El comisario de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent, que ha liderado la policía catalana en dos etapas y que fue destituido por el Govern de Salvador Illa días después de la fuga del expresident Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona en agosto de 2024, ha pedido una excedencia para dejar el cuerpo.

Según ha adelantado El País y han confirmado a la agencia EFE fuentes policiales, Sallent, que desde su destitución como comisario jefe ejercía como máximo responsable de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona, ha pedido a la Subdirección General de Recursos Humanos acogerse a una excedencia, por lo que próximamente abandonará el cuerpo.

El comisario Sallent llegó a superar en julio de 2024 el curso para ser nombrado mayor —un rango vitalicio que solo ostenta el actual director de los Mossos, Josep Lluís Trapero—, en un proceso que inició el Govern de ERC poco antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, aunque la Justicia lo terminó avalando.

Sallent ha dirigido a los Mossos d'Esquadra en dos etapas distintas: primero entre junio de 2019 y noviembre de 2020, cuando fue destituido y relevado por Josep Lluís Trapero tras su absolución por el 1-O, y posteriormente entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue cesado por el ejecutivo de Salvador Illa días después de la fuga de Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona.

En concreto, Sallent fue nombrado comisario jefe por primera vez el 3 de junio de 2019 por el conseller Miquel Buch, entonces en Junts, en un período convulso, con los Mossos aún recuperándose de la crisis de liderazgo tras la destitución de Trapero por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017, que suspendió la autonomía catalana, y por los disturbios en las protestas contra la condena a la cúpula del procés -en octubre de 2019-.

Con el presidente Quim Torra (Junts) criticando la actuación de los Mossos en los disturbios y enfrentado a la cúpula de Interior, Sallent logró sobrevivir al relevo de Buch, que fue sustituido el 3 de septiembre de 2020 en la Consellería de Interior por Miquel Sàmper, un abogado independiente que ahora ejerce como conseller de Empresa en el Ejecutivo del PSC.

Sallent logró fortalecer su liderazgo y tendió puentes para recomponer las relaciones con jueces y fiscales y con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que eran abruptas durante y después el 'procés', en un mandato que se prolongó hasta que Trapero fue absuelto el 21 de octubre del 2020.

Sàmper optó entonces por restituir a Trapero al frente de los Mossos, de forma que Sallent fue nombrado jefe de la región policial Metropolitana Sur de Barcelona —el mismo que ostenta actualmente.

Con la llegada del Govern de ERC en solitario, Sallent regresó a la cúpula de los Mossos en diciembre de 2021 de la mano del conseller Joan Ignasi Elena: primero como número dos del comisario jefe Josep Maria Estela, a quien acabó relevando diez meses después, el 17 de octubre de 2022.

El director general de la policía catalana, el major Josep Lluís Trapero, ha desmontado este lunes una de las consignas más repetidas por la extrema derecha este verano y ha desvinculado la inmigración de la delincuencia. “El problema es inferir una nacionalidad a un delito”, ha afirmado.

En una entrevista en RAC-1, Trapero ha explicado que, en seguridad, una cosa es la percepción que tiene la ciudadanía de los delitos y otra lo que reflejan las cifras oficiales. En la percepción que la gente tiene sobre seguridad, ha recordado, influye no solo un hecho concreto, sino las noticias (a veces alarmistas) de los medios o la voluntad política de crear un estado de opinión determinado.

“En la sensación no solo hablan las cifras. Poner el tema de seguridad todos los días sobre la mesa tiene consecuencias”, ha señalado Trapero, que ha abogado por “hablar de todo”, pero sin engaños ni alarmismos. Trapero, que se sumó a un cargo político en el Govern de Illa tras su etapa como major y máximo responsable policial de los Mossos, ha dado datos para explicar la situación de la seguridad en Catalunya.

Los delitos han bajado alrededor de un 5% en el primer semestre de 2025 en comparación con el año anterior, e incluso se han registrado reducciones del 10% o el 12% en algunos tipos delictivos, ha agregado.

“Si analizamos la población autóctona involucrada en delitos, sería muy fácil ver que tienen relación con el nivel de ingresos. ¿Nos lleva a esto a decir que lo que tiene poco dinero es un ladrón? Esto solo se está haciendo con los inmigrantes y no con otros elementos del estudio”, ha aseverado el major.

Sobre las protestas de La Vuelta de este domingo en Madrid, Trapero ha apostado por buscar el “equilibrio” entre el derecho a la protesta y las otras actividades que se celebran en la calle, algo que “nunca satisface a los extremos”. El major ha remarcado que los Mossos trabajan desde hace tiempo para “garantizar” que las etapas del Tour de Francia de 2026 que se celebrarán en Catalunya tendrán “un punto extra de seguridad”.

El director general de la Policía de la Generalitat, el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha desvelado este jueves que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia que interpuso como víctima de la Operación Cataluña. “Me hubiese gustado otro trato de la Fiscalía”, ha lamentado en una entrevista en la Cadena SER.

En la primera entrevista que ofrece en cuatro años, en los que ha pasado de ser jefe policial a ocupar responsabilidades políticas como director general en el Govern de Illa, Trapero ha repasado los hechos del procés, su juicio, y la respuesta a los atentados del 2017, tanto en su faceta policial como personal. “Tuve 190 sesiones de psicólogo, no me avergüenza decirlo”, ha explicado.

Pese a no vestir ya el uniforme, Trapero ha reivindicado su idea de policía democrática que esbozó durante los años en los que estuvo al frente del cuerpo de Mossos: “Una policía democráticamente avanzada no puede autogobernarse, tiene que ser de todos, no hacer partidismo y en su función de policía judicial no puede entrar la política”.

Ha rememorado Trapero el otoño soberanista de 2017 que lo puso en la diana tanto de independentistas como de contrarios a la secesión (y del que terminó absuelto y con el respaldo de la Audiencia Nacional a la actuación de los Mossos el 1-O).

“Es bastante sencillo de entender: la policía a veces lo único que puede hacer es estropear cosas. Con dos millones de personas en la calle, lo único que puedes hacer con un uso de la fuerza es crear un problema grave”, ha aseverado sobre el día del referéndum y el papel de los Mossos, en contraste con el de Policía y Guardia Civil.

Trapero ha reconocido abiertamente la presión que recibió de la conselleria de Interior del Govern de ERC, que lo destituyó como jefe operativo del cuerpo. “Las cosas se tienen que hacer bien, fui sometido a un proceso de desgaste importante”, ha lamentado.

También ha recordado el major las maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy para desprestigiarle.

Según ha revelado Trapero, su denuncia ha quedado archivada tras ser derivada por la Fiscalía de Barcelona al servicio de Anticorrupción en Madrid. En su escrito, de 50 páginas, el major denunció la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”.

“La denuncia la trabajé, entiendo algo de investigación criminal y no suelo decir nada que no pueda demostrar”, ha señalado Trapero, que ha lamentado el papel de Anticorrupción: “Yo cuando he sido procesado he dado la cara y explicaciones; ahora me hubiese gustado que la misma Fiscalía hubiese tenido otro tipo de trato conmigo, como víctima”.

Aunque ahora las ha cerrado, la Fiscalía sí llegó a abrir, al menos, pesquisas, al contrario que lo ocurrido en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón rechazó abrir una causa después de recibir un informe de los Mossos d'Esquadra que exponía los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los que se intentaba implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia.

La causa, en la que Trapero nunca llegó a estar imputado pero que provocó un enfrentamiento entre el major y el juez instructor, Joaquín Aguirre, terminó con la absolución de todos los acusados. La sentencia de la Audiencia de Barcelona censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.

El major de los Mossos d'Esquadra y actual jefe político del cuerpo, Josep Lluis Trapero, ha defendido este miércoles en el Congreso la actuación del CNI antes, durante y después del atentado islamista en la Rambla y Cambrils sucedido el 17 de agosto de 2017. “La colaboración más leal y provechosa fue la que mantuvimos con el CNI”, ha asegurado Trapero, que ha indicado que desde los servicios de inteligencia hubo un flujo continuo de información hacia los Mossos tanto antes del atentado como después.

Trapero, que en verano de 2017 era el comisario jefe, es decir, el máximo responsable operativo de los Mossos, ha comparecido en la comisión de investigación sobre el atentado con una defensa sin fisuras de la actuación del cuerpo catalán en aquellos días. “He visto ejercicios de desmemoria y tergiversación de los hechos y a mi me competen en la medida que afectan al trabajo de los Mossos”, ha lamentado.

En este capítulo, Trapero se ha mostrado dolido por las “críticas sin motivo” que a su juicio lanzó contra los Mossos en esa misma comisión el exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, José Antonio Nieto. “Se hizo llegar a la ciudadanía que algo se había hecho mal en el cuerpo de Mossos y había posibilitado esos atentados”, asegurado el policía. “Eso es lo que no hay derecho. No hay derecho a hacerlo con Mossos y no hay derecho a hacerlo con nadie”, ha añadido.

Según el veterano policía, los Mossos estuvieron a la altura de las circunstancias tanto en la jornada de los atentados, donde según ha indicado la célula terrorista se encontró con operativos que “estaban donde tenían que estar y hacían lo que tenían que hacer” según el plan Cronos de la policía catalana. Además, una vez se produjo el atentado, ha defendido, “no hubo desorden ni improvisación, sino planificación y eficacía”. “Creo que la ciudadanía lo percibió”, ha apostillado.

“Nada que se hubiese podido hacer y que no se hizo hubiera evitado el atentado”, ha asegurado categórico Trapero. “La respuesta hubiese sido otra si hubiesemos pasado por alto alguna noticia, documento o información que nos hubiese llevado a conocer aquellas intenciones, pero no fue así, no ocurrió”, ha remachado.

Sobre la relación con otros cuerpos, Trapero no ha ahorrado loas hacía el CNI, un organismo que, según ha relatado, al inicio de ese mismo verano se puso en contacto con los Mossos por iniciativa propia para ofrecer la información que se compartía en un comité europeo antiterrosita constituído entre diversos servicios de inteligencia.

De hecho, según ha explicado el ahora director general en el Govern de Salvador Illa, los Mossos aprovecharon esa información tanto antes del atentado como, sobre todo, una vez éste se había producido.

Otro detalle revelado por Trapero en la comisión, y que a su juicio demuestra la sintonía que hubo en todo momento con el CNI, es que los servicios de información adscritos al Ministerio de Defensa comunicaron a los Mossos la información que tenían sobre el iman Abdelbaki es Satty en cuanto la policía catalana puso en su conocimiento esa identidad. “Comunicaron que se habían entrevistado con esa persona en el pasado y que hacía un tiempo que no tenían este contacto”, ha explicado.

Trapero sí ha explicado, sin embargo, que la relación con otras policías fue más complicada. A su juicio los roces que se produjeron no tenían tanto que ver con la situación política derivada del procés, sino con que algunos mandos policiales no asumían que habían cedido competencias en manos de los Mossos.

Salvador Illa ha cumplido su palabra y ha recuperado a Josep Lluís Trapero para nombrarlo director general de la policía de la Generalitat. La vuelta de Trapero a las más altas responsabilidades es, en cierta forma, una restitución, que viene a corregir una salida atropellada bajo las órdenes de ERC que desconcertó a buena parte de los mandos de los Mossos d'Esquadra.

El major –este es un rango policial que nunca se pierde– vuelve, pero lo hace con un matiz importante. Trapero siempre había mantenido una carrera lejos de la política e incluso, como comisario jefe, había preferido mostrarse siempre cercano a la actividad diaria de un agente. Ahora es diferente; el de director general es un cargo político y será la primera vez que lo ocupe un uniformado.

Salvador Illa centró gran parte de su campaña electoral en la seguridad y fue en el debate de TV3 y Catalunya Ràdio cuando anunció quiénes serían sus nombres para llevar a cabo sus propuestas si era investido: Núria Parlon, exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, sería su consellera de Interior y Trapero, que dejaría las labores policiales para pasar a ejercer como el alto cargo al volante de la policía.

El nombramiento de Trapero se da en uno de los momentos más complicados para el cuerpo y en plena convulsión después de que la policía catalana fuera incapaz de detener a Carles Puigdemont en su breve regreso a Catalunya y de que el expresident escapara del radar de los Mossos y pudiera volver a Waterloo sin ser arrestado.

La llegada de Trapero ha venido acompañada de cambios de relevancia en la jefatura policial. El nuevo comisario jefe de los Mossos será Miquel Esquius, hombre de confianza de Trapero, que ya estuvo al frente del cuerpo en 2019 pero fue destituido por el entonces Govern de Junts, que nombró a Eduard Sallent. Éste se mantuvo con el cambio de Govern de ERC y nunca ha tenido sintonía con Trapero.

Siempre en los Mossos

La trayectoria del nuevo director general ha estado siempre vinculada al cuerpo. Formado en la Escola de Policía de Catalunya, la escuela de mossos por antonomasia, Trapero se licenció después en Derecho y después realizó formación complementaria de especialización en diversos ámbitos, como el blanqueo de capitales y el crimen organizado. Bien formado y tras firmar una hoja de servicios en diversas tareas, el policía de Santa Coloma pasa a dedicarse a la investigación, donde asciende de forma rápida hasta convertirse en jefe de la División de Investigación Criminal, en 2008.

Solo unos años después, se convertiría en el comisario al frente de la Comissaria General d'Investigació Criminal. Es allí donde el entonces director general de la policía Manel Prat se fija en él, para acabar nombrándolo en 2013 como comisario jefe, es decir, el hombre en la cúspide operativa del cuerpo.

No sería hasta el año 2017 cuando, además de ser el policía con más mando, obtuviese también los máximos galones con el título de major. En su primera semana con esta distinción, ahora hace exactamente 7 años, Trapero tuvo que hacer frente a los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos. La actuación de los Mossos recibió felicitaciones dentro y fuera de Catalunya, tanto por el operativo antiterrorista como por la forma directa y transparente de comunicar. La forma de actuar, con todo, también recibió críticas por no haber priorizado la captura a los atacantes y haber optado por abatir a todos ellos.

Pero ni críticas ni alabanzas tuvieron demasiado tiempo para resonar. Poco después, llegaba el referéndum del 1-O y aquella votación le valió una imputación por el delito de sedición. Se le llegaron a pedir once años de prisión, pero fue absuelto en octubre de 2020.

De “sedicioso y seductor” a “una ocurrencia”

Trapero empezó desde abajo y ascendió a lo más alto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra sin buscar ni deber favores políticos. Criado en un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, los que le conocen bien destacan su tozudez y la costumbre de hablar claro. A Trapero se le escogió solo porque se consideró que podía hacerlo mejor que otros comisarios que aspiraban a ese mismo ascenso, sin que pesara, en el año 2013, si tenía o no vinculación con el proyecto independentista. Pero se acabó convirtiendo en un auténtico icono del independentismo.

Su ascenso popular fue a raíz de su mandato al frente de los Mossos durante el procés y el referéndum. En aquella jornada se empezó a corear el cántico “los Mossos son nuestra policía”, ya que el cuerpo catalán no empleó la violencia física para impedir la votación, como sí hicieron la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Este gesto hizo que Trapero se ganara el favor del independentismo y, también, una imputación por sedición, cosa que, en vista de la opinión popular, le igualaba a otros líderes del procés como el expresident Puigdemont u Oriol Junqueras. De hecho, el entonces major se convirtió en carne de meme con imágenes suyas acompañadas de la leyenda “Sediciós i seductor”.

Pero el embrujo acabó poco después, durante el juicio del procés, cuando Trapero decepcionó a sus fans basando su defensa en la idea de que nunca “compartió el plan ideado por el Govern para alcanzar la independencia de Catalunya y su proclamación como Estado independiente”. Y la gota que colmó el vaso fue su revelación de que el cuerpo tenía un plan para detener a Puigdemont y al resto del Govern cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y que estaba dispuesto a llevarlo a cabo si se lo hubiera ordenado un juez.

Trapero fue absuelto del delito de sedición en 2020 y un año después volvió al cuerpo de los Mossos, del que había sido destituido tras su imputación. Pero la relación ya no era la misma. Quien le rescató fue el Govern de Quim Torra, con Miquel Sàmper al frente de la conselleria de Interior -ahora a cargo de la cartera de Empresa y Trabajo en el Govern de Illa-.

“Regresó resentido con todo y se encerró en un núcleo muy estrecho y pequeño”, explicaron en su momento a elDiario.es fuentes de la Generalitat de aquel momento. Y la relación todavía se enrareció más cuando Joan Ignasi Elena (ERC) asumió la cartera de Interior tras la salida de Junts del Govern de la Generalitat en 2022.

Con todo, el regreso fue breve, ya que un año después volvió a ser destituido como comisario jefe en favor de Josep Maria Estella. El argumento fue que el cuerpo necesitaba “una renovación” y se envió a Trapero a la División de Evaluación de Servicios, donde analizaba el funcionamiento de los dispositivos policiales.

La destitución de Trapero -y la de una treintena más de mandos policiales- despertó el rechazo de buena parte de la oposición, que apuntó que respondió a una “purga” y a “intereses políticos”. Por eso, PSC, PP, Ciudadanos y Vox pidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlament para aclarar los motivos de los cambios en la cúpula de los Mossos.

Trapero fue apartado de la dirección del cuerpo por quienes le encumbraron y fue ahí cuando Illa vio su ventana de oportunidad para rescatar al hombre que pasó de ser elogiado por el independentismo a una figura repudiada. De hecho, el anuncio del socialista durante la campaña levantó ampollas entre ERC y Junts. Puigdemont definió el fichaje como “una ocurrencia” y pidió al ahora president que mantuviera a “los profesionales del combate partidista”.

De icono del independentismo a fichaje del PSC

El nuevo president, después de siete años marcados por el procés, quiere hacer cambios estructurales en los Mossos. Y para ello ha escogido a Trapero, cuyo fichaje empezó hace ya tiempo. El major tiene buena relación con el exconseller Sàmper, que le rescató mientras estuvo al frente de Interior. Y también conoce bien al nuevo conseller de Justicia, Ramon Espadaler, el mismo que ostentaba la cartera de Interior la primera vez que Trapero fue nombrado máximo jefe del cuerpo.

No menos importante es la antigua relación con Albert Batlle, actual responsable de la seguridad en el ayuntamiento de Barcelona y que fue director de los Mossos (el mismo cargo que ahora ocupará Trapero) durante una parte del tiempos en los que el major era comisario jefe. Juntos, por ejemplo, hicieron frente a los atentados de la Rambla. Y ahora se sentarán en despachos prácticamente homólogos, uno a cargo de la Guardia Urbana de Barcelona y, el otro, al frente de los Mossos.

Todos estos nombres que han ido encontrándose con Trapero durante su carrera y que hoy ostentan cargos en ejecutivos del PSC han sido claves para su fichaje. Pero quizás uno de los más importantes ha sido el de Núria Parlón, quien será su consellera. Es conocida la buena relación entre ellos. Ambos son nativos de Santa Coloma de Gramenet -así se conocieron-. Ahora trabajarán juntos. Su promesa: “Una nueva forma de afrontar la seguridad ciudadana”.

Nueva etapa en la cúpula de los Mossos d'Esquadra. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha confirmado que este martes el major Josep Lluís Trapero será nombrado director general de la policía y ha cesado al comisario jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent. Su sustituto será Miquel Esquius, que ya estuvo al frente del cuerpo en 2019. “Se ha agotado una etapa y se abre un nuevo tiempo con nuevos liderazgos”, ha afirmado Parlon.

Parlon ha presentado este lunes ante la prensa la remodelación, que afecta tanto a la estructura política del departamento como a la jefatura policial. Los cambios a la secretaría general de la conselleria, que ocupará Tomàs Carrión, un hombre de confianza de Parlon en su etapa en la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, y a la dirección general, en la que Josep Lluís Trapero coge el testigo de Pere Ferrer, quien ocupó el cargo tanto bajo gobiernos de Junts como de ERC.

El relevo en la cúpula policial se daba por descontado, toda vez que las divergencias entre Sallent y Trapero eran conocidas y el nombramiento del major para un cargo político ya fue anunciado por Salvador Illa durante la campaña electoral. Parlon ha agradecido la labor de la anterior cúpula y ha remarcado que los cambios no están vinculados a la fuga del expresident, si bien ha admitido “errores” en el dispositivo policial del pasado 8 de agosto.

La seguridad es una de las carpetas prioritarias para el nuevo Govern. Salvador Illa acudió al complejo Egara de Sabadell, la sede central de los Mossos d'Esquadra, en su primer acto como president. Durante la visita, Illa apostó por unos Mossos “alejados de la confrontación política”, lo que requiere, remarcó, “generar una confianza recíproca”.

Para este objetivo Illa ha situado al frente de la conselleria de Interior a Parlon, uno de los puntales municipales del PSC que reivindica la seguridad (incluso la mano dura, si es necesario), como una política progresista, si bien en los últimos tiempos se ha situado a favor de enfoques punitivistas y de endurecer el Código Penal respecto a algunos delitos.

Parlon se ha fijado como prioridad “revertir la curva delictiva”, en coordinación con las policías locales, así como rebajar la “percepción” que, en ocasiones, puede tener la ciudadanía en relación a la inseguridad o a determinados hechos delictivos.

Sacar al cuerpo de las polémicas políticas en las que se ha visto inmerso los últimos años es un objetivo complejo. Para muestra, el desastroso operativo que culminó con la fugaz vuelta y fuga de Carles Puigdemont a Barcelona tras siete años fuera de España. Los Mossos fueron incapaces de detener al expresident pese a que se presentó en pleno Arco del Triunfo de Barcelona. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya han pedido explicaciones a la policía catalana por el fiasco.

En su anterior etapa al frente del cuerpo, Esquius logró rebajar la presión sobre el cuerpo en comparación con las turbulencias que vivieron los Mossos en septiembre y octubre de 2017, cuando el proceso soberanista los situó en el centro del debate político. Fue nombrado tras la destitución de Trapero y todo el Govern en virtud del 155, pero duró solo once meses en el cargo porque Junts nombró a Sallent, vinculado históricamente a cargos en Interior de la antigua Convergència y con varias polémicas en su etapa al frente del cuerpo.

El nuevo jefe de la policía catalana se graduó en la segunda promoción de Mossos d'Esquadra y la primera de tráfico. Es un veterano del cuerpo, con 39 años de servicio público a sus espaldas, y ha ejercido varias responsabilidades. Parlon ha anunciado también que la comisaria Alicia Moriana sustituirá a Rosa Bosch como número 2 de los Mossos en la jefatura de la policía autonómica. Moriana impugnó el proceso que la anterior conselleria de Interior, cuando el Govern ya estaba en funciones, impulsó para nombrar a Sallent major.

El director general de la Policía, Pere Ferrer, ha elegido al actual comisario jefe, Eduard Sallent, para ser major de los Mossos d'Esquadra. Sallent se ha impuesto a la candidatura de la comisaria Alícia Moriana.

Ferrer ha entrevistado a los dos comisarios este mismo viernes, coincidiendo con el último día de la campaña electoral, y ha hecho pública esta tarde la diligencia en la que se indica que Sallent ha sido la persona designada para realizar el curso de major, que se iniciará el próximo 21 de mayo en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El proceso de selección de Sallent, a quien ERC promocionó al llegar a la conselleria, a la vez que apartó al major Josep Lluís Trapero, ha estado rodeado de polémica. La comisaria Moriana, así como varios sindicatos, ha impugnado las bases de la convocatoria en el juzgado contencioso administrativo. La justicia decidirá si existe impedimento o no para que Sallent se convierta en major, la misma gradación que ahora mismo sólo tiene Trapero. La mala relación entre ambos es conocida dentro y fuera del departamento de Interior.

La gestión de la Policía catalana ha estado de nuevo en el foco en esta campaña tras anunciar Salvador Illa que si logra ser presidente nombrará a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, como consellera de Interior y al major Trapero como director general de los Mossos, un cargo político y que hasta ahora no había ocupado un mando policial.

El exconseller de Interior de Junts en el Govern de Quim Torra, Miquel Sàmper, y el extitular de Cultura en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Santi Vila, se han adherido a la plataforma de apoyo al cabeza de lista del PSC, Salvador Illa. Ambos exconsellers de la órbita neoconvergente han suscrito el manifiesto de apoyo a Illa lanzado por varias personalidades de la cultura y la academia.

Sàmper y Vila –quien ya formaba parte del consejo asesor en infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona de Jaume Collboni– se suman así a nombres como la directora de cine Isabel Coixet, el diseñador Javier Mariscal, el cantautor Joan Manuel Serrat o el presentador televisivo Jorge Javier Vázquez, que ya habían anunciado su unión a la plataforma 'SI' de apoyo al candidato del PSC a las elecciones del 12M.

Otros nombres que se han sumado a la iniciativa son los del economista y exdiputado Josep Maria Bricall, la catedrática y exsenadora Victoria Camps, y las actrices y actores Núria Espert, Mònica Randall, Josep Maria Pou, Abel Folk, Roger Pera.

La plataforma reclama un presidente “capaz de representar al conjunto de la ciudadanía” y que trabaje “para unir y evite dividir”. “Queremos un gobierno que afronte los problemas que han sido ignorados, que sea capaz de hacer bien lo que se ha hecho mal, que practique la estrecha colaboración con todas las administraciones, especialmente con los ayuntamientos”, añade el manifiesto de la plataforma.

ERC y Junts critican el fichaje de Trapero

Sàmper fue el conseller de Interior que volvió a situar al frente de los Mossos d'Esquadra al major Josep Lluís Trapero, posteriormente relegado por parte del Govern de ERC. Su apoyo a Illa se ha conocido un día después de que el candidato socialista anunciara que, si gobierno, Trapero será el número dos político de los Mossos, pues lo situará al frente de la dirección general de la policía autonómica.

El resto de partidos se han referido este miércoles al anuncio de Illa. El president de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha criticado que Illa vaya “repartiendo cargos” antes de que voten los catalanes. “A mi lo que me sorprende es que, antes que la gente haya votado, ya haya quien está repartiendo cargos”, y ha dicho que este no es el estilo de hacer campaña de los republicanos, porque ha asegurado que en ERC son los de las propuestas.

Para Carles Puigdemont, el anuncio de Illa es una “ocurrencia de campaña”. El expresident ha reprochado al candidato socialista que “haga política con la policía a 3 o 4 días de las elecciones”, al tiempo que ha llamado a “preservar a los profesionales del combate partidista”. “Yo esperaría a ver qué dicen los ciudadanos en las urnas. No haremos ningún anuncio sobre nombramientos antes de ver qué dicen los ciudadanos”, ha agregado.

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha hecho este martes en el debate de TV3 uno de los principales anuncios de su campaña. Cuando los aspirantes debatían sobre la seguridad, Illa ha anunciado que la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será su consellera de Interior y que el major Josep Lluís Trapero será director general de los Mossos d'Esquadra (un cargo de designación política) si llega a la presidencia. El candidato socialista había hecho de la seguridad una de sus prioridades en campaña aunque no ha sido hasta ahora que ha desvelado el equipo que que la dirigiría.

El electorado catalán lleva casi dos semanas inmerso en una campaña electoral, pero en todo este tiempo ha tenido difícil hacer una idea de los acuerdos que pueden forjarse tras el 12 de mayo. El debate que han celebrado este martes los ocho principales candidatos en TV3 y Catalunya Ràdio tampoco ha aclarado qué política de alianzas priorizarán los aspirantes que están en cabeza, que según los sondeos son Salvador Illa y Carles Puigdemont, seguidos por Pere Aragonès. Los reproches y vetos cruzados amenazan con hacer imposible sumar la mayoría suficiente para que alguno de los presidenciables logren la investidura.

El debate de de TV3 ha sido el último de los tres televisados que se han celebrado y que deja la carrera hacia el 12M en su recta final, con solo tres días más de campaña y la jornada de reflexión del sábado. La ley electoral impide desde este martes publicar nuevas encuestas en España, aunque algunos sondeos sortean la prohibición publicándose desde otros países. En los últimos días todos los estudios demoscópicos publicados sitúan al PSC en cabeza, seguido de Junts, que se sitúa en segundo lugar y con ERC en el tercero.

El resto de partidos, representados por Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP), tampoco han mostrado adhesiones incondicionales, aunque algunos de ellos han mostrado sus preferencias. Albiach ha tendido la mano a todas las formaciones de izquierdas, mientras Estrada ha puesto condiciones para sumar en un bloque soberanista. Desde Junts, por su parte, han prometido que de ninguna forma pactarán con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. “Ni por activa ni por pasiva”, ha dicho Rull

Rull y Aragonès, aliados en el pasado, han chocado en diversas ocasiones. En una de ellas, el candidato de Junts ha invitado a ERC a “rehacer la unidad”, porque a su entender solo con el independentismo unido podrá retomarse el hilo del 1-O. Aragonès le ha respondido recordando que fue Junts quien abandonó el Govern y celebrando que la formación de Carles Puigdemont haya pasado “a practicar la negociación [con el PSOE] tras equipararla a una traición”.

Illa también se ha encarado con Fernández, a quien ha reclamado que deje de referirse a él como “mentiroso”. Pero que el candidato del PP se ha reafirmado, asegurando que Illa “juró y perjuró que no daría apoyo a los independentistas y a la amnistía”. “El PP ha instrumentalizado Catalunya para ganar votos en España y ha practicado la guerra sucia”, ha reprochado Illa, que ha contrastado la gestión del procés de Mariano Rajoy con la actual. “Gobernando el PP en Madrid, aquí se vulneró la ley; gobernando los socialistas no se ha vulnerado”, ha apostillado.

En el lado de la derecha, en un contexto en el que las encuestas dibujan un empate entre PP y Vox, Fernández ha cargado contra la “mentira” de Garriga sobre la regularización de migrantes que se está debatiendo en el Congreso, pero que el candidato de la extrema derecha ha dado falsamente por hecha por el apoyo del PP. “La demagogia y el populismo no se pueden aceptar, ya está bien de tanta mentira”, ha zanjado Fernández.

En el debate celebrado un día antes en La Sexta los candidatos ya habían dejado ver que la política de pactos sería uno de los temas más importantes tras el 12 de mayo, debido a los vetos cruzados. Además, como ha ocurrido en TV3, los partidos de izquierdas se intercambiaron en debates anteriores reproches, al tiempo que mostraban las distancias entre sus programas, lo que avanza que tampoco una alianza entre PSC, ERC y Comuns tampoco sería sencilla.

Aragonès, criticado por la sequía

La crisis climática y la sequía han centrado otro de los bloques, uno en el que los candidatos se han enzarzado com más vehemencia. CUP y Comuns han coincidido en acusar a Aragonès de favorecer al sector turístico durante los tres meses en los que ha estado decretado el estado de emergencia. “Ha habido restricciones para el campo, pero no para el turismo”, ha protestado Albiach.

Por su parte, Estrada ha definido la gestión del Govern como “cortoplacista” y ha considerado que se han “precipitado” al levantar este martes las restricciones de consumo de agua, sin haber impuesto freno al consumo de agua del turismo.

“No tienen ni idea de gestionar el agua. Yo tampoco, pero al menos lo reconozco”, ha apuntado con socarronería el candidato del PP, que ha cargado también contra Illa al considerar que los gobiernos del PSC, que acabaron en 2010, tampoco fueron eficaces para prevenir la falta de agua.

Illa ha considerado “arrogante” el comentario de Fernández, y ha lamentado los “bandazos” que, a su juicio, ha dado el Govern de Aragonès por apostar primero por el traslado de agua en barcos desde València para después decidirse por las desaladoras.

Por su parte, Rull se ha posicionado con claridad a favor del proyecto del Hard Rock, en la localidad de Vila-Seca (Tarragona) y ha defendido que el complejo Hard Rock es “un proyecto que pretende reforzar el sector turístico” y que será “un gran centro de convenciones y de turismo familiar” en el sur de Europa. 

La primera gran investigación de la Fiscalía sobre la Operación Catalunya se divide. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a Madrid las denuncias del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de 14 de los jueces que fueron víctimas de las maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del PP. La primera ha sido enviada al servicio de Anticorrupción y la segunda a la Fiscalía de Madrid.

En Catalunya permanecerá la causa que la Fiscalía Superior de Catalunya mantiene abierta sobre las notas inéditas desveladas por una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia y que muestran el intento de la policía política del PP para maniobrar contra el exfiscal superior catalán Martín Rodríguez Sol.

La explicación del envío a Madrid de dos de las tres denuncias interpuestas hasta ahora hay que buscarla en el lugar desde donde presuntamente se dirigieron las maniobras contra objetivos contrarios a los intereses del PP: el Ministerio del Interior, que por entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, con sede en Madrid.

La decisión del Ministerio Público de investigar las denuncias de los afectados contrasta con el planteamiento que en el pasado ha mantenido la Fiscalía Anticorrupción y varios jueces, que se han negado a investigar otro capítulo de la trama, el relativo a las maniobras en Andorra para conseguir las cuentas de la familia Pujol. El rechazo se suma a la negativa de diferentes tribunales a admitir las denuncias de varios afectados por la trama.

La brigada política llevó a cabo investigaciones prospectivas prohibidas por la ley no solo contra independentistas sino contra todo aquel que no se alineara con el PP a la hora de combatir el procés. Es el caso del exfiscal superior Rodríguez Sol, que en 2012 quiso investigar si era falsa la publicación en El Mundo de que un informe de la Policía vinculaba “cuentas en Suiza” de Artur Mas y Jordi Pujol con el caso Palau de financiación irregular de Convergència. La consecuencia fue aparecer en los documentos de los objetivos a seguir de la trama.

Por su lado, Trapero denunció la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”.

Además, catorce de los 33 magistrados catalanes que suscribieron un manifiesto en 2014 favorable a una consulta soberanista y que vieron como sus fotos y datos personales terminaron publicados en el diario 'La Razón' como represalia llevaron ante la Fiscalía al “grupo criminal” de la Policía que orquestó su “señalamiento”.

La denuncia de los magistrados señaló, en concreto, a cuatro antiguos responsables policiales: el jefe de la brigada política del PP, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el entonces responsable de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban.

Contra la amnistía, además de diputados, partidos políticos y periódicos, también se han movilizado fiscales y jueces. La mayoría, a través de comunicados y protestas con togas a las puertas de los juzgados, pero dos de ellos se han significado también a través de sus procedimientos contra Puigdemont. Desde la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, han emprendido investigaciones por terrorismo y alta traición al expresidente catalán Carles Puigdemont, que amenazan con arruinar la medida de gracia que se negocia en el Congreso.

Ambos jueces aparecen conectados en la denuncia que ha presentado el exjefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y a la que han tenido acceso elDiario.es y La Vanguardia, para que la Fiscalía investigue la guerra sucia que orquestó contra él un grupo de mandos policiales y altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según ha quedado patente en la investigación conjunta de La Vanguardia y elDiario.es. Ambos medios han venido desvelando notas informativas que pasaron por las manos de Jorge Fernández Díaz y en las que los comisarios corruptos atribuían a Trapero negocios con narcotraficantes.

La denuncia de Trapero atribuye a cada juez un papel. A Aguirre, su empeño en imputar a varios mossos por supuestos trapicheos con capos del narcotráfico que nunca se probaron. La imputación de Trapero en esa causa estuvo sobre la mesa del juez, pero no se llegó a acordar. García Castellón aparece citado por su negativa a investigar desde la Audiencia Nacional la guerra sucia contra Trapero de la denominada policía patriótica que él mismo denunció para que se incorporasen a las piezas del caso Tándem que indagaba en las actividades delictivas del comisario Villarejo.

En 45 folios, el entonces jefe de los Mossos hace una compilación de reuniones, audios, apuntes en la agenda de Villarejo e informes policiales para documentar un plan de una serie de policías corruptos para desactivar a Trapero mezclándolo con mafias de prostitución y capos del narcotráfico. Según Trapero, fue la respuesta a una serie de detenciones de policías y otros compinches de Villarejo desde la unidad que dirigía como jefe de la División de investigación criminal de los Mossos.

Esas prácticas comenzaron según Trapero en 2009 por disputas entre cuerpos policiales y se intensificaron con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno y sobre todo a partir de la Diada masiva de 2012, cuando el policía pasó a convertirse en un objetivo político. En la información publicada por elDiario.es y La Vanguardia figura en la lista de 34 investigaciones abiertas en año y medio a funcionarios, políticos y empresarios que aquella mafia policial vinculaba con el independentismo. De Trapero se decía que estaba siendo protegido por un clan de narcos: los Jodorovich.

Semejante acusación había empezado a alimentarse años antes por la mafia policial de Villarejo y cia. El escrito de Trapero a la Fiscalía resume así el material probatorio que aporta: “Pone de manifiesto que se habrían llevado a cabo una serie de actividades presuntamente delictivas que tenían como objetivo mi persona y personas que en su momento estaban bajo mi mando, atribuyéndome falsamente hechos delictivos con la intención de desacreditarme”.

Para sostener que fue víctima de una persecución, Trapero aporta informes apócrifos de la policía política, grabaciones de Villarejo con otros interlocutores, apuntes en la agenda del comisario hasta completar el puzle de un plan que pretendía pinchar su teléfono para que acabase denunciado en la Audiencia Nacional.

Pero la denuncia de Trapero se detiene también sobre algunas actuaciones del propio juez Aguirre. Relata algunos encontronazos a lo largo de investigaciones lideradas por el juez donde participaba su unidad policial y destaca “ciertas desavenencias con el juez instructor derivadas de su intención de intervenir las comunicaciones de todos los miembros de la Guardia Civil [que habían decomisado un cargamento de 45 kilos de cocaína en el marco del caso Cerberus], pero pidiendo verbalmente a la Unidad adjunta de los Mossos d’Esquadra [que dirigía Trapero] que esta petición se hiciera mediante un oficio policial, petición a la que respondí personalmente en el sentido de que no veía suficiente motivación para hacerlo pero que si el juez lo ordenaba mediante interlocutoria así se haría. Esta interlocutoria no se dictó nunca y a partir de ese momento se rompió la relación con la Unidad adjunta”.

Ese choque derivó en la decisión del juez de imputar a la práctica totalidad del equipo policial que lideraba Trapero, situación en la que los mantuvo durante ocho años desde mayo de 2011 hasta que resultaron todos exonerados. El razonamiento del exjefe de los Mossos se apoya sobre algunos escritos que aportó la Fiscalía sobre el modo de proceder de Aguirre contra él: “El juez de instrucción desarrolló a lo largo de la investigación un profundo prejuicio que le llevó a sostener su teoría y enriquecerla a base de decidir sin límite nuevas diligencias a medida que las que se practicaban no le ofrecían el resultado apetecido”. El Ministerio Público señaló también: “A medida que una evidencia del juez, supuestamente incontestable, se debilitaba hasta la evanescencia se planteaba otra distinta”.

La denuncia de Trapero sostiene que, aparte de los escritos en los procedimientos, miembros de la Fiscalía lo alertaron también en conversaciones informales: “Miembros de la propia Fiscalía me habían explicitado que la intención del juez era mi imputación, hecho que iba difundiendo en estos círculos sin ninguna discreción”. El juez no formalizó la imputación del major que había pedido la acusación del pseudosindicato Manos Limpias.

En febrero de 2015 Aguirre recurrió directamente a la Brigada de Análisis y revisión de casos de la Dirección Adjunta de la Policía, que dirigía Eugenio Pino, el departamento que recibía la mayor parte de informes apócrifos sobre objetivos independentistas y que reportaba directamente al ministro Fernández Díaz.

El rastro de las maniobras

El rastro de todos aquellos movimientos parapoliciales quedó en las agendas y también en las grabaciones de Villarejo y varios años más tarde, en 2021, durante el mes de septiembre, cuando se publicaron audios en los que el comisario hablaba con otros policías, sobre un plan para montar una causa falsa contra Trapero, su unidad remitió un informe al juez García Castellón para que evaluase si incorporar esas nuevas revelaciones a la lista de indicios que ya acumulaba en la causa Tándem contra Villarejo. La respuesta de García Castellón fue rauda y negativa. Solo unas semanas después, el magistrado de la Audiencia Nacional consideró esas conversaciones como el indicio de un plan, pero alegó que no había pruebas de que finalmente se pusiese en marcha para desacreditar a Trapero.

La conclusión del magistrado de la Audiencia Nacional es que los audios de tres policías imputados en un sinfín de causas por sus prácticas mafiosas, que incluían extorsiones y chantajes, planeando un montaje contra la máxima autoridad de la policía catalana no son elementos suficientes para investigarlo.

La Fiscalía Superior de Catalunya indagará ahora sobre esas prácticas de la policía política que García Castellón pasó por alto y, entre otras cosas, también sobre la insistencia del juez Aguirre para imputar a Trapero.

Por primera vez la Fiscalía investiga la Operación Catalunya, una serie de maniobras en el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para fabricar investigaciones, elaborar espionajes y aportar noticias falsas a algunos diarios conservadores dentro de una campaña para desacreditar a partidos y políticos independentistas. El Ministerio Público prevé unificar la denuncia presentada por el que fuera jefe de los Mossos en Catalunya, Josep Lluis Trapero, uno de los objetivos de la llamada policía política, y las diligencias abiertas hace unas semanas sobre el espionaje desde el mismo Ministerio del Interior a quien era el jefe de los fiscales de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.

Se trata de un salto en la Fiscalía que hasta ahora siempre había investigado las denuncias e indicios de delitos en las fuerzas del orden contra empresarios, funcionarios y políticos de ideología independentista como causas separadas.

Dos de los episodios más llamativos de aquella guerra sucia que conoció y permitió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fueron desvelados en una investigación conjunta elaborada por elDiario.es y La Vanguardia. Ambos periódicos han desvelado notas informativas y documentos apócrifos elaborados por distintas unidades policiales que recibió en su despacho el entonces ministro del Interior y ámigo íntimo de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz.

Una de ellas que lleva el sello de Asuntos Internos de la Policía –aunque el jefe de la unidad de entonces, Marcelino Martín Blas, no reconoce su autoría– establecía una línea de objetivos a investigar al margen de la ley y sin ningún control policial. En ella figuraban junto a empresarios y políticos de segunda línea, los máximos responsables de la policía autonómica de la Fiscalía en Cataluña.

La Policía admitió que no tenía indicios

El documento se titulaba “Propuesta de Investigación por informaciones recibidas” y en el último párrafo incluía la siguiente aclaración: “Nota: las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en Internet y no se han podido contrastar hasta el momento”. Es decir, la policía admitía en su propio escrito que no tenía indicios pero pedía profundizar en esas investigaciones a objetivos políticos y empresariales que consideraban próximos al independentismo.

El documento arranca: “Se resumen a continuación las posibles líneas de investigación derivadas de la información recibida y analizada por esta Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo nacional de Policía”.

Sobre Rodríguez Sol, la nota pedía indagar en los “vínculos entre el Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol y el partido político Unió Democràtica de Catalunya y las comisiones gestionadas por los abogados del citado partido”.

Esa instrucción llegaba después de que quien era el jefe de los fiscales catalanes hubiese abierto unas diligencias sobre la publicación de documentos policiales en algunos diarios que atribuían en falso cuentas en paraísos fiscales de Artur Mas y Jordi Pujol.

En el caso de Trapero, la investigación figuraba en el fichero GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de Información de la Policía) un fichero que unifica las investigaciones que llevan a cabo los distintas unidades para no abrir casos duplicados. El fichero de Interior acusaba al entonces major de los Mosos de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”.

Nada de eso se pudo probar, igual que en el caso del exfiscal jefe de Catalunya y, tras las publicaciones de elDiario.es y La Vanguardia, el propio Trapero presentó una denuncia en la que acusaba a la brigada política del PP de una “persecución injusta” contra él que buscaba su “descrédito y neutralización”.

Esa denuncia ante la Fiscalía provincial de Barcelona, será ahora elevada a la Fiscalía del Tribunal Superior que, según fuentes del ministerio público, la estudiará conjuntamente en las diligencias que el ministerio público abrió tras las revelaciones de elDiario.es y La Vanguardia sobre los documentos parapoliciales que manejaba desde el Ministerio del Interior Jorge Fernández Díaz. Diez años después, será la primera vez que la Fiscalía inicia una investigación sobre la Operación Catalunya.

La Fiscalía de Barcelona ya tiene sobre la mesa la denuncia del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la Operación Catalunya. Según han informado fuentes jurídicas, el Ministerio Público analiza si abre diligencias únicamente por la denuncia del major o si la envía a la Fiscalía Superior de Catalunya, que ya investiga las maniobras de la brigada política del PP contra el exfiscal superior catalán, Martín Rodríguez Sol.

El de Trapero es uno de los nombres de funcionarios, políticos y empresarios que, en base a rumores sin contrastar y falsedades, aparecen en hasta 34 investigaciones que la Dirección Adjunta de la Policía recopiló en un documento que manejó en su despacho el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que fue desvelado el pasado mes de enero en una investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia.

Trapero ya anunció entonces su intención, ahora concretada en una denuncia de unas 50 páginas, de llevar ante la Justicia la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”. El major hace hincapié en que el uso de fondos reservados agrava la trama.

La decisión de la Fiscalía sobre si unifica la denuncia del major a las diligencias recientemente abiertas por las maniobras contra el exfiscal superior catalán determinará la creación de una única gran investigación sobre la Operación Catalunya o si, por contra, se realiza de forma separada.

En el marco de las diligencias sobre las maniobras contra Rodríguez Sol, han apuntado las mismas fuentes, jurídicas, la Fiscalía Superior ya ha encargado las primeras diligencias a la Policía, consistentes en corroborar la veracidad del documento policial que enfocó hacia el fiscal en base a rumores y noticias sin contrastar y saber “la autoridad policial que dirigió las pesquisas y la identidad de los funcionarios o autoridades a los que se comunicó los resultados” de las mismas.

En cualquier caso, es la Fiscalía la que asume el mando de las pesquisas sobre la Operación Catalunya después de que en los últimos años varios jueces hayan rechazado las denuncias de las víctimas.

Cabe recordar que, en el caso de Trapero, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rechazó abrir una causa después de recibir un informe de los Mossos d'Esquadra que exponía los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los que se intentaba implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia. La causa, en la que Trapero nunca llegó a estar imputado pero que provocó un enfrentamiento entre el major y el juez instructor, Joaquín Aguirre, terminó con la absolución de todos los acusados.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a los acusados del caso Macedonia censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.

Para ser antirracista lo primero que hay que tener claro es qué es el racismo. Si vamos al diccionario se trata de un concepto que surgió en el período de entreguerras aunque es evidente que es un fenómeno que existía antes de ser designado así puesto que la historia de las colonizaciones y de los grandes imperios no se puede explicar sin este tipo de discriminación. 

De las distintas definiciones que podrían darse, una de las más acertadas es la que surge a partir del concepto de desigualdad racial. Esta se produce cuando dos o más grupos raciales no están prácticamente en pie de igualdad, según resume Ibram X. Kendi, doctor en Estudios Afroamericanos y autor de ‘Cómo ser antirracista’ (Rayo Verde). Así que las políticas racistas son aquellas que promueven o mantienen esa desigualdad y una persona racista es alguien que apoya políticas racistas o expresa ideas racistas.

A partir de ese principio, bastante fácil de entender, pueden añadirse los adjetivos que se considere: institucional, estructural, sistémico…Todos con sus características, aunque sean las que sean, siempre es racismo. Y pese a que cueste asumirlo, probablemente es más fácil ser racista que antirracista, por tradiciones culturales o porque no siempre sabemos cómo relacionarnos como iguales cuando tenemos diferencias que van desde el género a la clase o la biología.

En ‘El racismo: una introducción’ (Gedisa), el sociólogo Michel Wieviorka analiza cómo el racismo ha ido mutando en el tiempo y cita al filósofo Étienne Balibar, también francés, cuando explica que este tipo de discriminación constituye un gusano frecuentemente presente en el fruto de la idea de comunidad nacional (u otra). “El racismo no es una ‘expresión’ del nacionalismo, sino un suplemento del nacionalismo, más concretamente un suplemento interior del nacionalismo, siempre excesivo en relación con él, pero siempre indispensable para su constitución y, sin embargo, aún insuficiente para llevar a cabo su proyecto”, defiende Balibar. 

Este es uno de los argumentos, el de la construcción nacional, que subyace en algunos de los discursos de Junts, también cuando se reclaman las competencias en migración. Porque las ideas racistas no siempre anidan y crecen en grupos marginales. De hecho, la manera de que obtengan mayor proyección es cuando saltan al debate político a partir de vinculaciones peligrosas como la de relacionar delincuencia y migrantes o señalarlos por las disfunciones en las escuelas, cuando en realidad son las principales víctimas de ese mal funcionamiento. El tratamiento que hagan los medios y sin ninguna duda, la proliferación de bulos, especialmente en las redes, son vectores de propagación del racismo. 

Hace un mes, antes de que de la mano de Junts y su acuerdo con el PSOE arreciase el debate sobre el tratamiento de la migración, se celebraron en Barcelona unas jornadas sobre interculturalidad, y en las que, a diferencia de algunos de los mensajes que se han escuchado estos últimos días, se acertó en el diagnóstico y la estrategia. Uno de los invitados fue el major Josep Lluís Trapero, un nombre que ha regresado a las portadas después de que la investigación de elDiario.es y La Vanguardia confirmase este miércoles que fue otra de las víctimas de la guerra sucia de la policía política en la etapa del Gobierno de Rajoy. 

En esas jornadas del Palau Macaya, el que fuera máximo responsable de los Mossos pronunció una conferencia que deberían leer muchos de los que hoy, ya sea desde los partidos o los medios, abonan la xenofobia y vinculan alegremente delincuencia y migración.

Tras reconocer que también a la policía le queda camino por recorrer, Trapero abogó por que esta tenga un componente más social: “Hay que tener la fuerza de ir a la raíz, al inicio, anticiparse, y eso es más prevención, eso es contacto con la gente, patear los barrios, impregnarse de sus olores y de sus sabores. Creo profundamente en una función policial más enraizada en los barrios y en los pueblos, como creo en la figura del voluntariado policial como herramienta para acercarnos más a la sociedad, y ser más de ayuda”. 

El major ofreció datos sobre la falta de diversidad en los Mossos, una deficiencia que no es exclusiva de la policía puesto que se da en otros tantos colectivos. Y es algo que también explica la falta de comprensión por parte de muchos de los ciudadanos que, incluso sin ser conscientes de ello adoptan, adoptamos, actitudes racistas. La plantilla de la Policía catalana es de 18.556 agentes. Solo 243 agentes han nacido fuera de España. Es decir, 1 de cada 76 mossos ha nacido en el extranjero: 39 en Marruecos, 30 en Francia, 20 en Alemania, 10 en Colombia, 5 en Rumania y 4 en la África subsahariana. Según esta radiografía, si descontamos los europeos, que son 108, los extranjeros no comunitarios quedarían en 135, y la proporción sería de 1 de cada 137. Y la proporción de africanos es de 1 por cada 4.639 agentes de policía. Las cifras aportadas por Trapero prueban cuánto camino queda por hacer para que la Policía se asemeje más a la sociedad.

En plena oleada de repliegue identitario, aquí, pero también en Francia o Alemania, por citar dos ejemplos próximos, Trapero lanzó este mensaje en favor de la tolerancia: “Para luchar y prevenir la discriminación hay que estar permanentemente vigilantes y atentos… ¡es muy fácil caer en ella! Pero no basta con ser conscientes del riesgo de caer en la trampa (la trampa de la intolerancia) … sino que además debemos adoptar una actitud combativa para no ser víctimas ni protagonistas de ella. Digamos que ¡Tenemos que ser intolerantes con la intolerancia!”  

En Catalunya la máxima intolerancia tiene un nombre: Sílvia Orriols. La alcaldesa de Ripoll, referente del partido de extrema derecha independentista Aliança Catalana, restringe el empadronamiento a los inmigrantes, tal y como se explica en este reportaje publicado esta semana en ‘El Periódico’. La dirigente ultra les niega así el derecho a la sanidad o a la educación puesto que estas familias no pueden iniciar trámites básicos como son disponer de la tarjeta sanitaria o la escolarización de los menores.

A Trapero se le apartó del puesto que ocupaba al frente de los Mossos mientras la alcaldesa de Ripoll se jacta de su racismo y presume de que partidos como Junts copien parte de su mensaje. Ojalá una Catalunya en la que se escuche más a Trapero y se combata más a Orriols. Ojalá.

Primera respuesta de uno de los objetivos de la Operación Catalunya. El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Justicia la “persecución injusta” a la que le sometió la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy. 

En un comunicado, Trapero reacciona a la investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia, que ha documentado que el major fue uno de los objetivos de la Operación Catalunya. En una de las notas inéditas elaboradas por la trama orquestada en Interior, la policía acusó Trapero sin prueba alguna a de proteger “a la familia Jorodovich en sus temas de tráfico de drogas”.

El de Trapero es uno de los nombres de políticos y empresarios que, en base a rumores sin contrastar y falsedades, aparecen en hasta 34 investigaciones que la Dirección Adjunta de la Policía recopiló en un documento que manejó en su despacho el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El major de la policía catalana ha anunciado que denunciará ante la Justicia la “persecución injusta” hacia su persona realizada por “individuos que no tenían habilitación legal para hacerlo” y que solo tenía por objetivo su “descrédito y neutralización”. Trapero hace hincapié en que el uso de fondos reservados agrava la trama.

El major también censura el “reflejo acrítico y colaborativo en determinados medios de comunicación” que difundieron las tesis y los informes sin contrastar de la brigada política del PP.

Además de esa mención sin contrastar a la familia Jodorovich, audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo ya habían mostrado el intento de implicar a Trapero en un caso de presunto narcotráfico, el conocido como caso Macedonia, que terminó con la absolución de todos los acusados, incluido el mosso Josep Ranea, que llegó a ingresar en prisión provisional por orden del juez de Barcelona Joaquín Aguirre.

En 2019, los Mossos enviaron un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que, gracias al audio obtenido de la investigación sobre el comisario y sus negocios, pidieron investigar la relación entre la brigada política del PP y el caso Macedonia. Sin embargo, el juez García Castellón rechazó abrir esta nueva línea de investigación del caso Villarejo.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvió a los acusados del caso Macedonia censuró la instrucción del juez Aguirre, anuló varios de los pinchazos telefónicos acordados y llegó a una conclusión rotunda: no hubo colaboración alguna de ningún agente de la policía autonómica con la presunta trama de narcotráfico liderada en realidad por un confidente policial habitual de los Mossos, Manuel G.C.

Las magistradas descartaron el narcotráfico y constataron que todo el caso se movió en las “aguas turbias” que caracterizan las relaciones entre confidentes policiales como Manuel G.C. y los agentes en unos años (hace más de una década) en los que no existía un protocolo claro en los Mossos sobre cómo interactuar con los confidentes.

“Como funcionario, pero especialmente como ciudadano, comprobar que otros funcionarios y cargos públicos me perseguían es indignante, frustrante y decepcionante”, apostilla el major, que también reflexiona sobre el alcance de la persecución de la brigada política del PP: “Si esto se lo hicieron a un alto mando policial, qué no habrán hecho a ciudadanos anónimos”.

El major concluye su comunicado mostrando su “tristeza y preocupación” ante la “degradación institucional y de la gestión pública”. “A menudo lo que debería ser la búsqueda y defensa del interés general se sustituye por intereses perversos y personales”, destaca el major, para quien “la decencia ha abandonado el libro de estilo de algunos de sus gestores”.

La comisión del Parlament sobre el futuro de los Mossos d'Esquadra ha viajado al pasado este viernes. Comparecía el major Josep Lluís Trapero, seguramente el jefe policial más popular de la historia reciente. En teoría, para pronunciarse sobre el mecanismo independiente de control de la policía que baraja crear el Govern. La intervención del major se ha convertido en un ajuste de cuentas con el Govern que lo defenestró y en especial con ERC y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

La sesión parlamentaria ha servido para constatar –si es que había alguna duda– que las cosas entre Trapero y Elena no terminaron nada bien. El conseller decidió cesar al major como jefe de la policía en diciembre de 2021, apenas un año después de su restitución tras ser absuelto en la Audiencia Nacional. Su sustituto, el comisario Josep Maria Estela, no ha durado ni un año: Elena también lo destituyó por falta de sintonía política. Ahora al frente del cuerpo está el comisario Eduard Sallent, enfrentado desde hace años a Trapero.

Cuando Interior decidió cesar a Trapero no tenía decidido el nuevo destino del major. Al final la conselleria terminó por enviarlo a la jefatura de la División de Evaluación de Servicios. Un episodio que le han recordado varios grupos y al que ha querido referirse el major. “A mi no me han apartado. Intentaron apartarme de la estructura del cuerpo, pero no lo han hecho porque tengo mis derechos y los hice valer”, ha respondido Trapero a los diputados.

Sin mencionar explícitamente al conseller Elena, Trapero ha apuntado a que desde el departamento le querían situar fuera de la estructura de mando del cuerpo y que se dedicara “a hacer informes como una suerte de vividor”, a lo que él se negó. “En otros ámbitos esto puede funcionar, pero conmigo no funciona. Exigí que se me tenía que dar un sitio en la estructura de mando y allí estoy”, ha sentenciado Trapero.

La enmienda de Trapero a la gestión de Elena ha sido total. El major ha enviado un torpedo a la línea de flotación argumental de la conselleria al cargar contra la teórica “pluralidad” y la jerarquía “coral” del cuerpo por la que aboga el departamento. Un modelo que –a nadie se le escapa– resulta opuesto al jerárquico y con mucho peso del major en su etapa al frente de los Mossos.

Para Trapero “una toma de decisiones plural puede camuflar quién toma realmente las decisiones”. No ha mencionado nombres el major, pero entre varios grupos políticos esa frase se ha entendido como una referencia a que Interior ha dado el mando total de los Mossos al comisario Sallent y lo ha querido enmascarar con una prefectura supuestamente coral y con más presencia de mujeres comisarias.

“Los Mossos se organizan jerárquicamente y no mandan en ellos cargos de confianza ni personas que no forman parte de la prefectura”, ha abundado el major en otra velada referencia a las injerencias políticas del departamento en el cuerpo. Con todo, Trapero ha añadido que las injerencias políticas “no son de ahora”. “Si el profesional no lo permite, no hay intromisión, pero puede pasar que te cesen”, ha agregado. Sobre la sala del Parlament flotaba la demanda que ha interpuesto el intendente Toni Rodríguez, cesado al frente de la unidad anticorrupción tras denunciar injerencias políticas en la etapa del conseller Miquel Buch (Junts).

Por si había alguna duda, el major se ha mostrado en contra del mecanismo independiente de control policial que tienen algunos países y por el que abogan grupos de izquierda y defensores de los derechos humanos. A su juicio, esa función la puede seguir haciendo la propia policía a través de la unidad de Asuntos Internos. Según el major, el trabajo de esa nueva institución sería “poco riguroso”.

“Confío en el trabajo que hacen los Mossos, no regalo a otro una bondad gratuitamente que le quito al cuerpo. He visto casos de empresas externas en que al final son los Mossos los que acaban haciendo el trabajo, mientras otros cobran”, ha zanjado. Un ejemplo de lo que siempre ha sido la obsesión de Trapero: blindar el trabajo policial y defender la profesionalidad del cuerpo. Le pese a quien le pese.

Advertencia de la Fiscalía

Ha sido tal la carga de profundidad de las palabras de Trapero que ha quedado en segundo plano una intervención muy relevante ante la comisión del teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, Pedro Ariche. El número dos de la Fiscalía de la comunidad ha criticado sin ambages los “cambios constantes” de los últimos tiempos en los Mossos d'Esquadra y ha rechazado cualquier tipo de injerencia política en las investigaciones.

“Causa perplejidad el cambio continuo de la dirección de la policía, ya que implica cambios continuos de interlocutores y cambios de proyectos. Pedimos cierta estabilidad a los mandos de los Mossos”, ha reclamado Ariche.

El fiscal también ha tildado de “inadmisibles” y ha rechazado “injerencias de ningún tipo” en los responsables de las investigaciones de la policía judicial. Ha recordado que estos agentes dependen orgánicamente de jueces y fiscales, y que ni sus superiores jerárquicos, ni cargos del departamento de Interior u otros políticos, “como ha sido el caso”, pueden pedirles información.

En su última intervención, Ariche ha revelado que se ha enterado por la prensa del nuevo protocolo sobre desahucios presentado este jueves por los Mossos, pese a que Elena había asegurado que el documento estaba “validado” por la Fiscalía. Pero Ariche no ha querido crear polémica y ha mostrado voluntad constructiva: “Seguro que podremos trabajar para mejorar el documento”.

“Nos empuja a pedir sí o sí su reprobación porque no ha hecho autocrítica, ha repartido culpas a todo el mundo y solo usted no se ha equivocado”. Así ha culminado su intervención el portavoz del PSC en la comisión de Interior, Ramon Espadaler, tras un duro intercambio dialéctico con el conseller, Joan Ignasi Elena, a cuenta del cese como jefe de los Mossos del comisario Josep Maria Estela. “Lo que han hecho es inmoral”, ha zanjado Espadaler, quien ocupó la cartera de Interior entre 2012 y 2014, en su etapa en Unió Democràtica.

Aunque sea más simbólica que otra cosa, la petición de reprobación de Elena por parte del PSC tiene visos de prosperar en el Parlament si Junts acentúa su papel de oposición que viene ensayando desde su salida del Govern. A juzgar por las críticas unánimes de los portavoces parlamentarios a Elena, a los socialistas les salen los números y ERC vería de nuevo constatada su soledad parlamentaria y la dificultad de gobernar con solo 33 de 135 diputados. “El departamento está sin rumbo”, ha sentenciado Mercè Esteve (Junts).

Elena ha comparecido durante más de dos horas en la Cámara y ha aguantado el chaparrón de críticas sin aportar nuevas explicaciones sobre el cese de Estela que la ya alegada por la conselleria. Esta es, la discrepancia sobre el ritmo de feminización de la jefatura de los Mossos –la conselleria quería cuatro nuevas comisarias y Estela tres. Para la oposición en cambio se trata de un cese por razones exclusivamente políticas.

En su intervención, Elena ha negado que su año y medio al frente de Interior haya supuesto una “desestabilización” del cuerpo pese a que se acumulan ya tres jefes policiales durante su mandato: a su inicio el jefe era Josep Lluís Trapero, cesado en diciembre de 2021 en favor de Josep Maria Estela, a quien ahora ha cogido el testigo Eduard Sallent, la némesis del major en el cuerpo. Ambos están enfrentados desde hace años.

“No he desestabilizado al cuerpo”, ha insistido Elena, que ha negado que el cese de Estela sea una “injerencia política” habida cuenta de que la ley de la policía catalana otorga al conseller la competencia para nombrar al jefe de los Mossos. El titular de Interior ha pedido “confianza” en toda la prefectura policial, ahora formada por Sallent, Rosa Bosch y Montserrat Escudé, y ha instado a “no poner en duda la profesionalidad ni la honorabilidad de nadie”.

Se refería Elena a la acusación del exjefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, Toni Rodríguez –degradado por la conselleria a la comisaría de Rubí (Barcelona)– contra Sallent de pedirle información sobre las labores de policía judicial que efectuaban los Mossos en la causa por la que está acusado el entonces conseller Miquel Buch por nombrar como asesor a un agente para enmascarar sus labores de escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica.

“Ni injerencias políticas en la operativa policial ni interferencias policiales en las decisiones políticas”, ha abundado Elena, que ha hecho caso omiso a la petición del portavoz de los comuns, David Cid, para investigar tanto las maniobras policiales como las políticas en el seno del cuerpo. “Es su última oportunidad y debe aportar soluciones”, ha advertido Cid.

Toda la oposición ha sido unánime en lamentar la inestabilidad en la que viven los Mossos d'Esquadra, con tres jefes policiales en poco más de año y medio. “Su gestión no pasa más factura gracias a que el cuerpo está lleno de profesionales”, ha lanzado Espadaler. Desde la CUP, el diputado Xavier Pellicer ha replicado que la razón alegada por Elena para explicar el cese de Estela “no cuela”. “Los Mossos tienen que estar al servicio de la ciudadanía, no del corporativismo”, ha añadido.

Por su lado, desde los grupos de la derecha y la extrema derecha se ha reclamado la dimisión de Elena. “No se apropie para sus intereses de la feminización y de los años de lucha de las mujeres, que no somos tontos”, ha afeado al conseller la diputada del PP Lorena Roldán.  “Esto va de control político absoluto del cuerpo y de hegemonía política”, ha terciado Matías Alonso (Ciudadanos), mientras que Sergio Macián (Vox) ha comparado los ceses de Elena con las “purgas” del último congreso del Partido Comunista chino. “Los amigos de los totalitarismos son ustedes”, ha replicado Elena a la extrema derecha.

El comisario Josep Maria Estela hace semanas que tenía los días contados. La duda era si el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, lo destituiría antes de final de año o esperaría a que las nuevas comisarias y comisarios accediesen a los puestos de dirección. En la reunión que ambos mantuvieron el viernes ya se comprobó que solo había dos opciones: o Estela se iba por voluntad propia o acabaría cesado. Se emplazaron a una nueva y última conversación para este lunes y el resultado es el ya conocido. Estela se negó a renunciar al cargo y el conseller lo ha defenestrado. 

Donde la dirección del departamento ve un exceso de testosterona que se constata en el rechazo a rejuvenecer la cúpula y a dar entrada a más mujeres, algunos mandos policiales perciben un interés partidista con el objetivo de diseñar una cúpula que responda más a criterios políticos que técnicos. Estos mandos niegan que Estela y los que le apoyan estén en contra de la feminización y recuerdan que cuando Elena y su equipo apartaron al major Trapero no lo sustituyeron por una mujer. Tampoco para ocupar el número dos se escogió entonces a una comisaria pese a que las había para optar tanto a la jefatura como para ser la segunda en la escala. 

En ese momento había tres comisarias y el conseller dejó claro a todo el mundo que en el proceso de oposiciones que se ha llevado a cabo ahora quería que salieran promocionadas más mujeres. Ha hecho bandera de la feminización del cuerpo y este debía ser un ejemplo. Era un mensaje tanto en clave interna como de cara al conjunto de la sociedad. En la reunión que mantuvieron el viernes con Estela le reiteró que habría cuatro comisarias más y que esta era una decisión innegociable. El entonces aún jefe de los Mossos le insistió en que era una medida que contradecía el criterio del tribunal de selección, que consideraba que de la treintena de los aspirantes presentados (29 hombres y cinco mujeres) los elegidos debían ser tres hombres y tres mujeres. De nada le ha servido a Estela que el sindicato de mandos de los Mossos exigiese el domingo por la noche que no se pusiese en duda el trabajo de su jefe y le expresasen su apoyo. Elena dijo que no le temblaría el pulso y no lo ha hecho aunque una vez más se ha constatado que la crisis de hace menos de un año sigue abierta.

Este ha sido el último episodio de la retahíla de desencuentros entre Estela y la dirección del departamento de Interior. ¿Qué ha pasado para que un mando que fue elegido por el conseller, que es afín a ERC y cuyo propósito era acabar con el “hiperliderazgo” de Trapero haya caído en desgracia tan pronto? De nuevo las versiones difieren en función de quien responda. En el departamento de Interior explican que se le pusieron todas las facilidades para desempeñar el cargo, sabiendo que sustituir a Trapero no era nada fácil, y que a su favor jugaba que tenía línea directa tanto con el conseller como con su gabinete. Cuando se le nombró, se destacó su conocimiento del cuerpo (lleva casi 30 años) y del territorio (ha pasado por seis regiones policiales). 

Pero pronto se comprobó que pese a la afinidad ideológica no sería fácil que las estrategias de la jefatura política y la policial coincidiesen. Los defensores de Estela, incluso aquellos que no aplaudieron su designación, consideran que su problema es que ha querido actuar como un policía y no como un político. Los que lo nombraron explican que no ha estado a la altura de la exigencia de un cargo tan importante que exige de una dedicación y una discreción evidentes. No compartía aspectos centrales como la feminización, su forma de liderar no era la idónea y se ausentaba en momentos clave, resumen.

Pero para explicar qué ha pasado es imposible no hacer referencia al número dos del cuerpo, Eduard Sallent, que es quien asumirá de forma provisional la jefatura hasta la designación de un nuevo responsable. O para ser exactos, de una nueva responsable, porque en coherencia con la apuesta por la feminización es muy probable que esta vez sí sea una comisaria y en todas las apuestas aparece el nombre de la actual número tres, Rosa Bosch, una de las intendentes que ha ascendido en la reciente promoción.

Sallent hizo carrera en la etapa de Convergència de la mano de nombres en su momento tan influyentes como David Madí y Brauli Duart y regresó a la cúpula de la mano de ERC. Sus detractores lo retratan como alguien que se pliega siempre a los intereses de los políticos que están al frente, antes convergentes y ahora republicanos. Para sus defensores, incluida la actual dirección de Interior, que lo considera alguien “imprescindible” en esta nueva etapa, es un mando que asume sus responsabilidades. Es conocida su mala relación con Trapero, y el exjefe de Investigación, el intendente Toni Rodríguez, también apartado por Elena, detalla en la demanda que ha presentado contra el departamento cómo Sallent protagonizó algunas actuaciones que podrían ser interpretadas como injerencias para disponer de información reservada sobre investigaciones que afectaban al entonces conseller, Miquel Buch. Es un caso que ha acabado con la imputación de este miembro de Junts por simular la contratación de un sargento como asesor cuando en realidad estaba ejerciendo de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica.  

Incluso el que fuera conseller de Interior entre septiembre del 2020 y mayo del 2021, Miquel Sàmper, que fue quien restituyó a Trapero y relegó a Sallent, confirmó este lunes en RAC1 las sospechas del exresponsable de Investigación de los Mossos. “Tenemos mandos que están obstruyendo la investigación de policías que lo hacen de cine para intentar averiguar las cosas que han pasado en ese país”, afirmó el extitular de Interior en referencia al actual número dos de la policía catalana.

En cambio, sus sucesores al frente del departamento siempre han negado que Sallent se deje llevar por criterios políticos. Lo presentan como un policía íntegro y recto. Aseguran que no le ha movido la silla a Estela y recuerdan que fue uno de los que propuso su nombre para ser el jefe de los Mossos. Sallent ha intentado ayudarle y Estela no se ha dejado, explican en Interior. En todo caso, lo que seguro que ha sucedido es que la relación entre el número uno y el dos fue empeorando a medida que pasaban los meses y en un escenario que era bastante impensable cuando se les designó, ante el pulso que Estela planteó al conseller conminándole a escoger a uno de los dos, el responsable de Interior ha optado por Sallent.  

El nuevo episodio en la crisis de los Mossos da la razón a aquellos que dentro de la casa avisaron al titular de Interior de que algunas de sus medidas comportarían una “desestabilización” del cuerpo. La sustitución del major Trapero, sin tener nuevo destino asignado cuando se le comunicó y con argumentos que muchos mandos no compartieron, fue solo el inicio. El relevo del responsable de Investigación fue interpretado como una concesión a Sallent, algo que en la conselleria siempre se ha negado tajantemente. Y la apuesta por una mayor feminización, que incluso los críticos con Elena consideran necesaria, es interpretada por los sectores más descontentos con la gestión del conseller como una manera de “tapar” las verdaderas intenciones y que, en su opinión, no son otras que disfrazar de cuestiones técnicas lo que son criterios únicamente políticos.

En Interior son conscientes de este malestar pero no se moverán de lo que defienden como una mayor democratización, una mayor sensibilización en actuaciones como las de los desahucios, y una apuesta alejada del corporativismo intrínseco a todos los cuerpos policiales. 

Como ya pasó en enero, cuando Elena insistió en el Parlament en que no había una crisis en los Mossos, el titular de Interior deberá volver a la Cámara catalana para dar las explicaciones que ya le reclaman socialistas y Ciutadans. El PSC denunció entonces y ahora “injerencias inadmisibles y manipulación”. En cinco años ha habido cinco jefes de la policía catalana, algo que para el partido de Salvador Illa es la prueba de un “fracaso”. Más allá de interpretaciones políticas y de la coincidencia con algunos momentos especialmente convulsos en Catalunya, que los cinco hayan sido destituidos es algo que cuesta de explicar y de entender.

No han pasado ni diez meses desde que la conselleria de Interior relevase a la anterior cúpula de los Mossos, con el major Trapero al frente, para nombrar a los nuevos mandos, pero la crisis sigue abierta.

El actual número uno, el comisario Josep Maria Estela, y su segundo, Eduard Sallent, mantienen un pulso que está por ver cómo acabará. Se han tenido que suspender un par de oposiciones internas a inspector e intendente tras haberse encontrado un teléfono móvil en la sala (una irregularidad que el departamento está investigando para aclarar qué ha pasado y que está también ya en manos de un juez). Y por si no fuese suficiente, esta semana ha trascendido que el exjefe de Investigación, uno de los apartados por ERC, demandó en el mes de mayo a la conselleria por considerar que la destitución estuvo motivada por su negativa a sucumbir a presiones políticas en la etapa del conseller Miquel Buch, de Junts, al frente de Interior.

Como ya sucedió en enero, cuando el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), y su equipo acordaron los cambios en la dirección policial, las versiones de lo que está pasando en este departamento son contradictorias. Lo que para algunos mandos son injerencias partidistas, para los responsables de la conselleria son criterios para mejorar el funcionamiento de la policía autonómica. 

El nombre que vuelve a estar en el epicentro de la polémica es Eduard Sallent. Es el actual número dos del cuerpo, un mando que hizo carrera con Convergència de la mano de nombres en su momento tan influyentes como David Madí y Brauli Duart, y que regresó a la jefatura de la mano de ERC. Pese a que por encima se situó al comisario Estela, a priori de mayor confianza para los republicanos, quien ahora se considera imprescindible a ojos de la dirección política es Sallent. Ha sabido ganarse a ERC y si tiene que caer uno de los dos no será él. En Interior señalan que se ha conminado a ambos comisarios a trabajar conjuntamente y aparcar sus diferencias. 

Que el número uno y el dos de la cúpula policial están obligados a entenderse parece lo lógico pero la prueba de que en este caso no será fácil es que Estela decidió dejar a Sallent fuera de los tribunales que deberán escoger a los nuevos comisarios, inspectores e intendentes. Una vez más las sospechas de que el veterano número dos pueda estar interesado en ascender a policías afines políticamente, más allá de criterios profesionales, han encendido las alarmas de algunos mandos que hace tiempo que le tratan. 

El resultado de este concurso se conocerá a finales de año. Habrá más mujeres y será el momento de aclarar si el número uno de los Mossos sigue al frente o es relevado. Todo dependerá de si él y Sallent orillan sus diferencias, cosa que hoy por hoy no ha pasado. De momento, y después de que El País desvelase que Estela incluso había pedido la destitución de su segundo (algo que Interior insiste en que no sucederá). El jefe de los Mossos envió hace unos días un comunicado a todos los agentes para asegurar que cuenta con el apoyo del conseller y de todo el equipo de la jefatura para trabajar “juntos”.

El otro frente que el departamento no tiene resuelto es el de la destitución del que fuera responsable de Investigación, Toni Rodríguez. Su cese, junto al de Trapero, fue el más sorprendente para muchos de dentro y fuera del cuerpo. En el caso de Rodríguez la última palabra la tendrá un juez puesto que ha interpuesto una demanda en la que reclama que su relevo se declare nulo y se le restituya en el cargo. Argumenta que en la conversación que mantuvo con el comisario Estela, en presencia de los también comisarios Sallent, Xavier Porcuna y la intendente Rosa Bosch, en la que se le comunicó su destitución no se le informó de los motivos. Tuvo que marcharse a casa y estuvo 20 días esperando hasta que por teléfono le comunicaron que le enviaban a la comisaría de Rubí pese a que él había pedido expresamente que no quería ese destino porque, aunque había vivido allí, tenía previsto trasladarse de ciudad. Tampoco se le explicó el porqué de su cese en la notificación en la que se le anunciaba formalmente el cambio a un puesto de categoría inferior a su escala.

Si Sallent es también el nombre destacado en esta demanda es porque el intendente explica que el comisario y entonces jefe de los Mossos pidió conocer las investigaciones que estaba llevando a cabo para aclarar si el conseller Buch contrató de manera irregular a un mosso que realizó servicio de escolta a Carles Puigdemont durante su estancia en el extranjero. En esas pesquisas, según consta en la demanda de Rodríguez, este intendente era el “único interlocutor con la Fiscalía” y tenía prohibido “comunicar a sus superiores el estado o desarrollo de la investigación”. La petición de Sallent provocó “tensiones” aunque acabó consiguiendo acceso a la información que requería “por vías desconocidas”. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para Buch, que ahora dirige la empresa pública Infraestructures.cat, por tener de asesor a un sargento que en realidad ejercía de escolta de Puigdemont.   

Rodríguez recuerda también en su demanda los problemas que tuvo con la cúpula policial de Sallent por las diligencias referentes a la investigación que afectaba a Laura Borràs, una fragmentación de contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes y que finalmente han supuesto su imputación por prevaricación y falsedad documental. La jueza apartó a los Mossos porque se filtraron informaciones y un registro cuando aún estaba bajo secreto y, según el intendente, pese a que él reclamó que se abriese una investigación interna por un presunto delito de revelación de secretos, la respuesta que obtuvo, en este caso por parte del comisario Porcuna (que acaba de fichar como responsable de seguridad del Barça) fue negativa. 

En Interior consideran que no es una casualidad que el contenido de la demanda de Rodríguez, presentada hace medio año, se conozca ahora e interpretan que se ha querido airear aprovechando que los medios estaban informando de los problemas entre Estela y Sallent. Lo que era previsible es que la oposición no dejaría pasar la ocasión para volver a preguntar al conseller Elena por esta retahíla de noticias sobre la crisis que sigue abierta en el departamento. De nuevo fue el PSC-Units per Avançar, a través del que fuera también titular de Interior y ahora diputado, Ramon Espadaler, buen conocedor de los entresijos de esa casa, quien interpeló este martes a Elena en el Parlament. 

El conseller negó que existan diferencias entre el número uno y el dos de la cúpula policial y reiteró que su apuesta es por “la coralidad”. Respecto a la denuncia del intendente Rodríguez insistió en que para el departamento es una cuestión zanjada y rechazó que, tal y como le reprocha a menudo Espadaler, el departamento anteponga las estrategias políticas a las necesidades policiales. “No voy a permitir injerencias políticas en la operativa policial, pero tampoco injerencias policiales en decisiones políticas” le contestó Elena en un intento de contradecir la opinión de la oposición pero también de algunos mandos del cuerpo. El conseller sorprendió al comparar la demanda de Rodríguez con los argumentos del coronel Diego Pérez de los Cobos (sí, el que coordinó el despliegue policial del 1-O) contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska cuando este le apartó.  

La de los Mossos es una crisis no resuelta que, para alivio de algunos, estos días ha pasado más desapercibida ante la magnitud de la que sufre el Govern, pendiente de que las bases de Junts decidan este viernes si la coalición con ERC se rompe ya definitivamente.

El jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, ha tratado de atajar la crisis interna en la cúpula de la policía catalana, provocada por sus crecientes desavenencias con su número dos, Eduard Sallent. El responsable de la policía catalana ha enviado una carta a los miembros del cuerpo a raíz de los “artículos publicados” y en la que asegura contar con el apoyo del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y de todo el equipo de la jefatura para trabajar “juntos”. 

El mensaje “claro e inequívoco” de Estela, según deja escrito en la propia misiva, sirve al jefe de los Mossos para intentar salir al paso de la información destapada por El País de que llegó a pedir a Interior el cese de Sallent para continuar al frente de la policía. Desde la consejería, que trataron de contener la crisis sin negarla, admitieron que existían “dificultades” en la cúpula policial. Lo describió así el director general de los Mossos, Pere Farré, durante una entrevista en Rac1 el pasado sábado. Las quejas dentro del cuerpo hacia los responsables políticos se han multiplicado en los últimos meses por haber permitido que se llegase a este extremo de división y ultimátums. 

Estela fue elegido por el conseller Elena (ERC), para comandar la policía catalana después de que destituyese al major Josep Lluís Trapero, hace nueve meses. Esa controvertida decisión de la nueva dirección política del departamento se acompañó de una renovación de la cúpula policial en la que se apartó a los mandos de confianza del major y que fue calificada de “purga” por parte de la oposición y algunos sindicatos policiales. 

En la carta conocida este miércoles, el jefe de los Mossos repasa los distintos proyectos puestos en marcha por su equipo y afirma: “Puede estar seguros de que sin el apoyo del conseller, de su equipo de trabajo y de la jefatura no habría podido sacar adelante los proyectos que necesita el cuerpo”. Estas medida, asegura, las llevan a cabo “juntos” como “no podría ser de otra forma”. 

El comisario jefe recuerda que su etapa comenzó hace nueve meses y que está “llena de oportunidades para el cuerpo” y para los agentes. Un período que asegura está marcado por nuevas promociones de acceso y de ascenso, la llegada de nuevos vehículos y uniformes y proyectos estratégicos relacionados con nuevos retos de seguridad. Entre otros, apunta a la transformación digital, la feminización del cuerpo o la entrada de nuevos agentes que representen la diversidad cultural de Catalunya, así como la atención a las víctimas o el plan de acción contra las violencias sexuales.

En otro momento, recuerda que el cuerpo de los Mossos está sujeto a las políticas públicas y en especial a las del ámbito de seguridad y que se trabaja para atenderlas “manteniendo la gobernanza interna del cuerpo”. Estela añade que durante el otoño-invierno está previsto aplicar el nuevo decreto de estructura del cuerpo e iniciar la selección de nuevos mandos de la escala superior y ejecutiva. “Nos ayudará a reforzarnos aún más”, considera.