La Fiscalía Superior de Catalunya ha seguido la orden que marcó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que aplique la amnistía al parlamentario de ERC y antigua mano derecha de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, y al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, ambos acusados de malversación y prevaricación en los preparativos del referéndum del 1-O.

Así lo expone el teniente fiscal de la Fiscalía Superior catalana, Pedro Ariche –que pedía siete años de cárcel para Jové– en un escrito dirigido al TSJC en el que se constata que la solicitud para amnistiar a Jové, Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga –acusada tan solo de desobediencia– responde a la orden fijada por el fiscal general.

El teniente fiscal expone que solicita la amnistía para Jové y Salvadó “en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica” con los que opera la Fiscalía y “en el bien entendido” que ambos principios “se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales”.

Por los preparativos del 1-O desde la conselleria de Economía que entonces dirigía Oriol Junqueras-, la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para Jové, actual presidente del grupo de ERC en el Parlament y uno de los negociadores con el psoe; 6 años y tres meses de prisión para Salvadó y un año de inhabilitación para Garriga, en su caso porque le atribuía únicamente un delito de desobediencia.

Aunque deja entrever que no está de acuerdo con la amnistía, el teniente fiscal procede a pedirla sin plantear un conflicto como el que lanzaron los cuatro fiscales del procés contra el fiscal general y que se saldó con una victoria de García Ortiz en favor de aplicar la ley de olvido penal del procés a todos los casos. Tampoco ha incluido Ariche en su escrito comentarios políticos, como hicieron los cuatro fiscales del Supremo.

Explica el teniente fiscal catalán que no puede abordar la petición de amnistía “desde una perspectiva meramente individualista”, sino que su posicionamiento debe estar “sujeto” al de la causa del procés en el Tribunal Supremo ya que las conductas y gastos que se iban a juzgar en Barcelona son muy parecidas a las del juicio del procés. Y si la Fiscalía pide amnistiar la primera, también debe hacerlo con la segunda.

El fiscal aboga por una “respuesta integral” del Ministerio Público a todas las causas que investigan los preparativos de la votación de 2017 y “salvaguardar el principio instrumental de unidad de actuación, garantía a su vez del de seguridad jurídica”. De esta forma, los fiscales también reclamarán amnistiar a la treintena de investigados que no son aforados y que esperan que la Audiencia de Barcelona decida sobre su amnistía por los mismos hechos.

García Ortiz, que como fiscal general fija la posición del resto de integrantes del Ministerio Público, ordenó que se reclamara declarar amnistiadas “la totalidad” de las conductas que prepararon el referéndum del 1-O, incluidas las que podrían suponer un delito de malversación.

El fiscal general desplegó una batería de argumentos jurídicos para rebatir las posiciones de los cuatro fiscales del procés, que reclamaron excluir de la norma el delito de malversación al considerar que los gastos para financiar la consulta habían supuesto un “enriquecimiento” de los procesados.

La Justicia sigue adelante con los juicios del procés en paralelo al debate parlamentario para amnistiar a los encausados. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para el próximo mes de abril la vista oral por el 1-O a los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017 que son aforados ante el alto tribunal catalán, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

A diferencia de otros casos, como la aceleración a la causa sobre Tsunami Democràtic coincidente con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, la fijación del juicio a los tres altos cargos de ERC era algo que se esperaba desde hace meses y que solo estaba pendiente de cuadrar las agendas del tribunal y los abogados.

El TSJC ha acordado fijar las sesiones del juicio oral a Jové, Salvadó y Garriga para los próximos días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 de abril de 2024 y 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 y 29 de mayo de 2024. Se trata de un juicio largo ya que el tribunal oirá a decenas de guardias civiles y otros testigos sobre la organización de la consulta.

La ley de amnistía, de la que Jové, Salvadó y Garriga son claros futuros beneficiados, podría estar ya aprobada en las fechas en las que está previsto iniciar el juicio, siempre que el PP no bloquee y torpedee su aprobación en el Senado.

De tener luz verde la ley en el primer trimestre de 2024, los acusados podrán pedir al tribunal que la vista oral no llegue a celebrarse y que el TSJC les aplique la ley de amnistía y el caso quede archivado.

Si el TSJC tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía antes de aplicarla, podría enviar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, pero el juicio quedaría en suspenso hasta que el tribunal de garantías se pronuncie.

Otra cuestión que las defensas pueden jugar antes del juicio es volver a cuestionar la imparcialidad del presidente del TSJC y del tribunal que juzgará a Jové, Salvadó y Garriga, Jesús María Barrientos, por la crítica que el magistrado efectuó el pasado viernes al acuerdo PSOE-Junts en la sesión de la Sala de Gobierno del alto tribunal catalán.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, actual diputado de ERC en el Parlament y negociador con el PSOE, y seis años y tres meses para Salvadó, a día de hoy presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Por este último delito está acusada también la actual titular de Cultura, si bien Garriga se expone tan solo a una pena de un año de inhabilitación.

Sorpresa en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado en la causa sobre el 1-O que juzgará a los más estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en 2017. La acusación que depende del Ministerio de Justicia no ha pedido pena alguna para el dirigente de ERC y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, a quien la Fiscalía, en cambio, solicita seis años y tres meses de cárcel.

Es la principal novedad del escrito de acusación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es. La Abogacía sí acusa a los dos otros dos procesados, el parlamentario de ERC Josep Maria Jové, a quien pide 3 años y medio de cárcel por malversación, y a la consellera de Cultura Natàlia Garriga, a quien solicita un año de inhabilitación por desobediencia.

En su escrito, la Abogacía no menciona ni una sola vez a Salvadó pese a que formó parte del núcleo duro de la conselleria de Economia que lideró Oriol Junqueras como secretario de Hacienda. Se trata de la primera diferencia de criterio relevante entre Fiscalía y Abogacía del Estado en la causa que juzgará los preparativos del 1-O, habida cuenta de que Salvadó era uno de los imputados desde el inicio del caso en 2017.

Como ya ocurre en la causa del procés del Supremo, Fiscalía y Abogacía discrepan sobre el tipo de malversación a aplicar a los dirigentes soberanistas. Mientras la Fiscalía acusa a Jové y Salvadó de malversación con ánimo de lucro para financiar el referéndum del 1-O, la Abogacía, en cambio, cree que Jové cometió uno de los tipos de malversación pactados entre PSOE y ERC, la que castiga el “uso público distinto” de los recursos públicos, pero sin ánimo de lucro.

Esta distinta interpretación hace que las penas solicitadas por la Fiscalía sean más altas que las que reclama la Abogacía del Estado. A Jové el Ministerio Público le pide siete años de cárcel, pena que la Abogacía rebaja a la mitad. La inhabilitación reclamada para Jové también es ostensiblemente diferente: 32 años la Fiscalía; siete la Abogacía del Estado.

En su escrito, la Abogacía mantiene que Jové –secretario general de la vicepresidencia el 1-O– y Garriga –directora de servicios del departamento– “desatendieron” los mandatos del Tribunal Constitucional para no impulsar el referéndum y “llevaron a cabo actuaciones dirigidas a hacer posible” su celebración.

Jové, abunda la Abogacía, llevó a cabo una búsqueda de locales para instalar urnas e hizo las gestiones oportunas para lograr la cesión de locales alternativos por si algún municipio no prestaba los centros habituales de votación, sin impedir que se remitieran cartas a los alcaldes catalanes para reclamar esas sedes electorales.

Además, añade el escrito, “no dio ninguna orden” para impedir que responsables de otros departamentos de la Generalitat “pagaran o comprometieran fondos públicos” para la celebración del referéndum, entre ellos los gastos de la campaña de publicidad, de la organización de la administración electoral o de los observadores internacionales.

Es más, agrega, Jové “ordenó y autorizó” los gastos relacionados con la administración electoral del 1-O, en concreto los relativos a la distribución de notificaciones a los miembros de las mesas electorales y las tarjetas censales y encargó repartirlos a la empresa Unipost S.A.

Tanto a Jové como a Garriga, la Abogacía les acusa de llevar a cabo gestiones para conseguir la cesión de locales “donde se pudiera almacenar el material que se precisaba para la celebración de la votación del referéndum, en concreto, paletas y sobres con documentación electoral”.

También sostiene que la consellera de Cultura dio “indicaciones expresas” al exdirector de Comunicación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para que la página web referendum.cat “fuese accesible a todo el mundo, sin necesidad de usuarios y contraseñas”.

Los años pasan pero el procés sigue en los tribunales. Y 2021 no será una excepción. Las causas derivadas del otoño soberanista de 2017 que se siguen en varios juzgados catalanes encaran un año decisivo, pendientes de llegar por fin a juicio o con su vista oral ya señalada. Decenas de personas esperan saber su futuro penal. Son los subordinados -altos cargos y funcionarios de la Generalitat- de los líderes del procés, sus “fontaneros” o “ejecutores de grado intermedio”, en definiciones acuñadas por el letrado Cristóbal Martell en su informe final del juicio a la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional el pasado mes de junio.

Los 33 procesados -entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio- por desobediencia, prevaricación, malversación, falsedad documental y revelación de secretos esperan que la sección 21 de la Audiencia de Barcelona fije la fecha del juicio. Mientras, sus antiguos jefes en el Govern, ya condenados en firme por el Supremo, aguardan la resolución de sus indultos. También de sus recursos ante Tribunal Constitucional por vulneraciones de derechos fundamentales en el juicio en el Tribunal Supremo, paso previo para acudir a la Justicia europea. Se espera que el Constitucional lo resuelva a lo largo de este año.

Si se cumplen las previsiones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que este miércoles situó la decisión sobre los indultos entre después de las elecciones catalanas de febrero y antes del verano, los nueve condenados por sedición sabrán si pueden salir de la cárcel antes de que sus subordinados conozcan cuándo se sentarán en el banquillo. Antes de que llegue a la mesa del Consejo de Ministros el tribunal presidido por Manuel Marchena deberá emitir su informe no vinculante al Gobierno. Pero igualmente la decisión del Gobierno será recurrible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

A la causa del Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, todavía le faltan trámites antes de la vista, entre ellos el escrito de acusación de la Fiscalía, a lo que hay que sumar la acumulación de juicios motivada por la pandemia y la dificultad de fijar fechas para un macrojuicio con una treintena de abogados. La magistrada María Isabel Delgado Pérez, que ha sido designada ponente de la sentencia, ha solicitado ser eximida del reparto de nuevas causas para poder dedicarse en exclusiva a estudiar un sumario de 55 cajas y 37.609 folios, a lo que ha accedido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En el mismo Palacio de Justicia de Barcelona pero ante el TSJC por su condición de diputados en el Parlament esperan juicio los políticos de ERC y exaltos cargos de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Ambos ocupan puestos de salida en las listas de ERC para el 14-F por lo que posiblemente retendrán su escaño y por lo tanto su aforamiento ante el alto tribunal catalán. En esta vista oral volverá uno de los documentos más célebres del procés, la libreta Moleskine de Jové, que según la Fiscalía, la Guardia Civil y el teniente coronel Daniel Baena equivalía a una hoja de ruta de la rebelión pero que el Tribunal Supremo desdeñó como prueba de cargo a los exconsellers. 

Sí se ha fijado ya fecha para el juicio a los cinco académicos que formaron la Sindicatura Electoral del 1-O. A diferencia de la causa del 13, los acusados no son cargos políticos sino profesores o catedráticos que durante dos semanas ejercieron como síndicos electorales del 1-O pero que dimitieron antes de la votación después de que el Constitucional les amenazara con multas diarias. La Fiscalía pide hasta dos años y nueve meses de cárcel para Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones. El juicio a los síndicos ya se ha suspendido dos veces, primero en abril por la pandemia y en noviembre porque todo el personal del juzgado penal 11 de Barcelona tuvo que ponerse en cuarentena por contacto estrecho de una funcionaria.

Todos los procesados permanecen en libertad a la espera de juicio. Para los nueve presos, 2021 comenzará con una nueva clasificación de grado. Este mes de enero los profesionales de las tres cárceles catalanas donde permanecen Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart decidirán si vuelven a concederles el tercer grado, equivalente a la semilibertad, o si tras su revocación por parte del Supremo vuelven a clasificarles en segundo grado. La decisión se tomará después de las duras críticas del Supremo contra la administración penitenciaria de la Generalitat.

La acumulación de causas relacionados con el referéndum ha llevado al independentismo a reclamar una amnistía para el conjunto de investigados pese a tratarse de una fórmula inconstitucional. Por el momento el Gobierno central solo se ha mostrado partidario de tramitar los indultos para los condenados por sedición así como reformar este delito para que los presos puedan salir antes de prisión, pero el independentismo reclama una solución global.

Este año que ahora empieza también tendrá lugar el juicio en el Tribunal Supremo contra el exsecretario de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet. Será los próximos 24 y 25 de marzo. Y la Fiscalía, salvo giro inesperado, presentará una nueva querella por desobediencia contra el actual presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent.

Al margen de los altos cargos independentistas, centenares de manifestantes y activistas soberanistas permanecen investigados por las protestas que siguieron a la sentencia del procés. Solo la protesta de Tsunami Democràtic en la frontera francesa acumula 196 imputados. Y en la Audiencia Nacional nueve CDR siguen investigados por supuesto terrorismo. Además de los independentistas que ya han sido condenados por altercados producidos durante la investidura fallida de Carles Puigdemont o los primeros aniversarios del 1-O, decenas de personas permanecen investigadas por los altercados del otoño y el invierno de 2019. Ante las altas penas que pide la Fiscalía, algunas de ellas han aceptado condenas que no implican su ingreso en prisión, pero otras siguen investigadas y pendientes de que su caso llegue a juicio.

Policías y Mossos, sin fecha de juicio

Mucho más retraso llevan las causas que colean del 1-O y que afectan a los cuerpos de seguridad por su papel durante la votación. Una vez absuelto el major Josep Lluís Trapero, la única causa abierta en los juzgados catalanes por la supuesta pasividad de los Mossos d'Esquadra el 1-O es la que se sigue en Sabadell (Barcelona). Un juez ha exculpado a la cúpula de Trapero por el 1-O pero ha enviado a juicio a siete mandos. La Fiscalía deberá presentar escrito de acusación a inicios de año.

Más repartidas por la geografía catalana están las causas que afectan a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por sus intervenciones del 1-O que lesionaron a decenas de votantes. Tras el archivo de la causa de Lleida, hay investigaciones abiertas en Manresa y Mataró (Barcelona), Girona y Amposta (Tarragona), si bien donde hay más agentes imputados -más de medio centenar- es en la causa del juzgado de instrucción 7 de la capital catalana.

Pese a que el juez Francisco Miralles tenía prácticamente terminada la instrucción, el aluvión de peticiones de última hora de las acusaciones particulares de heridos y populares para imputar a más mandos policiales -rechazadas por el juez y pendientes de confirmarse por la Audiencia de Barcelona- ha postergado el final de la investigación. 2021 también será un año clave para saber si cuatro años después algún policía nacional se sentará en el banquillo por el 1-O.

Una “causa general contra el independentismo”. Esto es lo que han denunciado este miércoles los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que les ha procesado por preparar el referéndum del 1-O y las estructuras de estado de un eventual estado catalán.

En una breve comparecencia indagatoria, Jové, exsecretario general de Economía y muy cercano a Oriol Junqueras y Salvadó, exsecretario de Hacienda, se han acogido a su derecho a no declarar salvo para ratificarse en sus escritos contra su procesamiento, en los que denuncian que su causa judicial no persigue supuestos delitos sino su ideología independentista. La jueza les ha procesado a ambos por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, y les ha impuesto una fianza de 4,5 millones de euros.

En el auto de procesamiento, que ambos procesados ya han recurrido, la magistrada aprecia indicios de criminalidad respecto a Jové por su “participación activa” en la preparación del 1-O y porque, por su cargo, “conoció y autorizó” gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal. La jueza, que basa parte de sus indicios contra Jové a partir de las anotaciones en su agenda 'Moleskine' intervenida por la Guardia Civil cuando fue detenido el 20-S de 2017.

Fuentes jurídicas han informado de que después de que Jové se negara a realizar una prueba caligráfica para corroborar que su letra es la de la 'Moleskine', la magistrada ha optado por cotejar su letra con la “firma indubitada” del exnúmero dos de Junqueras que estampó en las notificaciones que recibió del Constitucional para no impulsar el 1-O.

La magistrada atribuye a Jové gastos relacionados con el 1-O que ascienden a 2,1 millones de euros supuestamente malversados, a los que a la hora de imponer la fianza la juez incrementa en un tercio, hasta alcanzar los 2,8 millones. La fianza para Salvadó es de 1,6 millones, relacionados con un programa informático supuestamente vinculado a la gestión de impuestos tras la secesión.

Ambos procesados, que tienen retirado el pasaporte, disponen hasta el próximo 27 de marzo para abonar las respectivas fianzas. En el caso de Jové, la defensa alegará que el dinero ya forma parte de lo depositado en el procedimiento en el Tribunal de Cuentas. Por el contrario, el gasto atribuido a Salvadó es nuevo, por lo que los dirigentes de ERC que han acompañado a ambos procesados al TSJC han hecho una llamamiento para que la ciudadanía haga aportaciones a la Caja de Solidaridad.

Respecto a la incidencia de la causa judicial en la mesa de diálogo con el Gobierno central, en la que está Jové como representante de la parte catalana, el vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha reafirmado este miércoles su confianza en el diputado republicano.

La tarea en el Govern de Lluís Salvadó fue desplegar la Hacienda catalana pero nunca rebasando el marco competencial autonómico. Y en ningún caso participó en la organización o preparación del referéndum. Así lo ha sostenido el exsecretario de Hacienda del Govern y estrecho colaborador de Oriol Junqueras en una declaración como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que se ha alargado tres horas.

Según fuentes presentes en la declaración, Salvadó se ha desvinculado por completo de cualquier papel en la logística de la votación, llegando a alegar que solo supo que se iba a votar el 1 de octubre porque recibió un correo electrónico, como el resto de militantes de ERC, llamando a participar en la votación. El sumario del caso, sin embargo, señala que Salvadó, uno de los cargos detenidos en la operación del 20-S de 2017, sí estaba en la cocina del referéndum, y en documentos reconstruidos de la papelera de su despacho se muestran incluso los planes del Govern para después del 1-O, que nunca se llevaron a cabo por las discrepancias internas del independentismo.

Salvadó fue uno de los primeros investigados de la causa del 1-O del juzgado instrucción 13 de Barcelona y ha declarado en el TSJC por su condición de diputado en el Parlament. La Fiscalía lo señala como el promotor de la Hacienda propia en caso de independencia, una de las estructuras de Estado que el Govern de Carles Puigdemont anunció que impulsaba pero que no existían cuando el Parlament declaró unilateralmente la independencia. En este capítulo Salvadó también ha negado la mayor y ha alegado que nunca rebasó las competencias tributarias autonómicas, según las mismas fuentes.

En su comparecencia, Salvadó se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox y únicamente ha respondido a su abogada y a la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, que lo investiga en la misma causa que al diputado de ERC Josep Maria Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras, considerado otro alto cargo clave del 'procés' junto al exsecretario de Hacienda.

Según ha argumentado el investigado, el sistema e-Spriu que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) desarrolló era un aplicación informática diseñada para recaudar los impuestos de los catalanes de forma más eficiente, aunque con la finalidad de transferirlos posteriormente a la Hacienda española, dentro de los estrictos límites de las competencias autonómicas. Esta versión concuerda con la de los empresarios y técnicos informáticos que testificaron en el caso. Por contra, la Fiscalía ve en el e-Spriu el embrión de la Hacienda propia.

Según las mismas fuentes, Salvadó ha llegado a desarrollar como argumento exculpatorio el hecho de que durante la etapa de intervención de la Generalitat bajo el artículo 155 el Gobierno validara el modelo de Agencia Tributaria Catalana y solo introdujera pequeñas modificaciones al diseño que se había desarrollado durante el gobierno de Carles Puigdemont.

Para sustentar su tesis, la defensa de Salvadó ha presentado ante la magistrada 35 documentos con los que pretende acreditar que en ningún caso el Govern rebasó el marco constitucional con el despliegue de la ATC. Según el diputado, que sigue ocupando un escaño tras sus palabras machistas obtenidas en una conversación privada pero que la Guardia Civil incluyó dentro de los pinchazos telefónicos autorizados y de interés para la investigación del 1-O, simplemente se pasó de desplegar el 50% de las competencias autonómicas tributarias al 100%, sin rebasar en ningún caso el marco estatutario.

Además de negar su papel en la creación de Estructuras de Estado, Salvadó se ha desvinculado de la organización del referéndum -que ha costado el procesamiento por el juzgado de instrucción 13 a numerosos cargos de su departamento- porque, ha apuntado, él se dedicaba únicamente a la gestión tributaria, sin inmiscuirse en otras cuestiones de índole política.

Y como ya hiciera Jové, al que se incautó la agenda “Moleskine”, Salvadó se ha negado a someterse a una prueba caligráfica, diligencia con la que la jueza pretendía certificar si es el autor de algunas anotaciones manuscritas que la Guardia Civil intervino en los registros del 20S y que presuntamente le relacionan con el 1-O y las Estructuras de Estado.

El exsecretario de Hacienda del Govern Lluís Salvadó ha salido este lunes del limbo judicial en que se encontraba. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugència Alegret ha imputado a Salvadó por los presuntos delitos de desobediencia, malversación y revelación de secretos en la organización del referéndum del 1-O y en la construcción de las denominadas “estructuras de Estado” de una hipotética Catalunya independiente.

Salvadó, uno de los más estrechos colaboradores de Junqueras la pasada legislatura, deberá comparecer ante la magistrada el próximo 19 de noviembre. En un auto, Alegret admite la petición de la Fiscalía salvo la que pedía imputar a Salvadó –que al ser diputado por ERC en el Parlament es aforado ante el TSJC– por un delito de organización criminal.

Alegret asume de esta forma la causa contra Salvadó, que fue uno de los primeros querellados e imputados en la causa del juzgado de instrucción 13 sobre los preparativos del 1-O. De este mismo caso Alegret ya había asumido hace meses las pesquisas contra otro aforado, el exsecretario general de Vicepresidència y también diputado de ERC Josep Maria Jové, a quien se atribuye la libreta Moleskine del procés.

En el caso de Salvadó, los indicios recopilados contra él en base a los registros del 20-S de septiembre y a las intervenciones telefónicas del caso permiten a la magistrada sostener que el exsecretario de Hacienda está vinculado con “la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional y con la asistencia al referéndum” del 1-O.

En concreto, la magistrada apunta que Salvadó “trabajó al menos desde principios del año 2016 en forma intensa en el diseño de las estructuras de Estado que debían conformarse” a pesar de que numerosas sentencias del Tribunal Constitucional habían dejado claro que “sin la modificación constitucional no era posible la creación de un Estado catalán independiente en forma de república ni la celebración de un referéndum de autodeterminación”.

Los proyectos en los que trabajaba Salvadó, abunda la instructora, incluirían cuatro áreas: la sostenibilidad económica y financiera y la financiación del nuevo Estado, la creación del Banco Central de Catalunya, la supervisión del sistema financiero, la autoridad de la competencia y una Hacienda propia, así como la preparación normativa y administrativa de todo ello. Y del 1-O, la jueza apunta que Salvadó “conocería la existencia del envío de tarjetas censales así como documentos sobre los escenarios posteriores” al 1-O.

El limbo judicial en el que quedó el exsecretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, está más cerca de terminar. La Fiscalía ha pedido a la titular del juzgado de instrucción 13, Alejandra Gil, que eleve la causa contra el exnúmero 3 de Oriol Junqueras al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia competente ya que Salvadó es diputado de ERC en el Parlament. Salvadó se uniría a la causa que el alto tribunal catalán ya tiene abierta contra el exsecretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové.

En un escrito, los fiscales sostienen que Salvadó podría haber cometido los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, revelación de secretos y organización criminal. El Ministerio Público reactiva así el caso contra Salvadó, que había quedado en tierra de nadie ya que la jueza no lo había procesado como al resto de altos cargos ni el TSJC había asumido las pesquisas contra él cuando aceptó quedarse con el caso de Jové, también diputado.

Según la Fiscalía, la participación de Salvadó –fue el primer querellado del caso junto al exsenador de ERC Santi Vidal y el asesor del Govern Carles Viver Pi Sunyer– en el 1-O queda acreditada por las diferentes declaraciones que hizo a los medios de comunicación y por varias conversaciones telefónicas, de las que se desprende que el actual diputado de ERC “era conocedor de la estrategia y hoja de ruta a seguir para conseguir la independencia de Catalunya ”.

Los fiscales apuntan, además, que también tenía en casa un documento de trabajo incautado el 20 de septiembre titulado 'Hoja de ruta unitario del Proceso soberanista catalán“ y otro con preguntas y respuestas sobre los presupuestos de Catalunya donde se incluían gastos para la celebración del referéndum, entre otros. La Fiscalía también apunta que se localizaron trozos de papel rotos en la fotocopiadora que una vez reconstruidos muestran que Salvadó y la exconsellera de Presidencia Elsa Artadi debían coordinar los escenarios posteriores al referéndum.

Entre las conversaciones telefónicas interceptadas por el juez, la fiscalía cita algunas en que Salvadó hablaba sobre el correo y el envío de la tarjeta censal, que él está dispuesto a obedecer las leyes emanadas del Govern por encima de las del Estado y que tiene el encargo de tener preparadas las estructuras de estado de cara a la declaración de independencia. Cabe recordar que en los pinchazos telefónicos aportados al sumario del 1-O la Guardia Civil incluyó una conversación machista en la que Salvadó se decantaba por escoger como consellera de Educación a la candidata que tuviera “las tetas más gordas”.

Asimismo, los fiscales señalan que en los registros en su domicilio y despacho se encontró un documento con las actividades a desarrollar antes de la desconexión por parte del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana. De la abundante documentación incautada y que forma parte del sumario del caso se desprende que el Govern, más allá de planear sobre el papel cómo debía ser una Catalunya independiente, no tenía a punto ni ejecutó las estructuras de Estado clave –ejército, policía, aduanas, Hacienda– para que un estado independiente pudiera funcionar.

La Generalitat llegó a contemplar la posibilidad de que Catalunya ofreciera ventajas fiscales y opacidad para los capitales como Suiza y Andorra, que han actuado como paraísos fiscales hasta hace pocas fechas -Andorra levantó el secreto en enero de 2018-, si finalmente no se permitía que permaneciera en la Unión Europea después de independizarse.

Así consta en uno de los estudios que guardaba el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, incautado en septiembre del 2017, y cuyo análisis ha aportado la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa del 'procés', en uno de sus últimos informes.

Se trata de la última versión de un borrador sobre la creación de un Banco Central Catalán así como la Ley que lo regularía. En la página 45 del informe se explica que una Catalunya independiente, pero fuera de la Unión Europea, podría “perturbar el proceso de integración europea, pues podría ofrecer opacidad y ventajas fiscales como Suiza y Andorra”. También creían que Catalunya no quedaría fuera de la UE porque se perjudicaría a muchos ciudadanos, jubilados, empresas, emprendedores, inversores y estudiantes europeos.

No obstante, en ese mismo informe descartaban la fuga de depósitos en base a tres razones: porque el proceso de transición sería ordenado y acordado con instituciones y entidades, sin tensiones, porque a nadie le interesaría tal situación y porque en caso de inestabilidad, se generarían grandes tensiones en el Eurosistema.

Entre los documentos que la Guardia Civil intervino a Lluís Salvadó en su despacho está uno con anotaciones sobre una reunión del Consejo Asesor de ERC de 2014 en la que estuvieron Toni Comín, Antoni Dalmau, Vincenç Pedret, Marcel Coderch, Josep Bargalló, Manel Balcells, Ernest Benach, Elisenda Paluzie, Xavier Vendrell, Joan Puigcercós, Josep Huguet, Josep María Reniu, Marta Cid, Enric Martn y Miquel Sellarés.

Entre las anotaciones desgrana parte de la estrategia en la que asegura que “las elecciones españolas son una parte del 'procés'”. “Estar en Madrid forma parte del trabajo durante los famosos 18 meses”, en referencia a los 18 meses que debían seguir a la consulta del 9N de 2014.

Consideraban en este sentido, que los diputados en Madrid debían “acompañar 18 meses al Govern y al Parlament”. “Hemos hecho un plebiscito y hemos ganado”, decía el cuaderno de Salvadó y añadía que “en Madrid es necesaria una representación del Govern catalán para aprovechar altavoces estatales, internacionales. Para abrir el proceso de separación”.

La Guardia Civil sigue analizando toda la documentación y material informático incautado en la conselleria de Economía. De unos trozos hallados en la papelera del cuarto de la fotocopiadora, los agentes han reconstruido un documento de ocho páginas por los que el Govern trazó su propio “desarrollo de escenarios” tras el 1-O. El objetivo final era proclamar la independencia de manera unilateral. Antes, se establecían cuatro fases: noche electoral del referéndum; “gestos simbólicos” que acompañasen la proclamación de la independencia; aprobar todos los decretos–ley de la futura república, entre ellos la entrada en vigor de un Poder Judicial catalán; y la apertura de un “proceso constituyente y de transición”.

Este documento reconstruido forma parte de un nuevo informe que la Guardia Civil ha aportado al juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O y que compromete en especial al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó. De Aragonès el Instituto Armado destaca su liderazgo en cuatro “proyectos clave” del futuro estado catalán –sostenibilidad económica, banco central, inversiones y competencia–, mientras que a Salvadó le sitúan como “responsable de preparar” el escenario post 1-O.

Las ocho páginas recompuestas se inician con los planes para después del 1-O. En una primera fase, el documento aboga por “desplegar el conjunto de gestos trascendentes que solemnizan la importancia del momento” en caso de que los resultados del referéndum sean “favorables”. Después se iniciaría una segunda fase, consistente en la “declaración formal” de la independencia y varios “gestos simbólicos”, como la retirada de “símbolos estatales” de la Generalitat y el Parlament. Los planes no se cumplieron y la bandera española siguió izada en el plaza Sant Jaume el 27 de octubre, cuando se declaró la independencia.

En tercer lugar, los planes independentistas pasaban, tal y como marcaba la ley de transitoriedad jurídica aprobada en el Parlament, por desplegar varios decretos ley claves para la república. Es el caso de los miembros del nuevo Poder Judicial catalán –Tribunal Supremo y Fiscal General de Catalunya– y las leyes por las que se creaba el Banco Central catalán o el régimen tributario. Antes de aprobarlos se debía “identificarlos”, con Carles Viver Pi Sunyer, el asesor del Govern para la independencia e investigado por el juzgado de instrucción 13.

La última fase incluía el inicio de un proceso constituyente así como un “proceso de negociación multilateral” en distintos ámbitos: institucional, económico y sectorial, así como una “mesa de negociación” con el Estado. De hecho, el documento tilda de “imprescindible” realizar “una oferta de diálogo”. Tras las tensiones internas del independentismo que siguieron al 1-O y las diferencias entre los que querían convocar elecciones y proclamar la DUI, los planes teóricos del Govern terminaron en el mismo lugar donde los encontró la Guardia Civil: una papelera.

Cada una de las cuatro fases se componía de distintas “tareas a desarrollar”, según otros documentos incautados en el despacho de Salvadó el 20-S. En el ámbito jurídico e institucional, el documento muestra, según la Guardia Civil, que la Generalitat estaba preparada para “adaptar” el nuevo estado a la normativa local, autonómica, estatal y europea, los tratados bilaterales y multilaterales y suceder en las organizaciones internacionales al Estado. También quedaban contempladas la sucesión de funcionarios y personal de todas las administraciones y las normas de carácter sectorial, así como un inventario que valoraba en 19.134 millones los bienes inmuebles del Estado en Catalunya.

El documento incluye los distintos grados de preparación de la independencia. Mientras los decretos ley de la república estaban “preparados”, otros aspectos estaban en estado “crítico”. Es el caso de de la política de defensa o del sistema nacional de inteligencia, de los que se reconocía que el departamento desconocía “el alcance de los análisis o planificaciones realizadas”.

En este sentido, también se consideraba crítico diseñar nuevas unidades dentro de los Mossos d'Esquadra, como las de registro de identidad, control de fronteras y extranjería, salvamento marítimo, control de armas y explosivos, ciberdelincuencia o aduanas. El informe también incluye anotaciones manuscritas de Salvadó sobre reuniones de trabajo y de partido relacionadas con la confección de la estructuras de Estado y el despliegue de la República, que según la Guardia Civil el Govern tenía el propósito de desarrollar “plenamente” en un plazo de medio año.

Más allá de los documentos internos, el nuevo informe de la Guardia Civil vuelve a poner el foco sobre el vicepresidente, Pere Aragonès, después de que la Fiscalía rechazara el primer intento del juez Ramírez Sunyer para que fuera imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Así, el informe insiste en que Aragonès, que fue secretario de Economía en la conselleria de Oriol Junqueras, trabajó en un proyecto de “sostenibilidad económica” de una hipotética Catalunya independiente y en la creación del banco central catalán, la autoridad catalana de inversiones y mercados y la autoridad catalana de la competencia.

La Guardia Civil enmarca estos tres encargos en los viajes que Aragonès realizó a Irlanda, Londres y Eslovenia y que según los investigadores sirvieron “para explicar el contexto político de Catalunya, la hoja de ruta y los distintos escenarios económicos que contemplaban”.

“Aragonès conocía, además, el programa de visitantes internacionales en colaboración con el Diplocat”, añade el informe de la Guardia Civil, que basa sus indicios en la documentación intervenida tanto a Salvadó –ahora diputado de ERC e investigado por el juez Ramírez Sunyer– como a Josep Maria Jové, exnúmero dos de Economía y ahora diputado de ERC. Los tres formaban el núcleo de confianza de Junqueras en el departamento.

El juez Ramírez Sunyer ha conseguido que Jové esté a las puertas de ser imputado por el TSJC, el tribunal que investiga a los aforados. No obstante, la Fiscalía frenó la imputación a Aragonès y exhortó al juez a hallar nuevos indicios. Y Salvadó, pese a formar parte de los investigados por los preparativos del 1-O desde el inicio de la causa, no fue incluido por el juez en la exposición razonada por la que pidió al TSJC imputar a Aragonès y a Jové.

Novedades estivales en la causa sobre los preparativos del referéndum del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una exposición razonada por la que pide al alto tribunal catalán que impute al vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, y a los diputados de ERC y excolaboradores de Oriol Junqueras en el departamento, Josep María Jové y Lluís Salvadó.

Según ha informado el TSJC, la sala civil y penal ha recibido la exposición razonada y ha acordado que sea la magistrada Maria Eugènia Alegret (quien ya instruyó la causa inicial contra Carme Forcadell antes de que la asumiera el Supremo) la encargada de decidir si se admite a trámite. El TSJC es el tribunal competente para investigar a los diputados en el Parlament, cargo que ostentan Jové y Salvadó.

La causa del 1-O cercaba a Aragonès desde hacía meses, habida cuenta de que en la legislatura anterior era secretario de Economía. Sin embargo, hasta ahora se desconocía que estaba investigado formalmente por el juzgado, a diferencia de Jové –exsecretario general de la Vicepresidencia– y Salvadó –exsecretario de Hacienda–, que ya fueron detenidos en la operación del 20 de septiembre del 2017.

De hecho, Ramírez Sunyer intentó que el Tribunal Supremo incluyera a Jové y Salvadó en la causa por rebelión que instruía el juez Pablo Llarena. La exposición razonada de Ramírez Sunyer, enviada el pasado mes de mayo, incluía a Jové y Salvadó, pero no a Aragonès. Llarena rechazó investigarles al considerar que la información facilitada por el juez de Barcelona no mostraba suficientes indicios del delito de rebelión en ambos diputados.

El magistrado además señaló el camino a Ramírez Sunyer sobre la instancia que debe tomar declaración como imputados a Jové y Salvadó, esto es, el TSJC, debido a la condición de aforados de ambos por ser diputados del Parlament. Dos meses después el alto tribunal catalán ha recibido la exposición razonada de Ramírez Sunyer, que además de a los dos diputados incluye a Aragonès (que no concurrió a las listas de ERC del 21-D).

Cabe recordar que la Guardia Civil pidió el pasado mes de julio al juez investigar los viajes que Aragonès y Salvadó hicieron a lo largo de la pasada legislatura para reunirse con los responsables de Hacienda de Flandes, fondos de inversión y agencias de rating en Irlanda y Londres y el Banco Central Esloveno. Las reuniones tenían como objetivo cuestiones relacionadas con las denominadas estructuras de Estado así como la “futura financiación exterior de una Cataluña independiente”, destacó la Guardia Civil.

En un tuit, Aragonès se ha mostrado “sereno y tranquilo” por el trabajo hecho. “Persistiremos en nuestro compromiso de alcanzar una Catalunya independiente, socialmente justa, económicamente próspera. Siempre adelante”, ha añadido.

El juez que investiga los preparativos del referéndum ha ignorado la petición de Google para desbloquear las webs del 1-O. El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de acuerdo con la Fiscalía, ha aducido que la solicitud de la multinacional no la firma ningún cargo directivo ni tan solo una persona, por lo que “no cabe hacer consideración alguna” sobre el desbloqueo de los portales.

El pasado 4 de mayo, un escrito de Google firmado desde Mountain View (California, EE.UU.) planteó a Ramírez Sunyer que era “innecesario” mantener el bloqueo de cinco webs que se crearon con motivo del referéndum. El bloqueo de los servidores de los portales del 1-O, expuso la multinacional, “podría haber incluso ocasionado un efecto desproporcionado o colateral y haber afectado a proyectos y contenidos alojados en Google Cloud [el sistema de servidores, alojamiento de webs y bases de datos y archivos] que podrían no guardar relación alguna con la investigación” de la votación del 1-O.

En cualquier caso, la compañía trasladó a Ramírez Sunyer que quedaba “a su entera disposición” para “aclarar o precisar cuanto sea necesario”, y confió en que el magistrado resolviera “lo que resulte procedente en relación con el mantenimiento o el alzamiento” del bloqueo de los servidores de las webs del referéndum ordenado el pasado mes de septiembre. Finalmente, lo procedente para el juez ha sido hacer caso omiso del escrito de Google.

En una providencia, Ramírez Sunyer expone que “no ha lugar a ningún pronunciamiento” sobre lo planteado por Google al no haberse presentado el escrito de la multinacional “en forma, firmado y con identificación de quién lo firma”. El juez hace suyo el criterio de la fiscal, que le había pedido no responder a Google “ante la falta de acreditación y designación de persona en el escrito que pueda representar” a la compañía. De esta forma, el bloqueo en las webs del 1-O se mantendrá, a la espera de si Google presenta otro escrito firmado al juzgado.

Jové y Salvadó reclaman ir al TSJC

Por otro lado, las defensas de los exaltos cargos de ERC imputados en la causa Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, diputados en el Parlament desde el 21D, han reclamado al juez Ramírez Sunyer que envíe de una vez por todas la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el competente para investigar a los aforados.

En sendos escritos, las defensas de Jové y Salvadó, que ejercen los letrados Andreu Van den Eynde y Núria Martí, recuerdan al juez que el Tribunal Supremo ya le emplazó el pasado mes de mayo a enviar la investigación sobre ambos diputados al TSJC después de que el magistrado Pablo Llarena rechazara imputar por rebelión a los dos exaltos cargos de Economía. Casi dos meses después, el juez Ramírez Sunyer no ha enviado la parte de la causa referente a Jové y Salvadó al TSJC.

“La investigación se ha conducido sin respeto por el derecho al juez ordinario predeterminado por ley desde hace meses, en clara vulneración de este derecho y de las garantías que debe tener un investigado en un proceso penal”, afean al juez las defensas.

La denuncia de Salvadó y Jové no es la única vulneración de derechos fundamentales de la que alertan las defensas en los nuevos tomos del sumario de la causa de instrucción 13. El abogado David Aineto, que representa al exresponsable de transformación digital del departamento de Trabajo David Palanques, ha advertido al juez de un error en los autos de entrada y registro de la operación del pasado 20 de septiembre: el juez Ramírez Sunyer incluyó, entre los delitos que justificaban la operación, un delito contra la salud pública.

“No creemos que su ilustre señoría buscara plantas de marihuana en los despachos de la Generalitat”, ironiza la defensa, que advierte de la posible nulidad de los autos de entrada y registro. El juez no lo acepta por presentarse el escrito fuera de plazo, pese a que Palanques, uno de los detenidos el 20 de septiembre, no fue citado a declarar ante el juez hasta la semana pasada.

La Guardia Civil sigue analizando la documentación incautada en la conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017. Entre los documentos hallados en el departamento que lideraba Oriol Junqueras, los agentes encontraron reseñas de los viajes que el equipo del exvicepresident realizó para reunirse con el gobernador del Banco Central de Eslovenia (BCE), la secretaria de Hacienda de la región belga de Flandes, la agencia del tesoro de Irlanda o fondos de inversión y agencias de calificación internacionales en Londres. Ahora la Guardia Civil ha pedido al juez que requiera a la Generalitat toda la información sobre estos viajes.

En un nuevo informe remitido al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, la Guardia Civil justifica las nuevas diligencias por la relación de estos viajes con la creación de las denominadas estructuras de estado y el plan independentista del Govern. “Todas estas reuniones tuvieron como principal objetivo tratar cuestiones relacionadas con la futura financiación exterior de una Cataluña independiente”, destaca el informe del Instituto Armado al que ha tenido acceso este diario.

La Guardia Civil solicita al juez que obligue a la Generalitat a identificar “las personas que autorizaron los viajes con el visto bueno, en su caso, del superior jerárquico”, así como a proporcionar el orden del día de las reuniones y el número de asistentes y sus funciones en cada una de las seis visitas al extranjero. Los investigadores también solicitan una memoria justificativa de los viajes y que el juez calcule “el coste total de los viajes”, requiriendo a la Generalitat “todas las facturas y justificantes de pago de los billetes de avión, gastos de alojamiento, dietas abonadas, o cualquier otro tipo de gasto asociado a los desplazamientos”.

Se trata de seis viajes que varios colaboradores de Junqueras –pero no el exvicepresidente– hicieron los años 2016 y 2017. En enero del año pasado, el exsecretario de Economía –y actual vicepresidente del Govern– Pere Aragonès, junto a la exdirectora general de Análisis Económico, Natalia Mas Guix; el exdelegado del Govern en Austria Adam Casals y la abogada Ana Stanic, viajaron a Eslovenia.

En el país balcánico se reunieron, según una nota sin firma pero con membrete de la dirección general de Análisis Económico, con el gobernador del Banco Central esloveno, Bostjan Jazbec, varios exaltos cargos del organismo así como dos exministros. En el documento de la Generalitat que resumió el viaje se detalló la “total disposición” del gobernador esloveno para “apoyarnos cuando el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) trate el tema de Catalunya”. De hecho, Jazbec habría mencionado que “comentaría el encuentro con Catalunya” en la siguiente reunión del BCE, que reúne a todos los gobernadores de bancos centrales de la zona euro cada quince días en Frankfurt.

Londres, Noruega e Irlanda

Un mes antes de viajar a Eslovenia, Aragonès y Guix, junto al exconseller Raül Romeva, viajaron a Londres. En la capital inglesa, según otro documento oficial incautado, se reunieron con representantes financieros de la City londinense para “explicar la hoja de ruta política y el estado de la economía catalana y las finanzas de la Generalitat. Los encuentros se celebraron con los bancos y fondos de inversión DBRS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, PIMCO e Invesco.

Por las mismas fechas y con el mismo objetivo, el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo; el exsecretario de Exteriores Jordi Solé y la exresponsable de asuntos públicos de la delegación del Govern en Dinamarca, Diana Coromines, viajaron a Noruega. Allí se reunieron con representantes de la agencia noruega de garantía de créditos a la exportación y de Export Credit Norway, una organización de ayuda a la exportación.

Los otros tres viajes investigados corresponden a una visita a la agencia del tesoro de Irlanda que realizaron Aragonès, Mas y el economista Jaume Domènech en octubre de 2016. Se reunieron con seis agencias públicas que velan por las finanzas y el desarrollo de la economía irlandesa. Un mes después, un equipo de seis cargos de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), encabezados por el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, viajaron a Bélgica para recibir asesoramiento de primera mano de sus homólogos flamencos. Asimismo, Salvadó acudió a Eslovenia en enero de 2017, después del viaje de Aragonès.

Además del coste de los viajes, la Guardia Civil propone al magistrado requerir documentación a las empresas que contrató la Generalitat –IBM y SAP– para crear un nuevo programa informático para gestionar los impuestos autonómicos. Los pagos a estas empresas ya fueron reclamados a la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda el pasado mes de marzo. La Guardia Civil incardina el despliegue tributario de la Generalitat en la hoja de ruta independentista, aunque la propia ley que regulaba la supuesta hacienda de una Catalunya independiente no llegó a rebasar las competencias autonómicas.

En lo que la Generalitat sí habría traspasado su ámbito de competencias sería en la proyección de un catastro propio, según la Guardia Civil. En otro informe, los agentes piden al juez requerir a la Generalitat toda la documentación vinculada a la planificación, desarrollo o asesoramiento sobre la creación del “catastro catalán”.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha rechazado incluir en la causa por rebelión a los excargos de la Generalitat Josep María Jové y Lluis Salvadó, ambos de ERC, al no apreciar indicios que justifiquen su imputación por rebelión que está investigando. El magistrado deniega así la petición que le había realizado el titular del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que instruye otra causa sobre los preparativos del referéndum en la que mantiene imputados a los exaltos cargos. La Fiscalía apoyaba que el Supremo imputara por rebelión a Jové y por malversación a Salvadó.

Llarena asegura en un auto que la exposición razonada enviada por Ramírez Sunyer no muestra que se hayan recogido fuentes de prueba que permitan sostener que la aportación al 'procés' de Jové o Salvadó “haya tenido lugar con conocimiento de que se instrumentalizarían alzamientos ciudadanos violentos para la consecución de la independencia”. En consecuencia, Llarena descarta los indicios presentados por Ramírez Sunyer para justificar que Jové y Salvadó se incorporen a la causa por rebelión se investiga en el Supremo.

En su escrito, Ramírez Sunyer instó a Llarena a incluir en la causa contra el 'procés' a los dos exaltos cargos porque Salvadó y Jové “aceptaban plenamente la posibilidad de que para el logro de sus fines se requiriesen actos de violencia al tener que acudir a la vía de la declaración unilateral”. Cabe recordar que el delito de rebelión castiga el alzamiento violento y público y el último condenado en España por este delito fue el coronel Tejero por el 23-F.

Llarena descarta sumarse a la tesis de Ramírez Sunyer, y sostiene que por más que Jové y Salvadó “actuaran con el ideario de conseguir la independencia”, fueron detenidos en la operación del 20 de septiembre, lo que limitó su participación en el 1-O. Ramírez Sunyer, según Llarena, no ha descrito ningún indicio que muestre que los exaltos cargos siguieran impulsando el referéndum después del 20-S.

Por todo ello, Llarena señala el camino a Ramírez Sunyer sobre la instancia que debe tomar declaración como imputados a los dos exaltos cargos: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), dada la condición de aforados de ambos por ser diputados del Parlament.

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que incluya a los excargos de la Generalitat Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en la causa que instruye por rebelión, sedición y malversación contra los dirigentes independentistas.

El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer ha elevado al Supremo una exposición razonada en la que pide a Llarena investigar a Jové, exsecretario general de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, ambos diputados de ERC en el Parlament en la actual legislatura.

En el escrito, del que ha informado en primer lugar TV3, el juez Ramírez Sunyer insta a Llarena a incluir en la causa contra el 'procés' a los dos exaltos cargos porque Salvadó y Jové “aceptaban plenamente la posibilidad de que para el logro de sus fines se requiriesen actos de violencia al tener que acudir a la vía de la declaración unilateral”. Cabe recordar que el delito de rebelión castiga el alzamiento violento y público y el último condenado en España por este delito fue el coronel Tejero por el 23-F.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya había pedido a Llarena que incluyera a Jové en la causa contra el 'procés' el pasado mes de enero, pero el magistrado lo descartó por tratarse de un alto cargo y no de un conseller. Tampoco aceptó la petición fiscal y de la defensa del exconseller Joaquim Forn de asumir la investigación contra el exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Si acepta la exposición razonada de Ramírez Sunyer, Salvadó y Jové serán los primeros altos cargos de la Generalitat sin rango de conseller investigados por el Supremo. Pero si Llarena mantiene su tesis y descarta investigar a los dos políticos de ERC, Ramírez Sunyer tampoco podrá citarles a declarar como imputados. Al ser diputados en el Parlament, Salvadó y Jové son aforados, por lo que la competencia para interrogarles corresponde o bien al Supremo o bien al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El diputado y dirigente de ERC Lluís Salvadó ha solicitado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona que excluya de la causa su conversación machista en la que se decantaba por escoger como consellera de Educación a la candidata que tuviera “las tetas más gordas”. En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, la defensa de Salvadó solicita al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer que queden fuera del sumario de la causa tanto dicha conversación como el resto de pinchazos telefónicos “que no tienen relevancia penal” y forman parte de “aspectos de la vida íntima de las personas”.

Antes de decidir si lo hace o no, el juez, en una providencia, ha requerido a la defensa de Salvadó que concrete “todas y cada una de las conversaciones y/o mensajes que, por hacer referencia a 'aspectos de la vida íntima de las personas'”, pretende que sean excluidas de la evidencial legal“.

La conversación machista de Salvadó forma parte del conjunto de pinchazos telefónicos autorizados a practicar a la Guardia Civil por el juez, que investiga los preparativos del referéndum desde el mes de febrero. Al juzgado han llegado miles de horas de conversaciones tanto de Salvadó como de otros imputados, que el magistrado ha distribuido a acusaciones y defensas sin filtrar su contenido. Es decir: hay conversaciones relevantes para la investigación, en las que se habla sobre el 1-O, pero también charlas machistas que nada tienen que ver con el referéndum, como la de Salvadó.

En el escrito, la defensa de Salvadó, que ejerce la abogada Núria Martí, afea al juez no haber “acotado” el campo de instrucción y no haber filtrado el conjunto de grabaciones en base a su relevancia y a la intimidad de las personas investigadas. A criterio de la defensa, esta falta de rigor del juez ha generado “un riesgo de investigación generalizada sobre la totalidad de la vida de una persona”. “Es sin duda –abunda la defensa– otro indicador de los muchos que ya acumulamos de que la presenta causa es una causa general y que se investiga prospectivamente”.

Asimismo, Salvadó pide al juez que advierte a la Fiscalía, la Guardia Civil, la Abogacía del Estado, las acusaciones populares –VOX y el despacho de Miguel Durán– y a las defensas de que se “abstengan” de facilitar a un tercero la copia del disco duro entregado al juzgado que incluía las conversaciones, bajo la advertencia de la posible comisión de un delito de revelación de secretos.

Tras revelar el programa de Antena 3 Espejo Público la conversación machista de Salvadó, ERC anunció que emprendería acciones judiciales contra la cadena. Pese a la oleada de críticas que le llovieron, el partido decidió mantener en su escaño a Salvadó, exsecretario de Hacienda del Govern. Salvadó no consideró que sus palabras fueron motivo de dimisión.

Lluis Salvadó seguirá en su cargo de diputado pese a la filtración de la conversación de tono machista y racista. El partido ha decidido que sean los órganos de disciplina interna los que evalúen si Salvadó debe ser objeto de sanción según el código ético y de conducta de la formación.

Con esta decisión Esquerra cierra el escándalo que ha sacudido la formación en los últimos días, después de que el programa de Antena 3 Espejo Público filtrara una conversación telefónica del exsecretario de Hacienda de la Generalitat en la que vertía comentarios de índole machista y racista en una conversación telefónica con un amigo en julio pasado.

Salvadó mantendrá su escaño pese a que partidos de izquierda de la Cámara como el PSC, Catalunya en Comú o la CUP, así como las juventudes de ERC reclamaran su dimisión.

En la conversación hecha pública, Salvadó comentó con Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita, los problemas del Govern para designar a una consellera de Enseñanza. En un momento de la charla, Salvadó afirmó: “Porque mira, coges a la que tiene las tetas más grandes y ya está, se lo das y te quedas tan ancho”.

“Están buscando una rumana, la mujer de Puigdemont o una brasileña, que son resultonas”, prosiguió Salvadó, un un corte de poco más de 50 segundos difundido por Antena 3 el día después de la jornada histórica de huelga feminista del 8 de marzo. Tras la ola de críticas hacia él, algunas de su propio partido, y las peticiones de dimisión, Salvadó situó la filtración de sus comentarios en la “estrategia” de hundir políticamente y personalmente a los defensores de la independencia de Catalunya.

Aseguró que la conversación, “por muy desafortunada que sea, no pasa de ser una seta aislada”, y la enmarcó en la “incorrección” del lenguaje y el tono de broma que a veces se instala en determinadas cenas o encuentros de amigos.

“Me fastidia, y mucho, que después de 30 años de militancia activísima en los valores republicanos y de lucha contra todas las discriminaciones haya de pasar por un miserable machista”, escribió Salvadó, y resaltó que en su última etapa como secretario de Hacienda configuró un equipo con 4 directores, de los que 3 eran mujeres, a las que eligió “por la dimensión de su cerebro”.

ERC ha decidido este lunes no aparar a Lluís Salvadó como diputado, después de que se filtrase la conversación con contenido racista y machista en la que bromeaba con nombrar consellera a la mujer con los pechos más grandes. Pero el futuro de Salvadó no es la principal preocupación de ERC a raíz de la filtración. Los republicanos temen una cascada de filtraciones de conversaciones privadas comprometedoras que toquen a buena parte de sus cargos.

“Son 6 meses de grabaciones a varios teléfonos, imagínate cuantos minutos descontextualizados pueden salir de aquí”, explica un cargo de ERC. Este lunes, en la reunión semanal de la ejecutiva, los miembros de la dirección han tratado sobre la posible dimisión de quien fuera secretario de Hacienda de la Generalitat, aunque la decisión final se ha tomado al filo de media noche.

El gran problema, explican, no es mandar a Salvadó a casa, sino sentar el precedente de la dimisión ante filtraciones de este tipo, cuando hay posibilidades de que aparezcan nuevas grabaciones.

Desde el pasado viernes, en ERC han tratado de hacer un imposible inventario de daños sobre el material que la policía y el juez y personal del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona pueden tener en su haber. En principio, dos serían los teléfonos principales pinchados por orden judicial a miembros del partido, el de Josep María Jové y el de Lluís Salvadó, durante un periodo que comienza en torno a abril y acaba a finales de septiembre. Pueden ser cientos de horas, en conversaciones en las que, además de Salvadó y Jové, podrían aparecer buena parte de la cúpula de ERC.

En el partido se ha extendido la consigna de no defender las palabras de Salvadó en ninguna circunstancia, ni en lo relativo al secreto de las comunicaciones ni apelando al contexto informal de la conversación. “Son inaceptables”, ha fijado el portavoz Sergi Sabrià este lunes, con cuidado de no añadir un “pero” por detrás.

Ahora bien, esa contundencia en público la combinan con la idea de que, grabado en privado, a cualquier cargo del partido le podrían sacar un minuto de grabación inadecuada, en mayor o menor grado. Finalmente el partido ha optado por dejar a la disciplina interna la decisión sobre la sanción del diputado en base al código ético y de conducta de la formación.

“Esto es lo que conocemos, pero estamos convencidos de que hay mucho más material grabado de manera ilícita”, aseguraba este lunes Sabrià, mostrándose seguro de que “el Estado utilizará las grabaciones” de la forma que más daño haga, usando como ejemplo las declaraciones machistas conocidas el día después de la huelga feminista. Por esta razón, en ERC hablan de “guerra sucia” contra el independentismo y, en concreto, contra ellos, y lo enmarcan en el mismo objetivo que la llamada Operación Cataluña.

Según han anunciado, denunciarán al programa Espejo Público por el “abuso” de utilizar el material de la investigación judicial. Se han cuidado sin embargo de señalar al juez Ramírez-Sunyer, quien autorizó las escuchas y es el máximo responsable del sumario. Los republicanos, sin embargo, tampoco descartan emprender acciones contra él en el futuro.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha anunciado este lunes la intención de su partido de emprender acciones judiciales contra el programa de Antena 3 Espejo Público, conducido por Susana Griso, por haber difundido la conversación machista del exsecretario de Hacienda de la Generalitat y actual diputado de ERC, Lluís Salvadó, obtenida en el marco de los pinchazos telefónicos de la investigación judicial contra el referéndum.

Sabrià ha asegurado que las palabras del exsecretario de Hacienda son “inaceptables como él mismo ha reconocido”, y que el partido está valorando si acepta la puesta a disposición del cargo que Salvadó ha formalizado. La polémica conversación sucedió en julio pasado cuando, hablando con un amigo sobre las dificultades para encontrar consellera de Educación, Salvadó afirma: “Porque mira, coges a la que tiene las tetas más grandes y ya está, se lo das y te quedas tan ancho”.

“Están buscando una rumana, la mujer de Puigdemont o una brasileña, que son resultonas”, prosiguió Salvadó, un un corte de poco más de 50 segundos difundido por el programa de Antena 3 el día después de la jornada histórica de huelga feminista del 8 de marzo. El diputado pidió disculpas y se mostró arrepentido este domingo en un comunicado.

Sabrià ha asegurado que, independientemente de la decisión que acaben tomando sobre Salvadó, denunciarán al programa por “el abuso que significa el uso de estas conversaciones privadas”. Desde ERC enmarcan la filtración dentro de la “guerra sucia” del Estado contra ellos. “Saben que somos la palanca más eficaz contra la oligarquía que sostiene la unidad del estado”, ha dicho Sabrià, tras asegurar que no dejarán de denunciar la represión que, a su juicio, sufre el independentismo en su conjunto.

Diferentes partidos de izquierdas en el Parlament, como el PSC, Catalunya en Comú o la CUP, así como las propias juventudes de ERC, han reclamado que Salvadó deje el escaño. Según el partido, este lunes se ha valorado esta opción, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva que, sin embargo, podría llegar en las próximas horas.

La Generalitat barajó la posibilidad de que una Catalunya independiente usara el euro como moneda aunque ningún estado ni la Unión Europea la reconociera, como hacen Montenegro y Kosovo. Así consta en un informe recibido por el entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, uno de los altos cargos del Govern imputados en la causa sobre los preparativos del 1-O que investiga el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

El documento, del que ha informado en primer lugar la agencia EFE, figura en un correo electrónico titulado “Material” que Montse Pereto, entonces directora general de Planificación y Estudios Fiscales, remitió a Salvadó en mayo de 2017, que recoge fragmentos del informe “confidencial” confeccionado por un asesor de los eurodiputados de ERC.

Dicho informe, fechado en mayo de 2015, concluye que, una vez se declare la independencia, “tendrá que haber un acuerdo político, tarde o temprano, en primera instancia entre Catalunya y España, y después con la UE”. Hubiera o no acuerdo, el informe recomienda mantener el euro como moneda oficial de Catalunya de “forma unilateral y sin ninguna necesidad de acuerdo, como hacen Montenegro y Kosovo”, en el caso de una Catalunya independiente que no fuera reconocida ni por España ni por la Unión Europea (UE).

Según revelan los correos electrónicos que la Guardia Civil intervino a Salvadó, el Govern cesado estudió distintos escenarios para garantizar la libertad de movimientos de bienes y capitales de Catalunya. En este sentido, otro mensaje interceptado a Salvadó a una cuenta de correo que la Guardia Civil no identifica incluye varias preguntas sobre la regulación del IVA y los impuestos especiales en los países pertenecientes a la European Free Trade Association (EFTA), como Suiza o Noruega.

De ese correo, la Guardia Civil deduce que la Generalitat intentó “conocer los requisitos exigidos para formar parte de la organización comercial EFTA, ante la negativa a ser admitida en la Unión Europea en el supuesto de que se independizara”.

En otro correo electrónico, la exdirectora de la coordinación interdepartamental de la Generalitat y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, remitió a Salvadó otro informe en el que, según la Guardia Civil, el Govern “trata de justificar que la declaración de independencia será una consecuencia obligada por la negativa a dialogar y las medidas llevadas a cabo por el Estado español contra el pueblo catalán”.

Y en otro de los correos electrónicos, Salvadó recibió un informe que planteaba la posibilidad de que una eventual Catalunya independiente contara con un Ejército, compuesto por entre 18.000 y 22.000 efectivos, sin servicio militar obligatorio por la imagen negativa que de él tienen los catalanes e integrado en las estructuras de la OTAN.

Por otro lado, en otro de los correos interceptados a Salvadó se muestra que el Govern diseñó meses antes del referéndum del 1-O una portada sobre los presupuestos de 2018 que ya atribuía al “Govern de la República de Catalunya”. Así consta en un correo intervenido por la Guardia Civil, que la directora general de presupuestos de la Generalitat, Anna Terrach, remitió al exjefe de la Hacienda catalana el 20 de junio pasado.

La Guardia Civil concluye en un informe remitido al juez que los archivos demuestran la planificación de la Generalitat en su proceso hacia la independencia “hasta el punto” de que llegaron a diseñar la portada que incluiría los presupuestos de 2018 de la “República Catalana”.