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LAB y ESK piden más tiempo para llegar hasta el final en la investigación judicial de las oposiciones médicas de Osakidetza

Carteles de la OPE de Osakidetza de 2018 en una calle de Vitoria

Iker Rioja Andueza

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Los dos sindicatos personados como acusación popular en la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), LAB y ESK, han registrado ya sendas peticiones para que la instrucción sea prorrogada al menos seis meses, hasta enero de 2023, según ha conocido este periódico. Sería la tercera prórroga ya y tendrá que ser resuelta en los próximos días por la juez del caso, Blanca Ester Díaz Pulido, la cuarta desde que se inició el procedimiento. Ambas centrales parten de la constatación de que la anterior ampliación, decidida en enero, no ha servido “de nada” al no haberse registrado ni un solo avance en la investigación en este tiempo. En los seis meses anteriores tampoco hubo muchos movimientos. Este periódico ha consultado también a la tercera acusación, la Fiscalía, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta sobre su posición.

En el caso del sindicato LAB, recalca que lleva meses “reiterando” la necesidad de recopilar nuevos datos, como la totalidad de los exámenes de todas las pruebas bajo sospecha para certificar, por ejemplo, si las mejores notas son de opositores procedentes de los mismos hospitales de los miembros del tribunal. Los pocos originales que se han incorporado a la causa, los de Anestesia y Traumatología, mostraban indicios de anomalías como repeticiones de estructuras, órdenes de respuesta y hasta subrayado de palabras clave en los mismos puntos, así como repetición de errores básicos.

Diferentes análisis estadísticos de aquella OPE mostraron un patrón común: había una abundancia de notas altas -en algunos casos perfectas o casi perfectas en pruebas de elevada dificultad- y en personas con relación con los autores de las preguntas. Asimismo, la central mantiene recurrida la decisión de no citar como imputados a los máximos responsables políticos de la convocatoria, el consejero de Salud, Jon Darpón, o la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. La tercera de las cuatro instructoras, Cristina Rodríguez Ruiz, desechó en primer término esa petición pero el sindicato ha reiterado en numerosas ocasiones que no cree posible que se produjeran las irregularidades sin responsabilidad de la cúpula.

En el caso de ESK, ve con “intranquilidad” el parón en la investigación ya que entiende que tiene “mucho recorrido”. “¿En los últimos seis meses? Nada. Ni un movimiento. Entendiendo que efectivamente es una causa compleja difícil de abordar, no es excusa para que en este tiempo no se haya hecho diligencia alguna”, señala Patxi Nicolau. En todo caso, ESK concede un “margen” a la juez Díaz Pulido, que asumió el caso en primavera, y ve “positivo” el cambio en la Fiscalía, que ha asignado temporalmente al exfiscal-jefe y especialista en causas complejas y de corrupción Josu Izaguirre. La central, en todo caso, ha visto también desestimadas algunas peticiones documentales o de opositoras que fueron aparentemente beneficiarias de las filtraciones. Salvo excepciones, hasta ahora se ha citado a declarar más a los presuntos filtradores que a quienes sacaron las oposiciones.

En este laberinto, una prórroga podría generar contestación por parte de las defensas de los hasta ahora imputados. ¿Cómo se fundamenta mantener abierta una investigación penal contra ellos si ya se le dio más tiempo y no se ha aprovechado? De no aceptarse, dejaría la causa totalmente en el aire a partir del 29 de julio, en el que no se podría hacer ya nada más. Ahí podría ocurrir prácticamente cualquier cosa. La instructora tendría que dictar un auto de cierre con los elementos conocidos hasta ahora y decidir si todos, algunos o ninguno de los hasta ahora procesados tendrían que ser juzgados. Las acusaciones sostienen que un cierre sin haber atendido a peticiones de las partes generaría “indefensión”.

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