El rechazo a la convalidación de los dos reales decretos-ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, orquestado este viernes con los votos en contra de Junts, el Partido Popular y Vox, no es un simple desacuerdo sobre política habitacional. Tras la caída de estas medidas —vendidas institucionalmente como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal—, se esconde una maniobra política de mucho mayor calado. Estamos ante una venganza política consumada, un ajuste de cuentas diseñado milimétricamente desde Waterloo. Carles Puigdemont, obligado al exilio durante nueve años a raíz de la represión del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ha hecho morder el polvo al Gobierno de Pedro Sánchez, al ser coautor el PSOE, junto al PP, de la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución Española.

Pero reducir este episodio a una vendetta personal sería un error de análisis. Lo que ha caído con los decretos no es solo un paquete de medidas habitacionales, sino la máscara de una legislatura que nació herida de muerte. Para comprender la magnitud de este jaque, debemos retroceder a la génesis de esta legislatura y, más atrás aún, a las contradicciones no resueltas del régimen de 1978. La Transición no fue una ruptura democrática, sino un reformismo, con una transformación desde arriba que preservó intactos los privilegios de la oligarquía, de la Iglesia Católica, los aparatos de poder —judicial, policial, militar— heredados del franquismo, mientras integraba a las élites políticas de la oposición en un nuevo consenso constitucional, bajo una monarquía instaurada por la dictadura franquista. Ese pacto, sin embargo, dejó sin resolver la cuestión nacional catalana y vasca, y consagró un Poder Judicial que nunca ha dejado de ser un reducto de la reacción. La crisis actual no es sino la erupción de esas contradicciones largamente reprimidas. No estamos ante un accidente parlamentario, sino ante una crisis orgánica del régimen: la clase dominante ha perdido su capacidad de ejercer la hegemonía, y el Estado se descompone por momentos.

Los siete escaños de Junts, surgidos de las elecciones generales de 2023, fueron la llave esencial para la investidura de Pedro Sánchez. La condición innegociable: la ley de amnistía. Sin embargo, el camino hacia el olvido penal se ha topado con la resistencia numantina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mediante lo que no pocos juristas califican de subterfugios legales propios de un lawfare, el Supremo ha obstaculizado sistemáticamente la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, especialmente en lo referente al delito de malversación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que no existió malversación de fondos europeos en el procés. Luxemburgo rechazó que la protección de los intereses financieros de la Unión, prevista en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pueda extenderse a perjuicios exclusivamente nacionales mediante conexiones hipotéticas o indirectas. La sentencia del TJUE de julio de 2026 impedía mantener el segundo de los dos motivos esgrimidos por el juez Llarena para denegar la amnistía: el de la afectación a los intereses financieros de la UE. El magistrado del Supremo admitió que no se gastaron fondos europeos, pero se aferró al otro argumento —el supuesto beneficio personal patrimonial— para mantener la orden de detención contra Puigdemont. Esa argucia es la que ahora queda desmontada por el Tribunal Constitucional.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto por escrito lo que buena parte de la doctrina venía señalando desde 2024: que el Supremo sostiene, dentro de un mismo procedimiento, dos tesis que no pueden ser ciertas a la vez. El borrador de ponencia para resolver el recurso de amparo de Dolors Bassa aprecia una contradicción «flagrante e insoluble» y una «quiebra de racionalidad inconciliable» en la doble lectura del Supremo. El texto aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y sostiene que en los hechos por los que Bassa fue condenada concurren los presupuestos que los sitúan dentro del ámbito de aplicación de la amnistía. Conde-Pumpido ha asegurado que la doctrina del Constitucional sobre la amnistía será «vinculante» y «clara» para que la aplique el Tribunal Supremo. Ha advertido que trasladará «inmediatamente» la decisión del TC que desatasca el regreso de Puigdemont. Y ha denunciado que las resoluciones del Supremo incurren «en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables». No es casual que sea el poder judicial —ese aparato que la Transición dejó intacto— el que se resista a la amnistía. La magistratura conservadora opera aquí como un intelectual orgánico de la reacción, defendiendo los intereses de las fracciones de clase que no aceptan la más mínima concesión al soberanismo catalán.

Con la garantía de que el Tribunal Constitucional amparará finalmente a los soberanistas catalanes y con el aval de la justicia europea ya materializado, Puigdemont ha decidido que era el momento de ejecutar su estocada. Ernesto Ekaizer lo ha anticipado con claridad: «Llarena y Marchena se han rendido; a partir del 15 de octubre, Puigdemont podría volver a Cataluña sin ser detenido». El periodista señala que, una vez el TC resuelva el primer recurso —el de Jordi Turull—, Llarena deberá archivar todas las causas y caerá la orden de detención contra el expresident. «Seguramente, ahora ya les interesa más que Puigdemont vuelva; así crean tensión en los medios y se aseguran que su retorno se resolverá antes de que Feijóo sea presidente», señala Ekaizer. La foto del retorno de Puigdemont con el Estado español en una quiebra del régimen del 78 será el trofeo de una venganza consumada.

Durante las últimas semanas, Junts ha mantenido una estrategia simuladora. Ha participado en aparentes negociaciones con el Ministerio de Vivienda, incluso logrando introducir exigencias propias y que se partiera en dos la normativa original. El texto final tenía una impronta de Junts que algunas fuentes del Gobierno cifraban incluso en un 80%. El Gobierno incorporó medidas de Junts y PNV para los propietarios, incluyendo deducciones fiscales de hasta el 100% del impuesto sobre el alquiler si el pequeño propietario suscribía un nuevo contrato bajando la renta más de un 5%. Se incluyeron garantías para los propietarios en caso de desahucios: si un procedimiento se suspendía por vulnerabilidad del inquilino, la administración competente debía asumir y compensar al propietario por los impagos de rentas. El Gobierno calculaba que las bonificaciones incluidas suponían unos 330 millones de euros que se ahorrarían los pequeños propietarios en su declaración de la renta.

Sin embargo, la intención subyacente siempre fue aprovechar el momento oportuno —en este noveno aniversario de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 y el inicio de la represión en Catalunya — para votar en contra y hacer colapsar al Ejecutivo español. La Ejecutiva Nacional de Junts anunció, precisamente en el 1 de octubre de 2026, su voto en contra y pidió al PSOE que retirase las dos normas. La portavoz, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de «engañar a la gente» y de darle una «falsa esperanza». «Hay que decir la verdad, sea cual sea el precio», proclamó Nogueras, criticando que los decretos no actuaban contra los fondos buitre y sí contra los pequeños propietarios. Pero la realidad es que la concepción propietarista de Junts —su defensa a ultranza del pequeño arrendador frente a las medidas de protección al inquilino— fue la coartada social perfecta para consumar la venganza. Junts no votó contra el decreto por su sesgo propietarista; utilizó su sesgo propietarista como excusa para votar contra el Gobierno. El informe interno de Junts calificaba el decreto de «trágala» y detallaba diez motivos para rechazarlo. El resultado fue una derrota parlamentaria sin paliativos: 172 votos a favor y 178 en contra en el primer decreto; 166 frente a 184 en el segundo. Los siete diputados de Junts fueron decisivos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, lo dijo sin ambages: «Sus intereses particulares putean a miles de personas». La prensa internacional habló de «sonora derrota» y de «profundización de la crisis política» para Sánchez.

Al tumbar los decretos, Puigdemont no solo castiga al PSOE. Contribuye de forma decisiva a colapsar al Gobierno, facilitando objetivamente la ofensiva reaccionaria de los aparatos judiciales, policiales, mediáticos y de la alianza PP-Vox. Y lo hace en un contexto de alta volatilidad, con la espoleta geopolítica de Ceuta activada y sin resolver. Porque Ceuta no es sólo un telón de fondo: es el incendio que Puigdemont aviva con su voto. Entre el 30 y el 31 de julio, entre 75.000 y 85.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos, una cifra equivalente a la práctica totalidad de su población censada (83.595 habitantes). El informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras concluyó que no fue un fenómeno espontáneo, sino una operación de «guiado activo de la masa» por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, calificada como «una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual». El documento no descarta que Marruecos «intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos». Una jueza española de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación formal; Marruecos lo niega y el Gobierno español apenas pide «repensar» la relación.

Pero la dimensión más grave de esta crisis es la humanitaria. Amnistía Internacional ha documentado, tras entrevistar a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo —entre ellas 31 menores y 26 mujeres, dos embarazadas—, un patrón sistemático de agresiones por parte de militares españoles que «según patrones internacionales, podrían definirse como tortura»: palizas, acoso, robo, destrucción de teléfonos, insultos, amenazas para abandonar Ceuta, humillaciones como obligar a musulmanes a arrodillarse para besar una cruz, y un «hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba». Un testimonio documentado describe cómo un migrante fue esposado, metido en un maletero, amordazado y golpeado contra un árbol antes de ser arrojado por un terraplén, quedando 25 días sin poder caminar. La organización ha tenido acceso a vídeos que muestran a militares encapuchados golpeando de noche a migrantes o rociándoles con espray irritante, y expulsándoles a la fuerza a Marruecos. En este escenario de crisis humanitaria, tensión diplomática y sospecha de agresión territorial, los motivos espúreos del voto de Junts cobran una gravedad inusitada. Es gasolina sobre el incendio. El expresident prioriza la venganza política y el cálculo electoral: ver pasar el cadáver del Gobierno español cuando, por fin, regrese a Catalunya, como líder del independentismo amparado por el Constitucional y ante un Supremo doblegado como actor político. Pero su venganza no se detiene en Sánchez. Puigdemont espera pacientemente a que el Partido Popular muerda el polvo. El otro coautor de la represión de 2017, el Partido Popular, será el siguiente en la lista. Quiere ver a Feijóo, también, bajo su dependencia política si no quiere cogobernar con el fascismo de Vox, si necesita de los votos de Junts para gobernar.

Toda esta crisis institucional encierra una lección pedagógica ineludible. Es cierto que el principal Real Decreto-ley que acaba de decaer era estructuralmente insuficiente. Hacía demasiadas concesiones al capital inmobiliario, premiaba fiscalmente al acaparador de viviendas, asfixiaba a los asalariados y pensionistas, a la vez que cubría las pérdidas de los propietarios mediante compensaciones con fondos públicos. Su única virtud era suponer un dique de contención legal, por mínimo que fuera, frente a la barbarie especulativa y la ofensiva reaccionaria. Sin embargo, su naufragio a manos de Junts demuestra que el marco parlamentario burgués tiene límites infranqueables. No se puede desmercantilizar la vivienda, ni asegurar una vida digna, sin confrontar de raíz con la sagrada propiedad privada; y esa tarea, históricamente, no cabe en la convalidación de un decreto-ley nacido de los pactos de pasillo. 

Frente a la miseria del cálculo electoral y el tacticismo político, se alza la única fuerza capaz de cambiar el tablero: la calle. Las mareas de cientos de miles de personas, las acampadas masivas, la desobediencia civil y el pulso inquebrantable del movimiento por la vivienda han demostrado cómo se pueden mover las posiciones políticas de los gobiernos en favor de las clases populares. Es imperativo que el contrapoder de la movilización popular destierre, de una vez por todas, estas intrigas y venganzas palaciegas burguesas. Quienes han tumbado estas medidas han jugado frívolamente con el techo de miles de familias para satisfacer sus vendettas políticas y expectativas electorales, allanando el camino al fascismo. Pero no seremos su daño colateral. Si el parlamentarismo burgués se ahoga en sus propias miserias, debe ser la autoorganización en los barrios, la huelga general y la fuerza constituyente de la clase trabajadora los que desborden los despachos y barran sus privilegios. A la decadencia de sus palacios, debemos oponer la firmeza implacable del contrapoder popular, favorecedor de un cambio en la correlación de fuerzas, con organización y permanencia, que arrebate a la burguesía su hegemonía, desarticule su bloque de poder y abra paso a la construcción de un poder popular capaz de disputar, desde abajo y desde la calle, la dirección de la sociedad y sus instituciones. No para administrar el Estado tal como está, sino para transformarlo de raíz. República, Socialismo y Derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El juicio en la Audiencia de Barcelona contra cuatro policías nacionales antidisturbios por mutilar el ojo a Roger Español durante el referéndum del 1 de octubre ha quedado este viernes al mediodía visto para sentencia después de cuatro sesiones. La fiscalía y las defensas, ejercidas por un abogado privado y la Abogacía del Estado, siguen pidiendo la absolución de los agentes; mientras que las acusaciones (la particular, Irídia, Òmnium y ANC) piden entre 12 y 13 años de cárcel por lesiones dolosas graves y torturas.

En el último día del juicio, ha sido el turno de la fiscalía y las defensas para presentar sus informes. El ministerio público ha dicho que la policía puede causar “lesiones graves” si su actuación “se ajusta a la norma”.

En su informe final, la fiscal Alexandra García Tabernero ha asegurado que el juicio de estos días no va de cuestiones políticas o morales, ni de la amnistía o la prohibición de las bolas de goma, sino que se juzga una actuación policial técnica. Así, cree que el tribunal tendrá que valorar si los policías debían prever que era muy probable la pérdida del ojo de Roger Español, y si, más allá de cualquier duda razonable, existía un riesgo serio y elevado de que esto ocurriera.

En este sentido, ha recordado que las policías democráticas tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la violencia cuando sea necesario para preservar el orden público o evitar males mayores, siempre bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Según ha dicho, la policía puede usar la fuerza e incluso causar lesiones graves, si su actuación “se ajusta a la norma”. Así, cree que en ese caso se usó la mínima fuerza imprescindible, y de forma progresiva, para poder salir del “bloqueo” por parte de cientos de manifestantes independentistas en la calle Sardenya de Barcelona.

La fiscal ha añadido que la actuación policial fue especialmente compleja porque tenía “dificultades añadidas”, como la orden expresa de no practicar detenciones. “En cualquier otro contexto, se habrían producido detenciones inmediatas”, ha dicho, afirmando que la actitud de los votantes independentistas no era de “resistencia pacífica”. Asimismo, ha dicho que el bloqueo de la calle duró unos 40 minutos, y “la duración de las intervenciones policiales es directamente proporcional al riesgo para la seguridad ciudadana”. “Había una necesidad evidente del uso de la fuerza”, ha remachado, asegurando que “la hostilidad de algunos de los congregados iba en aumento, pasando de las amenazas verbales a los lanzamientos de piedras”.

Sobre la justificación del uso de bolas de goma, ha dicho que se avisó a los manifestantes, que se fue progresando en el uso de las diversas herramientas policiales, y que, finalmente, las salvas detonadoras no sirvieron para abrir la calle y permitir salir a la policía. Así, ha considerado que otro métodos como las porras hubieran sido más riesgosas y habrían ido contra los protocolos policiales.

Sobre las recomendaciones internacionales de prohibición de las bolas de goma, la fiscal ha dicho que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no están vinculadas para los estados, y que no se puede pretender aplicar de forma retroactiva contra los agentes una guía de 2020 y un protocolo de 2024 por unos hechos de 2017.

Por último, ha dicho que el escopetero disparó, según el informe pericial de los Mossos d'Esquadra, haciendo rebotar la bola en el suelo, además de reducir la potencia un 60%. También ha dicho que tenía un campo de visión limitado debido a la presencia de sus compañeros por delante de él. Por todo ello, considera que no hubo voluntad de causar tan grave lesión a Español, y ha pedido la absolución de los cuatro acusados por la eximente completa de cumplimiento del deber y de orden legal.

La abogada del inspector jefe del grupo Camel-50, ha apuntado que la actuación policial de ese día se ajustó a la ley, debido a la “peligrosidad extrema” de los manifestantes, y que se limitó a cumplir “el mandato judicial”, aunque aseguró que sólo recibió la parte dispositiva del auto del Tribunal del Superior.

En todo caso, ha dicho que sí avisó a los manifestantes del uso de material antidisturbios y que, a raíz del lanzamiento de objetos por parte de los votantes o de los vecinos de la calle Sardenya, se acabaron disparando balas de goma, que, a su juicio, “no es material lesivo, sino simplemente disuasivo”.

Los tres abogados del Estado que han defendido a los dos subinspectores y el escopetero han justificado la actuación policial. Ambos subinspectores trasladaron las órdenes de sus superiores a los subordinados, e incluso uno de ellos no era el responsable del escopetero.

En el caso del escopetero, su letrado aseguró que había que mantener la distancia con los manifestantes porque algunos de ellos arrojaban piedras y desde menos de 15 metros de distancia las lesiones a los policías pudieron ser muy graves. También ha dicho que teniendo en cuenta la poca precisión de las bolas de goma, no puede atribuirse al escopetero la voluntad de lesionar a Roger Español.

Dos de los mandos de la Policía Nacional acusados de lesionar a Roger Español el 1-O han justificado el uso de balas de goma aduciendo que estaban replegándose, en una situación de “peligro extremo”, porque los concentrados les lanzaban botellas, ladrillos y palos. Tras la suspensión de la sesión durante tres horas por el episodio de hipertensión sufrido por el inspector acusado, el juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de reventar un ojo a Español se ha reanudado al mediodía, en la que se prevé la última sesión de la vista oral.

El inspector acusado, el segundo que ha declarado, ha admitido que fue él quien dio la orden de disparar frente al instituto Ramon Llull de Barcelona para facilitar la retirada de los agentes, en un momento en el que los policías estaban caminando hacia atrás, en una “maniobra evasiva, de huida de la zona”, bajo una lluvia de “cascotes, ladrillos, botellas, adoquines, palos y hasta una maceta”.

Según el agente, cuando dio la orden de disparar, el dispositivo se encontraba a unos 20 o 25 metros de los concentrados, pero la situación era de “extrema gravedad”, un caso en el que, ha dicho, los protocolos permiten lanzar pelotas hasta una distancia de 15 metros. “Consideré que ahí estábamos a una distancia suficiente”, ha añadido el inspector. El informe de los Mossos d'Esquadra sobre la secuencia del disparo que lesionó a Español concluye que la pelota de goma se lanzó a poco más de 14 metros.

El inspector ha dicho que no vio al escopetero disparar la pelota que segó el nervio óptico de Roger Español, pero ha afirmado que, en general, no apreció “conductas antirreglamentarias” entre los agentes del dispositivo. De hecho, ha endosado al escopetero la responsabilidad de decidir si el momento de disparar era el adecuado porque, ha afirmado, cabe incluso la posibilidad de que un 'bocachero' opte por no lanzar pelotas de goma si la situación no lo aconseja.

En ese sentido, ha recordado que, en el informe previo que dio a su equipo, les recordó que debían disparar con rebote y con los reductores de potencia activados, dado que en todo momento su actuación debía regirse por los principios de “mínima lesividad posible y mínima intervención”.

En la misma línea ha declarado uno de los subinspectores acusados, que ha explicado que cuando reciben la orden de disparar los policías se encontraban a entre 20 y 25 metros, y ha defendido que, dada la gravedad de los alborotos, la actuación de los agentes era “perfectamente ajustada” a la circular de la Policía Nacional sobre el uso de balas de goma.

Ambos han mantenido que, si se usa de acuerdo con los protocolos y con rebote previo, las bolas de goma no deberían causar ningún tipo de daños personales. “No es un objeto pensado para lesionar a nadie”, ha afirmado el subinspector.

Turno para la policía en el juicio contra cuatro agentes por reventar el ojo a Roger Español durante la votación del 1-O de octubre. El juez ha escuchado la declaración este jueves, entre otros, del supervisor de los destacamentos de la Policía Nacional en Barcelona, que ha asegurado que los manifestantes estaban “muy avisados” de lo que podía suceder. 

“Se avisó de que iban a proceder a abrir paso y la ciudadanía estaba muy avisada de cómo lo haría, de lo que podría suceder. Además, habían tirado salvas”, ha afirmado el policía. Con todo, ha reconocido que desconoce si alertaron “específicamente” de que iban a disparar balas de goma, en total 17, en la zona de la escuela Ramón Llull.

El mando policial ha declarado este jueves como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de disparar la pelota de goma que dejó tuerto a Roger Español, votante del 1-O. Se trata del único juicio que se celebrará por las cargas de ese día, debido a que no les aplica la amnistía. La Fiscalía pide su absolución, mientras que las acusaciones reclaman hasta 13 años de cárcel.  

Además del supervisor de los destacamentos, un escudero que participó en el operativo de la escuela Ramon Llull ha reiterado ante el tribunal que los manifestantes fueron alertados tres veces por megafonía, “siempre en tono educado y audible”, y dejando pasar tiempo entre avisos.

El que fue jefe de las unidades Camel, entre las que estaba la que hirió a Español, ha defendido que el disparo de 17 balas de goma en la zona “fue ponderado”, pues respondía, asegura, a “la manera tan agresiva con la que el público concentrado estaba lanzando objetos a los agentes y poniendo en grave riesgo su integridad física”. “Era una situación complicada, de muchos insultos y violencia extrema”, ha afirmado el escudero, quien afirma que le tiraron piedras, cascos de obra y botellas.

El mando de las unidades Camel ha explicado, de hecho, que el dispositivo del 1-O “no difería en nada al de una final de la Champions, visita del Papa o al de ayuda en la DANA en Valencia”. 

En cuanto al uso de balas de goma, ha detallado que se ordenó que se emplearan con los reductores de potencia activados y apuntando al suelo, lo que “no significa” que no se pudiera disparar apuntando directamente a los objetivos. “Ni es obligatorio el rebote, ni está prohibido el tiro tenso”, ha explicado el mando policial.

Sin embargo, ha puntualizado que su uso siempre está condicionado a que la integridad física de los agentes esté en peligro y que en ningún caso se “compele” a los escopeteros a disparar hasta que no vean “la oportunidad” o “el disparo oportuno”.

Un escopetero de los que integraba la unidad del dispositivo de la escuela Ramon Llull ha declarado, en cambio, que las balas “siempre se tiran con rebote; es lo que me han enseñado”.

El jefe de las unidades Camel ha defendido también la actuación de los agentes durante la salida, a quienes ordenó que usaran “los medios personales y materiales” para poder abandonar el lugar, un escape que considera que el responsable de esa unidad tenía la capacidad de dirigir de forma “óptima”.

Roger Español, el votante del 1-O al que un agente de la Policía Nacional reventó el ojo con una bala de goma, ha asegurado que los policías no corrían “ningún riesgo” ni estaban siendo atacados, por lo que ha atribuido el disparo a “una represalia” por haber tratado de impedir la intervención policial.

Con la declaración de Roger Español ha comenzado este miércoles en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de reventarle un ojo con una bala de goma que dispararon tras incautarse de las urnas y papeletas en el colegio Ramon Llull de la capital catalana.

Español ha admitido que lanzó a la calzada unas vallas que encontró en una obra para impedir el avance de los policías al siguiente punto de votación, sin dirigirlas a ningún agente, pero ha insistido en que cuando los antidisturbios dispararon la bala de goma que le segó el nervio óptico ningún manifestante suponía una amenaza ni había lanzamientos a la línea policial.

El contexto en el que se produjeron los disparos es uno de los elementos centrales para el tribunal, que deberá evaluar si estaban justificados o no. Tanto la Fiscalía como las defensas de los uniformados enmarcan los lanzamientos que dejaron sin ojo a Español en un uso progresivo de los medios policiales para intentar dispersar a los concentrados (primero con porras, después con salvas y, finalmente, disparos).

En cambio, las acusaciones del caso (la de Español y las populares de Irídia y Òmnium) consideran que los disparos no estaban amparados ni por la situación en la calle ni por acciones de violencia contra los agentes, y que fueron un castigo a los concentrados que se oponían a la intervención policial de urnas y papeletas.

Español ha tratado de ser lo más concreto posible para describir el ambiente en el momento del disparo, ocurrido a un centenar de metros del colegio. Según el activista, cuando recibió el impacto se hallaba junto a un grupo de periodistas porque consideró que era “más seguro”, y solo esperaba a que los agentes se subieran a los furgones para irse a casa.

Los peritos han concluido que el disparo se produjo a 14,12 metros, una distancia que las acusaciones señalan contraria a los protocolos y a la que el agente que disparó debía saber el daño que podía producir en cualquier ciudadano.

La versión de Español se ha visto ratificada por otros testigos, como el periodista David Bou, quien ha declarado que vio al agente disparar “a bocajarro, no contra el suelo”. “Yo tengo un ojo a día de hoy porque el señor Español no lo tiene”, ha apostillado.

La sesión ha revivido las escenas de las cargas policiales para impedir la votación, en el único caso que llega a juicio por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum: los cuatro agentes, que afrontan penas de hasta trece años de cárcel, quedaron fuera de la amnistía al estar acusados de un delito de lesiones con afectación a un órgano vital. La Fiscalía, sin embargo, pide su absolución al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber de incautarse de las urnas del referéndum.

A preguntas de su abogado, Benet Salellas, Español ha narrado los hechos del 1 de octubre y las secuelas tanto físicas como psicológicas que ha sufrido. La lesión en el ojo truncó sus estudios de música (toca el saxofón) y tanto su hijo como él tuvieron que recibir ayuda psicológica, tratamiento que, en su caso, sigue a día de hoy debido a los efectos de la mutilación y su autopercepción.

La lesión que sufrió en el ojo, que le dejó secuelas visibles, supuso un impacto en la seguridad que tenía en sí mismo y consecuencias concretas: Español ha relatado al tribunal que desde que la Policía le dejó sin ojo tuvo dificultados para dar clase de música a sus alumnos o subirse a un escenario, por lo que buscó otro trabajo como conserje en un instituto.

El juicio proseguirá este jueves con la declaración, como testigos, de otros agentes del operativo. El día 30 será el turno de los peritos y el 1 de octubre de los acusados. En la sala de vistas se sientan como observadores miembros de las entidades internacionales de derechos humanos Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, la International Network of Civil Liberties Organizations, Redress, la International Coalition for Human Rights y Defender a quien Defiende.

A la espera del expresident Carles Puigdemont, la amnistía ha beneficiado a más de 300 personas. De ellas, 129 son agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que cargaron contra los votantes del 1-O. Solo cuatro policías no fueron amnistiados y se sentarán en el banquillo al estar acusados de la lesión más grave de la jornada: reventar el ojo a Roger Español con una bala de goma.

El juicio arranca este miércoles en la Audiencia de Barcelona y lo hace de forma favorable para los intereses de los procesados: la Fiscalía no acusa a los agentes y pide su absolución al considerar que estuvo amparada por su deber de cumplir con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O. En otras palabras, la acusación pública rema a favor de las defensas.

En nueve años se han ocupado del caso distintos fiscales, pero el papel del Ministerio Público siempre ha tendido a respaldar la actuación policial. En su primer escrito, la Fiscalía avaló las cargas contra el 1-O porque los heridos solo fueron el 0,037% de los votantes. Con la instrucción más avanzada, pidió tan solo procesar a seis agentes y exculpó al resto. En el caso del herido más grave, solicita absolver a los cuatro uniformados al considerar que las balas de goma estaban justificadas.

En cambio, Español, al que representa el abogado Benet Salellas, y las acusaciones populares de Òmnium Cultural e Irídia reclaman hasta 13 años de cárcel para los agentes por un delito de torturas.

La clave del caso será si los jueces de la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona consideran proporcionada la actuación policial y si estaba justificado el disparo de balas de goma, un arma prohibida por el Parlament para los Mossos desde 2013 pero que la Policía utilizó el 1-O en Catalunya.

El escrito fiscal se esmera en convencer al tribunal de la proporcionalidad y la necesidad de los disparos. Dedica varios párrafos a remarcar que las balas de goma fueron el último recurso de los agentes para dispersar a centenares de votantes, entre los que se encontraba Español, que impedían el paso a los furgones a 300 metros del colegio Ramon Llull, donde los policías se habían incautado de urnas y papeletas.

Destaca la fiscal que los agentes pasaron hasta 45 minutos sin poder salir de las furgonetas tras intervenir el material electoral debido al “bloqueo” de los manifestantes en la calle aledaña al colegio. Lo intentaron primero por megafonía, luego por mediación con un bombero y con periodistas y después a golpe de porra (esto es, con un uso progresivo de la fuerza) y salvas (disparos sin proyectil), pero no lograron dispersar a “la masa”, que además les lanzaba objetos, remarca el Ministerio Público.

“Ante la escalada de violencia de la multitud, el inspector procesado dio orden de disparar pelotas de goma”, agrega la fiscal, que insiste en que la bala de goma, antes de impactar en el ojo de Español, rebotó contra el suelo. El agente que disparó “no podía desobedecer la orden al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal”, concluye el escrito fiscal.

Más allá de coincidir en que el disparo lo realizó un policía, el relato de la acusación particular y popular es muy distinto. Para Irídia, la actuación policial “se efectuó como represalia por participar” en el 1-O y “tenía intención clara de castigar” a Español.

Según la defensa de Español, que ejerce el penalista Benet Salellas, los cuatro agentes “eran perfectamente conocedores de que no existía una situación de peligro” y que la proximidad de los manifestantes “hacía altamente probable que las balas de caucho produjeran lesiones de gravedad”. El agente que le disparó, además, lo hizo dos veces.

En esta línea incide la abogada de Òmnium Cultural, Laia Serra, que destaca en su escrito que el disparo “no fue accidental ni justificado, sino antirreglamentario, dirigido contra Roger Español en clave de represalia y amparado por una cadena de mando”.

La víctima declarará en la primera jornada de juicio, junto con otros votantes del 1-O. El jueves será el turno de los testigos policiales. El 30 de septiembre declararán los peritos (con especial interés en los expertos de los Mossos que analizaron los vídeos de los hechos), y el 1 de octubre, en el noveno aniversario de los hechos, será el turno de los uniformados acusados y los informes finales.

A lo largo de estos nueve años, Español (que llegó a encabezar la lista de Junts al Senado en 2019) ha sido uno de los portavoces de los heridos del 1-O. Ahora afronta el juicio con sabor agridulce por todos los policías acusados de lesiones que se han salvado del banquillo por la amnistía.

“La ley de amnistía en el Estado español ha sido más sinónimo de impunidad que de justicia y reparación”, lamentó Español en una de sus últimas apariciones públicas antes de la vista, en la que confesó que se le hacía duro “estar solo queriendo hacer justicia ante 10.000 policías”.

La tardanza en llegar a juicio no se debe a la habitual estrategia de las defensas en retrasar la vista lo máximo posible para intentar conseguir una pena más baja en caso de condena. En este caso, se explica por los intentos de las acusaciones de encausar a más y más mandos policiales (que retrasaron la instrucción de una causa que estaba ya terminada a mediados de 2020 y que supuso una indagación inédita en las cadenas de mando de un operativo por parte del juez Francisco Miralles) y el estudio de si la causa de Español se incluía en la amnistía.

La ley, pensada para olvidar todas las causas penales del procés, incluyó a la cincuentena de agentes encausados por empujones, tirones de pelo o lesiones leves a votantes en la jornada del referéndum.

“No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la ley”, advirtieron los jueces, que consideraron que exclusión de la norma de los agentes que pretendían los heridos “contradeciría la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española”.

No ocurrió lo mismo con el escopetero, los dos subinspectores y el inspector del operativo en el colegio donde lesionaron a Español. Los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que provocaron la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistiaron a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí estaba contemplado en la ley.

Una magistrada de Barcelona ha amnistiado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O: Tània Verge, exconsellera de ERC; el abogado Marc Marsal; Josep Pagès, actual diputado de Junts en el Congreso; el catedrático de Ciencias Políticas Jordi Matas, y la abogada Marta Alsina.

Los cinco habían sido absueltos, pero la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio. Entre tanto, se aprobó la ley de amnistía, aunque no se les aplicó debido a diversos conflictos competenciales entre órganos judiciales. Ahora, según ha avanzado El Nacional y ha confirmado la agencia ACN, han sido amnistiados con el informe favorable de la Fiscalía.

Los abogados de los síndicos solicitaron que se les aplicara la amnistía desde el mismo día de su entrada en vigor, hace ahora dos años, pero el anterior juez nunca respondió a su petición. La resolución del caso también se retrasó cuando el magistrado elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya que Verge era diputada de ERC y, por tanto, aforada ante el alto tribunal catalán.

El TSJC rechazó asumir la competencia y pidió al juez que concretara mejor la imputación. Finalmente, Verge dejó su escaño y la actual magistrada desbloqueó el pasado mes de abril la petición de amnistía para los cinco, solicitando el criterio de la Fiscalía, que presentó un informe favorable a concederles la amnistía.

Los síndicos electorales fueron juzgados y absueltos en abril de 2021 por una magistrada del Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona. La Audiencia ordenó repetir el juicio, como reclamaba la Fiscalía, que pedía para ellos dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La causa quedó estancada en ese punto, a pesar de que la ley de amnistía está en vigor desde junio de 2024. Ni el juez de lo Penal ni el TSJC quisieron aplicarles la amnistía.

El Tribunal Constitucional (TC) puso en práctica con los síndicos del 1-O su nueva competencia para imponer multas millonarias como medida cautelar, una sanción coercitiva que finalmente retiró en noviembre de 2017 al constatar que durante el 1-O no habían hecho nada más que celebrar reuniones preparatorias.

“En nueve años pasan muchas cosas. Yo llevo todo este tiempo con una mochila”. Así se ha expresado este miércoles Roger Español, el activista al que cuatro agentes de la Policía Nacional vaciaron el ojo el 1 de octubre de 2017 por el disparo de una bala de goma. Son los únicos uniformados que irán a juicio, pues el resto han sido amnistiados.

Las cargas por el 1-O motivaron la imputación de un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero los agentes fueron de los primeros en beneficiarse de la amnistía, con la excepción de un escopetero, un inspector y dos subinspectores investigados por las lesiones a Español.

El tribunal que juzgará el caso rechazó en 2025 amnistiar a los agentes al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que han provocado la pérdida de un órgano. En cambio, sí aplicaron el olvido penal del procés a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí se incluye en la ley.

La directora de la asociación pro derechos humanos Irídia, Anaïs Franquesa, y los presidentes de las entidades ANC y Òmnium Cultural, Josep Vila y Xavier Antich, respectivamente, además del propio Roger Español, han presentado este miércoles en rueda de prensa la campaña de apoyo al activista ante el juicio contra los agentes de la policía nacional, que serán juzgados el próximo mes de septiembre por dejarlo tuerto.

Más de un centenar de entidades sociales y de derechos humanos y más de 50 personalidades de la cultura y la comunicación han impulsado un manifiesto para apoyar a Español. La campaña más amplia de actividades y un concierto cuando termine el juicio, el próximo dos de octubre.

En la presentación de la campaña este miércoles en el Col·legi de Periodistes, el activista independentista ha valorado que su caso debe servir para prohibir todas las armas policiales “menos letales” en todo el Estado y para denunciar la “represión” contra todos los votantes independentistas heridos ese día por las cargas policiales.

Pese a apoyar la amnistía para los líderes independentistas, Òmnium Cultural y la ANC han criticado que la medida se aplique también a los policías, si bien la inclusión de las dos partes del conflicto soberanista era uno de los ejes de la norma aprobada en el Congreso en 2024 y pendiente del examen ante la Justicia europea.

Los cuatro agentes, que afrontan penas de hasta trece años de cárcel, serán juzgados el próximo mes de septiembre en la Audiencia de Barcelona en un proceso que previsiblemente quedará visto para sentencia el 1-O de octubre, por lo que se ha convocado una movilización para ese mismo día en el Arc de Triomf de Barcelona y, para el día siguiente, un concierto solidario.

En el marco de la campaña, que apoyan más de un centenar de entidades sociales y de derechos humanos, se ha publicado un manifiesto que cuenta ya con unas 50 adhesiones de personalidades políticas, culturales y de la comunicación, como la exalcaldesa Ada Colau o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los periodistas Marc Giró y Jordi Évole o el escritor Pol Guasch.

Los impulsores de la campaña, ha explicado Roger Español, pretenden convertir el juicio en “una acusación coral contra la impunidad policial y los responsables de la violencia del 1-O. Los jueces deberán decidir si se ponen de lado de estos o de los derechos fundamentales”, ha agregado.

“La ley de amnistía en el Estado español han sido más sinónimo de impunidad que de justicia y reparación”, ha lamentado Español, quien fue candidato de Junts en las elecciones al Senado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el 16 de julio sobre la ley de amnistía. La sala grande del tribunal con sede en Luxemburgo debe resolver las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la amnistía en la causa por los gastos vinculados al 1-O y las de la Audiencia Nacional por el caso de la 'Operación Judas' contra los CDR.

Dean Spielmann, abogado general del TJUE, ya se mostró favorable a la norma en una opinión hecha pública el pasado noviembre y avaló su aplicación tanto para los gastos del referéndum como para el caso de los CDR, pero puso algunas objeciones de procedimiento. Su opinión no es vinculante para el TJUE, pero los magistrados parten de esa posición para emitir una sentencia.

Decenas de líderes y activistas independentistas están pendientes de Luxemburgo para beneficiarse de la amnistía, aunque también dependen del Tribunal Constitucional. Ahora, la justicia europea resolverá el caso justo un año después de la audiencia sobre las cuestiones prejudiciales de ambos tribunales españoles.

La ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez entró en vigor el 11 de junio de 2024. La norma dice que busca la “normalización institucional, política y social” en Catalunya y exime de responsabilidad penal, administrativa y contable a los implicados en el 'proceso'.

Pactada con los partidos independentistas como parte del acuerdo de investidura de Sánchez, la amnistía ha generado polémica. Aparte de las denuncias de PP y Vox, los tribunales que deben aplicar la amnistía han cuestionado su validez.

El Tribunal Supremo directamente no ha querido aplicarlo en los casos de malversación que afectan a dirigentes como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, y se ha limitado a hacer una cuestión de inconstitucionalidad sobre la legalidad de la norma por el posible “trato discriminatorio” en función de la “ideología”, pero el TC ya la ha desestimado.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de Vilanova han optado por preguntar al TJUE si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea.

Ahora el TJUE está examinando las prejudiciales del TdC y la AN sobre la aplicación de la amnistía a la responsabilidad contable por los gastos del 'proceso' y los presuntos delitos de terrorismo en el caso de los CDR.

La opinión del abogado general

En el procedimiento de preguntas prejudiciales en el TJUE, el abogado general del tribunal presenta una opinión no vinculante a los magistrados para que elaboren la sentencia. La sala grande del TJUE que baraja la ley de amnistía tendrá en cuenta su posición. El tribunal no está obligado a mantenerlo, pero en la mayoría de los casos se pronuncia en el mismo sentido. 

El 13 de noviembre, el abogado general del TJUE Daniel Spielmann defendió que la amnistía para los gastos del 'procés' y el caso de los CDR es compatible con el derecho de la UE, pero puso reparos de procedimiento al considerar que algunas disposiciones de la ley vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. 

En respuesta a las preguntas prejudiciales del Tribunal de Cuentas, Spielmann aseguró que los hechos del 'procés' no afectan a los intereses financieros de la UE porque no existe “un vínculo directo” con la reducción “actual o potencial” de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la UE. Una interpretación que se opone a la del Tribunal Supremo en la causa del 1-O.

Eso sí, consideró insuficientes los plazos que la ley impone al TdC para resolver sobre la aplicación de la amnistía y criticó que se impida la comparecencia de algunas partes.

En cuanto al caso de los CDR en la Audiencia Nacional, Spielmann sostuvo en su dictamen que la ley de amnistía es compatible con la directiva europea de lucha contra el terrorismo porque se aplica a determinados hechos, limitados en el tiempo y por su naturaleza. Además, establece una “exclusión explícita” de los actos que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, particularmente del derecho a la vida ya la integridad física.

Más allá de las cuestiones prejudiciales planteadas por ambos tribunales, Spielmann replicó a las críticas de la Comisión Europea a la legitimidad de la ley de amnistía: “Desde mi punto de vista, nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía en este caso”, sentenció.

“La brigada política no existió”.

“La operación catalana de verdad fue la del referéndum ilegal”.

“La Operación Cataluña es el invento de un periodista”

Estas tres afirmaciones han sido reproducidas, con casi idéntica literalidad y de forma recurrente, por los miembros del Gobierno de Mariano Rajoy que han comparecido ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados, así como por el portavoz del actual Partido Popular ante la misma, Rafael Hernando. Ni una reciente sentencia judicial del Tribunal Supremo, ni los testimonios y documentos aportados a distintas causas judiciales, ni la asunción en sede parlamentaria de aquellas maniobras parapoliciales por algunos de sus protagonistas han movido ni un milímetro a los ministros del PP de su tesis negacionista acerca de la última guerra sucia en España. 

La interpretación de la realidad ha alcanzado el paroxismo en determinados pasajes de las comparecencias. Los portavoces esperaban la explicación de Jorge Fernández Díaz a su mentira sobre que no conocía al comisario Villarejo, habiendo defendido en visitas anteriores a la Cámara Baja que había saludado en dos ocasiones jamás se había reunido con él. Después de esa afirmación, El País publicó una grabación en la que Fernández Díaz dice a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”. Pese a ello, Fernández Díaz insistió en la mentira y aludió a “las maravillas de la inteligencia artificial” para arrojar dudas sobre la autenticidad de la grabación.

Este mismo lunes, la que fuera vicepresidenta única del Gobierno y responsable político del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el único informe PISA que conoció en su época de Gobierno fue la evaluación de la Unión Europea sobre la situación del sistema educativo en cada país miembro, ignorando el dosier Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) que tantos titulares dio a los medios afines a aquel Gobierno, cuyo Ministerio del Interior reconoció la autoría.

En cuanto a la forma de trasladar el mensaje negacionista hubo matices. Del circunloquio a la mentira evidente en el caso de Fernández Díaz pasando por la arrogancia de Mariano Rajoy, quien despachó con displicencia las intervenciones de los portavoces parlamentarios independentistas y de la izquierda. Ante la pregunta de Ione Belarra de si los estaba tomando por tontos al negar las evidencias, Rajoy replicó: “Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta”.

La operación Cataluña es, a día de hoy, la única de las tres grandes ofensivas contra la oposición que practicó el Gobierno del PP que no ha motivado una gran causa judicial. Las maniobras contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para salvar a la formación del caso de la caja B serán juzgadas dentro de un año en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sentarán dos de los protagonistas que han comparecido en el Congreso por la operación Cataluña, Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. Se enfrentan a 15 años de cárcel. 

Los informes falsos y las maniobras de intoxicación contra Podemos centran otra causa en la Audiencia Nacional, está en fase de instrucción y con un amplio recorrido por delante, si se atiende a los avances y vías abiertas en las últimas semanas. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, es el principal investigado. 

Pero la Operación Cataluña no tiene causa propia pese a haber aparecido en procedimientos seguidos en la Audiencia Provincial de Madrid, las piezas del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, dos juzgados de Andorra y otros de Cataluña. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena al director operativo de la Policía durante la primera legislatura de Rajoy, el comisario Eugenio Pino, por revelación de secretos. 

El comisario Pino intentó impulsar la causa contra los Pujol introduciendo información que había sido previamente robada. Los hechos probados representan un recorrido por las prácticas del término periodístico y político ‘Operación Cataluña’, pero que no sea mencionada de ese modo en la resolución sirvió a Rajoy y a Soraya para negarle la categoría de reconocimiento judicial a aquellas maniobras. 

Esa ausencia de una gran causa judicial sobre las maniobras contra el separatismo y el apoyo del electorado conservador a cualquier actuación contra los “enemigos de España” han espoleado las intervenciones de Rajoy y sus ministros, que han aprovechado sus intervenciones para defender la aplicación del artículo 155 en Catalunya. 

Montoro: “Para Operación Cataluña, la de su rescate”

El que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, versionó la tesis de que la única operación Cataluña fue el desafío soberanista. “De operación Cataluña solo conozco una, la de su rescate”, dijo respecto de la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica. “Quien dejó a Cataluña en quiebra fue el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) y provocó una crisis fiscal formidable”, añadió. 

Solo el número dos de Interior Francisco Martínez, ex militante del Partido Popular y hoy enfrentado al mayor desafío judicial de cuantos han comparecido, se prestó a explicar su negación de la Operación Cataluña. “Lo que hace el Ministerio del Interior es identificar un riesgo que compromete el orden constitucional [en alusión al proceso soberanista en Catalunya] y que, desde el punto de visa de la seguridad, pueda provocar delitos. Entonces, el Estado actúa. Pero si estamos hablando de una estrategia escrita con un desarrollo como la Estrategia de Seguridad Nacional o contra la Ciberdelincuencia, eso [la Operación Cataluña] no existe”, explicó. 

A la pregunta de la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, sobre la existencia de un “deep state (estado profundo)”, Francisco Martínez respondió: “Yo no lo llamaría así, pero los ministros llegan con un tren que está en marcha a la velocidad del AVE y que tiene que seguir haya el ministro que haya. No me consta el 'deep state' pero los Cuerpos, en su parte operativa, tienen que actuar con cierta o mucha autonomía respecto de los responsables políticos en cada momento”.

La incredulidad de los portavoces de los grupos hacía que algunos apelaran al delito de falso testimonio. No tuvo ningún efecto. Sáenz de Santamaría dijo que nunca había recibido un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre político catalán alguno. 

En esta coyuntura, la respuesta a qué hacían allí los ex ministros del Partido Popular fue ofrecida por el portavoz de la formación en esta comisión, Rafael Hernando, quien aseguró en dos de sus intervenciones que la Operación Cataluña fue “el invento de un periodista”.

La Audiencia de Barcelona ha rechazado amnistiar a los únicos cuatro agentes de la Policía Nacional que todavía no habían sido exonerados de las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017. Los jueces han descartado aplicar la norma de olvido penal a los antidisturbios acusados de reventar el ojo al activista Roger Español en las cargas durante la votación.

La decisión judicial se toma en contra del criterio de la Fiscalía, partidaria tanto de amnistiar a los agentes como de absolverles, e implica que los agentes se sentarán en el banquillo de los acusados en el único juicio que se celebrará por las cargas del 1-O. Las acusaciones serán ejercidas por Español y entidades como Irídia, Òmnium y la ANC.

En un auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces rechazan aplicar la amnistía a los agentes al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que han provocado la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistían a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí se incluye en la norma.

El caso de Español se investigó de forma separada al del resto de cargas policiales que ya han sido amnistiadas. Los cuatro policías eran los únicos sobre los que existían dudas de si podían quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a las agresiones que, de forma intencionada, hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español.

La Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Español. El hecho de que no se cerrara la puerta, durante la fase de instrucción, a que la lesión en un órgano principal de Español se produjera con intencionalidad por parte de los agentes ha llevado a los magistrados a descartar aplicar la amnistía a los agentes y enviarles a juicio.

Para los jueces, existen “indicios de criminalidad suficientes” para sentar en el banquillo a los cuatro agentes. Según Español, los cuatro uniformados “autorizaron, ordenaron y permitieron el uso de balas de caucho en un supuesto que no era apropiado, necesario ni pertinente”, y las dispararon “a una distancia claramente peligrosa y asumiendo la posibilidad de que se produjeran lesiones de gravedad”. 

Pese a que la ley publicada en el BOE a principios de junio obligaba a los tribunales a resolver los olvidos penales del procés en dos meses, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de realizar los trámites y decidir sobre la norma, no emplazó a las partes hasta este mes de enero para que informaran sobre la aplicación de la amnistía a esta causa.

Antes de posicionarse sobre la amnistía, la Fiscalía ya había pedido exculpar a los cuatro policías nacionales. Descartó la fiscal que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y consideró que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

A la espera de si las acusaciones recurren la amnistía a otro agente que sí ha sido amnistiado por aporrear a un votante, el tribunal ha dado cinco días a Español y a Irídia, Òmnium y la ANC, que ejercen la acusación popular, para que formalicen sus escritos de acusación y las penas que reclaman a los agentes. El juicio no tiene fecha todavía.

Amnistiados definitivamente los policías de las cargas del 1-O. La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la causa en aplicación de la ley de amnistía a los 46 policías que esperaban juicio por las cargas contra votantes del referéndum de 2017. En una pedagógica resolución, los magistrados recuerdan que el objetivo de la norma era cancelar el mayor número posible de causas penales derivadas del procés, también las que afectaban al grueso de fuerzas policiales que impidieron la votación.

Muestra de la relevancia de la resolución es que viene firmada por los seis magistrados que componen la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona y no por tres magistrados, como es habitual. La ponente ha sido la magistrada Carme Guil, que, como toda la sección, durante la investigación de la causa abogó por investigar a fondo las cargas y la cadena de mando y había confirmado el procesamiento de los agentes.

La insistencia de las acusaciones particulares de los heridos y de las populares en imputar a más agentes había alargado una instrucción que casi estaba completada a principios de 2020. La resolución de los sucesivos recursos ha hecho que la causa no llegue a juicio y quede archivada por la amnistía.

Coincide la Audiencia de Barcelona con el juez Francisco Miralles en que deben quedar amnistiados todos los agentes investigados en la causa, ya que ninguno de ellos provocó lesiones de gravedad a los votantes que motiven su exclusión de la norma. Esta duda afecta únicamente a los agentes acusados de dejar sin ojo a uno de los votantes, pero no a los 46 antidisturbios que tiraron del pelo o golpearon a los votantes, pero sin generar heridas graves.

La voluntad del legislador con la amnistía, señala el tribunal, es beneficiar “ante todo” a los independentistas, pero también la de “incluir” en la ley “las acciones de aquellos que intentaron impedir la continuación del proceso en el marco de actuaciones policiales”, tal y como se desprende no solo de la literalidad del primer artículo de la norma sino también de su preámbulo.

La interpretación de las acusaciones de los heridos que rechazaban la amnistía para los agentes investigados “es injusta y contraria no solo al espíritu de la ley sino también a los principios de equidad e igualdad que tiene que presidir cualquier ordenamiento jurídico democrático”, argumenta el tribunal.

“No podemos aceptar que una ley como la de amnistía solo se aplique a unos y no a todos los que de una manera u otra llevaron a cabo acciones específicamente recogidas en la ley”, ahonda la Sala, que considera que una interpretación excluyente de la norma “contradeciría la voluntad del legislador de superar la grave crisis que sufrió la sociedad catalana y española”.

Recuerda la resolución que en vez del olvido penal, la ley de amnistía pretende hacer “desistir el aparato sancionador del Estado en pro del restablecimiento de la convivencia y la paz social”. Esto es, para todo el mundo.

Los únicos cuatro agentes de la Policía Nacional que todavía no han sido amnistiados por las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017 han recibido este martes un espaldarazo a favor de su olvido penal. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona amnistiar a los antidisturbios que están pendientes de juicio y acusados de reventar el ojo al activista Roger Español, posteriormente candidato de Junts al Senado, en las cargas durante la votación.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha informado a la Audiencia de Barcelona a favor de la amnistía tanto para los cuatro agentes acusados como para el manifestante, acusado de un delito contra los agentes de la autoridad anterior al disparo que le provocó la herida en el ojo. El caso de Español se investiga de forma separada al del resto de cargas policiales que ya han sido amnistiadas.

Los cuatro policías procesados son los únicos sobre los que existen dudas de si pueden quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a las agresiones que, de forma intencionada, hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español.

Cabe recordar además que la Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Español. Los jueces ordenaron que el caso se juzgara por sumario y no por el procedimiento abreviado, como ocurrió con el resto de las cargas policiales en la capital catalana, que ya han sido amnistiadas al no haber lesiones de gravedad en los votantes.

Pese a que la ley publicada en el BOE a principios de junio obligaba a los tribunales a resolver los olvidos penales del procés en dos meses, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de realizar los trámites y decidir sobre la norma, no emplazó a las partes hasta este mes de enero para que informaran sobre la aplicación de la amnistía a esta causa.

Antes de posicionarse sobre la amnistía, la Fiscalía ya había pedido exculpar a los cuatro policías nacionales y, en cambio, solicitó juzgar al Español, representado por el centro Irídia, por lanzar una valla contra los uniformados antes de ser mutilado.

Al contrario de la hipótesis planteada por los magistrados durante la instrucción del caso, la Fiscalía descartó que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y consideró que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Para la fiscal, el disparo de la bala de goma que dejó sin ojo a Español cumple los requisitos para que los agentes puedan acogerse a la eximente de actuar en cumplimiento de un deber: obedeció a una orden dictada por un superior orgánico y la instrucción fue “debidamente controlada por los mandos intermedios”, sin que el escopetero incumpliera los protocolos de actuación.

La agria disputa que se vive en ERC para elegir a su nueva dirección ha desembocado este martes en una nuevas acusaciones entre miembros del partido. El exdirigente republicano Xavier Vendrell ha acusado a Oriol Junqueras de “no haber hecho” el referéndum del 1 de octubre en Catalunya. “Los líderes políticos fueron Carles Puigdemont y Marta Rovira”, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Vendrell, que en 2017 no tenía ningún cargo público pero formó parte del llamado “sanedrín” que organizó la votación junto a otros exdirigentes como David Madí y empresarios como Oriol Soler, ha acusado al expresidente de ERC de haberse escondido en los momentos más complejos, cuando el Govern debía decidir qué pasos tomar tras la votación.

“Oriol Junqueras tuvo muchas dudas el día antes de la proclamación de la independencia”, ha asegurado Vendrell, refiriéndose al encuentro que hubo en el Palau de la Generalitat el 26 de octubre, un día antes de que se declarara la independencia en el Parlament.

“Él se asusta y se va y no se presenta en el Palau”, ha proseguido. “ERC estaba: había Marta Rovira, Carme Forcadell, Dolors Bassa... Él no estaba. Se asusta, marcha y se esconde en Montserrat”, ha remachado Vendrell, que también fue conseller de la Generalitat durante el tripartito liderado por José Montilla.

Vendrell ha descrito cómo, entre lágrimas de muchos dirigentes, Oriol Junqueras trasladó ese 26 de octubre a la ejecutiva de ERC que no se iba a declarar la independencia. “Aquí hubo una cierta rebelión dentro de la ejecutiva nacional, como le pasa a Carles Puigdemont con los suyos”, ha afirmado. “Por tanto, llega arrastrado a ese punto, se asusta y se va”.

Junqueras tilda la acusación de “calumnias”

En un comunicado, la candidatura que lidera Junqueras para volver a liderar ERC ha tildado de “calumnias” las acusaciones de Vendrell y ha anunciado que trasladará el caso a la comisión de garantías del partido.

“Las declaraciones del empresario son un reguero de calumnias y falsas acusaciones que contravienen los estatutos del partido”, reza el texto. “A parte de los más elementales de respeto y educación entre la militancia de nuestra organización”.

El comunicado también solicita “acabar con los ataques personales y políticos entre compañeros de partido” desde “plataformas públicas”, ya que considera que este tipo de mensajes están “destrozando” la imagen de ERC. “Necesitamos un congreso sin calumnias ni reproches públicos”, concluye el comunicado.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha exigido al Estado español que haga “autocrítica” sobre su reacción tras el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que la Ley de Amnistía, si bien fue “la primera reacción tras un comportamiento represor y antidemocrático”, no es “suficiente para reparar el daño a la ciudadanía”.

Así se ha expresado en un acto organizado por el Consell de la República, entidad encabezada por el expresident, con motivo del séptimo aniversario de la consulta. Ha reivindicado la “contundencia” del referéndum y ha criticado a quienes pretendan gobernar de espaldas a él e intenten convertir la Generalitat en una “gestoría con un encefalograma políticamente plano”.

“No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia”, ha dicho Puigdemont y, en alusión explícita al president Illa, ha considerado no se puede hablar de “normalidad” ni “normalización” en Catalunya mientras algunos tengan que “luchar con las manos atadas a la espalda”.

Con todo, Puigdemont ha asegurado que seguirá luchando por la independencia. “No tiramos la toalla ni lo haremos nunca, y menos ahora que la falta de unidad ha tenido consecuencias nefastas para la nación”, ha asegurado.

ERC insta a Junts a “no alinearse” con el PP y Vox

La estrategia de ERC y Junts en el Congreso es uno de los puntos en los que se notan las diferencias y falta de unidad entre partidos independentistas. El voto de Junts sobre la financiación singular es, a día de hoy, una incógnita y sin el apoyo de los de Puigdemont no saldría adelante.

Por eso, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha instado a Junts a “alinearse con Catalunya y no con el PP y Vox”. En este sentido, la republicana ha cargado duramente contra los de Puigdemont por “aliarse con la derecha españolista” votando en contra de la regulación de los alquileres de temporada.

“Que decidan en qué lado de la mesa quieren estar”, ha dicho Vilalta, que asegura que los suyos estarán al “lado de Catalunya y de hacer cumplir el acuerdo”.

Los 46 policías nacionales imputados por las cargas del 1-O de 2017 en Barcelona se han convertido este martes en los nuevos amnistiados del procés. El juez que durante más de seis años ha investigado la actuación policial desproporcionada contra los votantes de la capital catalana ha resuelto aplicar la ley de amnistía al conjunto de los uniformados investigados.

El juez Francisco Miralles sigue el criterio solicitado por algunos agentes y por la Fiscalía, que reclamaba amnistiar a todos los investigados. Por contra, algunos heridos y acusaciones populares ejercidas por el centro Irídia, Òmnium Cultural y la ANC reclamaban excluir a algunos policías al considerar que su actuación contra los votantes podía encajar en un delito de de torturas o en tratos inhumanos o degradantes, dos supuestos excluidos de la ley de amnistía.

El juez amnistía todos los 46 agentes investigados en la macrocausa al entender que los porrazos, tirones de pelo, patadas voladoras, golpes e incluso el uniformado que lanzó por las escaleras a una votante no superan el “umbral mínimo de gravedad” que marca su exclusión de la norma.

“Las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido [impedir el referéndum, tal y como había ordenado el TSJC] y no continuaron una vez conseguido el mismo”, argumenta el magistrado. En un auto, el juez también explica que las cargas “no se prolongaron en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales”.

El juez toma la decisión después de haber instruido el caso e indagado en la cadena de mando en el Ministerio del Interior del PP durante el referéndum del 1-O, en la que seguramente es la investigación reciente más exhaustiva de una intervención policial. La causa estaba lista desde hacía años para ir a juicio, para las sucesivas peticiones de las acusaciones para imputar a más uniformados postergaron el fin de la instrucción.

La ley de amnistía, pensada para dejar sin castigo penal el máximo de conductas posibles (tanto independentistas como actuaciones policiales contra el referéndum) continúa aplicándose con normalidad por parte de la mayoría de órganos judiciales en Catalunya, mientras solo el Tribunal Supremo ha rechazado poner en práctica la norma con Carles Puigdemont y el resto de exconsellers.

El pasado martes, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fue el primer tribunal en España en aplicar la amnistía a un total de 18 personas, 16 de ellas manifestantes condenados por disturbios y agresiones a agentes policiales en protestas del procés. Los otros dos fueron el exconseller de Interior y el escolta condenados por proporcionar escolta a Carles Puigdemont en Bélgica. 

Con los 46 agentes de la Policía Nacional exonerados, ya son 64 las personas amnistiadas de un total de 486 potenciales beneficiarios de la ley de olvido penal del procés, según el cálculo de la Fiscalía. 

En el caso de los policías investigados por las cargas y las lesiones a los votantes del 1-O, el redactado de la ley les dejaba a todos dentro de la amnistía. La norma solo excluía las actuaciones policiales más graves, que pudieran considerarse torturas o trato degradante, o bien las que hubieran supuesto la pérdida de órganos, como el caso del votante del referéndum al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó un ojo. El órgano encargado de decidir sobre la amnistía en este caso será la Audiencia de Barcelona y no el juzgado de instrucción 7 de Barcelona que ha amnistiado a los otros 46 uniformados investigados.

La decisión del juez es recurrible ante la Audiencia de Barcelona. En un comunicado, Irídia, Òmnium y la ANC han anunciado que recurrirán al considerar que los actos llevados a cabo por los policías superan el “umbral mínimo de gravedad” que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), marca la ley para excluir una actuación policial de la amnistía.

A juicio de las tres entidades, la ley de amnistía “no puede beneficiar en ningún caso a los responsables de la violencia policial”, y las cargas quedan excluidas de la norma “porque pueden representar delitos de torturas o tratos degradantes”.

Por contra, la Fiscalía había pedido amnistiar a los policías al concluir que su actuación no fue suficientemente grave como para quedar excluida de la ley, porque no buscaban humillar o provocar miedo a los votantes.

Primero fueron los políticos y ahora los policías. Los agentes investigados en Barcelona por las cargas del 1 de octubre de 2017 en distintos colegios de la capital catalana han empezado a pedir al juez que les amnistíe. En un escrito, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, nueve de los 45 policías imputados solicitan la amnistía para “aliviar” su situación procesal.

La ley de olvido penal del procés busca realizar un borrón de las causas judiciales que han saturado la política catalana los últimos años. La norma, que pretende un alcance global, incluye amnistiar tanto los preparativos del referéndum del 1-O que llevaron a cabo los independentistas como las actuaciones policiales para impedirlo, como las cargas contra votantes de la consulta.

El juez de Barcelona Francisco Miralles, que ha instruido la causa sobre las cargas del 1-O, tiene ahora que estudiar la aplicación de la amnistía sobre los agentes. Sobre el papel, la ley incluye todas las cargas investigadas en Barcelona, ya que solo excluye de la amnistía las torturas o tratos degradantes que superen un “umbral mínimo de gravedad” conforme a la normativa europea.

Los agentes investigados en Barcelona tienen una pluralidad de abogados defensores, que van desde letrados privados a abogados de sindicatos o la Abogacía del Estado, dada su condición de funcionarios públicos. El primero en pedir la amnistía ha sido el abogado Javier Aranda, que representa a nueve agentes que actuaron en seis colegios distintos de Barcelona el 1-O.

En su escrito, los agentes argumentan que “en ningún caso” se les puede dejar fuera de la amnistía, ya que su uso de la fuerza contra los votantes el 1-O no resultó un trato degradante o una tortura. Es más, los policías alegan que están imputados “por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa”.

Como el resto de jueces llamados a aplicar la norma, el magistrado pedirá antes la opinión de Fiscalía y el resto de partes del caso, tal y como indica la ley, antes de decidir si excluye de la norma a algunos agentes. Si amnistía a los 45 agentes investigados, es previsible que algunas víctimas de las cargas recurran para intentar que más agentes queden fuera de la amnistía.

El centro de Derechos Humanos Irídia, que representa a varios heridos el 1-O, ya ha avanzado que se opondrá a que se amnistíe a los agentes. A su juicio, los agentes ejercieron un trato inhumano o degradante a los votantes, por lo que no deberían ser amnistiados.

Será la Audiencia de Barcelona y no el juez la que tenga que decidir si amnistía a otros cuatro agentes acusados de dejar sin ojo a un independentista el 1-O con una bala de goma. Este caso sí parece más difícil que entre en la amnistía, ya que la norma excluye expresamente los actos dolosos que hayan producido la pérdida de un miembro, si bien la Fiscalía ya ha pedido que los agentes no sean juzgados porque, alega, cumplían órdenes de sus superiores.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido exculpar a los cuatro policías nacionales procesados por reventar el ojo con una bala de goma al independentista Roger Español el 1 de octubre de 2017 y, en cambio, ha solicitado juzgar al joven por lanzar una valla contra los uniformados antes de ser mutilado.

Así lo solicita el Ministerio Público en un escrito dirigido al tribunal que prevé juzgar a los agentes, en el que reclama que los uniformados no vayan a juicio ya que considera que obraron en cumplimiento de su deber de impedir el referéndum, tal y como había ordenado el TSJ catalán, y que su actuación fue “proporcional”.

Los cuatro policías procesados son los únicos que pueden quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a los actos dolosos que hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español. Sin que el debate jurídico sobre su inclusión en la amnistía se haya producido, la Fiscalía solicita que los agentes no vayan a juicio, al contrario de lo que reclaman el centro Irídia y otras acusaciones del caso.

La Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Roger Español, excandidato de Junts al Senado. Los jueces ordenaron que el caso se juzgara por sumario y no por el procedimiento abreviado, como ocurrirá con el resto de las cargas policiales en la capital catalana, que previsiblmente sí resultarán amnistiadas al no haber provocado lesiones tan graves como la del joven.

Al contrario de la hipótesis planteada por los magistrados que repasado la instrucción del caso, la Fiscalía descarta que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y considera que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Para la fiscal, el disparo de la bala de goma que dejó sin ojo a Español cumple los requisitos para que los agentes puedan acogerse a la eximente de actuar en cumplimiento de un deber: obedeció a una orden dictada por un superior orgánico y la instrucción fue “debidamente controlada ”por los mandos intermedios“, sin que el escopetero incumpliera los protocolos de actuación.

Tras recordar que la normativa aplicable “autorizaba” a la Policía Nacional a utilizar balas de goma (pese a que el Parlament se lo prohibió a los Mossos dos años antes), el escrito fiscal sostiene que el lanzador de la escopeta cumplió los “requisitos técnicos” establecidos, ateniéndose a la “premisa básica de menor lesividad posible” y a una distancia no inferior a quince metros, en una situación de “peligrosidad extrema” para los agentes debido a los lanzamientos de los manifestantes.

La Fiscalía subraya también que entre el escopetero y Roger Español mediaba “una distancia aproximada de quince metros” y que el lanzamiento se produjo ante la “conducta de hostilidad y acometimiento a los policías” por parte del votante, que justo antes “había propinado una patada a un objeto en dirección a la línea policial”.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicita que 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— paguen 3,1 millones por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del procés. Así consta en el escrito de conclusiones del fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, al que ha tenido acceso elDiario.es. 

Martín-Granizo ha presentado su escrito después de que la consejera Elena Hernáez le diera 10 días de plazo para presentarlo. Hernáez acordó el pasado enero seguir adelante con el procedimiento sobre la derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 a la espera de la ley de amnistía. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos.

La consejera rechazó entonces la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Junqueras y otros ocho codemandados más, con el respaldo de la Fiscalía. Ahora, una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien y, después, dictará sentencia. 

En su informe, Martín-Granizo afirma que la ley de amnistía “es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance”. En consecuencia, considera que subsisten las “razones” que esgrimió cuando, durante el juicio, se posicionó en contra de suspender el procedimiento. 

En total, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. De esa cantidad, 883.695 euros corresponden a gastos en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y 2.209.503 euros al dinero utilizado para la promoción exterior del procés. 

El Tribunal Supremo ha confirmado que un independentista irá a prisión tras ser condenado en firme a tres años y medio de cárcel por agredir con un palo a dos Mossos d'Esquadra en las manifestaciones del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre. Los jueces han rechazado el recurso de Adrià S.M contra su condena por atentado y lesiones, que incluye una indemnización que suma 1.8000 euros para los dos agentes.

La sentencia firme del caso explica que durante las protestas del 1 de octubre de 2018 frente al Parlament de Catalunya, en el Parc de la Ciutadella, el acusado se puso un pañuelo rojo para taparse la cara y cogió un palo con una bandera para golpear a varios agentes de los Mossos d'Esquadra. A uno le dio en la barbilla y a otro en el casco.

El Supremo confirma condenas que suman, entre todas, tres años y medio de prisión, pero que en caso de ejecutarse implicarían su entrada en la cárcel. Por un lado se le imponen tres años de cárcel por atentado con instrumento peligroso, seis meses más por lesiones menos graves y una multa por lesiones leves. Además se confirma que debe indemnizar con un total de 1.800 euros a los dos agentes a los que agredió con el palo. Un palo, dice el Supremo, “cuya capacidad lesiva es objetivamente relevante”.

Se trata de un caso judicial que también generó polémica política en Catalunya durante su tramitación. La Generalitat de Catalunya, en noviembre de 2020 durante el juicio, mantuvo su petición de cinco años y medio de prisión para el joven pese a que los dos partidos que formaban entonces el Govern, JxCat y ERC, habían pedido retirarla.