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CATALUNYA

Hacienda reclama a la Generalitat información sobre pagos a empresas y medios de comunicación soberanistas

El Gobierno investiga posibles retribuciones a empresarios medios de comunicación y entidades soberanistas, como Oriol Soler y Jaume Roures

También se requieren datos sobre los pagos por una serie de becas, artículos y capítulos de libros académicos relacionados con la autodeterminación

"Se quiere hacer una macrocausa desde el ministerio de Hacienda en paralelo a la macrocausa judicial en curso", critica el Govern

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Hacienda reclama información sobre pagos a empresas y medios afines al procés

El Ministerio de Hacienda ha instado por carta a la Interventora General de la Generalitat a que informe antes del próximo lunes 12 de marzo sobre pagos o ayudas otorgadas desde 2015 a más de sesenta de personas, empresas, académicos y medios de comunicación. En el apartado de los medios de comunicación, los requerimientos tienen en común que se dirigen a averiguar pagos hacia personas y empresas que se han mostrado partidarias de la autodeterminación de Catalunya.

En el primer lugar de esta lista remitida por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, figura el empresario Oriol Soler Castanys, que fue consejero delegado del diario Ara entre 2010 y 2012, sobre el que se requiere "la totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto por parte de la Generalitat o de cualquier entidad del sector público autonómico desde 2015 hasta la actualidad".

Soler fue señalado por la Guardia Civil participación "destacada" en el 1-O, ya que formó parte del sanedrín de asesores informales del Govern en la última etapa del proceso soberanista. En declaraciones al diario ARA, Soler ha asegurado que no ha recibido "ni un euro" público en el periodo indicado por Hacienda.

También se requiere información de los pagos efectuados a los periodistas y fundadores del Ara Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om, Xavier Bosch, así como a la sociedad Ara Llibres y Edició de Premsa Periódico Ara. "Estamos muy tranquilos porque nuestra relación es transparente y es la misma que tienen todos los medios", ha indicado al mismo periódico el consejero delegado del ARA, Salvador Garcia Ruiz. En este sentido, cabe recordar que todos los medios de comunicación, en caso de que tengan una edición en catalán, pueden recibir una subvención por el fomento de la lengua catalana, sea cual sea su línea editorial.

Igualmente, Hacienda pide que se le informe de eventuales pagos en este período a diversas sociedades del grupo Mediapro, de Jaume Roures, que también fue incluido en un informe de la Guardia Civil como uno de los miembros del "comité ejecutivo" del proceso soberanista. El ministerio también requiere los posibles pagos a Editorial Alpha, la revista Sàpiens e identificar a los funcionarios de pagos por una serie de becas, artículos y capítulos de libros académicos relacionados con temáticas sobre la autodeterminación o el secesionismo.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el secretario de Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que el requerimiento de Hacienda "no tiene ni pies ni cabeza" porque el ministerio "tiene toda la contabilidad de la Generalitat". "Se quiere hacer una macrocausa desde el ministerio de Hacienda en paralelo a la macrocausa judicial en curso", ha apostillado.

Asimismo, el requerimiento, del que ha informado en primer lugar La Vanguardia, incluye la totalidad de los pagos efectuados a las empresas T-Systems Iberia, IBM Global Services España, International Businesss Machines y DXC Technology Spain.

En la carta dirigida a la Interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, se vuelve a solicitar información sobre subvenciones y ayudas de 2015 a 2017 a entidades como la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Ômnium Cultural, y sus presidentes o expresidentes Neus Lloveras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La ANC siempre ha defendido que se financia con las aportaciones de sus socios, mientras que Òmnium dejó de recibir subvenciones en 2012.

En este capítulo también figuran otras entidades de perfil soberanista como Procés Constituent, Sobiranía i Justicia, Súmate o Convenció Constitucional Catalana. Esta última petición, hecha con anterioridad y a la que la Intervención de la Generalitat respondió que no tenía competencias para recabar la información reclamada, vuelve ser instada por Hacienda recordando que una orden del año 2015 sí le habilita para hacerlo.

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