Los jueces partidarios de una consulta en Catalunya denuncian al “grupo criminal” de la Policía que filtró sus datos

Catorce de los 33 magistrados catalanes que suscribieron un manifiesto en 2014 favorable a una consulta soberanista y que vieron como sus fotos y datos personales terminaron publicados en el diario 'La Razón' como represalia han denunciado ante la Fiscalía al “grupo criminal” de la Policía que orquestó su “señalamiento”.

En su denuncia, adelantada por La Vanguardia y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los togados exponen que la filtración de sus datos personales (en algunos casos, su foto de DNI) “no fue un hecho aislado”, sino que formó parte de “una serie de acciones de mayor amplitud vinculadas a un acuerdo de voluntades que fijaba determinadas personas e instituciones de interés en Catalunya”.

La denuncia de los magistrados señala, en concreto, a cuatro antiguos responsables policiales: el jefe de la brigada política del PP, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el entonces responsable de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban.

Junto al caso del 'pendrive' de los Pujol, el de los jueces partidarios del derecho a decidir es la única de las maniobras de la brigada política del PP que ha terminado en condena. En concreto, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por no proteger la privacidad de los togados y no investigar debidamente la filtración de sus datos y fotos al diario 'La Razón'.

El de los jueces partidarios del derecho a decidir es un caso de manual de cómo funcionó la brigada política del PP: maniobras policiales, al margen de cualquier investigación judicial pero amparadas desde la cúpula del Ministerio del Interior, terminaron publicadas en un periódico, en este caso 'La Razón', para desprestigiar a los 33 togados partidarios del derecho a decidir.

El caso se remonta a febrero de 2014, cuando 33 magistrados que ejercían en tribunales catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. En aquel momento el Govern ya planeaba celebrar el proceso participativa que se terminaría conociendo como la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Quince días después de la publicación del manifiesto, el periódico 'La Razón' publicó los nombres, fotos, tribunales donde trabajaban y, en algunos casos, las ideas políticas de los jueces firmantes del texto. La publicación del rotativo llevaba por título “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”.

Según la denuncia de los 14 jueces, la publicación de sus fotos en 'La Razón' es el resultado de “investigaciones prospectivas sin control judicial” por parte del “grupo criminal” de la brigada política del PP. Se apoya la denuncia en un audio intervenido al comisario Villarejo en el que dialoga con Martín Blas, Pino y Esteban sobre la filtración de los datos de los jueces.

El TEDH concluyó que las fotografías de los jueces publicadas en el periódico “procedían de la base de datos policial” y que “no hay otra explicación que la de que las autoridades permitieron que esa filtración fuera posible”. En contra de lo que resolvieron los tribunales españoles, según los jueces europeos “la mera existencia de esos informes policiales, sin base legal alguna” supuso una violación del derecho a la intimidad de los 33 togados.

Ahora, 14 de los 33 togados quieren reabrir el caso en España en el marco de las diligencias que la Fiscalía Superior de Catalunya sobre los movimientos de la brigada política del PP contra el exfiscal superior catalán Martín Rodríguez Sol y el major de los Mossos Josep Lluís Trapero.