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La Justicia cierra la puerta a ampliar la investigación de las filtraciones en las oposiciones médicas vascas de 2018

Los jueces García Romo, Poncela y Cabero, en el reciente juicio del 'caso Sansoheta'

La Audiencia Provincial de Álava ha dado un paso más para el cierre definitivo de la investigación sobre las denuncias de filtraciones en las categorías médicas de las oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebradas en 2018. El tribunal, a expensas de un auto final, abunda así en la decisión adoptada en julio por la cuarta de las instructoras de este expediente judicial, Blanca Ester Díaz Pulido, y rechaza que pueda ampliarse la investigación para que declaren como imputados los altos cargos de la época en la Sanidad pública vasca, incluido el que fuera consejero, Jon Darpón, y que dimitió en 2019 por estos hechos. Ahora falta una nueva resolución que ratifique el cierre de las diligencias, aunque no hay una fecha para este pronunciamiento, según fuentes judiciales.

La Fiscalía da por bueno el cierre de la investigación de las irregularidades en las oposiciones médicas de la Sanidad vasca

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Lo que había sobre la mesa eran dos recursos diferentes, aunque interconectados. Ambos habían sido interpuestos solamente por una de las tres acusaciones, el sindicato LAB, ya que tanto la Fiscalía como ESK habían dado por buenas las negativas a continuar con la causa. El auto conocido ahora, firmado por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo -que deliberaron sobre este tema en un parón del juicio del 'caso Sansoheta' sobre abusos sexuales a menores tutelados-, impide ampliar las pesquisas a la cúpula de Osakidetza. “No cabe la pesca de arrastre. Hay que hacerlo con caña y anzuelo. Tampoco la acumulación de posibles tipos penales a imputar que indica la parte apelante arroja mucha claridad sobre qué información de hechos imputados podría trasladarse a los señalados para que prepararan su defensa de cara a esa declaración, puesto que a algunos de ellos se les atribuye una responsabilidad indirecta, remota, por omisión, que tiene mucho de hipótesis”, argumenta la terna de magistrados.

Técnicamente, es posible que la Audiencia sí estime el segundo recursos de LAB y dé más tiempo para investigar, aunque el sindicato da por hecho que si se rechazan las nuevas pruebas e imputaciones solicitadas no tiene sentido conceder más tiempo al sumario. Es más, el tribunal recalca en su fallo que existe una “imposibilidad” de que la Audiencia “dirija la instrucción” y enmiende la plana a la magistrada responsable de la causa. Según las fuentes consultadas, ese segundo recurso no tiene fecha para ser resuelto, lo que demorará todavía unos meses el final definitivo de este caso. Ha de ser admitido a trámite y se abrirá un plazo para que todas las partes presenten alegaciones.

Cuando eso se produzca, tocará decidir si se celebra un juicio con las veinte personas que hay imputadas actualmente entre opositores y miembros de los tribunales presuntamente implicados en las irregularidades, pero la investigación ha quedado coja ya que no se han analizado en estos años todos los exámenes de las especialidades sobre las que recaían sospechas -aunque los que sí han aparecido mostraban indicios claros de anomalías- y ha habido largos períodos de tiempo sin que se haya movido un solo papel en el procedimiento. Las defensas están absolutamente convencidas también de que el castillo de naipes se derrumbará y que todo quedará en nada.

En un comunicado, LAB ha lamentado que “no se podrá juzgar al núcleo operativo encargado de idear, planear, organizar y ejecutar toda la trama de las filtraciones en la OPE de facultativos de Osakidetza”. La central había intentado sin éxito el procesamiento de los altos cargos de la Sanidad vasca que, en su momento, fueron dimitiendo por este caso, incluidos el exconsejero Darpón y la que fuera directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que contó con ayuda de ertzainas y funcionarios para huir de los medios de comunicación cuando declaró como testigo en esta causa. “Esta decisión ha dejado la puerta abierta de la impunidad para la antigua dirección de Osakidetza”, entiende LAB, que añade: “Resulta paradójico que, a pesar de contar con una veintena de investigados, ni una sola persona con responsabilidad en el diseño de una OPE plagada de filtraciones vaya a declarar en calidad de imputado”.

El sindicato lamenta también que ni siquiera se hayan revisado los exámenes. La tercera de las cuatro instructoras lo descartó en su día aduciendo que no tenía ningún interés si bien en los que sí han aparecido, de Anestesia o Traumatología, constan errores y redacciones idénticas y hasta las mismas palabras clave subrayadas y en mayúscula. No aportaban “nada”, adujo. Al inicio de la causa Osakidetza tampoco envió todo el material de su investigación interna: concluyó que no había pasado nada pero los testimonios que recabó hablaban de “tongo” para beneficiar a candidatos muy concretos. En general, en los exámenes denunciados se repetía un patrón de que había unas pocas notas altas o perfectas coincidentes casi con el número de plazas en juego y que eran de candidatos que trabajaban como interinos en los mismos hospitales de los que procedían los vocales del tribunal.

En el comunicado en el que ha dado a conocer su posición tras el auto de la Audiencia Provincial, LAB lamenta haberse quedado solo en la pelea por mantener viva esta causa. Critica, de hecho, que la Fiscalía y ESK no hayan secundado la petición de continuar investigando y las pone en el mismo plano que a Osakidetza. “La falta de colaboración de las diferentes direcciones de Osakidetza ha sido una constante desde el minuto uno. Su actitud ha sido entregar -muchas veces con demoras y de manera incompleta- la información que, a impulso de LAB y a cuentagotas, el juzgado les ha ido requiriendo, consiguiendo así tras este último auto, que los exámenes de la mayoría de categorías judicializadas, custodiadas por Osakidetza, no puedan ser analizadas. La falta de ambición y determinación para la búsqueda de la verdad ha rodeado esta instrucción que dura ya cuatro años, en los que el sindicato LAB ha actuado de tractor ante la sorprendente falta de iniciativas del resto de acusaciones. Es una constante que en su momento Txirrita adelantó que, las prácticas corruptas y delitos de 'guante blanco' ni se persiguen, ni se castigan: ”Lapur txikiak kastigatzeko, nonahi badago kartzela. Haundiak hor ikusten ditut, paseoan dabiltzala“ ('Para castigar a ladrones pequeños, utilizan siempre la cárcel. Ahí veo a los grandes, que andan de paseo'). La falta de apoyos del resto de acusaciones en diligencias fundamentales ha sido un hecho sorprendente y seguimos sin comprender cómo quienes públicamente han señalado a la dirección y hablado de red clientelar, no han solicitado en ninguna ocasión la imputación de la antigua dirección pervirtiendo un proceso al reducirlo en muchas ocasiones a un espectáculo mediático de corto recorrido”, interpreta el sindicato.

La Fiscalía, como publicó este periódico, dio por buena la decisión de no prorrogar la instrucción. La fiscal titular del caso, Cristina Vicente Briansó, está de baja y en los últimos meses dos fiscales han asumido temporalmente el expediente, el exfiscal-jefe Josu Izaguirre y el 'número dos' de la institución en la plaza, Álvaro Delgado. En cuanto a ESK, sindicato al que pertenecen los anestesistas Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, que denunciaron desde el hospital de Arrasate-Mondragón la existencia de filtraciones, consideró lo de julio un “paso” y no recurrió el cierre de la investigación. Las defensas de los acusados también aplaudieron esa decisión.

Todavía podrá celebrarse un juicio, aunque no es algo automático o que se pueda dar por hecho. Cuando se resuelva definitivamente el segundo recurso de LAB en la Audiencia, la pelota volverá al tejado de la instructora y tendrá que determinar si hay base para sentar en el banquillo a todos o a parte de los ahora investigados con la documentación y testificales recopiladas hasta ahora. Los imputados son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

“El procedimiento no ha finalizado y existen muchas posibilidades de que se llegue a celebrar un juicio. Entre los investigados hay diferentes grados de participación y aunque serán juzgados los grados más bajos, LAB no renuncia a que las personas que diseñaron la OPE tengan que explicar sus actuaciones en el mismo y aunque no puedan ser objeto de sanción penal, la sociedad pueda conocerlas”, afirma el sindicato.

Puedes leer en este especial de elDiario.es/Euskadi toda la cobertura sobre la OPE de Osakidetza

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