“La brigada política no existió”.

“La operación catalana de verdad fue la del referéndum ilegal”.

“La Operación Cataluña es el invento de un periodista”

Estas tres afirmaciones han sido reproducidas, con casi idéntica literalidad y de forma recurrente, por los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy que han comparecido ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados, así como por el portavoz del actual Partido Popular ante la misma, Rafael Hernando. Ni una reciente sentencia judicial del Tribunal Supremo, ni los testimonios y documentos aportados a distintas causas judiciales, ni la asunción en sede parlamentaria de aquellas maniobras parapoliciales por algunos de sus protagonistas han movido ni un milímetro a los ministros del PP de su tesis negacionista acerca de la última guerra sucia en España. 

La interpretación de la realidad ha alcanzado el paroxismo en determinados pasajes de las comparecencias. Los portavoces esperaban la explicación de Jorge Fernández Díaz a su mentira sobre que no conocía al comisario Villarejo, habiendo defendido en visitas anteriores a la Cámara Baja que había saludado en dos ocasiones jamás se había reunido con él. Después de esa afirmación, El País publicó una grabación en la que Fernández Díaz dice a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”. Pese a ello, Fernández Díaz insistió en la mentira y aludió a “las maravillas de la inteligencia artificial” para arrojar dudas sobre la autenticidad de la grabación.

Este mismo lunes, la que fuera vicepresidenta única del Gobierno y responsable político del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el único informe PISA que conoció en su época de Gobierno fue la evaluación de la Unión Europea sobre la situación del sistema educativo en cada país miembro, ignorando el dosier Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) que tantos titulares dio a los medios afines a aquel Gobierno, cuyo Ministerio del Interior reconoció la autoría.

En cuanto a la forma de trasladar el mensaje negacionista hubo matices. Del circunloquio a la mentira evidente en el caso de Fernández Díaz pasando por la arrogancia de Mariano Rajoy, quien despachó con displicencia las intervenciones de los portavoces parlamentarios independentistas y de la izquierda. Ante la pregunta de Ione Belarra de si los estaba tomando por tontos al negar las evidencias, Rajoy replicó: “Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta”.

La operación Cataluña es, a día de hoy, la única de las tres grandes ofensivas contra la oposición que practicó el Gobierno del PP que no ha motivado una gran causa judicial. Las maniobras contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para salvar a la formación del caso de la caja B serán juzgadas dentro de un año en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sentarán dos de los protagonistas que han comparecido en el Congreso por la operación Cataluña, Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. Se enfrentan a 15 años de cárcel. 

Los informes falsos y las maniobras de intoxicación contra Podemos centran otra causa en la Audiencia Nacional, está en fase de instrucción y con un amplio recorrido por delante, si se atiende a los avances y vías abiertas en las últimas semanas. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, es el principal investigado. 

Pero la Operación Cataluña no tiene causa propia pese a haber aparecido en procedimientos seguidos en la Audiencia Provincial de Madrid, las piezas del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, dos juzgados de Andorra y otros de Cataluña. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena al director operativo de la Policía durante la primera legislatura de Rajoy, el comisario Eugenio Pino, por revelación de secretos. 

El comisario Pino intentó impulsar la causa contra los Pujol introduciendo información que había sido previamente robada. Los hechos probados representan un recorrido por las prácticas del término periodístico y político ‘Operación Cataluña’, pero que no sea mencionada de ese modo en la resolución sirvió a Rajoy y a Soraya para negarle la categoría de reconocimiento judicial a aquellas maniobras. 

Esa ausencia de una gran causa judicial sobre las maniobras contra el separatismo y el apoyo del electorado conservador a cualquier actuación contra los “enemigos de España” han espoleado las intervenciones de Rajoy y sus ministros, que han aprovechado sus intervenciones para defender la aplicación del artículo 155 en Catalunya. 

Montoro: “Para Operación Cataluña, la de su rescate”

El que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, versionó la tesis de que la única operación Cataluña fue el desafío soberanista. “De operación Cataluña solo conozco una, la de su rescate”, dijo respecto de la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica. “Quien dejó a Cataluña en quiebra fue el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) y provocó una crisis fiscal formidable”, añadió. 

Solo el número dos de Interior Francisco Martínez, ex militante del Partido Popular y hoy enfrentado al mayor desafío judicial de cuantos han comparecido, se prestó a explicar su negación de la Operación Cataluña. “Lo que hace el Ministerio del Interior es identificar un riesgo que compromete el orden constitucional [en alusión al proceso soberanista en Catalunya] y que, desde el punto de visa de la seguridad, pueda provocar delitos. Entonces, el Estado actúa. Pero si estamos hablando de una estrategia escrita con un desarrollo como la Estrategia de Seguridad Nacional o contra la Ciberdelincuencia, eso [la Operación Cataluña] no existe”, explicó. 

A la pregunta de la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, sobre la existencia de un “deep state (estado profundo)”, Francisco Martínez respondió: “Yo no lo llamaría así, pero los ministros llegan con un tren que está en marcha a la velocidad del AVE y que tiene que seguir haya el ministro que haya. No me consta el 'deep state' pero los Cuerpos, en su parte operativa, tienen que actuar con cierta o mucha autonomía respecto de los responsables políticos en cada momento”.

La incredulidad de los portavoces de los grupos hacía que algunos apelaran al delito de falso testimonio. No tuvo ningún efecto. Sáenz de Santamaría dijo que nunca había recibido un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre político catalán alguno. 

En esta coyuntura, la respuesta a qué hacían allí los ex ministros del Partido Popular fue ofrecida por el portavoz de la formación en esta comisión, Rafael Hernando, quien aseguró en dos de sus intervenciones que la Operación Cataluña fue “el invento de un periodista”.

La Audiencia de Barcelona ha rechazado amnistiar a los únicos cuatro agentes de la Policía Nacional que todavía no habían sido exonerados de las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017. Los jueces han descartado aplicar la norma de olvido penal a los antidisturbios acusados de reventar el ojo al activista Roger Español en las cargas durante la votación.

La decisión judicial se toma en contra del criterio de la Fiscalía, partidaria tanto de amnistiar a los agentes como de absolverles, e implica que los agentes se sentarán en el banquillo de los acusados en el único juicio que se celebrará por las cargas del 1-O. Las acusaciones serán ejercidas por Español y entidades como Irídia, Òmnium y la ANC.

En un auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces rechazan aplicar la amnistía a los agentes al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que han provocado la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistían a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí se incluye en la norma.

El caso de Español se investigó de forma separada al del resto de cargas policiales que ya han sido amnistiadas. Los cuatro policías eran los únicos sobre los que existían dudas de si podían quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a las agresiones que, de forma intencionada, hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español.

La Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Español. El hecho de que no se cerrara la puerta, durante la fase de instrucción, a que la lesión en un órgano principal de Español se produjera con intencionalidad por parte de los agentes ha llevado a los magistrados a descartar aplicar la amnistía a los agentes y enviarles a juicio.

Para los jueces, existen “indicios de criminalidad suficientes” para sentar en el banquillo a los cuatro agentes. Según Español, los cuatro uniformados “autorizaron, ordenaron y permitieron el uso de balas de caucho en un supuesto que no era apropiado, necesario ni pertinente”, y las dispararon “a una distancia claramente peligrosa y asumiendo la posibilidad de que se produjeran lesiones de gravedad”. 

Pese a que la ley publicada en el BOE a principios de junio obligaba a los tribunales a resolver los olvidos penales del procés en dos meses, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de realizar los trámites y decidir sobre la norma, no emplazó a las partes hasta este mes de enero para que informaran sobre la aplicación de la amnistía a esta causa.

Antes de posicionarse sobre la amnistía, la Fiscalía ya había pedido exculpar a los cuatro policías nacionales. Descartó la fiscal que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y consideró que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

A la espera de si las acusaciones recurren la amnistía a otro agente que sí ha sido amnistiado por aporrear a un votante, el tribunal ha dado cinco días a Español y a Irídia, Òmnium y la ANC, que ejercen la acusación popular, para que formalicen sus escritos de acusación y las penas que reclaman a los agentes. El juicio no tiene fecha todavía.

Amnistiados definitivamente los policías de las cargas del 1-O. La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la causa en aplicación de la ley de amnistía a los 46 policías que esperaban juicio por las cargas contra votantes del referéndum de 2017. En una pedagógica resolución, los magistrados recuerdan que el objetivo de la norma era cancelar el mayor número posible de causas penales derivadas del procés, también las que afectaban al grueso de fuerzas policiales que impidieron la votación.

Muestra de la relevancia de la resolución es que viene firmada por los seis magistrados que componen la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona y no por tres magistrados, como es habitual. La ponente ha sido la magistrada Carme Guil, que, como toda la sección, durante la investigación de la causa abogó por investigar a fondo las cargas y la cadena de mando y había confirmado el procesamiento de los agentes.

La insistencia de las acusaciones particulares de los heridos y de las populares en imputar a más agentes había alargado una instrucción que casi estaba completada a principios de 2020. La resolución de los sucesivos recursos ha hecho que la causa no llegue a juicio y quede archivada por la amnistía.

Coincide la Audiencia de Barcelona con el juez Francisco Miralles en que deben quedar amnistiados todos los agentes investigados en la causa, ya que ninguno de ellos provocó lesiones de gravedad a los votantes que motiven su exclusión de la norma. Esta duda afecta únicamente a los agentes acusados de dejar sin ojo a uno de los votantes, pero no a los 46 antidisturbios que tiraron del pelo o golpearon a los votantes, pero sin generar heridas graves.

La voluntad del legislador con la amnistía, señala el tribunal, es beneficiar “ante todo” a los independentistas, pero también la de “incluir” en la ley “las acciones de aquellos que intentaron impedir la continuación del proceso en el marco de actuaciones policiales”, tal y como se desprende no solo de la literalidad del primer artículo de la norma sino también de su preámbulo.

La interpretación de las acusaciones de los heridos que rechazaban la amnistía para los agentes investigados “es injusta y contraria no solo al espíritu de la ley sino también a los principios de equidad e igualdad que tiene que presidir cualquier ordenamiento jurídico democrático”, argumenta el tribunal.

“No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la ley”, ahonda la Sala, que considera que una interpretación excluyente de la norma “contradeciría la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española”.

Recuerda la resolución que en vez del olvido penal, la ley de amnistía pretende hacer “desistir el aparato sancionador del Estado en pro del restablecimiento de la convivencia y la paz social”. Esto es, para todo el mundo.

Los únicos cuatro agentes de la Policía Nacional que todavía no han sido amnistiados por las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017 han recibido este martes un espaldarazo a favor de su olvido penal. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona amnistiar a los antidisturbios que están pendientes de juicio y acusados de reventar el ojo al activista Roger Español, posteriormente candidato de Junts al Senado, en las cargas durante la votación.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha informado a la Audiencia de Barcelona a favor de la amnistía tanto para los cuatro agentes acusados como para el manifestante, acusado de un delito contra los agentes de la autoridad anterior al disparo que le provocó la herida en el ojo. El caso de Español se investiga de forma separada al del resto de cargas policiales que ya han sido amnistiadas.

Los cuatro policías procesados son los únicos sobre los que existen dudas de si pueden quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a las agresiones que, de forma intencionada, hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español.

Cabe recordar además que la Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Español. Los jueces ordenaron que el caso se juzgara por sumario y no por el procedimiento abreviado, como ocurrió con el resto de las cargas policiales en la capital catalana, que ya han sido amnistiadas al no haber lesiones de gravedad en los votantes.

Pese a que la ley publicada en el BOE a principios de junio obligaba a los tribunales a resolver los olvidos penales del procés en dos meses, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de realizar los trámites y decidir sobre la norma, no emplazó a las partes hasta este mes de enero para que informaran sobre la aplicación de la amnistía a esta causa.

Antes de posicionarse sobre la amnistía, la Fiscalía ya había pedido exculpar a los cuatro policías nacionales y, en cambio, solicitó juzgar al Español, representado por el centro Irídia, por lanzar una valla contra los uniformados antes de ser mutilado.

Al contrario de la hipótesis planteada por los magistrados durante la instrucción del caso, la Fiscalía descartó que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y consideró que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Para la fiscal, el disparo de la bala de goma que dejó sin ojo a Español cumple los requisitos para que los agentes puedan acogerse a la eximente de actuar en cumplimiento de un deber: obedeció a una orden dictada por un superior orgánico y la instrucción fue “debidamente controlada por los mandos intermedios”, sin que el escopetero incumpliera los protocolos de actuación.

La agria disputa que se vive en ERC para elegir a su nueva dirección ha desembocado este martes en una nuevas acusaciones entre miembros del partido. El exdirigente republicano Xavier Vendrell ha acusado a Oriol Junqueras de “no haber hecho” el referéndum del 1 de octubre en Catalunya. “Los líderes políticos fueron Carles Puigdemont y Marta Rovira”, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Vendrell, que en 2017 no tenía ningún cargo público pero formó parte del llamado “sanedrín” que organizó la votación junto a otros exdirigentes como David Madí y empresarios como Oriol Soler, ha acusado al expresidente de ERC de haberse escondido en los momentos más complejos, cuando el Govern debía decidir qué pasos tomar tras la votación.

“Oriol Junqueras tuvo muchas dudas el día antes de la proclamación de la independencia”, ha asegurado Vendrell, refiriéndose al encuentro que hubo en el Palau de la Generalitat el 26 de octubre, un día antes de que se declarara la independencia en el Parlament.

“Él se asusta y se va y no se presenta en el Palau”, ha proseguido. “ERC estaba: había Marta Rovira, Carme Forcadell, Dolors Bassa... Él no estaba. Se asusta, marcha y se esconde en Montserrat”, ha remachado Vendrell, que también fue conseller de la Generalitat durante el tripartito liderado por José Montilla.

Vendrell ha descrito cómo, entre lágrimas de muchos dirigentes, Oriol Junqueras trasladó ese 26 de octubre a la ejecutiva de ERC que no se iba a declarar la independencia. “Aquí hubo una cierta rebelión dentro de la ejecutiva nacional, como le pasa a Carles Puigdemont con los suyos”, ha afirmado. “Por tanto, llega arrastrado a ese punto, se asusta y se va”.

Junqueras tilda la acusación de “calumnias”

En un comunicado, la candidatura que lidera Junqueras para volver a liderar ERC ha tildado de “calumnias” las acusaciones de Vendrell y ha anunciado que trasladará el caso a la comisión de garantías del partido.

“Las declaraciones del empresario son un reguero de calumnias y falsas acusaciones que contravienen los estatutos del partido”, reza el texto. “A parte de los más elementales de respeto y educación entre la militancia de nuestra organización”.

El comunicado también solicita “acabar con los ataques personales y políticos entre compañeros de partido” desde “plataformas públicas”, ya que considera que este tipo de mensajes están “destrozando” la imagen de ERC. “Necesitamos un congreso sin calumnias ni reproches públicos”, concluye el comunicado.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

Los 46 policías nacionales imputados por las cargas del 1-O de 2017 en Barcelona se han convertido este martes en los nuevos amnistiados del procés. El juez que durante más de seis años ha investigado la actuación policial desproporcionada contra los votantes de la capital catalana ha resuelto aplicar la ley de amnistía al conjunto de los uniformados investigados.

El juez Francisco Miralles sigue el criterio solicitado por algunos agentes y por la Fiscalía, que reclamaba amnistiar a todos los investigados. Por contra, algunos heridos y acusaciones populares ejercidas por el centro Irídia, Òmnium Cultural y la ANC reclamaban excluir a algunos policías al considerar que su actuación contra los votantes podía encajar en un delito de de torturas o en tratos inhumanos o degradantes, dos supuestos excluidos de la ley de amnistía.

El juez amnistía todos los 46 agentes investigados en la macrocausa al entender que los porrazos, tirones de pelo, patadas voladoras, golpes e incluso el uniformado que lanzó por las escaleras a una votante no superan el “umbral mínimo de gravedad” que marca su exclusión de la norma.

“Las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido [impedir el referéndum, tal y como había ordenado el TSJC] y no continuaron una vez conseguido el mismo”, argumenta el magistrado. En un auto, el juez también explica que las cargas “no se prolongaron en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales”.

El juez toma la decisión después de haber instruido el caso e indagado en la cadena de mando en el Ministerio del Interior del PP durante el referéndum del 1-O, en la que seguramente es la investigación reciente más exhaustiva de una intervención policial. La causa estaba lista desde hacía años para ir a juicio, para las sucesivas peticiones de las acusaciones para imputar a más uniformados postergaron el fin de la instrucción.

La ley de amnistía, pensada para dejar sin castigo penal el máximo de conductas posibles (tanto independentistas como actuaciones policiales contra el referéndum) continúa aplicándose con normalidad por parte de la mayoría de órganos judiciales en Catalunya, mientras solo el Tribunal Supremo ha rechazado poner en práctica la norma con Carles Puigdemont y el resto de exconsellers.

El pasado martes, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fue el primer tribunal en España en aplicar la amnistía a un total de 18 personas, 16 de ellas manifestantes condenados por disturbios y agresiones a agentes policiales en protestas del procés. Los otros dos fueron el exconseller de Interior y el escolta condenados por proporcionar escolta a Carles Puigdemont en Bélgica. 

Con los 46 agentes de la Policía Nacional exonerados, ya son 64 las personas amnistiadas de un total de 486 potenciales beneficiarios de la ley de olvido penal del procés, según el cálculo de la Fiscalía. 

En el caso de los policías investigados por las cargas y las lesiones a los votantes del 1-O, el redactado de la ley les dejaba a todos dentro de la amnistía. La norma solo excluía las actuaciones policiales más graves, que pudieran considerarse torturas o trato degradante, o bien las que hubieran supuesto la pérdida de órganos, como el caso del votante del referéndum al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó un ojo. El órgano encargado de decidir sobre la amnistía en este caso será la Audiencia de Barcelona y no el juzgado de instrucción 7 de Barcelona que ha amnistiado a los otros 46 uniformados investigados.

La decisión del juez es recurrible ante la Audiencia de Barcelona. En un comunicado, Irídia, Òmnium y la ANC han anunciado que recurrirán al considerar que los actos llevados a cabo por los policías superan el “umbral mínimo de gravedad” que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), marca la ley para excluir una actuación policial de la amnistía.

A juicio de las tres entidades, la ley de amnistía “no puede beneficiar en ningún caso a los responsables de la violencia policial”, y las cargas quedan excluidas de la norma “porque pueden representar delitos de torturas o tratos degradantes”.

Por contra, la Fiscalía había pedido amnistiar a los policías al concluir que su actuación no fue suficientemente grave como para quedar excluida de la ley, porque no buscaban humillar o provocar miedo a los votantes.

Primero fueron los políticos y ahora los policías. Los agentes investigados en Barcelona por las cargas del 1 de octubre de 2017 en distintos colegios de la capital catalana han empezado a pedir al juez que les amnistíe. En un escrito, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, nueve de los 45 policías imputados solicitan la amnistía para “aliviar” su situación procesal.

La ley de olvido penal del procés busca realizar un borrón de las causas judiciales que han saturado la política catalana los últimos años. La norma, que pretende un alcance global, incluye amnistiar tanto los preparativos del referéndum del 1-O que llevaron a cabo los independentistas como las actuaciones policiales para impedirlo, como las cargas contra votantes de la consulta.

El juez de Barcelona Francisco Miralles, que ha instruido la causa sobre las cargas del 1-O, tiene ahora que estudiar la aplicación de la amnistía sobre los agentes. Sobre el papel, la ley incluye todas las cargas investigadas en Barcelona, ya que solo excluye de la amnistía las torturas o tratos degradantes que superen un “umbral mínimo de gravedad” conforme a la normativa europea.

Los agentes investigados en Barcelona tienen una pluralidad de abogados defensores, que van desde letrados privados a abogados de sindicatos o la Abogacía del Estado, dada su condición de funcionarios públicos. El primero en pedir la amnistía ha sido el abogado Javier Aranda, que representa a nueve agentes que actuaron en seis colegios distintos de Barcelona el 1-O.

En su escrito, los agentes argumentan que “en ningún caso” se les puede dejar fuera de la amnistía, ya que su uso de la fuerza contra los votantes el 1-O no resultó un trato degradante o una tortura. Es más, los policías alegan que están imputados “por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa”.

Como el resto de jueces llamados a aplicar la norma, el magistrado pedirá antes la opinión de Fiscalía y el resto de partes del caso, tal y como indica la ley, antes de decidir si excluye de la norma a algunos agentes. Si amnistía a los 45 agentes investigados, es previsible que algunas víctimas de las cargas recurran para intentar que más agentes queden fuera de la amnistía.

El centro de Derechos Humanos Irídia, que representa a varios heridos el 1-O, ya ha avanzado que se opondrá a que se amnistíe a los agentes. A su juicio, los agentes ejercieron un trato inhumano o degradante a los votantes, por lo que no deberían ser amnistiados.

Será la Audiencia de Barcelona y no el juez la que tenga que decidir si amnistía a otros cuatro agentes acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma. Este caso sí parece más difícil que entre en la amnistía, ya que la norma excluye expresamente los actos dolosos que hayan producido la pérdida de un miembro, si bien la Fiscalía ya ha pedido que los agentes no sean juzgados porque, alega, cumplían órdenes de sus superiores.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido exculpar a los cuatro policías nacionales procesados por reventar el ojo con una bala de goma al independentista Roger Español el 1 de octubre de 2017 y, en cambio, ha solicitado juzgar al joven por lanzar una valla contra los uniformados antes de ser mutilado.

Así lo solicita el Ministerio Público en un escrito dirigido al tribunal que prevé juzgar a los agentes, en el que reclama que los uniformados no vayan a juicio ya que considera que obraron en cumplimiento de su deber de impedir el referéndum, tal y como había ordenado el TSJ catalán, y que su actuación fue “proporcional”.

Los cuatro policías procesados son los únicos que pueden quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a los actos dolosos que hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español. Sin que el debate jurídico sobre su inclusión en la amnistía se haya producido, la Fiscalía solicita que los agentes no vayan a juicio, al contrario de lo que reclaman el centro Irídia y otras acusaciones del caso.

La Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Roger Español, excandidato de Junts al Senado. Los jueces ordenaron que el caso se juzgara por sumario y no por el procedimiento abreviado, como ocurrirá con el resto de las cargas policiales en la capital catalana, que previsiblmente sí resultarán amnistiadas al no haber provocado lesiones tan graves como la del joven.

Al contrario de la hipótesis planteada por los magistrados que repasado la instrucción del caso, la Fiscalía descarta que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y considera que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Para la fiscal, el disparo de la bala de goma que dejó sin ojo a Español cumple los requisitos para que los agentes puedan acogerse a la eximente de actuar en cumplimiento de un deber: obedeció a una orden dictada por un superior orgánico y la instrucción fue “debidamente controlada ”por los mandos intermedios“, sin que el escopetero incumpliera los protocolos de actuación.

Tras recordar que la normativa aplicable “autorizaba” a la Policía Nacional a utilizar balas de goma (pese a que el Parlament se lo prohibió a los Mossos dos años antes), el escrito fiscal sostiene que el lanzador de la escopeta cumplió los “requisitos técnicos” establecidos, ateniéndose a la “premisa básica de menor lesividad posible” y a una distancia no inferior a quince metros, en una situación de “peligrosidad extrema” para los agentes debido a los lanzamientos de los manifestantes.

La Fiscalía subraya también que entre el escopetero y Roger Español mediaba “una distancia aproximada de quince metros” y que el lanzamiento se produjo ante la “conducta de hostilidad y acometimiento a los policías” por parte del votante, que justo antes “había propinado una patada a un objeto en dirección a la línea policial”.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicita que 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— paguen 3,1 millones por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del procés. Así consta en el escrito de conclusiones del fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, al que ha tenido acceso elDiario.es. 

Martín-Granizo ha presentado su escrito después de que la consejera Elena Hernáez le diera 10 días de plazo para presentarlo. Hernáez acordó el pasado enero seguir adelante con el procedimiento sobre la derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 a la espera de la ley de amnistía. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos.

La consejera rechazó entonces la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Junqueras y otros ocho codemandados más, con el respaldo de la Fiscalía. Ahora, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien y, después, dictará sentencia. 

En su informe, Martín-Granizo afirma que la ley de amnistía “es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance”. En consecuencia, considera que subsisten las “razones” que esgrimió cuando, durante el juicio, se posicionó en contra de suspender el procedimiento. 

En total, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. De esa cantidad, 883.695 euros corresponden a gastos en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y 2.209.503 euros al dinero utilizado para la promoción exterior del procés. 

El Tribunal Supremo ha confirmado que un independentista irá a prisión tras ser condenado en firme a tres años y medio de cárcel por agredir con un palo a dos Mossos d'Esquadra en las manifestaciones del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre. Los jueces han rechazado el recurso de Adrià S.M contra su condena por atentado y lesiones, que incluye una indemnización que suma 1.8000 euros para los dos agentes.

La sentencia firme del caso explica que durante las protestas del 1 de octubre de 2018 frente al Parlament de Catalunya, en el Parc de la Ciutadella, el acusado se puso un pañuelo rojo para taparse la cara y cogió un palo con una bandera para golpear a varios agentes de los Mossos d'Esquadra. A uno le dio en la barbilla y a otro en el casco.

El Supremo confirma condenas que suman, entre todas, tres años y medio de prisión, pero que en caso de ejecutarse implicarían su entrada en la cárcel. Por un lado se le imponen tres años de cárcel por atentado con instrumento peligroso, seis meses más por lesiones menos graves y una multa por lesiones leves. Además se confirma que debe indemnizar con un total de 1.800 euros a los dos agentes a los que agredió con el palo. Un palo, dice el Supremo, “cuya capacidad lesiva es objetivamente relevante”.

Se trata de un caso judicial que también generó polémica política en Catalunya durante su tramitación. La Generalitat de Catalunya, en noviembre de 2020 durante el juicio, mantuvo su petición de cinco años y medio de prisión para el joven pese a que los dos partidos que formaban entonces el Govern, JxCat y ERC, habían pedido retirarla.

El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Josep Maria Jové, ha presentado un incidente de recusación contra el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, a raíz de las declaraciones que hizo sobre la aplicación de la ley de amnistía, tal y como ha explicado el partido en un comunicado.

Barrientos es uno de los tres magistrados que juzgará Jové a partir del 10 de abril por su implicación en el 1-O y a finales de febrero aseguró en un acto que la ley “privilegia una parte ante el conjunto de la ciudadanía”, que “nunca podrá ser esgrimida como un elemento de pacificación, sino de discordia” y habló “de espacios de impunidad”.

La defensa de Jové considera que estas declaraciones afectan de “forma clara y manifiesta la debida imparcialidad predicable” de cualquier tribunal e implican una “oposición frontal” del juez a la ley de amnistía. Para la defensa, si Barrientos augura “espacios de impunidad” cuando se aplique la ley, es porque se muestra convencido “sobre el carácter delictivo de los hechos que podrían llegar a ser amnistiados”.

ERC considera que lo que Barrientos expresa es “el convencimiento que todas las personas que se puedan llegar a beneficiar [de la ley de amnistía] son culpables de los hechos que se los atribuyen y merecedores de una condena penal”.

En la petición de recusación, los abogados de Jové también argumentan que las declaraciones de Barrientos añaden una “duda razonable sobre la existencia de prejuicios”. Por todo ello, la defensa señala “una pérdida de imparcialidad objetiva” del magistrado y por eso le pide que se aparte de la causa contra Jové.

Puigdemont también cree que Barrientos debería ser apartado

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también ha criticado este sábado que “lo que pasa en el Estado español con los jueces es una anomalía en la Europa democrática” y ha expresado que el presidente del TSJC debería ser apartado. “En una democracia europea habría sido apartado desde el primer día que abrió la boca”, ha asegurado Puigdemont sobre Barrientos, en una publicación en X (antiguo Twitter).

Puigdemont ha aseverado que “ni un solo” juez español de los que se han pronunciado sobre la ley de amnistía tiene la posibilidad de intervenir en causas relacionadas. Además, ha advertido de que cuando estos jueces expresan su opinión “deben ser conscientes de que esto les impide administrar justicia” en las mismas causas.

En el Partido Popular aún se están preguntando de quién fue la idea. A quién se le ocurrió. Quién fue el genio que pensó que la mejor manera de frenar la ley de amnistía pasaba por Europa: por pedir desde el Senado un informe a la Comisión de Venecia que ayudara a la derecha en su labor de oposición.

La importancia de esta comisión es relativa. Se trata de un órgano consultivo, especializado en derecho constitucional, que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea; depende del Consejo de Europa, que tampoco es lo mismo que la UE aunque comparta buena parte de sus países miembros y de sus objetivos. Sus informes ni son vinculantes ni sientan jurisprudencia, pero tienen otro valor, que no es pequeño: el simbólico. 

La Comisión de Venecia tiene algo importante: prestigio internacional. Es una voz independiente y respetada. De ella forman parte juristas de todo el continente, de toda ideología, de toda condición. En el famoso informe sobre la ley de amnistía, por ejemplo, ha participado Marta Cartabia, que fue ministra de Justicia de Italia en el Gobierno de Mario Draghi. O Philip Dimitrov, que fue primer ministro de Bulgaria tras la caída del comunismo. O Martin Kuijer, juez del Tribunal Supremo de Países Bajos.

De todas estas personas de ley y orden, el PP esperaba otra cosa: una condena total a la “mayor corrupción posible en democracia”, que es como han definido a esta ley. O, como poco, un informe que criticara a Sánchez por “ceder al chantaje” del “terrorista” Puigdemont. No ha sido así. 

Después de analizar qué ocurre en los 52 países miembros del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia recuerda en su informe algunos datos muy contundentes: que la amnistía es un instrumento político completamente democrático, que no quiebra la separación de poderes, que no rompe el principio de igualdad, que se ha usado antes en decenas de países, que ninguno en Europa la prohíbe expresamente, que se han aprobado amnistías incluso en 12 países donde no están recogidas en su constitución, como ocurre en España. 

La comisión también pone algunas pegas: la principal, el trámite parlamentario elegido, sin informes consultivos previos a órganos como el Consejo de Estado o el CGPJ. Pero en líneas generales, el informe da muchísimos más argumentos al Gobierno que a la oposición.

Aunque la importancia de este informe, que le ha salido rana al PP, no es solo por el balón de oxígeno que han recibido los promotores de esta ley por parte de estos juristas europeos. También hay otra consecuencia inesperada: el informe ha sido clave para desbloquear el acuerdo entre PSOE, ERC y Junts. 

La Comisión de Venecia ha servido para construir la pista de aterrizaje que el Gobierno y los independentistas necesitaban para lograr un acuerdo en que ninguna de las dos partes quería dar su brazo a torcer. 

Repasemos las posiciones previas para entenderlo mejor.

El PSOE no quería una ley de amnistía que incluyera el delito de terrorismo: aseguraban que hacerlo así complicaría su validación en Europa. Mientras que Junts no quería aceptar una ley que dejara fuera a una parte de los imputados por el procés, empezando por su líder, Carles Puigdemont, al que el Tribunal Supremo ha decidido procesar por “terrorismo”. 

¿La solución? En gran medida sale de este informe que encargó el PP. Que dice dos cosas muy relevantes sobre el terrorismo, el principal escollo de la negociación.

La primera, que los delitos de terrorismo también se pueden amnistiar, siempre que se cumpla con el criterio de que se excluyan aquellos actos que violen gravemente los derechos humanos. 

La segunda, que la Comisión de Venecia valora “positivamente” que el proyecto español de ley de amnistía deje fuera cualquier posible violación graves de los derechos humanos, específicamente el terrorismo.

La clave está en esta frase del informe: 

“La Comisión subraya que los límites bajo el derecho internacional se relacionan con violaciones graves de los derechos humanos, que no son necesariamente los mismos que los delitos graves bajo el derecho interno

Traducido: no es lo mismo el terrorismo para el derecho internacional que para el derecho español. Y en esta frase los negociadores encontraron la solución: dejar el terrorismo fuera, como quería el PSOE y valora la Comisión de Venecia, pero ligar la definición de qué es terrorismo a lo que establece el derecho internacional. Concretamente a la directiva europea, no al Código Penal español que, de tan interpretable, ha permitido al Supremo considerar un carrito portaequipajes como un artefacto “de similar potencia destructiva a los explosivos”, como te conté en mi carta del sábado pasado.

Porque es muy cuestionable que Carles Puigdemont y los demás imputados por las protestas de Tsunami Democràtic puedan ser condenados por un delito de terrorismo, incluso con la definición de este delito que figura en el Código Penal español. Hasta Feijóo así lo admitió ante un grupo de periodistas. Pero lo que es seguro es que ninguno de los hechos que ocurrieron en el Aeropuerto de El Prat durante las protestas contra la sentencia del procés entran en lo que la directiva europea considera como terrorismo. 

“Gracias al Partido Popular y al Senado por pedir este informe. Gracias de corazón”, ha llegado a bromear el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no ha querido disimular su euforia por un acuerdo del que, en gran medida, dependían los Presupuestos y toda la legislatura. 

Ir a Europa y salir trasquilados. Y no es la primera ocasión en que a la derecha le ocurre algo así. Es casi ya una tradición.

Víctimas de su propia propaganda, en el PP hace tiempo que repiten un mantra que simplemente no es verdad: que Europa frenará al malvado Pedro Sánchez, el nuevo Viktor Orbán, un aprendiz de dictador. La realidad dista mucho de esta ensoñación. Dijeron que la amnistía provocaría la congelación para España de los fondos europeos. No pasó. Que esta ley la frenaría la Comisión. Tampoco ocurrió. Que sería el comisario de Justicia, que tampoco se mojó. 

Ahora confían en que será la Justicia europea quien tumbará la ley de amnistía. Y de nuevo dudo que vaya a pasar. 

Lo más probable es que la ley se publique en el BOE y entre en vigor a finales de mayo –tras el retraso que el PP forzará en el Senado–. A partir de ese momento, el Supremo y los demás tribunales con casos afectados por la amnistía presentarán una cuestión prejudicial ante la Justicia europea. 

Sin duda esto retrasará la entrada en vigor definitiva de la ley. Otra cosa es que, a largo plazo, la vía europea les vaya a funcionar. 

La estadística reciente es bastante clara, y el informe de la Comisión de Venecia es un ejemplo más. Casi siempre que los jueces y juezas de fuera de España han tenido que tomar decisiones sobre los imputados por el procés, han fallado en contra de lo que defendía la Justicia española. Por eso Puigdemont sigue siendo eurodiputado y puede moverse por media Europa con libertad, a pesar de que ha sido detenido en varias ocasiones. Porque distintos jueces de Alemania, de Italia y de Bélgica se han negado a su extradición.

Por eso también han podido moverse por Escocia y por Suiza otros líderes independentistas buscados por la Justicia española. Los jueces y fiscales de estos países tampoco han visto lo que ocurrió en el procés con la misma visión que los españoles.

Todo esto es muy sencillo de explicar: más allá de los Pirineos, casi nadie entiende que lo que pasó en el procés catalán, aún siendo grave, se condene con unas penas de cárcel superiores a las de un asesinato, o de un atentado terrorista de los de verdad. Es incomprensible para cualquier jurista que vea este asunto con algo de distancia. Por eso en Europa les ha ido mal. 

Por eso también hay tantas posibilidades de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés catalán sea tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, si la sentencia aguanta en Europa será, precisamente, por los indultos y la amnistía: porque para cuando se pronuncie este tribunal ya no quedará nadie en la cárcel por esta sentencia. Si aún hubiera presos en la cárcel por el procés, es muy dudoso que un tribunal europeo lo fuera a tolerar.  

Por eso mismo también es muy improbable que la Justicia europea anule la ley de amnistía, como espera la derecha. Pero eso no significa que muchos jueces españoles –que llegaron a manifestarse contra la ley antes siquiera de conocerla– vayan a aceptar pacíficamente el mandato del Parlamento. Es seguro que darán la batalla. 

Ya ha habido incluso reuniones secretas importantes de magistrados y algunos abogados conservadores con la premisa del “no pasarán”: confabulados para hacer todo lo posible para evitar que la ley de amnistía se llegue a aplicar. 

Son los mismos que dan lecciones sobre la separación de poderes. Y que se niegan a lo más básico en democracia: aceptar que las leyes las hace el Parlamento, que es donde reside la soberanía popular. 

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas un buen fin de semana, y gracias por tu apoyo a elDiario.es. 

España, unidad y Constitución. Ese es el resumen del discurso que ha pronunciado esta noche Felipe VI en su tradicional mensaje de navidad, con claras referencias a la amnistía –“fuera de la Constitución no hay ley, sino arbitrariedad”–, aunque sin nombrarla, y recados al Gobierno: “Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde”. A diferencia de otras intervenciones en Nochebuena, el monarca no se ha detenido en ninguna otra cuestión, como en asuntos de índole económica, y no ha hecho ninguna mención a la masacre de Gaza.

Durante los casi 12 minutos que ha durado su intervención, el rey ha pronunciado más de una decena de veces las palabras Constitución y España. Al inicio, ha despachado “las dificultades económicas y sociales” en un único párrafo, donde se ha referido al empleo, la sanidad, la educación, la violencia contra la mujer o el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Pero Felipe VI solo ha listado esos problemas que son “una preocupación para todos”, sin ahondar en ninguno de ellos. El monarca ha expresado su intención de centrar su mensaje de este año en España y en la Constitución desde el inicio, y a ello ha dedicado las cinco páginas de su discurso, con claras referencias a la amnistía.

La carta magna, que este año ha cumplido 45 años, como ha recordado el rey, es para el monarca “el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles”, y ha añadido que esa convivencia está basada en “sentimientos compartidos y en la búsqueda del bienestar común y la prosperidad de todos”.

Al inicio de su discurso ha recordado que “todos los ciudadanos tienen derecho a pensar, a expresarse y a defender sus ideas con libertad y respeto a los demás”, pero ha asegurado que “la democracia también requiere unos consensos básicos”, y se asienta sobre valores como “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así, el rey ha dedicado una buena parte de su intervención a ensalzar la Constitución, “el mayor éxito político de nuestra historia reciente”, y que ha permitido a España “construir y consolidar una democracia plena, abierta e integradora, un Estado social y democrático de derecho”. “Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi cinco décadas”, ha añadido.

En su intervención, Felipe VI también ha destacado que la Constitución es la norma que permite “recibir una educación, tener un empleo o protegerse de una enfermedad”, así como “acceder a una vivienda, formar una familia, contar con una ayuda social o disponer de un retiro digno”.

El rey también ha aludido a que la Constitución ha ayudado a “superar diversas y graves crisis en los últimos años”. Esta última frase hace referencia al referéndum del 1-O, tras el que Felipe VI dio uno de sus discursos más duros, cuando dijo que Carles Puigdemont había cometido “una deslealtad inadmisible a los poderes del Estado”.

Ahora, con la amnistía al propio Puigdemont y al resto de encausados por el 1-O sobre la mesa, el rey hace una defensa de la Constitución y una dura crítica a la medida de gracia, aunque no la llega a nombrar explícitamente en ningún momento.

Fuera de la Constitución “no hay ley sino arbitrariedad”

“Fuera de la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley sino arbitrariedad”, ha afirmado el rey en clara referencia a la amnistía, para proclamar que fuera de la Constitución no hay “una España en paz y libertad”.

“Junto a la Constitución, España”, ha dicho el monarca, que ha ensalzado la unidad de los españoles en torno a diversos aspectos, también cuando ha sido necesario, ha dicho, defender los valores constitucionales “cuando estos han estado en cuestión o se han puesto en riesgo”. “La razón última de nuestros éxitos y progreso en la historia reciente de España ha sido precisamente la unidad de nuestro país”, ha añadido.

Esa unidad, sostiene Felipe VI, será la “clave para que podamos afrontar con éxitos los serios y complejos retos de futuro a los que España se enfrenta hoy”. Y es en ese punto cuando el rey ha hecho mención a la separación de poderes y ha hecho una llamada a la responsabilidad “de las instituciones”.

“Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala”, sostiene el rey.

“Debemos también respetar a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Y finalmente debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país”, ha añadido el monarca, en un momento en el que gran parte del poder judicial se encuentra enfrentado al Gobierno por la amnistía.

“Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos”, ha dicho el rey antes de proclamar que “España seguirá adelante”. “Los haremos juntos, conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como nación. En ese camino estará siempre la Corona; no solo porque es mi deber como rey, sino también porque es mi convicción”, ha concluido Felipe VI, antes de desear feliz Navidad en las lenguas oficiales.

Sin mención a ningún otro asunto

El rey, en contra de lo que viene siendo habitual, no ha hecho mención a ningún otro asunto que no sea la Constitución y la unidad de España en su discurso. En el de hace justo un año, por ejemplo, hubo espacio para referirse a la inflación que provocaba “importantes sacrificios personales y familiares”, a la crisis energética o a diversos problemas económicos. También se refirió a la presidencia española de la UE: “Estoy seguro de que el compromiso de España [con Europa] quedará reforzado con la Presidencia rotatoria de la Unión que asumirá el año que viene”.

Además, su discurso de 2022 estuvo dedicado en buena parte a la invasión de Rusia a Ucrania. El rey se pronunció a favor de la unidad “de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania” y enalteció los principios de “un orden internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz”.

Este año no hay mención a la guerra en Ucrania, pero tampoco a la invasión israelí en Gaza. Cuando la cifra de muertos en la Franja ha alcanzado los 20.000 y con 577.000 personas en esa región sin reservas de alimentos, según la ONU, el rey no ha hecho alusión alguna a ese conflicto en todo su discurso. Solo ha pronunciado la palabra “paz” una vez y ha sido en referencia a España y a la Constitución.

ERC y Junts han descartado votar a favor de una ley para un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Los dos grandes partidos independentistas, protagonistas del procés en la última década, se han desmarcado este jueves de una moción de la CUP en el Parlament que proponía volver a celebrar un referéndum de autodeterminación unilateral y comenzar a elaborar una ley para darle cobertura. 

En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, y el mismo día en que Junts ha cerrado su acuerdo con el PSOE —ERC lo hizo la semana pasada—, los republicanos y los posconvergentes han optado por abstenerse ante la propuesta de la CUP, que se ha quedado sola defendiéndola con sus 9 diputados. PSC, Vox, Comuns y PP han votado en contra. 

Tanto ERC como Junts han argumentado durante sus respectivas intervenciones que se oponen a la moción porque ya se aprobó y aplicó una ley de referéndum en 2017 para hacer posible la votación del 1-O, que ambos defienden como vigente. Tampoco ha gustado a los republicanos que la moción de la CUP parta del Acuerdo de Claridad impulsado por el Govern de Pere Aragonès, cuyo Consejo Académico señaló los referéndums como una de las soluciones propuestas internacionalmente para conflictos como el catalán.

El diputado de ERC Jordi Orobitg ha criticado la propuesta por considerarla “descontextualizada”. “Tenía su razón de ser en 2017, podría tenerla en el futuro, pero hoy no es así”, ha expresado. El republicano ha defendico que deben seguir otros caminos para alcanzar un referéndum vinculante y reconocido, entre ellos el proceso de negociación abierto la legislatura pasada con el Gobierno central y su “continuidad” con el acuerdo de investidura. 

Por parte de Junts, Mònica Sales ha lamentado que “cada uno tire per su lado” y ha insistido en que para ellos sigue vigente el 1-O. “Desde su validez y su vigencia siempre hemos dicho que solo aceptaremos un referéndum acordado con el Estado y validad internacionalmente para sustituirlo”, ha añadido.

La CUP no escondía con su presentación de la moción en plenas negociaciones de investidura de Pedro Sánchez que temen que ERC y Junts renuncien a la autodeterminación. “Celebramos la amnistía, pero vemos que la autodeterminación ha caído de la ecuación en los acuerdos”, ha criticado la diputada cupaire Montse Vinyets. “Es naif pensar que el Estado aceptará reconocer este derecho si no están obligados a ello”, ha advertido. 

El texto presentado por la CUP incluía cuatro puntos. La constitución de una ponencia redactora conjunta para elaborar la proposición de ley de referéndum para realizarlo durante la actual legislatura, que hace falta actuar con “más soberanía” y “más allá de los límites constitucionales” en la garantía de los derechos sociales, la solicitud a instancias internacionales de la necesidad de resolver “democráticamente” el conflicto y, por último, iniciar los trabajos y debates necesarios posteriores a la redacción da ley para celebrar el referéndum.

El PSC se ha “congratulado”, en palabras de su diputado Ferran Pedret, de la decisión de Junts y ERC. “No pedimos que renuncien a sus objetivos y a sus ideas, pero sí celebramos que en esta ocasión evitemos la segunda vuelta de la historia en forma de farsa”, ha declarado el socialista. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene su mandato caducado desde hace casi cinco años, debatirá este lunes en un pleno extraordinario si aprueba una dura declaración institucional contra una ley de amnistía de la que todavía no se conoce su contenido. La propuesta parte de ocho vocales elegidos en 2013 a propuesta del Partido Popular, que forzaron la celebración de una sesión con ese único punto en el orden del día.

El debate se celebrará en medio de un clima de gran división interna entre unos vocales que arrastran el desgaste de casi un lustro de interinidad por el bloqueo a la renovación impuesto por el PP desde 2018. Hasta este domingo, todo apuntaba a que la decisión final estaría en manos de alguno de los dos miembros del ala conservadora que no habían firmado el escrito al contar, a priori, con el rechazo en bloque del minoritario sector progresista. Contando con la asistencia de los 16 miembros del pleno, la declaración requería nueve votos para salir adelante. Pero el órdago del progresista Álvaro Cuesta, que sostiene que no acudirá al pleno al considerarlo “ilegal”, rebaja el quórum, lo que facilitaría que esa declaración saliera adelante sólo con los votos de sus proponentes, del bloque conservador, coinciden las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. 

Se trata del considerado núcleo duro, que en los últimos años ha mantenido una posición especialmente beligerante contra el Gobierno de coalición. Su último movimiento pasa por intentar que la institución más importante del tercer poder del Estado haga un severo pronunciamiento contra la despenalización del procés que negocian desde hace semanas el PSOE y los partidos independentistas. La declaración no tendría ningún efecto práctico, pero sí un innegable eco mediático. Y, sin duda, sería utilizada por PP y Vox en sus apocalípticas predicciones sobre el futuro de España y la democracia si el acuerdo de investidura finalmente se consuma.

No se espera, en todo caso, que ninguno de los seis miembros del minoritario sector progresista vote a favor. Aunque hay matices entre sus miembros, la opinión mayoritaria en este grupo es que no compete al órgano de gobierno de los jueces hacer pronunciamientos sobre una iniciativa legislativa que ni siquiera se ha presentado. No obstante, es una incógnita si alguno de los miembros de este bloque seguirá el planteamiento de Cuesta, que sostiene que no debería acudir ninguno de los vocales elegidos en su día a propuesta de PSOE y PNV y que, de esa manera, la reunión quedaría suspendida por falta de quórum. 

“No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013, puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023”, recoge el escrito que este vocal envió el domingo por la mañana al presidente del órgano y en el que solicitaba la “desconvocatoria” del pleno, que considera “improcedente e ilegal”. Y le comunicaba, además, que si la cita se mantenía él no asistiría. A última hora del día, el presidente le contestó con otro escrito en el que rechazaba su petición.

No obstante, otros vocales progresistas defienden que su obligación es acudir y confrontar los argumentos de los proponentes, lo que descarta, en principio, la posibilidad de que la sesión no se constituya por falta de quórum. “La propuesta es infumable, pero hay que estar y defender allí una posición. Nos legitima más actuar conforme a una institución seria”, dice otro vocal. 

Los otros dos miembros del sector conservador que no han firmado la petición son el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea y el presidente interino, Vicente Guilarte. Este último es muy cercano a la familia de Mariano Rajoy. Además, uno de sus principales clientes en su profesión de abogado —que ha tenido que dejar en suspenso tras ser nombrado presidente del órgano— ha sido el Colegio de Registradores, donde fue alto cargo uno de los hermanos del expresidente del Gobierno. Estas circunstancias llevan a algunos vocales a considerar que finalmente se sumará a la declaración, aunque la mayoría de consejeros creen que mantendrá una postura institucional y no dará su apoyo a la iniciativa. 

El posicionamiento de estos dos vocales ha provocado, en el pasado, el fracaso de votaciones promovidas por este mismo núcleo duro en cuestiones controvertidas. En noviembre del año pasado, no lograron el respaldo del pleno para que el órgano hiciera un informe sobre la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición. Entonces, votaron en contra los ocho miembros que tenía en ese momento el sector progresista y Guilarte, mientras que Olea votó en blanco. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561.1 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esa reforma se planteó como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo. Es la misma fórmula que previsiblemente se utilizará para tramitar la hipotética ley de amnistía, una cuestión que también genera enorme suspicacia en el bloque conservador. De hecho, es uno de los elementos a los que aluden para justificar la pertinencia de que el CGPJ “emita su opinión mediante una declaración institucional”, pues esa vía elude su función consultiva. 

Año y medio antes, en abril de 2021, tampoco había salido adelante la propuesta de parte del bloque conservador de impugnar ante el Tribunal Constitucional la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones. En ese momento votaron en contra todos los progresistas, el expresidente Carlos Lesmes —que dimitió en octubre de 2022— y tres de los vocales elegidos por el PP: Olea, Guilarte y en esta ocasión también se unió José María Macías, que sí está entre los promotores de la declaración contra la eventual amnistía. No obstante, Macías votó en contra al considerar que la propuesta de presentar un conflicto de atribuciones ante el tribunal de garantías “se quedaba corta”, según el voto particular concurrente que publicó ABC.

“Abolición del Estado de derecho”

Ahora estará sobre la mesa un texto que acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y que afirma que la medida de gracia supone la “abolición del Estado de derecho”.

Consultados por elDiario.es, algunos de los vocales que firman la propuesta reconocen que se refieren a una norma de la que no conocen su contenido. No obstante, consideran que su movimiento está justificado desde el momento en el que Sánchez argumentó que la amnistía es la única forma de “no dar una segunda oportunidad a Feijóo y Abascal”. También aludió, no obstante, a la “convivencia entre españoles” y la necesidad de cerrar la fractura causada por el procés. 

La propuesta de declaración afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Considera, además, que la amnistía es inconstitucional, obviando el hipotético pronunciamiento que pueda hacer en su día el Tribunal Constitucional, la instancia que tendrá la última palabra sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont se han reunido este lunes en una sala con una fotografía de gran tamaño en la que un grupo de jóvenes levanta una urna durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Esta fotografía fue retirada recientemente por el Parlamento Europeo por ir en contra de las normas de la institución comunitaria.

En las imágenes difundidas por PSOE y Junts, tanto en vídeo como en foto, no se ve el cuadro con la fotografía completa. Al enfocarse solo una parte del mismo no se ve la urna, aunque la fotografía corresponde al cuadro denominado 'Contribución de Cataluña al progreso social y político de la UE'.

La reunión ha tenido lugar en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo, según han informado fuentes de ambos partidos. Además del número 'tres' del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez, y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno.

En la pared donde se encontraban Puigdemont y Turull estaba este cuadro, que se corresponde a una fotografía de grandes dimensiones, que se tomó durante el 1 de octubre de 2017 en Catalunya y en la que varios jóvenes levantan una urna con sonrisas.

Retirada por el Parlamento Europeo

En septiembre, el Parlamento Europeo decidió retirar esta imagen de una exposición instalada en su sede de Bruselas, tras constatar que la fotografía fue incluida con posteridad a que la muestra fuera actualizada y que va en contra de las normas de la institución comunitaria.

Los servicios de la Eurocámara decidieron reevaluar la situación de la imagen tras constatar la irregularidad, aunque después también llegaron “varias quejas” avisando de que esta instalación mostraba una imagen de una de las urnas utilizadas durante el 1-O, entre ellas, una denuncia presentada por la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara a través de una carta al Colegio de Cuestores por considerar que “avala el referéndum inconstitucional organizado en Cataluña en 2017”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado el acto institucional del Día de la Policía Nacional para recordar “el mal recuerdo” que le trae el 1 de octubre, día en el que hace seis años se celebró una consulta unilateral en Cataluña. “Hoy es un día que conviene celebrar por el interés del conjunto, no sólo por el Cuerpo Nacional de Policía, aunque especialmente por los méritos que acumula y por el reconocimiento que es debido”, ha apuntado el presidente regional durante su intervención.

“Probablemente” --ha dicho-- también “había motivos” para haberlo celebrado el 1 de octubre, una fecha que, según ha reconocido, le trae “muy mal recuerdo en general”. Pero también en ese momento, ha reconocido, la Policía Nacional estuvo desarrollando sus funciones en el cumplimiento y en la vigilancia del resto de los derechos de los ciudadanos del conjunto del país, de manera que, ha subrayado García-Page, “todos los días son un poco 2 de octubre”.

De otro lado, el presidente castellanomanchego ha rechazado la idea de que la región pueda crear una policía autonómica como existe en otras comunidades. “Bajo ningún concepto. Estoy encantado, pero no yo, lo está la gente”, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con la Policía Municipal.

“¿Me puede molestar más o menos que otros lo tengan? No, es una decisión que se ha tomado en este país. Lo que sí quiero dejar muy claro que no tenemos complejos”, ha manifestado García-Page.

“Pluralidad, bien, pero la pluralidad en la unidad”

Dicho esto, ha comentado que “hay gente en España que piensa que defender lo singular, que enfatizar las diferencias, es lo más avanzado, lo más moderno”, sin embargo --ha proseguido el presidente-- “la diversidad es riqueza en un país si esa diversidad no se enfrenta a lo que tenemos en común, es decir, que está bien que nosotros seamos de la Mancha, y un gallego gallego, si eso no es un problema”, como no es un problema que se hable un idioma u otro.

“El problema no es ese, el problema está en si se utilizan las cosas no para que sean riquezas sino para confrontar o para minimizar lo que tenemos en común, y es ahí donde me tendrán siempre en una posición absolutamente clara. Pluralidad, bien, pero la pluralidad en la unidad. La pluralidad significa también poner en común aquello que nos une, y nos unen muchas cosas”, ha zanjado.

El expresidente de la Generalitat y presidente del Consell de la República, Carles Puigdemont, ha erigido este domingo el 1-O como el “nervio” que debe determinar la acción política para lograr la independencia. Lo ha proclamado durante un acto unitario de las entidades soberanistas para conmemorar el sexto aniversario del referéndum de 2017 y que ha reunido a unos 4.500 asistentes.

“La fórmula existe, y solo nos tenemos que decidir a aplicarla. Lo tenemos en nuestras manos, pero depende de nuestra voluntad porque la capacidad la hemos y la habéis demostrado. Tenemos que hacer lo posible no para una dispersión, sino para una confluencia de voluntades por la independencia para que el 1-O sea el nervio que determine la acción política”, ha apuntado.

Puigdemont, que no ha hecho referencias explícitas a la negociación con el PSOE para investir a Pedro Sánchez, pero sí ha proclamado que el independentismo no puede “malvender los puntos cardinales” de aquella movilización “buscando salidas personales”. Así, ha añadido que la independencia se culminará “con más autoestima, lo que no significa ausencia de autocrítica, con más empatía, lo que no significa comprensión absoluta, y con más convencimiento” de lo que el pueblo catalán es capaz de hacer, lo que no debe llevar a ignorar carencias y límites.

El acto unitario, convocado por entidades como ANC, Òmnium o el sindicato Intersindical, ha congregado a todos los partidos y entidades independentistas y ha agrupado a unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana. Una vez finalizadas todas las intervenciones, sobre las 19.30 horas, los organizadores han animado a los concentrados a manifestarse desde la plaza Catalunya hacia el Paseo de Gracia, para poder confluir con la manifestación convocada por los CDR que se prevé que acabe ante el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia.

Discrepancias entre la ANC y Òmnium por la amnistía

Dolors Feliu, presidenta de la ANC, ha centrado gran parte de su intervención en cargar contra una posible amnistía a los encausados del procés y ha argumentado que el independentismo “no debe querer ser perdonado”. De hecho, ha afirmado que es “una trampa” del Estado para “ahorrarse” una posible sentencia del TEDH. Para la ANC, la amnistía debe ir ligada “al reconocimiento de Catalunya y su libertad y al derecho a la autodeterminación”. “Si no es así, será una amnistía trampa y lo único que hará es blanquear a España”, ha advertido su presidenta.

Por su parte, Òmnium ha hecho el discurso contrario y ha reivindicado la necesidad de una amnistía para “forzar el Estado a afrontar democráticamente el conflicto político” y para “poner el derecho a la autodeterminación en el centro”. “Queremos forzar el Estado a enmendarse y reconocer que las 1.500 personas condenadas, juzgadas y sancionadas no han cometido ningún delito”, ha manifestado Antich. Esta idea, sin embargo, no ha sido bien recibida entre parte del público, que ha respondido con silbidos y gritos de “amnistía no”.

Durante su intervención, Antich también ha expresado que hay que trabajar para “volver a tener articulada toda la fuerza de la gente” y ha rechazado que se siga “erosionando la fuerza del movimiento y regalando al estado la ventaja y la exhibición continua de discrepancias”. “En Òmnium continuaremos vertebrando mayorías y fortaleciendo el movimiento para ganar, porque sin eso no saldremos adelante”, ha explicado.

La AMI reclama “no dar más alcaldías al unionismo”

El presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Gaseni, ha subrayado que es “imprescindible” que vuelva a hacerse política nacional desde los municipios y ha criticado la política de pactos que ha habido en algunos ayuntamientos. “Pido que no volvamos a dar más alcaldías al unionismo, hagamos el favor. El independentismo debe seguir siendo fuerte desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande”, ha reclamado.

Gaseni también ha aprovechado para realizar un llamamiento a la unidad del independentismo y ha defendido que hay que “cuidar la cohesión del movimiento”. El presidente de la AMI ha animado a seguir “luchando” y dando “pasos firmes” hacia la independencia y ha afirmado que hay que “volver a tener la fuerza que el pueblo catalán ejerció” el 1-O.

Entre los convocantes del acto unitario también se encuentra la Intersindical-CSC, que ha reivindicado su papel en otoño de 2017 para “poner todas las herramientas al servicio de las clases populares del país”. “Plantamos cara al 155 desde los centros de trabajo y junto a los represaliados”, ha asegurado el secretario general de la I-CSC, Sergi Perelló. Además, también ha dicho que ahora es necesario “volver a unir los esfuerzos” para seguir “construyendo una república independiente”.

Seis años han transcurrido desde el 1-O en Catalunya y el referéndum de autodeterminación sigue marcando la actualidad catalana. En plenas negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vuelto a insistir en que sus demandas son la amnistía y el referéndum. Este último, ha advertido, “se sitúa en el centro de la resolución del conflicto”. 

En una declaración institucional desde la localidad de Fonollosa, en la que hubo cargas de la Guardia Civil durante el 1-O, Aragonès ha remarcado que “si el Gobierno quiere resolver el conflicto debe escuchar la demanda amplia, transversal y mayoritaria de la ciudadanía de Catalunya”. Asimismo, ha añadido que deben usar “toda la fuerza” en la negociación para alcanzar el objetivo de la autodeterminación. 

Después de aprobar ERC y Junts en el Parlament una resolución que condiciona la investidura al referéndum, y que no ha gustado nada entre los socialistas, el president ha celebrado una sintonía con los de Carles Puigdemont que hacía años que no se daba. “Esta posición conjunta nos insta al Govern a ponernos al frente y llevar a cabo las acciones oportunas” para alcanzar un “nuevo referéndum cuyo resultado sea respetado e implementado”, ha proclamado el president.

Puigdemont pide no “deslegitimar” el 1-O

Puigdemont, por su parte, ha reclamado “volver a la fórmula original”. Esta fórmula, ha añadido, es “la que nos hace ganadores y nos permite sostener la posición frente a una España que nunca ha abandonado su fórmula original”. En una publicación en X este domingo, el expresidente de la Generalitat ha reivindicado que esa votación fue posible “gracias a la unidad política, al liderazgo de las instituciones ya la movilización civil, democrática y no violenta”. 

En su mensaje, Carles Puigdemont ha señalado: “Hay quien, para hacerse remarcar, ha intentado desacreditar y deslegitimar el 1 de octubre”. Y en este sentido ha alertado: “Pero estaremos alejándonos de la fórmula con la que ganamos el 1 de octubre”. El expresidente sostiene que con el 1-O el independentismo “rompió la continuidad histórica entre el régimen impuesto por la Nueva Planta” impuesto por Felipe V “y todo lo que ha venido después” con Felipe VI.

La ANC pide declarar la independencia

A la espera del acto convocado esta tarde por distintas entidades soberanistas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organizado una manifestación que ha ido de la plaza Urquinaona a la de Sant Jaume. La presidenta de la entidad, Dolors Feliu, ha instado a declarar la independencia en el Parlament el mismo día que el Congreso apruebe la amnistía. “Si no se atreven, elecciones”, ha declarado. 

Feliu ha centrado sus críticas en los partidos independentistas. “¿Por qué en la resolución que se ha aprobado [en el debate de política general del Parlament] no sale la palabra independencia? ¿Dónde están nuestro Parlament y nuestros representantes?”, preguntó la dirigente. Y ha añadido: “Me parece que están en el Congreso negociando no sé qué. Que vengan aquí, porque la independencia debe hacerse aquí; en el Parlament y no en el Congreso”. Además, alertado de que, sin reconocimiento de la autodeterminación, la amnistía será una “trampa para blanquear al Estado español”.

“No queremos más supuestos momentos históricos, ni pactos históricos”, ha cargado la presidenta de la ANC. “Lo único que queremos es la independencia. Ni pacto histórico, ni 'mandanga' histórica”, ha concluido. La manifestación se ha parado frente a la comisaría de Via Laietana, donde el centenar de asistentes ha lanzado urnas en miniatura y papeletas del referéndum. Los activistas también han tirado los retratos de Pedro Sánchez, Felipe VI, Mariano Rajoy y el juez Manuel Marchena a un contenedor quemado.