Gloria, vecina de la calle Bravo Murillo de Madrid, acudía habitualmente al puesto de Bibliometro de la estación de Canal. Situada a tiro de piedra de su casa, era un punto de paso en cualquier desplazamiento por la ciudad. No tenía ni que desviarse para entregar o tomar prestado alguno de los 1.700 títulos de cada módulo con los que cultivar su afición a la lectura. Especialmente novedades recientes, una de las principales bazas de este servicio subterráneo frente a las bibliotecas tradicionales. Pero, desde hace meses, a Gloria le toca recorrer unos cuantos kilómetros para beneficiarse de esta posibilidad.

El de Canal es uno de los seis puestos de Bibliometro clausurados desde el pasado julio. Todavía permanece en su vestíbulo, como pasa en Legazpi, Nuevos Ministerios, Aluche, Embajadores y Moncloa. Pero todos ellos están fuera de servicio, completamente vacíos de fondos y sin personal. Pequeñas bibliotecas fantasmas bajo el suelo de Madrid. En la de Legazpi, donde todavía pueden verse sus entrañas desangeladas sin un solo libro en los estantes, varios carteles indican desde hace meses que la actividad iba a cesar “temporalmente” a partir del pasado 18 de julio. En la de Nuevos Ministerios, con una cobertura opaca que impide observar su interior actual, fue desde el día 20 del mismo mes.

Por contra, el servicio continúa en la otra mitad de puntos: Puerta de Arganda, Carabanchel Alto, Puerta del Sur, Chamartín, Mar de Cristal y Sierra de Guadalupe. El motivo de esta extraña dicotomía, según confirman fuentes de Bibliometro a Somos Madrid, está en la gestión compartida entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Así, los puestos con la persiana echada operaban bajo el paraguas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Además de esas fuentes, que prefieren preservar su anonimato, lo afirman desde la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina al atender una consulta ciudadana en el portal de atención a dudas sobre bibliotecas del Ministerio de Cultura: “Nos informan que, por un motivo de cambio en la gestión de los Bibliometros, algunos de ellos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Eran dependientes del Ayuntamiento de Madrid”.

El propio Consistorio hizo gala de la participación conjunta en el proyecto en sus primeros compases. Dos años después de su aterrizaje en 2005, una nota de prensa desgranaba la inversión municipal: 508.497 euros solo hasta 2007, por 1,2 millones de aportación autonómica. El escrito recalca también la “titularidad” del Ayuntamiento sobre las seis estaciones citadas. La publicación adelantaba asimismo la creación del Consorcio de Bibliotecas Públicas de Madrid entre el Gobierno de la ciudad y el de la región, algo que nunca llegó a tomar forma.

Desde el área de Cultura del Ejecutivo municipal sostienen pese a todos estos elementos que “Bibliometro depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”. Argumentan en respuesta a las preguntas de este diario que “el Ayuntamiento colaboró a través de esos puestos [los cerrados] hasta mayo del año pasado, cuando dimos a conocer Tu biblioteca a un clic, un programa con el que se ofrecen libros a los viajeros de autobús, tras haberlo hecho con los de Metro”.

Las explicaciones del área que dirige Marta Rivera de la Cruz tampoco se ajustan con la exposición de los hechos por parte de la trabajadora que atiende a este medio desde el anonimato: “Los seis módulos cerrados los lleva el Ayuntamiento, que lleva años desentendiéndose. Pasaron de ellos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados”.

Esta empleada incide en que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones. Un modelo aplicado tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento que, en este caso, ha mostrado antes su tendencia a degradar el servicio en los módulos de gestión municipal.

“No venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamenta la trabajadora para ilustrar esa dejadez. Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abona a su plantilla justamente el salario mínimo. Da cuenta de ello una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Señala la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Apunta asimismo que “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”.

Betansa se hizo de esta manera con la administración de seis Bibliometros en 2022, un contrato de dos años prorrogable por otro más. Cuando llegó 2025, el equipo de Almeida optó por no sacar la licitación de nuevo a concurso, de ahí que las instalaciones sean ahora poco más que elementos que entorpecen el desplazamiento por seis transitados vestíbulos de Metro de Madrid.

En cuanto a los módulos que dependen del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fuentes consultadas por este periódico avanzan que la adjudicación a Normadat vencerá inminentemente. Se trata en su caso de una adjudicación de dos años (con una financiación de 904.000 euros) renovables por otros dos, que se efectuó también en 2022. Por ello, deberán proceder de manera inminente a encontrar un nuevo adjudicatario o repetir con Normadat. De lo contrario, los puestos todavía operativos podrían correr la misma suerte que los dependientes de Cibeles.

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este medio apuntan hacia una renovación del servicio y a la recuperación de varios módulos clausurados, al tiempo que confirman las competencias previas del equipo de Almeida: “Ante la decisión del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid inicia las conversaciones con Metro para hacerse cargo de algunos de los Bibliometros de gestión municipal”.

Pese a ello, la trabajadora que explica la situación del servicio lamenta que haya llegado a sobrevolar la sombra del desmantelamiento. No solo por sus efectos personales y profesionales, sino por el valor diferencial que los Bibliometros ofrecen a los vecinos y vecinas de Madrid: “Recibimos cuatro ejemplares de cada novela que sale como gran novedad. A cada biblioteca tradicional suele ir uno y encima los pueden reservar, así que casi no llegan a la estantería. Aquí eso no suele pasar”. Lanzamientos recientes de Arturo Pérez Reverte, Isabel Allende, Carme Chaparro o Fernando Aramburu pueden encontrarse con facilidad en sus estanterías. Esas mismas que permanecen vacías en Legazpi o invisibles en Nuevos Ministerios.

La coyuntura que afecta a los Bibliometros se une a la degradación en la otra gran apuesta literaria de la red, las Metrotecas. En ese caso se trata de pequeños cajetines situados en los andenes, donde los viajeros pueden tomar algún ejemplar al tiempo que dejan otro. Sin embargo, el comportamiento de algunos usuarios que no han seguido esta política de reposición y la falta de inversión para renovar el catálogo original de 1.400 fondos han derivado en que la mayoría de los estantes hayan quedado vacíos a lo largo de las 16 estaciones en las que se disponen.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

El Viernes de Dolores es la jornada que abre las procesiones de Semana Santa en Madrid este 2026. Lo hará este 27 de marzo con dos pasos: el del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia y el del Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de Dolores.

Las procesión del Cristo del Pozo, que recorre Puente de Vallecas, destaca por la vestimenta granate de sus nazarenos, que llevan capirotes de 90 centímetros, cíngulo y guantes blancos y zapatos negros. Portan además cirios de color blanco. El segundo paso tendrá lugar en El Pozo, la zona del barrio de Entrevías que da nombre a la imagen del Cristo. Son significativas las túnicas violetas de sus costaleras y costaleros.

Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia

Cristo del Pozo y Nuestra Señora de Dolores

Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 58 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas sobre la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La entidad solicita asimismo a la Comisión Europea la apertura de una investigación preliminar.

Así consta en un escrito remitido a la Fravm, según recoge Europa Press, en el que la Comisión de Peticiones señala que la petición ha sido declarada admisible al considerar que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. En la carta, el mismo órgano indica que ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo “una investigación preliminar sobre este asunto” y que, además, ha trasladado la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo para su análisis.

El documento recuerda también que la responsabilidad principal de la correcta aplicación del Derecho de la Unión recae en los Estados miembros, y apunta que las cuestiones planteadas en la petición están recogidas en la normativa europea sobre residuos y en las estrategias vinculadas a la economía circular.

“Deficiencias” en la seguridad con impacto en la salud

La solicitud registrada por los colectivos vecinales denuncia el retraso en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la incineradora de Valdemingómez, así como diversas “deficiencias” que, según sostienen, pueden afectar a la seguridad de la instalación y tener impacto en la salud de la población y el medio ambiente. En concreto, según apunta la Fravm en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid debería haber implementado hace más de dos años medidas exigidas por la normativa comunitaria, como un sistema de gestión ambiental con un plan de gestión de accidentes o mecanismos de control y comparación de emisiones contaminantes para cumplir el Reglamento de Emisiones Industriales.

Ante esta situación, las asociaciones decidieron elevar el caso a las instituciones europeas, a la espera ahora de que se recabe información al Consistorio madrileño y se avance en el análisis del expediente. La admisión a trámite se produce tras un proceso en el que, según recuerdan los colectivos, los eurodiputados del Partido Popular Europeo votaron en contra de su tramitación en la Comisión de Peticiones.

El PSOE ataca a Almeida ya que Bruselas hace “más caso” a los vecinos

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado que en Bruselas se haga “más caso” a las denuncias de los vecinos de Vallecas que a su propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Le ha acusado de “mirar hacia otro lado” con la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En declaraciones remitidas a la prensa, Benito ha señalado que los vecinos de este distrito llevan “años denunciando” los efectos de esta instalación, entre otros, “malos olores, emisiones y preocupación por la salud”. Especialmente en el Ensanche de Vallecas, donde según ha indicado, “miles de familias” reclaman algo tan “básico” como aire “limpio”.

“Pero lo más llamativo es que esa voz parece escucharse antes, fuera que dentro de Madrid. En Bruselas ya se han abierto investigaciones por las denuncias vecinales, mientras aquí el ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado”, ha reiterado. En este sentido, el socialista ha reprochado que Gobierno municipal haya optado por prolongar la actividad de la incineradora hasta el año 2040. A su juicio, esta decisión supone mantener “un modelo contaminante que afecta directamente a estos barrios”.

Además, Benito también ha cargado contra Sanz por asegurar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando la instalación. “La pregunta es evidente: ¿millones para qué?”, ha planteado, para añadir que, a su juicio, no se han destinado a “reducir residuos, impulsar el reciclaje ni avanzar hacia la economía circular”, sino a “seguir contaminando el aire de los madrileños, especialmente el de los barrios del sureste”. “¿Por qué quienes más sufren la contaminación son siempre los mismos barrios como Vallecas?”, ha zanjado.

El Ayuntamiento recalca que “cumple con la normativa”

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias), ha asegurado que Valdemingómez “cumple con la normativa vigente” y está “haciendo las cosas muy bien”. Sanz ha indicado que la petición ha sido admitida a trámite al reunir formalmente las características para ello, pero ha remarcado que Valdemingómez “cumple con toda la normativa vigente, con una autorización ambiental integrada que establece los valores límites de emisión, que está a disposición de cualquier organismo estatal o comunitario que quiera analizar su funcionamiento”.

“Valdemingómez cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo con todos los límites y, por lo tanto, creo que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido”, ha declarado la vicealcaldesa, que ha recodado las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando con todas las autorizaciones “siempre en vigor”. Razón por la que, entienden desde el Gobierno de Cibeles, no hay “ningún problema”.

Primer revés al recién anunciado proyecto del Ayuntamiento de Madrid para uno de los vestigios más representativos de la Guerra Civil en la capital. El Consistorio anunciaba en febrero que el edificio de la calle Peironcely 10 de Entrevías, retratado por Robert Capa en una fotografía para la posteridad, albergará a partir de 2028 el Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, “un espacio pionero de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años”. El espacio, impulsado por el área de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con las áreas de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias y de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, tendrá una superficie de 400 metros cuadrados. Pero la entidad que custodia el legado del fotógrafo ha mostrado con dureza sus reservas al plan.

El International Center of Photography (ICP) ha notificado al alcalde José Luis Martínez-Almeida su veto total, tambaleando la cobertura legal para la nomenclatura elegida. La red europea, liderada por la Capa Haus de Leipzig (Alemania), condena el “borrado histórico” del proyecto y avala la “incuestionable excelencia profesional” de la Plataforma ciudadana Salvar Peironcely 10, que ya criticó el anuncio municipal por su falta de referencias a la Guerra Civil. Esta y otras entidades de Vallecas exigen un museo sobre la memoria de los bombardeos y el barrio.

En el comunicado oficial, la ICP “desautoriza y prohíbe formalmente el uso del nombre, la imagen y el legado del fotógrafo en cualquier proyecto ubicado en Peironcely 10 que no cuente con la aprobación de la Plataforma #SalvaPeironcely10”.

La maniobra del Ayuntamiento entrega el histórico edificio de Peironcely 10 a una entidad ajena al proyecto original, la Fundación José María de Llanos. “Esta decisión dinamita una década de trabajo vecinal, académico e internacional para crear el Centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid y ha provocado la reacción de destacadas entidades culturales fuera de nuestras fronteras”, trasladan desde Salvar Peironcely, plataforma respaldada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm) y múltiples asociaciones vecinales de Puente de Vallecas.

La actual concepción del Ayuntamiento conserva una de las viviendas como espacio para contextualizar el edificio en la historia de la ciudad y en la obra de Capa, siendo esta la única referencia en este sentido. La programación del nuevo recurso recaería en la Fundación José María de Llanos, institución que lleva el nombre del conocido Padre Llanos y ha trabajado durante décadas con jóvenes de Vallecas, El Pozo y Entrevías. La programación contará con distintas líneas de trabajo. Por un lado, un espacio para las artes plásticas y escénicas con distintos talleres. Por otro, actividades en torno a las artes musicales, con clases de composición, interpretación y producción. Peironcely 10 contaría también con un espacio expositivo, donde se podrán desarrollar pequeños eventos culturales.

Instituciones de referencia validan el plan de las asociaciones que trabajan sobre el terreno

La Capa Haus Initiative de Leipzig (Alemania) ha remitido otro escrito al Consistorio en el que lamentan que se destruya la oportunidad de “hermanar” ambos edificios. Además, la institución alemana desacredita la excusa municipal sobre la idoneidad del proyecto, avalando rotundamente a los vecinos: “Nuestra iniciativa quedó profundamente impresionada por el alto nivel académico y artístico del trabajo realizado por #SalvaPeironcely10. Nadie más puede dar vida a este lugar único (...). Esta casa podría ser la joya de la corona del trabajo por la paz”, sentencian en su carta. Este rechazo es compartido por instituciones académicas que llevan años avalando el proyecto madrileño, con profesores de las universidades de Princeton, Berkeley, William and Mary, Federico II de Nápoles o la Sorbona de París.

La Plataforma Salvar Peironcely y la Fravm plantean como salida institucional viable que el nuevo centro dependa directamente del Museo de Historia de Madrid: “Siempre hemos mantenido una actitud dialogante. Creemos que esta crisis se puede solucionar positivamente si el Ayuntamiento hace suya nuestra propuesta. Este es el modelo de ciudades como Leipzig, donde la Capa Haus es de gestión municipal”.

Señalan además que “dinamitar el proyecto original de Peironcely 10 desvirtúa los acuerdos alcanzados en la estrategia SURES, donde se reconocía el valor del inmueble (avalado por el Sello del Año del Patrimonio Cultural 2018 de la Comisión Europea) como motor de reequilibrio territorial y atracción turística para un barrio desfavorecido”.

“No era normal que en un barrio o pueblo con la implicación social y política de Vallecas no hubiese un solo adoquín colocado”, afirma Luis Sánchez-Grande. Pertenece a la Asociación Kascoviejo, muy activa en Puente de Vallecas. Recuerda que “aquí, como en todas partes, hubo víctimas en los campos de exterminios nazis”. Desde la agrupación vecinal, gracias a la inestimable labor investigativa de Isabel Martínez y Jesús Rodríguez (almas del proyecto Stolpersteine en la capital), han identificado a 15 vallecanos que acabaron encerrados en esos lugares de barbarie. El objetivo es colocar pequeños adoquines de hormigón con una placa de latón dorada grabada con el nombre de la víctima. Estas se instalan en las aceras, delante de las casas donde vivieron los deportados a campos de concentración nazi.

“Algunos participaron en la construcción de la Casa del Pueblo de Vallecas. Son historia viva que lo dieron todo por la democracia”, destaca Luis en conversación con Somos Madrid. Fue precisamente en ese espacio, referente del socialismo en el barrio, donde celebraron la primera reunión con familias de las víctimas hace unas semanas. Gracias a la reconstrucción de los árboles genealógicos a través del padrón municipal y otros documentos, han localizado a descendientes de ocho de ellas. Los más directos han fallecido o son nonagenarios, de ahí la complejidad y el valor de reconstruir estas herencias.

“Tenemos dudas con una familia más y seis están aún pendientes. Es una tarea complicada, pero a nosotros que somos unos completos amateurs nos parece un éxito”, admite Luis. Resalta “las caras de sorpresa y alegría de las familias” cuando contactan con ellas. Muchos conocen en ese mismo momento que un pariente acabó preso o muerto en un campo de concentración. Algunos, incluso, se enteran en dichas llamadas de la existencia de ese pariente, hasta ese momento totalmente desconocido. Después, entablan contacto con tíos o primos que no sabían que tenían, en otras zonas de España o en Francia. “Es curativo. Muchos nos dicen que no sabían que sus abuelos o bisabuelos habían pasado por ahí, que en sus casas no se hablaba de eso”, apunta Luis. Por ello los Stolpersteine hacen memoria no solo en el espacio físico, sino también en la herencia sentimental de las vidas sesgadas por la represión franquista y nazi.

Llegar a esa explosión emotiva requiere un arduo trabajo de documentación previo. El hilo del que tirar es Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), de Benito Bermejo y Sandra Checa, que detalla una lista con más de 9.000 personas expulsadas por la dictadura a campos de concentración en Francia o Alemania. La comparación de estos nombres con el censo municipal de los años treinta les ha permitido comprobar quienes residían en Vallecas. Esta documentación también detalla si estaban casados o tenían hijos.

Las complicaciones se intensifican a partir de 1965, cuando la información pública de los padrones deja de actualizarse. “Nos encontramos familias que no aparecen más y hay que tirar de teléfonos en las páginas amarillas vinculados a los últimos descendientes de los que haya registro”. El objetivo es que haya algún familiar de cada víctima presente en el futuro acto de colocación de los Stolpersteine, previsto para el 28 de abril, después de que la Junta Municipal de Puente de Vallecas haya dado su visto bueno a la colocación de los adoquines de memoria con los votos favorables de todos los grupos municipales salvo Vox, que se abstuvo. Cada una de estas piedras se colocará junto al último domicilio registrado en Vallecas de los deportados.

Los represaliados sin familiares localizados

De los 15 deportados a campos nazis procedentes de Vallecas que han conseguido identificar, los impulsores de la iniciativa no han logrado localizar por el momento a descendientes de siete personas. Piden compartir sus nombres por si alguien pudiera aportar cualquier información que sirva de ayuda. Son Mario de la Calle García, Julián Fernández López, Cecilio López Galeote, Eleuterio de la Fuente Moreno, Rufo López Martín, Benigno Pompa Elvira y Manuel Salinas Foncillas.

Luis expone las dificultades de la reconstrucción de sus árboles genealógicos tomando como ejemplo a Cecilio López Galeote: “Aunque no constan descendientes directos, sabemos que tenía un hermano y una hermana que vivieron en una casa del 31 de la calle Melquiades Biencinto al menos hasta 1965. Pero en ese número ahora hay un bloque de viviendas, no sabemos si habituales o turísticas. Preguntamos a la farmacéutica de al lado, aunque su abuelo que es quien podría haberle conocido ya no vive. La mujer estuvo mirando en sus archivos y consultó a otras del barrio, por si diesen con fórmulas especiales que hubiesen necesitado un registro, pero no ha habido suerte”.

No han conseguido hallar el DNI de Cecilio, lo cual complica las pesquisas. Factores como unos apellidos extremadamente comunes también pueden suponer todo un hándicap: “La última pariente a la que llegamos es su sobrina, María López López. Pero como para encontrarla con ese nombre... Luego hay un hombre apellidado Pompa, lo cual tendría que facilitar las cosas, pero de momento no hemos conseguido nada”. Si no consiguen dar con descendiente alguno de estos siete deportados, los adoquines de memoria se colocarán en los últimos domicilios registrados en el padrón del cuarenta, pero sin la presencia de familiares.

Isabel Martínez y Jesús Rodríguez se explayan en los contratiempos y golpes de suertes del proceso: “Si ninguno de los teléfonos es válido, comprobamos qué hijos o familiares cercanas pueden haberse quedado en viviendas próximas, aunque sea en otras calles o barrios. Hemos encontrado algunos yendo a las calles o a las casas. Por ejemplo, visitamos uno de los domicilios y nos encontramos una chica joven a la que le sonaba el apellido que le dimos porque era el de la mujer que le había vendido el piso. La señora ahora estaba en una residencia. Otros familiares que hemos ido a ver no vivían ya en los domicilios registrados en el padrón de 1965, pero una vecina que nos escuchó conservaba sus teléfonos. Juega un gran papel la suerte, si vamos otro día que no está la vecina no hubiésemos localizado a esos allegados”, narra Isabel.

Esta pareja de jubilados comenzó a bucear en los recuerdos (y la burocracia) que dan pie a los Stolpersteine en 2019, mismo año en el que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida eliminó el área municipal de Memoria y Derechos Humanos. “Lo descentralizaron por distritos, así que necesitamos un permiso para cada uno de ellos y hablar con cada Junta Municipal, como si fueran 20 ciudades distintas. En Vallecas era muy importante hacerlo, venían incidiendo en ello desde la Asociación Kascoviejo o la de la Batalla Naval [la Cofradía Marinera de Vallekas]”, subraya Isabel.

Los dos investigadores aportaron la información de seis de los deportados a asociaciones del barrio para que fueran rastreando a familiares. “Contar con parientes muestra que la petición no es solo nuestra y suele reforzar la disposición de las Juntas de distrito. A veces solicitan padrones o certificados de documentación para impulsar el apoyo institucional”. Un trámite este que no les suele frenar, ya que tienen la maquinaria de la investigación perfectamente engrasada.

Las claves de la investigación: tesón, rigor y una pizca de fortuna

Acudieron en primer lugar a los Archivos Arolsen, un centro internacional de documentación, información e investigación en Alemania (también con sede digital) sobre la persecución nazi con más de 30 millones de documentos. En ellos buscaron la palabra “Vallecas” (todavía municipio independiente en los años de las deportaciones) o vías concretas, como la calle Fermín Galán.

A esto se suman “infinidad de visitas” a los Archivos de la Villa para acceder a los padrones municipales públicas, que llegan a 1965. Este último ayuda a reconstruir las familias, aunque son igualmente importantes los de 1930, 1935 y 1940: “Dan pistas sobre el último domicilio antes de la deportación”. Algunos casos requieren un esfuerzo extra: “Hemos recurrido al Archivo General Militar o al de Guadalajara para indagar en uno de los hermanos. También hemos solicitado expedientes a Francia”.

La pareja resalta el “sentimiento de colectividad tan grande” que han detectado en Vallecas: “En otros distintos no se ha planteado con tanta firmeza colocar todas las placas conjuntamente”. El apoyo del tejido vallecano se deja notar también en los diversos actos de presentación de la iniciativa y de sus resultados que están celebrando estas semanas. La próxima será el miércoles 11 de marzo en la librería Muga, en el número 89 de la avenida Pablo Neruda.

Ese compromiso añade, no obstante, una dosis extra de dificultad a estos investigadores altruistas: “Es difícil de abarcar para tan pocas personas, sobre todo porque tratamos de ser rigurosos. De las dos familias que nos contactaron originalmente en Vallecas, no hemos encontrado documentos que acrediten la deportación en uno de los casos, así que no podemos incluirle”.

“Si una familia se dirige a nosotros suele tener ya un domicilio o una estimación de donde ubicarlo. Cuando empezamos a buscar, miramos en el libro de Bermejo y Checa los que están en la misma cinta de microfilme. Que no son pocos, en el Archivo de la Villa puede haber 300 en una de estas cintas. Si vamos a buscar una persona de Vallecas en Arolsen y damos con una ficha de 1930, miramos alrededor por si damos con otras. Cuando tenemos indicios de que vivió en una calle, nos la recorremos en el Archivo para comprobar si esas personas aparecen en esos libros. Pero Vallecas es muy complicado porque en diez años las calles tuvieron cuatro nombres. Orientarse en su callejero nos ha contado más que cuando tuvimos que encontrar a una familia de Australia en una campaña de Stolpersteine anterior”, cuenta Isabel.

Dignificar y reparar historias “trágicas y dolorosas”

La identificación de los deportados en Vallecas ha tenido además un componente trágico: “Asesinaron a 14 de las 15 víctimas que hemos identificado, solo hubo un superviviente. Es una circunstancia muy triste. Normalmente, la media es que un tercio de los deportados sobreviviesen”. Julián Fernández López fue el único vallecano que salió con vida de los campos nazis de Gusen (donde perecieron 11 de los 14), Mauthausen o Steyr-Münichholz.

“Hemos podido comprobar que fueron casi en grupo al mismo destino. Muchos salieron en el mismo convoy y fueron deportados el mismo día, en enero de 1941”, apunta Jesús. “Siempre te queda la pregunta de si se encontrarían o conocerían en los campos de Francia, si trabajarían en la misma compañía de empleados extranjeros y por eso fueron detenidos juntos. Quedará la duda de si combatieron hombro con hombro en la Guerra Civil. Es difícil saber donde lucharon”, explica Isabel.

La elevadísima proporción de ejecutados ha hecho que el proceso de Vallecas presente particularidades respecto de otras pesquisas: “La gran mayoría de supervivientes se quedaban en Francia. Contactaban de alguna manera con su familia aquí y si podían se la llevaban. Los más jóvenes se establecían allí. Por eso la familia más directa suele estar en Francia”. La falta de supervivientes vallecanos menoscaba significativamente el peso de los descendientes franceses.

Está previsto que al acto de colocación del próximo 28 de abril (de cara al cual agradecen la rapidez burocrática a la Junta de Puente de Vallecas) asista Gunter Demnig, el artista alemán que diseño los Stolpersteine. “Viene expresamente desde Burdeos y luego se vuelve a Alemania, solo pasará unas horas en Madrid a colocar las piedras de aquellas en las que hay en familiares localizados”, dice Isabel. “Para Gunter, España tiene un significado especial porque le toca en lo personal. Dejó de hablarle a su padre cuando se enteró de que había combatido en la Legión Cóndor, la fuerza aérea que Hitler envió para apoyar a Franco”, recuerda Jesús. “Esta podría ser su despedida de España. Nos hace mucha ilusión porque admiramos mucho su trabajo. Antes venía mínimo una vez al año y se quedaba varios días”. Un final que aporta dignidad, reparación y memoria a estas historias “trágicas y dolorosas” para no tropezar dos veces con la misma piedra.

El plan que el alcalde anuncio hace un año para dar alternativas al desmantelamiento del scalextric de Vallecas será presentado en los próximos meses. Ha sido definido por el Ayuntamiento como “novedoso”, que de momento no da más detalles que su fecha de presentación: posiblemente antes del verano.

El anuncio lo ha hecho la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, durante la comisión de su área, en la que respondía a una pregunta del PSOE sobre este posible derribo de la infraestructura.

“Existe una frontera que tenemos que mirar”, explicaba la delegada relatando que el consistorio ha conformao un equipo de trabajo del que forman parte, además del área de Obras, las Juntas de Retiro y Puente de Vallecas, el área de Medio Ambiente y Movilidad, la EMT y Calle 30. “Todos estamos trabajando en un proyecto común que yo espero que pueda ser presentado antes del verano”, aseguraba. “Va a ser un proyecto novedoso, muy bueno para los distritos”, para que desaparezca “ese efecto frontera que no queremos nadie”.

García Romero recordaba el “efecto frontera” al que se refirió el cantante Ramoncín durante un acto municipal que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, en el que reclamó el derribo: “Tirar el puente es una cosa que habría que hacer ya”, fue lo que dijo ante Almeida, aprovechando el acto oficial con el que el consistorio celebraba el 75 aniversario de la incorporación a la ciudad del pueblo de Vallecas, al que había sido invitado.

La delegada daba respuesta en la comisión al concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero, quien ha calificado el 'scalextric' como una “barrera urbana segregadora” y ha reclamado un compromiso claro del Gobierno municipal para su eliminación. “Menos cimentazo y más ciudad humana, señora delegada”, ha lanzado a García Romero.

Barrero ha subrayado que la eliminación del 'scalextric' se trata de una decisión política, más que técnica, y ha criticado que, mientras en otras zonas de la ciudad se llevan a cabo proyectos para devolver espacio público a los peatones, aunque en Puente de Vallecas solo se encuentran “excusas” para mantener la infraestructura. “Mientras el PP mira a otro lado, Puente de Vallecas sigue bajo el yugo del 'scalextric'”, ha lamentado.

En febrero de 2025, el alcalde Almeida anunció que había encargado al área de Obras un estudio para mejorar el entorno del scalextric: “Está en condiciones de presentar un análisis preliminar ver actuaciones que puedan mejorar todo el entorno del Puente de Vallecas, la calidad de vida de los vecinos y trabajar dentro de nuestras posibilidades para que esa zona sea cada vez un espacio público mejor”, aseguraba a los periodistas hace ahora un año.

Entonces ya descartaba el desmantelamiento, al estilo de lo que sucedió en el cercano Puente de Pedro Bosch. “Es imposible”, aseguró Almeida con respecto a su retirada. “Pasan por ahí 250.000 vehículos todos los días. Que no se engañe a los vecinos de Vallecas, si se quitara el scalextric como dice la izquierda la avenida de la Albufera viviría completamente colapsada, no hay alternativa de movilidad”.

Pago de nóminas a destiempo, salas de prensa sin wifi, estancias sin luz en el vestuario rival, duchas con agua fría en el de la propia plantilla, inmovilismo en la búsqueda de nuevos ingresos... Y ahora, hongos en un campo convertido en vergüenza del fútbol español. La figura del presidente del Rayo Vallecado, Raúl Martín Presa, lleva años cuestionada por una bancada siempre comprometida y reivindicativa. Pero la última mancha en su gestión, que obligó a cancelar el encuentro con el Real Oviedo del pasado sábado por el deteriorado estado del césped debido a la lluvia y la falta de mantenimiento, ha desatado una oleada de contestación entre la hinchada e incluso desde sectores futbolísticos ajenos al entorno rayista. Una sensación de derrumbe institucional mientras el equipo masculino se pasea por Europa en la UEFA Conference League, después de vivir una pasada temporada llena de éxitos deportivos.

La delicada situación actual ahonda en un descontento enraizado entre la afición por diversas actitudes promovidas desde la directiva que no encajan con su sentir mayoritariamente obrero y progresista. Cada 8 de marzo, la cuenta del Rayo Vallecano en redes sociales publica el mismo mensaje: “Nuestro recuerdo y emocionado homenaje a las víctimas de la COVID-19 y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos, cuando se cumplen años del inicio de las complicaciones de la terrible pandemia en nuestro país”. Desde el club fechan el comienzo de dichas dificultades precisamente el día de la manifestación feminista. “Ese día, además de 12.000 espectadores, al Estadio de Vallecas fueron Ana Camins, Alicia Sánchez, Mari Mar Blanco, Ana Millán, Almudena Negro y otras diputadas del Partido Popular... Sales en todas la fotos”, le recordaba un usuario en X en respuesta al post publicado en 2023.

No son los únicos dirigentes políticos que Martín Presa ha invitado al palco desde su llegada al cargo en 2011 (después de comprarlo a la ruinosa Nueva Rumasa). En abril de 2021, le acompañaron en la zona de autoridades del Estadio de Vallecas el líder de Vox, Santiago Abascal y la por entonces responsable del partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio (ahora defenestrada por la dirección de la formación). El Rayo jugaba además contra el Albacete, que contaba en su plantilla con el futbolista ucraniano Roman Zozulya. Dos años antes, este mismo partido había sido cancelado después de que parte de la grada gritara “nazi” al futbolista.

Martín Presa justificó la presencia de los líderes ultraderechistas con estas palabras: “Era necesario limpiar la imagen de Vallecas que dieron unos pocos”, en referencia a las protestas por el mitin de Vox celebrado en la zona unas semanas antes. “Llamaron diciendo que querían venir, mostraron interés y me pareció bien porque el Rayo es un equipo abierto a todos y Vallecas es un barrio que acoge a toda la gente”, afirmó.

Este tipo de decisiones ahondan en el océano de distancia que separa a Martín Presa de la afición rayista. La Federación de Peñas respondió a aquella estampa con contundencia: “En Vallekas no hay lugar para el fascismo. Ni para los tontos útiles”. Pero no solo es una cuestión política o ideológica. La hinchada alerta continuamente de la falta de inversión, mantenimiento e innovación en las infraestructuras del club, el único del fútbol profesional español que no habilita venta online para adquirir localidades. La cancelación del encuentro ante el Real Oviedo debido al calamitoso estado del césped, incompatible con la práctica del fútbol, acabó desatando la indignación de cientos de seguidores que se concentaron a las puertas del estadio.

Entre gritos de “Presa, vete ya” o “Presa no, Rayo sí”, los seguidores rayistas clamaron contra la directiva actual del club en una manifestación espontánea a la que se unieron algunos hinchas del Real Oviedo, ya desplazados hasta Madrid cuando LaLiga anunció la suspensión del duelo por no reunir el campo “las garantías necesarias” para preservar “la integridad física de los jugadores”.

Ya el viernes, los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo denunciaron la falta de soluciones por parte de la presidencia club a las distintas deficiencias en instalaciones, como la del césped del Estadio de Vallecas y de la Ciudad Deportiva, así como en el desarrollo profesional del club. Exigieron “unas condiciones dignas de trabajo” mediante un comunicado emitido a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), después de varias declaraciones en ruedas de prensa que ya apuntaban en esta línea.

La cancelación del partido menoscaba la imagen pública del Rayo, pero el perjuicio puede ir más allá. Pese a que el Oviedo ha mostrado su “solidaridad y empatía” con la plantilla o el cuerpo técnico, ha avanzado que estudiará “acciones reglamentarias” para “salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar condiciones competitivas equitativas”. Y añaden: “Esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento, así como para nuestros aficionados y los medio que tenían previsto asistir al encuentro”. El club asturiano estudia solicitar que LaLiga les dé el partido por ganado, además de recurrir a la Justicia ordinaria por los perjuicios económicos causados.

Mientras el tiempo corre sin que Martín Presa ofreza explicaciones públicas, crece la incertidumbre (y los trabajos a contrarreloj) de cara al próximo partido en el Estadio de Vallecas, previsto para este domingo ante el Atlético de Madrid. La situación es tan delicada que LaLiga estudia trasladar ese partido al Estadio de Butarque, en Leganés, según informa la Cadena SER.

La controversia ha dado el salto a la esfera política. Ignacio Benito, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, recalca que “las deficiencias van mucho más allá del estadio”. El pasado martes, a petición de las familias de la cantera rayista, se debatió una pregunta del PSOE en el pleno de Villa de Vallecas sobre la Ciudad Deportiva de la entidad deportiva. Benito recuerda que “sus instalaciones están tan mal que todo un equipo de Primera División, que juega en Europa, se ha tenido que ir a entrenar a otros lugares del distrito no adaptados para este fin”.

El edil subraya que la coyuntura es tovía más delicada para adolescentes y menores: “Un niño se rompió un ligamento interno por el mal estado de uno de estos campos”, recuerda. “Exigimos al Ayuntamiento, propietario de estas instalaciones, y al club, que dejen de pasarse la pelota unos a otros y acometan de manera urgente las actuaciones necesarias para que la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano sea un espacio donde poder practicar deporte de manera segura”, concluye.

A vueltas con la idea de un Rayo sin Vallecas

Mientras, Martín Presa continúa obcecado en su afán por llevar al Rayo fuera de Vallecas. Una propuesta que le ha llevado a elevar el tono contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente autonómica dio alas a la idea en un inicio, para asombro y enfado de una afición que no entendería su club sin que sea parte de su barrio. “Cada vez es más insostenible que sigan en Vallecas”, dijo en 2024 sobre una mudanza de la que ya estarían “hablando” (el Estadio de Vallecas es de titularidad autonómica). Ayuso acabó recapacitando y ya ha descartado la idea en público, aunque no de manera tajante: “El estadio se reforma y no se mueve, en principio...”, indicó hace unas semanas.

Pese a la propiedad autonómica, que permite el disfrute del recinto por el Rayo mediante convenio, el Ejecutivo de la presidenta ha aprovechado para rechazar cualquier responsabilidad en el estado del césped: “Las obligaciones de la Comunidad de Madrid son la habitabilidad y la seguridad. El tema del césped es privado”, ha trasladado el director general de Deportes, Alberto Tomé. Antes, la diputada de Más Madrid Alicia Torija había asegurado que “llueve sobre mojado” en el caso del Rayo y acusado al Gobierno regional de ser “colaborador necesario” de las “lamentables” condiciones del estadio, que ponen “en peligro” a la afición y a los jugadores.

Mientras, Martín Presa no parece dispuesto a ceder: “Cerca del puente de Vallecas es imposible hacer un nuevo estadio... tendremos que irnos lejos del puente de Vallecas. No queremos ningún conflicto ni con la presidenta ni con la Comunidad de Madrid, pero queremos también que nos respeten”, declaró al programa Radioestadio Noche el pasado 26 de enero.

“El Rayo no se entiende sin Vallecas y Vallecas no se entiende sin el Rayo”, sostenía un abonado en declaraciones a Somos Madrid. Es el sentir mayoritario de la hinchada, desde los Bukaneros más acérrimos hasta el seguidor que acude ocasionalmente al campo. Todo el entorno rayista coinciden en que el estado de conservación del recinto sigue siendo “tremendamente deficiente”, también que la reforma llegó “tarde y mal”, pero inciden en que  “han querido dejar morir el campo”.  La falta de mejoras en el césped o de seguridad en algunas estructuras son algunas de las reclamaciones más repetidas. A socias como Marisol les parece “surrealista” la mera posibilidad de imaginar al Rayo fuera de Vallecas, pero no les sorprendente. “Somos el único club de Primera División que no pone a la venta entradas online. Hay que comprarlas en taquilla, haciendo cola y en unos horarios terribles: lunes y viernes a las 9.00 o a las 14.00”, lamenta.

Sin embargo, para Martín Presa las cuentas pendientes son otras. En una entrevista para Onda Madrid, el presidente rayista recalcaba entre las principales carencias del recinto que “no tiene párking para jugadores ni autoridades, ni zonas de hospitality ni zonas VIP”. “Todo eso afecta sensiblemente en la obtención de ingresos, siendo al final el equipo que menos ingresos puede obtener en la Liga”, sostiene.

Una figura sombría desde su llegada a la presidencia

Martín Presa compró el Rayo por menos de lo que vale un mes de alquiler en Madrid. En mayo de 2011, se hizo con el 98,6% de las acciones del club a cambio de 961 euros. Un importe nominal simbólico con el que asumía una deuda en el entorno de los 40 millones de euros.

El dirigente lidió desde el principio con acusaciones que apuntaban a su conexión con la anterior propiedad, la familia Ruiz-Mateos, aunque él apeló siempre a la “nula vinculación” con el clan empresarial. El exabogado de los Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, explicó en un medio de comunicación rayista que “había varios posibles compradores y el valor de la venta, con el equipo en Primera, debía ser entre 50 y 70 millones de euros”.

“Nos dijeron que no, que fuéramos al despacho del abogado de Presa, que en unas semanas debía quedar el contrato firmado y que no se pusiera ninguna pega a ninguna de las cláusulas que ellos establecieran. Fuimos allí y, misteriosamente, se consumó la venta por unos cientos de euros, que ni siquiera llegaron a pagar en la notaría. Estaba Javier Ruiz-Mateos [a la postre condenado a siete y años y medio de prisión por estafa en el caso de Nueva Rumasa], se saludaron porque eran muy amigos y luego me dice que se ha vendido el Rayo a esta persona porque es afín al Opus”, expuso Yvancos.

Éxitos deportivos en el masculino y caída en desgracia del femenino

El abandono institucional choca con la buena marcha deportiva del club, sobre todo durante la temporada 2024-25 (en la actual coquetea con el descenso), cuando el primer equipo masculino logró por primera vez clasificarse para una competición europrea por méritos deportivos. El club ha encadenado una racha de entrenadores que han logrado un gran rendimiento de la plantilla. Antes de Íñigo Pérez, que consiguió ese octavo puesto para competir en la Conference League esta temporada, Andoni Iraola materializó el ascenso y estableció al Rayo en Primera con gran solvencia durante varias temporadas. Con su marcha a la Premier League inglesa y la llegdada de Francisco Rodríguez el equipo titubeó, hasta que Pérez recondució la trayectoria desde 2024.

Por contra, el equipo femenino se ha adentrado en un progresivo ostracismo que le coloca en una situación insospechada para una entidad que fue pionera en el fomento del fútbol entre mujeres (quizá la única herencia positiva de la etapa Ruiz-Mateos/Teresa Rivero) y campeona de Copa de la Reina en 2008. Después de varios descensos, milita en la tercera categoría, la Segunda Federación.

Las jugadoras han denunciado condiciones laborales indignas, incumplimientos reiterados del convenio colectivo y falta de médicos propios, aunque Martín Presa tensó especialmente la cuerda al contratar en 2022 y mantener hasta el final de temporada a un entretenedor, Carlos Santiso, que lanzó el siguiente comentario:  “Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer… pues… una como los de la Arandina [condenados por abuso sexual a una menor de 15 años]. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris, y cargárnosla ahí todos juntos”.

En Vallecas llueve sobre mojado, tanto en el césped del estadio como en la gestión de Martín Presa. La afición se ha hartado de no poder disfrutar del buen hacer del equipo masculino, de ver cómo se hunde el femenino y de temer por la salud de su cantera. La mala praxis del presidente ha rebosado la paciencia de los corazones rayistas sin que haya vuelta atrás.

Uno para todos y todos para uno, salvo en los nuevos barrios a las afueras. El Madrid incipiente lleva años en expansión, con más ímpetu si cabe desde que el pasado 2025 se rebasara una cifra histórica, los 3,5 millones de habitantes. Un dato que aterriza el crecimiento poblacional en la capital y al que acompaña una subida generalizada de precios, dado que también ha aumentado el número de turistas extranjeros y, en su mayoría, con bolsillo norteamericano. Para el auge de residentes se puso en marcha un plan de ampliación de los límites urbanos, con hasta 20 nuevos desarrollos y varios lotes de vivienda entre todos ellos. Sin embargo, la llegada de recursos comienza siendo dispar en algunos barrios y les marca una senda antes de nacer.

Mientras en el norte de Madrid se ultiman hasta cinco paradas de Metro para Valdebebas y otra pasado el límite con Barajas, que dará conexión directa con el aeropuerto, otros más al sur como El Cañaveral continúan sin tener una estación propia en la red del suburbano. Ambos barrios son de reciente construcción: el primero nació como área residencial y alberga la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y unos 30.000 censados; mientras que el segundo forma parte de los nuevos desarrollos del sureste y se adhirió al distrito de Vicálvaro hace ya casi una década, en 2017. Ronda los 25.000 habitantes.

Las conexiones de Metro y la accesibilidad en el transporte público, en general, son importantes alicientes para determinar el valor medio de un barrio o el precio de su vivienda. También permiten entrever a qué perfil poblacional tratan de dirigirse, y esto es algo para lo que ya existen datos reveladores. Según las últimas cifras del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre la renta bruta media en España, correspondientes a la declaración de la renta en 2023, algunas áreas de Los Berrocales se sitúan en 29.693 euros por hogar mientras que en Valdebebas hay secciones censales con medias de 102.088 o 125.596 euros. La diferencia llega a ser abismal.

Hogares con ingresos de 30.000 euros y otros con hasta 125.000

Hace años se planteó extender la red subterránea hasta El Cañaveral, pero la Comunidad de Madrid (que tiene competencias sobre el Consorcio Regional de Transportes) terminó descartando esa opción aludiendo a la calidad del terreno, que dificultaba una obra de ese calibre. En cambio, para los nuevos barrios del sureste se comenzó a asentar la opción de un Bus de Uso Prioritario o Bus Rapid Transit (BRT), similar al que ya funciona en Sanchinarro y depende del Ayuntamiento de Madrid. Conectaría con Los Cerros, Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones.

Para estos dos últimos desarrollos, aún en construcción, ya hay prevista una estación de Metro que conectará con la línea 9 y dará servicio a ambos barrios en el tramo que circula hasta Rivas y Arganda. De hecho, el Ayuntamiento ripense ha vuelto a denunciar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya que el proyecto sugiere un segundo transbordo para los viajeros que se dirijan a uno de estos dos municipios, afectando a las personas que hacen el cambio del tren al suburbano en Vicálvaro.

Sin embargo, a finales de diciembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid estimó un presupuesto de 825.800 euros para el proyecto y un plazo de ejecución de 14 meses. La previsión es que la ruta esté operativa en 2029, pero por el camino ya acumula varios contratiempos: recientemente, la Comunidad de Madrid ha tenido que licitar por tercera vez el contrato para la futura estación de la L9 entre Paco de Lucía y Arganda del Rey para dar servicio en Los Berrocales y Los Ahijones. Como en las dos anteriores el proceso quedó vacío, también quedaron sin efecto las primeras denuncias desde Rivas.

El proyecto se tambaleó después de que la adjudicación quedara desierta en hasta dos ocasiones. La diferencia es que, ahora, el Gobierno regional dobla el presupuesto base con idea de volverlo más atractivo para las empresas. El nuevo expediente de contratación incorpora la aplicación de un reglamento de seguridad de la Comisión Europea, que establece un método común para la evaluación de cualquier modificación en la red. Este requisito debe integrarse desde la fase de diseño.

En la Comunidad de Madrid no existe un criterio único para decidir dónde instalar (o no) una boca de Metro. Pero el Consorcio Regional de Transportes establece la demanda de viajeros como el punto clave. Para calcularla, se analizan primero tanto la población actual de un núcleo como la que se prevé en los próximos años según los proyectos en marcha. También midiendo la concentración de viviendas o los focos generadores de viajes, como los hospitales, universidades, intercambiadores, zonas comerciales u oficinas que puedan conllevar un desplazamiento habitual.

La brecha norte-sur se expande a los nuevos barrios

En el sureste de Madrid se trabaja en otra conexión directa por carretera entre Los Ahijones y El Cañaveral, que fluirá a través de viaductos sobre la autopista radial R-3. Una solución a expensas de que quienes residan en El Cañaveral tengan vehículo propio y encuentren aparcamiento fácilmente en el barrio vecino, para desde ahí poder acceder a su futura estación de metro. Al otro lado de la ciudad, como ocurre con Valdebebas, el ambicioso plan urbanístico en Madrid Nuevo Norte ya ha dispuesto hasta tres paradas de Metro desde Chamartín, que unirán este futuro centro de negocios con las líneas 1 y 10 del suburbano.

El proyecto, más conocido como Operación Chamartín, se promocionó como un nuevo distrito financiero en torno a la estación de Adif, que incluiría 10.500 viviendas recién construidas, zonas verdes y 10 torres de oficinas con un rascacielos de 300 metros de altura, que promete convertirse en el más alto de España. Una obra gigantesca que ha pasado desde distintas empresas públicas a una sociedad privada conformada por BBVA, Merlin Properties y la constructora Grupo Sanjosé, y que en marzo del año pasado obtuvo el sí del Ayuntamiento para ocupar los 800.000 metros cuadrados que en adelante conformarán Madrid Nuevo Norte.

Del plan urbanístico original surgieron los bocetos para instalar tres nuevas estaciones de Metro, que provisionalmente han recibido los nombres de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Fuentes del sector inciden en que, la mayoría de las veces, que a una zona de Madrid le llegue o no una parada propia depende de los puntos de interés que haya instalados y sobre todo de una elección sobre el presupuesto. Por ejemplo, es habitual que estos anuncios se hagan en base a un presupuesto inicial estimado que, con el tiempo, puede variar considerablemente una vez comienzan los trabajos o se examina al detalle la calidad del suelo.

En los desarrollos del sureste ya ocurrió con El Cañaveral, donde se generaron expectativas en torno a una futura conexión de la línea 2 de Metro, las esperanzas cayeron cuando la Comunidad de Madrid lo consideró imposible después de recibir un informe geológico y geotécnico, que desaconsejaba la construcción de túneles por la inestabilidad del terreno. El Gobierno de Ayuso arrastra, además, la sombra del fiasco de Esperanza Aguirre en la planificación de la línea 7B, cuya inauguración se aceleró por la cercanía de elecciones y un error de cálculo acabó derivando en problemas de humedades que, con el tiempo, han acabado en el derribo de 73 viviendas y otras 600 afectadas en San Fernando de Henares, un municipio integrado en el área metropolitana.

Para no repetir errores y a la vez compensar a los barrios del sureste, Ayuso apostó por un sistema provisional de lanzaderas que conecten en cinco minutos con la estación de Metro más próxima, haciendo uso de nuevos modelos como el Bus de Uso Prioritario (BuP) o los buses rápidos. Es la promesa que también se ha hecho en Los Cerros (Vicálvaro), otro desarrollo en ciernes para el que se han aprobado 4,7 millones de metros cuadrados para la superficie total del terreno y la construcción in situ de 14.276 nuevas viviendas, la mitad operando desde el mercado y el otro 50% sujetas a algún tipo de protección oficial, según especificó hace unos días la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, después de aprobar la cesión de 13 parcelas municipales para desarrollar el plan.

Los conflictos derivados de la gran ampliación de la línea 11

Más allá de la estación que de la L9 que se abrirá entre Los Ahijones y Los Berrocales —que a su vez dará cobertura a otros barrios como Los Cerros—, la alternativa para moverse en estas zonas más modestas son los autobuses o el coche propio. Eso sí, en el primer caso serán vehículos especiales con prioridad que tendrán preferencia en semáforos o intersecciones. Sin embargo, que Valdebebas o Madrid Nuevo Norte tengan entre tres y cinco estaciones ya proyectadas cuando los desarrollos del sur compiten por ampliar sus conexiones ha hecho que algunos hayan puesto pie en pared.

Es lo que ocurrió en Las Águilas, en este caso un barrio de Latina con décadas de historia —se construyó entre los sesenta y los setenta— que, al arrancar el año, convocó una protesta ciudadana por el reparto determinado por la Comunidad de Madrid para la ampliación de la línea 11. Las organizaciones vecinales llamaron a concentrarse después de que, en octubre, saliera a información pública que este proyecto faraónico concluiría su enlace sur con Cuatro Vientos y no abrirá a corto o medio o plazo otras paradas alrededor. La ampliación de la L11 pretende conectar la ciudad en diagonal con un nuevo tramo de 33 kilómetros que llegará hasta Valdebebas, en el norte.

Pero en Las Águilas lamentan que no se haya atendido su demanda histórica de abrir una estación de Metro en la zona, donde en algunos puntos hay que caminar entre 15 y 20 minutos para bajar al suburbano más próximo. Solo tienen a mano dos conexiones de Cercanías y un par de autobuses, pero desde la asociación de vecinos de Las Águilas ya incidieron en los días previos a la protesta en que el colapso en los buses impedía una movilidad ordinaria. El Madrid de las próximas décadas echa a andar para abrir hueco a una población al alza, pero a su paso deja un halo de incomodidad por cómo los nuevos barrios se planifican tan dispares desde el inicio.

Vallecas reúne un año más a lo mejor de la novela negra en el Ateneo Republicano. Del 2 al 8 de febrero, el festival Vallekas Negra convertirá una vez más al distrito madrileño en el epicentro del crimen literario reuniendo a más de 20 autores del género noir.

Como ediciones anteriores, el Ateneo Republicano volverá a acoger la programación de la cita, que incluye en su cuarta edición tres mesas redondas, cuatro encuentros literarios y un club de lectura, entre otras actividades culturales. La programación arrancará el próximo 2 de febrero, a las 19.00 horas con un encuentro literario con el director del festival de novela negra Llanegra, Alejandro M. Gallo, que presentará su novela distópica Vallekas 2084.

El 4 de febrero será el turno de la presentación de la novela Partida de nacimiento del antiguo concejal de Puente y Villa de Vallecas, Paco Pérez. A continuación, se celebrará la mesa redonda Literatura y memoria democrática, dirigida por la presidenta del Ateneo Republicano de Vallekas, Marta Sánchez, y con la participación de Emilio Silva, Lourdes Ortiz, Sol Gómez Arteaga y Luis Puicercús Putxi.

Por su parte, el escritor Paco Gómez Escribano presentará su nueva novela Fondo buitre en la jornada del 5 de febrero. Acto seguido, también tendrá lugar la mesa Literatura por Palestina con la moderación de Elena Quintero, de la Asamblea Vallekas por Palestina, y con la participación de Irene Zugasti, Nicolás Castellano, Teresa Aranguren y Mauricio Valiente.

Además de encuentros literarios y mesas redondas, la cuarta edición de Vallekas Negra contará con otras actividades culturales. Vallecas se vestirá de negro el 7 de febrero con una yincana por el barrio de la mano de la Asociación Cultural Gandalf en base a un relato de la autora Ana Grandal. A continuación, el Club de lectura del CEIP Carlos Sainz de los Terreros presentará al escritor Marto Pariente. Durante toda la jornada, el Ateneo Republicano acogerá una pequeña feria del libro con editoriales locales.

El festival clausurará su cuarta edición el 8 de febrero con la entrega de premios de relatos Vallekas Negra. El certamen, que confirma el compromiso del evento con la cultura en los barrios, recibió en esta ocasión un total de 188 textos, 48 más que en la edición anterior.

El homenaje a toda una vida literaria

El broche de oro al festival lo pondrá la entrega del premio a la trayectoria Vallekas Negra al escritor cubano Leonardo Padura, conocido especialmente por su serie de novelas protagonizadas por el detective Mario Conde, un personaje que este año cumple 35 años de vida literaria.

Padura ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 o el Premio Nacional de Literatura de Cuba 2012. Después del homenaje, el festival concluirá con un aperitivo y la actuación del grupo musical Sesen Stones.

Vallekas Negra nació en el año 2023 como una iniciativa “sin ningún apoyo público ni privado” y surgió “de los propios vecinos” con el objetivo de llevar la cultura a las calles de Vallecas y dar voz a autores, tanto consagrados como noveles. En sus anteriores ediciones, el evento reunió a escritores como Juan Madrid, Alicia Giménez Bartett, Manuel Rivas, Berna González Harbour, Carlos Bardem o Cristina Fallarás.

A continuación puedes consultar el programa completo del IV Festival Vallekas Negra:

“Queremos que las vecinas y vecinos de Madrid vengan a Cañada Real, la conozcan, la transiten y ayuden a reclamar que sus habitantes merecen derechos y no miedo”. Esta frase de Houda Akrikez, de la Asociación Tabadol (que agrupa a mujeres de Cañada en defensa de sus derechos), resume el propósito de una nueva marcha por la vivienda en Madrid, prevista para el próximo sábado 31 de enero. Una con un elemento diferenciador, que redefine y expande su potencial. Frente a esos relatos en los que el asentamiento del sur de Madrid aparece como una especie de entorno aislado del resto de la ciudad, sin relación física o social con la urbe, esta manifestación nace con el propósito de escenificar cómo lo que pasa en Cañada es el preludio de lo que puede suceder en otros puntos de la capital y de todo el país. Por tanto, defender a quienes ahí viven es también preservar los derechos de todas las personas.

“¿Por qué las familias que llevan décadas en el territorio no pueden ser dueñas de los propios terrenos y a la vez se ceden terrenos a las promotoras, además gratuitamente, o a algunas entidades con intereses que no están claros? Es un conflicto que pasa en todo Madrid, en toda zona donde el derecho a la vivienda se topa con la posibilidad de negocio, de desarrollo y de especulación”, expone Houda durante la rueda de prensa de convocatoria de la protesta. Le acompaña en el estrado Sonia García, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallecas, en una muestra de ese eje transversal de la protesta. El elemento común es la defensa del territorio y de un hogar digno, también para las personas más vulnerables.

El recorrido del día 31 partirá a las 11.00 de la estación de Metro de Valdecarros (línea 1) y concluirá, entre música y un picoteo popular, en la sede de Tabadol (junto al campo de fútbol). Esta se encuentra en el sector 6 de Cañada, uno de los más desatendidos por las autoridades madrileñas. El pasado octubre se cumplieron cinco años de un corte de suministro eléctrico que todavía permanece, con noches y fríos que se soportan a base de generadores. No es casualidad que la presentación de la manifestación se llevara a cabo frente a la sede del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, situado en el Ensanche de Vallecas.

Houda explica que quieren mover el marco. Que la reivindicación de la luz para Cañada no desaparece, pero lanzan una nueva proclama: “Cañada se queda”. Es el lema de la marcha, el que emparenta su lucha con la del movimiento por la vivienda en plena crisis inmobiliaria y el leitmotiv de las batallas judiciales que están ganando en los tribunales. En julio de 2025, tres años después de autorizar en Cañada un derribo declarado “ilegal” en sentencia provisional, una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid condenó al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”. El alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, Julio César Santos, sigue firmando órdenes de demolición seis meses después. El pretexto de Cibeles es que la sentencia no es firme, aunque Sonia y Houda avanzan que han parado cautelarmente la destrucción de más viviendas debido a este y otros motivos.

“Cañada es el mejor ejemplo de acoso inmobiliario, pero no es el único”, dice Houda. Así, comparan el hostigamiento de los Ejecutivos de Almeida o Isabel Díaz Ayuso hacia Cañada con el que sufren vecinos de otros puntos de Madrid por parte de fondos buitre, grandes tenedores, particulares o incluso esas mismas administraciones. De ahí la importancia de estrechar lazos en las luchas, “por mucha que obviamente Cañada tenga unas características concretas”. Si la pelea es compartida, las conquistas también lo serán.

Pero la unión no surge solo de un sufrimiento compartido en el que entran en juego el racismo institucional o el agravio comparativo hacia las personas más pobres. Es también una cuestión de un origen común: “La autoconstrucción está en los genes de los vallecanos”, recuerda Houda en respuesta a las preguntas de Somos Madrid. El fenómeno proliferó durante las primeras décadas del siglo XX, promovido en gran medida por la migración extremeña o andaluza que llegaba a lo que todavía era un municipio independiente. “Reclamamos para Cañada el mismo derecho al territorio, después de décadas de vida en comunidad en ese propio territorio”. Como recuerda, la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ampara la imposibilidad de derruir viviendas construidas hace más de cinco años.

Para Houda, además, este episodio del pasado puede generalizarse de nuevo en la difícil coyuntura de acceso a la vivienda que asola Madrid y todo el país: “Si la gente no puede acceder a la vivienda, la autoconstrucción va a volver”. Pero lo lleva más allá y presenta este modelo como una alternativa al individualismo extremo de los nuevos desarrollos urbanos: “Frente a la vida en urbanizaciones cerradas, donde no hay barrio individual, la gente va a empezar a buscar otro tipo de soluciones. Sobre todo en un contexto de crisis ecosistémica y del capitalismo. En este sentido, Cañada es un ejemplo de resistencia, de colaboración y del poder que tiene levantar las casas ladrillo a ladrillo”. Las palabras de esta vecina coinciden con el análisis de la historiadora Charlotte Vorms, autora de La forja del extrarradio. La construcción del Madrid popular (1860-1936): “Lo normal no es el PAU, es la vivienda autoconstruida”.

Todo un marco alternativo del que no quieren desprenderse, de ahí que muchos de sus habitantes se resisten a la reubicación: “Lo que está ofreciendo el Pacto Regional de la Comunidad de Madrid a la gente de Cañada, y solo a un 20% de las familias, es separarlas para mandarlas a kilómetros y kilómetros. Pero tenemos derecho al terreno, la propia Ley autonómica nos lo dice. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Dónde está? No vamos a permitir que vengan arrasar la historia de miles de familias”, proclama Houda.

En la misma línea apunta Sonia: “En 2017 se firmó el Pacto Regional para la Cañada Real, un pacto que hablaba de soluciones, de diálogo y de derechos. Pero lo que hemos vivido desde entonces y desde mucho antes no ha sido ese cumplimiento, sino derribos, amenazas, abandono y violencia institucional. Queremos decirlo con claridad, los derribos no empezaron ayer, sino en 2007. Desde hace casi 20 años se destruyen viviendas, se rompen vidas y se utiliza el miedo como forma de gestión del territorio. Durante años hemos denunciado derribos ilegales, sin orden judicial, derribos selectivos y a dedo. Las investigaciones y el trabajo de las vecinas hablan de más de 150 viviendas. La condena a Julio César Santos no es fruto de un error puntual, es una práctica sistemática”.

Un hostigamiento generalizado al que confrontan los lazos colectivos, de ahí que la marcha aúne la protesta con ese componente festivo y gastronómico. Para sumar al mayor número posible de gente, comienzan acciones de comunicación y difusión desde este mismo domingo 18 de enero. No solo acudiendo a los medios, sino con una movilización sobre ese mismo terreno que quieren defender como propio y común. Estas intervenciones tomarán la forma de “mítines comunitarios”, con una caravana itinerante que partirá a las 12.30 de Sierra de Guadalupe y recorrerá todos los sectores de Cañada Real con varias paradas en las que diferentes líderes comunitarios y vecinales invitarán a la jornada del día 31. Parroquias, mezquitas o centros sociocomunitarios serán los puntos de información y llamada a la movilización.

Además de Tabadol, la marcha cuenta con el apoyo y organización de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallekas, el espacio de investigación feminista La Laboratoria, el colectivo Ármate Vallekana o Tienda Gratis - Asamblea Popular 15M Villa de Vallecas. A estas agrupaciones se unirán vecinos y vecinas de Vallecas y del propio asentamiento. “La Cañada se queda, se queda con el apoyo mutuo de los sectores 1 al 6, se queda con el apoyo de la ciudadanía organizada. La Cañada Real es Madrid, la Cañada Real es Vallecas y la Cañada Real se queda”, sentencian.

“Le encanta derribar viviendas”. Con esa claridad se expresa Houda, de la asociación Tabadol Cultural. Esta entidad agrupa a mujeres de la Cañada Real para fomentar su vida sociocultural y defender sus derechos. Aunque luchar por el regreso del suministro eléctrico ha sido su gran batalla en los últimos cinco años, también están implicadas en la protección de sus hogares y sus terrenos. De ahí esas contundentes palabras que dedica a Julio César Santos, jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Un alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que sigue firmando órdenes de cese de uso y desalojo previa demolición que afectan a casas de la Cañada Real, seis meses después su condena a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no es firme, surgió además por una demolición ilegal ejecutada por las administraciones madrileñas en la Cañada Real. Concretamente en el sector 6, con mayoría de población magrebí aunque también habitado por numerosas familias gitanas. Se llevó a cabo en julio de 2022, pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo abierto meses antes. “Una familia con menores salió de viaje y cuando volvieron su casa no estaba. La tiraron a dedo”, recuerda Houda. Para Sonia, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Vallecas, se trata de “una campaña de acoso y derribo”. Nunca mejor dicho.

Según acreditaba el auto judicial, el denunciante llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, cuando adquirió la finca en la que se ubicaba. Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse.

Fuentes de la acusación particular que ejercen los representantes legales del vecino indican que “el comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y pese a que el afectado presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, alegaciones que estaban siguiendo los trámites legales”.

También fue juzgado este funcionario de la Comunidad de Madrid que solicitó la demolición, cuyas siglas son M.G., aunque ha sido absuelto en primera instancia. “En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo”, añaden desde la acusación.

Acusaciones de “venganza” y “falta de voluntad política”

“Nos sorprendió recibir cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito”, denuncia Houda en conversación con Somos Madrid. Sonia recalca que las órdenes firmadas por el jefe de Disciplina Urbanística, órgano dependiente del área de Urbanismo que lidera el poderoso concejal delegado Borja Carabante, empezaron a llegar en octubre. Esto es, tres meses después de su condena y justo cuando se cumplían cinco años del corte de luz en Cañada: “Parece una especie de venganza”. Unas “represalias” que también achaca a Almeida por su anuncio de alargar el contrato con la incineradora de Valdemingómez, “que afecta directamente a la calidad del aire y de vida en el sector 6”.

Nos sorprendió que en octubre nos llegaran cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito

Mientras Sonia exige apartar a Santos para demostrar “un mínimo de decoro”, para Houda ese gesto sería “un primer paso para demostrar voluntad política”, así como algo que debería haber llegado “mucho antes de la sentencia, ya que esta persona venía demostrando esa actitud desde hace años”. “Es lo que siempre decimos, que falta esa voluntad. Estamos pidiendo que se regularicen las viviendas de personas que tienen derecho a ello, al territorio, porque se les ha permitido estar ahí durante 60 años. La propia Castellana fue en su origen un entorno parecido que luego se regularizó. El sector 1 de la Cañada Real ya está legalizado e integrado en el municipio de Coslada. ¿Por qué los demás no? Es solo una cuestión de esa voluntad política que ha faltado todo este tiempo”.

El Consistorio, preguntado por la sentencia, insiste en que la condena ha sido recurrida y remite a declaraciones anteriores a este periódico. En ellas, indicaba que sus servicios jurídicos estudian un posible recurso que alargue el proceso y niegan que vaya a destituirse a Julio César Santos, al menos, “hasta que la resolución sea firme”.

En general, para velar por los acuerdos adoptados en torno a la vía pecuaria existe un Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado de tomar las decisiones sobre el asentamiento irregular o coordinar el plan de realojos acciones relacionadas con el plan de realojos. “Somos conscientes de ese Pacto y de que hay viviendas que no pueden ser habitadas. Pero hay otras casas bien construidas, y ante ellas el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deben agarrarse a ese mismo documento firmado en 2017. Hay un párrafo de ese acuerdo que habla de mantener al 70% de las familias de Cañada Real. Nuestras alegaciones van encaminadas a respetar ese punto”, explica Houda.

Una batalla jurídica en la que siguen consiguiendo victorias, más allá de la condena de Santos. Así, en las últimos semanas han detenido cuatelarmente tres derribos en la zona. Da más detalles Sonia, de la PAH de Vallekas: “Los juzgados están estimando las cautalerasímias y es una gran alegría para las familias que están pendientes de un hilo por el empeño de este señor por derribar sus casas contra viento y marea”. Consideran incluso que estos triunfos legales pueden facilitar el cese de Santos: “Está causando perjuicio al Ayuntamiento, porque el argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso mucho más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años”.

El argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años

Eso sí, Sonia va más allá y puntualiza que han logrado victorias jurídicas incluso ante órdenes firmadas por otros funcionarios: “Nos agarramos a una sentencia de febrero de 2025 que, de acuerdo a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, estima la legalidad de cualquier vivienda que haya sido levantada hace más de cinco años. Hemos ido ganando estas batallas legales poco a poco, ha sido un trabajo de hormiguitas”.

“No vamos a dejar que nos amenacen en nuestras propias casas. Por eso hemos lanzado la campaña Cañada Se Queda”, adelanta Houda. Esta iniciativa tendrá su punto culminante el próximo 31 de enero, con una marcha entre Vallecas y Cañada Real desde las 11.00. “La situación de la vivienda en Madrid y en España es un asunto que está sobre la mesa. Y no hay mejor ejemplo del acoso inmobiliario que sufren tantas personas que el de la Cañada Real. Queremos aunar fuerzas ese día 31. Lo que hoy pasa aquí, mañana pasará en otros barrios. Se trata de una violación de derechos humanos masiva, una especulación urbanística de norte a sur y de sur a norte. No podemos permitir que nos estén quitando nuestros hogares, que nos pisoteen para que se sigan lucrando. Nuestros hijos merecen un techo digno”.

“Tirar el puente es una cosa que habría que hacer ya”, ha pedido Ramoncín este miércoles al Ayuntamiento de Madrid, aprovechando el acto oficial con el que el consistorio celebraba el 75 aniversario de la incorporación a la ciudad del pueblo de Vallecas.

“Yo sé que es muy complicado, que pasa por ahí la M-30... pues que pase por otro sitio, que pase por debajo o que se ponga un semáforo, como hay en el norte”, ha continuado exigiendo una demolición muy demandado en el barrio. Lo hacía en un acto presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que había invitado al músico, hijo adoptivo de este distrito desde el año 1978.

“Da una sensación de frontera, aquí está el barrio de Retiro, de los ricos, y eso no es justo. Se lo voy a decir al alcalde ahora, le voy a poner en un brete. Que no cuente rollos y tire el puente ese que es horroroso”, declaraba ante los medios. “Entiendo que va a ser muy caro, pero estoy seguro que toda la gente de Vallecas dirá que es un dinero bien gastado”, añadía.

Almeida ha elogiado a Ramoncín, de quien ha destacado que “encarna perfectamente el espíritu de lo que es Vallecas, ese espíritu reivindicativo y de lucha”, pese a que el cantante es originario de Arganzuela. Y también le ha contestado que el de Vallecas “no es un scalextrix, es la M-30, y por ese punto de la M-30 todos los días circulan más de 200.000 coches”.

“La pregunta que yo le hago a los partidos políticos, en este caso de izquierdas, que lo reivindican es qué hacemos con la M-30 en ese punto, cuál es la solución que ellos plantean, porque es muy difícil una solución”, ha alegado, en declaraciones recogidas en Europa Press. Partidos de la oposición como Más Madrid llevan años pidiendo el desmantelamiento y Rita Maestre acudió a las últimas elecciones locales con esta promesa como uno de los puntos principales de su candidatura.

Almeida aseguraba hoy que desde el equipo de Gobierno están preparando “un proyecto que permita la regeneración de todo el entorno de ese punto, que permita mejorar las condiciones de acceso de espacio público”. “Lo están trabajando entre la Junta de Puente de Vallecas, junto con el área de Obras y esperamos poder presentarlo pronto”, ha anunciado el primer edil.

“A los vecinos de Puente de Vallecas no les podemos decir que la M-30 es desmontable y que si desmontamos ese punto de la M-30 los 200.000 vehículos circularían por las calles de Puente de Vallecas. Sería mucho más difícil para los vecinos de Puente vivir en sus calles con esos 200.000 vehículos”, añadió en declaraciones después del acto.

El comentario de Ramoncín en el acto ha animado de nuevo un debate que en Puente de Vallecas está muy presente desde que la delegada de Obras aseguró en 2022 aquello de que no “compensaba” hacer el esfuerzo inversor del desmontaje. La concejala de Más Madrid Olga Martínez rechaza planes alternativos a la desaparición del scalextric. “Lo que necesita nuestro barrio es que desaparezca de una vez una de las infraestructuras más contaminantes” de Madrid, recordando que esta infraestructura “no solo separa Puente de Vallecas del resto de la ciudad sino que supone un enorme problema de polución y de contaminación acústica”.

Premios vallecanos por el 75º aniversario de su ciudadanía

En el acto donde se han producido las declaraciones de Ramoncín el alcalde presidía, desde el Centro de Ocio y Asesoramiento Juvenil El Sitio de mi Recreo, el acto de conmemoración del 75º aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a la ciudad de Madrid, un hito que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1950.

Acompañado de los concejales de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, y de Puente de Vallecas, Ángel Niño, el Ayuntamiento reconocía a entidades vinculadas a ambos distritos que han trabajado para contribuir al bienestar de la ciudadanía. En el ámbito educativo ha sido premiado el CEIP Honduras y la Coordinadora Infantil y Juvenil Vallecas. En el ámbito social, a la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Leonor Sureste y a la Fundación Padre Llanos.

En el ámbito asociativo el consistorio ha premiado a la Asociación Vecinal La Unión de la UVA de Vallecas y a la Asociación Alusamen. En el ámbito deportivo, al Vallecas Club de Fútbol y al Club Rayo Vallecano de Madrid SAD.

Como parte de los actos sobre el aniversario de la anexión de Vallecas, habrá un cupón conmemorativo de la ONCE con los dos distritos como referencia, que se emitirá para el sorteo del último día del año, el 31 de diciembre de 2025.

“Lo que es basura para el mercado es un tesoro para mi clase”. Un tesoro que se encuentra en el barrio de Vallecas, en Madrid. Desde hace un año, varios vecinos de la zona, abanderados por este lema, empezaron a reunirse bajo la firme idea de que la música puede ser espacio común. Desde entonces se citan para escuchar álbumes, explicarlos canción a canción y recomendarse artistas. Es así cómo surge el Club del Disco de Vallekas —con K como “elemento identitario de un barrio distinto, organizado y combativo”, según explica su organizador Guillermo Casanova—, en el que reivindican el arte popular como la riqueza de la clase obrera.

Mezclando ponencias, cervezas y debates, el club nace inspirado por otro más veterano en el barrio de Hortaleza, el primer club del disco que fue dando paso a los que posteriormente se crearon en Ourense, A Coruña, Badalona o Ciudad Real. Felipe Correa, que está detrás del Club del Disco de Hortaleza, explica a elDiario.es que “una de las cosas más bonitas es escuchar un álbum por primera vez allí mientras alguien te lo cuenta”. Se reúnen cada jueves alrededor de 25 personas, se sientan en círculo, tienen tocadiscos, bebidas y aperitivos, y dedican la jornada al disco seleccionado.

“En los tiempos que corren, parece que cuando conoces a alguien le intentas convencer de los grupos que te gustan, pero ya no se habla de música”, señala Felipe Correa sobre una de las razones por las que decidió crear el club. Pero, puesto que el arte es político y social, tanto el Club del Disco de Vallekas —situado en la sede del Partido Comunista pese a que sus miembros no tienen por qué simpatizar con este partido— como el Club del Disco de Hortaleza han sufrido ataques por “nazis organizados”, según indica Guillermo Casanova. “Los fascistas no nos dan miedo, al revés, nos animan a encontrarnos y a seguir con la cultura desde abajo”, declaró el Club de Vallekas tras estos ataques.

“Si te mola la música es imposible que seas nazi”, declara Casanova. “Sería completamente contradictorio. Si te mola cualquier tipo de música que se lleve ahora, te vas a ir a los márgenes del imperio y vas a encontrarte con gente de todos los colores, de todas las orientaciones sexuales”, cuenta el organizador. “El antifascismo tendría que ser como el ecologismo, ya que la mayor parte de la gente tendría que sentirse incómoda con el término 'antifascista'. Con este tipo de iniciativas empujamos en esa dirección”, apunta, lamentando que “este fascismo payasesco de los Milei y de los Trump es muy real para los migrantes y las mujeres”.

El organizador del Club del Disco de Vallekas afirma que, “aunque parece que todo es una broma, el daño que hacen al Estado y a las políticas públicas y sociales implica que en los próximos 30 años haya que reparar lo que hacen”: “Hay que seguir organizándose, encontrar muchas maneras de profundizar un sentimiento antifascista que no tiene por qué estar alineado con un partido”. Asimismo, Guillermo Casanova comenta que “vivimos en un mundo muy, muy turbio, donde la información va superrápido y donde las propuestas culturales tienen cada vez una vida menos vigente”.

Siempre ha sido difícil posicionarse, y eso sirve para dimensionar a los artistas que lo han hecho en el pasado.

Guillermo Casanova — Organizador del Club del Disco de Vallekas

Aunque la música es un instrumento político, hay una tendencia de no posicionarse por parte de artistas que tienen una plataforma muy amplia y cuyas palabras llegarían a mucha gente. Casanova menciona directamente a Rosalía, de quien, a pesar de alabar su “talento monstruoso”, ironiza con que haya sacado un disco “muy polémico porque habla sobre Dios”: “Dios es un tema irrelevante ahora mismo. ¿Puedes sacar polémicas sobre algo que ni pincha ni corta ni le importa a nadie en realidad? ¿Qué nos importa Dios cuando está habiendo genocidio?”.

“Siempre ha sido difícil posicionarse y eso sirve para dimensionar a los artistas que lo han hecho en el pasado”, explica Guillermo Casanova. “Siempre ha sido difícil ser Víctor Jara porque te matan, pero, por suerte, existen los artistas que sí se posicionan. Siempre molaría que hubiese más, porque, en términos materiales, la batalla cultural está absolutamente descompensada”, añade el también músico. “Cuando ves los presupuestos que manejan los medios de ultraderecha, su capacidad de penetración, sus herramientas y la forma en la que usan la tecnología, ves que ellos tienen muchísima más capacidad de influir en el discurso social y en la narrativa”, reflexiona.

El organizador del Club del Disco de Vallekas cuenta que “la fuerza que siempre han tenido los sectores progresistas para participar en la conversación son los artistas”, de ahí la importancia de que utilicen su voz para hablar sobre temas que preocupan a la gente. “La batalla cultural nos está pegando una paliza. Tampoco quiero ser derrotista, creo que todo son ciclos”, dice Casanova, “pero da la sensación de que ahora mismo hay una hegemonía cultural de la derecha hasta el punto de que Rosalía va por ahí disfrazada de monja”.

El vinilo como distintivo de estatus

En un momento en el que la inmediatez y los algoritmos dominan cada escena artística, Felipe Correa asevera que “se ha perdido lo que es la esencia del disco”: “Los vídeos de TikTok o Instagram son muy cortos, la gente dejó de escuchar discos a escuchar solo canciones, y ahora solo escuchan medio minuto de ellas. Es por ello que uno de los principales objetivos cuando se creó el Club del Disco de Hortaleza fue el de recuperar el ”carácter original de un álbum como concepto en el que las canciones se ponen en un orden porque el grupo o el artista lo ha pensado así“.

Sin embargo, pese a que Correa celebra el auge del formato del vinilo, que está motivando que la gente vuelva a prestarle atención, Guillermo Casanova sostiene que este formato “ahora es muy caro porque se ha convertido en un distintivo de estatus”. “Los que nos aficionamos al disco hace 30 o 20 años, como es mi caso, lo hicimos porque era muy barato. Nadie los quería, entonces los comprábamos muy baratos. Ahora ya se ha convertido en una cosa que te da estatus”, expresa, confesando que “ha sido muy, muy extraño vivir ese proceso de revalorización”.

“También tiene que ver con la esclavitud que supone las tendencias en las músicas populares, porque ser una persona guay implica ser una persona que está enterada de lo último”, afirma el organizador, que declara que a ellos en el club les gusta “rebuscar en la basura y mirar música que no está de moda y que no le interesa a nadie”. “Para eso sirve la cultura, para poder triangular distintas visiones del mundo y ampliar tu mirada. Cuando rebuscas en la basura y buscas en los desechos, te encuentras verdaderos tesoros”, asegura Casanova.

Felipe Correa destaca la importancia de la cultura no mercantilizada, sobre todo cuando los conciertos cada vez son más caros. En el Club del Disco de Hortaleza apoyan la escena underground e incluso invitan a artistas a actuar. Todo es gratuito y “no hay carnet del club, puede venir cualquiera de cualquier zona”. Guillermo Casanova reivindica que, “en ciudades cada vez más hostiles como Madrid, donde los servicios funcionan cada vez peor, los alquileres son cada vez más impagables y la cesta de la compra es cada vez más difícil, la música es algo que consigue tocar mucho a la gente y consigue hacer que se divierta”.

Este sábado, el Club del Disco de Hortaleza y el Club del Disco de Vallekas celebran la segunda Jornada Vecinal del Disco. “Los fascistas se piensan que pueden intimidar a la buena gente de Madrid con el mundo nostálgico y mediocre en el que creen: no entienden la de colores, sonidos, sabores y música guapa que tiene el mundo apabullante que existe en nuestros barrios, y que hacemos cada día con buen rollo, trabajo, valentía, solidaridad y temazos”, han anunciado en redes sociales. Tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en El Espacio (C/ Sierra Carbonera, 32) y durará todo el día para, como apunta Felipe Correa, “unir la pasión y el gusto por la música y que nos alimentemos los unos a los otros de ideas”.

“Esfuerzo” en una mano. “Dignidad”, en la otra. Estas son las palabras que ilustran los guantes de boxeo de una chica pintada en la fachada del número 17 de la calle Alfonso XIII, en Puente de Vallecas. Es La Fábrika, un club y escuela de boxeo –mucho más que eso, como veremos a lo largo del artículo– muy querido en el barrio.

Se encuentra en una zona casas de ladrillos con poco tránsito, sin apenas locales comerciales. Para llegar allí desde la avenida de la Albufera has de caminar las calles interiores de Puente de Vallecas, repletas de bares y pequeñas tiendas. Cerca, hay algunas casas bajas, reliquias precarias de otros tiempos; el habitual descampado habilitado popularmente como aparcamiento de todas las barriadas y el Pirulí emergiendo en algunas visuales en del horizonte. El barrio. Y a ese barrio pertenece y sirve La Fábrika, como algo más que un mero centro donde hacer ejercicio.

“A día de hoy, La Fábrika es un club deportivo, que tiene una parte que es una asociación y otra deportiva de competición. En la parte del gimnasio se desarrollan distintas disciplinas (para pequeños, para mayores) y hay, también, un proyecto de autodefensa, que es una asamblea autogestionada, un grupo transfeminista”, explica Moren, participante en el proyecto.

Los orígenes hay que buscarlos en el contexto del Centro Social Okupado La Fábrika de Villalba. Después de que esta acción fuera desalojada a finales de 2010, se reencarnó en Vallecas con Peru y Marisa, sus principales impulsores, al frente. Entonces plantearon profesionalizar el proyecto y se lo llevaron a su barrio, portando consigo los valores sociales y de horizontalidad con que se habían desenvuelto durante la etapa seminal, además del nombre.

Durante un tiempo fue una asociación vecinal que fomentaba la práctica del boxeo. Por aquel entonces, Peru era el entrenador de Marisa Domínguez, una competidora de élite que se acaba de retirar de la competición. “Cuando Marisa gana el primer campeonato de Madrid, además de surgir la oportunidad de relacionarse con otros clubes deportivos, se sitúa para muchas de nosotras como referente. Es una de las mujeres boxeadoras a las que tenemos acceso, digamos, de las pocas que conocemos que han mantenido ese nivel de compromiso y de competición”, cuenta Moren, de La Fábrika.

Vallecas tiene un tejido social denso que encaja perfectamente con el espíritu del proyecto, y decidieron convertirse en un nudo más de su red vecinal. “Igual que tenemos centros sociales, librerías, tiendas, resulta que también tenemos un gimnasio en el que sabemos que podemos entrenar de forma segura”, concluye Moren. Esa primera etapa, en un local de la calle Mendívil, duró hasta 2014.

Luego, se mudaron a la actual localización, muy cerca de la anterior, lo que les dio la oportunidad de abrirse aún más al barrio y, también, de crecer acogiendo otras disciplinas. “La mayoría de los grupos son gestionados como parte de la asociación (las personas que dan clase son voluntarias de la asociación) y luego tenemos el caso particular del grupo de autodefensa, que es una asamblea feminista autogestionada dentro del espacio”, explica Moren.

Las clases guiadas se desarrollan de la forma habitual de los clubes deportivos, pero sin olvidar el sostén ético y de convivencia del espacio. En La Fábrika no caben comentarios racistas, homófobos o machistas. “Al final, los objetivos deportivos de alto nivel no están reñidos con ser fieles a unos principios: de implicación con el barrio, de no buscar el máximo beneficio, pero también de cuidar a la gente, a los propios luchadores, a las profas, etc.”, explica.

El nombre de La Fábrika remite inexorablemente al club de boxeo, aunque en el gimnasio entrena gente de otras disciplinas, como MMA o Muay Thai. La línea marca de la casa es llevar a las competiciones, algunas de ellas internacionales, los mismos principios rectores que dan sentido al proyecto a pie de barrio y por ello han organizado eventos en solidaridad con Gaza.

También mantienen contactos internacionales con proyectos similares, propiciando encuentros entre deportistas o ayudando a traerlos desde latitudes en conflicto. “Las oportunidades surgen de contactos que llegan cuando se compite en otros países, o a través de gente que ha pasado por La Fábrika y viaja. A veces, incluso abren gimnasios similares en otros sitios”, explica y sigue describiendo proyectos fascinantes, como una escuela de boxeo para mujeres en Palestina que forma parte de Sports Beats Borders, una red internacional de deporte popular muy potente.

El nombre de La Fábrika se escuchó fuera de los contornos vallecanos después de que el pasado 14 de octubre miembros de la empresa de desokupación APD Security Iberia se dirigieran a su local, en la calle Alfonso XIII, e intentaran entrar al grito de “rojos, maricones”. Los desokupadores habían hecho parada en su dudosa misión de expulsar de una vivienda a un vecino en la cercana calle Leonor González. El encontronazo se saldó con la detención de nueve miembros de APD y también de dos personas del gimnasio y cinco vecinos más que acudieron a defender el espacio. No era la primera vez señalaban La Fábrika como objetivo.

Los sucesos hay que entenderlos dentro de su participación activa en el tejido asociativo de Vallecas. Igual que dan talleres o colaboran en las fiestas populares, están posicionados por el derecho a la vivienda, explican, y sus socios acuden a título individual a las convocatorias de los grupos de vivienda. En el caso que nos ocupa, la primera visita de los desokupadores fue anterior a cualquier convocatoria, pues ya habían ido a increpar a las puertas de La Fábrika días antes.

Siguen alerta, pero están más pendientes de su día a día. Saben que el boxeo y el resto de deportes de contacto que allí se practican aún se miran socialmente con cierta sospecha –a no ser los gimnasios que hoy proliferan en las zonas empresariales– pero transmiten orgullo por lo que son y lo que hacen.

Moren lo detalla con pasión, hablando de cómo el deporte ayuda a canalizar las emociones de pequeños y adolescentes –“a controlar emociones que son totalmente válidas en nuestro barrio, donde encontramos situaciones difíciles”–, a sentir una conexión con el propio cuerpo y practicar un ocio sano, alejado del sedentarismo consumista que nos ahoga. Y nos invita a sentirlo:

“Una de las cosas que es más que cambia la perspectiva de las personas cuando no han entrenado es ver un interclub. Pequeños campeonatos con otros gimnasios o entre personas del mismo. Somos dos personas que han trabajado muy duro, que se han preparado para ese momento y hacemos lo mejor que podemos; y cuando terminamos siempre nos damos un abrazo, nos felicitamos y le damos las gracias a la persona que tenemos delante porque sin ella no podríamos haberlo hecho.”

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación declarada secreta por posible terrorismo yihadista tras la intervención de la Policía Nacional el fin de semana en Vallecas (Madrid) para reducir a un individuo que se abalanzó con un cuchillo contra tres personas. En atacante fue abatido por un disparo de los agentes y pasó a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron en sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, hasta donde se trasladaron efectivos tanto de Policía Nacional como Municipal tras recibir una llamada de un menor que solicitaba ayuda debido a que su hermano, otro joven de 18 años, se encontraba alterado en el interior de un inmueble.

El Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón ha abierto diligencias un presunto delito de terrorismo. La Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional se encargó de realizar el atestado, remitido a la Audiencia Nacional. A su llegada al lugar, los agentes accedieron a la vivienda, donde encontraron efectivamente a un joven alterado bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y en posesión de un cuchillo. Al ver a los policías, este arremetió contra ellos con el cuchillo, por lo que los agentes de ambos Cuerpos dispararon su pistola TASER aunque sin el efecto deseado.

En ese momento, los agentes cierran la puerta con el objetivo de limitar el riesgo al interior del inmueble y solicitan la colaboración del Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) de la Unidad de Intervención Policial (UIP), según han informado desde la Jefatura Superior de Madrid.

Finalmente, las unidades del SOAR acceden al inmueble, momento en el que el sospechoso se lanza sobre ellos, a lo que los policías responden con disparos para neutralizar la amenaza. El sospechoso recibe impactos de bala en el torax y la cadera y es trasladado al hospital por efectivos sanitarios.

Fuentes conocedoras del caso han señalado que el sospechoso hablaba en árabe y llegó a pronunciar la frase Allahu Akbar, que significa “Alá es grande”. La investigación también se centra en comprobar si esta persona podría estar relacionado con tres apuñalamientos leves registrados en la misma zona.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la retirada de los diez autobuses de hidrógeno adquiridos por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Una inversión de 7,7 millones de euros financiada a través de fondos europeos para unos vehículos que comenzaron a circular en primavera y llevan ya casi dos meses fuera de servicio.

Aunque la retirada de los vehículos llegó después de que el PSOE municipal denunciase públicamente los fallos de climatización, de los que alertaron los propios conductores en diversos partes de averías e incluso en un escrito dirigido a la gerencia de EMT, el regidor dice ahora que los diez autobuses no están cubriendo la línea 145 entre Conde de Casal y el Ensanche de Vallecas por otros motivos: “Se están llevando a cabo labores de conservación y mantenimiento de la hidrogenera. No están en condiciones de ser recargados porque esta infraestructura crítica y complicada tiene que pasar unas revisiones periódicas y durante ellas no está en condiciones de producir hidrógeno para que los autobuses puedan funcionar”.

Esta explicación sugiere el regreso futuro de los autobuses, algo que muchos de los propios conductores de la 145 habían cuestionado debido a las averías del aire acondicionado y a problemas relacionados con el diseño que merman la visibilidad, la ventilación o el espacio físico de la cabina del conductor y del conjunto del bus. “No quieren que se arregle el problema porque lo que no les apetece es volver a esos autobuses”, apuntaba el edil socialista Ignacio Benito en unas declaraciones a este medio, respaldadas por un autobusero con el que este periódico pudo conversar. Fuentes del área de Movilidad afirman que “se ha solucionado la incidencia de rendimiento de climatización ”, aunque no se pronuncian sobre el resto de reproches.

“Decir que los autobuses están perfectos, pero que no operan por problemas con la máquina de repostar de la hidrogenera (el corazón del proyecto), no es para que Almeida saque pecho. La denuncia sigue siendo igual de válida, lo es doblemente porque los problemas los dan los autobuses y la hidrogenera. Hace agua por todos lados”, critica Benito. El portavoz socialista en la Comisión municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad protesta además por que el Ejecutivo municipal haya necesitado el salto mediático del caso para ofrecer una explicación pública: “Hemos pedido información estos meses y no nos la han dado, en una nueva muestra del oscurantismo de este Gobierno”.

Almeida, que el pasado noviembre anunció el proyecto como “único en Europa”, ha vuelto a presumir de que el Consistorio que lidera es “la primera administración pública que tiene una hidrogenera propia”. Detalla que “otros ayuntamientos tienen acuerdos con compañías eléctricas, pero el de Madrid es la única administración que tiene una infraestructura propia de hidrógeno”.

Las cuentas pendientes por resolver de unos buses que “vinieron defectuosos”

El conductor de la línea 145 que atendió a Somos Madrid hablaba de “un problema de la serie”, ya que los defectos se han repetido en condiciones casi idénticas en las diez unidades incorporadas. “No es cosa del motor, que con el hidrógeno iba de maravilla y no daba ningún problema, además de que encima se reduce la contaminación. La cosa es que todo lo demás era peor, estaba mal diseñado ya de fábrica. Vinieron defectuosos”, exponía.

“Solo se podían abrir cuatro ventanales, mientras que en la mayoría de modelos puedes abrir todos o casi todos. Eso habría permitido que en primavera, cuando empezamos a detectar los fallos del aire acondicionado, se hubiesen seguido utilizando con normalidad ventilando y ya en verano el problema se habría agravado. Pero como ni siquiera corría el aire, era inaguantable solo con que hiciera un poco de calor. Al final con ese diseño fomentas que los vehículos se queden fuera de circulación y que la calidad o los tiempos del servicio se deterioren”, se quejaba.

Arremetió además contra el diseño de las cabinas del conductor: “Eran mucho más pequeñas, con lo cual el confort de un sitio en el que pasamos muchas horas al día se resiente. Y con ello, nuestra calidad de vida y la del servicio que podemos ofrecer”. De hecho, recalcó la “sorpresa” que sintieron ante el tamaño general de los buses de hidrógeno: “Tenían una capacidad mucho menor a los 90 pasajeros del modelo que llevamos ahora. Si compras vehículos más pequeños, más gente se queda en la parada”.

Las quejas compartidas entre compañeros llegan incluso a los retrovisores. O más bien las cámaras que actúan como tal, ya que elCaetano con motor de hidrógeno es uno de esos modelos más nuevos y eléctricos que utilizan unos espejos de reflexión virtual. Estos elementos proyectan imágenes en pantallas interiores para reducir los ángulos muertos, mejorar la visibilidad y facilitar las maniobras, aumentando así la seguridad. Una técnica extendida en buses de EMT, pero que en las cámaras de estos diez buses de hidrógeno presentaba una importante deficiencia: “La protección contra la lluvia estaba mal diseñada, así que con el agua hacía efecto lente y la gota ocupaba toda la pantalla”.

“Retirada urgente e inmediata”. Es lo que solicitaron los conductores de autobús de la línea 145 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), después de trabajar y transportar viajeros durante meses en unas condiciones que califican de “insoportables”. Lo hicieron en un escrito conjunto, remitido el pasado 13 de agosto a la gerencia de EMT, donde denunciaban la “avería recurrente” de diez buses con motor de hidrógeno del modelo Caetano puestos en circulación durante la primavera de este mismo año. Su petición se acabó cumpliendo semanas después, cuando la noticia había saltado ya a los medios después de una queja del PSOE de Madrid. Ahora, la millonaria inversión municipal en los buses de hidrógeno se traduce en diez vehículos retirados de las carreteras y almacenados sin uso en Entrevías.

Las quejas recogidas en el documento de los conductores, al que ha tenido acceso Somos Madrid, son variadas. La más importante es el “fallo en el sistema de aire acondicionado”, cuya persistencia provoca “condiciones de trabajo inadecuadas, bajo temperaturas extremadamente altas durante la jornada laboral, lo que conlleva poner en peligro no solo nuestra seguridad y salud, sino la de los pasajeros”. Esto desemboca a su vez en “constantes quejas de los usuarios, muchas irrespetuosas, generando estrés y ansiedad”.

Uno de los reproches del escrito es que, cuando dieron parte de las constantes averías a EMT, “nos informan desde el Control de Entrevías de que tienen la directriz de sustituir un autobús averiado de este modelo por otro del mismo”. Recalcan que esta circunstancia no aportaba “ninguna solución, ya que todos los vehículos siguen presentando este mismo fallo del aire acondicionado”. Todo ello, dicen, acabó causando “una sinrazón: encerrar de nuevo los autobuses al poco tiempo en la estación, una situación surrealista y ajena al raciocinio”.

El texto menciona también “vehículos constantemente averiados, lo que afecta a la operatividad diaria de la flota”. Porque el mal funcionamiento iba mucho más allá de la climatización. Lo explica Agustín (nombre ficticio para preservar su anonimato), conductor de la línea 145 que atiende a este periódico antes de iniciar su recorrido entre Conde de Casal y el Ensanche de Vallecas: “Fue terrible. Los autobuses sufrían muchos fallos electrónicos. Desde que el aire condicionado era mejor quitarlo, porque no había o salía incluso caliente, hasta lo mal que iba la apertura de puertas. Tardaban mucho, eso ralentizaba los trayectos y desesperaba a los viajeros”.

Fue terrible. Los autobuses sufrían muchos fallos electrónicos. Desde que el aire condicionado era mejor quitarlo, no había o salía incluso caliente, hasta lo mal que iba la apertura de puertas

El autobusero cuenta que “no sacan los autobuses de hidrógeno desde septiembre”, algo que hasta cierto punto agradecen: “Había graves errores hasta de diseño. Solo se podían abrir cuatro ventanales, mientras que en la mayoría de modelos puedes abrir todos o casi todos. Eso habría permitido que en primavera, cuando empezamos a detectar los fallos del aire acondicionado, se hubiesen seguido utilizando con normalidad ventilando y ya en verano el problema se habría agravado. Pero como ni siquiera corría el aire, era inaguantable solo con que hiciera un poco de calor. Al final con ese diseño fomentas que los vehículos se queden fuera de circulación y que la calidad o los tiempos del servicio se deterioren”.

Más allá de la climatización: menos espacio y problemas de visibilidad

La ristra de críticas no se queda ahí. Agustín arremete contra el diseño de las cabinas del conductor: “Eran mucho más pequeñas, con lo cual el confort de un sitio en el que pasamos muchas horas al día se resiente. Y con ello, nuestra calidad de vida y la del servicio que podemos ofrecer”. De hecho, expresa la “sorpresa” que sintieron ante el tamaño general de los buses de hidrógeno: “Tenían una capacidad mucho menor a los 90 pasajeros del modelo que llevamos ahora. Si compras vehículos más pequeños, más gente se queda en la parada”.

Las quejas compartidas entre compañeros llegan incluso a los retrovisores. O más bien las cámaras que actúan como tal, ya que el Caetano con motor de hidrógeno es uno de esos modelos más nuevos y eléctricos que utilizan unos espejos de reflexión virtual. Estos elementos proyectan imágenes en pantallas interiores para reducir los ángulos muertos, mejorar la visibilidad y facilitar las maniobras, aumentando así la seguridad. Agustín precisa que es una técnica extendida en buses de EMT, pero las cámaras de estos diez buses de hidrógeno tenían una importante deficiencia: “La protección contra la lluvia estaba mal diseñada, así que con el agua hacía efecto lente y la gota ocupaba toda la pantalla”.

Agustín considera lo ocurrido “un problema de la serie”, ya que los defectos se han repetido en condiciones casi idénticas en las diez unidades incorporadas. Habla de una inversión “de unos 650.000 euros por autobús”, por tanto, 6,5 millones de euros en total, aunque comenta la posibilidad de que todavía pueda reclamarse la garantía de fabricación. Desde el Consistorio confirman esa cantidad. La cifra exacta fue en realidad de 7,7 millones (IVA incluido), según el contrato adjudicado al que tuvo acceso este periódico.

Desde la retirada de estos diez autobuses, la línea reincorporó otro modelo habitual en diversas líneas, que opera con el tradicional gas natural. Agustín insiste: “No es un problema del motor, que con el hidrógeno iba de maravilla y no daba ningún problema, además de que encima se reduce la contaminación. La cosa es que todo lo demás era peor, estaba mal diseñado ya de fábrica. Vinieron defectuosos”.

El PSOE critica “una chapuza más de Almeida”

“En el Ayuntamiento sacaron la hidrogenera de Entrevías como una de sus banderas. Ahora llevan casi dos meses sin darle utilidad y con los buses guardados”, critica Ignacio Benito, concejal del PSOE en Cibeles y portavoz del partido en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Todo ello, lamenta, ante un Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida que “no reconoció los problemas en agosto y sigue sin hacerlo”. Indica que “no los retiraron cuando lo solicitó el Grupo Municipal Socialista, sino unas semanas más tarde y sin dar una explicación”.

Benito cuenta a este periódico que elevó una petición de información a EMT para conocer el número exacto de averías en estos autobuses de hidrógeno. Desde la entidad, dice, tacharon la cantidad de “limitada y puntual”. Pero el edil afirma que “los partes de averías de los conductores constatan averías un día tras otro”. Asegura incluso que los conductores “no quieren que se arregle el problema porque lo que no les apetece es volver a esos autobuses”.

Para el concejal socialista, son necesarias “explicaciones” ante “lo que el Ayuntamiento vendió como su proyecto estrella para la cochera de Entrevías, que ya sufre la falta de personal o unas líneas que dejan mucho que desear”. Benito recuerda además que “va a ser la última cochera en electrificarse”. Habla de “una chapuza más de Almeida” y de “una inversión que no sirve para nada”.

El fracaso de un proyecto anunciado como “único en Europa”

Desde EMT no responden hasta el momento las consultas trasladadas por este diario acerca de los motivos del funcionamiento defectuoso de los buses, si se reincorporarán vehículos de hidrógeno a la línea 145 y otras o el montante de la inversión total. Fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento reconocen que “hubo una incidencia en los equipos de climatización de esta flota ya que el rendimiento no era el esperado”. Antes ello, “al igual que ocurre en el resto de la flota, se sustituye el vehículo afectado por otra unidad”.

“Los equipos de climatización cumplían los requisitos de la licitación, obviamente. Desde EMT se ha trabajado con el proveedor para encontrar la solución que mejoerara el rendimiento de los mismos”, aclaran en el Consistorio. Puntualizan igualmente que “los vehículos no se han devuelto al fabricante, se ha solucionado la incidencia de rendimiento de la climatización”.

La relevancia del proyecto para el Gobierno de Almeida, y muy especialmente para el departamento que dirige Borja Carabante, quedó escenificada durante la inauguración de la hidrogenera de Entrevías el pasado noviembre, anunciada como “la primera de Europa”. Al acto acudieron, además del alcalde y el edil delegado de Movilidad, el concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño y el director gerente de EMT, Alfonso Sánchez Vicente.

En esa jornada, el regidor destacó la puesta en marcha de un proyecto “único en Europa”, ya que “no hay ninguna otra capital europea que tenga una estación pública de recarga de hidrógeno”. Presumió de que estos autobuses se recargan en nueve minutos con energías limpias, lo que convierte a Madrid en una “ciudad puntera en las políticas de sostenibilidad del transporte público”. Almeida habló de “políticas sostenibles, eficaces y que generen inversión”. Recordó asimismo que, en 2030, “los 2.000 autobuses que circulan por las calles de Madrid serán cero emisiones”. Toca esperar para comprobar si lo hacen, además, sin acumular incidencias.

El próximo viernes 24 de octubre a las 19.30 horas una manifestación convocada por movimientos sociales transcurrirá por Puente de Vallecas bajo el doble lema “Vallekas (sic) por la vivienda digna. Fuera mafias de desokupación de nuestros barrios”. La marcha saldrá del Club Deportivo La Fábrika (calle Alfonso XIII, 17) y llegará al estadio del Rayo Vallecano.

El detonante de la reacción vecinal son los sucesos del pasado 14 de octubre, cuando miembros de la empresa de desokupación APD Security Iberia acudieron a desalojar sin orden judicial una vivienda de la barriada y, a continuación, se dirigieron al gimnasio popular y escuela de boxeo La Fábrika, situado en la calle Alfonso XIII.

Después de que una decena de hombres pertrechados de camisetas negras con el logotipo de la empresa de seguridad llegaran al gimnasio y aporrearan la puerta al grito de “rojos, maricones” (tal y como se aprecia en un vídeo grabado por un vecino), se armó una pelea con miembros del gimnasio y vecinos.

La intervención policial se saldó con la detención de nueve miembros de APD y también de otros siete vecinos. Poco después de los hechos, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) emitía un comunicado pidiendo que no se normalice “que las llamadas empresas de desokupación, con sus grupos paramilitares, irrumpan en nuestros barrios para expulsar de sus hogares, usando métodos muchas veces constitutivos de delito, a vecinos y vecinas que por diferentes circunstancias no pueden afrontar los gastos de vivienda”. La FRAVM trasladaba las declaraciones de miembros de la Asociación Vecinal de Doña Carlota-Nueva Numancia, una de sus vecinales federadas.

El Club Deportivo La Fábrika, que lleva quince años abierto en Puente de Vallecas, ha emitido un comunicado con su versión de los hechos abundando en que lo del día 14 de octubre no fueron hechos aislados. “Queremos denunciar que hemos sufrido distintas agresiones por parte de esta empresa desde el primer día que pusieron un pie en el barrio”, dicen.

Desde el club denuncian que los miembros de la empresa de desokupación ya pasaron por su domicilio social el 26 de septiembre, día que también habían acudido a amedrentar a la persona a la que volverían a intentar echar el día 14 de octubre en la calle Leonor González.

“Pasaron antes por nuestro gimnasio e intimidaron a uno de los alumnos que estaba en la puerta esperando a que se abriera para asistir a clase. En el momento en que lo ocurrido se pone en conocimiento de uno de los responsables del espacio, este se dirige a pedir explicaciones, momento captado por las cámaras de tv de cierto programa amarillista criminalizándole y manipulando el contexto de la situación, haciendo parecer que es el agresor y los agresores son las víctimas”, denuncian, añadiendo al relato el caso de otra vecina, perseguida por los desokupadores hasta el portal de su casa, según el comnicado.

El día 14, según explican, fueron advertidos en torno a las 17.30 de que los desokupadores de la empresa APD Security Iberia, que habían ido a tratar de echar al mismo vecino, se dirigían hacia el gimnasio “armados con palos, piedras y porras extensibles”. En este momento iban a comenzar las clases de boxeo para niños.

Se produjo una “batalla campal” que desde La Fábrika tildan como un acto de defensa. “Como resultado de todo esto, fuimos detenidas dos personas del gimnasio que estábamos dentro en el momento del ataque e intento de asalto al local, y cinco vecinos de los que vinieron a apoyarnos. Los agresores, aun estando localizados e identificados, no todos fueron detenidos”, explican. La empresa APD Security Iberia se presenta en su web como “especialistas en desalojos okupas” y dicen haber realizado más de 3000 “desocupaciones”.

La reclamación por una vivienda digna es habitual entre las reivindicaciones de las organizaciones sociales de Vallecas (fue el leiv motiv de la Batalla naval de este año). Unida a esta, aparece ahora el rechazo frontal a las llamadas empresas de desokupación, que utilizan controles de acceso a las viviendas y otras técnicas intimidatorias para echar a personas que viven usurpando o, incluso, no han pagado todas las mensualidades de su alquiler.