La jueza envía al banquillo a 30 altos cargos del Govern por organizar el 1-O
La agenda judicial del procés sumará en las próximas semanas un nuevo juicio. La magistrada que investiga los preparativos del 1-O ha concluido las pesquisas y ha enviado el caso a la Audiencia de Barcelona para que se juzgue. En la causa están procesados 30 altos cargos del Govern y empresarios por malversación, prevaricación y desobediencia, entre otros delitos.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, declara concluido el sumario y envía la causa a la Audiencia de Barcelona “para la celebración del oportuno juicio oral”.
La magistrada ignora así la petición que la Fiscalía realizó el pasado mes de agosto por la que pidió una nueva prórroga de un año para seguir con la investigación.
En el mismo escrito el Ministerio Público ya avanzaba que tenía previsto recurrir la conclusión del sumario debido a su voluntad firme de procesar por organización criminal a los altos cargos y empresarios investigados, algo que hasta ahora han rechazado tanto la jueza instructora como la Audiencia de Barcelona.
Entre los procesados que se sentarán en el banquillo figuran los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, así como varios altos cargos de las conselleries de Presidencia o Economía, Trabajo y Exteriores de la Generalitat, como Antoni Molons, Jaume Clotet, Josep Ginesta o el exdelegado de Bruselas Amadeu Altafaj, así como directivos de Unipost y T-Systems.
De los 30 procesados, 17 lo están por malversación y tuvieron que depositar una fianza de 5,8 millones de euros, el monto al que la jueza cree que ascendió el dinero público destinado a la votación suspendida por el Constitucional.
La causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona fue el caballo de Troya en la organización del referéndum. Iniciada a raíz de la palabrería del entonces Senador de ERC Santi Vidal, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer –fallecido en 2018– intervino teléfonos de altos cargos y requirió documentación hasta ordenar la operación del 20 de septiembre de 2017 en la que la Guardia Civil detuvo a una veintena de altos cargos y registró 40 sedes oficiales y despachos. A su vez, todos los documentos intervenidos fueron empleados luego por las acusaciones en la causa del procés del Tribunal Supremo.
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