El plan municipal para mantener el scalextric que separa Vallecas de Retiro, a la vez que añade mejores conexiones peatonales, llegó este martes al Pleno del Ayuntamiento de Madrid con un debate dialéctico ente el alcalde Almeida y la portavoz de la oposición, Rita Maestre. La segunda le acusó al primero de haber presentado “una maqueta miserable” que no responde a las peticiones vecinales, mientras el primero defendía su proyecto de Vallecas abierto y echaba balones fuera con críticas a la situación procesal del expresidente Zapatero.

“¿Vallecas abierto a qué señor Almeida?”, le espetaba Maestre para responder después: “Abierto al ruido, a la contaminación, a los 300.000 coches” que cada día atraviesan ese punto de Madrid, con 20 carriles dedicados al tráfico rodado. La portavoz de la izquierda le afeó que hace unos días no tuviera “las agallas de ponerse debajo” de este espacio para presentar su plan y se marchara a unas oficinas de la M-30 en la zona de Méndez Álvaro. “Quizás porque hay tanto ruido que no hay forma de hacer una rueda de prensa”, añadía.

“Almeida no pisa Vallecas ni de casualidad (...) ha estado más veces en Miami que en el Puente de Vallecas”, le recriminaba al acusarle que acudía a los lugares “donde está el dinero” y dejaba de lado “los barrios obreros”. “Usted gobierna para los que hacen negocio en Madrid (...) para la foto, para la feria inmobiliaria, para el salseo, allí está el señor Almeida”, remataba.

La respuesta del alcalde llegaba con alusiones a los problemas judiciales de Zapatero y a otros casos de corrupción que afectan al PSOE: “Ustedes son compinches de toda la trama corrupta de Sánchez, de Koldo, de Ábalos, de Cerdán. Siempre es necesario un pagafantas y ustedes son los pagafantas de la corrupción en España, señora Maestre. Son incapaces, más allá de lágrimas de cocodrilo, de poner pie en pared contra el mayor gobierno corrupto”.

Otro de los argumentos del alcalde fue el de saber por dónde circularía el tráfico que pasa por allí: “Usted ha dicho que son 300.000 vehículos los que pasan, ¿le va a decir usted a los vallecanos por dónde pretende que circulen esos 300.000 vehículos? ¿Va a tener usted la valentía y la gallardía de decirle a los vallecanos por dónde van a circular esos 300.000 vehículos?”, remarcaba.

Por último, ha defendido el proyecto 'Vallecas Abierto', “que es más” que lo que hizo el Gobierno de Manuela Carmena y que hace posible que “los vallecanos confíen más” en el PP. Y recordó que Más Madrid pasó del 40% al 25% de los votos en esa zona, comparando las dos últimas elecciones municipales.

Los seguidores rayistas podrán seguir desde su templo una jornada para la historia de su equipo. La Comunidad de Madrid instalará tres pantallas gigantes en el Estadio de Vallecas, de titularidad autonómica, para ver al Rayo disputar la final de la Conference League. El partido del próximo miércoles 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig, frente al equipo inglés del Crystal Palace, se ha convertido en el más importante de la trayectoria del club.

Según avanzan tanto el Gobierno regional como la entidad rayista, se desplegará un monitor frente a cada grada del recinto, que cuenta con más de 14.700 plazas. A diferencia de las últimas finales continentales disputadas por el Real Madrid o el Atlético, en este caso las localidades no serán gratuitas para los abonados. El club ofrecerá las entradas a 5 euros para el público general que quiera vivir el gran momento, sin preferencia alguna para sus socios.

Como viene siendo habitual en el club que preside Raúl Martín Presa, la venta de entradas se llevará a cabo únicamente de forma presencial y sin alternativa online. Para ello, se han establecido horarios especiales de taquilla en el propio Estadio de Vallecas: este mismo lunes 25 de mayo de 15.00 a 21.00, el martes 26 de mayo de 11.00 a 21.00 y el miércoles desde las 11.00 hasta el inicio del partido a las 21.00.

La venta se ejecutará de forma progresiva y sectorizada, en función de la demanda y de criterios de seguridad y control de aforo. En torno al 90% de los abonados rayistas viajarán a Leipzig con o sin entrada para el partido, según cálculos de la Comunidad de Madrid, pero el resto de los aficionados podrá también disfrutar del ambiente del campo durante el encuentro con esta alternativa que busca festejar un día tan importante para la comunidad vallecana.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, avanzó que estaba “dispuesto a estudiar” la colocación de las pantallas en espacios públicos de Vallecas, aunque indicó que el propio Estadio era el lugar idóneo. El regidor ha confirmado este lunes que asistirá a la final de Leipzig para apoyar al Rayo en lo que ha definido como una “oportunidad histórica”.

Arranca el calendario festivo de la ciudad de esta primavera con las Fiestas Populares de Ensanche de Vallecas. El barrio madrileño celebra del 18 al 24 de mayo sus festejos con un programa repleto de actividades para todos los gustos y edades.

Esta es la novena de las fiestas, que llevan celebrándose desde hace nueve años gracias a la organización de la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas, que cumple 23 años trabajando por y para el barrio este 2026. Estas fiestas son posibles gracias al compromiso de asociaciones, entidades, comercios, artistas, empresas locales y vecinos que, año tras año, apuestan por un ocio no comercial, alternativo, cercano y hecho desde el barrio a través de una programación en la que se cuelan espectáculos infantiles, conciertos, talleres y exhibiciones para el disfrute de todos.

Este año, el pregón de las fiestas correrá a cargo de Marisa Pinta García, vallecana de adopción desde hace 30 años. Es escritora, guionista y biógrafa con obras publicadas como Juegos de poder, En la oscuridad o Memoria de un tendero. Aunque el acto inaugural tendrá lugar el sábado 23 de mayo, la programación arrancará el lunes 18 de mayo con un campeonato de Doodle.

El resto de propuestas se llevarán a cabo en distintos espacios como el Bulevar de la Naturaleza, el Parque de La Gavia, el Parque de Lola Camarena y la Explanada de Las Suertes, fomentando la participación comunitaria y el espíritu festivo. Actividades como el taller de perros, la exposición El Pan de Vallecas o los juegos de mesa se combinan con las diversas actuaciones musicales y las actuaciones infantiles, propiciando un ambiente de convivencia y diversión en el que todos los vecinos toman parte.

Las fiestas finalizarán el domingo 24 de mayo con una gran paella popular que pondrá el broche de oro a una semana festiva. Como siempre, la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas invita a todo el mundo a sumarse a la celebración, con el objetivo de fortalecer los lazos vecinales y disfrutar juntos de un barrio en constante crecimiento y dinamismo.

Puedes consultar a continuación el programa completo de las Fiestas Populares de Ensanche de Vallecas 2026:

Lunes, 18 de mayo

Martes, 19 de mayo

Miércoles, 20 de mayo

Jueves, 21 de mayo

Viernes, 22 de mayo

Sábado, 23 de mayo

Domingo, 24 de mayo

La concejala de Más Madrid en Puente de Vallecas, Olga Martínez, ha enviado una carta al presidente de la Junta Municipal del distrito donde solicita la instalación de pantallas en los alrededores del Estadio de Vallecas para la final de la Conference League. Un partido histórico para el club de la franja que se disputará en Leipzig (Alemania) el miércoles 27 de mayo y ante el cual el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no cierra la puerta a que pueda seguirse en un gran evento público.

“Solicito que esta Junta de Distrito valore, junto con las áreas competente del Ayuntamiento de Madrid, la instalación de pantallas gigantes en nuestro distrito. El histórico momento que vive el club y la enorme ilusión que ha despertado entre la afición vallecana hacen necesario que las instituciones estén a la altura y faciliten espacios públicos donde las vecinas y vecinos puedan reunirse para seguir el partido de manera segura, accesible y colectiva”, recoge la misiva remitada por la edil al concejal Ángel Niño.

Propone para ello “una ubicación especialmente significativa para nuestro barrio: en los alrededores del Estadio de Vallecas, casa del rayismo y símbolo de identidad para generaciones de vecinas y vecinos”. Defiende que “se podría hacer uso del recinto ferial del parque Payaso Fofó, un espacio amplio y adecuado para acoger a cientos de personas en un ambiente popular y familiar”.

“Vallecas es un barrio que vive el fútbol como parte de su identidad colectiva. Esta final supone un acontecimiento excepcional, que trasciende lo deportivo y representa también el orgullo de un barrio trabajador y luchador que quiere vivir este momento unido. Creemos que facilitar estos espacios públicos contribuiría, además, a garantizar una celebración organizada, segura y accesible para toda la afición, evitando desplazamientos innecesarios y favoreciendo la convivencia vecinal. Esperamos que el Ayuntamiento atienda esta petición y colabore para que Vallecas pueda disfrutar de una cita histórica como merece”, concluye el escrito remitido al miembro del Ejecutivo municipal responsable del distrito.

Olga Martínez ha formalizado la exigencia después de publicar un vídeo en TikTok en el que reclamaba la misma iniciativa: “El Rayo está haciendo historia y Vallecas forma parte de ella. Tiene un barrio detrás y ese barrio tiene un empuje que puede más que todos los millones. Por eso el Rayo va a jugar la final de la Conference”, expone, antes de lanzar una cuestión: “¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Madrid aún no haya anunciado la colocación de pantallas gigantes para que todo el barrio pueda vivir unido esta final histórica?”.

Almeida, desde la sede de Calle 30 en Méndez Álvaro, ha explicado en respuesta a una pregunta de Somos Madrid al respecto que “lo más razonable por seguridad y logística” sería instalar estos elementos de retransmisión dentro del propio estadio, aunque están “dispuestos a estudiar diferentes escenarios”.

El seguimiento desde los estadios ha sido la norma en otras citas futbolísticas que no involucran a la Selección Española (cuyos grandes efrentamientos sí suelen tomar el espacio público), como la última final continental disputada por un equipo madrileño. Fue en 2024, cuando el Real Madrid se impuso en el encuentro definitivo de la Champios ante el Borussia Dortmund. En aquel entonces, la entidad blanca habilitó pantallas para que los hinchas vieran el encuentro en el Santiago Bernabéu. La falta de iniciativa desde la directiva del Rayo a la hora de emprender acciones socioculturales, así como su menor potencial económico, dejan dudas sobre si emularán esta práctica de manera autónoma.

Almeida no ha perdido la oportunidad para destacar la “proeza” del Rayo y calificarlo como “el primer equipo de Madrid en estos momentos”, así como “el único de la ciudad que ha estado por encima de las expectativas deportivas durante este año”. El regidor lanza así un reproche velado al Real Madrid e incluso al Atlético de Madrid, equipo del que es un seguidor declarado (y al que ha puesto la alfombra roja municipal).

El Rayo Vallecano ha logrado un hito histórico, alcanzar su primera final europea, después de eliminar en semifinales al Estrasburgo francés (uno de los grandes favoritos). Se enfrentará al Crystal Palace, también equipo de barrio, en su caso londinense. La Conference, creada en 2021, es la tercera competición de la UEFA por importancia y prestigio. Hasta el momento ningún equipo español ha logrado alzarse con el trofeo, hazaña que solo han consumado la Roma italiana, el Olympiakós griego y dos clubes londinenses: West Ham y Chelsea. Precisamente ante el equipo blue cayó la pasada temporada el Real Betis, primer equipo español en alcanzar el partido definitivo. El contundente resultado fue de 1 a 4.

“Se trata de marcar con valentía el rumbo necesario para impulsar, en el sentido del proyecto Peironcely 10, la realización de un Centro Robert Capa impulsado por la ciudadanía”. Es la frase que resume la petición enviada por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Leipzig (Alemania), Skadi Jennicke, a su homóloga en Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

El escrito plantea al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida instaurar un espacio de memoria en esta zona de Entrevías que recoja el espírituo de la Capa Haus, una instalación museística sobre la obra del fotógrafo húngaro instalada en el mismo lugar de la urbe alemana donde tomó la famosa instantánea Fotografía del último hombre en morir. Una poderosa imagen, tanto como la que Capa captó durante los bombardeos del bando franquista en lo que hoy es Entrevías durante la Guerra Civil. Una casa arrasada por las bombas ante la indefensión de la infancia, convertida ya en Lugar de Memoria Democrática.

“A través de impresionantes imágenes, Capa retrató la liberación de Leipzig del fascismo en abril de 1945. Al mismo tiempo, puso de manifiesto el alto precio que no solo Alemania tuvo que pagar por recuperar la libertad y la democracia. Ya en 1936, nueve años antes, documentó las consecuencias de los bombardeos fascistas sobre la población civil republicana de Madrid. Tanto en Leipzig como en Madrid son ciudadanos comprometidos los que abogan por la conservación de lugares de importancia histórica”, expone el documento.

“En Leipzig, en el barrio de Lindenau, en un edificio donde tuvieron lugar los acontecimientos de 1945, surgió un ejemplo destacado de la cultura europea de la memoria. En estrecha colaboración entre iniciativas de la sociedad civil y el Museo de Historia de la Ciudad se desarrolló un concepto visionario consolidad como lugar de reflexión crítica sobre la historia y, al mismo tiempo, como centro de encuentro vivo con alta calidad de estancia e impacto público”, prosigue Jennicke. “Una resolución del Ayuntamiento, respaldada por todos los partidos, reafirmó y consolidó este proyecto. Hoy en día, la Capa Haus atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo; precisamente gracias a su coherente perfil en materia de cultura de la memoria, se ha convertido en un importante punto de referencia turístico”.

Para la responsable de Cultura de la ciudad centroeuropea, “igualmente auténtico es el de Peironcely 10, en Madrid”. “A través del intercambio y la creación de redes, se puede seguir reforzando la importancia de este proyecto en España. Al mismo tiempo, la Capa Hausde Leipzig constituye un ejemplo de cómo se puede conservar, acondicionar y hacer accesible al público de forma sostenible un lugar de importancia histórica mundial. Ambos lugares tienen en común que son gestionados y diseñados por la propia sociedad. De ello puede surgir una red de lugares de encuentro europeos que, siguiendo el espíritu de Robert Capa, trabaje por la paz, el entendimiento y los derechos humanos, y siga creciendo”, explica.

Un proyecto cultural que no convence a plataformas por la memoria ante el “borrado histórico”

La misiva llega después de que el área de Cultura anunciase que el solar de Peironcely se convertirá en el Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, una dotación municipal para jóvenes, con talleres y actividades culturales gestionadas por la Fundación José María de Llanos. Aunque conservará una de las viviendas como espacio para contextualizar el edificio en la historia de la ciudad y en la obra de Capa, las asociaciones memorialistas y vecinales involucradas en su conservación (con la plataforma #SalvarPeironcely10 a la cabeza) siempre pidieron un museo de primer orden sobre la memoria de los bombardeos y del barrio.

El International Center of Photography (institución valedora del legado histórico del fotógrafo), liderado por la propia Capa Haus de Leipzig, criticó ya el “borrado histórico” en el anunciado centro sociocultural. Por ello, “prohíbe el uso de la imagen del fotógrafo en cualquier proyecto que no cuente con la aprobación de la plataforma #SalvarPeironcely10”.

Esta ubicación ha sido utilizada en los últimos años por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y otras entidades memorialistas o vecinales agrupadas en #SalvaPeironcely10 como bandera de recuperación de la memoria del lugar a través de actividades culturales. Además, se han llevado a cabo distintas campañas arqueológicas en la zona que han servido para conocer mejor el día a día del barrio bombardeado y posteriormente habitado por recién llegados a la ciudad durante la posguerra. La puesta en valor ciudadana del entorno ha dado muchos frutos, que ahora ven también la luz en forma de nuevo centro cultural juvenil para la barriada. La cuestión es si eso eso es suficiente o deben seguir luchando por que la dotación honre un lugar que es historia viva de la barbarie y la memoria de Madrid.

El pasado 16 de abril el Rayo Vallecano certificaba en Atenas su paso a semifinales de la Conference League ante 1500 aficionados del equipo, que se desplazaron a la capital griega para presenciar uno de los partidos más importantes de la historia del club. Solo dos días antes, alguno de los hinchas de La Franja que ese día animaban a su Rayo estaba en un emotivo acto de recuperación de la memoria histórica de su campo. No cabe duda de que, el de Vallecas, es uno de los equipos cuya impronta trasciende más lo puramente deportivo.

El proyecto por la recuperación del campo de concentración de Vallecas sale de Bukaneros e implica de manera más directa a un grupo de personas reunidas para la ocasión, que está trabajando en la elaboración de un libro (saldrá principios de 2027) como punta de lanza de un intento más amplio por conocer y divulgar el campo.

Poco antes de terminar la guerra, Franco autorizó a sus generales a abrir campos de concentración “en los sitios que estimen más conveniente, por razones de higiene, vías de comunicación y emplazamiento”. El periodista e investigador Carlos Hernández de Miguel contabilizó 298 campos de concentración en España, por los que pasaron entre 700.000 y un millón de españoles.

Uno de los lugares que se habilitaron a tal efecto fue el campo de Vallecas. Allí recabaron gran número de vallecanos y madrileños procedentes de toda la ciudad. Empezó a funcionar el 1 de abril de 1939 y el día 4 ya tenía más de 9.500 prisioneros. Su vida fue efímera, por lo que se conoce poco del mismo.

Durante el acto del día 14, hablaron seis o siete descendientes de personas internadas en el campo de concentración y se logró el contacto de varios familiares más. Este es uno de los objetivos de estas presentaciones: localizar más testimonios y seguir recabando retazos de memoria sobre una experiencia carcelaria muy desconocida. También se puede contactar con ellos a través de internet.

Hablamos con Juan Jiménez Mancha, bibliotecario-archivero e historiador de lo vallecano, que coordina el proyecto. Alrededor de la mesita de una cafetería del barrio de Vicálvaro, fue desgranando la intrahistoria y la marcha de este proyecto, inusual en un equipo de fútbol. “Era frecuente entre la gente que hablamos o escribimos sobre la historia del Rayo que saliera el tema del campo de concentración del Estado de Vallecas. Siempre contábamos lo mismo: que había durado un mes, que había llegado a albergar a cerca de 10.000 prisioneros… y poco más. Pero paralelamente ha ido creciendo el interés de la afición por la historia del equipo”, explica.

El origen del proyecto hay que buscarlo en unas jornadas de memoria histórica sobre el campo de concentración celebradas en el Ateneo Republicano de Vallecas en 2025, de cuya organización se hizo cargo Bukaneros. La experiencia tendrá lugar de nuevo el próximo 26 de abril en el mismo lugar, durante las segundas jornadas organizadas por Bukaneros y la agrupación de peñas ADRV.

Juan insiste, una y otra vez, en que hablamos de un proyecto coral. Su trayectoria como historiador del Rayo le hace un perfecto coordinador y, para esta entrevista, portavoz de este proyecto, que se está desarrollando con una perspectiva horizontal. Ha escrito un libro sobre la historia del Rayo, otro del Cerro del Tío Pío (antes de ser el parque de las Tetas) y una biografía de Felines, la leyenda rayista.

En Madrid hubo al menos 16 campos de concentración y está muy poco contado. Salvo el del Grupo Escolar Miguel de Unamuno, en Delicias, duraron poco tiempo. Hoy decimos que eran campos de clasificación, temporales, pero cuando lo estudias te das cuenta de que no se puede estar seguro de que nacieran con esa intención

En aquellas primeras jornadas los acompañó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Jiménez Mancha solo tiene buenas palabras para él y para el difunto Carlos Hernández de Miguel, autor de Los campos de concentración de Franco. Ambos siguieron de cerca el crecimiento del proyecto sobre el campo de Vallecas.

“Hablamos de proyecto porque no es solo el libro, también vamos a difundir la historia del campo de concentración que estamos rescatando, lo vamos a llevar, por ejemplo, a centros educativos y todo tipo de colectivos de Vallecas y otros barrios de Madrid”, advierte.

“En Madrid hubo al menos 16 campos de concentración y está muy poco contado. Salvo el del Grupo Escolar Miguel de Unamuno, en Delicias, duraron poco tiempo. Hoy decimos que eran campos de clasificación, temporales, pero cuando lo estudias en profundidad te das cuenta de que no se puede estar seguro de que nacieran con esa intención, no hay documentos que así lo certifiquen. Lo que si es verdad es que había tanto rojo en Madrid que se vieron sobrepasados”, explica.

El ochenta por ciento del colectivo que está llevando a cabo la investigación son gente del Rayo Vallecano, un grupo de aficionados al fútbol que son, a la vez, profesionales con diversos perfiles perfectos para llevar a cabo la empresa. “Cuando vamos a los sitios decimos: somos los del Rayo. Llama mucho la atención a la gente”, cuenta con gracia Juan. A continuación, resalta el carácter solidario que tiene una gran parte de la afición del equipo vallecano, y encuentra ecos de este carácter en las historias que están rescatando. La de las mujeres vallecanas llevando comida y mantas clandestinamente a los presos durante aquellos días lluviosos de abril, por ejemplo.

En el viejo Estadio de Vallecas, inaugurado en 1930, jugaba como local el Racing de Madrid, un equipo histórico de Chamberí cuya camiseta lucía rayas rojas y negras. La extensión de la Línea 1 de metro hasta Puente de Vallecas había acercado aún más Vallecas a Madrid de lo que ya estaba, lo que hizo que el equipo chamberilano se decantase por esta ubicación para hacerse con un moderno estadio. El esfuerzo económico le costó la ruina y lo llevó a la desaparición en 1931. Su fantástica historia está muy bien contada en En El último gol apache, de José Manuel Ruiz Blas, por cierto. El Athletic de Madrid también hizo uso del campo antes y después de la guerra, mientras se reconstruía el Stadium Metropolitano, muy dañado durante la contienda.

Pero en el ínterin, antes de que el fútbol regresara a Madrid con un Aviación Nacional-Deportivo Alavés celebrado el 2 de mayo de 1939 en Vallecas, el estadio fue campo de concentración, como hemos explicado. También lo fueron otros espacios grandes como Las Ventas, la plaza de toros Carabanchel, el viejo Chamartín o el Metropolitano

En 1972 se emprendió la demolición del campo y su sustitución por el actual campo de Vallecas en el mismo lugar. Durante los años en los que se prolongaron las obras, el Rayo jugó en el estadio de Vallehermoso y en 1976 se inauguró el nuevo coso.

“Ha habido gente que ha tenido una relación muy importante con el campo. En la elaboración del libro participan familias que pertenecen a varias generaciones de rayistas y vallecanos. Contamos con el caso de una persona cuyos padre y abuelo estuvieron en el campo. Su padre era del Rayo y empezó a llevarle al campo de Vallecas. Es gente que ha tenido una relación muy especial con el lugar porque aunque el campo original se tirara el nuevo está en el mismo sitio y sus sentimientos atraviesan el cemento”, relata Jiménez Mancha.

Han peinado archivos y hemerotecas en busca de la poca información disponible sobre el campo, pero los testimonios de familiares serán una de las piedras angulares del libro. “Es un trabajo que se está haciendo colocando ladrillo a ladrillo. Hay muy poca información y estamos reconstruyendo una historia diseminada por toda España porque hubo gente de todos lados. Por eso, aunque ya hemos recogido muchos testimonios, estamos abiertos a que nos lleguen los más posibles. Hay gente que piensa que no merece la pena porque saben poco pero no es así, esa anécdota que contaba puede ser importante. No hay ninguna relación de la gente que estuvo en el campo de concentración así que son muy significativos todos los nombres y también todos los silencios”, explica.

Desde el grupo parecen mirar con cierta envidia los pocos casos de recuperación de la memoria histórica paralelos al suyo que han ido apareciendo en los últimos años con apoyos oficiales. Se han puesto en contacto con ellos desde el Centro de Memoria Histórica de Miranda del Ebro, montado a partir del campo de concentración que hubo allí, que fue el que más longevo de la posguerra. Pronto irán a visitarlo. Pero a pesar de la falta de apoyos institucionales –desde administraciones o el propio club– están acostumbrados a montárselo por su cuenta, demostrando la potencia de la afición de un equipo de barrio cuya afición ha sabido hacer universal desde el orgullo local.

Las bibliotecas fantasma en el subsuelo de la capital podrían volver a la vida. Al menos, algunas de ellas. Fuentes de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, impulsora del proyecto Bibliometro, aclaran en declaraciones a este periódico que “en el nuevo convenio se incluirán los módulos instalados en las estaciones de Metro de Carabanchel Alto, Chamartín, Mar de Cristal, Sierra de Guadalupe, Nuevos Ministerios, Puerta del Sur, Embajadores, Moncloa y Legazpi”.

Esto supone recuperar cuatro de los seis Bibliometros previamente administrados por el Consistorio y cerrados desde el pasado verano: Nuevos Ministerios, Embajadores, Moncloa y Legazpi. Desde la Consejería justifican a Somos Madrid la apuesta por estas paradas ya que “son las estaciones con más tránsito y en las que se efectuaban más préstamos”. Los de Canal y Aluche permanecerán fuera de servicio, sin que el departamento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aclare de momento qué ocurrirá con las infraestructuras. Por ejemplo, si se desmontarán para dejar más espacio libre en los vestíbulos.

Mención aparte merece Puerta de Arganda, cuyo Bibliometro ha permanecido operativo al ser de gestión autonómica, pero que ahora podría enfrentarse a su retirada del servicio. En la Consejería de Cultura lo dejan fuera del nuevo convenio en sus declaraciones a este medio, aunque apostillan que “hasta que esté listo se va a renovar el contrato”. Fuentes de la plantilla consultadas por este diario ya apuntaban la posibilidad de su futura clausura al ser el puesto “con menos demanda” de todos los desplegados hasta el momento, al tiempo que alertaban de la inquietud entre el personal ya que el convenio actual de los Bibliometros gestionados por el Gobierno regional caduca ese 30 de abril.

De la externalización al abandono

Instalados en 2005, los Bibliometros son pequeños recintos en los vestíbulos de doce estaciones de la red, cada uno con alrededor de 1.700 títulos. Un importante porcentaje de ellos son novedades, principal aliciente respecto al servicio tradicional de préstamos que lo ha convertido en un servicio muy valorado por viajeros habituales u ocasionales.

Sin embargo, el pasado julio cerraron sorpresivamente seis de los doce módulos, los gestionados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Así lo acreditan personal de Bibliometro, la propia Consejería de Cultura autonómica o diversas publicaciones oficiales, aunque el área homóloga del Ejecutivo municipal sostiene que “depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”.

Una empleada contaba a este diario que “el Ayuntamiento lleva años desentendiéndose”: “Pasaron de los seis puestos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados. Ya antes, no venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamentaba para ilustrar esa dejadez. Cree que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones.

Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abonaba a su plantilla justamente el salario mínimo. Lo recoge una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Inquietud en una plantilla con condiciones precarias

Apunta la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Además, “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”. De este modo, aunque los seis Bibliometros de control autonómico también tienen una gestión externalizada, en ese caso no ha tenido unos resultados tan negativos (derivando incluso en el fin del servicio).

La trabajadora contaba a Somos Madrid la inquietud que estaba generando en la plantilla la proximidad del vencimiento de convenio sin que conocieran ninguna novedad. Si la Comunidad de Madrid no readjudica el contrato o asume la gestión, los puestos operativos se verían abocados al cierre y el equipo humano (“en torno a una decena de personas”) al despido.

De momento, parece que no será así y los Bibliometros seguirán operando de lunes a viernes entre las 13.00 y las 20.00. Lo harán con algunos módulos recuperados, pero sin regresar eso sí a los 20 años en los que han funcionado con doce puntos repartidos por una red subterránea cada vez mayor. El número de estaciones o de viajeros no deja de crecer, pero este servicio debe contentarse de momento con resistir.

Gloria, vecina de la calle Bravo Murillo de Madrid, acudía habitualmente al puesto de Bibliometro de la estación de Canal. Situada a tiro de piedra de su casa, era un punto de paso en cualquier desplazamiento por la ciudad. No tenía ni que desviarse para entregar o tomar prestado alguno de los 1.700 títulos de cada módulo con los que cultivar su afición a la lectura. Especialmente novedades recientes, una de las principales bazas de este servicio subterráneo frente a las bibliotecas tradicionales. Pero, desde hace meses, a Gloria le toca recorrer unos cuantos kilómetros para beneficiarse de esta posibilidad.

El de Canal es uno de los seis puestos de Bibliometro clausurados desde el pasado julio. Todavía permanece en su vestíbulo, como pasa en Legazpi, Nuevos Ministerios, Aluche, Embajadores y Moncloa. Pero todos ellos están fuera de servicio, completamente vacíos de fondos y sin personal. Pequeñas bibliotecas fantasmas bajo el suelo de Madrid. En la de Legazpi, donde todavía pueden verse sus entrañas desangeladas sin un solo libro en los estantes, varios carteles indican desde hace meses que la actividad iba a cesar “temporalmente” a partir del pasado 18 de julio. En la de Nuevos Ministerios, con una cobertura opaca que impide observar su interior actual, fue desde el día 20 del mismo mes.

Por contra, el servicio continúa en la otra mitad de puntos: Puerta de Arganda, Carabanchel Alto, Puerta del Sur, Chamartín, Mar de Cristal y Sierra de Guadalupe. El motivo de esta extraña dicotomía, según confirman fuentes de Bibliometro a Somos Madrid, está en la gestión compartida entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Así, los puestos con la persiana echada operaban bajo el paraguas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Además de esas fuentes, que prefieren preservar su anonimato, lo afirman desde la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina al atender una consulta ciudadana en el portal de atención a dudas sobre bibliotecas del Ministerio de Cultura: “Nos informan que, por un motivo de cambio en la gestión de los Bibliometros, algunos de ellos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Eran dependientes del Ayuntamiento de Madrid”.

El propio Consistorio hizo gala de la participación conjunta en el proyecto en sus primeros compases. Dos años después de su aterrizaje en 2005, una nota de prensa desgranaba la inversión municipal: 508.497 euros solo hasta 2007, por 1,2 millones de aportación autonómica. El escrito recalca también la “titularidad” del Ayuntamiento sobre las seis estaciones citadas. La publicación adelantaba asimismo la creación del Consorcio de Bibliotecas Públicas de Madrid entre el Gobierno de la ciudad y el de la región, algo que nunca llegó a tomar forma.

Desde el área de Cultura del Ejecutivo municipal sostienen pese a todos estos elementos que “Bibliometro depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”. Argumentan en respuesta a las preguntas de este diario que “el Ayuntamiento colaboró a través de esos puestos [los cerrados] hasta mayo del año pasado, cuando dimos a conocer Tu biblioteca a un clic, un programa con el que se ofrecen libros a los viajeros de autobús, tras haberlo hecho con los de Metro”.

Las explicaciones del área que dirige Marta Rivera de la Cruz tampoco se ajustan con la exposición de los hechos por parte de la trabajadora que atiende a este medio desde el anonimato: “Los seis módulos cerrados los lleva el Ayuntamiento, que lleva años desentendiéndose. Pasaron de ellos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados”.

Esta empleada incide en que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones. Un modelo aplicado tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento que, en este caso, ha mostrado antes su tendencia a degradar el servicio en los módulos de gestión municipal.

“No venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamenta la trabajadora para ilustrar esa dejadez. Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abona a su plantilla justamente el salario mínimo. Da cuenta de ello una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Señala la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Apunta asimismo que “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”.

Betansa se hizo de esta manera con la administración de seis Bibliometros en 2022, un contrato de dos años prorrogable por otro más. Cuando llegó 2025, el equipo de Almeida optó por no sacar la licitación de nuevo a concurso, de ahí que las instalaciones sean ahora poco más que elementos que entorpecen el desplazamiento por seis transitados vestíbulos de Metro de Madrid.

En cuanto a los módulos que dependen del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fuentes consultadas por este periódico avanzan que la adjudicación a Normadat vencerá inminentemente. Se trata en su caso de una adjudicación de dos años (con una financiación de 904.000 euros) renovables por otros dos, que se efectuó también en 2022. Por ello, deberán proceder de manera inminente a encontrar un nuevo adjudicatario o repetir con Normadat. De lo contrario, los puestos todavía operativos podrían correr la misma suerte que los dependientes de Cibeles.

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este medio apuntan hacia una renovación del servicio y a la recuperación de varios módulos clausurados, al tiempo que confirman las competencias previas del equipo de Almeida: “Ante la decisión del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid inicia las conversaciones con Metro para hacerse cargo de algunos de los Bibliometros de gestión municipal”.

Pese a ello, la trabajadora que explica la situación del servicio lamenta que haya llegado a sobrevolar la sombra del desmantelamiento. No solo por sus efectos personales y profesionales, sino por el valor diferencial que los Bibliometros ofrecen a los vecinos y vecinas de Madrid: “Recibimos cuatro ejemplares de cada novela que sale como gran novedad. A cada biblioteca tradicional suele ir uno y encima los pueden reservar, así que casi no llegan a la estantería. Aquí eso no suele pasar”. Lanzamientos recientes de Arturo Pérez Reverte, Isabel Allende, Carme Chaparro o Fernando Aramburu pueden encontrarse con facilidad en sus estanterías. Esas mismas que permanecen vacías en Legazpi o invisibles en Nuevos Ministerios.

La coyuntura que afecta a los Bibliometros se une a la degradación en la otra gran apuesta literaria de la red, las Metrotecas. En ese caso se trata de pequeños cajetines situados en los andenes, donde los viajeros pueden tomar algún ejemplar al tiempo que dejan otro. Sin embargo, el comportamiento de algunos usuarios que no han seguido esta política de reposición y la falta de inversión para renovar el catálogo original de 1.400 fondos han derivado en que la mayoría de los estantes hayan quedado vacíos a lo largo de las 16 estaciones en las que se disponen.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

El Viernes de Dolores es la jornada que abre las procesiones de Semana Santa en Madrid este 2026. Lo hará este 27 de marzo con dos pasos: el del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia y el del Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de Dolores.

Las procesión del Cristo del Pozo, que recorre Puente de Vallecas, destaca por la vestimenta granate de sus nazarenos, que llevan capirotes de 90 centímetros, cíngulo y guantes blancos y zapatos negros. Portan además cirios de color blanco. El segundo paso tendrá lugar en El Pozo, la zona del barrio de Entrevías que da nombre a la imagen del Cristo. Son significativas las túnicas violetas de sus costaleras y costaleros.

Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia

Cristo del Pozo y Nuestra Señora de Dolores

Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 58 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas sobre la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La entidad solicita asimismo a la Comisión Europea la apertura de una investigación preliminar.

Así consta en un escrito remitido a la Fravm, según recoge Europa Press, en el que la Comisión de Peticiones señala que la petición ha sido declarada admisible al considerar que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. En la carta, el mismo órgano indica que ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo “una investigación preliminar sobre este asunto” y que, además, ha trasladado la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo para su análisis.

El documento recuerda también que la responsabilidad principal de la correcta aplicación del Derecho de la Unión recae en los Estados miembros, y apunta que las cuestiones planteadas en la petición están recogidas en la normativa europea sobre residuos y en las estrategias vinculadas a la economía circular.

“Deficiencias” en la seguridad con impacto en la salud

La solicitud registrada por los colectivos vecinales denuncia el retraso en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la incineradora de Valdemingómez, así como diversas “deficiencias” que, según sostienen, pueden afectar a la seguridad de la instalación y tener impacto en la salud de la población y el medio ambiente. En concreto, según apunta la Fravm en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid debería haber implementado hace más de dos años medidas exigidas por la normativa comunitaria, como un sistema de gestión ambiental con un plan de gestión de accidentes o mecanismos de control y comparación de emisiones contaminantes para cumplir el Reglamento de Emisiones Industriales.

Ante esta situación, las asociaciones decidieron elevar el caso a las instituciones europeas, a la espera ahora de que se recabe información al Consistorio madrileño y se avance en el análisis del expediente. La admisión a trámite se produce tras un proceso en el que, según recuerdan los colectivos, los eurodiputados del Partido Popular Europeo votaron en contra de su tramitación en la Comisión de Peticiones.

El PSOE ataca a Almeida ya que Bruselas hace “más caso” a los vecinos

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado que en Bruselas se haga “más caso” a las denuncias de los vecinos de Vallecas que a su propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Le ha acusado de “mirar hacia otro lado” con la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En declaraciones remitidas a la prensa, Benito ha señalado que los vecinos de este distrito llevan “años denunciando” los efectos de esta instalación, entre otros, “malos olores, emisiones y preocupación por la salud”. Especialmente en el Ensanche de Vallecas, donde según ha indicado, “miles de familias” reclaman algo tan “básico” como aire “limpio”.

“Pero lo más llamativo es que esa voz parece escucharse antes, fuera que dentro de Madrid. En Bruselas ya se han abierto investigaciones por las denuncias vecinales, mientras aquí el ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado”, ha reiterado. En este sentido, el socialista ha reprochado que Gobierno municipal haya optado por prolongar la actividad de la incineradora hasta el año 2040. A su juicio, esta decisión supone mantener “un modelo contaminante que afecta directamente a estos barrios”.

Además, Benito también ha cargado contra Sanz por asegurar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando la instalación. “La pregunta es evidente: ¿millones para qué?”, ha planteado, para añadir que, a su juicio, no se han destinado a “reducir residuos, impulsar el reciclaje ni avanzar hacia la economía circular”, sino a “seguir contaminando el aire de los madrileños, especialmente el de los barrios del sureste”. “¿Por qué quienes más sufren la contaminación son siempre los mismos barrios como Vallecas?”, ha zanjado.

El Ayuntamiento recalca que “cumple con la normativa”

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias), ha asegurado que Valdemingómez “cumple con la normativa vigente” y está “haciendo las cosas muy bien”. Sanz ha indicado que la petición ha sido admitida a trámite al reunir formalmente las características para ello, pero ha remarcado que Valdemingómez “cumple con toda la normativa vigente, con una autorización ambiental integrada que establece los valores límites de emisión, que está a disposición de cualquier organismo estatal o comunitario que quiera analizar su funcionamiento”.

“Valdemingómez cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo con todos los límites y, por lo tanto, creo que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido”, ha declarado la vicealcaldesa, que ha recodado las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando con todas las autorizaciones “siempre en vigor”. Razón por la que, entienden desde el Gobierno de Cibeles, no hay “ningún problema”.

Primer revés al recién anunciado proyecto del Ayuntamiento de Madrid para uno de los vestigios más representativos de la Guerra Civil en la capital. El Consistorio anunciaba en febrero que el edificio de la calle Peironcely 10 de Entrevías, retratado por Robert Capa en una fotografía para la posteridad, albergará a partir de 2028 el Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, “un espacio pionero de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años”. El espacio, impulsado por el área de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con las áreas de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, tendrá una superficie de 400 metros cuadrados. Pero la entidad que custodia el legado del fotógrafo ha mostrado con dureza sus reservas al plan.

El International Center of Photography (ICP) ha notificado al alcalde José Luis Martínez-Almeida su veto total, tambaleando la cobertura legal para la nomenclatura elegida. La red europea, liderada por la Capa Haus de Leipzig (Alemania), condena el “borrado histórico” del proyecto y avala la “incuestionable excelencia profesional” de la Plataforma ciudadana Salvar Peironcely 10, que ya criticó el anuncio municipal por su falta de referencias a la Guerra Civil. Esta y otras entidades de Vallecas exigen un museo sobre la memoria de los bombardeos y el barrio.

En el comunicado oficial, la ICP “desautoriza y prohíbe formalmente el uso del nombre, la imagen y el legado del fotógrafo en cualquier proyecto ubicado en Peironcely 10 que no cuente con la aprobación de la Plataforma #SalvaPeironcely10”.

La maniobra del Ayuntamiento entrega el histórico edificio de Peironcely 10 a una entidad ajena al proyecto original, la Fundación José María de Llanos. “Esta decisión dinamita una década de trabajo vecinal, académico e internacional para crear el Centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid y ha provocado la reacción de destacadas entidades culturales fuera de nuestras fronteras”, trasladan desde Salvar Peironcely, plataforma respaldada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm) y múltiples asociaciones vecinales de Puente de Vallecas.

La actual concepción del Ayuntamiento conserva una de las viviendas como espacio para contextualizar el edificio en la historia de la ciudad y en la obra de Capa, siendo esta la única referencia en este sentido. La programación del nuevo recurso recaería en la Fundación José María de Llanos, institución que lleva el nombre del conocido Padre Llanos y ha trabajado durante décadas con jóvenes de Vallecas, El Pozo y Entrevías. La programación contará con distintas líneas de trabajo. Por un lado, un espacio para las artes plásticas y escénicas con distintos talleres. Por otro, actividades en torno a las artes musicales, con clases de composición, interpretación y producción. Peironcely 10 contaría también con un espacio expositivo, donde se podrán desarrollar pequeños eventos culturales.

Instituciones de referencia validan el plan de las asociaciones que trabajan sobre el terreno

La Capa Haus Initiative de Leipzig (Alemania) ha remitido otro escrito al Consistorio en el que lamentan que se destruya la oportunidad de “hermanar” ambos edificios. Además, la institución alemana desacredita la excusa municipal sobre la idoneidad del proyecto, avalando rotundamente a los vecinos: “Nuestra iniciativa quedó profundamente impresionada por el alto nivel académico y artístico del trabajo realizado por #SalvaPeironcely10. Nadie más puede dar vida a este lugar único (...). Esta casa podría ser la joya de la corona del trabajo por la paz”, sentencian en su carta. Este rechazo es compartido por instituciones académicas que llevan años avalando el proyecto madrileño, con profesores de las universidades de Princeton, Berkeley, William and Mary, Federico II de Nápoles o la Sorbona de París.

La Plataforma Salvar Peironcely y la Fravm plantean como salida institucional viable que el nuevo centro dependa directamente del Museo de Historia de Madrid: “Siempre hemos mantenido una actitud dialogante. Creemos que esta crisis se puede solucionar positivamente si el Ayuntamiento hace suya nuestra propuesta. Este es el modelo de ciudades como Leipzig, donde la Capa Haus es de gestión municipal”.

Señalan además que “dinamitar el proyecto original de Peironcely 10 desvirtúa los acuerdos alcanzados en la estrategia SURES, donde se reconocía el valor del inmueble (avalado por el Sello del Año del Patrimonio Cultural 2018 de la Comisión Europea) como motor de reequilibrio territorial y atracción turística para un barrio desfavorecido”.

“No era normal que en un barrio o pueblo con la implicación social y política de Vallecas no hubiese un solo adoquín colocado”, afirma Luis Sánchez-Grande. Pertenece a la Asociación Kascoviejo, muy activa en Puente de Vallecas. Recuerda que “aquí, como en todas partes, hubo víctimas en los campos de exterminios nazis”. Desde la agrupación vecinal, gracias a la inestimable labor investigativa de Isabel Martínez y Jesús Rodríguez (almas del proyecto Stolpersteine en la capital), han identificado a 15 vallecanos que acabaron encerrados en esos lugares de barbarie. El objetivo es colocar pequeños adoquines de hormigón con una placa de latón dorada grabada con el nombre de la víctima. Estas se instalan en las aceras, delante de las casas donde vivieron los deportados a campos de concentración nazi.

“Algunos participaron en la construcción de la Casa del Pueblo de Vallecas. Son historia viva que lo dieron todo por la democracia”, destaca Luis en conversación con Somos Madrid. Fue precisamente en ese espacio, referente del socialismo en el barrio, donde celebraron la primera reunión con familias de las víctimas hace unas semanas. Gracias a la reconstrucción de los árboles genealógicos a través del padrón municipal y otros documentos, han localizado a descendientes de ocho de ellas. Los más directos han fallecido o son nonagenarios, de ahí la complejidad y el valor de reconstruir estas herencias.

“Tenemos dudas con una familia más y seis están aún pendientes. Es una tarea complicada, pero a nosotros que somos unos completos amateurs nos parece un éxito”, admite Luis. Resalta “las caras de sorpresa y alegría de las familias” cuando contactan con ellas. Muchos conocen en ese mismo momento que un pariente acabó preso o muerto en un campo de concentración. Algunos, incluso, se enteran en dichas llamadas de la existencia de ese pariente, hasta ese momento totalmente desconocido. Después, entablan contacto con tíos o primos que no sabían que tenían, en otras zonas de España o en Francia. “Es curativo. Muchos nos dicen que no sabían que sus abuelos o bisabuelos habían pasado por ahí, que en sus casas no se hablaba de eso”, apunta Luis. Por ello los Stolpersteine hacen memoria no solo en el espacio físico, sino también en la herencia sentimental de las vidas sesgadas por la represión franquista y nazi.

Llegar a esa explosión emotiva requiere un arduo trabajo de documentación previo. El hilo del que tirar es Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), de Benito Bermejo y Sandra Checa, que detalla una lista con más de 9.000 personas expulsadas por la dictadura a campos de concentración en Francia o Alemania. La comparación de estos nombres con el censo municipal de los años treinta les ha permitido comprobar quienes residían en Vallecas. Esta documentación también detalla si estaban casados o tenían hijos.

Las complicaciones se intensifican a partir de 1965, cuando la información pública de los padrones deja de actualizarse. “Nos encontramos familias que no aparecen más y hay que tirar de teléfonos en las páginas amarillas vinculados a los últimos descendientes de los que haya registro”. El objetivo es que haya algún familiar de cada víctima presente en el futuro acto de colocación de los Stolpersteine, previsto para el 28 de abril, después de que la Junta Municipal de Puente de Vallecas haya dado su visto bueno a la colocación de los adoquines de memoria con los votos favorables de todos los grupos municipales salvo Vox, que se abstuvo. Cada una de estas piedras se colocará junto al último domicilio registrado en Vallecas de los deportados.

Los represaliados sin familiares localizados

De los 15 deportados a campos nazis procedentes de Vallecas que han conseguido identificar, los impulsores de la iniciativa no han logrado localizar por el momento a descendientes de siete personas. Piden compartir sus nombres por si alguien pudiera aportar cualquier información que sirva de ayuda. Son Mario de la Calle García, Julián Fernández López, Cecilio López Galeote, Eleuterio de la Fuente Moreno, Rufo López Martín, Benigno Pompa Elvira y Manuel Salinas Foncillas.

Luis expone las dificultades de la reconstrucción de sus árboles genealógicos tomando como ejemplo a Cecilio López Galeote: “Aunque no constan descendientes directos, sabemos que tenía un hermano y una hermana que vivieron en una casa del 31 de la calle Melquiades Biencinto al menos hasta 1965. Pero en ese número ahora hay un bloque de viviendas, no sabemos si habituales o turísticas. Preguntamos a la farmacéutica de al lado, aunque su abuelo que es quien podría haberle conocido ya no vive. La mujer estuvo mirando en sus archivos y consultó a otras del barrio, por si diesen con fórmulas especiales que hubiesen necesitado un registro, pero no ha habido suerte”.

No han conseguido hallar el DNI de Cecilio, lo cual complica las pesquisas. Factores como unos apellidos extremadamente comunes también pueden suponer todo un hándicap: “La última pariente a la que llegamos es su sobrina, María López López. Pero como para encontrarla con ese nombre... Luego hay un hombre apellidado Pompa, lo cual tendría que facilitar las cosas, pero de momento no hemos conseguido nada”. Si no consiguen dar con descendiente alguno de estos siete deportados, los adoquines de memoria se colocarán en los últimos domicilios registrados en el padrón del cuarenta, pero sin la presencia de familiares.

Isabel Martínez y Jesús Rodríguez se explayan en los contratiempos y golpes de suertes del proceso: “Si ninguno de los teléfonos es válido, comprobamos qué hijos o familiares cercanas pueden haberse quedado en viviendas próximas, aunque sea en otras calles o barrios. Hemos encontrado algunos yendo a las calles o a las casas. Por ejemplo, visitamos uno de los domicilios y nos encontramos una chica joven a la que le sonaba el apellido que le dimos porque era el de la mujer que le había vendido el piso. La señora ahora estaba en una residencia. Otros familiares que hemos ido a ver no vivían ya en los domicilios registrados en el padrón de 1965, pero una vecina que nos escuchó conservaba sus teléfonos. Juega un gran papel la suerte, si vamos otro día que no está la vecina no hubiésemos localizado a esos allegados”, narra Isabel.

Esta pareja de jubilados comenzó a bucear en los recuerdos (y la burocracia) que dan pie a los Stolpersteine en 2019, mismo año en el que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida eliminó el área municipal de Memoria y Derechos Humanos. “Lo descentralizaron por distritos, así que necesitamos un permiso para cada uno de ellos y hablar con cada Junta Municipal, como si fueran 20 ciudades distintas. En Vallecas era muy importante hacerlo, venían incidiendo en ello desde la Asociación Kascoviejo o la de la Batalla Naval [la Cofradía Marinera de Vallekas]”, subraya Isabel.

Los dos investigadores aportaron la información de seis de los deportados a asociaciones del barrio para que fueran rastreando a familiares. “Contar con parientes muestra que la petición no es solo nuestra y suele reforzar la disposición de las Juntas de distrito. A veces solicitan padrones o certificados de documentación para impulsar el apoyo institucional”. Un trámite este que no les suele frenar, ya que tienen la maquinaria de la investigación perfectamente engrasada.

Las claves de la investigación: tesón, rigor y una pizca de fortuna

Acudieron en primer lugar a los Archivos Arolsen, un centro internacional de documentación, información e investigación en Alemania (también con sede digital) sobre la persecución nazi con más de 30 millones de documentos. En ellos buscaron la palabra “Vallecas” (todavía municipio independiente en los años de las deportaciones) o vías concretas, como la calle Fermín Galán.

A esto se suman “infinidad de visitas” a los Archivos de la Villa para acceder a los padrones municipales públicas, que llegan a 1965. Este último ayuda a reconstruir las familias, aunque son igualmente importantes los de 1930, 1935 y 1940: “Dan pistas sobre el último domicilio antes de la deportación”. Algunos casos requieren un esfuerzo extra: “Hemos recurrido al Archivo General Militar o al de Guadalajara para indagar en uno de los hermanos. También hemos solicitado expedientes a Francia”.

La pareja resalta el “sentimiento de colectividad tan grande” que han detectado en Vallecas: “En otros distintos no se ha planteado con tanta firmeza colocar todas las placas conjuntamente”. El apoyo del tejido vallecano se deja notar también en los diversos actos de presentación de la iniciativa y de sus resultados que están celebrando estas semanas. La próxima será el miércoles 11 de marzo en la librería Muga, en el número 89 de la avenida Pablo Neruda.

Ese compromiso añade, no obstante, una dosis extra de dificultad a estos investigadores altruistas: “Es difícil de abarcar para tan pocas personas, sobre todo porque tratamos de ser rigurosos. De las dos familias que nos contactaron originalmente en Vallecas, no hemos encontrado documentos que acrediten la deportación en uno de los casos, así que no podemos incluirle”.

“Si una familia se dirige a nosotros suele tener ya un domicilio o una estimación de donde ubicarlo. Cuando empezamos a buscar, miramos en el libro de Bermejo y Checa los que están en la misma cinta de microfilme. Que no son pocos, en el Archivo de la Villa puede haber 300 en una de estas cintas. Si vamos a buscar una persona de Vallecas en Arolsen y damos con una ficha de 1930, miramos alrededor por si damos con otras. Cuando tenemos indicios de que vivió en una calle, nos la recorremos en el Archivo para comprobar si esas personas aparecen en esos libros. Pero Vallecas es muy complicado porque en diez años las calles tuvieron cuatro nombres. Orientarse en su callejero nos ha contado más que cuando tuvimos que encontrar a una familia de Australia en una campaña de Stolpersteine anterior”, cuenta Isabel.

Dignificar y reparar historias “trágicas y dolorosas”

La identificación de los deportados en Vallecas ha tenido además un componente trágico: “Asesinaron a 14 de las 15 víctimas que hemos identificado, solo hubo un superviviente. Es una circunstancia muy triste. Normalmente, la media es que un tercio de los deportados sobreviviesen”. Julián Fernández López fue el único vallecano que salió con vida de los campos nazis de Gusen (donde perecieron 11 de los 14), Mauthausen o Steyr-Münichholz.

“Hemos podido comprobar que fueron casi en grupo al mismo destino. Muchos salieron en el mismo convoy y fueron deportados el mismo día, en enero de 1941”, apunta Jesús. “Siempre te queda la pregunta de si se encontrarían o conocerían en los campos de Francia, si trabajarían en la misma compañía de empleados extranjeros y por eso fueron detenidos juntos. Quedará la duda de si combatieron hombro con hombro en la Guerra Civil. Es difícil saber donde lucharon”, explica Isabel.

La elevadísima proporción de ejecutados ha hecho que el proceso de Vallecas presente particularidades respecto de otras pesquisas: “La gran mayoría de supervivientes se quedaban en Francia. Contactaban de alguna manera con su familia aquí y si podían se la llevaban. Los más jóvenes se establecían allí. Por eso la familia más directa suele estar en Francia”. La falta de supervivientes vallecanos menoscaba significativamente el peso de los descendientes franceses.

Está previsto que al acto de colocación del próximo 28 de abril (de cara al cual agradecen la rapidez burocrática a la Junta de Puente de Vallecas) asista Gunter Demnig, el artista alemán que diseño los Stolpersteine. “Viene expresamente desde Burdeos y luego se vuelve a Alemania, solo pasará unas horas en Madrid a colocar las piedras de aquellas en las que hay en familiares localizados”, dice Isabel. “Para Gunter, España tiene un significado especial porque le toca en lo personal. Dejó de hablarle a su padre cuando se enteró de que había combatido en la Legión Cóndor, la fuerza aérea que Hitler envió para apoyar a Franco”, recuerda Jesús. “Esta podría ser su despedida de España. Nos hace mucha ilusión porque admiramos mucho su trabajo. Antes venía mínimo una vez al año y se quedaba varios días”. Un final que aporta dignidad, reparación y memoria a estas historias “trágicas y dolorosas” para no tropezar dos veces con la misma piedra.

El plan que el alcalde anuncio hace un año para dar alternativas al desmantelamiento del scalextric de Vallecas será presentado en los próximos meses. Ha sido definido por el Ayuntamiento como “novedoso”, que de momento no da más detalles que su fecha de presentación: posiblemente antes del verano.

El anuncio lo ha hecho la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, durante la comisión de su área, en la que respondía a una pregunta del PSOE sobre este posible derribo de la infraestructura.

“Existe una frontera que tenemos que mirar”, explicaba la delegada relatando que el consistorio ha conformao un equipo de trabajo del que forman parte, además del área de Obras, las Juntas de Retiro y Puente de Vallecas, el área de Medio Ambiente y Movilidad, la EMT y Calle 30. “Todos estamos trabajando en un proyecto común que yo espero que pueda ser presentado antes del verano”, aseguraba. “Va a ser un proyecto novedoso, muy bueno para los distritos”, para que desaparezca “ese efecto frontera que no queremos nadie”.

García Romero recordaba el “efecto frontera” al que se refirió el cantante Ramoncín durante un acto municipal que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, en el que reclamó el derribo: “Tirar el puente es una cosa que habría que hacer ya”, fue lo que dijo ante Almeida, aprovechando el acto oficial con el que el consistorio celebraba el 75 aniversario de la incorporación a la ciudad del pueblo de Vallecas, al que había sido invitado.

La delegada daba respuesta en la comisión al concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero, quien ha calificado el 'scalextric' como una “barrera urbana segregadora” y ha reclamado un compromiso claro del Gobierno municipal para su eliminación. “Menos cimentazo y más ciudad humana, señora delegada”, ha lanzado a García Romero.

Barrero ha subrayado que la eliminación del 'scalextric' se trata de una decisión política, más que técnica, y ha criticado que, mientras en otras zonas de la ciudad se llevan a cabo proyectos para devolver espacio público a los peatones, aunque en Puente de Vallecas solo se encuentran “excusas” para mantener la infraestructura. “Mientras el PP mira a otro lado, Puente de Vallecas sigue bajo el yugo del 'scalextric'”, ha lamentado.

En febrero de 2025, el alcalde Almeida anunció que había encargado al área de Obras un estudio para mejorar el entorno del scalextric: “Está en condiciones de presentar un análisis preliminar ver actuaciones que puedan mejorar todo el entorno del Puente de Vallecas, la calidad de vida de los vecinos y trabajar dentro de nuestras posibilidades para que esa zona sea cada vez un espacio público mejor”, aseguraba a los periodistas hace ahora un año.

Entonces ya descartaba el desmantelamiento, al estilo de lo que sucedió en el cercano Puente de Pedro Bosch. “Es imposible”, aseguró Almeida con respecto a su retirada. “Pasan por ahí 250.000 vehículos todos los días. Que no se engañe a los vecinos de Vallecas, si se quitara el scalextric como dice la izquierda la avenida de la Albufera viviría completamente colapsada, no hay alternativa de movilidad”.

Pago de nóminas a destiempo, salas de prensa sin wifi, estancias sin luz en el vestuario rival, duchas con agua fría en el de la propia plantilla, inmovilismo en la búsqueda de nuevos ingresos... Y ahora, hongos en un campo convertido en vergüenza del fútbol español. La figura del presidente del Rayo Vallecado, Raúl Martín Presa, lleva años cuestionada por una bancada siempre comprometida y reivindicativa. Pero la última mancha en su gestión, que obligó a cancelar el encuentro con el Real Oviedo del pasado sábado por el deteriorado estado del césped debido a la lluvia y la falta de mantenimiento, ha desatado una oleada de contestación entre la hinchada e incluso desde sectores futbolísticos ajenos al entorno rayista. Una sensación de derrumbe institucional mientras el equipo masculino se pasea por Europa en la UEFA Conference League, después de vivir una pasada temporada llena de éxitos deportivos.

La delicada situación actual ahonda en un descontento enraizado entre la afición por diversas actitudes promovidas desde la directiva que no encajan con su sentir mayoritariamente obrero y progresista. Cada 8 de marzo, la cuenta del Rayo Vallecano en redes sociales publica el mismo mensaje: “Nuestro recuerdo y emocionado homenaje a las víctimas de la COVID-19 y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, cuando se cumplen años del inicio de las complicaciones de la terrible pandemia en nuestro país”. Desde el club fechan el comienzo de dichas dificultades precisamente el día de la manifestación feminista. “Ese día, además de 12.000 espectadores, al Estadio de Vallecas fueron Ana Camins, Alicia Sánchez, Mari Mar Blanco, Ana Millán, Almudena Negro y otras diputadas del Partido Popular... Sales en todas la fotos”, le recordaba un usuario en X en respuesta al post publicado en 2023.

No son los únicos dirigentes políticos que Martín Presa ha invitado al palco desde su llegada al cargo en 2011 (después de comprarlo a la ruinosa Nueva Rumasa). En abril de 2021, le acompañaron en la zona de autoridades del Estadio de Vallecas el líder de Vox, Santiago Abascal y la por entonces responsable del partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio (ahora defenestrada por la dirección de la formación). El Rayo jugaba además contra el Albacete, que contaba en su plantilla con el futbolista ucraniano Roman Zozulya. Dos años antes, este mismo partido había sido cancelado después de que parte de la grada gritara “nazi” al futbolista.

Martín Presa justificó la presencia de los líderes ultraderechistas con estas palabras: “Era necesario limpiar la imagen de Vallecas que dieron unos pocos”, en referencia a las protestas por el mitin de Vox celebrado en la zona unas semanas antes. “Llamaron diciendo que querían venir, mostraron interés y me pareció bien porque el Rayo es un equipo abierto a todos y Vallecas es un barrio que acoge a toda la gente”, afirmó.

Este tipo de decisiones ahondan en el océano de distancia que separa a Martín Presa de la afición rayista. La Federación de Peñas respondió a aquella estampa con contundencia: “En Vallekas no hay lugar para el fascismo. Ni para los tontos útiles”. Pero no solo es una cuestión política o ideológica. La hinchada alerta continuamente de la falta de inversión, mantenimiento e innovación en las infraestructuras del club, el único del fútbol profesional español que no habilita venta online para adquirir localidades. La cancelación del encuentro ante el Real Oviedo debido al calamitoso estado del césped, incompatible con la práctica del fútbol, acabó desatando la indignación de cientos de seguidores que se concentaron a las puertas del estadio.

Entre gritos de “Presa, vete ya” o “Presa no, Rayo sí”, los seguidores rayistas clamaron contra la directiva actual del club en una manifestación espontánea a la que se unieron algunos hinchas del Real Oviedo, ya desplazados hasta Madrid cuando LaLiga anunció la suspensión del duelo por no reunir el campo “las garantías necesarias” para preservar “la integridad física de los jugadores”.

Ya el viernes, los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo denunciaron la falta de soluciones por parte de la presidencia club a las distintas deficiencias en instalaciones, como la del césped del Estadio de Vallecas y de la Ciudad Deportiva, así como en el desarrollo profesional del club. Exigieron “unas condiciones dignas de trabajo” mediante un comunicado emitido a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), después de varias declaraciones en ruedas de prensa que ya apuntaban en esta línea.

La cancelación del partido menoscaba la imagen pública del Rayo, pero el perjuicio puede ir más allá. Pese a que el Oviedo ha mostrado su “solidaridad y empatía” con la plantilla o el cuerpo técnico, ha avanzado que estudiará “acciones reglamentarias” para “salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar condiciones competitivas equitativas”. Y añaden: “Esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento, así como para nuestros aficionados y los medio que tenían previsto asistir al encuentro”. El club asturiano estudia solicitar que LaLiga les dé el partido por ganado, además de recurrir a la Justicia ordinaria por los perjuicios económicos causados.

Mientras el tiempo corre sin que Martín Presa ofreza explicaciones públicas, crece la incertidumbre (y los trabajos a contrarreloj) de cara al próximo partido en el Estadio de Vallecas, previsto para este domingo ante el Atlético de Madrid. La situación es tan delicada que LaLiga estudia trasladar ese partido al Estadio de Butarque, en Leganés, según informa la Cadena SER.

La controversia ha dado el salto a la esfera política. Ignacio Benito, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, recalca que “las deficiencias van mucho más allá del estadio”. El pasado martes, a petición de las familias de la cantera rayista, se debatió una pregunta del PSOE en el pleno de Villa de Vallecas sobre la Ciudad Deportiva de la entidad deportiva. Benito recuerda que “sus instalaciones están tan mal que todo un equipo de Primera División, que juega en Europa, se ha tenido que ir a entrenar a otros lugares del distrito no adaptados para este fin”.

El edil subraya que la coyuntura es tovía más delicada para adolescentes y menores: “Un niño se rompió un ligamento interno por el mal estado de uno de estos campos”, recuerda. “Exigimos al Ayuntamiento, propietario de estas instalaciones, y al club, que dejen de pasarse la pelota unos a otros y acometan de manera urgente las actuaciones necesarias para que la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano sea un espacio donde poder practicar deporte de manera segura”, concluye.

A vueltas con la idea de un Rayo sin Vallecas

Mientras, Martín Presa continúa obcecado en su afán por llevar al Rayo fuera de Vallecas. Una propuesta que le ha llevado a elevar el tono contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente autonómica dio alas a la idea en un inicio, para asombro y enfado de una afición que no entendería su club sin que sea parte de su barrio. “Cada vez es más insostenible que sigan en Vallecas”, dijo en 2024 sobre una mudanza de la que ya estarían “hablando” (el Estadio de Vallecas es de titularidad autonómica). Ayuso acabó recapacitando y ya ha descartado la idea en público, aunque no de manera tajante: “El estadio se reforma y no se mueve, en principio...”, indicó hace unas semanas.

Pese a la propiedad autonómica, que permite el disfrute del recinto por el Rayo mediante convenio, el Ejecutivo de la presidenta ha aprovechado para rechazar cualquier responsabilidad en el estado del césped: “Las obligaciones de la Comunidad de Madrid son la habitabilidad y la seguridad. El tema del césped es privado”, ha trasladado el director general de Deportes, Alberto Tomé. Antes, la diputada de Más Madrid Alicia Torija había asegurado que “llueve sobre mojado” en el caso del Rayo y acusado al Gobierno regional de ser “colaborador necesario” de las “lamentables” condiciones del estadio, que ponen “en peligro” a la afición y a los jugadores.

Mientras, Martín Presa no parece dispuesto a ceder: “Cerca del puente de Vallecas es imposible hacer un nuevo estadio... tendremos que irnos lejos del puente de Vallecas. No queremos ningún conflicto ni con la presidenta ni con la Comunidad de Madrid, pero queremos también que nos respeten”, declaró al programa Radioestadio Noche el pasado 26 de enero.

“El Rayo no se entiende sin Vallecas y Vallecas no se entiende sin el Rayo”, sostenía un abonado en declaraciones a Somos Madrid. Es el sentir mayoritario de la hinchada, desde los Bukaneros más acérrimos hasta el seguidor que acude ocasionalmente al campo. Todo el entorno rayista coinciden en que el estado de conservación del recinto sigue siendo “tremendamente deficiente”, también que la reforma llegó “tarde y mal”, pero inciden en que  “han querido dejar morir el campo”.  La falta de mejoras en el césped o de seguridad en algunas estructuras son algunas de las reclamaciones más repetidas. A socias como Marisol les parece “surrealista” la mera posibilidad de imaginar al Rayo fuera de Vallecas, pero no les sorprendente. “Somos el único club de Primera División que no pone a la venta entradas online. Hay que comprarlas en taquilla, haciendo cola y en unos horarios terribles: lunes y viernes a las 9.00 o a las 14.00”, lamenta.

Sin embargo, para Martín Presa las cuentas pendientes son otras. En una entrevista para Onda Madrid, el presidente rayista recalcaba entre las principales carencias del recinto que “no tiene párking para jugadores ni autoridades, ni zonas de hospitality ni zonas VIP”. “Todo eso afecta sensiblemente en la obtención de ingresos, siendo al final el equipo que menos ingresos puede obtener en la Liga”, sostiene.

Una figura sombría desde su llegada a la presidencia

Martín Presa compró el Rayo por menos de lo que vale un mes de alquiler en Madrid. En mayo de 2011, se hizo con el 98,6% de las acciones del club a cambio de 961 euros. Un importe nominal simbólico con el que asumía una deuda en el entorno de los 40 millones de euros.

El dirigente lidió desde el principio con acusaciones que apuntaban a su conexión con la anterior propiedad, la familia Ruiz-Mateos, aunque él apeló siempre a la “nula vinculación” con el clan empresarial. El exabogado de los Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, explicó en un medio de comunicación rayista que “había varios posibles compradores y el valor de la venta, con el equipo en Primera, debía ser entre 50 y 70 millones de euros”.

“Nos dijeron que no, que fuéramos al despacho del abogado de Presa, que en unas semanas debía quedar el contrato firmado y que no se pusiera ninguna pega a ninguna de las cláusulas que ellos establecieran. Fuimos allí y, misteriosamente, se consumó la venta por unos cientos de euros, que ni siquiera llegaron a pagar en la notaría. Estaba Javier Ruiz-Mateos [a la postre condenado a siete y años y medio de prisión por estafa en el caso de Nueva Rumasa], se saludaron porque eran muy amigos y luego me dice que se ha vendido el Rayo a esta persona porque es afín al Opus”, expuso Yvancos.

Éxitos deportivos en el masculino y caída en desgracia del femenino

El abandono institucional choca con la buena marcha deportiva del club, sobre todo durante la temporada 2024-25 (en la actual coquetea con el descenso), cuando el primer equipo masculino logró por primera vez clasificarse para una competición europrea por méritos deportivos. El club ha encadenado una racha de entrenadores que han logrado un gran rendimiento de la plantilla. Antes de Íñigo Pérez, que consiguió ese octavo puesto para competir en la Conference League esta temporada, Andoni Iraola materializó el ascenso y estableció al Rayo en Primera con gran solvencia durante varias temporadas. Con su marcha a la Premier League inglesa y la llegdada de Francisco Rodríguez el equipo titubeó, hasta que Pérez recondució la trayectoria desde 2024.

Por contra, el equipo femenino se ha adentrado en un progresivo ostracismo que le coloca en una situación insospechada para una entidad que fue pionera en el fomento del fútbol entre mujeres (quizá la única herencia positiva de la etapa Ruiz-Mateos/Teresa Rivero) y campeona de Copa de la Reina en 2008. Después de varios descensos, milita en la tercera categoría, la Segunda Federación.

Las jugadoras han denunciado condiciones laborales indignas, incumplimientos reiterados del convenio colectivo y falta de médicos propios, aunque Martín Presa tensó especialmente la cuerda al contratar en 2022 y mantener hasta el final de temporada a un entretenedor, Carlos Santiso, que lanzó el siguiente comentario:  “Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer… pues… una como los de la Arandina [condenados por abuso sexual a una menor de 15 años]. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris, y cargárnosla ahí todos juntos”.

En Vallecas llueve sobre mojado, tanto en el césped del estadio como en la gestión de Martín Presa. La afición se ha hartado de no poder disfrutar del buen hacer del equipo masculino, de ver cómo se hunde el femenino y de temer por la salud de su cantera. La mala praxis del presidente ha rebosado la paciencia de los corazones rayistas sin que haya vuelta atrás.

Uno para todos y todos para uno, salvo en los nuevos barrios a las afueras. El Madrid incipiente lleva años en expansión, con más ímpetu si cabe desde que el pasado 2025 se rebasara una cifra histórica, los 3,5 millones de habitantes. Un dato que aterriza el crecimiento poblacional en la capital y al que acompaña una subida generalizada de precios, dado que también ha aumentado el número de turistas extranjeros y, en su mayoría, con bolsillo norteamericano. Para el auge de residentes se puso en marcha un plan de ampliación de los límites urbanos, con hasta 20 nuevos desarrollos y varios lotes de vivienda entre todos ellos. Sin embargo, la llegada de recursos comienza siendo dispar en algunos barrios y les marca una senda antes de nacer.

Mientras en el norte de Madrid se ultiman hasta cinco paradas de Metro para Valdebebas y otra pasado el límite con Barajas, que dará conexión directa con el aeropuerto, otros más al sur como El Cañaveral continúan sin tener una estación propia en la red del suburbano. Ambos barrios son de reciente construcción: el primero nació como área residencial y alberga la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y unos 30.000 censados; mientras que el segundo forma parte de los nuevos desarrollos del sureste y se adhirió al distrito de Vicálvaro hace ya casi una década, en 2017. Ronda los 25.000 habitantes.

Las conexiones de Metro y la accesibilidad en el transporte público, en general, son importantes alicientes para determinar el valor medio de un barrio o el precio de su vivienda. También permiten entrever a qué perfil poblacional tratan de dirigirse, y esto es algo para lo que ya existen datos reveladores. Según las últimas cifras del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre la renta bruta media en España, correspondientes a la declaración de la renta en 2023, algunas áreas de Los Berrocales se sitúan en 29.693 euros por hogar mientras que en Valdebebas hay secciones censales con medias de 102.088 o 125.596 euros. La diferencia llega a ser abismal.

Hogares con ingresos de 30.000 euros y otros con hasta 125.000

Hace años se planteó extender la red subterránea hasta El Cañaveral, pero la Comunidad de Madrid (que tiene competencias sobre el Consorcio Regional de Transportes) terminó descartando esa opción aludiendo a la calidad del terreno, que dificultaba una obra de ese calibre. En cambio, para los nuevos barrios del sureste se comenzó a asentar la opción de un Bus de Uso Prioritario o Bus Rapid Transit (BRT), similar al que ya funciona en Sanchinarro y depende del Ayuntamiento de Madrid. Conectaría con Los Cerros, Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones.

Para estos dos últimos desarrollos, aún en construcción, ya hay prevista una estación de Metro que conectará con la línea 9 y dará servicio a ambos barrios en el tramo que circula hasta Rivas y Arganda. De hecho, el Ayuntamiento ripense ha vuelto a denunciar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya que el proyecto sugiere un segundo transbordo para los viajeros que se dirijan a uno de estos dos municipios, afectando a las personas que hacen el cambio del tren al suburbano en Vicálvaro.

Sin embargo, a finales de diciembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid estimó un presupuesto de 825.800 euros para el proyecto y un plazo de ejecución de 14 meses. La previsión es que la ruta esté operativa en 2029, pero por el camino ya acumula varios contratiempos: recientemente, la Comunidad de Madrid ha tenido que licitar por tercera vez el contrato para la futura estación de la L9 entre Paco de Lucía y Arganda del Rey para dar servicio en Los Berrocales y Los Ahijones. Como en las dos anteriores el proceso quedó vacío, también quedaron sin efecto las primeras denuncias desde Rivas.

El proyecto se tambaleó después de que la adjudicación quedara desierta en hasta dos ocasiones. La diferencia es que, ahora, el Gobierno regional dobla el presupuesto base con idea de volverlo más atractivo para las empresas. El nuevo expediente de contratación incorpora la aplicación de un reglamento de seguridad de la Comisión Europea, que establece un método común para la evaluación de cualquier modificación en la red. Este requisito debe integrarse desde la fase de diseño.

En la Comunidad de Madrid no existe un criterio único para decidir dónde instalar (o no) una boca de Metro. Pero el Consorcio Regional de Transportes establece la demanda de viajeros como el punto clave. Para calcularla, se analizan primero tanto la población actual de un núcleo como la que se prevé en los próximos años según los proyectos en marcha. También midiendo la concentración de viviendas o los focos generadores de viajes, como los hospitales, universidades, intercambiadores, zonas comerciales u oficinas que puedan conllevar un desplazamiento habitual.

La brecha norte-sur se expande a los nuevos barrios

En el sureste de Madrid se trabaja en otra conexión directa por carretera entre Los Ahijones y El Cañaveral, que fluirá a través de viaductos sobre la autopista radial R-3. Una solución a expensas de que quienes residan en El Cañaveral tengan vehículo propio y encuentren aparcamiento fácilmente en el barrio vecino, para desde ahí poder acceder a su futura estación de metro. Al otro lado de la ciudad, como ocurre con Valdebebas, el ambicioso plan urbanístico en Madrid Nuevo Norte ya ha dispuesto hasta tres paradas de Metro desde Chamartín, que unirán este futuro centro de negocios con las líneas 1 y 10 del suburbano.

El proyecto, más conocido como Operación Chamartín, se promocionó como un nuevo distrito financiero en torno a la estación de Adif, que incluiría 10.500 viviendas recién construidas, zonas verdes y 10 torres de oficinas con un rascacielos de 300 metros de altura, que promete convertirse en el más alto de España. Una obra gigantesca que ha pasado desde distintas empresas públicas a una sociedad privada conformada por BBVA, Merlin Properties y la constructora Grupo Sanjosé, y que en marzo del año pasado obtuvo el sí del Ayuntamiento para ocupar los 800.000 metros cuadrados que en adelante conformarán Madrid Nuevo Norte.

Del plan urbanístico original surgieron los bocetos para instalar tres nuevas estaciones de Metro, que provisionalmente han recibido los nombres de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Fuentes del sector inciden en que, la mayoría de las veces, que a una zona de Madrid le llegue o no una parada propia depende de los puntos de interés que haya instalados y sobre todo de una elección sobre el presupuesto. Por ejemplo, es habitual que estos anuncios se hagan en base a un presupuesto inicial estimado que, con el tiempo, puede variar considerablemente una vez comienzan los trabajos o se examina al detalle la calidad del suelo.

En los desarrollos del sureste ya ocurrió con El Cañaveral, donde se generaron expectativas en torno a una futura conexión de la línea 2 de Metro, las esperanzas cayeron cuando la Comunidad de Madrid lo consideró imposible después de recibir un informe geológico y geotécnico, que desaconsejaba la construcción de túneles por la inestabilidad del terreno. El Gobierno de Ayuso arrastra, además, la sombra del fiasco de Esperanza Aguirre en la planificación de la línea 7B, cuya inauguración se aceleró por la cercanía de elecciones y un error de cálculo acabó derivando en problemas de humedades que, con el tiempo, han acabado en el derribo de 73 viviendas y otras 600 afectadas en San Fernando de Henares, un municipio integrado en el área metropolitana.

Para no repetir errores y a la vez compensar a los barrios del sureste, Ayuso apostó por un sistema provisional de lanzaderas que conecten en cinco minutos con la estación de Metro más próxima, haciendo uso de nuevos modelos como el Bus de Uso Prioritario (BuP) o los buses rápidos. Es la promesa que también se ha hecho en Los Cerros (Vicálvaro), otro desarrollo en ciernes para el que se han aprobado 4,7 millones de metros cuadrados para la superficie total del terreno y la construcción in situ de 14.276 nuevas viviendas, la mitad operando desde el mercado y el otro 50% sujetas a algún tipo de protección oficial, según especificó hace unos días la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, después de aprobar la cesión de 13 parcelas municipales para desarrollar el plan.

Los conflictos derivados de la gran ampliación de la línea 11

Más allá de la estación que de la L9 que se abrirá entre Los Ahijones y Los Berrocales —que a su vez dará cobertura a otros barrios como Los Cerros—, la alternativa para moverse en estas zonas más modestas son los autobuses o el coche propio. Eso sí, en el primer caso serán vehículos especiales con prioridad que tendrán preferencia en semáforos o intersecciones. Sin embargo, que Valdebebas o Madrid Nuevo Norte tengan entre tres y cinco estaciones ya proyectadas cuando los desarrollos del sur compiten por ampliar sus conexiones ha hecho que algunos hayan puesto pie en pared.

Es lo que ocurrió en Las Águilas, en este caso un barrio de Latina con décadas de historia —se construyó entre los sesenta y los setenta— que, al arrancar el año, convocó una protesta ciudadana por el reparto determinado por la Comunidad de Madrid para la ampliación de la línea 11. Las organizaciones vecinales llamaron a concentrarse después de que, en octubre, saliera a información pública que este proyecto faraónico concluiría su enlace sur con Cuatro Vientos y no abrirá a corto o medio o plazo otras paradas alrededor. La ampliación de la L11 pretende conectar la ciudad en diagonal con un nuevo tramo de 33 kilómetros que llegará hasta Valdebebas, en el norte.

Pero en Las Águilas lamentan que no se haya atendido su demanda histórica de abrir una estación de Metro en la zona, donde en algunos puntos hay que caminar entre 15 y 20 minutos para bajar al suburbano más próximo. Solo tienen a mano dos conexiones de Cercanías y un par de autobuses, pero desde la asociación de vecinos de Las Águilas ya incidieron en los días previos a la protesta en que el colapso en los buses impedía una movilidad ordinaria. El Madrid de las próximas décadas echa a andar para abrir hueco a una población al alza, pero a su paso deja un halo de incomodidad por cómo los nuevos barrios se planifican tan dispares desde el inicio.

Vallecas reúne un año más a lo mejor de la novela negra en el Ateneo Republicano. Del 2 al 8 de febrero, el festival Vallekas Negra convertirá una vez más al distrito madrileño en el epicentro del crimen literario reuniendo a más de 20 autores del género noir.

Como ediciones anteriores, el Ateneo Republicano volverá a acoger la programación de la cita, que incluye en su cuarta edición tres mesas redondas, cuatro encuentros literarios y un club de lectura, entre otras actividades culturales. La programación arrancará el próximo 2 de febrero, a las 19.00 horas con un encuentro literario con el director del festival de novela negra Llanegra, Alejandro M. Gallo, que presentará su novela distópica Vallekas 2084.

El 4 de febrero será el turno de la presentación de la novela Partida de nacimiento del antiguo concejal de Puente y Villa de Vallecas, Paco Pérez. A continuación, se celebrará la mesa redonda Literatura y memoria democrática, dirigida por la presidenta del Ateneo Republicano de Vallekas, Marta Sánchez, y con la participación de Emilio Silva, Lourdes Ortiz, Sol Gómez Arteaga y Luis Puicercús Putxi.

Por su parte, el escritor Paco Gómez Escribano presentará su nueva novela Fondo buitre en la jornada del 5 de febrero. Acto seguido, también tendrá lugar la mesa Literatura por Palestina con la moderación de Elena Quintero, de la Asamblea Vallekas por Palestina, y con la participación de Irene Zugasti, Nicolás Castellano, Teresa Aranguren y Mauricio Valiente.

Además de encuentros literarios y mesas redondas, la cuarta edición de Vallekas Negra contará con otras actividades culturales. Vallecas se vestirá de negro el 7 de febrero con una yincana por el barrio de la mano de la Asociación Cultural Gandalf en base a un relato de la autora Ana Grandal. A continuación, el Club de lectura del CEIP Carlos Sainz de los Terreros presentará al escritor Marto Pariente. Durante toda la jornada, el Ateneo Republicano acogerá una pequeña feria del libro con editoriales locales.

El festival clausurará su cuarta edición el 8 de febrero con la entrega de premios de relatos Vallekas Negra. El certamen, que confirma el compromiso del evento con la cultura en los barrios, recibió en esta ocasión un total de 188 textos, 48 más que en la edición anterior.

El homenaje a toda una vida literaria

El broche de oro al festival lo pondrá la entrega del premio a la trayectoria Vallekas Negra al escritor cubano Leonardo Padura, conocido especialmente por su serie de novelas protagonizadas por el detective Mario Conde, un personaje que este año cumple 35 años de vida literaria.

Padura ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 o el Premio Nacional de Literatura de Cuba 2012. Después del homenaje, el festival concluirá con un aperitivo y la actuación del grupo musical Sesen Stones.

Vallekas Negra nació en el año 2023 como una iniciativa “sin ningún apoyo público ni privado” y surgió “de los propios vecinos” con el objetivo de llevar la cultura a las calles de Vallecas y dar voz a autores, tanto consagrados como noveles. En sus anteriores ediciones, el evento reunió a escritores como Juan Madrid, Alicia Giménez Bartett, Manuel Rivas, Berna González Harbour, Carlos Bardem o Cristina Fallarás.

A continuación puedes consultar el programa completo del IV Festival Vallekas Negra:

“Queremos que las vecinas y vecinos de Madrid vengan a Cañada Real, la conozcan, la transiten y ayuden a reclamar que sus habitantes merecen derechos y no miedo”. Esta frase de Houda Akrikez, de la Asociación Tabadol (que agrupa a mujeres de Cañada en defensa de sus derechos), resume el propósito de una nueva marcha por la vivienda en Madrid, prevista para el próximo sábado 31 de enero. Una con un elemento diferenciador, que redefine y expande su potencial. Frente a esos relatos en los que el asentamiento del sur de Madrid aparece como una especie de entorno aislado del resto de la ciudad, sin relación física o social con la urbe, esta manifestación nace con el propósito de escenificar cómo lo que pasa en Cañada es el preludio de lo que puede suceder en otros puntos de la capital y de todo el país. Por tanto, defender a quienes ahí viven es también preservar los derechos de todas las personas.

“¿Por qué las familias que llevan décadas en el territorio no pueden ser dueñas de los propios terrenos y a la vez se ceden terrenos a las promotoras, además gratuitamente, o a algunas entidades con intereses que no están claros? Es un conflicto que pasa en todo Madrid, en toda zona donde el derecho a la vivienda se topa con la posibilidad de negocio, de desarrollo y de especulación”, expone Houda durante la rueda de prensa de convocatoria de la protesta. Le acompaña en el estrado Sonia García, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallecas, en una muestra de ese eje transversal de la protesta. El elemento común es la defensa del territorio y de un hogar digno, también para las personas más vulnerables.

El recorrido del día 31 partirá a las 11.00 de la estación de Metro de Valdecarros (línea 1) y concluirá, entre música y un picoteo popular, en la sede de Tabadol (junto al campo de fútbol). Esta se encuentra en el sector 6 de Cañada, uno de los más desatendidos por las autoridades madrileñas. El pasado octubre se cumplieron cinco años de un corte de suministro eléctrico que todavía permanece, con noches y fríos que se soportan a base de generadores. No es casualidad que la presentación de la manifestación se llevara a cabo frente a la sede del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, situado en el Ensanche de Vallecas.

Houda explica que quieren mover el marco. Que la reivindicación de la luz para Cañada no desaparece, pero lanzan una nueva proclama: “Cañada se queda”. Es el lema de la marcha, el que emparenta su lucha con la del movimiento por la vivienda en plena crisis inmobiliaria y el leitmotiv de las batallas judiciales que están ganando en los tribunales. En julio de 2025, tres años después de autorizar en Cañada un derribo declarado “ilegal” en sentencia provisional, una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid condenó al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”. El alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, Julio César Santos, sigue firmando órdenes de demolición seis meses después. El pretexto de Cibeles es que la sentencia no es firme, aunque Sonia y Houda avanzan que han parado cautelarmente la destrucción de más viviendas debido a este y otros motivos.

“Cañada es el mejor ejemplo de acoso inmobiliario, pero no es el único”, dice Houda. Así, comparan el hostigamiento de los Ejecutivos de Almeida o Isabel Díaz Ayuso hacia Cañada con el que sufren vecinos de otros puntos de Madrid por parte de fondos buitre, grandes tenedores, particulares o incluso esas mismas administraciones. De ahí la importancia de estrechar lazos en las luchas, “por mucha que obviamente Cañada tenga unas características concretas”. Si la pelea es compartida, las conquistas también lo serán.

Pero la unión no surge solo de un sufrimiento compartido en el que entran en juego el racismo institucional o el agravio comparativo hacia las personas más pobres. Es también una cuestión de un origen común: “La autoconstrucción está en los genes de los vallecanos”, recuerda Houda en respuesta a las preguntas de Somos Madrid. El fenómeno proliferó durante las primeras décadas del siglo XX, promovido en gran medida por la migración extremeña o andaluza que llegaba a lo que todavía era un municipio independiente. “Reclamamos para Cañada el mismo derecho al territorio, después de décadas de vida en comunidad en ese propio territorio”. Como recuerda, la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ampara la imposibilidad de derruir viviendas construidas hace más de cinco años.

Para Houda, además, este episodio del pasado puede generalizarse de nuevo en la difícil coyuntura de acceso a la vivienda que asola Madrid y todo el país: “Si la gente no puede acceder a la vivienda, la autoconstrucción va a volver”. Pero lo lleva más allá y presenta este modelo como una alternativa al individualismo extremo de los nuevos desarrollos urbanos: “Frente a la vida en urbanizaciones cerradas, donde no hay barrio individual, la gente va a empezar a buscar otro tipo de soluciones. Sobre todo en un contexto de crisis ecosistémica y del capitalismo. En este sentido, Cañada es un ejemplo de resistencia, de colaboración y del poder que tiene levantar las casas ladrillo a ladrillo”. Las palabras de esta vecina coinciden con el análisis de la historiadora Charlotte Vorms, autora de La forja del extrarradio. La construcción del Madrid popular (1860-1936): “Lo normal no es el PAU, es la vivienda autoconstruida”.

Todo un marco alternativo del que no quieren desprenderse, de ahí que muchos de sus habitantes se resisten a la reubicación: “Lo que está ofreciendo el Pacto Regional de la Comunidad de Madrid a la gente de Cañada, y solo a un 20% de las familias, es separarlas para mandarlas a kilómetros y kilómetros. Pero tenemos derecho al terreno, la propia Ley autonómica nos lo dice. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Dónde está? No vamos a permitir que vengan arrasar la historia de miles de familias”, proclama Houda.

En la misma línea apunta Sonia: “En 2017 se firmó el Pacto Regional para la Cañada Real, un pacto que hablaba de soluciones, de diálogo y de derechos. Pero lo que hemos vivido desde entonces y desde mucho antes no ha sido ese cumplimiento, sino derribos, amenazas, abandono y violencia institucional. Queremos decirlo con claridad, los derribos no empezaron ayer, sino en 2007. Desde hace casi 20 años se destruyen viviendas, se rompen vidas y se utiliza el miedo como forma de gestión del territorio. Durante años hemos denunciado derribos ilegales, sin orden judicial, derribos selectivos y a dedo. Las investigaciones y el trabajo de las vecinas hablan de más de 150 viviendas. La condena a Julio César Santos no es fruto de un error puntual, es una práctica sistemática”.

Un hostigamiento generalizado al que confrontan los lazos colectivos, de ahí que la marcha aúne la protesta con ese componente festivo y gastronómico. Para sumar al mayor número posible de gente, comienzan acciones de comunicación y difusión desde este mismo domingo 18 de enero. No solo acudiendo a los medios, sino con una movilización sobre ese mismo terreno que quieren defender como propio y común. Estas intervenciones tomarán la forma de “mítines comunitarios”, con una caravana itinerante que partirá a las 12.30 de Sierra de Guadalupe y recorrerá todos los sectores de Cañada Real con varias paradas en las que diferentes líderes comunitarios y vecinales invitarán a la jornada del día 31. Parroquias, mezquitas o centros sociocomunitarios serán los puntos de información y llamada a la movilización.

Además de Tabadol, la marcha cuenta con el apoyo y organización de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallekas, el espacio de investigación feminista La Laboratoria, el colectivo Ármate Vallekana o Tienda Gratis - Asamblea Popular 15M Villa de Vallecas. A estas agrupaciones se unirán vecinos y vecinas de Vallecas y del propio asentamiento. “La Cañada se queda, se queda con el apoyo mutuo de los sectores 1 al 6, se queda con el apoyo de la ciudadanía organizada. La Cañada Real es Madrid, la Cañada Real es Vallecas y la Cañada Real se queda”, sentencian.

“Le encanta derribar viviendas”. Con esa claridad se expresa Houda, de la asociación Tabadol Cultural. Esta entidad agrupa a mujeres de la Cañada Real para fomentar su vida sociocultural y defender sus derechos. Aunque luchar por el regreso del suministro eléctrico ha sido su gran batalla en los últimos cinco años, también están implicadas en la protección de sus hogares y sus terrenos. De ahí esas contundentes palabras que dedica a Julio César Santos, jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Un alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que sigue firmando órdenes de cese de uso y desalojo previa demolición que afectan a casas de la Cañada Real, seis meses después su condena a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no es firme, surgió además por una demolición ilegal ejecutada por las administraciones madrileñas en la Cañada Real. Concretamente en el sector 6, con mayoría de población magrebí aunque también habitado por numerosas familias gitanas. Se llevó a cabo en julio de 2022, pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo abierto meses antes. “Una familia con menores salió de viaje y cuando volvieron su casa no estaba. La tiraron a dedo”, recuerda Houda. Para Sonia, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Vallecas, se trata de “una campaña de acoso y derribo”. Nunca mejor dicho.

Según acreditaba el auto judicial, el denunciante llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, cuando adquirió la finca en la que se ubicaba. Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse.

Fuentes de la acusación particular que ejercen los representantes legales del vecino indican que “el comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y pese a que el afectado presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, alegaciones que estaban siguiendo los trámites legales”.

También fue juzgado este funcionario de la Comunidad de Madrid que solicitó la demolición, cuyas siglas son M.G., aunque ha sido absuelto en primera instancia. “En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo”, añaden desde la acusación.

Acusaciones de “venganza” y “falta de voluntad política”

“Nos sorprendió recibir cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito”, denuncia Houda en conversación con Somos Madrid. Sonia recalca que las órdenes firmadas por el jefe de Disciplina Urbanística, órgano dependiente del área de Urbanismo que lidera el poderoso concejal delegado Borja Carabante, empezaron a llegar en octubre. Esto es, tres meses después de su condena y justo cuando se cumplían cinco años del corte de luz en Cañada: “Parece una especie de venganza”. Unas “represalias” que también achaca a Almeida por su anuncio de alargar el contrato con la incineradora de Valdemingómez, “que afecta directamente a la calidad del aire y de vida en el sector 6”.

Nos sorprendió que en octubre nos llegaran cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito

Mientras Sonia exige apartar a Santos para demostrar “un mínimo de decoro”, para Houda ese gesto sería “un primer paso para demostrar voluntad política”, así como algo que debería haber llegado “mucho antes de la sentencia, ya que esta persona venía demostrando esa actitud desde hace años”. “Es lo que siempre decimos, que falta esa voluntad. Estamos pidiendo que se regularicen las viviendas de personas que tienen derecho a ello, al territorio, porque se les ha permitido estar ahí durante 60 años. La propia Castellana fue en su origen un entorno parecido que luego se regularizó. El sector 1 de la Cañada Real ya está legalizado e integrado en el municipio de Coslada. ¿Por qué los demás no? Es solo una cuestión de esa voluntad política que ha faltado todo este tiempo”.

El Consistorio, preguntado por la sentencia, insiste en que la condena ha sido recurrida y remite a declaraciones anteriores a este periódico. En ellas, indicaba que sus servicios jurídicos estudian un posible recurso que alargue el proceso y niegan que vaya a destituirse a Julio César Santos, al menos, “hasta que la resolución sea firme”.

En general, para velar por los acuerdos adoptados en torno a la vía pecuaria existe un Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado de tomar las decisiones sobre el asentamiento irregular o coordinar el plan de realojos acciones relacionadas con el plan de realojos. “Somos conscientes de ese Pacto y de que hay viviendas que no pueden ser habitadas. Pero hay otras casas bien construidas, y ante ellas el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deben agarrarse a ese mismo documento firmado en 2017. Hay un párrafo de ese acuerdo que habla de mantener al 70% de las familias de Cañada Real. Nuestras alegaciones van encaminadas a respetar ese punto”, explica Houda.

Una batalla jurídica en la que siguen consiguiendo victorias, más allá de la condena de Santos. Así, en las últimos semanas han detenido cuatelarmente tres derribos en la zona. Da más detalles Sonia, de la PAH de Vallekas: “Los juzgados están estimando las cautalerasímias y es una gran alegría para las familias que están pendientes de un hilo por el empeño de este señor por derribar sus casas contra viento y marea”. Consideran incluso que estos triunfos legales pueden facilitar el cese de Santos: “Está causando perjuicio al Ayuntamiento, porque el argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso mucho más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años”.

El argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años

Eso sí, Sonia va más allá y puntualiza que han logrado victorias jurídicas incluso ante órdenes firmadas por otros funcionarios: “Nos agarramos a una sentencia de febrero de 2025 que, de acuerdo a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, estima la legalidad de cualquier vivienda que haya sido levantada hace más de cinco años. Hemos ido ganando estas batallas legales poco a poco, ha sido un trabajo de hormiguitas”.

“No vamos a dejar que nos amenacen en nuestras propias casas. Por eso hemos lanzado la campaña Cañada Se Queda”, adelanta Houda. Esta iniciativa tendrá su punto culminante el próximo 31 de enero, con una marcha entre Vallecas y Cañada Real desde las 11.00. “La situación de la vivienda en Madrid y en España es un asunto que está sobre la mesa. Y no hay mejor ejemplo del acoso inmobiliario que sufren tantas personas que el de la Cañada Real. Queremos aunar fuerzas ese día 31. Lo que hoy pasa aquí, mañana pasará en otros barrios. Se trata de una violación de derechos humanos masiva, una especulación urbanística de norte a sur y de sur a norte. No podemos permitir que nos estén quitando nuestros hogares, que nos pisoteen para que se sigan lucrando. Nuestros hijos merecen un techo digno”.