La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats ha reconocido por escrito la deuda pendiente con la Seguridad Social, de unos 110 millones de euros, por cotizaciones sociales impagadas de 60.000 trabajadores de reparto a domicilio contratados como 'falsos autónomos', según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso.

Uber Eats anunció el pasado mes de enero su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España y ahora se hace efectivo el compromiso adquirido públicamente de regularizar las cotizaciones de la plantilla que, durante sus años de operaciones, había estado dada de alta como trabajadores por cuenta propia sin respetar los principios recogidos en la denominada 'Ley Rider'.

La Inspección de Trabajo abrió en julio del año pasado una investigación sobre esta plataforma para vigilar que su modelo de contratación cumplía con las exigencias legales de reconocer como asalariados a sus trabajadores. Meses después, en marzo de este año, la Inspección concluyó sus actuaciones sobre Uber Eats con la reclamación de 110 millones de euros por cotizaciones impagadas y 60.000 altas de falsos autónomos.

La regularización de los trabajadores, un total de 60.000, se produjo además después del endurecimiento de las responsabilidades que –tal y como está ocurriendo en el caso de Glovo– incluyen la vía penal y de la amenaza expresa del departamento de Yolanda Díaz de acudir a esta posibilidad en caso de que Uber Eats persistiera en un incumplimiento de la Ley Rider.

Esta norma, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021. La ley, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.

En ella se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

“Recuerdo que en una de las entrevistas para el libro, una mujer defendía ser autónoma para Glovo y Deliveroo porque podía usar el tiempo como quisiera. El ejemplo que puso era que eso le permitía no trabajar en los últimos meses de su embarazo y después del parto. Es decir, no sabía que si trabajase por cuenta ajena podría acogerse a una baja por maternidad. Vivía disociada de los derechos laborales”.

Durante la presentación del libro de autoría colectiva Nómadas digitales y precarización algorítmica (Editorial Catarata, 2026), Francisco Fernández-Trujillo (uno de sus coordinadores) contaba esta anécdota para ilustrar una de las principales estrategias que el conocido como capitalismo de plataforma utiliza para crear o reforzar nuevas formas de dominio: el desconocimiento.

No es la única herramienta, ya que este ensayo aborda también cómo determinadas compañías que en un principio prometieron el auge de una nueva economía colaborativa han acabado aprovechándose de la inestabilidad laboral, las situaciones de ciudadanía irregular, la soledad y el aislamiento vinculados a los procesos migratorios, las ansias de ascenso social, la acuciante necesidad de vivir experiencias o hasta la crisis habitacional que las propias plataformas fomentan para precarizar aún más las condiciones de los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta premisa, el libro que Jorge Sequera y Ana Santamarina coordinan junto a Fernández-Trujillo (muy vinculado al Grupo de Estudios Críticos Urbanos o GECU) parte de un sugerente planteamiento que analiza desde varias perspectivas a lo largo de sus siete capítulos: ¿y si este nuevo modelo de capitalismo de plataforma provoca que los nómadas digitales y los expats, pese a proceder mayoritariamente de países del norte global o clases sociales más elevadas, sucumban y acepten la precarizacion (aunque adopte otros modos) como lo hace un rider o una trabajadora de limpieza que encuentra clientes con una aplicación?

Disponibilidad y 'fomo', dos armas digitales para que el trabajo colonice la vida

La definición recogida en el ensayo presenta este capitalismo de plataforma como “la reorganización de la acumulación en torno a plataformas digitales que intermedian, controlan y monetizan interacciones entre usuarios, proveedores y anunciantes”. Y añaden: “Lejos de producir valor mediante el trabajo directo, estas plataformas se apoyan en el control de infraestructuras digitales y la extracción de rentas asociadas a su posición de intermediación privilegiada”.

Pablo Martínez, coautor de un capítulo sobre los expats en Barcelona, resume este rediseño y estas nuevas formas de control con un ejemplo: “El propietario de varias viviendas en la ciudad que alquilaba a través de Airbnb ponía un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenía con las mujeres que trabajaban limpiándolos y arreglándolos cuando uno se quedaba vacío. La primera en responder, se ocupaba de ello”.

Así, herramientas asociadas originalmente a una idea de flexibilidad han acabado derivando en que los empleos asociados a ellas requieran una disponibilidad total y permanente. Todo ello además en una especie de pirámide o interrelación de aplicaciones, como muestra el uso cruzado de Airbnb y WhatsApp en el caso anterior. Por regla general, una mujer migrante en Barcelona que trabaja para hospedajes de Airbnb necesitará acaparar cuanto más recursos económicos pueda, así que si puede acumular horas y encargos tratará de hacerlo, aunque ello implique estar pegada al móvil (tiempo que no computa como dedicación laboral cuando realidad lo es).

Lo curioso es que ambas dinámicas operan también en el caso de los expats o los nómadas digitales, como ilustra una idea del ensayo: el fomo (feor of missing out o miedo de quedarse fuera) como vía para tolerar la precariedad a través de una imposición de la movilidad, que se presenta como un concepto atractivo. Además, el tiempo libre o de ocio se difumina con lo laboral a través de espacios de coworking. Para muchos migrantes temporales procedentes de países con “pasaporte fuerte” (Europa, Estados Unidos o Australia), los espacios de trabajo constituyen también los únicos espacios de socialización. Y si hay alternativa es también digital, apps sociales como Meetup o de citas, como Tinder. De ellos salen sus amigos y las actividades que llevan a cabo, muchas veces de espaldas a los ritmos habituales de la ciudad. De hecho, Martínez cita el lamento de estos habitantes pasajeros ante su imposibilidad de “vivir la ciudad real”.

La idea de desarraigo resuena tanto en el colectivo de empleadas de plataformas digitales de trabajos domésticos como en el 'coworking'

Cristina Barrial Berbén — Doctoranda en la Universitat Oberta de Catalunya y coautora del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Los autores analizan los expats como “aquellos extranjeros altamente cualificados que se trasladan fuera de sus países por iniciativa propia para conseguir un empleo de forma temporal”. El origen foráneo, la alta cualificación profesional o de nivel académico y el carácter no definitivo de su migración son las características claves. La conceptualización presenta algunas diferencias con la de nómada digital, “un profesional de las tecnologías de la información, contratado por una empresa del norte global, que trabaja a distancia en ciudades de países con menor poder adquisitivo, aprovechándose de los costes de vida más asequibles, aunque el concepto se ha ampliado para incluir otras profesiones de prestación de servicios virtuales como contables, profesores o traductores”. El expat sería, por tanto, un nómada digital con una posición laboral algo más estable y una implantación en el territorio un poco más prolongada.

La presentación en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, el pasado miércoles 15 de abril, ahondó en la conexión y las divergencias entre ambas figuras, así como el vínculo con otras formas de precarización algorítmica. Formas diversas de lo que Fernández-Trujillo describe como un “dominio capitalismo contemporáneo, que pasa a su vez por el dominio del espacio y de la vida cotidiana en la on demmand city [ciudad bajo demanda]”.

Del análisis a la respuesta: fantasías que se desvanecen y vínculos cotidianos

Hay dos cosas especialmente interesantes en Nómadas digitales y precarización algorítmica. Por un lado, su variedad de objetos de estudios y enfoques. Van del mercado inmobiliario y el choque de modelos urbanos en la Castellana de Madrid a la etnografía de las empleadas dedicadas a los cuidados o las labores del hogar en Milán, pasando por las diversas formas de control plataformizado en la cadena logística o la siniestra ideología detrás del proyecto de atracción tecnológica en Málaga (cuya concepción aparentemente innovadora estaría en realidad mucho más cerca de las lógicas del pelotazo habituales en el sector de la construcción).

La segunda gran baza de la obra es su afán por construir respuestas y alternativas. Lo hacen, primero, desmitificando conceptos y sacando a relucir flaquezas del modelo. Así, Pablo Martínez cuenta que “el deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años”. En las entrevistas de cara a su estudio, elaborado junto a Jose Mansilla y Guillermo Aguirre, detectaban que la mayoría de expats que rebasaban la treintena mostraban cierto hartazgo y ganas de abandonar ese inestable estilo de vida. Un proceso en el que tiene mucho que ver “el afecto”: “Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos”, comenta entre las risas del público.

El deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años. Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos

Pablo Martínez — Investigador en el Grupo de Estudios Urbanos de la UNED y coautor del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Cristina Barrial Berén, que analiza las plataformas de trabajo doméstico junto a Alina Dambrosio y Ana Santamarina, apunta que “la idea de desarraigo resuena tanto en este colectivo de empleadas como en el coworking”. Destaca que el sector de los cuidados con intermediación digital se encuentra “infraestudiado” por mucho que esté creciendo “exponencialmente” en el sur de Europa, muy asociado a regímenes migratorios. La digitalización se introduce así en un sector “que no es nuevo ni cool”, al tiempo que nació y se expande “desregulado, feminizado y racializado”. Opera por tanto “sobre una carencia histórica”.

Ahora bien, esa limitación arrastrada es también una fuente para superar las imposiciones del capitalismo de plataforma. La existencia de potentes sindicatos u organizaciones ligadas al trabajo doméstico en Madrid, a diferencia de la otra urbe analizada (Milán), crea sinergias entre trabajadoras que les permiten conocer y responder a los abusos de plataformas como Cuideo. También organizarse para protegerse de potenciales clientes peligrosos. E incluso abandonar la plataformización al dar con nuevos clientes. Aunque, curiosamente, esta vía aparece en muchas ocasiones sin ninguna otra mediación externa. Así, una limpiadora o una cuidadora que contactan con alguien con una aplicación acaban por seguir quedando o por ser contratadas al margen de la herramienta digital.

Otra derivada es que las plataformas crean una especie de enemigo común en un tipo de empleo tradicionalmente diseminado, en el que cada trabajadora tenía su propio jefe. Un fenómeno similar al de los VTC, que es precisamente el sector del capitalismo de plataformas con mayor implantación sindical. Así, los negocios digitales no están exentos a las resistencias cotidianas que contestan a otros modelos de dominio laboral anteriores.

Las plataformas digitales y las “clases emergentes o distorsionadas”

Eso no significa, como apunta Fernández-Trujillo, que no haya que atender a las “condiciones contextuales de las propias plataformas”. Más bien, que “no hay ni mucho ni poco nuevo en el capitalismo de plataforma respecto del neoliberalismo”. Jorge Sequera, director de GECU, apela asimismo a la vuelta a modelos previos del capitalismo a través de maniobras como los puestos de nómadas digitales asociados a una alternativa habitacional en un contexto de crisis de la vivienda: “No es solo una cuestión de que la ciudad constituya un salario en sí mismo, aunque sea emocional. Es que si te despiden, además, puedes perder la casa. Eso crea una doble vinculación y una vuelta atrás a la vinculación entre patrón y obrero por parte de estas plataformas de control algorítmico y disciplinamiento de los cuerpos”.

Lo más preocupante es la desmovilización, de la que las plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo

Francisco Fernández-Trujillo — Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

“Hay dinámicas que se asientan en la estructura de clases. Es el caso de la logística en toda su extensión, desde los contenedores en Países Bajos hasta la última milla que cubren los riders. Continuidades que se repiten en el trabajo doméstico, en el que la disponibilidad y el uso del tiempo construyen una relación que se da en términos de clase”, expone Francisco Fernández-Trujillo. A través de estos planteamientos, esboza la idea de “clases emergentes o distorsionadas”. Puede que enfade a más de un marxista clásico, pero cree que es una poderosa herramienta en el actual momento político: “Vemos sujetos que ceden tiempo a una nueva clase media que lo usa para consumirlo. Para subcontratar, para descansar, producir o para una reproducción social más agradable, como puede ser cuidar de tu hijo en vez de planchar”.

Una novedad que también genera “formas sindicales nuevas”, como declara el investigador a Somos Madrid: “Lo más preocupante es la desmovilización, de la que estas plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo. Ha costado, pero ahora hasta los sindicatos más tradicionales se están volcando en un modelo que no les beneficia, pero que deben tener en cuenta. Están empezando a lograr victorias sindicales o legislativas”.

Desde punto de vista, la Ley Rider o la reciente regularización extraordinaria de migrantes “no acaban con la precarización”, pero “eso no quiere decir que sean reformas negativas”. Sobre todo si consiguen revertir o mitigar las características de inestabilidad que los gigantes digitales aprovechan para alienar a sus empleados: “La respuesta de la plataforma es adaptarse y eso puede resultar en trabajos menos precarios”.

El sindicato CCOO ha convocado para los días 24, 25 y 26 de abril la primera huelga de ámbito estatal en el sector del reparto a domicilio para rechazar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Glovo, que prevé la extinción de 750 contratos en España, y reclamar mejoras en las condiciones laborales.

La central extiende al ámbito nacional el paro que había convocado en el seno de la empresa, con el que querían denunciar el “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización”.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucía Sesma, y el presidente del comité de empresa de Glovo en Pamplona, Pablo Díaz, han explicado en una rueda de prensa que la huelga busca frenar los despidos y abrir la negociación de un convenio colectivo con condiciones actualizadas.

CCOO denuncia que, pese al aumento de la representación de los trabajadores en la empresa, con más de 80 representantes en todo el Estado, continúan produciéndose incumplimientos de la normativa laboral y vulneraciones de derechos. Según ha señalado el sindicato en un comunicado, la empresa ha justificado el ERE por causas organizativas y productivas, al considerar que su modelo actual de reparto es “ineficiente” y ha provocado una caída en la calidad del servicio. Pero la central rechaza estos argumentos al entender que el modelo de negocio se ha basado en la precariedad de las plantillas.

“Estamos trasladando por todo el Estado las reivindicaciones que iniciamos en Navarra: no al ERE y no a los despidos”, han señalado los representantes sindicales, al tiempo que han reclamado mejoras laborales para la plantilla.

Tres jornadas de paros

El calendario de paros prevé una primera jornada el viernes 24 de abril, de 20:00 a 00:00 horas; una huelga de 24 horas el sábado 25; y un último paro el domingo 26 entre las 12:00 y las 16:00 horas.

CCOO ha criticado además la intención de la empresa de externalizar el servicio y sustituir a trabajadores por flotas, y ha exigido el “fin de la persecución” a los repartidores que se organizan para defender sus derechos.

Al respecto, el comité de empresa ha recordado que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y que su ejercicio no puede conllevar sanciones ni represalias, aunque sí una merma salarial, y que no es necesario comunicar previamente a la empresa la decisión de secundarla.

El sindicato considera que el seguimiento de la huelga evidenciará la dependencia de la empresa de la fuerza de trabajo de la plantilla y el impacto económico que puede generar la paralización del servicio.

CCOO ha convocado una huelga en Glovo los próximos 24 de abril a partir de las 20 horas, 25 de abril durante todo el día y 26 de abril de 12 a 16 horas, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid el 15 de abril a las 18.30 horas, ha infomado el sindicato en un comunicado este martes.

La central ha señalado que el paro se debe al “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización” que finalizó en 2025, según recoge Europa Press.

Ha añadido que “lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales” y ha lamentado que la empresa lleva a la plantilla a una situación que ha definido de límite.

Entre las demandas de la organización están el cese en la aplicación de un “régimen sancionador ilegal” y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 750 personas.

Además, reclama la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa “cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses”.

El fin del modelo de los falsos autónomos en Glovo no ha acabado con la odisea de conflictos laborales que la empresa arrastra desde hace años. En los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica. “Da la sensación de que tienen más trabajadores de los que necesitan y por eso aplican estas medidas tan estrictas”, sostiene Javier Pérez, repartidor de la empresa en Barcelona.

Pérez, afiliado a CGT, fue despedido en diciembre mientras se encontraba de baja por un accidente laboral. Según la empresa, había acumulado ausencias injustificadas. “Presenté toda la documentación de la baja a tiempo y mi supervisora me dijo que no me preocupase, pero tres días más tarde me llegó una carta de despido por ausencias sin justificar”, recuerda el repartidor, que lleva más de ocho años trabajando para la compañía.

Tras reclamar, Pérez fue readmitido al día siguiente. Pero su caso no es una excepción. Otros trabajadores en Barcelona como Manuel –nombre ficticio para preservar su anonimato– y Jamer Torrado, en Madrid, denuncian prácticas similares. Desde CCOO aseguran que existen casos parecidos por todo el país.

Los abogados Sharjeel Tariq y Francisco Valverde, que representan a varios repartidores de Glovo, afirman que desde el fin del modelo de falsos autónomos han visto aumentar las consultas de trabajadores despedidos. Valverde lleva unos 150 casos de despidos y más de 1.000 reclamaciones de riders por supuestos incumplimientos de derechos laborales. “Parece una estrategia de reducción de plantilla encubierta”, sostiene.

Por su lado, el sindicato CCOO tilda el conflicto de “ERE encubierto”, y está estudiando demandar a Glovo ante la Audiencia Nacional por este motivo. Desde el sindicato recuerdan que artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores considera despido colectivo aquel que afecta, al menos, a 30 trabajadores en un periodo de 90 días.

Aunque Glovo califica estos ceses como despidos disciplinarios, el abogado Tariq sostiene que en muchos casos se producen “sin audiencia previa y sin posibilidad de presentar alegaciones”. Desde su despacho están impugnando estos despidos solicitando su nulidad o, subsidiariamente, que se declaren improcedentes.

Preguntada por elDiario.es, Glovo no ha concretado el número de despidos en los últimos meses y se ha limitado a señalar que “antes de tomar cualquier medida disciplinaria se envían varias notificaciones al repartidor explicando la situación”. Los trabajadores, ha agregado la empresa, pueden presentar reclamaciones a través de los canales de recursos humanos si no están de acuerdo con la decisión.

Glovo ha añadido que un equipo especializado “revisa las reclamaciones y la documentación aportada en todos los casos”. Sin embargo, los trabajadores sostienen que, en la práctica, muchas veces no tienen a quién acudir. “La atención al trabajador es prácticamente inexistente. Todo depende de la aplicación y no hay contacto humano para resolver problemas”, lamenta Torrado.

Los testimonios de los trabajadores

En el caso de Manuel, le despidieron después de tramitar una baja médica de cinco días para cuidar de su madre, que acababa de ser operada. Defiende que presentó toda la documentación en plazo –y así lo ha podido comprobar elDiario.es a través de conversaciones de WhatsApp con su supervisor–, pero, pocos días después, recibió un correo electrónico notificándole su despido por ausencia injustificada. “Estaba de baja y no me dejaron ni alegar”, asevera.

A los pocos días, decidió presentar una demanda. Una semana después, y con la reclamación ya interpuesta, la empresa le llamó para revocar el despido. Manuel les advirtió de que, si querían readmitirle, debían hacerlo de manera formal. Pero la compañía no se presentó al acto de mediación. “Yo no iba a retirar mi demanda sin garantías por escrito. Pueden readmitirte hoy y despedirte mañana por otro motivo”, explica. El repartidor ya tiene fecha de juicio para 2028.

Tanto Javier como Manuel coinciden en otro detalle. Ambos recibieron varios correos electrónicos de la empresa solicitando que justificaran sus ausencias antes de ser despedidos. Sin embargo, sostienen que el enlace para adjuntar la documentación no funcionaba. Avisaron de ello a su supervisora, que les tranquilizó asegurando que ya había comunicado la situación a la empresa –una conversación a la que también ha tenido acceso este medio–. Pero acabaron siendo despedidos igualmente.

El exrepartidor Jamer Torrado fue despedido por supuestos retrasos en entregas de pedidos. “Cuando me cancelaban pedidos, el sistema me registraba automáticamente retrasos, aunque no fuera culpa mía”, relata. Tras acumular 13 incidencias, fue despedido sin posibilidad de justificar lo ocurrido.

Torrado acudió a las oficinas de Glovo para reclamar, pero asegura que allí le dijeron que no podían hacer nada. “El sistema te obliga a hacer unos 2,5 pedidos por hora. Si te envían a un lugar que está a 30 minutos o más, es imposible cumplir esos tiempos”, relata.

Javier Pérez también ha recibido avisos por supuestas demoras. Según denuncia, la empresa no tiene en cuenta factores externos como el tráfico, la lluvia o las obras a la hora de valorar los retrasos.

“Sabemos que la oleada de despidos es generalizada y de gran magnitud, pero no podemos ofrecer una cifra global porque la empresa no la está proporcionando y los registros oficiales no reflejan la realidad actual”, resume Carlos Sola, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de FSC-CCOO.

Ola de demandas contra Glovo

Desde que la empresa acabó con el modelo de falsos autónomos a finales de junio de 2025 para adaptarse a la Ley Rider, Glovo se vio obligada a regularizar la situación laboral de sus repartidores. Entre otras cosas, esto implicó garantizar un mínimo de horas de trabajo para la plantilla, algo que no ocurría bajo el sistema anterior.

El conflicto laboral con el nuevo modelo llega cuando todavía colean en los juzgados las consecuencias de los falsos autónomos. El fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, permanece investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener el modelo de falsos autónomos pese a la sentencia del Supremo que abrió la puerta a que los repartidores fueran empleados.

En su declaración judicial, Pierre alegó que el nuevo modelo buscaba zanjar “discusiones” con la Inspección de Trabajo, pero la realidad no ha sido así: el repartidor Javier Pérez ya ha interpuesto diez denuncias ante la Inspección de Trabajo junto a CGT y otras dos demandas en el juzgado a título individual.

Entre las reclamaciones colectivas presentadas con el sindicato figuran también la falta de equipos de protección (EPI), el limitado margen para elegir vacaciones o la obligación de utilizar el teléfono móvil personal para trabajar. “Si se nos rompe el móvil, no podemos trabajar y tampoco cobramos”, explica.

CCOO también ha denunciado a la empresa por no facilitar información a los comités de empresa. Glovo solo ha proporcionado datos de despidos a uno de los nueve comités existentes en España: el de Navarra. Solo en enero, en esta comunidad fueron despedidas 45 personas.

Otro de los puntos que los sindicatos llevan años criticando es el Convenio de 2006 por el que se rige la actividad laboral de los riders que, desde CCOO, consideran desactualizado. Esgrimen razones como que los sueldos son inferiores al SMI, que el salario variable es casi imposible de alcanzar porque está adaptado al poder adquisitivo de 2006 y que no se compensa correctamente el uso de vehículos, móviles u otros gastos de transporte y averías.

“El modelo de negocio de Glovo, como el de otras plataformas como Uber o Stuart, se basa en crecer rápido, competir agresivamente, asumir que las sanciones llegarán tarde y, cada vez más, aumentar los trabajadores subcontratados”, lamenta Manuel.

Al terminar el modelo de los falsos autónomos a finales de junio, según datos de Glovo, unas 14.000 personas fueron contratadas y otras 6.000 lo hicieron a través de empresas subcontratistas. Para Pérez, “la subcontratación fue una forma de ajustar plantilla sin hacerlo directamente. Además, es un modelo más cómodo para la empresa y dificulta la organización sindical”.

Tanto los abogados como los testimonios consultados coinciden en afirmar que muchos trabajadores no demandan por desconocimiento, falta de tiempo o recursos, especialmente aquellos migrantes que no dominan el idioma o el sistema legal. Entre quienes sí lo hacen, es frecuente que terminen aceptando acuerdos extrajudiciales con la empresa.

Mientras tanto, Glovo acarrea otras demandas de años anteriores, algunas de las cuales ya se han traducido en multas y sanciones, mientras que otras las han ganado en la Audiencia Nacional. “En este sector tenemos que pelear nuestros derechos constantemente”, zanja Manuel.

“Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”. Esta frase de Uber Eats anuncia el fin de un modelo de mensajeros sin contrato laboral que ha imperado durante una década en la mayor parte de las grandes empresas del reparto de comida a domicilio en España, como fue el caso de Deliveroo y Glovo. Tras múltiples condenas y multas de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, con el esfuerzo y la persistencia de muchas personas, al final fue la mano dura lo que dobló el brazo de las multinacionales, ante el aviso del Ministerio de Yolanda Díaz de demandas ante la justicia penal, con riesgo de cárcel para los directivos.

“Es muy fuerte pensar que ya no habrá falsos autónomos en el sector del delivery. Qué bien, pero, joder, qué tarde”, reflexiona Núria Soto, una de las caras del colectivo de repartidores RidersXDerechos. Fueron los primeros que comenzaron a movilizarse en 2017, en un inicio en Barcelona y después en otras grandes ciudades, para reclamar su condición de trabajadores ante las plataformas.

Sus movilizaciones, que fueron sumando a distintos sindicatos, se transformaron también en denuncias en los tribunales y ante la Inspección de Trabajo, individuales y luego colectivas, que fueron transformándose en un goteo de condenas y de sanciones de la autoridad laboral a estas grandes empresas por el abuso de falsos autónomos.

En 2020, llegaron al Tribunal Supremo, órgano que sienta jurisprudencia en España, que dio la razón a la Inspección de Trabajo y los denunciantes, condenando un modelo de falsa autonomía. Pero ni por esas. Muchos especialistas en Derecho laboral confiaban en que, una vez el Supremo fijara su criterio, las empresas adaptarían sus contratos, pero tampoco ocurrió.

Con ciertos cambios en sus algoritmos, las multinacionales de reparto alegaban que los contratos condenados por la justicia o sancionados por la Inspección de Trabajo eran cosa del pasado, y que las “nuevas” condiciones de sus riders respetaban la legalidad. Y seguían repartiendo con autónomos.

En todo este tiempo, solo una de las grandes compañías de comida a domicilio funcionaba con contratos laborales, Just Eat, que advertía de la competencia desleal del resto de operadores. Esta semana, ha celebrado el fin de autónomos en Uber: “Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos”.

La Ley Rider y la labor incesante de la Inspección

La insumisión de las multinacionales al modelo laboral llevó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a elaborar una norma específica, la llamada Ley Rider, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales. Tras una complicada negociación, Trabajo logró pactar la ley tanto con los sindicatos como con las patronales, lo que en su día supuso que Glovo se saliera de la CEOE, y que se aprobó en mayo de 2021.

Trabajo dio tres meses a las empresas para adaptarse al modelo laboral, pero llegó agosto y Glovo y Deliveroo —esta última en sus últimos coletazos antes de marcharse del país— desafiaron la norma manteniendo a sus mensajeros autónomos. Uber Eats, que cambio su modelo con la entrada en vigor de la Ley Rider, recuperó a los autónomos en 2022 siguiendo la estela de Glovo.

El Ministerio de Trabajo insistió en un mensaje, repetido en múltiples ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Ninguna empresa está por encima de la ley”. El Ministerio intensificó las campañas de la Inspección de Trabajo en este sector, con una incesante lista de investigaciones en todo el país, que suponen el trabajo de meses e incluso años en algunos casos, y que siguieron sumando sanciones contra las empresas.

En los dos últimos años, 2024 y 2025, la Inspección ha regularizado 45.693 riders y ha impuesto sanciones por valor de 224 millones de euros, responden a elDiario.es desde el Ministerio de Trabajo. Además, se ha reclamado a las empresas 185,8 millones de euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

“Detrás de este resultado existe un ingente esfuerzo, dedicación y compromiso de las funcionarias y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto inspectores como subinspectores. Hablamos de largas horas de actividad inspectora, de actas de infracción que han abierto camino y, sobre todo, de la defensa sostenida del criterio de laboralidad ante los tribunales, siendo las propias compañeras y compañeros quienes comparecen en sede judicial para sostenerlo, no siempre en un contexto pacífico”, ha celebrado este viernes UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)

El cambio con la amenaza de cárcel para los directivos

Aunque las multas económicas complicaban la viabilidad de las compañías, las multinacionales mantenían sus estrategias de recursos judiciales y seguían operando con autónomos. Por ello, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

A finales de 2022, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

Tras ello, a raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre. Un día antes de que Pierre se sentara en el banquillo a declarar ante la jueza, Glovo anunció que abandonaba su modelo de autónomos, paso que la empresa ejecutó el pasado julio.

Todas las miradas se dirigieron entonces a Uber Eats, que no modificó su modelo de autónomos. Ese mismo julio, el Ministerio anunció una investigación de la Inspección de Trabajo, que está a punto de concluir, y el pasado diciembre finalmente amenazó a Uber Eats con demandar a la multinacional también ante la justicia penal, como en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial está aún por resolver.

Solo unas semanas después, Uber Eats ha anunciado finalmente que abandona el modelo de autónomos, para contratar a los mensajeros a través de la subcontratación de flotas, y “su compromiso con el cumplimiento” de las obligaciones que les correspondan. Fuentes de la multinacional responden que aún no pueden dar una fecha de este cambio, pero “el objetivo es llevar a cabo la transición completa lo antes posible”.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sostenido siempre que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede sortear la legalidad y los principios democráticos que la sustentan”, reiteran en el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio sostienen que “España se sitúa como el lugar donde se demuestra fehacientemente que los nuevos modelos de empleo tienen que respetar los derechos laborales y que el éxito de los nuevos modelos productivos no puede, por tanto, basarse en la explotación, ya sea a través de algoritmos o del uso de la Inteligencia Artificial”.

En RidersxDerechos lamentan “tantos años” de incumplimiento por parte de las empresas, que recuerdan que “han tenido muchas consecuencias para muchas personas” y que tal vez podrían haberse evitado “actuando antes” por la vía penal, reflexionan.

En cualquier caso, “mejor tarde que nunca”, celebra Nuria Soto, que pide que se siga vigilando el sector, “para no ir de un fraude a otro”, en referencia a una subcontratación ficticia a través de flotas de reparto que incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Además, RidersXDerechos está centrado ahora en reclamar la regularización de los riders sin papeles, para que las mejoras del sector “puedan llegarles también a ellos”, explica Soto.

Uber Eats ha anunciado este jueves que dejará de repartir con riders autónomos. La multinacional era la única gran empresa que mantenía este modelo investigado por el abuso de falsos autónomos, tras el cambio de Glovo del pasado verano, y da el paso tras la amenaza del Ministerio de Trabajo de acudir a la justicia penal contra Uber Eats para que cumpliera con la llamada Ley Rider.

“Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider”, inicia el comunicado de la multinacional, en palabras de un portavoz.

“Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”, prosigue la empresa.

Uber Eats modificó su modelo laboral en 2021, con la entrada en vigor de la Ley Rider. Sin embargo, como Glovo mantuvo a sus mensajeros autónomos en ese momento, la multinacional de mochilas verdes denunció esta situación de competencia desleal y en 2022 regresó al modelo de riders autónomos.

Desde entonces, hace más de tres años, Uber Eats ha mantenido un modelo híbrido, con algunos mensajeros con contratos laborales subcontratados y otros autónomos.

“Los repartidores que todavía utilizan nuestra aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de nuestras flotas colaboradoras”, ha añadido este jueves la compañía. Preguntada por este medio, en Uber Eats no desvelan el número de riders que reparten a día de hoy como autónomos con la plataforma “por motivos de competencia”.

En 2025, la empresa indican que “más de 7.0000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras”.

La amenaza de la justicia penal contra los directivos

Uber Eats da este paso tras la advertencia del Ministerio de Trabajo de llevar a la multinacional ante la justicia penal este inicio de año por un delito de abuso de falsos autónomos, si la empresa persistía en su modelo de repartidores con contrato mercantil.

El aviso de Trabajo tiene un precedente muy claro, que ponía en riesgo a la dirección de Uber Eats. La amenaza se llevó a cabo en el caso de Glovo y sentó en el banquillo a su jefe y fundador, Oscar Pierre, acusado de un delito contra los trabajadores que está penado con hasta seis años de cárcel.

Glovo anunció que modificaría su sistema de contratación justo un día antes de que Pierre declarara ante la jueza en este proceso penal, aún pendiente de resolución. Uber Eats finalmente ha dado el paso antes de que esta demanda penal se concretara.

Según fuentes de la empresa, el anuncio de Uber Eats también llega antes de que la Inspección de Trabajo finalice su investigación sobre el abuso de falsos autónomos por parte de la empresa.

“Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, indica Uber Eats este jueves.

Trabajo celebra “el fin de los falsos autónomos”

El Ministerio de Trabajo ha celebrado la noticia. “Uber Eats pone fin a los falsos autónomos gracias a la Ley Rider”, han sostenido desde el departamento de Yolanda Díaz, donde han destacado también que la empresa “asume sus obligaciones legales”.

Trabajo ha recordado que la Ley Rider determina la presunción de laboralidad de actividades de reparto y también permite conocer las reglas de algoritmos que incidan en salarios y condiciones de trabajo.

“Combatimos la precariedad y garantizamos los derechos de repartidores y repartidoras”, han sostenido en el Ministerio de Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que “caerá el peso de la ley” sobre Uber Eats ante los “incumplimientos” de la Ley Rider que “presuntamente” está llevando a cabo la multinacional en España. Se trata de la única gran compañía de reparto de comida a domicilio que sigue operando con mensajeros autónomos, tras el cambio al modelo laboral de Glovo en julio tras numerosas multas y una intensa batalla judicial al respecto, que aún continúa.

“Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país”, ha avanzado la vicepresidenta segunda en la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto, como recoge la agencia Europa Press. Un portavoz de Uber Eats ha respondido a este medio que “Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera”.

En 2021 se aprobó en España la llamada 'Ley Rider', tras un acuerdo con patronal y sindicatos, con el objetivo de acabar con el abuso de falsos autónomos de los trabajadores que reparten a través de plataformas digitales, conocidos como 'riders', que había acumulado numerosas multas de la Inspección de Trabajo y sentencias en los tribunales.

Uber Eats en un inicio acató la nueva norma, con un cambio a un modelo laboral, pero en agosto de 2022 –tras denunciar la competencia desleal de Glovo que mantenía a autónomos– volvió a repartir con autónomos. Este verano, Trabajo comunicó que la Inspección había abierto una investigación a Uber Eats por el abuso de falsos autónomos.

Nuevo delito con hasta seis años de cárcel

Yolanda Díaz ha recordado este jueves que el Gobierno ha llegado incluso a reformar el Código Penal incorporando un precepto que regula el uso de falsos autónomos de las plataformas de reparto, no “para nada”, sino para erradicar una “deficiencia grave”. Este delito contra los derechos de los trabajadores, penado con hasta seis años de cárcel, ha llevado al banquillo al fundador de Glovo, Oscar Pierre.

“Lo hicimos ya con otra empresa [Glovo] y quiero dejar claro que lo vamos a volver a hacer ahora mismo ya con Uber”, ha sostenido Yolanda Díaz, tras remarcar que por muy grande que sea una empresa, no se va a colocar “por encima de la ley”.

“En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen. Estamos cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo y seguiremos colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”, ha indicado un portavoz de Uber Eats a elDiario.es.

33 millones en salarios recuperados para los trabajadores

La ministra de Trabajo ha destacado la labor de la Inspección de Trabajo en la lucha contra los falsos autónomos en estas plataformas digitales. “La ley Rider”, ha recordado Díaz, “no hubiera sido posible sin el trabajo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Y es una ley que no admite escapatoria”.

Yolanda Díaz ha aportado algunos datos de la actuación del organismo público en lo que va de año, entre los que ha destacado que ha detectado “46.000 falsos autónomos”, que ha recuperado para las personas trabajadoras salarios dejados de percibir por importe de “33,5 millones de euros”, así como que ha transformado “26.000 contratos temporales” fraudulentos en contratos indefinidos y otros “33.000 contratos fijos discontinuos” irregulares en indefinidos ordinarios, ha detallado.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a través de su área de Extranjería, ha impuesto una sanción de 847.640 euros a la multinacional Glovo por emplear en la capital andaluza a 64 trabajadores extranjeros que carecían de la preceptiva autorización de residencia y trabajo en España. La infracción, calificada como “muy grave” en la Ley de Extranjería, fue detectada durante una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y ha dado lugar a un expediente sancionador, cuya resolución ya ha sido notificada a la empresa y se encuentra en periodo de recurso, según ha podido saber este periódico.

Esta empresa de reparto a domicilio suma ya multitud de sanciones por su modelo basado en falsos autónomos, que ha mantenido incluso después de entrar en vigor la conocida como Ley Rider en 2021. Según Inspección, Glovo acumula actas de infracción por la contratación irregular de más de 39.000 repartidores en toda España, a los que no ha dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de operar bajo su organización y control, existiendo una relación laboral directa.

Sin embargo, la última sanción –resuelta por la Subdelegación el pasado 25 de julio– añade un nuevo elemento al fraude laboral que se le viene atribuyendo a Glovo por su modelo de falsos autónomos: no solo reafirma que ha existido una relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores, sino que constata que al menos 64 de ellos carecían de “la preceptiva autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena en España”. Es decir, fueron empleados pese a encontrarse en situación irregular, sin reunir los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Infracción “muy grave” de la Ley de Extranjería

Estas actuaciones inspectoras sobre Glovo en Sevilla se han llevado a cabo entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024. Como resultado, se han levantado dos actas de infracción por ocupación irregular de trabajadores extranjeros: una relativa a 20 repartidores (con un importe total de 210.649,43 euros) y otra por 44 trabajadores (por valor de 636.990,59 euros).

La suma total asciende a 847.640,02 euros, incluyendo tanto las multas (de 10.001 euros por trabajador, en su grado mínimo) como las liquidaciones de la Seguridad Social. La resolución concluye que Glovo vulneró la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, al emplear a personas extranjeras sin haber obtenido la correspondiente “autorización administrativa previa para residir y trabajar”, que exige la norma. Una conducta tipificada como infracción “muy grave”.

Las actuaciones se enmarcan dentro de la campaña de control sobre plataformas digitales de reparto que impulsa la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo a nivel estatal. La inspección confirma que, hasta 2024, Glovo ha seguido recurriendo a falsos autónomos, eludiendo el pago de cotizaciones sociales por sus repartidores, pese a los “múltiples pronunciamientos judiciales” que obligan a “reconocerles su condición de trabajadores por cuenta ajena”.

Cabe recordar que Glovo, cercada por varias multas y causas judiciales, anunció a principios de verano que todos sus riders serían asalariados a partir del 1 de julio (medio año después de comprometerse a adoptar el cambio al modelo laboral).

Preguntado por este periódico, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha preferido no pronunciarse sobre expedientes abiertos, pero ha asegurado que “por parte del Gobierno de España, a través de la Inspección de trabajo y el área de Extranjería, se está luchando contra la precariedad laboral y especialmente contra la explotación de los más vulnerables como pueden ser las personas migrantes”.

Relación laboral encubierta y sin permisos en Sevilla

La infracción en materia de extranjería se suma así a los hallazgos que la ITSS ha venido documentando sobre la relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores. Según el acta, los repartidores trabajaban “bajo la dirección, control y organización de la empresa”, lo que, conforme al Estatuto de los Trabajadores, los convierte en trabajadores por cuenta ajena, aunque Glovo nunca los contrató como tales ni los dio de alta en la Seguridad Social.

La novedad ahora es que muchos de estos trabajadores, además de no contar con contrato, carecían de autorización para trabajar en España, según declararon personalmente en las entrevistas mantenidas con la Inspección Provincial de Trabajo.

Esta situación de irregularidad ha sido verificada mediante la aplicación Adextra, que confirma que los 64 repartidores no disponían de la autorización administrativa requerida durante el periodo en el que prestaron servicios para Glovo.

Glovo ha empezado a despejar su horizonte judicial este jueves. El juez ha rechazado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal, en la que la estaban en juego 295 millones de indemnización. La resolución, más allá de desestimar las pretensiones de Just Eat, se adentra en una defensa de la economía de mercado y en una crítica al “eco de la España sindicalizada”, que, a juicio del magistrado Álvaro Lobato, representaron las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos.

Según Just Eat, que mantiene a sus repartidores como empleados o subcontratados a otras empresas, los falsos autónomos de Glovo le suponían una competencia desleal al no poder operar en el mercado con las mismas reglas.

El juez lo descarta e incluso va más allá al afirmar que los dos modelos de autónomos que usó Glovo después de la histórica sentencia del Supremo de 2020, y que tanto Inspección de Trabajo como la Fiscalía consideran una burla a la normativa laboral y al Código Penal, “garantizan sobradamente la autonomía e independencia de los riders para configurar una relación jurídica autónoma”.

Es más, el juez no puede evitar elogiar el modelo laboral de Glovo (pese a que la compañía ha anunciado la laboralización de los repartidores): “Es difícil imaginar una empresa en régimen de trabajo asalariado que conceda a sus trabajadores tan extraordinario grado de autonomía para organizar libremente su trabajo y disponer de su tiempo”.

El juez se muestra especialmente duro contra las tres inspectoras de Trabajo que siguieron la pista a Glovo y constataron que sus cambios de modelo de autónomos seguían vulnerando la normativa laboral. En las declaraciones de ambas funcionarias “parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, critica el magistrado.

En una valoración del testimonio poco habitual en un procedimiento mercantil, el juez asegura que las palabras de las funcionarias “deben relativizarse porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo”. Incluso señala a las inspectoras por sus “atajos heurísticos y sesgos conductuales”. “Los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”, apostilla el juez.

El magistrado asegura ser “plenamente consciente” de que “la clave de bóveda” de la demanda de Just Eat contra Glovo era el derecho laboral, pero recuerda que su jurisdicción es la mercantil para concluir que “el escenario regulado por el derecho de la competencia tiene poco que ver con la naturaleza tuitiva y proteccionista del derecho del trabajo”.

Tampoco se ahorra su opinión el juez sobre el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales. Se trata de un negocio, en palabras del magistrado, “innovador, tecnológicamente avanzado” y el marco laboral que lo regula resulta “controvertido y obsoleto”.

Sobre el objeto concreto del pleito, el juez descarta que el modelo de falsos autónomos permitiera a Glovo ahorrar costes laborales para dedicarlos a acuerdos exclusivos con restaurantes. Just Eat y Glovo, según el juez, presentan modelos de negocio diferentes, ya que el 80% del negocio de la primera es el mercado físico y el 20% a domicilio, mientras que en la segunda sucede “lo contrario”, por lo que la laboralización de los riders no es la única diferencia.

La “libertad de empresa” de Just Eat, concluye el magistrado, no se ha visto afectada por los falsos autónomos de Glovo. Tampoco su presencia en el mercado, indica la sentencia, que incluye un alegato en favor del libre mercado: “Reglas, cuantas menos mejor, para todos iguales y el resto debe ser el resultado de las interacciones en el mercado porque, sin duda, se trata del mejor instrumento de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana”. La sentencia es recurrible ante la Audiencia de Barcelona.

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación sobre Uber Eats por seguir repartiendo con riders autónomos, según ha adelantado El País y han confirmado en la multinacional a elDiario.es. Tras el cambio de Glovo el pasado 1 de julio, Uber Eats se ha quedado como la última gran empresa de repartos que opera con mensajeros autónomos, una fórmula con la que pretendió acabar la llamada Ley Rider tras años de condenas y sanciones en el sector por el abuso de los falsos autónomos.

“Estamos cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo y seguiremos colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”, responden fuenets de Uber Eats sobre la investigación en curso, que indican que “acaba de empezar”.

Uber Eats es una de las mayores empresas de reparto de comida a domicilio en España, junto a Glovo y Just Eat, que ahora operan ambas con un modelo laboral (ya sea de contratación directa o subcontratación a través de otras compañías).

Aunque Uber Eats seguía repartiendo con autónomos (después de un parón de un año en el que se adaptó a la Ley Rider), en los últimos años el mayor foco se lo ha llevado Glovo, tanto de los medios como de la Inspección de Trabajo, al ser la mayor empresa del sector y encadenar años en rebeldía a la Ley Rider, que han llevado incluso a su fundador, Oscar Pierre, a los tribunales de lo penal imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Trabajo advierte de que no cabe la insumisión a la Ley Rider

Una vez Glovo ha cedido y se ha pasado al modelo laboral, cercada por los juicios y multas, Uber Eats se ha quedado como la última gran empresa de reparto funcionando con autónomos y hacia ella se ha dirigido de nuevo la Inspección de Trabajo. En el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ya habían advertido de que ninguna compañía puede quedar al margen de la regulación laboral para evitar el abuso de los falsos autónomos en el sector.

La vicepresidenta segunda ha insistido en este mensaje este lunes, a través de sus redes sociales. “La ley está para cumplirla. Ninguna empresa está por encima de ella”, ha afirmado sobre la investigación a Uber Eats. “Lo hemos dicho mil veces: una persona pedaleando con una mochila no es un autónomo”, ha rematado la responsable de Trabajo.

Fuentes de Uber Eats insisten en cambio en que cumplen la legislación. “Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera. En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen”, apunta un portavoz.

En la recta final para que Glovo culmine el anunciado traspaso a la contratación laboral de sus riders (repartidores), acorralada por las causas judiciales por el uso de falsos autónomos, RidersxDerechos, varios sindicatos y organizaciones sociales han lanzado una iniciativa gratuita para defender los derechos de sus “trabajadores invisibles”. Los más precarios entre los precarios, aquellos que reparten o han repartido desde la informalidad, con cuentas alquiladas o subarrendadas, en la mayoría de casos por no tener papeles o permiso de trabajo en España.

RidersxDerechos, pionera en la defensa de los derechos laborales de los repartidores de plataformas digitales en España, en colaboración con los sindicatos LAB en Euskadi, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) en Catalunya, la organización sin ánimo de lucro Observatorio TAS, la agencia de comunicación turba! y el cineasta Luis Creo han lanzado este miércoles la campaña RidersxRegularización.

La iniciativa busca ofrecer asesoría jurídica gratuita a este colectivo para defender sus derechos, explica Núria Soto, miembro de RidersxDerechos, IAC y el Observatorio TAS. “Queremos llegar a quienes menos ha repercutido la lucha”, añade Soto, y que no se queden al margen del proceso de regularización que ha anunciado Glovo. La intención es “estudiar las vías de denuncia ante Inspección de Trabajo para luchar por la regularización de cada persona trabajadora”, reclamando los periodos trabajados de manera informal en Glovo y también otras compañías como Uber Eats, una tarea en la que ofrecen “apoyo legal seguro y sin coste, además de acompañamiento durante todo el proceso”.

“Son miles de trabajadores”

Desde RidersxRegularización destacan que, “desde hace años, todos los involucrados en la lucha de las plataformas de reparto, han sabido muy bien que cerca del 50% del total de los repartidores/as son personas migrantes que trabajan de modo informal, en la más absoluta desprotección y sin ningún derecho que reclamar”. En otro colectivo de mensajeros, que ha defendido la autonomía de los riders hasta la fecha, creen que la cifra “es incluso mayor”, apunta uno de sus miembros, que pide guardar su anonimato. “Es difícil tener una cifra, pero diría más de la mitad. Hay muchísima gente”, dice. elDiario.es ha consultado a Glovo por si tiene alguna estimación de este colectivo, pero no ha obtenido respuesta.

La existencia de los riders subcontratados a través del alquiler de cuentas fue conocido por el gran público, e incluso reconocido por Glovo, a raíz de la muerte de un mensajero, Pujan, un joven nepalí de 22 años en mayo de 2019, arrollado por un camión de basura en Barcelona. Su fallecimiento puso el foco en una de las situaciones de mayor vulnerabilidad dentro de los mensajeros, que en ocasiones pagaban por poder trabajar y se llevaban una cantidad muy reducida de los repartos, con condiciones claramente abusivas. En otros casos, se trataba de una vía facilitada por conocidos y amigos, para poder conseguir ingresos ante su incapacidad de trabajar de manera legal.

RidersxRegularización subraya que “son miles de trabajadores/as cuyos nombres no aparecen en las bases de datos de las empresas ni en las decenas de investigaciones de Inspección de Trabajo, sencillamente porque están detrás de los titulares de las cuentas. Son trabajadores/as invisibles y anónimos”.

Desde la iniciativa precisan que “las denuncias a Inspección de Trabajo no apuntarán en ningún caso al o la titular de la cuenta” que alquilaba a estas personas para que trabajaran, “sino a la empresa como responsable por haber creado una estructura de explotación y mantener la situación irregular del trabajador o trabajadora”, apunta Felipe Diez, portavoz de RidersxDerechos y miembro del Observatorio TAS.

No dejar a este colectivo al margen de la regularización

En RidersxReguralización se preguntan: ¿qué va a pasar con los riders que no tienen su propia cuenta ante el anuncio proceso de contrataciones de Glovo? “La respuesta es sencilla: como siempre, alegarán que no sabían que esto estaba ocurriendo y los dejarán en la calle. Esto será así sencillamente porque no puede asumir que llevan años y años explotándolos al margen de la ley”, consideran. Por ello, lanzan esta campaña para que la empresa “se tenga que hacer cargo del arraigo de sus repartidores/as”.

“Vamos a luchar para que la empresa se tenga que hacer cargo del arraigo de todas y cada una de las personas que puedan demostrar que han trabajado de modo informal en plataformas de reparto, tal como dicta la ley”, afirma Felipe Corredor, miembro de RidersxDerechos, la IAC y el Observatorio TAS.

Núria Soto destaca la necesidad de que la batalla por los derechos laborales no deje al margen a este colectivo más precarizado. “Debe quedar claro que todas las personas, independiente de su situación administrativa, tienen derechos, y vamos a luchar hasta el final por hacerlos valer. No aceptaremos el lavado de imagen que están intentando hacer”, concluye la activista, muy crítica con maniobra de Glovo en su décimo aniversario, en el que su fundador Oscar Pierre estuvo acompañado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de UGT, Pepe Álvarez, así como el exresponsable de CCOO Catalunya, Javier Pacheco. La multinacional utilizó esa foto al día siguiente para esgrimir el “apoyo de los sindicatos” a la empresa en el juicio por competencia desleal tras la demanda interpuesta por Just Eat.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado a Glovo por su décimo aniversario en un acto celebrado por la compañía en el que el jefe del Govern ha bendecido el cambio de modelo laboral anunciado por la empresa, inmersa en plena crisis judicial por los falsos autónomos con los que ha operado desde su fundación.

“He venido aquí para acompañar [a Glovo] en esta nueva etapa, porque las empresas tienen que crecer, pero respetando la normativa vigente”, ha manifestado el president en un acto que ha contado con la presencia del líder de UGT, Pepe Álvarez, y el exresponsable de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco.

Illa ha arropado a Glovo por su décimo aniversario en un momento en el que la compañía no pasa por su mejor momento judicial debido a su modelo laboral basado en los falsos autónomos. El fundador de la empresa, Óscar Pierre, está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que este martes arrancará en un juzgado mercantil de Barcelona el juicio contra la empresa por competencia desleal.

En su intervención, Pierre ha tildado la contratación del personal como “un cambio inédito” para “abrir un nuevo capítulo donde no haya conflicto” tras la querella de la Fiscalía y las sucesivas multas de Inspección de Trabajo.

Por su lado, Illa ha defendido el “progreso tecnológico al servicio del bien común y del interés general”, y ha pedido “que la tecnología respete los derechos de todo el mundo”. “Muchas felicidades, y a vuestro lado”, ha concluido el president.

Los falsos autónomos en los que se ha sustentado Glovo desde su fundación han traído una cascada de pleitos a la empresa de Pierre. Primero fueron los laborales, tras los que durante un lustro de juicios por toda España el Supremo sentenció que los riders de la compañía de Pierre debían contratarse como empleados.

Ahora han llegado sendos casos en la vía mercantil y la penal. Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados, reclama a Glovo 295 millones de euros en este juicio por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones. Además, está la causa por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre.

A los pleitos en España hay que sumar la multa de 329 millones de euros que la Comisión Europea impuso hace unas semanas a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio.

En el plano político, la presencia de Illa en la celebración de los 10 años de la empresa supone un apoyo que contrasta con la manifiesta oposición a las prácticas laborales de la empresa que ha encabezado el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tanto en la etapa anterior a la sentencia del Supremo sobre los riders como en las posteriores campañas de inspección por vulnerar la nueva ley.

La presión de la Inspección de Trabajo y de la Justicia provocó que, en la víspera de la declaración como imputado de Pierre el pasado mes de diciembre, la compañía anunciara que ponía fin a su modelo de repartidores falsos autónomos. Finalmente, según la propia compañía, el cambió será definitivo el próximo 1 de julio.

Glovo está subcontratando repartidores de flotas externas mientras no completa el cambio hacia la regularización de la plantilla en España. Así lo ha avanzado SER Cataluña y lo ha confirmado la ACN de fuentes de la compañía, que ha añadido que una de las empresas con las que trabaja es Fliits.

Un portavoz de la empresa ha justificado la decisión para “garantizar la operativa en este tráfico” y detalla que esta subcontratación “varía según la ciudad” donde ofrece el servicio. El responsable de transición digital de CCOO en Catalunya, Daniel Cruz, dice que esta práctica es una “cesión ilegal” y que el sindicato está recogiendo información para denunciar el caso a la Inspección de Trabajo, tal como ya ha hecho el sindicato a Navarra.

Cruz subraya que esta praxis está recogida en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y que está identificada como una de “las más graves”, con sanciones “muy elevadas”. El sindicalista apunta que hay “indicios que Fliits funciona de pantalla” y que lo haría con “contratos de baja calidad”.

Los dos administradores que figuran a Fliits (Jose Maria Ferreria y David Naval) son exdirectivos de Glovo, un hecho que el mismo portavoz de la firma de las mochilas amarillas apunta que “han emprendido un nuevo camino profesional dentro del sector”.

Glovo explica que desde mayo ha propuesto más de 34.000 ofertas de contratos a todos los repartidoresde España. De estos, más de 5.000 han aceptado la oferta del negocio que dirige Oscar Pierre. La voluntad de la empresa es que el 1 de julio tenga el 100% de los trabajadores regularizados. Aun así, considera que “todavía es pronto” para conocer “el universo final”, porque desconoce el número de empleados que lo aceptarán.

Glovo ha puesto fecha al fin de su modelo de riders autónomos: el 1 de julio, según ha adelantando El Mundo y ha confirmado elDiario.es. Lo hace medio año después del anuncio del cambio al modelo laboral y en medio de una causa abierta por lo penal por el abuso de falsos autónomos, en la que está imputado su fundador y directivo, Oscar Pierre. La multinacional además enfrenta una demanda millonaria por competencia desleal por este modelo de autónomos, que interpuso Just Eats, y por la que también irá a juicio este mes.

Glovo parece haber situado finalmente el punto y final al modelo de autónomos para pasar a uno “100% laboral”, afirmó Pierre hace unas semanas, que se concretará “a partir del próximo 1 de julio”, indican en la multinacional. “Tenían previsto un plazo más amplio, al menos un mes más, pero al final han acelerado”, añaden fuentes sindicales.

Medio año después del anuncio

Han pasado seis meses desde el anuncio del cambio de modelo por parte de la multinacional (en manos de la alemana Delivery Hero), a comienzo de diciembre, justo un día antes de la comparecencia ante la jueza de Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que pueden imponerse penas de prisión de hasta seis años.

Desde entonces, la empresa había afirmado que estaba trabajando en la transición al modelo laboral, en el que ha afirmado que habrá una parte de repartidores contratados directamente por Glovo, ya con un piloto en marcha en el que los mensajeros cobran el salario mínimo, y otros riders subcontratados.

Por el momento, hay varias incógnitas. Como qué porcentaje de repartidores estarán subcontratados y cuántos en nómina de Glovo, o qué modelo de externalización habrá, ya que CCOO denunció en abril la existencia de cesión ilegal en algunos acuerdos conocidos por el sindicato.

Causa por competencia desleal

Además, Glovo afronta otra pelea judicial por competencia desleal fruto de su modelo de mensajeros autónomos, en el que ha persistido durante años pese a la Ley Rider aprobada en 2021 por el Gobierno para poner fin al abuso de los falsos autónomos en el sector.

La multinacional de comida a domicilio Just Eat reclama 295 millones de euros a Glovo por la competencia desleal ejercida con sus riders, una causa que estudiará un juzgado mercantil de Barcelona entre los próximos 17 y 20 de junio.

Hace unos días, la Comisión Europea multó precisamente con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio. La investigación que Bruselas comenzó en julio de 2022 ha concluido que las dos plataformas se dividieron el mercado europeo para no competir entre ellas y compartieron información privilegiada desde que la compañía alemana adquirió parte de la española.

Glovo vuelve al juzgado por sus falsos autónomos. Un juzgado mercantil de Barcelona ha admitido la demanda que interpuso la empresa Just Eat (que sí contrata a sus repartidores) por competencia desleal y ha acordado que la compañía fundada por Òscar Pierre vaya a juicio. Just Eat reclama 295 millones de euros a Glovo.

Tal y como ha adelantado Ser Catalunya y ha confirmado elDiario.es, la vista se celebrará ante el juzgado de lo mercantil 2 de Barcelona entre los próximos 17 y 20 de junio.

Al ser un juicio mercantil, en la vista por la demanda de Just Eat se dirime es una indemnización millonaria, pero no se puede castigar a la compañía con penas de prisión. El fundador de Glovo sí se podría exponer a eventuales condenas de cárcel en la causa penal contra él por un delito contra los derechos de los trabajadores que sigue otro juzgado de Barcelona y que encara la recta final de la fase de instrucción.

El modelo de falsos autónomos en el que se sustenta Glovo ha traído una cascada de pleitos a la empresa de Pierre. Primero fueron los laborales, tras los que durante un lustro de juicios por toda España el Supremo sentenció que los riders de la compañía de Pierre eran falsos autónomos.

Ahora han llegado sendos casos en la vía mercantil y la penal. Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados, reclama a Glovo 295 millones de euros en este juicio por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones. Además, está la causa por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre.

Just Eat alega, pese a ofrecer los mismos servicios que Glovo, se encuentra en una “clara situación de desventaja competitiva”, ya que sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, tal y como exige la ley, lo que eleva sus costes laborales.

Según sus cálculos que ahora se expondrán ante el juez, Just Eat España estima que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, lo que ha permitido a la compañía de Pierre adquirir una ventaja competitiva significativa, pero sustentada en una ilegalidad.

La demanda, presentada el año pasado, se juzgará solo unos días después de que la Comisión Europea haya multado con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio. La investigación que Bruselas comenzó en julio de 2022 ha concluido que las dos plataformas se dividieron el mercado europeo para no competir entre ellas y compartieron información privilegiada.

El pasado mes de diciembre, ante la declaración como imputado de Pierre en la causa penal, Glovo anunció que contrataría como empleados a sus repartidores tras un lustro de conflictos legales y laborales por su modelo de falsos autónomos, un cambio que todavía está pendiente de implantarse por completo.

La Comisión Europea ha multado con 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por vulnerar las reglas de competencia de la Unión Europea al establecer un 'cártel' de la comida a domicilio. La investigación que Bruselas comenzó en julio de 2022 ha concluido que las dos plataformas se dividieron el mercado europeo para no competir entre ellas y compartieron información privilegiada desde que la compañía alemana adquirió parte de la española. Por primera vez, la UE sanciona la denominada estrategia “no poach”, que supone llegar a un acuerdo con la competencia para no robarse talento.

“Compartían información sobre todo: precios, ofertas, capacidad de distribución, redes de distribución, debatían la gestión de costes”, resumen fuentes comunitarias, que concluyen que esa estrategia provocó un incremento en los precios que, en última instancia, pagan los consumidores, aunque Bruselas no ha elaborado una evaluación de impacto de cuál es el perjuicio total que pagaron los consumidores por esas prácticas que se prolongaron durante cuatro años (entre 2018 y 2022).

Lo que subraya la Comisión Europea es que las compañías son conscientes de la conducta que mantuvieron durante años. De hecho, la sanción final se ha reducido un 10% como parte de un acuerdo con la Comisión Europea por el reconocimiento del funcionamiento del cártel. La sanción asciende a 106 millones en el caso de Glovo y a 223, en el de Delivery Hero. La empresa reconoció que se enfrentaba a una multa de hasta 400 millones de euros.

“Este caso es importante porque estas prácticas se facilitaron mediante un uso anticompetitivo de la participación minoritaria de Delivery Hero en Glovo. También es la primera vez que la Comisión sanciona un acuerdo 'no poach', por el que las empresas dejan de competir por los mejores talentos y reducen las oportunidades de los trabajadores”, ha señalado la vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera.

La multa responde a tres conductas ilegales por parte de las plataformas que se detectaron gracias a una denuncia de una fuente anónima. La primera es que se repartieron los mercados europeos de manera que no competían por los clientes. Así, en los países en los que estaba Glovo no entraba Delivery Hero, y viceversa. La repercusión para los clientes es que tenían menos oferta al reducirse los proveedores y no podían comparar precios.

En buena medida la violación de las reglas de competencia se vio favorecida por la entrada de Delivery Hero en el accionariado de Glovo a través de una participación minoritaria. Bruselas concluye que la compañía alemana usó esa participación para acceder a información confidencial sobre estrategias o precio. Posteriormente, llegó a controlar la compañía con más del 80%.

La tercera conducta ilegal tiene que ver con el mercado laboral dado que las compañías llegaron a un pacto para no robarse trabajadores cualificados. La estrategia pasa por no contratar al personal que estuviera en la plantilla de la otra empresa. Para la Comisión Europea, supone una vulneración de la libertad de elección así como de la competencia de las empresas en el mercado laboral.

En el caso de Glovo, la compañía acumula ya más de 200 millones de euros en multas fundamentalmente por la explotación de los riders. El Tribunal Supremo declaró ilegal el modelo de los falsos autónomos que utilizaba la compañía y su dueño, Oscar Pierre, está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

En los pasados Premios del Cine Europeo, en diciembre de 2024, la categoría de Mejor actor acabó con sorpresa. En el quinteto de nominados se encontraban nombres que sonaban para los Oscar como Daniel Craig, por Queer, o Ralph Fiennes —que acabó logrando la nominación por Cónclave— además de uno de los niños bonitos del cine de autor como Franz Rogowski, por Bird. Sin embargo, cuando se leyó el nombre del ganador, casi todo el auditorio de Lucerna se sorprendió. El actor de origen guineano Abou Sangaré era elegido como el mejor intérprete del año por su papel en La historia de Souleymane, donde da vida a un rider ilegal que se juega la vida a un ritmo frenético para llevar los pedidos a tiempo.

Sangaré no pudo recoger el premio en persona, ya que su situación legal no se lo permitía. El actor no tenía los papeles. Era, todavía, un ciudadano considerado ilegal, que no podía ni siquiera viajar para recoger un galardón por su trabajo. Unas semanas después, los medios franceses daban la noticia de que por fin los había logrado. Poco tiempo después de conseguirlos, el actor atendió en un hotel del centro de París, junto al director del filme, a un reducido grupo de periodistas internacionales, entre los que se encontraba elDiario.es.

Sangaré explicaba que hasta ese momento había sido como un fantasma por las calles. “Cuando no tienes los documentos no eres visible para la sociedad. Estás físicamente, pero no estás presente, estás completamente aislado, porque no puedes hacer nada”, decía el actor que, a pesar de los premios y de que la película se convirtiera en un éxito en las salas de cine francesas, se niega a aceptar que su vida ha cambiado. Ni siquiera se considera, de momento, actor. “Dejo que la gente me valore, pero yo soy Sangare. Llegué hace siete años. Me he esforzado mucho estos siete años y he pasado por un infierno. Ahora, gracias a esta película, tengo mis papeles, pero soy el mismo Sangare. Cuando me preguntan a qué me dedico digo la verdad, que soy mecánico de camiones pesados”, aseguraba entonces. 

El director del filme, el belga Boris Lojkine recordaba cómo dio con Sangaré. Tras acabar el guion y cuando tuvieron la financiación del filme abrieron “un casting a gran escala” para encontrar al protagonista. La búsqueda comenzó en las calles de París, ya que la idea iniciar era encontrar un rider guineano que pudiera, de alguna forma, interpretar su propia historia. Contactaron con la comunidad guineana y escucharon a más de 200 personas, pero seguía sin encontrar a su Souleymane, por lo que ampliaron la búsqueda.

Cuando abrieron el casting a zonas de fuera de París, se percataron de que mucha gente de Guinea que vivía en Amiens, en el norte de Francia. “Llegamos y había una ONG que nos reunió a 25 jóvenes guineanos. Les expliqué que estábamos haciendo una película y en qué consistiría el proceso y que contrataría a la persona que estaba elegida”, rememora sobre la primera vez que vio a Abou Sangaré. 

Gracias a esta película, tengo mis papeles, pero soy el mismo Sangare. Cuando me preguntan a qué me dedico digo la verdad, que soy mecánico de camiones pesados

Abou Sangare — Actor

Cuando se le pregunta al actor por su visión de ese casting se apresura a aclarar algo, y es que su historia no es un logro individual, sino algo que pone en valor el poder de lo común. “Somos seres sociales y siempre debemos participar en esfuerzos colectivos, por eso en Amiens siempre participé como voluntario en varias asociaciones. Había una, a la que iba a menudo, que me dijo que venía un equipo de una película a hacer unas audiciones y eso fue lo que pasó. Yo estaba allí casi por casualidad. Yo estaba entre esos 25 jóvenes guineanos, pero ese día tenía prisa porque tenía que reparar el coche de un cliente y me estaba esperando, así que no podía quedarme mucho tiempo. Hice una entrevista corta, de cinco o diez minutos y tuve que irme”, dice de esa primera prueba.

Aun así, algo vieron en él, porque de todos ellos pidieron a cuatro que volvieran. Él estaba entre los elegidos. Le llamaron, pero no podía ir cuando le dijeron. “Al final, justo antes de que se volvieran a París fui a la estación y grabamos un par de escenas en un parque con Boris y su director de casting antes de que cogieran el tren. Cuando llegaron a París me llamaron y me dijeron que fuera para allá en un par de semanas”, concluye. Aquel encuentro a última hora en una estación le cambió la vida y le hizo protagonista de un filme que también trata sobre la identidad, sobre cómo los migrantes muchas veces deben incluso inventarse una para que su historia sea más atractiva de cara a conseguir los papeles. 

Aunque él no fuera un rider, la historia real de Abou Sangaré permeó toda la película. Sus experiencias personales otorgan una profundidad al filme, y es su vida la que cuenta cuando el personaje dice, por fin, su historia real. Lo primero que hizo el director fue interesarse por esa historia, por su viaje real, sus motivos para venir a Europa. Fue ahí cuando le preguntó si le importaba que su personaje la contara en ese emotivo momento. “Para mí fue importante porque esa es mi verdadera historia, la que les conté a las autoridades francesas, y no me dieron el reconocimiento que esperaba. Así que me pareció bueno arrojar luz sobre mi historia personal a través de esta película y presentársela al público”, opina.

No extraña “nada” de Guinea. Tiene la rara sensación de haber pasado más tiempo en Francia que allí. “Estoy más conectado con lo que pasa en Francia que en Guinea, quizás me pasa eso porque fuimos colonizados por Francia y hablamos el mismo idioma. La lengua que aprendí en mi casa fue el francés, así que al final me siento un poco como en casa porque se habla el mismo idioma. Pero lo que me gusta de Francia tiene que ver con su aspecto colectivo, con lo social, la solidaridad y la preocupación mutua. La gente se ayuda. Es cierto que no he visto eso en todas las partes de Francia, pero en Amiens, donde vivo, es así, y eso es algo muy valioso”, subraya poniendo en valor las redes comunales que le acogieron cuando no tenía papeles. Antes de que fuera elegido el mejor actor europeo y la vida cambiara. O no tanto. Porque por muchos premios él sigue siendo un mecánico que solo buscaba una vida mejor.

La jueza que investiga al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ha citado a declarar como testigos a una exdirectiva y a un abogado externo de la compañía. A petición de la Fiscalía, la magistrada quiere que ambos testigos respondan sobre la presunta falta de regularización como empleados de los repartidores que operaban como falsos autónomos.

Según han informado fuentes jurídicas, la magistrada de Barcelona que mantiene imputado a Pierre ha citado a los dos nuevos testigos del caso el próximo 19 de mayo. La exdirectora asociada en materia laboral de Glovo y el abogado externo son las dos personas que contestaron a los requerimientos de la Inspección de Trabajo sobre la regularización de falsos autónomos y que, según han declarado los inspectores, fueron ignorados en su mayoría.

Este miércoles han comparecido ante la magistrada los responsables de la Inspección de Trabajo que realizaron el informe que se derivó a la Fiscalía y que ha terminado con la imputación de Pierre. Tal y como hicieron sus compañeras hace dos semanas, los inspectores jefe han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La versión de los inspectores de Trabajo es que Glovo no regularizó a los repartidores a los que la Justicia había reconocido como falsos autónomos. Según fuentes jurídicas, uno de los inspectores ha mantenido este miércoles que la compañía “se resistió” a contratar como empleados a los riders, pese a las sentencias judiciales a su favor.

Por el contrario, la defensa de Pierre alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

La defensa de Pierre aduce además que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa de autónomos para cumplirlos. En suma, que no se ha cometido delito alguno. En los últimos meses, además, su nuevo modelo de autónomos ha recibido el espaldarazo de varias sentencias de la Audiencia Nacional, en paralelo a la apertura de la causa penal en Barcelona contra su fundador.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.

CCOO Aragón ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por el uso de una empresa interpuesta para vulnerar la legislación vigente y los derechos laborales y sindicales de los repartidores, los conocidos como 'riders'. Según el sindicato, la compañía de transporte creó una firma el pasado otoño, Noriega Logistics SL, para dar de alta a los falsos autónomos de la firma, con las mismas condiciones laborales que le llevaron a ser sancionada con una multa de casi 80 millones de euros.

En Aragón, la compañía arrastra una deuda millonaria con la Seguridad Social debido a las sanciones impuestas por no haber dado de alta a trabajadores y por el impago de cotización, y también por obstrucción a la labor inspectora.

Según ha podido comprobar este diario, Noriega Logistics se constituyó el pasado mes de octubre en Zaragoza. Como socia y administradora única figura Ellen Paola Noriega Barrios, en el primer cargo que ha ostentado esta persona, según consta en el Registro Mercantil.

Tal y como ha recordado CCOO, en 2021 se aprobó la ley diseñada para garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales de reparto. Con su entrada en vigor, las empresas que empleaban a 'riders' como autónomos debían adaptar su modelo de contratación al marco del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, una investigación de la Inspección de Trabajo puso de manifiesto que Glovo incumplía esta normativa, manteniendo de forma paralela el modelo de falsos autónomos. Como consecuencia, la empresa fue sancionada con la millonaria multa.

El 22 de octubre de 2024 se constituyó en Zaragoza la empresa Noriega Logistics SL, con un capital suscrito de 3.000 euros y inscrito el 19 de noviembre. Ese mismo día se nombró a la socia y administradora única. Esto, según el sindicato, “sugiere una estructura diseñada para servir de intermediaria en la contratación de los repartidores”. Esta empresa se creó días antes de que, el 2 de diciembre, el director ejecutivo de Glovo, Oscar Pierre Miquel, anunciara un supuesto cambio en el modelo laboral de la empresa y asegurara que los trabajadores pasarían a ser contratados como asalariados.

Pero, desde entonces, los trabajadores que anteriormente prestaban sus servicios como falsos autónomos para Glovo han sido contratados por Noriega Logistics SL, según la versión del sindicato, aunque en la práctica sus condiciones no han cambiado. De esta forma, siguen realizando las mismas funciones, utilizan las mismas herramientas de trabajo proporcionadas por Glovo, incluidas la aplicación Glovo App, mochilas corporativas y bolsas de cartón de la marca. Además, la relación laboral sigue dependiendo de Glovo, a pesar de la supuesta intermediación.

Además de esta “estrategia de cesión ilegal de trabajadores”, tal y como denuncia CCOO, se han detectado otras “prácticas lesivas” para los derechos laborales. Entre ellas están el hecho de que se les asigne una antigüedad ficticia con fecha de 2025, ignorando los años previos de trabajo en la empresa, y que se imponga un período de prueba de 30 días a empleados que llevan años desempeñando la misma actividad. Asimismo, según el sindicato se les encuadra en el Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías, Mudanzas, Guardamuebles y Logística de Zaragoza, lo que limita el reconocimiento de complementos salariales y antigüedad.

“La fragmentación de la plantilla bajo estas condiciones tiene un impacto directo en la representación sindical, impidiendo la elección de delegados sindicales, la formación de comités de empresa y la constitución de órganos de seguridad y salud laboral”, sostiene el sindicato. Se estima que más de 3.500 trabajadores en Zaragoza se ven afectados por estas prácticas fraudulentas.