Los tribunales españoles se resisten a investigar la Operación Catalunya y frenan el intento de Andorra

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sido el último de los objetivos de la Operación Catalunya que ha anunciado acciones legales. Lo ha hecho tras los nuevos documentos revelados en una investigación de elDiario.es y La Vanguardia que demuestran que el mando policial fue objeto de uno de los dosieres con información falsa que manejaron los responsables de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

El objetivo de Trapero –esclarecer la verdad y los autores del intento de “neutralización” de su persona, en palabras del major– se antoja difícil, vistos los antecedentes. Todos los intentos de los afectados por la Operación Catalunya para depurar responsabilidades se han topado con la parálisis y el desinterés de fiscalías y jueces de varias instancias pese a la abrumadora cantidad de documentos y audios sobre los movimientos de la policía política. No hay ninguna macrocausa abierta sobre la Operación Catalunya y los intentos individuales de los afectados han terminado casi siempre en el cajón de los juzgados.

Tampoco la causa en Andorra sobre los movimientos en el principado de la brigada política, que algunos afectados vieron con esperanza, ha prosperado, aunque sigue abierta y con Mariano Rajoy imputado. La razón de la parálisis también estriba en la Justicia española: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó a finales de 2022 el recurso del expresidente y paralizó la tramitación de la comisión rogatoria que envió la jueza andorrana. Dos de los principales protagonistas de aquellas maniobras, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el comisario Bonifacio Díez, fueron citados, pero ni siquiera comparecieron.

Hasta ahora la única condena (recurrida ante el Supremo) por las maniobras de la brigada política del PP es la que impuso el TSJ de Madrid a Pino, por el caso del ‘pendrive’ de los Pujol. El intento de adulterar la causa lo descubrió el juez instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

En una maniobra que casi da al traste con el caso, la brigada política intentó introducir en la investigación sobre el origen de la fortuna de la familia del expresident un 'pendrive' con información sobre Jordi Pujol Ferrusola de “origen ilícito”, según definió la sentencia del caso. Fue un intento de que el caso tuviera más envergadura, pero el juez instructor no lo vio claro y expurgó rápidamente del procedimiento el ‘pendrive’. “Está prohibido hacer trampas”, advirtió De la Mata. El caso Pujol sigue a la espera de juicio en la Audiencia Nacional desde hace años.

Algunas fuentes jurídicas sitúan precisamente en el procedimiento que afecta a la familia Pujol la razón de la inacción de jueces y fiscales en relación a la Operación Catalunya. Al ser pública la participación de la trama en el prólogo de la causa (un socio de Villarejo acompañó a Victoria Álvarez a interponer su denuncia contra la familia en 2012), se trataría de blindar para que no quedara en nada el único caso originado en tiempos de la brigada política que ha prosperado en los juzgados.

Los papeles desvelados esta semana en la investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia revelan cómo una de las unidades policiales admite por escrito que la Banca Privada de Andorra reveló el secreto bancario de la familia ante la amenaza de que le fuese retirada la licencia para operar en España.

Por los atajos utilizados contra la familia Pujol se evitaría indagar en el resto de denuncias de los afectados. ¿Si se pueden investigar los movimientos de la brigada política con unos, por qué no con los Pujol? 

Por contra, otras fuentes señalan que, por más movimientos de la brigada política del PP que hubiera, la confesión del expresident sobre la herencia oculta en Andorra, días después de que El Mundo publicase los pantallazos con la documentación facilitada por el banco andorrano, fue la llave plenamente legal que permitió a la Justicia indagar en la fortuna familiar.

La cuenta falsa de Trias

Sea como fuere, el resto de intentos de las víctimas de la Operación Catalunya para intentar que la Justicia dirima responsabilidades han terminado en nada. En algunos casos ni se han llegado a admitir las querellas, mientras en otros sí se han abierto causas, pero han terminado en absoluciones.

Así ocurrió con el caso de la cuenta falsa de Xavier Trias en Suiza. En octubre de 2014, días antes de la consulta del 9-N, El Mundo publicó que la Policía investigaba una supuesta transferencia de 12,3 millones de una cuenta de Trias en Suiza a otra en Andorra. Era falso. En una reacción inusual, el banco suizo UBS negó que el entonces alcalde de Barcelona hubiera tenido una cuenta en la entidad.

Con el desmentido del banco, Trias se querelló contra los periodistas que publicaron la información, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro. En 2018, el juez absolvió a los informadores al considerar que “comprobaron de acuerdo con los cánones de la profesión que existía una información recibida por la Policía Nacional, considerada fiable y actuaron en el ejercicio del derecho constitucional de libertad de información”. Entonces no se conocían todos los detalles sobre las maniobras de Interior y la cuenta falsa de Trias, y como la Justicia presupone que la Policía debe ser una fuente fiable, todos los informes falsos que la mafia de Interior filtró contra sus rivales quedaron impunes.

Casi una década después, los resultados en los juzgados son igual de escasos pese a contar con multitud de documentos, audios y testimonios obtenidos de la investigación a Villarejo. 

En 2022, cinco objetivos de la Operación Catalunya (el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, el exconseller de Economía Jaume Giró, el exjefe de la Policía en Catalunya Narciso Ortega, la familia Sumarroca y los banqueros de la entidad andorrana BPA) presentaron denuncias en varios juzgados. 

Todas están archivadas menos la de los Sumarroca, que está inactiva tras un viaje procesal de más de un año entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. La base de estas querellas fueron los audios en los que la exlíder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ahora senadora, detallaba a Villarejo el listado de objetivos a seguir. Ningún juez ha llamado a declarar a la política.