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CATALUNYA

La Fiscalía pide que el TSJC asuma la investigación contra el exsecretario de Hacienda del Govern por el 1-O

El Ministerio Público solicita que seis guardias civiles que investigaron el 1-O declaren como testigos y alargar la instrucción del caso hasta el 2021

Lluís Salvadó guardaba un informe sobre "la secesión y la integración en la UE"

El exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó EFE

El limbo judicial en el que quedó el exsecretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, está más cerca de terminar. La Fiscalía ha pedido a la titular del juzgado de instrucción 13, Alejandra Gil, que eleve la causa contra el exnúmero 3 de Oriol Junqueras al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia competente ya que Salvadó es diputado de ERC en el Parlament. Salvadó se uniría a la causa que el alto tribunal catalán ya tiene abierta contra el exsecretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové.

En un escrito, los fiscales sostienen que Salvadó podría haber cometido los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, revelación de secretos y organización criminal. El Ministerio Público reactiva así el caso contra Salvadó, que había quedado en tierra de nadie ya que la jueza no lo había procesado como al resto de altos cargos ni el TSJC había asumido las pesquisas contra él cuando aceptó quedarse con el caso de Jové, también diputado.

Según la Fiscalía, la participación de Salvadó –fue el primer querellado del caso junto al exsenador de ERC Santi Vidal y el asesor del Govern Carles Viver Pi Sunyer– en el 1-O queda acreditada por las diferentes declaraciones que hizo a los medios de comunicación y por varias conversaciones telefónicas, de las que se desprende que el actual diputado de ERC "era conocedor de la estrategia y hoja de ruta a seguir para conseguir la independencia de Catalunya ".

Los fiscales apuntan, además, que también tenía en casa un documento de trabajo incautado el 20 de septiembre titulado 'Hoja de ruta unitario del Proceso soberanista catalán" y otro con preguntas y respuestas sobre los presupuestos de Catalunya donde se incluían gastos para la celebración del referéndum, entre otros. La Fiscalía también apunta que se localizaron trozos de papel rotos en la fotocopiadora que una vez reconstruidos muestran que Salvadó y la exconsellera de Presidencia Elsa Artadi debían coordinar los escenarios posteriores al referéndum.

Entre las conversaciones telefónicas interceptadas por el juez, la fiscalía cita algunas en que Salvadó hablaba sobre el correo y el envío de la tarjeta censal, que él está dispuesto a obedecer las leyes emanadas del Govern por encima de las del Estado y que tiene el encargo de tener preparadas las estructuras de estado de cara a la declaración de independencia. Cabe recordar que en los pinchazos telefónicos aportados al sumario del 1-O la Guardia Civil incluyó una conversación machista en la que Salvadó se decantaba por escoger como consellera de Educación a la candidata que tuviera "las tetas más gordas".

Asimismo, los fiscales señalan que en los registros en su domicilio y despacho se encontró un documento con las actividades a desarrollar antes de la desconexión por parte del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana. De la abundante documentación incautada y que forma parte del sumario del caso se desprende que el Govern, más allá de planear sobre el papel cómo debía ser una Catalunya independiente, no tenía a punto ni ejecutó las estructuras de Estado clave –ejército, policía, aduanas, Hacienda– para que un estado independiente pudiera funcionar.

Causa compleja y testificales de guardias civiles

La Fiscalía también ha pedido a la jueza del TSJC Maria Eugènia Alegret, que instruye la causa contra Jové, que cite a declarar como testigos a siete guardias civiles que elaboraron los informes sobre los documentados incautados el 20-S y el proceso soberanista. Asimismo, el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, ha solicitado a la instructora que declare la causa contra Jové y Salvadó como complejo, lo que permitiría alargar la instrucción hasta enero de 2021.

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