En el verano de 2018 ESK consiguió la cuadratura del círculo y, a pesar de la dificultad de demostrar lo evidente, destapamos el fraude en las OPE de Osakidetza. Algo que era evidente para todo el personal que trabajaba en Osakidetza, la adjudicación a dedo de las plazas de especialidades médicas por parte de las jefaturas, fue destapado por este sindicato gracias a la valentía de tres profesionales de Anestesia que se atrevieron a dar el paso y poner voz a lo que todo el mundo conocía.

Fue el inicio de un camino arduo en el que, gracias a la colaboración de muchas personas, conseguimos poner encima de la mesa uno de los grandes problemas de la Sanidad pública vasca; y no lo decimos por decir, conseguimos demostrar que no nos enfrentábamos a una situación puntual, ya que se pusieron una docena de especialidades médicas bajo la lupa y fueron una veintena de personas, miembros de los tribunales conformados por las y los jefes de servicio de las diferentes especialidades, las investigadas.

Desde el inicio, en ESK fuimos muy claros, nos enfrentábamos a un sistema clientelar en la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas, instaurado de manera estructural con el conocimiento y el aval de las diferentes direcciones, un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad pública; y nuestro objetivo también era muy claro: acabar con este sistema, cumplir con la legislación en cuanto a igualdad, mérito, capacidad y transparencia y depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se encargaría la justicia, o eso esperábamos.

El camino no ha sido fácil; desde el inicio tanto nuestras compañeras anestesistas que dieron la cara, como ESK, nos enfrentamos a una campaña de acoso tanto desde Osakidetza como del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, arropado por la plana mayor del PNV; llegando este último, en comparecencia parlamentaria junto con María Jesús Múgica, la entonces directora general de Osakidetza, en una especie de mundo al revés, a amenazar a los denunciantes con denunciarlos, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se atrevió a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Pero la realidad es tozuda y la Fiscalía dio curso a la investigación de las mencionadas especialidades; este hecho, junto con la presión social y parlamentaria, forzó la dimisión de la plana mayor de Osakidetza y del propio consejero de Salud, algo inédito en los anales de la “democracia” y de la historia del PNV.

Tras un proceso investigador extremadamente dilatado en el tiempo, con sucesivas prórrogas y solicitudes de ampliación, con diversos intentos fallidos por parte de Osakidetza de personarse en la causa para intentar manipular y condicionar la investigación, con un cierre en falso recurrido por, entre otros, ESK, nos encontramos con el inicio del juicio centrado únicamente en una especialidad y dos personas. Es un final que no nos esperábamos y que demuestra que demasiadas veces la realidad jurídica está muy alejada de la realidad social.

Sin embargo, y tal como hemos comentado más arriba, desde el inicio de este proceso ESK ha mostrado que su intención era y es acabar con este sistema clientelar, depurar responsabilidades e impulsar un cambio de modelo de OPE que garantice no solo los derechos de las personas aspirantes sino también que favorezca una Osakidetza cercana a la ciudadanía, euskaldun y que se centre en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales de salud.

Y entendemos que ahora es el momento de hacer una valoración crítica de lo conseguido y del camino que nos queda por recorrer para conseguir nuestros objetivos.

Tras la caída de la cúpula de Osakidetza, ésta se vio obligada a iniciar un proceso de cambio en el modelo OPE. Es un proceso que, desde el punto de vista de ESK, tiene más de lavado de cara que de transformación real. Hasta el momento de nuestra denuncia, eran las personas que conformaban los tribunales, léase jefes de servicio, los que elaboraban los exámenes y, por tanto, los que podían filtrarlos con total impunidad. Ahora, su elaboración, si así lo deciden las personas que los conforman, se encarga a personas o entidades ajenas. Llegando a la OPE actualmente en curso, en la que Osakidetza ha optado por un sistema de batería de preguntas previamente publicadas en su web.

Cambios para que todo siga igual, ya que no mejoran los sistemas de contratación actualmente vigentes, sistemas que condenan a la precariedad a miles de personas que ven como Osakidetza sigue abusando de la eventualidad a pesar de las sentencias europeas; cambios que no garantizan la euskaldunización de las plantillas, vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su idioma; cambios que siguen discriminando a la población migrante por impedirles el acceso al empleo público.

La dimisión del consejero Darpón y de la cúpula de Osakidetza no ha servido para traer aires nuevos en las diferentes direcciones de nuestras OSI; siguen con sus actitudes dictatoriales, negándose al diálogo y al acuerdo con la representación de las y los trabajadores e imponiendo sus decisiones a sus plantillas.

Las jefaturas de servicio siguen funcionando como reinos de taifas, donde son las jefas y los jefes los que distribuyen prebendas a su antojo. Ellas y ellos deciden quién hace guardias o quién peonadas en función del amiguismo que muestres; al menos ahora no dan las plazas a placer.

ESK inició este camino para descubrir la cara oculta de Osakidetza y mostrar el lodazal que ocultaba el oasis vasco, y el PNV ha conseguido volver del lado oscuro sin apenas notar los daños; el escándalo que se llevó a un consejero nos ha dejado otro que formaba parte de los tribunales que adjudicaban las plazas.

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, manifestó esta semana que hablará personalmente con el jefe del Estado de España, el rey Felipe VI, para denunciar las actuaciones en su país del empresario alavés Joseba Grajales, al que llamó “criminal” y pidió que se fuera de allí para siempre. “Éste es el mayor robo al pueblo colombiano desde el oro de los españoles y el trabajo esclavo”, ha solemnizado. Grajales es el dueño grupo Keralty (o Sanitas Internacional), uno de los prestatarios del servicio sanitario colombiano, y ha respondido que denunciará al mandatario colombiano por “injurias, calumnias y actos de discriminación”.

Las palabras de Petro [aquí se puede ver un resumen amplio] han levantado una gran polvareda en Colombia, donde ya se llevan años discutiendo sobre el papel de Keralty. La figura de Grajales ha ocupado tertulias, espacios informativos y páginas de prensa en los últimos días. Pero, ¿quién es? Grajales es un empresario cercano al PNV que, hasta 2021, aparecía como uno de los cien más ricos de España en la lista Forbes. Se le atribuía entonces una fortuna de 250 millones de euros.

Gamesa o Guascor -que llegó a ser patrocinador del Deportivo Alavés en sus mejores momentos de comienzos del siglo XXI- fueron algunos de sus grandes proyectos empresariales, en los que Grajales estuvo acompañado de Juan Luis Arregui. La multinacional Siemens puso millones para quedárselos. Tiene también proyectos de hidrocarburos y 'fracking' en Estados Unidos.

Pero su gran bandera ahora mismo es el grupo Keralty o Sanitas Internacional. Su sede societaria está en una casa en carretera que une Vitoria con la academia de la Ertzaintza en Arkaute y también tiene actividad en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de la capital vasca. Sin embargo, es una empresa prácticamente desconocida en Euskadi. La gran actividad de Keralty se da en el extranjero, tanto en Asia como en América. En 2024 ha iniciado ya su expansión también en Oriente Medio y África. Según sus propios datos, tiene 9.692 médicos y 28.486 empleados en total, presencia en 722 ciudades, con trece hospitales propios, y 10,6 millones de asegurados.

Grajales ha fichado para esta gran empresa a dos exconsejeros vascos de Salud, ambos del PNV. Quien lleva más tiempo con él -también en otros negocios- es Jon Azua, de 72 años. Ocupó el cargo entre 1985 y 1987 y luego de 1991 a 1995 fue vicelehendakari y consejero de Industria también. Más recientemente, en 2019, fichó a Jon Darpón luego de que tuviera que dimitir por las denuncias por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018. La Comisión de Ética llegó a intervenir para analizar si este salto de la Sanidad pública a la privada implicaba un conflicto de intereses, pero se estimó que no. Darpón empezó como responsable para Eurasia de Keralty y ahora mismo es director de operaciones mundial para infraestructuras clínicas, según la web de la compañía. Dos de sus colaboradoras en la etapa en el Gobierno vasco, Fátima Ansotegi y Mayte Bacigalupe, ocupan también puestos de responsabilidad en Keralty.

En Colombia, la atención sanitaria se presta a través de entidades llamadas EPS, generalmente privadas. Keralty es una de ellas. Según Petro, su actuación allí está siendo “una barbaridad”, con deudas a hospitales y clínicas, entre otras incidencias. Asegura que Grajales es un “criminal” porque su aseguradora “mata colombianos y niños en masa”. Comete “un crimen de lesa humanidad”, agregó el presidente del país, muy contundente. Agregó, igualmente, que Keralty financia partidos políticos para lograr sus objetivos legislativos. Remarcó que “está prohibido” que entidades extranjeras apoyen “campañas” de organizaciones políticas.

Financiación de la oposición

En concreto, en el contexto de las elecciones de 2022, Keralty hizo “aportes” por valor de 145 millones de pesos. Es el equivalente a unos 35.000 euros. Estuvieron “repartidos en siete partidos o movimientos” de la oposición, en su mayoría centristas o derechistas. A saber, Cambio Radical (40 millones), Centro Democrático (40), Los Verdes (25), la U (15), el Partido Liberal (10), ASI (10) y Colombia Justa y Libre (5). Los datos los facilitó en Radio Caracol -del grupo Prisa- el abogado de Keralty, Juan David Riveros. Mientras Petro sostiene que “ponen el dinero debajo de los políticos” para asegurar su negocio, ya que el Congreso tumbó la reforma sanitaria del Gobierno, la empresa replica que las donaciones las hace una filial creada en Colombia a comienzos de la década de 1991, con nombre Colsanitas, y no la matriz extranjera.

“No es como el presidente lo está queriendo mostrar. Las donaciones se han hecho en el marco de la ley. Es lo que permite la ley. Están registradas en la contabilidad de la compañía y en la de los partidos. Nada se ha hecho de manera oculta. Nada se ha hecho por debajo de la mesa. Nada se ha hecho buscando ningún favorecimiento. Son donaciones prácticamente simbólicas, para contribuir con el proceso democrático. No tienen finalidad de comprar conciencias ni buscar votos en un sentido”, agregó Riveros.

En el origen de esta controversia está la intervención del Estado colombiano sobre la EPS Keralty por supuestas irregularidades. La empresa insiste en que ha operado con “cuatro” Gobiernos diferentes y que ha superado todo tipo de investigaciones y controles sin mácula. “Hemos estado sometidos a escrutinio”, recalca el abogado. También esgrimen que la Corte Constitucional ha levantado ya la intervención y que Keralty vuelve a tener pleno control sobre la empresa.

Si Petro sostiene que Grajales “roba la plata”, su representante legal apunta que “la plata se va en la prestación de servicios” porque “de cada 100 pesos que recibe la EPS tiene que destinar 114 a gastos médicos”. Denuncia también que en el tiempo de la intervención estatal se han demorado pagos y compromisos y se ha empeorado el servicio. En 2022, según 'El País' de Colombia, Keralty acreditó 58 millones de dólares estadounidenses de beneficios en el país, unos 50 de euros al cambio actual. Un grupo de profesionales, en un comunicado publicado este mes de julio, ha asegurado también que la intervención ha acarreado consecuencias más negativas, como un 25% de incremento de la mortalidad entre pacientes crónicos.

“Llevamos en Colombia más o menos 40 años colaborando en la consolidación del sistema de salud. Es lamentable la actitud hostil del presidente de la república. Para el grupo, para los directivos, para los propietarios, por encima de eso está el compromiso con la gente que ha confiado su salud en nosotros. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para continuar aportando el conocimiento, experiencia y los servicios de calidad”, abunda el abogado.

Grajales también se ha pronunciado en primera persona. Lo ha hecho con un comunicado. “Quiero ser claro: la honestidad, la honradez, la ejemplaridad y la trayectoria de una persona -y de una organización- no las conceden los resentidos, ni pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros y conductas que no son modelo para nadie. Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, escribió.

Y ha agregado sobre Petro: “Sigamos en pie. Nuestra mejor defensa está en los millones de personas que confían en nosotros, en cada comunidad que cuidamos, en cada innovación que nace desde nuestro compromiso con la salud y el bienestar. El ruido de la mentira no debe desviar nuestro rumbo. La historia siempre acaba por separar al justo del oportunista, al ético del manipulador. Con la fuerza de la verdad y el alma de nuestro propósito”.

La Audiencia Provincial de Álava revisará el cierre sin celebración de juicio de la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018. Lo hará, al menos, a instancias del sindicato LAB, que ha anunciado ya que presentará un recurso y que seguirá peleando por que exista un reconocimiento de las irregularidades. El otro sindicato personado, ESK, analiza también el auto de la juez de Vitoria que ha firmado el archivo, Blanca Ester Díaz Pulido, la cuarta instructora de una misma causa pero la única que se ha pronunciado sobre el fondo. La causa se abrió por una investigación de la Fiscalía liderada por la fiscal superior en primera persona, Carmen Adán. El ministerio fiscal, a preguntas de este periódico, asegura que también “estudia” un posible recurso.

Eso sí, varias fuentes judiciales insisten en que el recorrido penal de este caso es “nulo”. Ha causado muchísimo malestar en algunos ámbitos que la magistrada instructora dejara durante años paralizado el expediente o que ni siquiera se hayan revisado exámenes o comunicaciones para comprobar si se produjeron o no filtraciones. “Ha sido un desastre”, resume una persona que ha participado en el sumario. Las dilaciones han echado al traste también otras causas o rebajado las penas, incluidos los casos de corrupción más relevantes de los últimos años como De Miguel, Balenciaga, Margüello o Bravo.

Igualmente, la lectura del auto ha herido a personas que denunciaron las filtraciones en su momento. “¿Quién va a dar el paso en vista de lo que pasa?”, lamentan en privado algunas de estas personas. Uno de los denunciantes, Roberto Sánchez, ha concedido una entrevista a TVE con nombre y apellidos. “Poco más o menos nos llama vagos o envidiosos. Y me da un poco de rabia. [El auto] Podía haberlo escrito un Gobierno del PNV”, se ha quejado sobre algunas alusiones personales a quienes declararon como testigos. De él, por ejemplo, señala en cuatro ocasiones que estudiaba árabe y no para los exámenes. “¿A quién escuchó Roberto Sánchez decir que, previo al examen se pasaban las preguntas, te llamaba el miembro del tribunal al que se rendía pleitesía y te daba las preguntas? Una vez más una afirmación carente de fundamento y rigor. Confirma que se presentó a la OPE pero que en lugar de prepararse para ello estudiaba árabe”, redactó la magistrada.

Sobre la doctora Izaskun Obieta, miembro del tribunal de Cardiología y que igualmente alertaba de estas prácticas, rebaja a “puras conjeturas y elucubraciones”. “Y para rematar, dicha testigo finalizó su declaración afirmando que ella se había presentado a dos OPE, que sacó plaza en la segunda, y que por supuesto, a ella no le habían filtrado los exámenes”, se puede leer.

El cierre de la investigación ha dejado una cascada de reacciones. Sin embargo, por el momento solamente LAB ha manifestado que quiere seguir batallando en los tribunales. Califica de “injusta” la resolución y entiende que “no es admisible la impunidad”. Demanda, asimismo, cierto reconocimiento para los denunciantes por las “presiones” a las que se han visto sometidos. Según LAB, las conclusiones “no cuestionan” ni desmontan la solidez de las denuncias e insiste en que las oposiciones manipuladas eran 'vox populi' en Osakidetza, por lo que recalcan que el problema está en la Justicia, que no tiene “voluntad de querer llegar al fondo”. “La Justicia hoy está aportando a estas prácticas un peligrosísimo halo de impunidad”, agrega LAB. Lamenta también que la Fiscalía haya pasado de abanderar la denuncia a hacer un “viraje” hacia otras posiciones. “Es una vergüenza. La impunidad opera así. Sin tapujos”, agrega ESK.

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) también ha cambiado su discurso. En su momento, en 2018, publicó un informe en el que alertaba de filtraciones no ya en las categorías que fueron judicializadas sino incluso en más. Hablaba de “corrupción” y de que era una historia que se repetía, porque en 2011 habría ocurrido algo similar. Ahora, se ha pronunciado con un comunicado: “Lamentablemente, a estas alturas, no hay forma de restituir el daño causado a miembros de tribunales, opositores e incluso a cargos de la propia Osakidetza, que en su momento fueron destituidos u obligados a dimitir”. El informe que elaboraron en su momento ya no está accesible en su página web.

Estos hechos han llevado al PNV a felicitarse por la resolución judicial y a denunciar una “cacería política, sindical y mediática” en torno a este caso. La investigación se llevó por delante al consejero de Salud, Jon Darpón. Es el único que ha dimitido en la larga etapa de Iñigo Urkullu, que ya ha dejado el cargo pero que tardó pocas horas en hacer declaraciones ante esta noticia. También cesaron la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que llegó a recibir ayuda de agentes de la Ertzaintza para evitar a los periodistas cuando pasó por el juzgado como simple testigo, y el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.

El portavoz nacionalista en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, asegura dentro del argumentario de que toca “restituir” el buen nombre de estas personas que deberían dimitir quienes años atrás alentaron este caso, en velada referencia a otros partidos políticos. Este periódico ha cursado una invitación a algunos eximputados y excargos para que expongan su punto de vista y la han declinado. La finalización de la investigación implica también el levantamiento de la suspensión de la asignación de las plazas, aunque en algunos casos la realidad ha quedado superada por traslados o por las nuevas oposiciones que se han solapado en estos años. Se da la circunstancia de que se introdujeron modificaciones en el modelo de las oposiciones a raíz de este caso.

Viernes, 1 de junio de 2018. En Madrid, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura de la historia democrática de España. En Vitoria, en cambio, brotan las primeras denuncias de posibles filtraciones en los exámenes de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que se venían celebrando aquella primavera. Lo que empezó en las especialidades de Anestesia y Angiología fue creciendo y creciendo hasta poner bajo la lupa trece pruebas y llevarse por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros cargos. Seis años después el asunto sigue empantanado en un juzgado de Vitoria que, de hecho, no ha realizado ningún solo movimiento desde al menos octubre de 2022, cuando se limitó a despachar los últimos recursos. La realidad es que nada se ha movido desde enero de 2022. Quizás ni haya juicio pero, si lo hubiere, las defensas de los acusados sienten que tienen asegurada ya una reducción de la posible condena por lo que técnicamente se conoce como “dilaciones indebidas”.

La vía judicial arrancó en la Fiscalía, que al poco de conocerse esas primeras informaciones abrió una preinvestigación. Aunque Osakidetza no facilitó a la fiscal Carmen Adán toda la documentación que había recopilado internamente (se omitieron, particularmente, decenas de horas de grabaciones a opositores, miembros de tribunales y otros conocedores del proceso en las que se oían referencias a un “tongo”), el ministerio público formalizó una denuncia y derivó el caso a un juzgado de Vitoria. El expediente recayó en Instrucción 2. En estos años hasta cuatro magistradas han tenido la responsabilidad de la investigación. Inició el sumario Yolanda Varona, que era sustituta de Ana Jesús Zulueta, la titular de la sala. Luego Zulueta pasó a la Audiencia Provincial y cedió su lugar a Cristina Rodríguez Ruiz. Finalmente, la última titular del caso ha sido Blanca Ester Díaz Pulido.

Al margen de los cambios, el proceso investigador ha sido muy singular. Se llegó a plasmar en una resolución judicial que revisar los exámenes en una causa que precisamente trata de irregularidades en unas oposiciones no aportaba “nada”. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesaridad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, dejó por escrito la tercera de las cuatro magistradas, Rodríguez Ruiz. Y eso que cuando sí se analizaron unos pocos de ellos hubo indicios claros de anomalías. Un ejemplo: en la categoría de Anestesia las opositoras con mejores notas repetían orden de resolución del cuestionario, contenido de las respuestas -palabra por palabra- y hasta los mismos errores. El vocal de un examen llegó a contar que, cuando corregía, tenía la sensación de que los mejores candidatos -los presuntos beneficiarios de las filtraciones- habían presentado “fotocopias”, hojas de respuestas idénticas entre sí y con relación a la plantilla de corrección.

Además de la Fiscalía, han ejercido la acusación dos sindicatos. El más activo ha sido LAB. ESK, de su lado, era la central de tres opositores de Anestesia que fueron los primeros en levantar la voz en su categoría, Manoel Martínez, Marta Macho y Roberto Sánchez. LAB ha intentado sin éxito en variadas ocasiones que se investigue no solamente la irregularidad como tal en el examen sino a la cúpula política de la Sanidad vasca. Las mismas veces que lo ha reclamado le ha sido denegado. El PNV, de hecho, ha celebrado la exoneración de Darpón y se ha valido de ello para denunciar una cacería política contra su figura.

El plazo inicial de investigación finalizó en el verano del 2021 pero se acordó una prórroga de seis meses. En enero de 2022, 'in extremis', las acusaciones lograron seis meses más para que el asunto no muriera. Pero en ese período no se movió ni un papel y, terminado ese medio año, se acordó el final definitivo de la instrucción. Esto fue refrendado por otra instancia, la Audiencia de Álava, en abril de 2023. Ahora está pendiente que la magistrada Díaz Pulido haga público un auto de conclusiones en el que determine si hay base para llevar a juicio a los imputados o si se archiva la causa. Habría también un posible escenario intermedio de sobreseimiento para algunos de ellos y procesamiento para el resto.

¿Quiénes son las personas investigadas? Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Ni siquiera ha habido un criterio homogéneo a la hora de hacer las citaciones de los diferentes exámenes. Un ejemplo: las opositoras de Anestesia no están en la lista a diferencia de los de Angiología aunque son precisamente sus exámenes y notas los que sí se han revisado con más detenimiento en la investigación. Ellas comparecieron como testigos.

Y hay cuatro especialidades sin ningún investigado aunque pesaran sobre ellas las mismas alertas de la Fiscalía: Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular. En general, el patrón común de las treces es que había una gran diferencia de notas entre los aprobados y los suspendidos, llegando a darse el caso de que los mejores opositores presentaban resultados casi perfectos en pruebas de alta dificultad. Además, luego se comprobó que en muchos casos esos candidatos eran colegas de hospital de los autores de los cuestionarios. “Soy el malo de la película, pero tengo la conciencia tranquila. Yo no he filtrado nada [...]. Si hubiera habido acuerdo, [los míos] habrían sacado 100. Pero yo estoy sentado aquí con la conciencia tranquila. No he filtrado”, llegó a explicar el miembro de un tribunal que dijo no haber cometido ninguna irregularidad y que ha declarado en la causa como testigo.

No es el único caso de “dilaciones indebidas”

Fuentes judiciales indican es “previsible” que un plazo “corto” de tiempo se pueda emitir el auto de conclusiones. “Desde Semana Santa parece que está encarrilado”, añaden. Pero nadie sabe precisar una razón concreta para los retrasos ni una fecha concreta para desbloquear el asunto. Entre los acusados se mezclan dos sentimientos. Por un lado, el de la sensación de continuar con una investigación abierta durante años sin noticias ni novedades. Por otro, el más pragmático de que pase lo que pase a partir de ahora podrán ver muy reducida una posible pena. “El atenuante de dilaciones indebidas lo tenemos ganado ya. De hecho, no son dilaciones indebidas, son unas dilaciones de campeonato”, se felicitan en las defensas.

No es algo inusual en los juzgados vascos y, en particular, en los de Vitoria. En los últimos siete días, sin ir más lejos, la pena a la mano derecha de Dmitry Piterman en el Deportivo Alavés, Pepe Nereo, vio rebajada la condena por el saqueo del club de fútbol por “dilaciones indebidas” mientras que siete acusados ni siquiera fueron juzgados por irregularidades en un matadero ya que se les citó a declarar cuando ya se había pasado el plazo legal máximo de la fase de instrucción. Esa atenuante redujo notablemente también las penas en la mayor trama de corrupción vasca, el 'caso De Miguel', aunque aquí no por atascos en la investigación -que fue mucho más ágil que la de Osakidetza a pesar de su notable mayor complejidad- sino en la fase intermedia previa al juicio. Los casos de Margüello, Balenciaga o Bravo también han estado condicionados por los retrasos en la Justicia.

“La dilación del proceso por diferentes circunstancias, como la COVID-19, no puede ser excusa para depurar las responsabilidades penales de lo que supone a todas luces un fraude en la contratación y otros delitos con los que colisiona la práctica de filtración de exámenes de OPE. Existen elementos muy potentes para realizar imputaciones”, sostiene el sindicato LAB preguntado por el futuro que le ven a una causa de la que han hecho bandera. Y añade: “Hemos echado muy de menos en este proceso al resto de acusaciones y creemos que no haber conseguido traer los exámenes y a la cúpula de Osakidetza dejará este proceso con una laguna importante”. Con todo, realizan una “valoración positiva” porque se han puesto “las bases para tratar este tema con la seriedad que merece”. “Somos un servicio público y el acceso al empleo debe ser en igualdad para toda la ciudadanía. Creemos que hemos roto y hemos forzado a sentar las bases para acabar con décadas de inercias establecidas”, abundan desde el sindicato.

En medio, aflora otro problema. Los exámenes investigados datan de la primavera de 2018 y con plazas ofertadas en 2016 y 2017. Osakidetza decretó paralizar la asignación de plazas en las categorías denunciadas y seis años después así continúan. Pero el tiempo ha pasado. Entre los imputados los hay ya que se han jubilado y para los que no tendría ninguna relevancia lo que pudiera derivar del juzgado. Y, sobre todo, se han ido celebrando ya nuevas oposiciones. ¿Cómo se asignarían ahora esas plazas si queda archivado el caso? ¿O cómo se repite una oposición de hace seis años si se constata la irregularidad? Según la web de Osakidetza, están bloqueadas cautelarmente desde octubre de 2019 Anestesia, Angiología, Digestivo, Cardiología, Traumatología, Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias Hospitalarias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular y desde enero de 2020 también Neurofisiología y Neurocirugía. Son trece categorías en total. “Será un marrón para el siguiente que venga”, ironizan desde el actual equipo de Salud, dirigido por la sustituta de la sustituta de Darpón, Gotzone Sagardui, y que previsiblemente dejará el Gobierno en pocos días.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado rodeado en estos doce años de 23 consejeros. Solamente dos, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, han completado con él las tres legislaturas. Pero el socialista Iñaki Arriola, con dos legislaturas ahora y antes otra con Patxi López, también alcanza los tres mandatos. En cifras, diecisiete de los consejeros han sido propuestos por el PNV y seis por el PSE-EE, que ha gobernando en coalición con los nacionalistas desde 2016 y durante dos legislaturas.

En Ajuria Enea, el palacio presidencial, ha habido siete fotografías diferentes del gabinete. Fueron en 2012 con el equipo original, en 2015 cuando Juan María Aburto se fue a la alcaldía de Bilbao y llegó Ángel Toña, tras las elecciones de 2016, en 2019 por dos veces tras las salidas de Alfredo Retortillo primero y de Jon Darpón después -por la crisis de las oposiciones de Osakidetza-, en 2020 con el inicio de la tercera legislatura y en 2023 por el ajuste de Nerea Melgosa por la marcha de Beatriz Artolazabal. Urkullu, nada amigo de las crisis de Gobierno, solamente ha hecho cambios por exigencias electorales de cualquiera de los dos partidos o entre legislaturas. La única excepción es la de Darpón: no ha habido más casos en los que directa e indirectamente un problema de gestión le haya costado el cargo a un miembro del Gobierno. Con todo, él sigue insistiendo públicamente en la buena gestión de Darpón.

A diferencia de otros lehendakaris o de otros presidentes, Urkullu ha dirigido todos y cada uno de los Consejos de Gobierno que se han celebrado, habitualmente en martes. Habrán sido más de medio millar. Incluso, si ha sido preciso, los ha celebrado telemáticamente desde lugares como Japón o Bruselas con ocasión de alguno de sus viajes oficiales. Urkullu ha visitado también Estados Unidos, Canadá, el Vaticano -se vio brevemente con el Papa Francisco- y otros países. De hecho, solamente suspendió uno en febrero de este año por el fallecimiento de su madre pudiendo haber delegado en el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka.

Erkoreka ha sido su 'número dos' desde el inicio. Primero ejerció como portavoz porque, como tal, no existía la vicepresidencia. En 2020 ya adquirió ese rango. Entonces también entró la socialista Idoia Mendia como vicelehendakari segunda. En la tercera legislatura, el portavoz ha sido Bingen Zupiria. El lehendakari también ha tenido otros colaboradores estrechos sin rango de consejero. Txus Peña, hasta su jubilación, fue el secretario general de Presidencia como antes con otros lehendakaris del PNV. El lehendakari ha tenido durante doce años a un mismo núcleo duro con Iñaki Bernardo, Manu Castilla, Marian Elorza, Miren Edurne Erezkano, Luis Petrikorena o Jonan Fernández. Bernardo o Erezkano, por ejemplo, ya ocupaban con él las mismas funciones -Comunicación y Secretaría- cuando era presidente del PNV.

Urkullu cambió dos nombres clásicos, Sanidad e Interior, por Salud y Seguridad nada más llegar al cargo. También ha ido ajustando las denominaciones de las carteras hasta el punto de separar en 2016 Trabajo de Empleo o tener un consejero de Economía y Hacienda y luego de Hacienda y Economía. Aunque ha tenido consejeros no vascoparlantes tanto de PNV como de PSE-EE, buena parte de las reuniones del gabinete se han hecho en euskera. El lehendakari dirige también un Consejo de Gobierno virtual, un grupo de WhatsApp llamado “Eusko Sailburuak”.

El lehendakari podrá argumentar que en su tercer y último mandato (2020-2024) ha tenido una elevada producción legislativa. Ha sacado adelante 59 leyes. Sobrepasan claramente las 28 de la etapa anterior (2016-2020) y las 34 de la primera legislatura (2012-2016). Los tres mandatos han sido diferentes. En el primero el PNV gobernó en solitario y en minoría. En el segundo PNV y PSE-EE formaron una coalición en minoría. Y para la tercera llegó el bipartito con mayoría absoluta.

Tras varios meses de espera, la Audiencia Provincial de Álava ha notificado definitivamente este miércoles que la investigación penal por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) del año 2018 está bien cerrada, según la documentación judicial a la que ha accedido este periódico. Era una resolución esperada y tumba todos los recursos para reabrir la causa de la única acusación que mantenía las espadas en alto, el sindicato LAB. Ahora está pendiente que la instructora del caso, Blanca Ester Díaz Pulido, que es la cuarta en casi cinco años de sumario, determine si con las actuaciones realizadas hasta ahora hay indicios suficientes para celebrar un juicio o si, por el contrario, el expediente queda sobreseído totalmente sin ninguna consecuencia.

Las oposiciones bajo sospecha -había informes estadísticos que mostraban que en varias especialidades las notas más altas eran coincidentes con colegas de hospital de los mejores opositores- tuvieron lugar en la primavera de 2018. En junio, el mismo día en que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno, brotaron las primeras denuncias de irregularidades. Fue la Fiscalía, inicialmente, la que inició una causa y halló indicios de posible fraude, aunque a la vez denunció que no recibió de Osakidetza todo el material de sus expedientes internos. Pero, una vez llegado al juzgado de Vitoria, el caso ha caminado al ralentí, con grandes parones, cambios al frente de la causa e incluso con una resolución en la que rechazaba revisar exámenes en una investigación de irregularidades en exámenes.

En verano de 2021 y en la Navidad de 2022 se aceptaron dos prórrogas en el plazo de investigación ya caducado, pero no condujeron a ningún avance. En el verano de 2022 ya no se aceptó seguir investigando, aunque LAB peleó al entender que faltaban muchos aspectos que analizar, incluida la participación de toda la cúpula política de la Sanidad vasca en el diseño de la OPE. Todos aquellos cargos, también el consejero Jon Darpón, dimitieron por estos hechos. Es este intento final de LAB el que rechaza la Audiencia Provincial, en concreto una sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Marta Cantalapiedra. La tercera ocupa un lugar que suele tener la juez Ana Jesús Zulueta, que fue una de las instructoras y no puede participar en este tipo de cuestiones.

El auto, en todo caso, afirma que el juzgado ha despachado trámites con resoluciones brevísimas y no motivadas. Sus argumentos son “muy escasos” y “genéricos”, le afean desde la instancia superior, según consta en el escrito conocido en puertas de las vacaciones de Semana Santa. “Podríamos estar ante un motivo de nulidad”, llegan a afirmar los magistrados. Pero aseguran que nadie ha planteado esto, así que toca dar por bueno el cierre de la investigación sin posibilidad de nuevos recursos.

Ahora, con los elementos ya analizados estos años, tocará que la instructora haga un dictamen final de conclusiones -de nuevo se le exige que sea motivado- para acordar o bien el cierre total del caso o bien que haya un juicio contra todos o parte de los que han venido siendo imputados. Hay veinte personas en esa lista. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

Ni se han analizado todas las categorías en las que había dudas ni en las investigadas se ha seguido un criterio común de a quiénes citar y a quiénes no. No hay plazo para el informe final de la magistrada Díaz Pulido.

El juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, cuya actual titular es Blanca Ester Díaz Pulido, mantiene bloqueada la causa sobre las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Ni está previsto que continúe la investigación -el plazo, de hecho, ya se agotó en julio de 2022 y la magistrada expresó entonces su voluntad de no ir más allá- ni se está respondiendo a los letrados de la veintena de acusados, que han pedido ya que se archive por completo el caso. Son ya muchos meses de parón los que acumula este sumario y se suman a las dilaciones que ya se produjeron durante la fase en la que la investigación sí estaba abierta.

Los exámenes de esta OPE fueron en la primavera de 2018. A partir de ahí, las primeras denuncias fueron revisadas por la Fiscalía. La propia Carmen Adán, la fiscal superior, lideró las diligencias en primera persona y, a pesar de no contar con toda la documentación que había recabado Osakidetza, decidió elevar el caso a un juzgado al ver indicios de un posible delito. Desde entonces, la causa ha vivido un periplo azaroso. Han sido cuatro las instructoras, Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta, Cristina Rodríguez Ruiz y ahora Blanca Ester Díaz Pulido. En el transcurso de este período se ha llegado a afirmar que revisar todos los exámenes de una OPE no era relevante -aunque los pocos que sí se han mirado tenían patrones comunes de respuesta entre los supuestos beneficiarios de las filtraciones- y ha habido grandes parones. Sin embargo, se concedieron dos prórrogas de seis meses, en julio de 2021 y en enero de 2022.

El pasado verano, expirado ese plazo, ya se emitió un auto decretando el final de la investigación. ¿Para qué seguir estirando el chicle si en las ampliaciones anteriores apenas había habido movimiento? Formalmente, pesa sobre esa decisión de finalización un recurso ante la Audiencia Provincial de Álava de una de las tres acusaciones, el sindicato LAB. Las otras dos, que son la Fiscalía y ESK, han dado por bueno el carpetazo. Pero en octubre este mismo órgano ya confirmó que no procedía abrir nuevas líneas de investigación, tales como el análisis del papel de la cúpula política en las posibles irregularidades que se habrían repetido en una docena de categorías médicas de aquella OPE. Nada apunta a que ahora vaya a revocar el cierre de la investigación si ha señalado que no queda nada más por revisar.

Si eso se confirma, caben dos posibilidades procesales. La primera es que se ordene abrir juicio contra la veintena de personas que han sido investigadas, tanto vocales de tribunales como opositores. Podría ser contra todos ellos o contra algunos de ellos. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

Y la segunda es el sobreseimiento completo de las actuaciones. Confirman dos letrados defensores que la magistrada tiene sobre su mesa desde hace meses esas peticiones y que no ha habido respuesta. “Está todo parado desde hace tiempo. Son asuntos que, cuando entran en vía muerta, se quedan en vía muerta”, lamenta un abogado a este periódico, que plantea también el perjuicio para las personas imputadas durante tantos años. Una u otra opción requerirán de una resolución judicial de la instructora que resuma las actuaciones y extraiga conclusiones. Entre las partes que ejercen la acusación hace tiempo que dan por amortizada esta causa.

En paralelo, el bloqueo de la causa mantiene paralizada la asignación de plazas en las categorías de 2018 investigadas. Aquella OPE correspondía a vacantes de 2016 y 2017 y desde entonces se han convocado en Osakidetza otras dos grandes convocatorias. Precisamente en los últimos días los sindicatos ELA y LAB denunciaron que en los exámenes de diciembre de la especialidad de Neumología detectaron resultados que, como en 2018, podían sugerir la existencia de algunas irregularidades. Salud replicó que la “trazabilidad” de las preguntas estuvo garantizado y que no veía indicio alguno de que se pudieran haber producido filtraciones.

Luis Javier Tellería, portavoz del PNV en la comisión de Salud, se suele quejar de que nadie atiende los discursos que hace, porque al fin y al cabo, la línea en la materia la marca su colega la consejera, Gotzone Sagardui. Experto orador, irónico y vehemente, Tellería lo ha vuelto a recordar este lunes en el Parlamento Vasco. Acto seguido, ha pronunciado unas palabras que, después de años en que Salud y el partido han negado irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018, todavía formalmente bajo investigación judicial, dan a entender que hubo algo más.

Al hilo de la crisis de la OSI Donostialdea, la organización sanitaria de Donostia que ha motivado una rebelión de una cuarentena de jefes de servicio, una de las reivindicaciones de estos cargos intermedios era más poder para poder elegir a sus equipos. Precisamente en 2018, como ha venido publicando este periódico, lo que se investiga es si en la OPE se benefició a candidatos muy concretos ya que las mejores notas coinciden con colegas de hospital de quienes eran miembros del tribunal, jefes de servicio. El Sindicato Médico, en una nota muy elocuente sobre esta crisis, recordó también que en la función pública hay un principio básico: “igualdad, mérito y capacidad”.

Tellería ha considerado que lo ocurrido en el hospital Donostia se ha “magnificado” y ha lamentado que la oposición haya comprado a los jefes de servicio algunas protestas. Le sorprende porque “hace cuatro años”, en referencia a la OPE bajo sospecha, “empujaron al cese” tanto al consejero entonces, Jon Darpón, como a la directora general, María Jesús Múgica. ¿Por qué? Porque, “según ellos, no se impidió suficientemente que algunos aprobados fueran los íntimos de los jefes de servicio”, ha afirmado Tellería.

Hace solamente unos días, también al hilo de los últimos acontecimientos en Donostia, el lehendakari quiso poner en valor no solamente la gestión de su consejera actual de Salud, Sagardui, sino de sus predecesores. Citó a Nekane Murga y también a Darpón, de quien dijo que había sido víctima de una “caza y captura” cuando hay una supuesta “sentencia” -en realidad auto de la fase de instrucción- que dejaba claro que no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido. La línea argumental del PNV siempre ha sido que no hay “elementos objetivos” para demostrar que hubiera irregularidades. “Demandan no hacer OPE y contratar sin más a sus colaboradores”, ha señalado Tellería sobre la plataforma de los levantados en armas en Donostia, para añadir que son “una minoría minoritaria” de 45 personas de una plantilla estructural de “más de 30.000”.

Minutos después ha comparecido en la misma sala Marta Macho, anestesista y la única de los tres denunciantes de irregularidades en la OPE de su especialidad en 2018 que continúa en Osakidetza. Ella misma ha recordado que Roberto Sánchez trabaja ahora en residencias de la Diputación de Álava y que Manoel Martínez ha decidido continuar su carrera en la Sanidad de Cantabria. Su comparecencia, en la que ha denunciado haber sufrido “hostigamiento” por haber alertado de las anomalías en su día y en la que ha afirmado también que “se están desmontando poco a poco un servicio público, como también ocurre con la Educación o con los cuidados, con los servicios sociosanitarios”, ha sido tensa.

La presidenta de la comisión, también del PNV, Elena Lete, ha decidido no dirigir la sesión y ejercer de portavoz de su partido en sustitución, precisamente, de Tellería. “No se lo tome como algo violente, por favor, pero, ¿en nombre de quién viene? ¿Qué reflejo tienen sus quejas?”. ha preguntado en euskera. En medio de peticiones de “respeto” por parte de la presidenta accidental de la comisión, la socialista Susana Corcuera, Macho ha asegurado hablar “en nombre de los trabajadores que han recibido represalias” por denunciar irregularidades.

Por otro lado, este lunes se ha conocido una petición conjunta de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos-IU para que comparezcan en el Parlamento Vasco en enero de manera extraordinaria Itziar Pérez e Idoia Gurrutxaga, altos cargos de la OSI Donostialdea destituidas, y Adolfo Beguiristain, que dimitió con grandes críticas a la gestión sanitaria. Las explicaciones del Gobierno sobre la crisis en esa comarca son “parciales” e “insuficientes” y es “tan necesario como urgente” que la “versión del resto de partes implicadas” llegue la Cámara. ¿Por qué es una petición extraordinaria? Enero, como julio y agosto, es por ley “inhábil” en el Parlamento, lo que implica que salvo habilitación expresa no hay ni plenos ni comisiones.

La Audiencia Provincial de Álava ha dado un paso más para el cierre definitivo de la investigación sobre las denuncias de filtraciones en las categorías médicas de las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebradas en 2018. El tribunal, a expensas de un auto final, abunda así en la decisión adoptada en julio por la cuarta de las instructoras de este expediente judicial, Blanca Ester Díaz Pulido, y rechaza que pueda ampliarse la investigación para que declaren como imputados los altos cargos de la época en la Sanidad pública vasca, incluido el que fuera consejero, Jon Darpón, y que dimitió en 2019 por estos hechos. Ahora falta una nueva resolución que ratifique el cierre de las diligencias, aunque no hay una fecha para este pronunciamiento, según fuentes judiciales.

Lo que había sobre la mesa eran dos recursos diferentes, aunque interconectados. Ambos habían sido interpuestos solamente por una de las tres acusaciones, el sindicato LAB, ya que tanto la Fiscalía como ESK habían dado por buenas las negativas a continuar con la causa. El auto conocido ahora, firmado por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo -que deliberaron sobre este tema en un parón del juicio del 'caso Sansoheta' sobre abusos sexuales a menores tutelados-, impide ampliar las pesquisas a la cúpula de Osakidetza. “No cabe la pesca de arrastre. Hay que hacerlo con caña y anzuelo. Tampoco la acumulación de posibles tipos penales a imputar que indica la parte apelante arroja mucha claridad sobre qué información de hechos imputados podría trasladarse a los señalados para que prepararan su defensa de cara a esa declaración, puesto que a algunos de ellos se les atribuye una responsabilidad indirecta, remota, por omisión, que tiene mucho de hipótesis”, argumenta la terna de magistrados.

Técnicamente, es posible que la Audiencia sí estime el segundo recursos de LAB y dé más tiempo para investigar, aunque el sindicato da por hecho que si se rechazan las nuevas pruebas e imputaciones solicitadas no tiene sentido conceder más tiempo al sumario. Es más, el tribunal recalca en su fallo que existe una “imposibilidad” de que la Audiencia “dirija la instrucción” y enmiende la plana a la magistrada responsable de la causa. Según las fuentes consultadas, ese segundo recurso no tiene fecha para ser resuelto, lo que demorará todavía unos meses el final definitivo de este caso. Ha de ser admitido a trámite y se abrirá un plazo para que todas las partes presenten alegaciones.

Cuando eso se produzca, tocará decidir si se celebra un juicio con las veinte personas que hay imputadas actualmente entre opositores y miembros de los tribunales presuntamente implicados en las irregularidades, pero la investigación ha quedado coja ya que no se han analizado en estos años todos los exámenes de las especialidades sobre las que recaían sospechas -aunque los que sí han aparecido mostraban indicios claros de anomalías- y ha habido largos períodos de tiempo sin que se haya movido un solo papel en el procedimiento. Las defensas están absolutamente convencidas también de que el castillo de naipes se derrumbará y que todo quedará en nada.

En un comunicado, LAB ha lamentado que “no se podrá juzgar al núcleo operativo encargado de idear, planear, organizar y ejecutar toda la trama de las filtraciones en la OPE de facultativos de Osakidetza”. La central había intentado sin éxito el procesamiento de los altos cargos de la Sanidad vasca que, en su momento, fueron dimitiendo por este caso, incluidos el exconsejero Darpón y la que fuera directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que contó con ayuda de ertzainas y funcionarios para huir de los medios de comunicación cuando declaró como testigo en esta causa. “Esta decisión ha dejado la puerta abierta de la impunidad para la antigua dirección de Osakidetza”, entiende LAB, que añade: “Resulta paradójico que, a pesar de contar con una veintena de investigados, ni una sola persona con responsabilidad en el diseño de una OPE plagada de filtraciones vaya a declarar en calidad de imputado”.

El sindicato lamenta también que ni siquiera se hayan revisado los exámenes. La tercera de las cuatro instructoras lo descartó en su día aduciendo que no tenía ningún interés si bien en los que sí han aparecido, de Anestesia o Traumatología, constan errores y redacciones idénticas y hasta las mismas palabras clave subrayadas y en mayúscula. No aportaban “nada”, adujo. Al inicio de la causa Osakidetza tampoco envió todo el material de su investigación interna: concluyó que no había pasado nada pero los testimonios que recabó hablaban de “tongo” para beneficiar a candidatos muy concretos. En general, en los exámenes denunciados se repetía un patrón de que había unas pocas notas altas o perfectas coincidentes casi con el número de plazas en juego y que eran de candidatos que trabajaban como interinos en los mismos hospitales de los que procedían los vocales del tribunal.

En el comunicado en el que ha dado a conocer su posición tras el auto de la Audiencia Provincial, LAB lamenta haberse quedado solo en la pelea por mantener viva esta causa. Critica, de hecho, que la Fiscalía y ESK no hayan secundado la petición de continuar investigando y las pone en el mismo plano que a Osakidetza. “La falta de colaboración de las diferentes direcciones de Osakidetza ha sido una constante desde el minuto uno. Su actitud ha sido entregar -muchas veces con demoras y de manera incompleta- la información que, a impulso de LAB y a cuentagotas, el juzgado les ha ido requiriendo, consiguiendo así tras este último auto, que los exámenes de la mayoría de categorías judicializadas, custodiadas por Osakidetza, no puedan ser analizadas. La falta de ambición y determinación para la búsqueda de la verdad ha rodeado esta instrucción que dura ya cuatro años, en los que el sindicato LAB ha actuado de tractor ante la sorprendente falta de iniciativas del resto de acusaciones. Es una constante que en su momento Txirrita adelantó que, las prácticas corruptas y delitos de 'guante blanco' ni se persiguen, ni se castigan: ”Lapur txikiak kastigatzeko, nonahi badago kartzela. Haundiak hor ikusten ditut, paseoan dabiltzala“ ('Para castigar a ladrones pequeños, utilizan siempre la cárcel. Ahí veo a los grandes, que andan de paseo'). La falta de apoyos del resto de acusaciones en diligencias fundamentales ha sido un hecho sorprendente y seguimos sin comprender cómo quienes públicamente han señalado a la dirección y hablado de red clientelar, no han solicitado en ninguna ocasión la imputación de la antigua dirección pervirtiendo un proceso al reducirlo en muchas ocasiones a un espectáculo mediático de corto recorrido”, interpreta el sindicato.

La Fiscalía, como publicó este periódico, dio por buena la decisión de no prorrogar la instrucción. La fiscal titular del caso, Cristina Vicente Briansó, está de baja y en los últimos meses dos fiscales han asumido temporalmente el expediente, el exfiscal-jefe Josu Izaguirre y el 'número dos' de la institución en la plaza, Álvaro Delgado. En cuanto a ESK, sindicato al que pertenecen los anestesistas Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, que denunciaron desde el hospital de Arrasate-Mondragón la existencia de filtraciones, consideró lo de julio un “paso” y no recurrió el cierre de la investigación. Las defensas de los acusados también aplaudieron esa decisión.

Todavía podrá celebrarse un juicio, aunque no es algo automático o que se pueda dar por hecho. Cuando se resuelva definitivamente el segundo recurso de LAB en la Audiencia, la pelota volverá al tejado de la instructora y tendrá que determinar si hay base para sentar en el banquillo a todos o a parte de los ahora investigados con la documentación y testificales recopiladas hasta ahora. Los imputados son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

“El procedimiento no ha finalizado y existen muchas posibilidades de que se llegue a celebrar un juicio. Entre los investigados hay diferentes grados de participación y aunque serán juzgados los grados más bajos, LAB no renuncia a que las personas que diseñaron la OPE tengan que explicar sus actuaciones en el mismo y aunque no puedan ser objeto de sanción penal, la sociedad pueda conocerlas”, afirma el sindicato.

Puedes leer en este especial de elDiario.es/Euskadi toda la cobertura sobre la OPE de Osakidetza

Primero fue Roberto Sánchez y ahora también deja el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) Manoel Martínez. Así, de los tres anestesistas interinos del hospital de Arrasate-Mondragón que en 2018 denunciaron la existencia de filtraciones en la oposiciones médicas de la Sanidad pública vasca solamente Marta Macho continúa en su puesto. Martínez, que trabajará ahora en Cantabria, afirma haber sufrido “presiones” tras haber alzado la voz y haberse sentido “investigado” mientras que, a su entender, la dirección ha dado cobijo a quienes participaban de este sistema de reparto de plazas, entre los que incluye a jefes de servicio y opositores.

Martínez, de origen gallego, era un recién llegado a Euskadi cuando conoció que -ironiza- “las OPE eran los padres”, esto es, que las plazas se repartían entre los candidatos afines y que de poco servía estudiar. Afirma que acudió al sindicato al que entonces pertenecía, UGT, y que recibió un portazo. “Me dieron largas. Me dijeron que esto pasaba en todos los lados. Acabé cambiándome de sindicato”, rememora. Así aterrizó en ESK con Macho y Sánchez. “Hicimos todo lo que hicimos, que ya es conocido. Ahora Roberto se ha ido y yo también. Queda Marta, que va a tener que aguantar”, resume sobre lo ocurrido estos cuatro años.

Del inicio de aquel proceso recuerda al entonces consejero, Jon Darpón, llamando “kamikazes” a los denunciantes. La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, llegó a avisarles en el Parlamento de que serían denunciados a la Fiscalía por “tentativa de actuación fraudulenta”. Ambos dimitieron meses después. “Y también recuerdo la farsa de investigación interna, que sólo quería despistar a la opinión pública de la red”, añade. Aquellas pesquisas concluyeron que no había irregularidades aunque los testimonios recopilados sí apuntaban a ello. El material no se envió al ministerio fiscal, aunque luego sí apareció cuando el juzgado hizo a Osakidetza un requerimiento específico. “La dirección del ente consiente absolutamente estas prácticas”, entiende Martínez. Añade que en 2022 también fueron investigados tras haber denunciado problemas en su hospital mediante protocolos de conflicto. “Apareció un señor para ver qué pasaba. Los primeros en ser llamados a declarar fuimos nosotros”, ironiza.

Ahora, el caso se halla en una encrucijada. Después de cuatro magistradas al frente de la investigación, a finales de julio, la instructora Blanca Ester Díaz Pulido acordó cerrarla aunque ni siquiera se han revisado todos los exámenes de todas las categorías médicas en las que hay sospechas de filtraciones. Y eso a pesar de que en los casos en que sí se ha hecho han aparecido redacciones casi gemelas, errores comunes o incluso palabras clave subrayadas y en mayúscula. “Hay muchos indicios y si se tiene ganas es fácil demostrar que ha habido filtraciones. Un ejemplo claro eran los exámenes de Traumatología. Si se dejase investigar, se encontrarían cosas similares”, señala Martínez.

Sin embargo, se muestra diplomático con la decisión de su sindicato, ESK, de no recurrir el cierre de la causa, lo que supone 'de facto' darlo por bueno. En su momento, llegó a considerar que esta decisión era un “paso”. “Son decisiones de la cúpula del sindicato que hay que respetar”, señala Martínez. En todo caso, añade: “La parte judicial siempre es una incógnita grande. Nunca se sabe lo que puede pasar. Visto lo visto, en cuatro años de instrucción ha habido cuatro encargadas del caso, ha habido demasiadas trabas y hasta poca voluntad, parece. Se podían haber hecho muchas más cosas. No creo que prospere el recurso y que vaya más allá”, indica sobre la decisión del otro sindicato personado en la causa LAB, de mantener la batalla jurídica.

ESK ha querido 'despedir' a Martínez con una pequeña concentración en la entrada del recinto hospitalario de Arrasate-Mondragón. “Las redes clientelares de Osakidetza que según el PNV no existen están castigando uno a uno en la sombra hasta tener que abandonar su empleo a quienes denunciaron estas tramas y chanchullos. Pese a todo, seguiremos denunciando las irregularidades que detectemos”, entiende la central, que se ha movilizado detrás de una pancarta en la que se leía 'Errrepresiorik ez!' ('no a la represión').

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La Fiscalía ha decidido dar finalmente por bueno el cierre de la investigación seguida en un juzgado de Vitoria por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), celebradas en el año 2018, y no ha presentado recurso contra el auto conocido en julio de la cuarta magistrada que ha tenido el caso, Blanca Ester Díaz Pulido, que entendió que no había motivos para una nueva prórroga. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la Fiscalía, que precisan que, además, ha habido un cambio en el fiscal asignado a la causa. El titular es ahora Álvaro Delgado, teniente de Carmen Cotelo, la fiscal-jefe. Ha sustituido a Josu Izaguirre, que asumió temporalmente este expediente antes del verano ante la baja de la titular, Cristina Vicente Briansó.

Aunque la decisión no está tomada, todo apunta a que el sindicato ESK, personado como acusación popular, tampoco va a recurrir el cierre de un proceso iniciado en buena medida por las denuncias de tres de sus afiliados, los anestesistas del hospital de Arrasate-Mondragón Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez. Lo de julio se vio como “un paso” y ahora, en septiembre, interpretan que la batalla ha de mantenerse no tanto en el plano jurídico como en el ámbito sindical y político. “Las prórrogas sólo han servido para que corra el tiempo. No podemos estar así 'sine die'. Hay que cambiar de estrategia”, afirma Patxi Nicolau, portavoz de ESK. La central recuerda que, en su momento, se prometieron medidas de mejora de las OPE y el objetivo ahora es que sean efectivas para acabar con una práctica clientelar que -entienden- no fue excepcional en 2018.

Así las cosas, cerrados los plazos de recurso, solamente LAB -también acusación popular- mantiene la necesidad de que continúe la investigación. Nada más conocerse la resolución de la juez Díaz Pulido ya emitió un comunicado en el que consideraba que se había producido un “cierre en falso” y que esta resolución solamente podía “agradar” a los imputados y nunca a las otras dos acusaciones. “Rechazar la petición de prórroga” supone “renunciar al esclarecimiento de los hechos”, interpretó LAB, que además mantiene que las imputaciones no han de limitarse a opositores y miembros de tribunales de la docena de categorías médicas bajo sospecha de irregularidades, sino que han de alcanzar a la cúpula del Departamento de Salud de la época. La tercera de las magistradas del caso, Cristina Rodríguez Ruiz, rechazó citar al exconsejero Jon Darpón, y cuestionó incluso la utilidad de revisar los exámenes sospechosos de haber sido filtrados cuando los pocos que se han conocido han mostrado indicios de anomalías. “Cerrar en este punto la investigación afianza importantes espacios de impunidad para los filtradores y para la dirección de Osakidetza que impulsa y protege estas filtraciones para mantener el control de la institución mediante una red clientelar que premia con plazas de empleo público a quienes se pliegan ante los planes de la dirección de Osakidetza”, argumentó LAB.

A efectos prácticos, que haya uno, dos o tres recursos es indiferente. La pelota pasará igualmente al tejado de la Audiencia Provincial y se tendrá que pronunciar. LAB alega que tiene pedidas numerosas diligencias y declaraciones y considera que tocaría reabrir la causa para sustanciarlas. De no atenderse su petición, la magistrada instructora deberá emitir un auto motivo en el que explique qué hará con las pruebas recopiladas hasta ahora y con los veinte imputados. Una opción es sobreseer el expediente por no apreciar indicios de delito y la otra es enviar a juicio a todos o a parte de los investigados.

La OPE se celebró en mayo de 2018. Las denuncias se conocieron el 1 de junio, el mismo día en que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Inicialmente, hubo una investigación interna en Osakidetza que estimó que no había “elementos objetivos” para probar la existencia de irregularidades. Después, la Fiscalía abrió otra pieza en la que sí vio indicios de delito y envió el expediente al juzgado de instrucción 2 de Vitoria, por el que han pasado en este tiempo Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta, Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido. En estos años se ha comprobado que la investigación interna de Osakidetza recabó testimonios que apuntaban a la existencia de “tongo” y que no las envió a la Fiscalía. La investigación ordinaria acabó en julio de 2021 y se acordaron dos prórrogas de seis meses hasta julio de 2022, si bien en ninguna de ellas se han producido grandes avances. Entretanto, la asignación de plazas en las especialidades judicializadas sigue parada cautelarmente, como se recordó este lunes en el Parlamento Vasco.

En la causa seguida en un juzgado de Vitoria por las denuncias de filtraciones en los exámenes de las oposiciones médicas de 2018 en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) son tres las acusaciones y tres las partes que tienen potestad para recurrir el cierre de la investigación decretado este viernes por la instructora, Blanca Ester Díaz Pulido, ya que las tres habían pedido la prórroga. La Fiscalía no se ha pronunciado, el sindicato ESK mostró su malestar pero consideró incluso “un paso” la resolución judicial y LAB es la única parte que, hasta el momento, ha expresado a las claras su deseo de presentar un recurso para tratar de revertir la situación. La central, en un comunicado hecho público este sábado, asegura que la decisión de Díaz Pulido solamente puede “agradar” a los imputados y asegura que quedan muchas diligencias pendientes para esclarecer los hechos. Como ejemplo, en estos años ni siquiera se han revisado todos los exámenes de todas las especialidades médicas bajo sospecha.

Según la nota de LAB, “la magistrada cierra en falso la investigación dejando en el aire las grandes incógnitas” y “rechazar la petición de prórroga” supone “renunciar al esclarecimiento de los hechos”. El sindicato critica, además, los vaivenes en una investigación que ha visto pasar a cuatro juezas en cuatro años hasta el punto de que ve “esperpéntico” que la actual haya alegado que desconocía parte del trabajo anterior en el auto en el que denegaba las prórrogas pedidas por las acusaciones por considerarlas injustificadas. “La ciudadanía tiene derecho a unos servicios de Justicia igual para todos que no dependan de sustituciones”, enfatizan. También ha cambiado el fiscal asignado al caso y ahora, temporalmente, es el exfiscal-jefe de Álava Josu Izaguirre el encargado del expediente. Izaguirre se hizo conocido por su participación en el mayor caso de corrupción vasco, el 'caso De Miguel'.

“La instrucción debe continuar y LAB ya ha empezado a trabajar para superar este último auto y confía en que la Audiencia Provincial atienda nuestro recurso para que quienes diseñaron la OPE declaren y desvelen las incógnitas que esconde un proceso selectivo que acumula 21 categorías medicas investigadas”, abunda el sindicato, que sigue creyendo necesario que no solamente sea analizado el comportamiento de miembros de los tribunales y opositores sino también el de la cúpula de Osakidetza, incluido el entonces consejero, Jon Darpón. LAB señala también que ha ejercido como “actor principal” para avanzar en la investigación porque “la mayoría de las diligencias practicas ha sido a instancias” de sus letrados. Y apostilla: “Cerrar en este punto la investigación afianza importantes espacios de impunidad para los filtradores y para la dirección de Osakidetza que impulsa y protege estas filtraciones para mantener el control de la institución mediante una red clientelar que premia con plazas de empleo público a quienes se pliegan ante los planes de la dirección de Osakidetza”.

ESK ya adelantó su valoración de los hechos este. La central a la que pertenecen los tres anestesistas que fueron unos de los primeros denunciantes afirmó “como primera valoración” que el cierre “es un paso para dar por finalizado un expediente complejo, que se ha alargado en el tiempo”. En todo caso, asume que “debería haberse investigado con mayor profundidad” aunque confía en que lo conocido hasta ahora “sirva para acabar de una vez con este sistema clientelar instaurado en Osakidetza con el aval y el conocimiento de las diferentes direcciones que han pasado” por el Servicio Vasco de Salud. Este periódico ha intentado contactar a lo largo del mes de julio con la Fiscalía para conocer su postura pero no ha recibido respuesta.

Se acabó. La cuarta magistrada en cuatro años en el sumario abierto por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Blanca Ester Díaz Pulido, ha decidido no prorrogar más la investigación, que lleva un año languideciendo en el juzgado de instrucción 2 de Vitoria. Técnicamente, el caso no está cerrado ya que está pendiente un auto motivado de la magistrada por el cual se conozca si archiva la causa definitivamente o si envía a juicio a todos o parte de la veintena de imputados, pero esta decisión impedirá solicitar nuevas declaraciones o documentos si no se ha hecho antes de este 29 de julio. La Fiscalía, por el contrario, había planteado mantener abierta esta causa.

El proceso investigador concluye, por ejemplo, sin que se hayan aportado al juzgado todos los exámenes de todas las especialidades bajo investigación. La anterior instructora, Cristina Rodríguez Ruiz, llegó a afirmar que aquello “no aportaba nada” al análisis de lo ocurrido a pesar de que los pocos ejemplares que sí se han revisado, media docena de Anestesia y los de Traumatología, presentaban indicios de irregularidades como redacciones idénticas en el caso de los opositores con mejores notas e incluso repetición de errores o palabras clave. Un análisis estadístico mostró que en numerosas pruebas las mejores calificaciones coincidían con colegas de hospital de los autores de las preguntas.

Según el auto de la instructora, ni la Fiscalía ni las otras acusaciones (LAB y ESK) “han argumentado de forma suficiente los motivos de la pertinencia y esencialidad” de las cuestiones que ven pendientes y afirma que ya constan en el sumario “múltiples diligencias” para poder extraer conclusiones. Añade Díaz Pulido que ella no puede hacerse responsable de temas que estaban pendientes de su predecesora y admite que ha conocido algunos detalles del caso ahora, “en el momento de resolver sobre la prórroga”. Sentencia que no es posible una ampliación de plazo “preventiva” y remarca que la Audiencia Provincial de Álava tiene pendiente pronunciarse sobre algunos puntos de este caso, lo que podría motivar todavía novedades en la investigación.

Los letrados de buena parte de los imputados (vocales de los tribunales y opositores, en su mayoría) se habían alineado para buscar el final de la investigación. No obstante, la resolución judicial remarca que la decisión “no es firme”, esto es, que queda sujeta a posibles recursos bien en reforma (ante ella misma) o bien en apelación (ante la Audiencia Provincial) con un plazo de tres y cinco días hábiles que es posible que se alargue hasta septiembre porque agosto suele ser inhábil a efectos de notificaciones en el poder judicial.

Los antecedentes

El plazo ordinario de este caso se acabó el 29 de julio de 2021, ahora hace doce meses. Entonces se acordó una primera prórroga de seis meses, aunque se comunicó muy fuera de plazo, ya en septiembre. La primera decisión fue no aceptar la imputación del exconsejero de Salud, Jon Darpón, o de la directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. En enero de 2022, sin apenas avances, se acordó una segunda prórroga, pero en los últimos seis meses no consta ni una sola diligencia nueva en este sumario. Las acusaciones, particularmente los sindicatos LAB y ESK, han intentado dinamizar el proceso, pero no han logrado ganar medio año más para rematar algunas líneas de investigación o, en el caso de LAB, seguir intentando una revisión de la actuación de los responsables políticos. ESK, en una primera valoración, confía en que siga habiendo “recorrido jurídico” a pesar de este portazo y confía en que al menos estos años hayan servido “para acabar de una vez” con un sistema “clientelar”.

En esta investigación, hasta el momento, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

La OPE bajo sospecha se celebró en la primavera de 2018. Antes de los exámenes, la dirección de Osakidetza ya recibió las sospechas de un miembro del tribunal de Cardiología, el doctor Ángel Loma-Osorio. Él y su colega Izaskun Obieta, además, han sostenido que las filtraciones para beneficiar a candidatos eran “vox populi” en la Sanidad vasca. En paralelo, tres anestesistas, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, 'adivinaron' ante notario quiénes de su categoría iban a lograr plaza. En Angiología, otro vocal del tribunal, el doctor José María de Egaña, también alertó de irregularidades.

Darpón ordenó entonces la apertura de una investigación interna que concluyó que no había “elementos objetivos” para corroborar las denuncias aunque la estadística apuntaba en sentido contrario no solamente en Anestesia, Cardiología o Angiología, sino en hasta una veintena de exámenes. Así se lo hizo saber a la Fiscalía. La fiscal Carmen Adán, con todo, decidió enviar el asunto a un juzgado de Vitoria y allí se comprobó que Osakidetza no había enviado todo el material que recopiló en las pesquisas internas. Tenía grabaciones -luego difundidas por este periódico en el verano de 2019- en las que se hablaba de “tongo” o de que los exámenes de los mejores eran “fotocopias” entre sí y respecto a la plantilla de corrección. El consejero dejó su puesto aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, siempre ha defendido su gestión. También han ido cesando Múgica y otros cargos de su equipo.

Los dos sindicatos personados como acusación popular en la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), LAB y ESK, han registrado ya sendas peticiones para que la instrucción sea prorrogada al menos seis meses, hasta enero de 2023, según ha conocido este periódico. Sería la tercera prórroga ya y tendrá que ser resuelta en los próximos días por la juez del caso, Blanca Ester Díaz Pulido, la cuarta desde que se inició el procedimiento. Ambas centrales parten de la constatación de que la anterior ampliación, decidida en enero, no ha servido “de nada” al no haberse registrado ni un solo avance en la investigación en este tiempo. En los seis meses anteriores tampoco hubo muchos movimientos. Este periódico ha consultado también a la tercera acusación, la Fiscalía, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta sobre su posición.

En el caso del sindicato LAB, recalca que lleva meses “reiterando” la necesidad de recopilar nuevos datos, como la totalidad de los exámenes de todas las pruebas bajo sospecha para certificar, por ejemplo, si las mejores notas son de opositores procedentes de los mismos hospitales de los miembros del tribunal. Los pocos originales que se han incorporado a la causa, los de Anestesia y Traumatología, mostraban indicios de anomalías como repeticiones de estructuras, órdenes de respuesta y hasta subrayado de palabras clave en los mismos puntos, así como repetición de errores básicos.

Diferentes análisis estadísticos de aquella OPE mostraron un patrón común: había una abundancia de notas altas -en algunos casos perfectas o casi perfectas en pruebas de elevada dificultad- y en personas con relación con los autores de las preguntas. Asimismo, la central mantiene recurrida la decisión de no citar como imputados a los máximos responsables políticos de la convocatoria, el consejero de Salud, Jon Darpón, o la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. La tercera de las cuatro instructoras, Cristina Rodríguez Ruiz, desechó en primer término esa petición pero el sindicato ha reiterado en numerosas ocasiones que no cree posible que se produjeran las irregularidades sin responsabilidad de la cúpula.

En el caso de ESK, ve con “intranquilidad” el parón en la investigación ya que entiende que tiene “mucho recorrido”. “¿En los últimos seis meses? Nada. Ni un movimiento. Entendiendo que efectivamente es una causa compleja difícil de abordar, no es excusa para que en este tiempo no se haya hecho diligencia alguna”, señala Patxi Nicolau. En todo caso, ESK concede un “margen” a la juez Díaz Pulido, que asumió el caso en primavera, y ve “positivo” el cambio en la Fiscalía, que ha asignado temporalmente al exfiscal-jefe y especialista en causas complejas y de corrupción Josu Izaguirre. La central, en todo caso, ha visto también desestimadas algunas peticiones documentales o de opositoras que fueron aparentemente beneficiarias de las filtraciones. Salvo excepciones, hasta ahora se ha citado a declarar más a los presuntos filtradores que a quienes sacaron las oposiciones.

En este laberinto, una prórroga podría generar contestación por parte de las defensas de los hasta ahora imputados. ¿Cómo se fundamenta mantener abierta una investigación penal contra ellos si ya se le dio más tiempo y no se ha aprovechado? De no aceptarse, dejaría la causa totalmente en el aire a partir del 29 de julio, en el que no se podría hacer ya nada más. Ahí podría ocurrir prácticamente cualquier cosa. La instructora tendría que dictar un auto de cierre con los elementos conocidos hasta ahora y decidir si todos, algunos o ninguno de los hasta ahora procesados tendrían que ser juzgados. Las acusaciones sostienen que un cierre sin haber atendido a peticiones de las partes generaría “indefensión”.

El 29 de julio se acerca. Esta fecha es el final previsto para la investigación que sigue el juzgado de instrucción 2 de Vitoria en relación a las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebradas en 2018. En realidad es la tercera vez que hay una fecha marcada en rojo en el calendario y, por tercera vez, se tendrá que tomar la decisión de si prorrogar o no la causa, lo que llevaría el caso al menos hasta el 29 de enero de 2023.

Sea como fuere, los últimos dos períodos de seis meses que se han ido concediendo han supuesto mínimos avances en cualesquiera direcciones. De hecho, no consta que en lo que va de año se haya practicado ni una sola diligencia nueva. La gran novedad desde que se conociera en mayo que la magistrada Blanca Ester Díaz Pulido es la cuarta instructora del expediente en cuatro años es que también hay un nuevo fiscal asignado temporalmente. Se trata de Josu Izaguirre, según han confirmado portavoces del ministerio público.

Ante la baja de la fiscal Cristina Vicente Briansó, quien hasta hace unos meses fuera el fiscal-jefe de Álava ha sido comisionado para esta causa, posiblemente la más compleja de cuantas están pendientes ahora mismo en el Palacio de Justicia de Vitoria. Izaguirre es ahora un fiscal raso dentro del equipo de Carmen Cotelo, su sustituta.

En su etapa anterior, Izaguirre se significó por haber asumido el liderazgo en la investigación del mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', que se resolvió en primera instancia con fuertes condenas para excargos orgánicos y públicos del PNV encabezados por Alfredo de Miguel. Será precisamente en septiembre cuando el Tribunal Supremo analice los recursos presentados y vaya preparando una sentencia ya firme.

Posible cambio de destino

A la espera de un posible cambio de destino –Izaguirre compitió por ser fiscal superior vasco contra Carmen Adán–, el exfiscal jefe está llevando ahora causas relacionadas con los delitos económicos y asimilados.

En esta investigación, hasta el momento, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones. No se han aceptado, hasta la fecha, las peticiones para la toma de declaración a altos cargos políticos como el exconsejero de Salud en el momento de los hechos, Jon Darpón, del PNV. Se da la circunstancia de que, durante la investigación del 'caso De Miguel', este partido cargó duramente contra Izaguirre por verlo “al servicio del Gobierno del PP” –aunque el caso se inició durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y el juicio terminó con Pedro Sánchez en La Moncloa– y por “maltratar” al partido nacionalista.

Con la Fiscalía ejercen como acusaciones los sindicatos ESK y LAB. Fuentes judiciales explican que todavía está pendiente de resolverse por parte de la Audiencia Provincial de Álava un recurso presentado no ya contra las condiciones de la última prórroga sino de la anterior, decidida hace ya un año y que fue precisamente cuando se excluyó expresamente a Darpón y a su equipo de la investigación. Hay también “otras peticiones no respondidas desde enero”, indican estas mismas fuentes.

Ni siquiera están incorporados a la causa todos los exámenes de las categorías investigadas a pesar de que los pocos que sí han llegado al juzgado, los de Anestesia y Traumatología, presentan indicios de algunas anomalías, como redacciones muy similares, incluso en los errores.

Mientras en el Congreso de los Diputados prosperaba la primera moción de censura de la historia de España y Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno, el 1 de junio de 2018 dos medios de comunicación publicaron las primeras denuncias de que se habían producido filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y el sindicato LAB envió un escrito en el mismo sentido. elDiario.es/Euskadi recogió las posibles irregularidades en los exámenes de Anestesia –denunciados por los médicos Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez– y la Cadena Ser las quejas de un miembro del tribunal de Angiología, José María de Egaña. Desde entonces, la bola de nieve empezó a hacerse más y más grande, con hasta una veintena de categorías bajo sospecha, y hoy es el día, cuatro años después, en que el asunto sigue siendo investigado en un juzgado de Vitoria. Pero semanas antes de esas denuncias públicas hubo una primera alerta de un miembro del tribunal de Cardiología, el doctor Ángel Loma-Osorio, que avisó antes del examen de que iba a producirse un pucherazo y lo constató después al ver exámenes perfectos en tantos aspirantes como plazas en juego mientras el resto tenía una media de suspenso ante una prueba muy difícil. Nadie le hizo caso ni se adoptó medida alguna. “Hay todo tipo de apaños y conspiraciones. En los hospitales se habla de esto con toda naturalidad. En mis 40 años de carrera esto ha sido el uso habitual y general. Lamentablemente, también en otros sitios de España. Son claramente minoría las personas que obtienen su plaza legalmente”, explica ahora en conversación con este periódico.

Loma-Osorio, jubilado desde 2019, ha contado ya todo esto en el juzgado, ante la Fiscalía e incluso en el Parlamento Vasco, que trabajó en una ponencia medidas para mejorar las garantías de futuras oposiciones. Explica que tuvo la “impresión” de que sus colegas en el tribunal de Cardiología tenían un “propósito” de beneficiar a determinados aspirantes “con una filtración” y que eso lo vio “desde las primeras reuniones”. Lo comunicó sin éxito a la presidenta del tribunal, Luisa María Díez Azurmendi. La prueba tenía dos partes. Él fue el comisionado para elaborar la primera y sus compañeros pusieron la segunda. Afirma con rotundidad que “había intención de pasar la información” a los elegidos.

Y salieron las notas. “Cuando se conocieron los resultados, se ve que el primero tenía una curva de distribución de las notas adecuada. Pero, en el segundo, se veía un grupo concreto con un pleno de aciertos, en medio una gran brecha si nadie y el resto suspendidos”, explica. Para él, fue la constatación de que se había producido la filtración que temía. “Informé a la directora general de Osakidetza [María Jesús Múgica] y le propuse no ratificar los resultados”, señala. Tampoco se actuó entonces, aunque recabó el apoyo de otra doctora del tribunal, Izaskun Obieta. Para Loma–Osorio la OPE de 2018 fue la culminación de décadas de sistema “clientelar” por el cual los jefes de servicio de los hospitales lograban adeptos al ir repartiendo las plazas. No duda en calificar el modelo de “corrupto”.

Tres días después de que se hicieran públicas las primeras sospechas, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga y el sindicato ESK hicieron pública un acta notarial con una lista de opositores de Anestesia. Habían adivinado antes del examen quiénes iban a sacar la plaza y lo consideraron una prueba más de la existencia de filtraciones. Además, el análisis de las notas de más de una docena de exámenes mostraba un patrón común: mucha concentración de notas altas y casi perfectas en pruebas difíciles y luego mucha diferente con el resto. Luego se conoció que, además, esos aspirantes con elevada calificación solían ser colegas de hospital de los miembros del tribunal autores de las preguntas. Y años después los pocos exámenes que se han podido revisar muestran que los presuntos beneficiarios de las filtraciones respondieron al cuestionario siguiendo un mismo orden de preguntas –cuando se pueden hacer de manera aleatoria–, con estructuras escritas muy similares y hasta con errores básicos comunes en los mismos conceptos o las mismas palabras clave subrayadas y en mayúscula.

Cuando el Gobierno no entregó las grabaciones que hablaban de “tongo”

El entonces consejero de Salud, Jon Darpón, y Múgica ofrecieron una rueda de prensa en la sede central de Osakidetza, en Vitoria. En ella, Múgica llegó a agarrar del brazo a Darpón para calmarlo ante las preguntas de los periodistas, algo que también le ocurrió semanas después en el Parlamento Vasco, cuando la oposición empezó a cercarle. Salud recalcó que actuó de manera diligente y desde que conoció las primeras denuncias, esto es, desde el 1 de junio. Omitió siempre las quejas previas de Loma-Osorio, que incluyeron una reunión con Múgica. De hecho, Cardiología no se empezó a revisar hasta que salió también en prensa la sospecha.

Lo que hizo Osakidetza fue encargar una investigación interna, que sería elaborada por funcionarios. Una de ellas era Belén Greaves, exsecretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, y dijo expresamente en una de las sesiones de trabajo que confiaba en que el asunto no saliera del ámbito “interno”. Una de las claves fue que aquellas comparecencias se grabaron íntegramente en audio. Terminada la revisión de Anestesia, Angiología, Cardiología y otras muchas especialidades, la conclusión fue que no había “elementos objetivos” que probaran la existencia de filtraciones. Se encargó una informe externo a la Universidad de Oviedo que llegó a la misma conclusión aunque no pudo negar las anomalías estadísticas de las notas. Y ahí quedó la cosa.

Sin embargo, ESK o LAB acudieron a la Fiscalía. La fiscal superior, Carmen Adán, realizó una primera investigación y sí vio indicios de delito a pesar de contar con los informes de Osakidetza que estimaban que no se habían producido anomalías en la OPE. Remitió el caso al juzgado de Instrucción 2 de Vitoria. En el verano de 2019, este periódico comprobó que el Gobierno había enviado al ministerio fiscal solamente el resumen de sus funcionarios y que le había ocultado las decenas de horas de grabaciones con todas las comparecencias. En ellas, varios miembros de tribunales hablan de “tongo” e incluso un vocal de Traumatología apuntó que los exámenes que corrigió eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección.

En medio, dimitieron Darpón –aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, siempre ha defendido su gestión y de hecho frenó su dimisión cuando estalló el caso–, Múgica y el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, entre otros. A Darpón –que dio el salto con algunos de sus colaboradores a la aseguradora privada Keralty– le relevó la doctora Nekane Murga, cardióloga. La doctora Obieta, colega de Loma-Osorio, había declarado lo siguiente en la investigación interna: “En la segunda OPE, que es la que pasé, –supongo que no le importara a la doctora Murga que lo mencione– yo estaba en Mallorca. Había hecho el examen, había vuelto, y coincidimos allí antes de que saliera el resultado del segundo examen. Coincidimos en una charla que ella había ido a dar. [...] Como la conocía, cuando acabó fui a hablar con ella. Y entonces ella me comentó: 'Para no tener el examen, lo has hecho muy bien'. [Silencio] Con comentarios como ésos, con lo que ven mis ojitos, con comentarios de ese estilo… Pero vamos, ya le digo, no es una persona en concreto. Es 'vox populi'”.

Cuatro juezas en cuatro años

En el juzgado, el caso ha caminado a trompicones. Para empezar, han sido cuatro las magistradas responsables de la investigación. Empezó Yolanda Varona, siguió Ana Jesús Zulueta, continuó Cristina Rodríguez Ruiz y ahora, recientemente, se ha incorporado Blanca Ester Díaz. Todos los funcionarios de ese juzgado salvo una persona también han cambiado en este tiempo. La causa ha sufrido largos parones y ha visto la necesidad de dos prórrogas. La investigación como tal se acabará a finales de julio si no media una nueva ampliación. La tercera de las instructoras, Rodríguez Ruiz, decidió no citar como imputados a Darpón y al resto de altos cargos al entender que no planificaron el fraude de la OPE. Múgica sí compareció como testigo y gozó de la ayuda de un comisario y de dos ertzainas para burlar a la prensa a su salida del Palacio de Justicia, lo que motivó una investigación.

Rodríguez Ruiz también sostuvo que la revisión de los exámenes un caso de irregularidades en exámenes no aportaba nada. “En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, escribió. Hasta la fecha, solamente han llegado al juzgado una decena de pruebas de Anestesia y todas las de Traumatología.

Ahora mismo, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones.

Puedes leer toda la cobertura de la investigación por las filtraciones en la OPE de Osakidetza de 2018 en nuestro especial

El juzgado de Instrucción 2 de Vitoria tiene nueva titular desde fechas muy recientes. Se trata de la magistrada Blanca Ester Díaz Pulido. De este modo, esta juez se convertirá en la cuarta responsable en menos de cuatro años de la investigación de las denuncias de filtraciones en los exámenes de las categorías médicas de las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebrados en la primavera de 2018, el sumario de mayor entidad en esa sala. Es un proceso que, además, se halla claramente parado desde hace meses, en concreto desde que en enero se acordó prorrogar la instrucción judicial hasta julio. Fuentes judiciales indican que también han sido numerosos los cambios entre el resto del personal del juzgado.

La investigación preliminar a raíz de varias denuncias la inició la titular de la Fiscalía superior del País Vasco, Carmen Adán, que remitió el expediente a un juzgado de Vitoria. En aquel momento, en la sala estaba Yolanda Varona cubriendo una sustitución, ya que la magistrada titular, Ana Jesús Zulueta, se encontraba reforzando la Audiencia Provincial de Álava, que en aquella época estaba volcada en el macrojuicio de corrupción del 'caso De Miguel'. A su vuelta, Zulueta asumió la investigación pero otra carambola la llevó de nuevo a la Audiencia Provincial: el juez Jaime Tapia fue fichado como asesor del Gobierno de Iñigo Urkullu para la puesta en marcha del nuevo modelo autonómico de Prisiones.

Su hueco quedó cubierto por Cristina Rodríguez Ruiz y de él dio cuenta este periódico en mayo del pasado año. Desde entonces, la causa de la OPE de Osakidetza ha vivido en una montaña rusa. En julio se acabó el plazo ordinario de investigación y se acordó una prórroga hasta enero de 2022 que, sin embargo, no fue comunicada hasta la vuelta de las vacaciones, en septiembre. Con ella se decidió también eximir de responsabilidad penal a la cúpula de la Sanidad vasca en 2018, incluido al consejero entonces, Jon Darpón, que dimitió por este asunto al igual que la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. Igualmente, consideró innecesario revisar los exámenes de todas las especialidades médicas analizadas, una veintena, a pesar de que en aquellas que sí se han podido analizar los documentos han aparecido indicios de anomalías. Es el caso de las pruebas de Anestesia y Traumatología.

“En relación a la aportación de los originales de los exámenes, no resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, llegó a argumentar la juez Rodríguez Ruiz.

Expediente en 'stand by'

El expediente estuvo meses en 'stand by' y solamente se reactivó cuando se aproximaba ya la nueva fecha de vencimiento, a finales de enero. 'In extremis', la instructora dio otros seis meses. Pero ya se ha consumido más de la mitad de ese tiempo y, como confirmaron la pasada semana tres fuentes judiciales a este periódico, no ha habido ni un solo avance en la investigación. De hecho, siguen pendientes algunos recursos desde septiembre. “Está muerto”, describió gráficamente una de las fuentes.

No son excesivas las referencias públicas de la nueva magistrada, Díaz Pulido. Cursó sus estudios en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha ejercido como magistrada de apoyo en la Comunidad de Madrid, ha sido titular de Instrucción 8 de Manresa y en 2019 fue destinada al juzgado de Amurrio, en el que también ha tenido competencias en materia de violencia contra las mujeres. En el caso de Rodríguez Ruiz, por su parte, consta que ha sido destinada ya a varias salas para realizar sustituciones cortas en los últimos días.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) va fijando ya poco a poco el calendario de la nueva oposición que se celebrará en 2022: este jueves ha anunciado que habrá pruebas el 18 y 19 de junio en Vitoria y el 2 y 3 de julio en el BEC de Barakaldo. Sin embargo, la OPE celebrada en 2018 continúa siendo investigada en un juzgado de Vitoria por la cascada de denuncias de irregularidades en las categorías de especialidades médicas. Se cumplen ahora cuatro años de aquellos exámenes en los que se sospecha que hubo filtraciones pero el sumario judicial está completamente parado y sin un horizonte claro. Desde enero, cuando se decretó una segunda prórroga de seis meses en la investigación porque quedaban pendientes declaraciones, recursos y revisión de documentos, no se ha movido un solo papel, según han explicado a este periódico tres fuentes judiciales.

“No ha habido nada y tenemos otra OPE encima”, explica una de ellas. “Me preocupa. Estamos sin ninguna noticia. Somos muy respetuosos con el proceso y entendemos que es una causa compleja pero podría haber un esfuerzo mayor. Que a estas alturas no tengamos noticias es un síntoma de preocupación”, explica Patxi Nicolau, del sindicato ESK, personado como acusación popular desde el inicio de la causa judicial. Otra fuente añade que todavía están pendientes recursos presentados en septiembre y afirma con rotundidad: “Está muerto”. Hoy es el día en que todavía no se han incorporado a la causa todos los exámenes de las categorías bajo sospecha a pesar de que en las únicas dos en que sí se han revisado, Anestesia y Traumatología, hay claros indicios de anomalías, como redacciones en un mismo orden, errores repetidos y hasta palabras clave escritas en el mismo formato.

LAB también está personado. “Sabemos que es una causa de suma complejidad, pero llegados a este punto donde hemos oído testimonios clarísimos, denuncias de filtración o exámenes con subrayados clave no hay otra opción que quienes diseñaron la OPE (el equipo directivo de Osakidetza) respondan a todas las cuestiones que aún siguen sin aclararse”, entienden desde la central, cuyo letrado es Iñigo Santxo y que tiene pendiente que se resuelvan los recursos ante la decisión de no citar como imputados al exconsejero de Salud, Jon Darpón, dimitido por este caso, y otros excargos de la Sanidad vasca. “Nuestra tesis defiende que la dirección sabía de las filtraciones antes, durante y después de producirse y sólo se tomaron medidas de nula profundidad cuando saltó a la luz pública el escándalo. Hay denuncias previas ante las que no hicieron nada y hay reuniones clandestinas de directivos del IVAP [Instituto Vasco de Administración Pública] y Osakidetza con filtradores y beneficiados que se han ocultado durante años. Por otro lado, los exámenes encierran las evidencias más claras como se ha visto en los pocos conocidos hasta ahora, por lo que entendemos que no hay otra opción que aportarlos a la causa”, explica LAB.

El historial de estas diligencias de investigación ha sido, cuanto menos, azaroso. La investigación previa la llevó a cabo la fiscal superior del País Vasco, la recientemente reelegida Carmen Adán y lo hizo sin que Osakidetza le entregara todo el material del que disponía, por ejemplo horas de grabaciones en audio con testimonios de testigos que denunciaban desde “tongo” hasta que algunos exámenes eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección. Después, el caso recayó en el juzgado de Instrucción 2 de Vitoria y por él han pasado ya tres titulares en estos años, Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta y, desde hace un año, Cristina Rodríguez Ruiz.

El pasado verano a Rodríguez Ruiz le correspondía decidir sobre el final del plazo ordinario de investigación. Se vivió un momento de tensión porque pasó la fecha sin que comunicara oficialmente nada y, finalmente, ya a la vuelta de las vacaciones, se emitió un auto autorizando una prórroga de seis meses, hasta finales de enero, y planteando algunas nuevas imputaciones y solicitudes de información. Pasaron los meses sin casi movimientos y, de nuevo, casi al final del período fue cuando surgieron las novedades. Este periódico publicó la llegada de los exámenes de Traumatología años después de que un testigo, el vocal del tribunal Enrique Uriarte, alertara de la existencia de filtraciones. De su lectura se desprende que los aspirantes que sacaron las mejores notas –rayanas a la perfección en muchos casos– coinciden en tener marcada una misma palabra clave –un nombre propio– en cada uno de los tres casos clínicos de que se componía el examen práctico. Son Lenke, Mason y Lichtman –en ocasiones se sustituye igualmente por Reagan Morrey– y siempre aparecen en mayúscula y subrayadas. Incluso aunque estén escritas con pequeños errores, se visan como correctas.

Y de nuevo 'in extremis' se autorizó otra prórroga al entender que había sido “imposible” completar el trabajo. Se fijó como nueva fecha para el final de las pesquisas finales de julio, aunque desde entonces hasta ahora no ha habido ningún avance. Desde el entorno de los imputados ya se había mostrado con las anteriores prolongaciones cierta sorpresa porque no ven muy justificado que se mantenga abierta una investigación y que luego no haya movimiento. Esa nómina, hasta el momento, la componen veinte personas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y los vocales Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones.

La prórroga por seis meses de la investigación de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) -adelantada por este periódico este lunes- no despeja todos los nubarrones sobre el futuro de esta causa judicial. El sindicato LAB, que ejerce de acusación popular, ha alertado de la “excesiva fragilidad” del auto de la magistrada instructora, Cristina Rodríguez Ruiz, ya que acordó la ampliación del plazo con muy escasa argumentación jurídica, lo que abre la puerta a que los imputados puedan recurrirlo y tumbarlo.

En julio, cuando expiró el plazo ordinario y ya fue necesaria una prórroga, ya sucedió algo similar. El acuerdo para lograr más tiempo era brevísimo, sin ninguna explicación. De hecho, las diligencias, imputaciones y testificales que se plantearon se conocieron en otra resolución separada un mes después. Uno de los letrados defensores, el conocido penalista Rubén Múgica, llegó a interponer un recurso. Ahora, LAB plantea un “recurso de reforma” para que no haya riesgo de “nulidad” de los siguientes pasos en esta compleja instrucción judicial llena de avatares.

“Nos congratulamos por el fallo del último auto emitido por la magistrada pero queremos trasladar nuestra preocupación por la falta de motivación expresa de éste. Carece de los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no recoge la opinión del Ministerio Fiscal ni del resto de partes”, explica LAB en un comunicado. Este sindicato fue quien con más intensidad demandó la prórroga y defiende que el caso es de “gran transcendencia para toda la sociedad” como para evitar que se desmorone por tecnicismos. La central asegura que “no va a cejar en el empeño hasta conseguir que se aclare y castigue” lo sucedido en los exámenes de 2018.

En este sentido, afirma que “casi cuatro años después del inicio del escándalo, los exámenes originales no han sido aportados a la causa”. Para LAB tiene gran importancia ya que en los dos casos en que se han podido revisar, Anestesia y Traumatología, han aparecido indicios de irregularidades. “Encierran pruebas definitivas como, entre otras, las técnicas que se utilizan para romper el anonimato”, entiende el sindicato. Igualmente, recalca que la responsabilidad no se acota en opositores y miembros de los tribunales. Insisten en que han de ser investigadas las conductas de los responsables de la Sanidad pública vasca. LAB tiene recurrida la decisión de la instructora de no procesar al exconsejero Jon Darpón y a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, entre otros altos cargos.

La magistrada de Vitoria encargada de la investigación de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, Cristina Rodríguez Ruiz, ha acordado ya la prórroga por seis meses de la causa, aunque la resolución será notificada formalmente el 1 de febrero, según explican fuentes judiciales. Esta decisión, instada por el sindicato LAB como acusación popular, llega después de que la pasada semana se conociera que la revisión de los exámenes de Traumatología arrojaba nuevos indicios de la existencia de irregularidades.

En una resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico y que está fechada el pasado jueves se hace constar que “resulta imposible” dar por finalizada la instrucción y que se requiere más tiempo. Se recuerda, por ejemplo, que algunas partes han recurrido a la Audiencia Provincial de Álava la denegación de algunas imputaciones, como la citación del que fuera consejero, Jon Darpón, de la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y de otros altos cargos de la Sanidad vasca. LAB, como acusación popular, es quien ha solicitado la comparecencia de todos ellos al entender que las irregularidades no se pudieron producir sin su concurso o, al menos, sin su consentimiento. “Debe estarse a la espera de lo que dictamine dicho órgano superior en cuanto a la práctica de dichas diligencias, por lo que se estima procedente prorrogar la instrucción” hasta el 29 de julio de 2022, entiende su señoría.

Los exámenes de la OPE se celebraron en la primavera de 2018. El 1 de junio de ese año, el mismo día en Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy, se hicieron públicas las primeras denuncias en dos de las categorías médicas, Anestesia por un lado (los sanitarios Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez) y Angiología (el doctor José María Egaña) por el otro. Aun sin conocerse las conclusiones de las investigaciones internas que se pondrían en marcha, la primera reacción del Departamento de Salud fue la de rechazar que hubiera “elementos objetivos” que demostraran las filtraciones. Y fue ésa, precisamente, la conclusión principal de ese trabajo interno de análisis. Ya entonces se amplió el foco a una veintena de especialidades médicas en las que se repetía el patrón de que quienes obtuvieron las notas más altas -algunas de ellas rayanas a la perfección- eran colegas de los autores del examen o de los miembros del tribunal.

Con esos datos, la Fiscalía inició una investigación judicial preliminar. Luego se conoció que Osakidetza no había aportado nada más que sus conclusiones y no los testimonios que fueron apareciendo en ese trabajo interno. Muchos de ellos aludían a un “tongo”, a que había habido sospechas claras de filtraciones o incluso a que los mejores exámenes parecían “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección. Este periódico los publicó todos en 2019. Estos testimonios, grabados en audio, llegaron ya al juzgado de Vitoria después de que el ministerio fiscal remitiera el expediente aludiendo a la necesidad de iniciar una investigación ordinaria.

En este tiempo, la causa ha avanzado lentamente, con momentos de gran actividad pero largos períodos sin novedades, algunos originados por la pandemia y otros simplemente por falta de impulso judicial. Por el juzgado de instrucción 2 de Vitoria han pasado desde entonces tres magistradas, Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta y la actual, Cristina Rodríguez Ruiz. Hasta el momento, en una investigación sobre los exámenes de una OPE no se han revisado aún todos esos exámenes. Y todo a pesar de que, cuando se ha hecho en dos especialidades muy concretas, han aparecido indicios de anomalías. En Anestesia, las mejores opositoras contestaron a un cuestionario aleatorio en el mismo orden -y descartando el mismo ejercicio- y utilizaron expresiones y estructuras gramaticales casi idénticas. Incluso repitieron un mismo error básico. Y, en Traumatología, la lectura de los documentos confirmó la denuncia que hizo en su día un vocal del tribunal, que fue quien aludió a estos exámenes como “fotocopias”. La última de las juezas, Rodríguez Ruiz, llegó a alegar que estos papeles no aportaban nada.

Los imputados hasta el momento son 20. Los más recientes son Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi de la OPE de Angiología, Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología, el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana, que fue citado el pasado viernes. Los once anteriores eran José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía), Iñigo Echevarría (Traumatología) y Thais Salas, Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez (opositora y miembros del tribunal de Cirugía Plástica).

Valoración de ESK

Junto con LAB, el sindicato ESK está personado como acusación popular. En un breve comunicado, la central destaca que es una “causa compleja” que “necesita un estudio detallado de toda la documentación posible” para demostrar lo que “para ESK es evidente, la instauración de un sistema clientelar en la adjudicación de determinadas plazas de especialidades médicas”. Entiende también que los actuales responsables de Salud debería adoptar “las necesarias medidas para que estos hechos no vuelvan a suceder”.