilio. El Ministerio de Trabajo negoció durante meses con los sindicatos y las patronales, así como con el Ministerio de Economía.

23 de septiembre de 2020 – Primera sentencia del Tribunal Supremo que declaró que la relación laboral de un rider (de Glovo) era de falsa autonomía en España. Ganó el caso uno de los primeros mensajeros de la empresa, Isaac Cuende.

10 de marzo de 2021 – El Gobierno, las organizaciones sindicales y las empresariales alcanzan un acuerdo definitivo sobre el texto de la futura norma, que reconoce el estatus laboral de los riders.

11 de mayo de 2021 – Dos meses más tarde, el Gobierno aprueba la Ley Rider, el Real Decreto-ley 9/2021 para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto mediante plataformas digitales; norma que fue publicada al siguiente día en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

30 de julio de 2021 – Deliveroo anuncia que planea abandonar España.

9 de agosto de 2021 – Uber Eats, uno de los grandes operadores del sistema, informa de que subcontratará flotas a terceros para cumplir la nueva norma.

12 de agosto de 2021 – Fecha, de la que ahora se cumplen cinco años, que trajo la entrada en vigor de la ley. En ese momento, tanto Deliveroo como Glovo desafiaron la norma, manteniendo el repartdo con autónomos.

18 de noviembre de 2021 – La empresa de reparto Deliveroo anuncia que, desde el 29 de noviembre, cesa sus actividades y abandona España. Para ello, ejecutó un despido colectivo a unos 3.800 mensajeros.

17 de diciembre de 2021– Just Eat firma con los sindicatos el primer acuerdo de condiciones laborales de 'riders' en España. La multinacional era el único de los grandes actores del reparto de comida a domicilio que no utilizaba el modelo de autónomos, sino la subcontratación de flotas y, después, también con contratación directa.

8 de marzo de 2022 – Uber Eats acusa a Glovo de incumplir la Ley Rider, pero amenaza con hacer lo mismo para competir.

9 de agosto de 2022 – Uber Eats cumple su amenaza y anuncia que volverá al modelo de autónomos a días del aniversario de la Ley Rider. Trabajo avisa a Glovo y Uber de que será “implacable” con la Ley Rider, que se saldó con más actuaciones de la Inspección y numerosas sanciones a las compañías, incluso millonarias, como esta de 79 millones a Glovo.

21 de septiembre de 2022 – Uber Eats lanza un nuevo modelo de negocio “híbrido”, que combina la subcontratación con el trabajo con autónomos.

9 de diciembre de 2022 - El Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

25 de octubre de 2023 – El Tribunal Constitucional avala la ley 'rider', desestimando así el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP.

18 de enero de 2024 – La Inspección de Trabajo emite la primera sanción contra Glovo por incumplir la 'Ley Rider', ya que la compañía argumentaba que cumplía la norma al haber cambiado algunos elementos de su modelo de autónomos.

2 de julio de 2024 – A raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó por lo penal al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por “suprimir” derechos de los trabajadores.

14 de octubre de 2024 – La Unión Europea aprueba definitivamente la directiva sobre trabajadores de las plataformas, que busca evitar la proliferación de los falsos autónomos y mejorar las condiciones laborales en estas empresas.

1 de diciembre de 2024 – Entra en vigor la directiva comunitaria relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.

2 de diciembre de 2024 – Glovo anuncia que contratará a sus repartidores un día antes de la declaración en los tribunales de su fundador, Oscar Pierre.

3 de diciembre de 2024 – El jefe de Glovo afirma a la jueza que la regularización de los 'riders' busca evitar “discusiones” con Inspección de Trabajo.

17 de junio de 2025 – Comienza un juicio mediático por la demanda de Just Eat a Glovo al considerar que Glovo hacía competencia desleal y le reclamaba 295 millones por recurrir a falsos autónomos; la sentencia en primera instancia desestimó la demanda de Just Eat en un polémico fallo con críticas a las inspectoras de trabajo y a los “ecos de la España sindicalizada”.

18 de junio de 2025 – RidersxDerechos y varios sindicatos y colectivos sociales ofrece defensa gratuita a los “trabajadores invisibles” de Glovo, los repartidores sin papeles y sin cuenta.

1 de julio de 2025 – Glovo cambia el modelo laboral y contrata a 14.000 repartidores. Combina además el modelo con la subcontratación a través de flotas en otras empresas.

18 de diciembre de 2025 – Trabajo estudia activar la vía penal contra Uber Eats a principios de año por el abuso de falsos autónomos.

15 de enero de 2026 – Uber Eats anuncia que dejará de colaborar con repartidores autónomos para “reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la Ley 'rider'.

Inicio de marzo de 2026 – Lluvia de despidos en Glovo tras el fin del modelo de falsos autónomos, que sindicatos como CCOO denuncian como un “ERE encubierto”.

11 de marzo de 2026 – Glovo anuncia un ERE que afectará a cerca de 750 repartidores de toda España.

24 de abril de 2026 – Los repartidores de Glovo arrancan su primera huelga en toda España por los 750 despidos.

4 de mayo de 2026 – Uber Eats informa de que tiene pendiente el pago de 110 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales relativas a 60.000 repartidores, dentro del proceso de laboralización impulsado tras la ley 'rider'. En la actualidad, la multinacional todavía no ha culminado el trasvase al modelo laboral.

2 de diciembre de 2026 – El próximo 2 de diciembre finaliza el plazo para que todos los Estados miembros adapten la directiva comunitaria sobre los 'rider'.

La causa abierta al fundador de Glovo, Oscar Pierre, por los falsos autónomos encara una fase decisiva. El juez instructor tiene que decidir si envía el caso a juicio, tal y como ha pedido la acusación que ejerce el sindicato CGT, o si accede a la solicitud de la defensa del empresario y lo archiva.

El escrito del abogado de Pierre, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que Glovo trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero niega que ello suponga un delito contra los derechos de los trabajadores y pide dar carpetazo a la causa.

La petición de la defensa se ha encontrado con el rechazo de la CGT, que ejerce la acusación popular. El abogado del sindicato, Raúl Maíllo, ha solicitado en un escrito que el juez siente el banquillo a Pierre para que pueda ser acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo de falsos autónomos.

La central sindical argumenta que hay suficientes indicios de que Pierre impuso “condiciones ilegales” a sus trabajadores mediante su contratación “con fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, y que después los mantuvo como falsos autónomos “en contra de requerimiento” de la Inspección de Trabajo.

La causa abierta a Pierre en Barcelona es la única que investiga penalmente si Glovo cometió un delito al mantener como falsos autónomos a sus repartidores tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y a la denominada Ley Rider de 2021, que obligaban a la compañía a contratarles como empleados.

El caso nació a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si apoya llevar a juicio a Pierre o si, por contra, considera que no hay suficientes indicios y se debe archivar.

La denuncia fiscal fue la puntilla a una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo para lograr que, de una vez por todas, Glovo se atendiera a la legalidad tras su batalla con el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz por los falsos autónomos. Después de más de un lustro de pleitos, la compañía anunció en 2025 que contrataría a sus repartidores.

El ahorro en los costes laborales que esta figura suponía se ha constatado con el ERE que Glovo ha presentado este año, que se ha cerrado con el despido de 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente. Pierre vendió la mayoría de la empresa que había fundado a la multinacional alemana Delivery Hero a finales de 2021, si bien se mantuvo como consejero delegado.

La empresa intentó solventar su crisis de imagen producida por la causa judicial a través del fichaje de expolíticos de PSC, PP, ERC y Junts para su consejo asesor y con una foto con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y dirigentes sindicales en el acto por los 10 años que Glovo cumplió el año pasado.

La instrucción ha contado con testigos de varios repartidores, abogados y responsables de Glovo así como diversos inspectores de Trabajo que indagaron en el funcionamiento de la compañía. Los funcionarios ratificaron que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos.

La defensa de Pierre, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, argumenta en su petición de archivo que Glovo “implementó cambios para tratar de desvirtuar la presunción de laboralidad” que le imponía la Ley Rider, pero que de toda la instrucción de la causa “no se ha evidenciado la conducta desobediente” que determina el delito contra los derechos de los trabajadores investigado.

La defensa resalta que la causa está construida a partir de resoluciones judiciales y requerimientos de Inspección de Trabajo desfasadas, porque son anteriores al nuevo modelo que rigió las relaciones laborales con los repartidores desde agosto de 2021. Mantener como autónomos a los repartidores, alega la petición de archivo, era “perfectamente válido” y legal en España.

El escrito aprovecha para poner en duda la actuación de la Inspección de Trabajo. Menciona la defensa resoluciones de la Audiencia Nacional favorables a la empresa en su conflicto con los riders que han criticado el “sesgo y afán recaudatorio” de la Inspección, lo que, a juicio del abogado de Pierre, “apunta a la existencia de posibles motivaciones secundarias ajenas a una aproximación imparcial y neutras hacia las relaciones entre Glovo y sus repartidores”.

Los representantes estatales, sindicales y empresariales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobaron este viernes un histórico convenio para garantizar el empleo decente para los trabajadores de las plataformas digitales en el mundo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la decisión. “Hoy damos un paso más”, ha destacado.

El convenio, que entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos miembros, se aprobó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo.

El texto, acordado tras años de debates, tiene por objetivo que empleados del sector (desde taxistas de plataformas como Uber y Bolt a repartidores de Deliveroo o Glovo, entre otros) estén equiparados al resto de trabajadores en materias como el derecho a un salario mínimo y a seguridad social, o protección frente al despido ante los “déficits” actuales.

El convenio apela a cada Estado miembro a adoptar medidas para que el sector respete los derechos fundamentales en el mundo del trabajo, incluyendo la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y el uso de mano de obra infantil, la no discriminación y un entorno seguro y saludable.

También exhorta a los países a que adopten el convenio –en los que entraría en vigor a los doce meses de la ratificación– a tomar medidas para una adecuada remuneración de estos empleados, “en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado aplicable”.

Información sobre los algoritmos

El convenio hace notar el creciente uso de sistemas basados en algoritmos y otros métodos similares para evaluar el trabajo en plataformas y tomar otras decisiones en sus empleados, por lo que exige a los firmantes que los trabajadores sean informados de cómo se toman esas decisiones y tengan derecho a que sean revisadas.

Por otro lado pide medidas para garantizar a los trabajadores de plataformas digitales acceso a la protección de la seguridad social, a una correcta formación, y prohibir el despido o la “desactivación de la cuenta” de un trabajador por motivos discriminatorios o ilícitos.

Además, reconoce el derecho a los trabajadores a interrumpir una tarea cuando exista un peligro grave para su vida o su salud, e incorpora protecciones sobre los datos personales de los empleados así como contra la violencia y el acoso, incluida la perpetrada en línea.

Una revolución más veloz que la industrial

El convenio fue negociado por la Comisión sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, cuyo presidente, Colin Jordan, subrayó que con este paso la organización ha querido adaptarse a una revolución tecnológica “incluso más significativa que las anteriores revoluciones agrícola o industrial”, por su mayor celeridad.

“Era extremadamente importante que la OIT dijera al mundo que una organización multilateral que incluye a trabajadores y empleadores es capaz de seguir el ritmo de este rápido avance tecnológico”, destacó el también ministro de Trabajo y Seguridad Social de Barbados en rueda de prensa posterior a la votación.

La directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, Sukti Dasgupta, agregó que con este convenio se busca llevar a quienes no están en una relación laboral formal derechos y beneficios hasta ahora limitados en gran medida a empleados asalariados.

En ese sentido, indicó, el texto busca “una correcta clasificación de la relación laboral”, ya que en la economía digital hay muchos trabajadores que no están contratados formalmente.

Dasgupta subrayó que todavía es pronto para saber cuántos países lo ratificarán, o si entre ellos se encontrarán importantes sedes de multinacionales tecnológicas como Estados Unidos o China, aunque aseguró que “tras lo escuchado en el plenario, parece haber bastante interés, y esperamos conseguir rápidamente las dos ratificaciones necesarias para poder empezar”.

España defiende su impulso y el ejemplo de la Ley Rider

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que “en esta negociación ha sido decisiva la labor de la delegación española que ha vencido fuertes reticencias, especialmente de las organizaciones empresariales, a alcanzar un acuerdo”.

“España se ha situado a la vanguardia en la protección del trabajo a través de plataformas con la Ley Rider y también con el liderazgo en la redacción de la normativa europea sobre la materia”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz, que fue muy crítica sobre la “crisis” que está atravesando la OIT en su discurso en Ginebra del pasado martes.

Trabajo destaca que este convenio supone “un paso decisivo en la protección de todas las personas trabajadoras de cualquier tipo de plataforma digital”. El Ministerio de Yolanda Díaz se ha comprometido en varias ocasiones a ampliar los derechos laborales en las plataformas digitales en España más allá de los riders, pero por el momento no ha iniciado este debate en el diálogo social.

La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats ha reconocido por escrito la deuda pendiente con la Seguridad Social, de unos 110 millones de euros, por cotizaciones sociales impagadas de 60.000 trabajadores de reparto a domicilio contratados como 'falsos autónomos', según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso.

Uber Eats anunció el pasado mes de enero su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España y ahora se hace efectivo el compromiso adquirido públicamente de regularizar las cotizaciones de la plantilla que, durante sus años de operaciones, había estado dada de alta como trabajadores por cuenta propia sin respetar los principios recogidos en la denominada 'Ley Rider'.

La Inspección de Trabajo abrió en julio del año pasado una investigación sobre esta plataforma para vigilar que su modelo de contratación cumplía con las exigencias legales de reconocer como asalariados a sus trabajadores. Meses después, en marzo de este año, la Inspección concluyó sus actuaciones sobre Uber Eats con la reclamación de 110 millones de euros por cotizaciones impagadas y 60.000 altas de falsos autónomos.

La regularización de los trabajadores, un total de 60.000, se produjo además después del endurecimiento de las responsabilidades que –tal y como está ocurriendo en el caso de Glovo– incluyen la vía penal y de la amenaza expresa del departamento de Yolanda Díaz de acudir a esta posibilidad en caso de que Uber Eats persistiera en un incumplimiento de la Ley Rider.

Esta norma, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021. La ley, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.

En ella se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

“Recuerdo que en una de las entrevistas para el libro, una mujer defendía ser autónoma para Glovo y Deliveroo porque podía usar el tiempo como quisiera. El ejemplo que puso era que eso le permitía no trabajar en los últimos meses de su embarazo y después del parto. Es decir, no sabía que si trabajase por cuenta ajena podría acogerse a una baja por maternidad. Vivía disociada de los derechos laborales”.

Durante la presentación del libro de autoría colectiva Nómadas digitales y precarización algorítmica (Editorial Catarata, 2026), Francisco Fernández-Trujillo (uno de sus coordinadores) contaba esta anécdota para ilustrar una de las principales estrategias que el conocido como capitalismo de plataforma utiliza para crear o reforzar nuevas formas de dominio: el desconocimiento.

No es la única herramienta, ya que este ensayo aborda también cómo determinadas compañías que en un principio prometieron el auge de una nueva economía colaborativa han acabado aprovechándose de la inestabilidad laboral, las situaciones de ciudadanía irregular, la soledad y el aislamiento vinculados a los procesos migratorios, las ansias de ascenso social, la acuciante necesidad de vivir experiencias o hasta la crisis habitacional que las propias plataformas fomentan para precarizar aún más las condiciones de los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta premisa, el libro que Jorge Sequera y Ana Santamarina coordinan junto a Fernández-Trujillo (muy vinculado al Grupo de Estudios Críticos Urbanos o GECU) parte de un sugerente planteamiento que analiza desde varias perspectivas a lo largo de sus siete capítulos: ¿y si este nuevo modelo de capitalismo de plataforma provoca que los nómadas digitales y los expats, pese a proceder mayoritariamente de países del norte global o clases sociales más elevadas, sucumban y acepten la precarizacion (aunque adopte otros modos) como lo hace un rider o una trabajadora de limpieza que encuentra clientes con una aplicación?

Disponibilidad y 'fomo', dos armas digitales para que el trabajo colonice la vida

La definición recogida en el ensayo presenta este capitalismo de plataforma como “la reorganización de la acumulación en torno a plataformas digitales que intermedian, controlan y monetizan interacciones entre usuarios, proveedores y anunciantes”. Y añaden: “Lejos de producir valor mediante el trabajo directo, estas plataformas se apoyan en el control de infraestructuras digitales y la extracción de rentas asociadas a su posición de intermediación privilegiada”.

Pablo Martínez, coautor de un capítulo sobre los expats en Barcelona, resume este rediseño y estas nuevas formas de control con un ejemplo: “El propietario de varias viviendas en la ciudad que alquilaba a través de Airbnb ponía un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenía con las mujeres que trabajaban limpiándolos y arreglándolos cuando uno se quedaba vacío. La primera en responder, se ocupaba de ello”.

Así, herramientas asociadas originalmente a una idea de flexibilidad han acabado derivando en que los empleos asociados a ellas requieran una disponibilidad total y permanente. Todo ello además en una especie de pirámide o interrelación de aplicaciones, como muestra el uso cruzado de Airbnb y WhatsApp en el caso anterior. Por regla general, una mujer migrante en Barcelona que trabaja para hospedajes de Airbnb necesitará acaparar cuanto más recursos económicos pueda, así que si puede acumular horas y encargos tratará de hacerlo, aunque ello implique estar pegada al móvil (tiempo que no computa como dedicación laboral cuando realidad lo es).

Lo curioso es que ambas dinámicas operan también en el caso de los expats o los nómadas digitales, como ilustra una idea del ensayo: el fomo (feor of missing out o miedo de quedarse fuera) como vía para tolerar la precariedad a través de una imposición de la movilidad, que se presenta como un concepto atractivo. Además, el tiempo libre o de ocio se difumina con lo laboral a través de espacios de coworking. Para muchos migrantes temporales procedentes de países con “pasaporte fuerte” (Europa, Estados Unidos o Australia), los espacios de trabajo constituyen también los únicos espacios de socialización. Y si hay alternativa es también digital, apps sociales como Meetup o de citas, como Tinder. De ellos salen sus amigos y las actividades que llevan a cabo, muchas veces de espaldas a los ritmos habituales de la ciudad. De hecho, Martínez cita el lamento de estos habitantes pasajeros ante su imposibilidad de “vivir la ciudad real”.

La idea de desarraigo resuena tanto en el colectivo de empleadas de plataformas digitales de trabajos domésticos como en el 'coworking'

Cristina Barrial Berbén — Doctoranda en la Universitat Oberta de Catalunya y coautora del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Los autores analizan los expats como “aquellos extranjeros altamente cualificados que se trasladan fuera de sus países por iniciativa propia para conseguir un empleo de forma temporal”. El origen foráneo, la alta cualificación profesional o de nivel académico y el carácter no definitivo de su migración son las características claves. La conceptualización presenta algunas diferencias con la de nómada digital, “un profesional de las tecnologías de la información, contratado por una empresa del norte global, que trabaja a distancia en ciudades de países con menor poder adquisitivo, aprovechándose de los costes de vida más asequibles, aunque el concepto se ha ampliado para incluir otras profesiones de prestación de servicios virtuales como contables, profesores o traductores”. El expat sería, por tanto, un nómada digital con una posición laboral algo más estable y una implantación en el territorio un poco más prolongada.

La presentación en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, el pasado miércoles 15 de abril, ahondó en la conexión y las divergencias entre ambas figuras, así como el vínculo con otras formas de precarización algorítmica. Formas diversas de lo que Fernández-Trujillo describe como un “dominio capitalismo contemporáneo, que pasa a su vez por el dominio del espacio y de la vida cotidiana en la on demmand city [ciudad bajo demanda]”.

Del análisis a la respuesta: fantasías que se desvanecen y vínculos cotidianos

Hay dos cosas especialmente interesantes en Nómadas digitales y precarización algorítmica. Por un lado, su variedad de objetos de estudios y enfoques. Van del mercado inmobiliario y el choque de modelos urbanos en la Castellana de Madrid a la etnografía de las empleadas dedicadas a los cuidados o las labores del hogar en Milán, pasando por las diversas formas de control plataformizado en la cadena logística o la siniestra ideología detrás del proyecto de atracción tecnológica en Málaga (cuya concepción aparentemente innovadora estaría en realidad mucho más cerca de las lógicas del pelotazo habituales en el sector de la construcción).

La segunda gran baza de la obra es su afán por construir respuestas y alternativas. Lo hacen, primero, desmitificando conceptos y sacando a relucir flaquezas del modelo. Así, Pablo Martínez cuenta que “el deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años”. En las entrevistas de cara a su estudio, elaborado junto a Jose Mansilla y Guillermo Aguirre, detectaban que la mayoría de expats que rebasaban la treintena mostraban cierto hartazgo y ganas de abandonar ese inestable estilo de vida. Un proceso en el que tiene mucho que ver “el afecto”: “Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos”, comenta entre las risas del público.

El deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años. Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos

Pablo Martínez — Investigador en el Grupo de Estudios Urbanos de la UNED y coautor del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Cristina Barrial Berén, que analiza las plataformas de trabajo doméstico junto a Alina Dambrosio y Ana Santamarina, apunta que “la idea de desarraigo resuena tanto en este colectivo de empleadas como en el coworking”. Destaca que el sector de los cuidados con intermediación digital se encuentra “infraestudiado” por mucho que esté creciendo “exponencialmente” en el sur de Europa, muy asociado a regímenes migratorios. La digitalización se introduce así en un sector “que no es nuevo ni cool”, al tiempo que nació y se expande “desregulado, feminizado y racializado”. Opera por tanto “sobre una carencia histórica”.

Ahora bien, esa limitación arrastrada es también una fuente para superar las imposiciones del capitalismo de plataforma. La existencia de potentes sindicatos u organizaciones ligadas al trabajo doméstico en Madrid, a diferencia de la otra urbe analizada (Milán), crea sinergias entre trabajadoras que les permiten conocer y responder a los abusos de plataformas como Cuideo. También organizarse para protegerse de potenciales clientes peligrosos. E incluso abandonar la plataformización al dar con nuevos clientes. Aunque, curiosamente, esta vía aparece en muchas ocasiones sin ninguna otra mediación externa. Así, una limpiadora o una cuidadora que contactan con alguien con una aplicación acaban por seguir quedando o por ser contratadas al margen de la herramienta digital.

Otra derivada es que las plataformas crean una especie de enemigo común en un tipo de empleo tradicionalmente diseminado, en el que cada trabajadora tenía su propio jefe. Un fenómeno similar al de los VTC, que es precisamente el sector del capitalismo de plataformas con mayor implantación sindical. Así, los negocios digitales no están exentos a las resistencias cotidianas que contestan a otros modelos de dominio laboral anteriores.

Las plataformas digitales y las “clases emergentes o distorsionadas”

Eso no significa, como apunta Fernández-Trujillo, que no haya que atender a las “condiciones contextuales de las propias plataformas”. Más bien, que “no hay ni mucho ni poco nuevo en el capitalismo de plataforma respecto del neoliberalismo”. Jorge Sequera, director de GECU, apela asimismo a la vuelta a modelos previos del capitalismo a través de maniobras como los puestos de nómadas digitales asociados a una alternativa habitacional en un contexto de crisis de la vivienda: “No es solo una cuestión de que la ciudad constituya un salario en sí mismo, aunque sea emocional. Es que si te despiden, además, puedes perder la casa. Eso crea una doble vinculación y una vuelta atrás a la vinculación entre patrón y obrero por parte de estas plataformas de control algorítmico y disciplinamiento de los cuerpos”.

Lo más preocupante es la desmovilización, de la que las plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo

Francisco Fernández-Trujillo — Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

“Hay dinámicas que se asientan en la estructura de clases. Es el caso de la logística en toda su extensión, desde los contenedores en Países Bajos hasta la última milla que cubren los riders. Continuidades que se repiten en el trabajo doméstico, en el que la disponibilidad y el uso del tiempo construyen una relación que se da en términos de clase”, expone Francisco Fernández-Trujillo. A través de estos planteamientos, esboza la idea de “clases emergentes o distorsionadas”. Puede que enfade a más de un marxista clásico, pero cree que es una poderosa herramienta en el actual momento político: “Vemos sujetos que ceden tiempo a una nueva clase media que lo usa para consumirlo. Para subcontratar, para descansar, producir o para una reproducción social más agradable, como puede ser cuidar de tu hijo en vez de planchar”.

Una novedad que también genera “formas sindicales nuevas”, como declara el investigador a Somos Madrid: “Lo más preocupante es la desmovilización, de la que estas plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo. Ha costado, pero ahora hasta los sindicatos más tradicionales se están volcando en un modelo que no les beneficia, pero que deben tener en cuenta. Están empezando a lograr victorias sindicales o legislativas”.

Desde punto de vista, la Ley Rider o la reciente regularización extraordinaria de migrantes “no acaban con la precarización”, pero “eso no quiere decir que sean reformas negativas”. Sobre todo si consiguen revertir o mitigar las características de inestabilidad que los gigantes digitales aprovechan para alienar a sus empleados: “La respuesta de la plataforma es adaptarse y eso puede resultar en trabajos menos precarios”.

El sindicato CCOO ha convocado para los días 24, 25 y 26 de abril la primera huelga de ámbito estatal en el sector del reparto a domicilio para rechazar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Glovo, que prevé la extinción de 750 contratos en España, y reclamar mejoras en las condiciones laborales.

La central extiende al ámbito nacional el paro que había convocado en el seno de la empresa, con el que querían denunciar el “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización”.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucía Sesma, y el presidente del comité de empresa de Glovo en Pamplona, Pablo Díaz, han explicado en una rueda de prensa que la huelga busca frenar los despidos y abrir la negociación de un convenio colectivo con condiciones actualizadas.

CCOO denuncia que, pese al aumento de la representación de los trabajadores en la empresa, con más de 80 representantes en todo el Estado, continúan produciéndose incumplimientos de la normativa laboral y vulneraciones de derechos. Según ha señalado el sindicato en un comunicado, la empresa ha justificado el ERE por causas organizativas y productivas, al considerar que su modelo actual de reparto es “ineficiente” y ha provocado una caída en la calidad del servicio. Pero la central rechaza estos argumentos al entender que el modelo de negocio se ha basado en la precariedad de las plantillas.

“Estamos trasladando por todo el Estado las reivindicaciones que iniciamos en Navarra: no al ERE y no a los despidos”, han señalado los representantes sindicales, al tiempo que han reclamado mejoras laborales para la plantilla.

Tres jornadas de paros

El calendario de paros prevé una primera jornada el viernes 24 de abril, de 20:00 a 00:00 horas; una huelga de 24 horas el sábado 25; y un último paro el domingo 26 entre las 12:00 y las 16:00 horas.

CCOO ha criticado además la intención de la empresa de externalizar el servicio y sustituir a trabajadores por flotas, y ha exigido el “fin de la persecución” a los repartidores que se organizan para defender sus derechos.

Al respecto, el comité de empresa ha recordado que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y que su ejercicio no puede conllevar sanciones ni represalias, aunque sí una merma salarial, y que no es necesario comunicar previamente a la empresa la decisión de secundarla.

El sindicato considera que el seguimiento de la huelga evidenciará la dependencia de la empresa de la fuerza de trabajo de la plantilla y el impacto económico que puede generar la paralización del servicio.

CCOO ha convocado una huelga en Glovo los próximos 24 de abril a partir de las 20 horas, 25 de abril durante todo el día y 26 de abril de 12 a 16 horas, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid el 15 de abril a las 18.30 horas, ha infomado el sindicato en un comunicado este martes.

La central ha señalado que el paro se debe al “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización” que finalizó en 2025, según recoge Europa Press.

Ha añadido que “lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales” y ha lamentado que la empresa lleva a la plantilla a una situación que ha definido de límite.

Entre las demandas de la organización están el cese en la aplicación de un “régimen sancionador ilegal” y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 750 personas.

Además, reclama la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa “cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses”.

El fin del modelo de los falsos autónomos en Glovo no ha acabado con la odisea de conflictos laborales que la empresa arrastra desde hace años. En los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica. “Da la sensación de que tienen más trabajadores de los que necesitan y por eso aplican estas medidas tan estrictas”, sostiene Javier Pérez, repartidor de la empresa en Barcelona.

Pérez, afiliado a CGT, fue despedido en diciembre mientras se encontraba de baja por un accidente laboral. Según la empresa, había acumulado ausencias injustificadas. “Presenté toda la documentación de la baja a tiempo y mi supervisora me dijo que no me preocupase, pero tres días más tarde me llegó una carta de despido por ausencias sin justificar”, recuerda el repartidor, que lleva más de ocho años trabajando para la compañía.

Tras reclamar, Pérez fue readmitido al día siguiente. Pero su caso no es una excepción. Otros trabajadores en Barcelona como Manuel –nombre ficticio para preservar su anonimato– y Jamer Torrado, en Madrid, denuncian prácticas similares. Desde CCOO aseguran que existen casos parecidos por todo el país.

Los abogados Sharjeel Tariq y Francisco Valverde, que representan a varios repartidores de Glovo, afirman que desde el fin del modelo de falsos autónomos han visto aumentar las consultas de trabajadores despedidos. Valverde lleva unos 150 casos de despidos y más de 1.000 reclamaciones de riders por supuestos incumplimientos de derechos laborales. “Parece una estrategia de reducción de plantilla encubierta”, sostiene.

Por su lado, el sindicato CCOO tilda el conflicto de “ERE encubierto”, y está estudiando demandar a Glovo ante la Audiencia Nacional por este motivo. Desde el sindicato recuerdan que artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores considera despido colectivo aquel que afecta, al menos, a 30 trabajadores en un periodo de 90 días.

Aunque Glovo califica estos ceses como despidos disciplinarios, el abogado Tariq sostiene que en muchos casos se producen “sin audiencia previa y sin posibilidad de presentar alegaciones”. Desde su despacho están impugnando estos despidos solicitando su nulidad o, subsidiariamente, que se declaren improcedentes.

Preguntada por elDiario.es, Glovo no ha concretado el número de despidos en los últimos meses y se ha limitado a señalar que “antes de tomar cualquier medida disciplinaria se envían varias notificaciones al repartidor explicando la situación”. Los trabajadores, ha agregado la empresa, pueden presentar reclamaciones a través de los canales de recursos humanos si no están de acuerdo con la decisión.

Glovo ha añadido que un equipo especializado “revisa las reclamaciones y la documentación aportada en todos los casos”. Sin embargo, los trabajadores sostienen que, en la práctica, muchas veces no tienen a quién acudir. “La atención al trabajador es prácticamente inexistente. Todo depende de la aplicación y no hay contacto humano para resolver problemas”, lamenta Torrado.

Los testimonios de los trabajadores

En el caso de Manuel, le despidieron después de tramitar una baja médica de cinco días para cuidar de su madre, que acababa de ser operada. Defiende que presentó toda la documentación en plazo –y así lo ha podido comprobar elDiario.es a través de conversaciones de WhatsApp con su supervisor–, pero, pocos días después, recibió un correo electrónico notificándole su despido por ausencia injustificada. “Estaba de baja y no me dejaron ni alegar”, asevera.

A los pocos días, decidió presentar una demanda. Una semana después, y con la reclamación ya interpuesta, la empresa le llamó para revocar el despido. Manuel les advirtió de que, si querían readmitirle, debían hacerlo de manera formal. Pero la compañía no se presentó al acto de mediación. “Yo no iba a retirar mi demanda sin garantías por escrito. Pueden readmitirte hoy y despedirte mañana por otro motivo”, explica. El repartidor ya tiene fecha de juicio para 2028.

Tanto Javier como Manuel coinciden en otro detalle. Ambos recibieron varios correos electrónicos de la empresa solicitando que justificaran sus ausencias antes de ser despedidos. Sin embargo, sostienen que el enlace para adjuntar la documentación no funcionaba. Avisaron de ello a su supervisora, que les tranquilizó asegurando que ya había comunicado la situación a la empresa –una conversación a la que también ha tenido acceso este medio–. Pero acabaron siendo despedidos igualmente.

El exrepartidor Jamer Torrado fue despedido por supuestos retrasos en entregas de pedidos. “Cuando me cancelaban pedidos, el sistema me registraba automáticamente retrasos, aunque no fuera culpa mía”, relata. Tras acumular 13 incidencias, fue despedido sin posibilidad de justificar lo ocurrido.

Torrado acudió a las oficinas de Glovo para reclamar, pero asegura que allí le dijeron que no podían hacer nada. “El sistema te obliga a hacer unos 2,5 pedidos por hora. Si te envían a un lugar que está a 30 minutos o más, es imposible cumplir esos tiempos”, relata.

Javier Pérez también ha recibido avisos por supuestas demoras. Según denuncia, la empresa no tiene en cuenta factores externos como el tráfico, la lluvia o las obras a la hora de valorar los retrasos.

“Sabemos que la oleada de despidos es generalizada y de gran magnitud, pero no podemos ofrecer una cifra global porque la empresa no la está proporcionando y los registros oficiales no reflejan la realidad actual”, resume Carlos Sola, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de FSC-CCOO.

Ola de demandas contra Glovo

Desde que la empresa acabó con el modelo de falsos autónomos a finales de junio de 2025 para adaptarse a la Ley Rider, Glovo se vio obligada a regularizar la situación laboral de sus repartidores. Entre otras cosas, esto implicó garantizar un mínimo de horas de trabajo para la plantilla, algo que no ocurría bajo el sistema anterior.

El conflicto laboral con el nuevo modelo llega cuando todavía colean en los juzgados las consecuencias de los falsos autónomos. El fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, permanece investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener el modelo de falsos autónomos pese a la sentencia del Supremo que abrió la puerta a que los repartidores fueran empleados.

En su declaración judicial, Pierre alegó que el nuevo modelo buscaba zanjar “discusiones” con la Inspección de Trabajo, pero la realidad no ha sido así: el repartidor Javier Pérez ya ha interpuesto diez denuncias ante la Inspección de Trabajo junto a CGT y otras dos demandas en el juzgado a título individual.

Entre las reclamaciones colectivas presentadas con el sindicato figuran también la falta de equipos de protección (EPI), el limitado margen para elegir vacaciones o la obligación de utilizar el teléfono móvil personal para trabajar. “Si se nos rompe el móvil, no podemos trabajar y tampoco cobramos”, explica.

CCOO también ha denunciado a la empresa por no facilitar información a los comités de empresa. Glovo solo ha proporcionado datos de despidos a uno de los nueve comités existentes en España: el de Navarra. Solo en enero, en esta comunidad fueron despedidas 45 personas.

Otro de los puntos que los sindicatos llevan años criticando es el Convenio de 2006 por el que se rige la actividad laboral de los riders que, desde CCOO, consideran desactualizado. Esgrimen razones como que los sueldos son inferiores al SMI, que el salario variable es casi imposible de alcanzar porque está adaptado al poder adquisitivo de 2006 y que no se compensa correctamente el uso de vehículos, móviles u otros gastos de transporte y averías.

“El modelo de negocio de Glovo, como el de otras plataformas como Uber o Stuart, se basa en crecer rápido, competir agresivamente, asumir que las sanciones llegarán tarde y, cada vez más, aumentar los trabajadores subcontratados”, lamenta Manuel.

Al terminar el modelo de los falsos autónomos a finales de junio, según datos de Glovo, unas 14.000 personas fueron contratadas y otras 6.000 lo hicieron a través de empresas subcontratistas. Para Pérez, “la subcontratación fue una forma de ajustar plantilla sin hacerlo directamente. Además, es un modelo más cómodo para la empresa y dificulta la organización sindical”.

Tanto los abogados como los testimonios consultados coinciden en afirmar que muchos trabajadores no demandan por desconocimiento, falta de tiempo o recursos, especialmente aquellos migrantes que no dominan el idioma o el sistema legal. Entre quienes sí lo hacen, es frecuente que terminen aceptando acuerdos extrajudiciales con la empresa.

Mientras tanto, Glovo acarrea otras demandas de años anteriores, algunas de las cuales ya se han traducido en multas y sanciones, mientras que otras las han ganado en la Audiencia Nacional. “En este sector tenemos que pelear nuestros derechos constantemente”, zanja Manuel.

“Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”. Esta frase de Uber Eats anuncia el fin de un modelo de mensajeros sin contrato laboral que ha imperado durante una década en la mayor parte de las grandes empresas del reparto de comida a domicilio en España, como fue el caso de Deliveroo y Glovo. Tras múltiples condenas y multas de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, con el esfuerzo y la persistencia de muchas personas, al final fue la mano dura lo que dobló el brazo de las multinacionales, ante el aviso del Ministerio de Yolanda Díaz de demandas ante la justicia penal, con riesgo de cárcel para los directivos.

“Es muy fuerte pensar que ya no habrá falsos autónomos en el sector del delivery. Qué bien, pero, joder, qué tarde”, reflexiona Núria Soto, una de las caras del colectivo de repartidores RidersXDerechos. Fueron los primeros que comenzaron a movilizarse en 2017, en un inicio en Barcelona y después en otras grandes ciudades, para reclamar su condición de trabajadores ante las plataformas.

Sus movilizaciones, que fueron sumando a distintos sindicatos, se transformaron también en denuncias en los tribunales y ante la Inspección de Trabajo, individuales y luego colectivas, que fueron transformándose en un goteo de condenas y de sanciones de la autoridad laboral a estas grandes empresas por el abuso de falsos autónomos.

En 2020, llegaron al Tribunal Supremo, órgano que sienta jurisprudencia en España, que dio la razón a la Inspección de Trabajo y los denunciantes, condenando un modelo de falsa autonomía. Pero ni por esas. Muchos especialistas en Derecho laboral confiaban en que, una vez el Supremo fijara su criterio, las empresas adaptarían sus contratos, pero tampoco ocurrió.

Con ciertos cambios en sus algoritmos, las multinacionales de reparto alegaban que los contratos condenados por la justicia o sancionados por la Inspección de Trabajo eran cosa del pasado, y que las “nuevas” condiciones de sus riders respetaban la legalidad. Y seguían repartiendo con autónomos.

En todo este tiempo, solo una de las grandes compañías de comida a domicilio funcionaba con contratos laborales, Just Eat, que advertía de la competencia desleal del resto de operadores. Esta semana, ha celebrado el fin de autónomos en Uber: “Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos”.

La Ley Rider y la labor incesante de la Inspección

La insumisión de las multinacionales al modelo laboral llevó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a elaborar una norma específica, la llamada Ley Rider, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales. Tras una complicada negociación, Trabajo logró pactar la ley tanto con los sindicatos como con las patronales, lo que en su día supuso que Glovo se saliera de la CEOE, y que se aprobó en mayo de 2021.

Trabajo dio tres meses a las empresas para adaptarse al modelo laboral, pero llegó agosto y Glovo y Deliveroo —esta última en sus últimos coletazos antes de marcharse del país— desafiaron la norma manteniendo a sus mensajeros autónomos. Uber Eats, que cambio su modelo con la entrada en vigor de la Ley Rider, recuperó a los autónomos en 2022 siguiendo la estela de Glovo.

El Ministerio de Trabajo insistió en un mensaje, repetido en múltiples ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Ninguna empresa está por encima de la ley”. El Ministerio intensificó las campañas de la Inspección de Trabajo en este sector, con una incesante lista de investigaciones en todo el país, que suponen el trabajo de meses e incluso años en algunos casos, y que siguieron sumando sanciones contra las empresas.

En los dos últimos años, 2024 y 2025, la Inspección ha regularizado 45.693 riders y ha impuesto sanciones por valor de 224 millones de euros, responden a elDiario.es desde el Ministerio de Trabajo. Además, se ha reclamado a las empresas 185,8 millones de euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

“Detrás de este resultado existe un ingente esfuerzo, dedicación y compromiso de las funcionarias y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto inspectores como subinspectores. Hablamos de largas horas de actividad inspectora, de actas de infracción que han abierto camino y, sobre todo, de la defensa sostenida del criterio de laboralidad ante los tribunales, siendo las propias compañeras y compañeros quienes comparecen en sede judicial para sostenerlo, no siempre en un contexto pacífico”, ha celebrado este viernes UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)

El cambio con la amenaza de cárcel para los directivos

Aunque las multas económicas complicaban la viabilidad de las compañías, las multinacionales mantenían sus estrategias de recursos judiciales y seguían operando con autónomos. Por ello, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

A finales de 2022, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

Tras ello, a raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre. Un día antes de que Pierre se sentara en el banquillo a declarar ante la jueza, Glovo anunció que abandonaba su modelo de autónomos, paso que la empresa ejecutó el pasado julio.

Todas las miradas se dirigieron entonces a Uber Eats, que no modificó su modelo de autónomos. Ese mismo julio, el Ministerio anunció una investigación de la Inspección de Trabajo, que está a punto de concluir, y el pasado diciembre finalmente amenazó a Uber Eats con demandar a la multinacional también ante la justicia penal, como en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial está aún por resolver.

Solo unas semanas después, Uber Eats ha anunciado finalmente que abandona el modelo de autónomos, para contratar a los mensajeros a través de la subcontratación de flotas, y “su compromiso con el cumplimiento” de las obligaciones que les correspondan. Fuentes de la multinacional responden que aún no pueden dar una fecha de este cambio, pero “el objetivo es llevar a cabo la transición completa lo antes posible”.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sostenido siempre que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede sortear la legalidad y los principios democráticos que la sustentan”, reiteran en el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio sostienen que “España se sitúa como el lugar donde se demuestra fehacientemente que los nuevos modelos de empleo tienen que respetar los derechos laborales y que el éxito de los nuevos modelos productivos no puede, por tanto, basarse en la explotación, ya sea a través de algoritmos o del uso de la Inteligencia Artificial”.

En RidersxDerechos lamentan “tantos años” de incumplimiento por parte de las empresas, que recuerdan que “han tenido muchas consecuencias para muchas personas” y que tal vez podrían haberse evitado “actuando antes” por la vía penal, reflexionan.

En cualquier caso, “mejor tarde que nunca”, celebra Nuria Soto, que pide que se siga vigilando el sector, “para no ir de un fraude a otro”, en referencia a una subcontratación ficticia a través de flotas de reparto que incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Además, RidersXDerechos está centrado ahora en reclamar la regularización de los riders sin papeles, para que las mejoras del sector “puedan llegarles también a ellos”, explica Soto.

Uber Eats ha anunciado este jueves que dejará de repartir con riders autónomos. La multinacional era la única gran empresa que mantenía este modelo investigado por el abuso de falsos autónomos, tras el cambio de Glovo del pasado verano, y da el paso tras la amenaza del Ministerio de Trabajo de acudir a la justicia penal contra Uber Eats para que cumpliera con la llamada Ley Rider.

“Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider”, inicia el comunicado de la multinacional, en palabras de un portavoz.

“Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”, prosigue la empresa.

Uber Eats modificó su modelo laboral en 2021, con la entrada en vigor de la Ley Rider. Sin embargo, como Glovo mantuvo a sus mensajeros autónomos en ese momento, la multinacional de mochilas verdes denunció esta situación de competencia desleal y en 2022 regresó al modelo de riders autónomos.

Desde entonces, hace más de tres años, Uber Eats ha mantenido un modelo híbrido, con algunos mensajeros con contratos laborales subcontratados y otros autónomos.

“Los repartidores que todavía utilizan nuestra aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de nuestras flotas colaboradoras”, ha añadido este jueves la compañía. Preguntada por este medio, en Uber Eats no desvelan el número de riders que reparten a día de hoy como autónomos con la plataforma “por motivos de competencia”.

En 2025, la empresa indican que “más de 7.0000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras”.

La amenaza de la justicia penal contra los directivos

Uber Eats da este paso tras la advertencia del Ministerio de Trabajo de llevar a la multinacional ante la justicia penal este inicio de año por un delito de abuso de falsos autónomos, si la empresa persistía en su modelo de repartidores con contrato mercantil.

El aviso de Trabajo tiene un precedente muy claro, que ponía en riesgo a la dirección de Uber Eats. La amenaza se llevó a cabo en el caso de Glovo y sentó en el banquillo a su jefe y fundador, Oscar Pierre, acusado de un delito contra los trabajadores que está penado con hasta seis años de cárcel.

Glovo anunció que modificaría su sistema de contratación justo un día antes de que Pierre declarara ante la jueza en este proceso penal, aún pendiente de resolución. Uber Eats finalmente ha dado el paso antes de que esta demanda penal se concretara.

Según fuentes de la empresa, el anuncio de Uber Eats también llega antes de que la Inspección de Trabajo finalice su investigación sobre el abuso de falsos autónomos por parte de la empresa.

“Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, indica Uber Eats este jueves.

Trabajo celebra “el fin de los falsos autónomos”

El Ministerio de Trabajo ha celebrado la noticia. “Uber Eats pone fin a los falsos autónomos gracias a la Ley Rider”, han sostenido desde el departamento de Yolanda Díaz, donde han destacado también que la empresa “asume sus obligaciones legales”.

Trabajo ha recordado que la Ley Rider determina la presunción de laboralidad de actividades de reparto y también permite conocer las reglas de algoritmos que incidan en salarios y condiciones de trabajo.

“Combatimos la precariedad y garantizamos los derechos de repartidores y repartidoras”, han sostenido en el Ministerio de Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que “caerá el peso de la ley” sobre Uber Eats ante los “incumplimientos” de la Ley Rider que “presuntamente” está llevando a cabo la multinacional en España. Se trata de la única gran compañía de reparto de comida a domicilio que sigue operando con mensajeros autónomos, tras el cambio al modelo laboral de Glovo en julio tras numerosas multas y una intensa batalla judicial al respecto, que aún continúa.

“Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país”, ha avanzado la vicepresidenta segunda en la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto, como recoge la agencia Europa Press. Un portavoz de Uber Eats ha respondido a este medio que “Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera”.

En 2021 se aprobó en España la llamada 'Ley Rider', tras un acuerdo con patronal y sindicatos, con el objetivo de acabar con el abuso de falsos autónomos de los trabajadores que reparten a través de plataformas digitales, conocidos como 'riders', que había acumulado numerosas multas de la Inspección de Trabajo y sentencias en los tribunales.

Uber Eats en un inicio acató la nueva norma, con un cambio a un modelo laboral, pero en agosto de 2022 –tras denunciar la competencia desleal de Glovo que mantenía a autónomos– volvió a repartir con autónomos. Este verano, Trabajo comunicó que la Inspección había abierto una investigación a Uber Eats por el abuso de falsos autónomos.

Nuevo delito con hasta seis años de cárcel

Yolanda Díaz ha recordado este jueves que el Gobierno ha llegado incluso a reformar el Código Penal incorporando un precepto que regula el uso de falsos autónomos de las plataformas de reparto, no “para nada”, sino para erradicar una “deficiencia grave”. Este delito contra los derechos de los trabajadores, penado con hasta seis años de cárcel, ha llevado al banquillo al fundador de Glovo, Oscar Pierre.

“Lo hicimos ya con otra empresa [Glovo] y quiero dejar claro que lo vamos a volver a hacer ahora mismo ya con Uber”, ha sostenido Yolanda Díaz, tras remarcar que por muy grande que sea una empresa, no se va a colocar “por encima de la ley”.

“En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen. Estamos cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo y seguiremos colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”, ha indicado un portavoz de Uber Eats a elDiario.es.

33 millones en salarios recuperados para los trabajadores

La ministra de Trabajo ha destacado la labor de la Inspección de Trabajo en la lucha contra los falsos autónomos en estas plataformas digitales. “La ley Rider”, ha recordado Díaz, “no hubiera sido posible sin el trabajo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Y es una ley que no admite escapatoria”.

Yolanda Díaz ha aportado algunos datos de la actuación del organismo público en lo que va de año, entre los que ha destacado que ha detectado “46.000 falsos autónomos”, que ha recuperado para las personas trabajadoras salarios dejados de percibir por importe de “33,5 millones de euros”, así como que ha transformado “26.000 contratos temporales” fraudulentos en contratos indefinidos y otros “33.000 contratos fijos discontinuos” irregulares en indefinidos ordinarios, ha detallado.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a través de su área de Extranjería, ha impuesto una sanción de 847.640 euros a la multinacional Glovo por emplear en la capital andaluza a 64 trabajadores extranjeros que carecían de la preceptiva autorización de residencia y trabajo en España. La infracción, calificada como “muy grave” en la Ley de Extranjería, fue detectada durante una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y ha dado lugar a un expediente sancionador, cuya resolución ya ha sido notificada a la empresa y se encuentra en periodo de recurso, según ha podido saber este periódico.

Esta empresa de reparto a domicilio suma ya multitud de sanciones por su modelo basado en falsos autónomos, que ha mantenido incluso después de entrar en vigor la conocida como Ley Rider en 2021. Según Inspección, Glovo acumula actas de infracción por la contratación irregular de más de 39.000 repartidores en toda España, a los que no ha dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de operar bajo su organización y control, existiendo una relación laboral directa.

Sin embargo, la última sanción –resuelta por la Subdelegación el pasado 25 de julio– añade un nuevo elemento al fraude laboral que se le viene atribuyendo a Glovo por su modelo de falsos autónomos: no solo reafirma que ha existido una relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores, sino que constata que al menos 64 de ellos carecían de “la preceptiva autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena en España”. Es decir, fueron empleados pese a encontrarse en situación irregular, sin reunir los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Infracción “muy grave” de la Ley de Extranjería

Estas actuaciones inspectoras sobre Glovo en Sevilla se han llevado a cabo entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024. Como resultado, se han levantado dos actas de infracción por ocupación irregular de trabajadores extranjeros: una relativa a 20 repartidores (con un importe total de 210.649,43 euros) y otra por 44 trabajadores (por valor de 636.990,59 euros).

La suma total asciende a 847.640,02 euros, incluyendo tanto las multas (de 10.001 euros por trabajador, en su grado mínimo) como las liquidaciones de la Seguridad Social. La resolución concluye que Glovo vulneró la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, al emplear a personas extranjeras sin haber obtenido la correspondiente “autorización administrativa previa para residir y trabajar”, que exige la norma. Una conducta tipificada como infracción “muy grave”.

Las actuaciones se enmarcan dentro de la campaña de control sobre plataformas digitales de reparto que impulsa la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo a nivel estatal. La inspección confirma que, hasta 2024, Glovo ha seguido recurriendo a falsos autónomos, eludiendo el pago de cotizaciones sociales por sus repartidores, pese a los “múltiples pronunciamientos judiciales” que obligan a “reconocerles su condición de trabajadores por cuenta ajena”.

Cabe recordar que Glovo, cercada por varias multas y causas judiciales, anunció a principios de verano que todos sus riders serían asalariados a partir del 1 de julio (medio año después de comprometerse a adoptar el cambio al modelo laboral).

Preguntado por este periódico, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha preferido no pronunciarse sobre expedientes abiertos, pero ha asegurado que “por parte del Gobierno de España, a través de la Inspección de trabajo y el área de Extranjería, se está luchando contra la precariedad laboral y especialmente contra la explotación de los más vulnerables como pueden ser las personas migrantes”.

Relación laboral encubierta y sin permisos en Sevilla

La infracción en materia de extranjería se suma así a los hallazgos que la ITSS ha venido documentando sobre la relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores. Según el acta, los repartidores trabajaban “bajo la dirección, control y organización de la empresa”, lo que, conforme al Estatuto de los Trabajadores, los convierte en trabajadores por cuenta ajena, aunque Glovo nunca los contrató como tales ni los dio de alta en la Seguridad Social.

La novedad ahora es que muchos de estos trabajadores, además de no contar con contrato, carecían de autorización para trabajar en España, según declararon personalmente en las entrevistas mantenidas con la Inspección Provincial de Trabajo.

Esta situación de irregularidad ha sido verificada mediante la aplicación Adextra, que confirma que los 64 repartidores no disponían de la autorización administrativa requerida durante el periodo en el que prestaron servicios para Glovo.

Glovo ha empezado a despejar su horizonte judicial este jueves. El juez ha rechazado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal, en la que la estaban en juego 295 millones de indemnización. La resolución, más allá de desestimar las pretensiones de Just Eat, se adentra en una defensa de la economía de mercado y en una crítica al “eco de la España sindicalizada”, que, a juicio del magistrado Álvaro Lobato, representaron las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos.

Según Just Eat, que mantiene a sus repartidores como empleados o subcontratados a otras empresas, los falsos autónomos de Glovo le suponían una competencia desleal al no poder operar en el mercado con las mismas reglas.

El juez lo descarta e incluso va más allá al afirmar que los dos modelos de autónomos que usó Glovo después de la histórica sentencia del Supremo de 2020, y que tanto Inspección de Trabajo como la Fiscalía consideran una burla a la normativa laboral y al Código Penal, “garantizan sobradamente la autonomía e independencia de los riders para configurar una relación jurídica autónoma”.

Es más, el juez no puede evitar elogiar el modelo laboral de Glovo (pese a que la compañía ha anunciado la laboralización de los repartidores): “Es difícil imaginar una empresa en régimen de trabajo asalariado que conceda a sus trabajadores tan extraordinario grado de autonomía para organizar libremente su trabajo y disponer de su tiempo”.

El juez se muestra especialmente duro contra las tres inspectoras de Trabajo que siguieron la pista a Glovo y constataron que sus cambios de modelo de autónomos seguían vulnerando la normativa laboral. En las declaraciones de ambas funcionarias “parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, critica el magistrado.

En una valoración del testimonio poco habitual en un procedimiento mercantil, el juez asegura que las palabras de las funcionarias “deben relativizarse porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo”. Incluso señala a las inspectoras por sus “atajos heurísticos y sesgos conductuales”. “Los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”, apostilla el juez.

El magistrado asegura ser “plenamente consciente” de que “la clave de bóveda” de la demanda de Just Eat contra Glovo era el derecho laboral, pero recuerda que su jurisdicción es la mercantil para concluir que “el escenario regulado por el derecho de la competencia tiene poco que ver con la naturaleza tuitiva y proteccionista del derecho del trabajo”.

Tampoco se ahorra su opinión el juez sobre el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales. Se trata de un negocio, en palabras del magistrado, “innovador, tecnológicamente avanzado” y el marco laboral que lo regula resulta “controvertido y obsoleto”.

Sobre el objeto concreto del pleito, el juez descarta que el modelo de falsos autónomos permitiera a Glovo ahorrar costes laborales para dedicarlos a acuerdos exclusivos con restaurantes. Just Eat y Glovo, según el juez, presentan modelos de negocio diferentes, ya que el 80% del negocio de la primera es el mercado físico y el 20% a domicilio, mientras que en la segunda sucede “lo contrario”, por lo que la laboralización de los riders no es la única diferencia.

La “libertad de empresa” de Just Eat, concluye el magistrado, no se ha visto afectada por los falsos autónomos de Glovo. Tampoco su presencia en el mercado, indica la sentencia, que incluye un alegato en favor del libre mercado: “Reglas, cuantas menos mejor, para todos iguales y el resto debe ser el resultado de las interacciones en el mercado porque, sin duda, se trata del mejor instrumento de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana”. La sentencia es recurrible ante la Audiencia de Barcelona.

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación sobre Uber Eats por seguir repartiendo con riders autónomos, según ha adelantado El País y han confirmado en la multinacional a elDiario.es. Tras el cambio de Glovo el pasado 1 de julio, Uber Eats se ha quedado como la última gran empresa de repartos que opera con mensajeros autónomos, una fórmula con la que pretendió acabar la llamada Ley Rider tras años de condenas y sanciones en el sector por el abuso de los falsos autónomos.

“Estamos cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo y seguiremos colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”, responden fuenets de Uber Eats sobre la investigación en curso, que indican que “acaba de empezar”.

Uber Eats es una de las mayores empresas de reparto de comida a domicilio en España, junto a Glovo y Just Eat, que ahora operan ambas con un modelo laboral (ya sea de contratación directa o subcontratación a través de otras compañías).

Aunque Uber Eats seguía repartiendo con autónomos (después de un parón de un año en el que se adaptó a la Ley Rider), en los últimos años el mayor foco se lo ha llevado Glovo, tanto de los medios como de la Inspección de Trabajo, al ser la mayor empresa del sector y encadenar años en rebeldía a la Ley Rider, que han llevado incluso a su fundador, Oscar Pierre, a los tribunales de lo penal imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Trabajo advierte de que no cabe la insumisión a la Ley Rider

Una vez Glovo ha cedido y se ha pasado al modelo laboral, cercada por los juicios y multas, Uber Eats se ha quedado como la última gran empresa de reparto funcionando con autónomos y hacia ella se ha dirigido de nuevo la Inspección de Trabajo. En el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ya habían advertido de que ninguna compañía puede quedar al margen de la regulación laboral para evitar el abuso de los falsos autónomos en el sector.

La vicepresidenta segunda ha insistido en este mensaje este lunes, a través de sus redes sociales. “La ley está para cumplirla. Ninguna empresa está por encima de ella”, ha afirmado sobre la investigación a Uber Eats. “Lo hemos dicho mil veces: una persona pedaleando con una mochila no es un autónomo”, ha rematado la responsable de Trabajo.

Fuentes de Uber Eats insisten en cambio en que cumplen la legislación. “Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera. En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen”, apunta un portavoz.