La OCDE recomienda a España reforzar las inversiones en materia energética, sobre todo aquellas relativas a las redes eléctricas y el refuerzo de la infraestructura, y mejorar las políticas de formación para jóvenes y adultos de cara a aumentar una productividad económica que, reconoce, ha avanzado en los últimos años.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media. Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35 % en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30 % en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún “significativo”.

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El organismo, con sede en París, reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno.

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que “seguir agilizando” la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para “hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro”.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

Más IVA y menos impuestos al trabajo

En materia fiscal, la OCDE recupera viejas recomendaciones para reducir la imposición sobre el trabajo, que, dicen, desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales.

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las “elevadas” cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible. Su receta es “impuestos menos distorsionadores” como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

La economía española aceleró a finales del año pasado y sentó los cimientos para otro año de crecimiento diferencial. Hasta tal punto, que ya se veía como un objetivo al alcance de la mano el liderar a las grandes economías avanzadas por tercer año consecutivo. Pero un mes de guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha sido suficiente para disipar los vientos de cola y prometer menos crecimiento y más inflación.

El INE dio este viernes el primer dato de inflación de la eurozona, por lo que todos los ojos estaban puestos en la evolución del IPC tras un mes de precios del petróleo disparados y su traslación a las gasolineras. Del 2,3% interanual que registró en febrero, al 3,3% en marzo. Un punto más explicado solamente por la guerra contra Irán.

“Aunque estaba previsto un acusado incremento debido a la subida de los precios del petróleo, esta cifra se sitúa por debajo del consenso, del 3,6%. Este es un desarrollo positivo en el escenario actual, particularmente el que la inflación núcleo permaneciera estable en el 2,7% interanual, ya que cualquier efecto de segunda ronda de los precios de la energía más altos sobre las presiones inflacionarias subyacentes tardarán tiempo en materializarse”, valoraban en una nota desde la consultora Oxford Economics.

La semana que ha estado en vigor el Plan anticrisis del Gobierno, con rebajas fiscales en los precios de los combustibles como medida estrella, ha sido suficiente para amortiguar unas décimas el mordisco al bolsillo que supone el encarecimiento del crudo. Y aunque las bajadas aún están lejos de los 30 céntimos que anticipó el Gobierno, desde el Ministerio de Economía lo achacan a “presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”.

El IPC adelantado este viernes –no conoceremos el definitivo hasta mediados de abril, por lo que todavía podrían bailar algunas décimas– es el primer dato oficial que mide el impacto de la guerra en la economía. Al menos, el primer dato macroeconómico, más allá de las cifras de los surtidores. 

Del FMI al Banco de España: menos avance del PIB y un IPC más elevado

El resto, son solo previsiones. Y como tal, están sujetas a la incertidumbre. Hasta finales del mes próximo no tendremos un primer avance de cómo ha afectado al producto interior bruto (PIB) del primer trimestre el conflicto. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco de España han publicado una primera tanda de proyecciones que ya recogen el impacto de la guerra.

El FMI, tras las consultas para el informe que elabora sobre la economía española, rebajó al 2,1% su previsión de avance del PIB para 2026 y al 1,8% en 2027. Los precios cerrarán 2026 con una subida media del 3% este año, que se ralentizará al 2,2% para el próximo.

Las de la OCDE son similares. En su caso, la actualización intermedia de sus proyecciones económicas incluye un escenario de desaceleración mundial y advierte de que el conflicto en Oriente Medio “pondrá a prueba la resiliencia de la economía global”. En cuanto a la proyección específica de España, recortan al 2,1% el avance del PIB en 2026 y al 1,7% en 2027. La inflación media será del 3% y el 2,2%, respectivamente.

Pero estos organismos internacionales carecen del músculo suficiente para un análisis de la economía española como el que elabora el Banco de España. En su caso, elevan la previsión de crecimiento al 2,3% para este año, una décima más de lo que anticiparon en diciembre, pero con varios fenómenos contrapuestos. Por un lado, el mayor vigor de la economía española en los últimos meses explicaba por sí misma una revisión al alza, pero la guerra y la subida de los precios recortaban el crecimiento. El efecto del Real Decreto-Ley anticrisis aprobado este jueves en el Congreso ha sido clave para compensar, al menos en parte, los efectos negativos del conflicto. Para el año que viene, estiman un avance del PIB del 1,7%. La inflación será del 3% este año y del 2,5% el que viene.

El Banco de España va más allá y diseña dos escenarios adicionales en función de la gravedad de la guerra en Oriente Medio. En el caso de ir al peor, con los precios de petróleo disparados y una disrupción de los mercados de materias primas, el crecimiento se frenaría al 1,9% este año y la inflación se dispararía al 5,9%. El próximo año, el PIB solo avanzaría un 1,1% y los precios subirían un 3,2%.

Antes del estallido de la guerra, en noviembre, el Gobierno elaboró el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado con la estimación de que la economía española crecería un 2,2% este año y un 2,1% el que viene. María Jesús Montero, hasta esta semana vicepresidenta y ministra de Hacienda, dejó las cuentas públicas ya preparadas para Arcadi España, su nuevo titular. Pero el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, va a tener que rehacer los números detrás del Presupuesto, como confirmaron este viernes fuentes del Gobierno. El impacto de las medidas anticrisis y los posibles efectos económicos a futuro todavía están sin medir.

La OCDE ha recortado en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España en 2026 y en otra décima, hasta el 1,7%, el previsto para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio, que “pondrá a prueba a la resiliencia de la economía global”.

La organización ha publicado este jueves la actualización de sus proyecciones económicas que ya anticipan una ralentización de la actividad en todo el planeta, arrastrada por la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán y unos precios elevados que reducirán el crecimiento

En el caso de España, si bien las primeras cifras muestran un efecto contenido sobre el crecimiento, la previsión de inflación cambia drásticamente. La OCDE estima que los precios subirán un 3% en 2026, siete décimas más que lo que anticiparon en diciembre, y se ralentizarán hasta el 2,2% en 2027 (0,4 puntos porcentuales más).

La inflación subyacente, que es la que excluye de su cálculo a la energía y a los alimentos frescos por ser más volátiles, también se verá afectada por el conflicto. Este dato es el que los economistas denominan como inflación ‘núcleo’ del sistema productivo y ya estaba siendo muy ‘pegajosa’ para la actividad productiva antes del conflicto. Lo será más tras el estallido de la guerra: el 2,7% en 2026 (0,5 puntos más) y el 2,1% en 2027 (0,3 más).

Las previsiones publicadas este jueves se suman a las del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana pasada, que ya apuntó a un recorte de dos décimas del crecimiento este año, también hasta el 2,1%, pese al comportamiento “firme” de la economía española.

“La amplitud y la duración del conflicto son muy inciertos, pero un periodo prolongado de precios de la energía altos elevará notablemente los costes para las empresas y subirá la inflación en los precios al consumidor, con consecuencias negativas para el crecimiento”, señala el informe publicado este jueves. “Un periodo prolongado de disrupción también podría dar lugar a significativos desabastecimientos energéticos que podrían rebajar aún más el crecimiento”, incide.

La guerra contrarresta los “vientos de cola” de la IA

La OCDE apunta que el crecimiento mundial se va a desacelerar en 2026 al 2,9%, desde el 3,3% que avanzó en 2025, debido a los efectos negativos del conflicto bélico, que contrarrestará los “vientos de cola” de las inversiones en tecnología, la bajada de los aranceles efectivos de Estados Unidos tras la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó buena parte de estas tarifas, así como del arrastre para la economía del vigor que demostró la economía el año pasado. De no haber sido por el conflicto, dice el documento, habría actualizado al alza el crecimiento global.

La rebaja de previsiones no afecta solo a España. En el caso de la eurozona, el recorte es de cuatro décimas y la OCDE prevé que el crecimiento sea raquítico este año, del 0,8% en 2026. El mismo porcentaje que crecerán Alemania y Francia, ambas con una rebaja de 0,2 puntos con respecto a la anterior proyección, mientras que Italia avanzará un 0,4%.

Como señala la OCDE, la economía mundial estaba mostrando una solidez notable antes del estallido del conflicto, gracias a la fuerza de la inversión, del consumo de las familias y de las inversiones en el área de la tecnología, fundamentalmente para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Y a pesar de la volatilidad comercial de los aranceles impuestos por la Casa Blanca. 

El organismo sí alerta de las consecuencias que puede tener el conflicto sobre las cadenas de suministro globales. “Los fertilizantes son un riesgo particular, ya que el Golfo Pérsico supone un 34% de las exportaciones mundiales de urea y en torno al 20% de las exportaciones de fosfato diamónico y amoníaco anhidro en 2024”, dice el documento, que subraya que los precios se han disparado un 40% desde mediados de febrero, lo que puede tener un efecto directo sobre las cosechas y el coste de la alimentación de cara a 2027. Pero la zona es fundamental, también, para la producción de aluminio, el suministro de helio (clave para la producción de chips), el turismo…

Prevé que el BCE suba los tipos de interés

La OCDE recomienda a los bancos centrales que permanezcan “vigilantes” ante posibles repuntes en la inflación, pero que sean “cuidadosos” en cuanto a los efectos que puedan tener potenciales subidas de los tipos de interés sobre el crecimiento económico. De hecho, el organismo cree que, a diferencia de las proyecciones anteriores, el Banco Central Europeo llevará a cabo un “modesto incremento” de las tasas en el segundo trimestre “para ayudar a asegurar que las expectaciones de inflación permanezcan bien ancladas pese a los mayores precios de la energía”.

Sobre las medidas de emergencia para mitigar estos repuntes, la OCDE apunta que cualquier medida discrecional “deberían estar enfocadas a los hogares con mayor necesidad y a las empresas viables, perservar los incentivos para rebajar el uso energético y tener mecanismo claros de expiración”. En este sentido, y sobre subsidios y rebajas fiscales -como las que este jueves se votan en el Congreso- señala que si bien son fáciles de implementar, “tendrá costes fiscales más altos” y desincentiva el ahorro energético. “También es más probable que requieran de reducciones compensatorias en otras áreas de gastos si el espacio presupuestario es estrecho”, destaca. Todo esto, en un momento en el que en gasto en defensa, el envejecimiento poblacional y el cambio climático van a poner a prueba las cuentas públicas de decenas de países.

De hecho, la organización insiste en la necesidad de recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas, con revisiones del gasto público y potenciales subidas de impuestos en aquellos tributos donde aún hay margen de recaudación.

Las falsificaciones de productos, que suponen el 2,3% del comercio mundial, y la explotación laboral —incluida la infantil— no son fenómenos aislados, sino prácticas que “se refuerzan mutuamente”. Así lo advierte un informe publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

El estudio señala que la producción de bienes falsificados está “estrechamente” ligada al trabajo forzoso, “al trabajo infantil peligroso y a otras violaciones graves de los derechos laborales”. Ambas organizaciones alertan de que estas prácticas prosperan en contextos de gobernanza débil, escasa aplicación del Estado de derecho y elevada vulnerabilidad social.

El mercado de las falsificaciones mueve unos 467.000 millones de dólares al año, según las estimaciones que recoge el documento, y recurre a la explotación para reducir los costes de los traficantes. Los modelos econométricos que emplean los investigadores muestran la correlación entre una menor protección del salario mínimo y niveles más altos de actividad falsificadora. El informe apunta a vínculos significativos entre altos niveles de informalidad laboral y una mayor exposición a la economía ilícita.

Esclavos que cosen logos falsificados

Aunque el estudio no señala a países concretos como responsables directos, sí menciona iniciativas que considera ejemplares, como la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur aprobada en Estados Unidos en 2022, que prohíbe las importaciones vinculadas a la región china de Xinjiang. En esa zona, la ONU acusa desde hace años a Pekín de reprimir a la minoría uigur, de mayoría musulmana.

En informes anteriores, la OCDE y la EUIPO habían identificado a China como uno de los principales focos de producción de falsificaciones, junto a Hong Kong, Turquía, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, estos dos últimos como puntos de tránsito.

Los sectores más afectados son aquellos con mayores márgenes de rentabilidad, como el textil, la ropa y el calzado, donde los grupos criminales recurren a talleres clandestinos para tareas como coser logotipos falsos en prendas y zapatillas. También figuran entre los más vulnerables la electrónica, los productos farmacéuticos, el tabaco, los juguetes y los cosméticos.

El informe se apoya, además, en denuncias de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que ha documentado casos de menores obligados a colocar logotipos falsificados en ropa y calzado, así como de migrantes introducidos de forma irregular y coaccionados para vender productos falsos en las calles de ciudades del sur de Europa.

Más de 145 países y jurisdicciones han dado su visto bueno para las reglas de aplicación del impuesto mínimo a las multinacionales que se lleva años negociando y que incluyen un mecanismo particular de exención para las compañías estadounidenses ante la amenaza de Washington de quedarse fuera del dispositivo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que anunció este lunes el acuerdo, lo presentó en un comunicado como una “solución yuxtapuesta” que supone “un gran compromiso político y técnico que sentará las bases de la estabilidad y de la seguridad jurídica del sistema fiscal internacional”.

También aseguró que además de mantener los logros que se habían obtenido durante el largo proceso negociador, que había dado lugar a un primer acuerdo en octubre de 2021, y “garantizará la capacidad del conjunto de las jurisdicciones, en particular los países en desarrollo, para ejercer sus derechos de imposición prioritarios sobre los beneficios generados en su territorio”.

El proceso negociador del marco inclusivo se concibió con el objetivo de establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que si no lo cobraba el país en que una multinacional tiene su sede lo harían las jurisdicciones en que esa empresa tiene actividad.

Según las explicaciones de la OCDE, hay cinco elementos clave en el compromiso sobre las líneas directivas para el impuesto mínimo, pero hay uno particularmente controvertido sobre el sistema diferenciado para las compañías estadounidenses, aunque no se presenta así.

En su comunicado, recogido por la agencia EFE, la OCDE habla de “la instauración de nuevos regímenes de protección para los grupos multinacionales cuya casa matriz esté situada en una jurisdicción elegible que cumple criterios de imposición mínima”.

Eso deriva de un compromiso alcanzado a finales de junio de 2025 por los países del G7 (y criticado entonces por España) por el que se permite mantener a Estados Unidos su régimen sobre los beneficios obtenidos por sus multinacionales en el extranjero, que no se corresponde con la lógica que se había instaurado en la negociación de la OCDE sobre un impuesto mínimo mundial.

Los otros miembros del G7 lo aceptaron ante la amenaza de la Administración de Donald Trump de salirse del llamado “marco inclusivo” porque se oponía --según su propia lógica-- a que otros países pudieran aprovecharse del efecto de algunas de sus incitaciones fiscales para sus multinacionales por su actividad en el exterior.

Ese primer acuerdo del G7 se ha trabajado en estos últimos meses con el resto de los miembros del marco inclusivo.

Más allá de esta cuestión particularmente polémica, el acuerdo anunciado este lunes incluye otros puntos, como medidas de simplificación que disminuirán el coste para las multinacionales y para las administraciones fiscales para su cálculo y para su declaración.

Además se establece “más coherencia” en los dispositivos de incitaciones fiscales y “un balance basado en pruebas para garantizar que se mantenga la igualdad de condiciones para todos”. Esos elementos también incluyen a Estados Unidos.

La OCDE igualmente señaló que estas líneas directrices consensuadas significan “la confirmación de que el impuesto complementario mínimo cualificado cobrado localmente es un pilar esencial del marco del impuesto mínimo mundial, que garantiza la protección de las bases de imposición locales, en particular en los países en desarrollo”.

Par el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el acuerdo “constituye una decisión histórica en materia de cooperación fiscal internacional”. 

La economía española hace tiempo que dejó de ser el farolillo rojo de la Unión Europea. En 2024, el producto interior bruto (PIB) español creció un 3,5%, la economía avanzada más dinámica ese año. En 2025, todas las previsiones indican que cerrará con un incremento del 2,9%, también muy por encima de sus pares. Y las proyecciones para 2026 son optimistas pese a la incertidumbre.

De nuevo, el país ha superado todos los vientos que venían de frente y ha superado las expectativas fijadas a finales del año pasado, cuando los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina, así como la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, se antojaban como frenos para el motor del crecimiento.

España cerró 2025 con pleno de previsiones en el 2,9% del PIB. Es cierto que a final del año y con casi toda la información encima de la mesa, los diferentes centros de estudio tienen más sencillo atinar en su proyección. Pero es que hace doce meses el más optimista, el Banco de España, calculaba un avance del 2,5%.

La fortaleza del mercado laboral, la moderación de los precios y las ganancias de poder adquisitivo, el repunte de la inversión o el despliegue de los fondos europeos son algunas de las claves que explican por qué la economía española parece una balsa de aceite en plena convulsión mundial, a pesar de la enorme fragmentación del arco parlamentario y las crecientes dificultades del Gobierno para sacar adelante sus medidas o aprobar unos Presupuestos.

Este 2026, la economía española avanzará más del 2%, apuntan todas las previsiones. Alemania, Francia o Italia, las otras tres 'grandes' del euro, crecerán la mitad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA… Todos coinciden en sus análisis del vigor de la economía española. Todos apuntan que seguirá, aunque con cierta ralentización, en 2026. Y todos señalan que, pese a todo, hay nubarrones en el horizonte.

El FMI destaca el crecimiento excepcional de España

“La economía española se ha comportado excepcionalmente en los últimos años, con tasas de crecimiento realmente generosas, en torno al 3%. (...) Y debo decir que no se debió solo al turismo, sino que también tuvo que ver la tecnología, las comunicaciones y los nuevos sectores. Y eso son noticias fantásticas para la economía española”, señaló el director del Departamento para Europa del FMI, Alfred Kammer, el pasado octubre durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas Mundiales que elabora la organización.

El FMI, que no cuenta con un capítulo específico para el país más allá de sus informes anuales que publica en junio –el conocido como Artículo IV–, actualizó en octubre la previsión de crecimiento de España para 2025 al 2,9%, siendo entonces uno de los organismos más optimistas con respecto a la economía española. Más que el propio Gobierno, que entonces apuntaba a un avance del PIB del 2,7%. En cuanto a 2026, su previsión es que el ritmo se desacelere hasta el 2%, todavía una tasa muy sana.

Después de dos años como líder de las economías avanzadas, la organización situó a España también en el podio para este año, aunque una décima por detrás de Estados Unidos (2,1%). Con todo, el FMI suele ser de los organismos más conservadores en sus proyecciones a largo plazo. Actualizará sus cifras en las próximas semanas, coincidiendo con la celebración del Foro de Davos (Suiza). El año pasado en estas fechas calculaba un 2,3% de subida del PIB en 2025 y un 1,8% en 2026. La realidad ha demostrado ser bastante más vigorosa.

La Comisión Europea subraya la fortaleza del mercado laboral

Las proyecciones económicas por países que acompañan al Paquete de Otoño de la Comisión Europea también dieron buenas noticias a España. Más allá de situar la estimación para 2025 en el 2,9%, al igual que el resto de analistas, dispararon al 2,3% la previsión para 2026. Nuestro país, a los ojos de los economistas comunitarios, será la gran economía avanzada que más crezca, por encima de Estados Unidos (1,9%) y casi el doble que la zona euro (1,2%).

“La demanda doméstica será el principal motor de crecimiento en el periodo 2025-2027, sobre todo gracias al consumo privado y al buen comportamiento de la inversión. El gasto de los hogares se beneficiará de las ganancias de poder adquisitivo y de la creación de empleo, en un contexto de flujos migratorios sostenidos”, destacó el informe del Ejecutivo comunitario.

La fortaleza del consumo interno suplirá la atonía del sector exterior, afectado por la guerra arancelaria y por unos socios comerciales (Alemania, fundamentalmente) que aún no están saliendo del bache económico. Este es uno de los riesgos que destacan desde Bruselas: el hecho de que una actividad más lenta en países clave para los intereses españoles puedan frenar el crecimiento, bien por las exportaciones, bien por la llegada de turistas. 

La OCDE: los fondos europeos avivarán la inversión en su último año

La OCDE publicó el pasado noviembre su estudio bianual sobre la economía española. Y lo presentó su secretario general, Mathias Cormann, en un acto junto al ministro Carlos Cuerpo, en una muestra de la importancia del documento… y de que no incluía grandes críticas a la política económica del Gobierno. Todos los aspectos más espinosos eran ya propuestas conocidas de la organización: subir el IVA, revisar el sistema de pensiones o “calibrar cuidadosamente” las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). 

Los técnicos de la OCDE destacaron el comportamiento “notablemente bueno” de la economía española, que ha crecido después de la pandemia de manera “equilibrada, resiliente y estable”, gracias a una combinación de factores como la gran creación de empleo y los aumentos de productividad, reduciendo su dependencia del capital extranjero.

La organización apunta también en su informe de Perspectivas económicas que España será la economía avanzada líder en 2026 (2,2%), por delante de Estados Unidos (1,7%) y avanzando el doble que Alemania o Francia (ambas, el 1%). “El consumo privado crecerá gracias a la fuerte creación de empleo, al aumento de los salarios reales y a la mejora de las condiciones financieras. La inversión empresarial y de los hogares se verá impulsada por la bajada de las tasas de interés y el despliegue en curso de los fondos del PRTR, para luego desacelerarse en 2027, a medida que estos fondos vayan remitiendo”, abundan en su ficha sobre el país.

BBVA Research: el más optimista

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, moderó ligeramente, a principios de diciembre, su previsión de crecimiento para 2025 del 3% que calculaba en octubre al 2,9% en diciembre. Una rebaja de una décima que, en realidad, se trasladó a 2026, cuando calculan que la economía avanzará un 2,4%, la proyección más optimista de los analistas habituales.

La mejora de la renta disponible de los hogares, la relajación de los tipos de interés (a pesar del puntual repunte del euríbor) y los fondos europeos serán las claves sobre las que descansará el crecimiento en el próximo bienio. Pero la desaceleración vendrá por una moderación de la llegada de turistas extranjeros, al situarse el país al borde de su capacidad de acogida de viajeros; de una ralentización en las exportaciones de bienes y de una política fiscal más contractiva a mediados del año, una vez acaben los fondos europeos y el Gobierno tenga que hacer frente a sus compromisos de consolidación con Europa.

El Banco de España apunta a grandes crecimientos salariales

El último en sumarse a la ola de optimismo ha sido el Banco de España. La entidad fue de las primeras en rebajar el crecimiento previsto para este año por el impacto de los aranceles, pero ha ido elevando la previsión a lo largo del año. 2025 cerró con un crecimiento del 2,9%, según su análisis, y 2026 lo hará con un alza del 2,2%. 

El supervisor eleva notablemente sus previsiones de cara a los dos próximos ejercicios, en la línea de una mejora de la economía a escala global, gracias a una incertidumbre menor que hace unos meses. Además, la actualización ya incorpora la revisión de los datos de la Contabilidad Nacional de septiembre, que arrojaron un 2024 mucho mejor de lo anticipado. Asimismo, 2026 estará muy influido por la “fortaleza del consumo privado, que ha superado las expectativas” y un “ciclo de inversión que se mantiene robusto”. Los salarios están creciendo con vigor y podrían hacerlo más, tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de funcionarios, apunta la entidad.

“El consumo privado sería el componente con mayor aportación al crecimiento, impulsado por la renta disponible de los hogares, el empleo y los flujos migratorios. No obstante, se anticipa una desaceleración gradual del consumo a lo largo del horizonte de proyección, en línea con la ralentización esperada de dichos factores y en un contexto en el que la tasa de ahorro, aunque se reduciría en los próximos años, se mantendría por encima de su promedio histórico”, detalla el informe trimestral del Banco de España.

Los riesgos: de la Casa Blanca a las cuentas públicas

El hecho de que la economía española haya capeado la tormenta mejor que otras economías desde la pandemia no evita que siga siendo vulnerable a lo que está por llegar. Por un lado, porque la incertidumbre vinculada a la Administración Trump es algo que va a seguir presente. Por otro, porque potenciales desarrollos en las guerras en curso moverán todo el escenario geopolítico. Además, y aunque las bolsas estén en máximos (sobre todo, el Ibex 35), una brutal corrección bursátil, especialmente por las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial, podría causar un verdadero terremoto.

A la interna, la fragmentación política, la concatenación de citas electorales a principios de año y la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizados son algunos de los aspectos que determinarán la evolución de la economía en los primeros trimestres, los de mayor peso a la hora de determinar el crecimiento de un ejercicio.

Con todo, la economía española vive un buen momento con la inflación en descenso y el mercado laboral marcando récords, aunque esta bonanza esté tardando en notarse en el bolsillo de las familias. La mejora de las cuentas públicas ha hecho que las principales agencias de calificación hayan subido la ‘nota’ de la deuda española en el último año. Y podrían volver a hacerlo, pasando de un notable a un sobresaliente, a lo largo de 2026.

España está lejos de ser un infierno fiscal como se defiende desde los partidos políticos de la derecha o de los ámbitos académicos más liberales. La presión fiscal en España, el indicador que relaciona el total de ingresos por impuestos y cotizaciones sociales sobre el tamaño de la economía medido en términos de PIB, avanzó en 2024 al 36,7%, según los últimos datos de la OCDE publicados la semana pasada. Por encima de la media de la organización de economías avanzadas (34,1%), pero muy lejos de los pares europeos con Estados del Bienestar semejantes

España lleva décadas rezagada en comparación con el resto de los grandes países de la Unión Europea. Por ejemplo, en el año 2000 la presión fiscal se situó en el 33,1% del producto interior bruto (PIB). Lejos de la locomotora del euro, Alemania (36%), pero a años luz de otros vecinos como Italia (40,1%), Francia (43,7%) o Suecia (50%).

En los últimos años, sobre todo desde la pandemia, se ha cerrado ligeramente esa brecha. Pero, en realidad, la recaudación en relación con el PIB se encuentra en niveles similares a los de 2007, el momento de mayor auge antes de que estallara la burbuja inmobiliaria.

2024 cerró con una presión fiscal tres décimas superior a la de 2023, gracias a la desaparición de varias medidas de alivio fiscal como consecuencia de la crisis inflacionaria y por la mejora del empleo. Aún está a siete décimas del máximo que se alcanzó en 2021 (37,4%), aunque aquel fue un año extraño, en el que el derrumbe económico fue compatible con la estabilidad de la recaudación. Gracias, fundamentalmente, a las medidas desplegadas por el Estado para evitar una crisis de rentas.

El último estudio de la OCDE destacó que España había aumentado su presión fiscal 5,6 puntos desde 2010, el doble que la media de la organización. Sin embargo, España partía también de una posición más baja con respecto a sus pares y tardó más que el resto en recuperarse de la brecha de la crisis financiera. En la OCDE hay miembros con tasas muy reducidas de ingresos tributarios sobre el PIB, como México (18,3%), Turquía (24%) o Estados Unidos (25,6%), lo que arrastra considerablemente la media del conjunto.

Recaudamos menos en IRPF e IVA

“Lo que significa que estemos varios puntos por debajo en presión fiscal respecto al PIB en comparación con nuestros socios, es que recaudamos menos en función de la renta de nuestro país”, explica la catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, Olga Cantó.

El catedrático de Economía Aplicada e investigador de Funcas, Desiderio Romero, detalla que hay una diferencia entre los datos macro agregados y cuál es la composición, impuesto por impuesto. “En los últimos años, desde 2019, la recaudación ha aumentado muchísimo en algunos impuestos como el IRPF. Aquí tiene su efecto la progresividad en frío, que el Gobierno no lo haya actualizado con la inflación, pero también por la llegada de más factor trabajo por la inmigración”, asevera. Es decir, porque nunca ha habido tanta gente trabajando.

Romero subraya que la imposición se centra demasiado en el factor trabajo y también en las cotizaciones sociales –que si bien no son tributos al uso, se utilizan en el cómputo de la presión fiscal– y no tanto en los impuestos al consumo, algo que la Comisión Europea o la propia OCDE vienen recomendando desde hace años.

Por ejemplo, de acuerdo con los últimos datos comparados de la OCDE, España recaudó un 9,1% de su PIB por IRPF, una cifra histórica. Es una cifra similar a la de Francia (9,3%), pero Alemania recauda por este concepto el 10,1%, Italia el 11,8% y Bélgica el 12%.

Una de las claves por las que Cantó –que participó en la redacción del Libro Blanco para la reforma tributaria de 2022– cree que España está tan lejos en presión de nuestros socios es porque los dos grandes impuestos recaudadores, el IRPF y el IVA, tienen una “dimensión” pequeña. Esto es, que captan menos de lo que deberían en función de la renta. Y, en el caso del IRPF, a pesar de tener un diseño bastante progresivo (funciona por tramos y a cada uno se le aplica un tipo impositivo creciente, por lo que paga más quien más gana), está afectado por numerosas desgravaciones. Esto reduce su “dimensión” y lo hace, también, menos redistributivo.

El objetivo descafeinado de subir la presión fiscal

Una de las metas que se fijó el Gobierno de Pedro Sánchez a su llegada a La Moncloa fue la convergencia en presión fiscal con el resto de los Veintisiete. De hecho, fue uno de los compromisos que se adquirió en el Plan de Recuperación, donde se reconocía la “necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y el fomento del crecimiento económico”. “Ello pasa necesariamente por acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del bienestar”, apuntaba una de las versiones del documento acordado con Bruselas.

La reforma fiscal que se comprometió para recibir los fondos europeos tenía ese objetivo, aunque en modificaciones posteriores se rebajó su impacto a aumentar la recaudación en 0,3 puntos del PIB al año, algo más de 5.000 millones anuales. Fue el paquete fiscal que se aprobó a finales del año pasado, no sin sudor, lágrimas y casi sangre por parte del Gobierno. Hasta octubre, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, ha captado 5.400 millones de euros.

De acuerdo con las métricas de Eurostat, que difieren ligeramente en su metodología de las de la OCDE, la presión fiscal media en la Unión Europea es del 40,4% y en la zona euro, del 40,9%. En España, es del 37,3% del PIB. Cerrar la brecha con nuestros socios supondría recaudar cerca de 50.000 millones más cada año. El año pasado, los ingresos fiscales del Estado se situaron cerca de los 600.000 millones de euros.

Y a pesar de que los datos muestran que la recaudación en España está lejos de ser confiscatoria y de ser un infierno fiscal, numerosos think tanks liberales presionan con la idea a través de informes con indicadores de esfuerzo, cuñas o cargas. El Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la CEOE, publicó recientemente un análisis en el que comparaban la presión fiscal sobre los beneficios empresariales, arrojando que era del 41,6% frente al 31% de la OCDE.

Más allá de trajes hechos a medida para justificar la deriva anti impuestos, lo cierto es que las presiones de gasto público van a ser mayores en los próximos años. “El gran problema a largo plazo con los ingresos es el del envejecimiento. En los próximos años el gasto en pensiones, en sanidad, los cuidados… Se va a disparar”, apunta Romero. 

A ello hay que sumarle otras presiones, como las vinculadas al gasto en Defensa, por ejemplo. Y sin una recaudación robusta, no hay servicios públicos fiables. “No es posible tener Estados del Bienestar que puedan homologables a los países centroeuropeos como Francia o Alemania simplemente diciendo que hay que ser más eficiente. No existen Estados del Bienestar que puedan conseguir esos niveles de calidad sin ingresos. Los países que tienen menos presión fiscal tienen sistemas más débiles en todo el Estado del Bienestar, no hay mucha más tela que cortar”, zanja la catedrática Cantó.

La fiebre por la Inteligencia Artificial (IA) ya es un riesgo factible para la estabilidad financiera y el crecimiento económico mundial. La OCDE pone por primera vez negro sobre blanco el potencial desestabilizador que tendría una caída brusca en los mercados de las empresas vinculadas a esta tecnología, lo que podría arrastrar a las bolsas mundiales.

El organismo internacional, que ha publicado este martes su informe de Perspectivas Económicas, destaca que las altas valoraciones bursátiles suponen un “riesgo clave” para la salud del sistema financiero global, siendo las tecnológicas las candidatas más probables a desatar un shock que corrija precios a escala mundial.

“Un factor desencadenante podría ser que el entusiasmo de los inversores por la IA resulte exagerado, con una corrección en los precios extendiéndose de las acciones tecnológicas al resto de índices de referencia”, apuntan los técnicos de la OCDE en el documento.

El recuerdo de las 'puntocom'

La organización subraya que las bolsas mundiales han alcanzado valoraciones récord, acercándose a los niveles que se registraron a finales de los 90, precisamente en plena burbuja de las empresas ‘puntocom’, el antecedente por el que todos los expertos miran con escepticismo el reciente furor por la IA.

“A pesar de algunas caídas en las últimas semanas, las acciones de las tecnológicas siguen siendo el principal factor por el que crecen los precios en las bolsas de valores, lo que refleja el entusiasmo de los inversores por las ganancias potenciales de la IA y un crecimiento de los ingresos mayor que lo esperado en otros sectores y jurisdicciones”, detallan.

De hecho, este furor por la IA es uno de los principales motores del crecimiento en Estados Unidos, donde se concentra el grueso de la inversión, lo que ha permitido capear mejor de lo anticipado las turbulencias de la guerra comercial desatada por la nueva Administración de Donald Trump.

La otra cara de la moneda es la excesiva concentración de la inversión tecnológica y sus elevadas valoraciones en el mercado lo que, para el organismo, implica “un creciente entusiasmo y riesgos al alza” si estas cuantiosas inversiones no resultan ser rentables.

“El impacto en las empresas tecnológicas vinculadas a la IA podría ser especialmente grave si se ven obligadas a rebajar el valor de sus activos relacionados con la IA debido a un rendimiento inferior al esperado. A pesar de su creciente dependencia de la financiación en los mercados, las cotizadas de IA han acumulado una deuda sustancial, incluyendo un pasivo privado menos transparente y valores respaldados por hipotecas comerciales”, advierten. 

Un efecto dominó sobre las bolsas mundiales

Así, una corrección brusca en el sector “tendría un impacto significativo en el mercado de valores en general, dada la creciente participación de las principales acciones tecnológicas en la capitalización bursátil”. Los efectos de un potencial estallido de esa presunta burbuja de IA pueden sentirse en otros como los centros de datos, fundamentales para desarrollar las capacidades de esta tecnología, que a su vez podrían impactar negativamente en el sector inmobiliario.

El potencial estallido de la burbuja de la IA forma parte de esos riesgos para el crecimiento económico que reconoce la OCDE, junto a un potencial recrudecimiento de la guerra comercial o un resurgir de las presiones inflacionistas, que en el caso de España están resultando ser demasiado ‘pegajosas’.

Pero la organización también ve el potencial positivo de esta tecnología, lo que podría favorecer el crecimiento económico en el caso de que ese impulso positivo de las inversiones se traslade a otras economías avanzadas, disparando el gasto corriente y el crecimiento de la productividad a futuro.

“La extensión y los plazos de estas ganancias de productividad vinculadas a la adopción de la IA son muy inciertas, pero es posible que esos beneficios sean más visibles que lo anticipado anteriormente en los próximos dos años. Tecnologías previas de uso general, como internet, requirieron un tiempo considerable para ser usadas de manera amplia y para generar efectos de productividad sustanciales”, apuntan, aunque reconocen que el ritmo en el caso de la IA parece ser más rápido.

España crecerá casi el doble que la eurozona

En este sentido, dan un toque a la Unión Europea, ya que señalan la conocida con IA Act o el reglamento de protección de datos “pueden minar los desarrollos de la IA” en los Veintisiete.

El informe de Perspectivas también actualiza las proyecciones de crecimiento para las economías avanzadas. En el caso de España, mantiene las publicadas hace una semana, con un avance estimado del producto interior bruto (PIB) del 2,9% en 2025, del 2,2% en 2026 y del 1,8% en 2027. Cifras, en todos los ejercicios, superiores a las que estiman para el conjunto de la zona euro (1,3% en 2025, 1,2% en 2026 y 1,4% en 2027).

El crecimiento económico estará espoleado por la creación de empleo y las ganancias de poder adquisitivo, mientras que la inversión se recuperará por los fondos europeos y la mejora del coste de la financiación. Este contexto, dice la OCDE, es óptimo para “acelerar” la reducción de los números rojos y generar espacio fiscal suficiente para hacer frente a futuros shocks.

Las pensiones de viudedad son un instrumento clave para reducir la brecha de género, destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe bianual de pensiones, Pensions at a Glance 2025. Estas prestaciones reducen un tercio de la brecha de género entre los jubilados en los países del llamado Club de los Países Ricos, con algunos países con mayores disminuciones. Entre ellos señala a España, que la reduce en 22,8 puntos porcentuales, un 47%, subraya también el Ministerio de la Seguridad Social.

La OCDE dedica a la brecha de género el estudio específico de esta edición de su informe de pensiones. Una brecha que sitúa en un promedio del 23% en 2024, lo que implica que, por cada euro o dólar que reciben los hombres en pensiones, las mujeres solo reciben 77 céntimos. El organismo explica que la brecha de género sigue siendo considerable, aunque ha experimentado una disminución constante en los últimos años, cayendo del 28% en 2007 a ese 23% de 2024.

El informe recuerda que el mercado laboral es el responsable de la desigualdad de protección social en la vejez de hombres y mujeres, principalmente por factores como los años cotizados (interrumpidos para muchas trabajadoras por la maternidad), las diferencias en los salarios y las horas trabajadas, también afectadas por la sobrecarga de las mujeres de los cuidados familiares, entre otros factores.

Los sistemas de pensiones reproducen estas diferencias durante la vida laboral, que la OCDE pide abordar en primer término, pero el organismo también subraya que los sistemas de protección laboral tienen varias palancas que reducen estas diferencias de protección.

Uno de los instrumentos clave que señala la OCDE son las pensiones de viudedad, que reducen un tercio de media la brecha de género, ya que las mujeres se benefician mucho más que los hombres de estas prestaciones: representan el 88% de los beneficiarios de media en los países de la OCDE.

El organismo destaca a España entre los países cuyas pensiones de viudedad más reducen la brecha de género, en aproximadamente 20 puntos porcentuales o más, en el grupo en el que también se sitúan Chile, Costa Rica, Alemania, Grecia, Israel, Japón, Luxemburgo y Portugal. En cambio, “el impacto de las pensiones de supervivencia [viudedad] en la brecha de género salarial es solo marginal” en República Checa, Noruega, Letonia, Eslovaquia y Suecia, “debido a su bajo importe o a su baja cobertura ”.

También pensiones mínimas y eliminar penalización de la maternidad

El organismo señala también otras herramientas reductoras de la brecha de género, como las pensiones mínimas o básicas (en España serían por ejemplo las no contributivas), dado que las mujeres las cobran en mucho mayor procentaje que los hombres, y otras medidas específicas para reducir el impacto de la penalización de la maternidad en las carreras laborales de las mujeres, como la compensación por los años de cuidados por hijos.

En este sentido, España destaca por haber tomado medidas que refuerzan ambos instrumentos en las últimas reformas de pensiones. En el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, se acordó que suban más que el resto para que se aproximen al umbral de la pobreza.

Por el lado de limitar las penalizaciones de la maternidad en las pensiones futuras, se tomaron varias medidas, como reformar el complemento de las pensiones por brecha de género (antes de maternidad), que reconoce un plus por cada hijo a las mujeres o a los hombres si son los que más han visto afectada su carrera profesional tras tener un hijo. No obstante, este complemento está pendiente de revisión, porque la justicia europea consideró que discrimina a los hombres por exigirles más requisitos que a las mujeres.

Además, la reforma de 2023 incluyó mejoras en la cobertura de los vacíos de cotización (las llamadas lagunas) por las interrupciones laborales tras la maternidad.

Las pensiones complementarias reproducen las desigualdades

El análisis de la OCDE señala que el primer pilar de las pensiones obligatorias (en el caso de España nuestras pensiones públicas) reduce más la brecha de género que los sistemas de pensiones complementarios, que la reproducen en las prestaciones de vejez. Tanto los vinculados al empleo u ocupacionales, el llamado segundo pilar, como los voluntarios (como sistemas privados de pensiones), el tercer pilar de las pensiones.

Los sistemas complementarios por profesiones están más extendidos en oficios masculinizados y además reproducen las desigualdades de brecha salarial entre las profesiones masculinizadas y feminizadas.

Además, el organismo internacional constata que las diferencias de género en las pensiones voluntarias, ya sean profesionales o personales, son mayores, ya que las mujeres están infrarrepresentadas en estos planes de pensiones, en parte por sus salarios inferiores, que les dificultan ahorrar para la pensión futura. Además, “las pensiones voluntarias rara vez incluyen componentes redistributivos”, por ejemplo respecto a las lagunas de cotización por la maternidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) critica que la adaptación de la red escolar al envejecimiento no es una prioridad para la Junta de Castilla y León pese a las previsiones de los próximos años. “La reticencia política sigue siendo un obstáculo clave para la optimización de la red escolar, pero los incentivos específicos y la cooperación intermunicipal podrían facilitar el cambio”, subraya la OCDE en su informe Preparando a Castilla y León (España) para el Cambio Demográfico, publicado en septiembre de este año.

“La región debería adoptar un enfoque estructurado y transparente para la consolidación de la red escolar”, sostiene la organización, que propone establecer umbrales mínimos de matrícula más elevados que ahora —el mínimo actual son 3 alumnos—, con un transporte escolar garantizado y la exploración de modelos de escuelas multigrado o compartidas en colaboración con las comunidades locales.

Por eso propone unificar espacios que proporcionen una serie de servicios: escuelas, centros de educación infantil, centros de día o residencias para personas mayores, bibliotecas y servicios básicos de salud. Estos centros multifuncionales deberán estar adaptados a las necesidades locales, lo que reduciría los tiempos de desplazamiento y mejoraría la disponibilidad de los servicios. El análisis de la OCDE identifica “al menos” 27 escuelas de Educación Primaria ubicadas en 14 municipios que tienen “potencial de fusión”, puesto que están a menos de cinco minutos en coche entre sí, aunque el informe no identifica donde se ubican de forma concreta.

También propone vincular la financiación de la educación a una prestación de servicios más eficiente. Por ejemplo, a través de una subvención específica para los municipios que accedan a fusionar sus escuelas para garantizar que los ahorros se reinviertan en mejores infraestructuras y servicios. La OCDE ofrece el ejemplo de Lituania, donde la cooperación intermunicipal se ha utilizado para optimizar la prestación de servicios.

El principal reto que subraya la OCDE es la fragmentación municipal, porque conlleva ineficiencias y la incapacidad para proporcionar servicios públicos básicos de forma sostenible. “Con la escasa población de la región dispersa en una vasta área geográfica, mantener servicios de alta calidad, a la vez que se garantiza su rentabilidad y equidad, resulta cada vez más difícil”, lamenta el informe.

El uso más eficiente del suelo, acorde con las tendencias demográficas, no se está produciendo a un ritmo significativo, ya que muchos municipios pequeños tienen planes de ordenación territorial obsoletos o carecen de ellos y no poseen la capacidad técnica para implementar programas de reforma. El estudio destaca la importancia de la cooperación intermunicipal para mejorar la eficiencia de los servicios y hace referencia a las fusiones voluntarias de municipios.

Advierte del programa de Vivienda

La OCDE recomienda a la Junta de Castilla y León que reexamine su programa de vivienda TUYA —el plan estrella de vivienda de la Junta para avalar a los jóvenes— por los “posibles riesgos a largo plazo” como que las garantías hipotecarias resulten “financieramente arriesgadas” o trasladar el descenso de la población joven de unas zonas a otras. La OCDE considera que este programa podría “elevar los precios de la vivienda y excluir a los jóvenes que no cumplen los requisitos para obtener una hipoteca”. Por eso propone redirigir el gasto del programa y aumentar la construcción de vivienda pública en “zonas estratégicas” con base en las tendencias demográficas y el acceso a los servicios, así como el apoyo técnico de los municipios.

También pone el foco en el programa 'Rehabitare', cuyo impacto se podría ampliar si la comunidad explota “nuevas fuentes de financiación” como los fondos de la Política de Cohesión de la UE y la colaboración más activa con el sector privado y el tercer sector. “La revisión intermedia en curso de la Política de Cohesión de la UE ofrece una oportunidad concreta para reasignar los recursos del FEDER a intervenciones estratégicas de vivienda en zonas rurales y en declive demográfico”, promueve la OCDE. La organización internacional ha reclamado modificar el programa para permitir la cofinanciación de proyectos de rehabilitación, especialmente aquellos que fomenten la movilidad laboral, el envejecimiento de la población o el atractivo rural.

Además, la OCDE propone que la Junta apoye a los municipios a identificar las propiedades prioritarias a rehabilitar e incluso le pide que considere la demolición estratégica en lugar de la rehabilitación en zonas donde la demanda de vivienda se ha desplomado. La OCDE recomienda a Castilla y León que participe “más activamente” en las consultas que hay en el Plan de Vivienda Asequible en el que está trabajando la Comisión Europea. “Las lecciones aprendidas de REHABITARE y TUYA podrían servir de base para enfoques más amplios de la UE en materia de vivienda en territorios con baja demanda, donde el vínculo entre la revitalización demográfica y la política de vivienda es especialmente fuerte”, destaca. La OCDE aconseja crear “un banco de tierras” o una agencia de alquiler social “para adquirir y gestionar propiedades subutilizadas o vacantes, y promover su rehabilitación para usos productivos o naturales”.

La OCDE propone implantar incentivos fiscales para la venta de segundas residencias y que estas se conviertan en viviendas principales y ofrecer alquileres asequibles, especialmente en las zonas rurales, donde en ocasiones la oferta de vivienda existente es muy baja. Además, plantea introducir un sistema diferenciado de impuestos sobre la propiedad para que las propiedades vacías vuelvan al mercado.

Ayuda a domicilio y residencias

Castilla y León también debería aspirar a un modelo de atención a las personas mayores “más equilibrado” que integre la atención domiciliaria con los servicios comunitarios, según la OCDE. El estudio considera “valiosa” la iniciativa de 'A gusto en casa', aunque advierte que “una dependencia excesiva de la atención domiciliaria podría no ser sostenible a largo plazo”. “El modelo de atención domiciliaria necesita más inversión en cuidadores y modelos de servicio innovadores para seguir siendo viable”, insiste la OCDE.

En relación con el empleo rural en sectores clave como la atención sociosanitaria, la OCDE propone que los municipios destinen viviendas vacías con alquileres subvencionados para “animar a los trabajadores sanitarios a establecerse en comunidades remotas”. La organización internacional propone a la Junta que proporcione “asistencia financiera, servicios de respiro y formación” para los cuidadores no profesionales como existe en los países escandinavos. Noruega incluye subvenciones, formación profesional y apoyo psicológico para los cuidadores, mientras que Suecia ofrece prestaciones sociales para garantizar la seguridad financiera de las familias que cuidan a familiares ancianos o discapacitados.

Un observatorio permanente

La OCDE recomienda la creación de un observatorio demográfico permanente para Castilla y León, que pueda “apoyar el monitoreo sistemático de las tendencias poblacionales, consolidar la investigación demográfica y proporcionar aportaciones técnicas para fundamentar la toma de decisiones a nivel regional y local”. “Un observatorio regional ayudaría a anticipar los desafíos demográficos, evaluar el impacto a largo plazo de las políticas públicas y mejorar el diseño de intervenciones específicas”, sostiene la organización internacional, que propone emular el Observatorio de Aragón.

Para la OCDE, Castilla y León debería introducir evaluaciones de impacto demográfico como parte de sus procesos de evaluación de políticas. Estas evaluaciones deberían ser “sencillas y eficientes” e integrarse en evaluaciones de impacto socioeconómico más amplias para evitar la carga administrativa.

La OCDE reconoce que Castilla y León está entre las regiones más avanzadas de España en la respuesta a los retos demográficos, con administraciones regionales, provinciales y municipales que implementan “una amplia gama de iniciativas”, aunque considera que se podría hacer más. La organización reclama una definición “más clara” de los problemas y un análisis de causas “más sólido”, además de una mejor coordinación entre todos los gobiernos.

“Partiendo de los avances logrados, Castilla y León podría reforzar el impacto de su estrategia demográfica mediante un enfoque más integrado y basado en la evidencia, respaldado por evaluaciones del impacto demográfico y un sistema compartido de indicadores”, señala. La OCDE también cree que el Gobierno de España podría “revisar” la Estrategia Nacional de 2019 puesto que “carece de focalización espacial”, lo que dificulta que autonomías como Castilla y León “implementen políticas adaptadas a sus necesidades”.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la Junta de Castilla y León está esperando un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para trabajar en la Ley contra la despoblación, que prometió el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en 2020 y de la que no se ha vuelto a saber nada. Esta norma tendrá que esperar al próximo gobierno que se constituya tras las elecciones, previstas para marzo de 2026.

“Es una Ley que exige un consenso y todo esto que estamos haciendo: la Estrategia de Dinamización Demográfica, este Consejo, el informe de la OCDE que es muy importante”, ha enumerado Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que “lo más urgente” era blindar por Ley los Servicios Públicos básicos en el medio rural. En septiembre de 2024, las Cortes de Castilla y León aprobaron —con los votos favorables de PP y Vox— esta Ley con el rechazo de todos los partidos de la oposición, porque pensaban que no garantizaría el mantenimiento de estos servicios.

El jefe de la división regional de Desarrollo Regional y Gobernanza multinivel de la OCDE, José Enrique Garcilazo, ha señalado que está terminando la primera fase del proyecto en el que participa Castilla y León, que está subvencionado por la Comisión Europea. “En cuanto lo tengamos todo listo vendremos a reportar todos los resultados”, ha avanzado Garcilazo, que ha preferido no dar un plazo para esta presentación.

La OCDE: “Esto va más allá de los cambios electorales”

También ha explicado que están viendo una “megatendencia estructural” en algunos países cuya población está decreciendo —entre ellos, Letonia, Japón, Corea y Lituania—, con dinámicas muy diferentes dentro de los territorios. “Los retos son mucho más fuertes para las regiones rurales. El 47% de las regiones rurales que están cerca de las ciudades están perdiendo población en los últimos 20 años”, ha indicado Garcilazo. Desde la OCDE se está trabajando con los gobiernos nacionales, autonómicos y locales para ver cómo se puede afrontar a largo plazo esta tendencia. “Esto va más allá de los cambios electorales y de los cambios de gobierno. Muchos países de Asia como Japón y Corea están desarrollando una visión a 40 o 50 años para ver cómo pueden afrontar la situación”, ha señalado Garcilazo.

El Consejo para la Dinamización Demográfica, en el que están representados distintos sectores económicos, políticos y administrativos para evaluar políticas públicas para hacer frente al reto demográfico. “Es un órgano vivo, asesor y de participación social”, ha insistido Suárez-Quiñones, que ha destacado que la población ha crecido “de manera sostenida” desde 2022, con casi 40.000 habitantes más que hace tres años.

“Vamos por buen camino”, ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha mencionado algunos pilares como la actividad económica o la calidad de vida como puntos de atracción de esta nueva población.

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María Ángeles Armisén, ha ensalzado el valor de estas administraciones para enfrentar el reto demográfico a través de medidas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 tres años, la atención a domicilio para las personas mayores y los servicios sanitarios, entre otros. “Somos interlocutores muy válidos con el día a día de los ciudadanos para coordinarnos como estamos haciendo con la Junta de Castilla y León”, ha reiterado.

Hace un mes y medio, el pasado 22 de septiembre, aprovechando la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión en Nueva York con representantes de firmas financieras estadounidenses para trasladarles el potencial de España y el papel que considera que tiene el país como motor económico de Europa. A ella asistieron representantes de fondos y empresas como Brookfield, Bank of New York Mellon, Carlyle, Citi, Goldman Sachs, Invesco, Providence y Soros Fund Management.

Una de ellas, Goldman Sachs, acaba de publicar un informe que se sitúa en contra de casi toda la ortodoxia española. El título habla por sí solo: Spain: More Than Just Migration and Tourism. En él, el banco de inversión señala “una transformación estructural hacia servicios de alto valor añadido” y, quizá lo más llamativo, detecta que la adopción de inteligencia artificial (IA) en el sector empresarial español está empezando a tener efectos positivos en la productividad por encima de los niveles previos a la pandemia.

El estudio empieza señalando que el mercado está dividido entre los inversores que consideran que el fuerte y prolongado crecimiento de la economía española se debe a la reacción cíclica favorecida por una migración superior a la media de la zona euro, y quienes subrayan señales más alentadoras de una transformación estructural. Pero, hecho el apunte, se centra en el segundo bloque.

Para Goldman Sachs el “ajuste más interesante” es la “reasignación hacia los servicios con mayor valor añadido. En particular, los servicios profesionales, financieros y de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han crecido a un ritmo más rápido que la tendencia previa a la pandemia. En el mismo periodo, los servicios turísticos apenas han recuperado su tendencia anterior, lo que refuerza la idea de una transformación estructural desde servicios de bajo a alto valor añadido”.

Los últimos datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social, dados a conocer hace unos días, ratifican la conclusión del banco de inversión norteamericano. El empleo de alto valor añadido gana terreno en España, que ya contrata más programadores e ingenieros que camareros, y el ritmo de crecimiento entre unos y otros “va agrandándose mes tras mes”, según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez.

¿A qué se debe? Filippo Taddei, director de Investigación de Inversiones Globales de Goldman Sachs y coordinador del estudio, apunta, en conversación con elDiario.es, que “algunas empresas han encontrado en España tanto las cualificaciones requeridas como un salario medio atractivo” para estos puestos. Y añade que “también hay cierta evidencia sobre iniciativas de políticas públicas para facilitar hubs de TIC en las principales ciudades españolas, aunque no estoy seguro de cuán efectivas son. Lo que dicen los datos” —prosigue el economista— es que España, junto con Portugal, es un exportador neto de servicios a EEUU, incluso excluyendo el turismo. Este no es el caso en la zona euro, por lo que es algo en lo que vale la pena centrarse“, destaca Taddei.

Federico Steinberg, catedrático en la Universidad de Georgetown e investigador del Real Instituto Elcano también destacaba hace unos días a este diario el crecimiento de los servicios no turísticos como una de las señas de identidad de la economía española: “En el mundo pospandemia, España ofrece una serie de características que la hace atractiva para los nómadas digitales”. Entre ellas, que “puede ofrecer servicios de forma remota gracias a la conectividad y a las inversiones en redes de fibra óptica”, como viene remarcando el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Migración sí, productividad también

Otro de los puntos que destaca el informe de Goldman Sachs es que la fuerte entrada de inmigrantes, de las mayores, en términos relativos, dentro de la zona euro, no ha sido un obstáculo para que empiece a repuntar la productividad, uno de los grandes retos de la economía española, como destacaba esta semana Fedea. Según el banco de inversión, la inmigración ha contribuido —junto con el aumento de la población activa autóctona— a cerca del 80% del incremento del PIB desde 2019. Pero la productividad por hora ha crecido, señala, situándose en la parte alta del área del euro durante los últimos cinco años. “Además, aunque la economía española presenta un gasto relativamente bajo en I+D, su sector empresarial muestra indicios tempranos de adopción de inteligencia artificial, superando a Italia, Francia e Irlanda”, asegura el informe.

Para Taddei, el aumento de la productividad está relacionado con el punto anterior, es decir, con la transformación hacia servicios de mayor valor añadido. “Las economías avanzadas son intensivas en servicios y este es especialmente el caso de España. Pero no todos los servicios son igualmente productivos, algunos concentran más valor añadido por empleado, como los servicios profesionales, la tecnología de la información o las finanzas. Desde la pandemia, los servicios con alto valor añadido han crecido más [en España] que el resto de la economía; este cambio hacia mejores empleos, hacia empleo más productivo, ha comenzado a aumentar la productividad media por hora trabajada en España, y a un ritmo más rápido que en el resto de la zona euro”.

Y la inmigración también está contribuyendo, puesto que “los flujos migratorios en España tienen, de media, un mayor nivel educativo que en Alemania, Francia o Italia”. Es otra de las conclusiones sugerentes. “Esta es una transformación estructural interesante que se ve compensada en parte por la baja I+D de la economía española. Pero si la transformación continúa, estos servicios suelen tener un efecto positivo en la I+D. La pregunta que nos hacen ahora los inversores es simple: ”¿Cuánto tiempo puede continuar esta transformación?“”, señala Taddei.

I+D, asignatura pendiente

La investigación y desarrollo es, en efecto, otra de las grandes asignaturas pendientes de la economía española, aunque está creciendo. En su informe anual sobre las perspectivas en ciencia, tecnología e innovación publicado a finales de octubre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala el 'suspenso' de España en I+D. En España representaba un 1,49% del producto interior bruto (PIB) en 2023, lo que supone solo un 55% de la media de la OCDE, aunque en los últimos años es de los países que experimentan los mayores incrementos relativos, coincide.

Según datos del organismo internacional, el peso de la I+D en el conjunto de sus miembros pasó del 2,31% del PIB en 2013 al 2,70% en 2023. En España el incremento en esos diez años ha sido similar en términos relativos (el porcentaje era del 1,27% en 2013), pero se ha acelerado últimamente y en 2023, el último ejercicio para el que hay datos comparables, creció un 9%, el mayor de todos los países, cuando la media fue del 2,4% en la OCDE.

Hay otros dos nubarrones en el horizonte. El primero es el impacto de la inmigración en el mercado inmobiliario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta que la población crecerá cerca de un 10% en las próximas dos décadas, hasta superar los 52 millones de habitantes, impulsada exclusivamente por la llegada de extranjeros.

Para el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, “el shock demográfico se puede mantener mientras haya vivienda, que es lo que permite la integración de los inmigrantes, y ya estamos viendo que es insuficiente, lo que está impulsando los precios al alza, especialmente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona”.

Con excepción de Países Bajos y Bélgica, los precios de la vivienda en España son los que más han crecido en la zona euro desde 2015. Goldman Sachs advierte que “sería necesario un aumento notable del crecimiento de la inversión residencial —de unos dos puntos porcentuales trimestrales— para compensar el encarecimiento de los inmuebles”, algo que “consideramos poco probable que se produzca a corto plazo, por lo que es más factible que la ralentización de los precios se dé solo si coinciden una menor inmigración y una mayor inversión”.

El segundo nubarrón es precisamente la desaceleración de la inversión. El reciente dinamismo se ha beneficiado del apoyo prolongado del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation) y, desde este año, del aumento previsto del gasto en defensa. Sin embargo, tras un comienzo sólido, España tuvo dificultades en 2024 para ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación a un ritmo constante, advierte el banco de inversión norteamericano a partir de información de la Comisión Europea.

Los datos de 2025 aún son provisionales, pero no apuntan a una mejora significativa, señala el informe, que reprocha a España que “no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa al nivel de otros países europeos, y esperamos que este factor tenga un impacto relevante en la inversión. Teniendo en cuenta ambos elementos [menos ejecución de los fondos europeos y menos gasto en defensa], el apoyo fiscal a la inversión comenzará a reducirse en 2026 y continuará disminuyendo hasta 2028. ”Tendremos que ver si la inversión privada da un paso al frente para asegurar las perspectivas“, concluye Taddei.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha elevado este martes su previsión de crecimiento para la economía española en 2025 en dos décimas, hasta el 2,6%, y mantiene a nuestro país a la cabeza en las perspectivas entre las grandes economías.

Del informe 'Perspectivas Económicas' publicado este martes se desprende que España más que duplicará el avance del PIB de la eurozona (1,2%) en 2025 y que será exactamente el doble para 2026. La OCDE ha modificado a la baja ambos registros para la zona euro en una décima respecto de junio.

La OCDE mantiene el crecimiento en 2025 para Francia e Italia en el 0,6% y lo recorta en una décima para Alemania al 0,3%. Para 2026, estima que Alemania acelerará al 1,1%, una décima menos que lo delineado hace tres meses, mientras que Francia se quedará en el 0,9% ya pronosticado e Italia se estancará en el 0,6%, una décima menos.

El organismo prevé que la inflación en España se anote este ejercicio y el siguiente los mismos incrementos que el PIB, un 2,6% y un 2%, dos y una décima más también que lo augurado en junio. La subyacente para 2025 cerrará en el 2,3%, sin cambios, para retroceder al 1,9% en 2026, una décima menos.

Los datos de precios arrojan un diferencial desfavorable para España respecto de sus socios, puesto que la inflación quedará cinco décimas por encima del dato de la eurozona en 2025 y una en 2026. Sin embargo, la distancia se vuelve positiva para España en términos de variable subyacente al quedar una décima por debajo de la lectura media de la eurozona para los dos años.

El 'think tank' de las economías desarrolladas ha destacado que el crecimiento económico a nivel mundial se ha revelado “más resiliente de lo anticipado” durante la primera mitad de 2025, especialmente en los países emergentes.

“La producción industrial y el comercio se vieron respaldados por la anticipación de los aumentos arancelarios. Las fuertes inversiones relacionadas con la inteligencia artificial impulsaron los resultados en Estados Unidos y el apoyo fiscal en China compensó el lastre de los obstáculos comerciales y la debilidad del mercado inmobiliario”, indica la OCDE.

El PIB mundial se desacelerará gradualmente del 3,2% de 2025 al 2,9% en 2026 a medida que esta producción industrial anticipada cese y los aranceles, con su consiguiente incertidumbre, acaben reduciendo el comercio y los flujos inversores.

En cuanto a los Estados Unidos, el organismo estima que el crecimiento anual del PIB se ralentizará del 2,8% en 2024 al 1,8% en 2025 y al 1,5% en 2026, ya que el fuerte crecimiento de la inversión en los sectores de alta tecnología se verá más que compensado por los aranceles y la caída de la inmigración neta.

La entidad destaca que la tasa media de aranceles de EEUU se elevó al 19,5% en agosto, su mayor nivel desde 1933. Los plenos efectos de estos gravámenes estarían pendientes de materializarse dado que las empresas están absorbiéndolos en sus márgenes, aunque estarían ya afectando al consumo y el empleo.

Por su parte, China se anotará una mejora del PIB del 4,9% en 2025 y del 4,4% en 2026, dos y una décima más, respectivamente. Desde la OCDE achacan este desgaste al agotamiento de la producción industrial anticipada, así como a la entrada en vigor definitiva de las trabas al comercio y al menor efecto procíclico de la fiscalidad.

Se prevé que la inflación disminuya en la mayoría de las economías del G-20 a medida que se modere el crecimiento y se alivien las presiones del mercado laboral. La tasa general disminuirá del 3,4% de 2025 al 2,9% de 2026 en las economías del G-20, al tiempo que la subyacente dentro de los países ricos de dicho grupo se mantendrá prácticamente estable en el 2,6% en 2025 y el 2,5% en 2026.

Importantes riesgos

La OCDE alerta de los “importantes riesgos” que sigue encarando el panorama macro, en concreto, en forma de mayores aranceles bilaterales, repuntes de inflación, problemas de deuda o una corrección “sustancial” de las Bolsas. Asimismo, ha avisado de la “volátil valoración” de los criptoactivos y de su creciente interconexión con la banca tradicional.

Por el contrario, dar marcha atrás con las restricciones al comercio y un desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial más rápido de lo esperado podría impulsar el crecimiento.

La organización con sede en París ha recomendado a los países miembros cooperar dentro del orden comercial existente para reforzar su transparencia en paralelo al abordaje de las cuestiones de seguridad económica.

También ha animado a los Estados a ser “disciplinados” en materia fiscal con vistas a crear 'colchones anticrisis' y a ejecutar reformas estructurales que relancen el PIB, los estándares de vida y aprovechen todos los beneficios que la IA tiene que ofrecer.

La OCDE ha instado también a los bancos centrales a “permanecer vigilantes” y a “actuar con decisión” en caso de verse amenazada la estabilidad de precios. Igualmente, ha roto una lanza a favor de la no injerencia política en el funcionamiento los institutos emisores.

“Siempre que las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas, las reducciones de los tipos de interés deberían continuar en las economías en las que se prevé que la inflación subyacente se modere hacia el objetivo”, ha indicado la institución multilateral.

“Mantener la independencia de los bancos centrales preservará la credibilidad de la política monetaria y reducirá la volatilidad y la persistencia de la inflación”, ha añadido.

La nueva previsión de la OCDE para España está en línea con la estimación que el organismo formado por el club de 38 países desarrollados lanzó el pasado mes marzo, cuando pronosticó un crecimiento del 2,6%, como ahora, sin asumir entonces la imposición de aranceles entre Estados Unidos y la UE. Un pronóstico que el organismo rebajó en junio al 2,4%, como consecuencia de la guerra comercial emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora, la OCDE vuelve a fijar esa previsión del 2,6% para este ejercicio. Para 2026, la organización multilateral ajusta al alza en sus nuevas previsiones su proyección en una décima, situándola en el 2%.

La nueva estimación de crecimiento de España de la OCDE está casi en línea con las nuevas previsiones del Gobierno español, que la semana pasada elevó en una décima, hasta el 2,7%, y está en línea con la última revisión del Banco de España, que también pronosticó la semana pasada un crecimiento del 2,6% para este ejercicio.

El Ministerio de Asuntos Económicos destaca que, con estas nuevas previsiones de la OCDE, “España volverá a liderar el crecimiento entre las economías avanzadas en 2025, a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y comercial”.

El departamento de Carlos Cuerpo destaca que la previsión del 2,6% para el PIB español “triplica la proyección para el conjunto de la zona del euro y duplica la de la UE, según los últimos datos de la Comisión Europea”.

Estas proyecciones no recogen la revisión de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) del pasado viernes, que, entren otros ajustes, ha elevado el crecimiento del PIB de España en 2024 tres décimas, hasta el 3,5%, principalmente por un mayor avance de la inversión de lo calculado inicialmente.

“El crecimiento del PIB seguirá impulsado por un notable dinamismo del consumo y la inversión. A su vez, la previsión es que el crecimiento del empleo siga siendo compatible con incrementos de la productividad”, ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. “Tiene que ir bien la economía española para que podamos ser capaces de reforzar el estado del bienestar y que el crecimiento llegue al día a día de los ciudadanos”, ha añadido.

La OCDE ha bajado dos décimas el crecimiento económico de España en 2025, del 2,6% al 2,4%, por la “debilidad de los socios comerciales”, en plenas tensiones arancelarias.

Este recorte no impide que la organización siga proyectando que nuestro país liderará el avance del PIB (Producto interior bruto, el indicador con el que se mide la evolución de la actividad) de las economías desarrolladas pese al shock comercial provocado por la Administración de Estados Unidos.

La OCDE estima que el conjunto de la zona del euro apenas crecerá este año un 1%. Alemania continúa siendo la economía más exánime, con una previsión de avance del PIB del 0,4% este año. Francia e Italia se quedan en el 0,6%.

Estas flaquezas de los principales socios comerciales de nuestro país son la principal razón por la que los economistas de la OCDE justifican el recorte de la proyección de España, por “la desaceleración” del crecimiento de las exportaciones.

En cambio, la OCDE destaca “la demanda interna” en nuestro país. El crecimiento estará “impulsado por el consumo [de las familias], respaldado por un mercado laboral sólido, el aumento de los ingresos reales y la caída de la inflación”, según enumera.

Además, “se espera que la inversión aumente durante el período 2025-26, impulsada por la reducción de los costes de financiación y la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”, añade.

Las ventajas de España

España parte como la economía menos expuesta directamente a Estados Unidos entre los grandes países de la UE. Son varias las dinámicas positivas —boom del turismo, exportaciones de otros servicios, transición energética o llegada de inmigrantes— desde la pandemia, y que han permanecido hasta el primer trimestre de este 2025. También se suman algunos incipientes cambios estructurales en el mercado laboral —más empleo y menos precariedad— y en la estructura productiva —actividades de más valor añadido—.

En los últimos años, España ha registrado un superávit creciente con Estados Unidos en el comercio de servicios [le vendemos más de lo que le compramos], “que ha sido contrarrestado por un déficit en el comercio de bienes que, desde 2022, ha aumentado sensiblemente como consecuencia del incremento de las importaciones energéticas”, observa el Banco de España. “El volumen del comercio exterior español con Estados Unidos —medido como la ratio de importaciones más exportaciones sobre el PIB— es ligeramente superior al 4% del PIB. Una cifra que es mayor del 7% en Alemania y mayor del 5% en Italia; países que, además, presentan un importante superávit comercial con la economía estadounidense, en particular en el comercio de bienes”, añade.

Pero los principales socios y sus sectores industriales a los que sí está expuesta España hacen que el impacto indirecto de una guerra comercial como la planteada por Estados Unidos sea inevitable. El Banco de España ha hecho un ejercicio en el que suma el daño directo y el que llegaría a través de otros países, como Alemania, Francia o Italia. “Este canal indirecto eleva la exposición de la economía española a Estados Unidos de forma particularmente relevante para algunos sectores industriales. En especial, las industrias españolas cuyo valor añadido está más expuesto a la demanda de Estados Unidos son las vinculadas a los sectores farmacéutico y químico, el petróleo y los metales”, resume la institución.

En este gráfico, se muestran solo aquellas ramas cuya exposición directa e indirecta supera el 8%. La exposición directa muestra el porcentaje de las exportaciones directas a Estados Unidos sobre la producción total de cada sector. La suma de la exposición directa y la indirecta muestra el porcentaje del valor añadido bruto de cada sector involucrado en las exportaciones directas del propio sector, así como en el suministro de insumos intermedios a otros exportadores a Estados Unidos.

Según destaca el Banco de España, para nuestro país y para la UE, “los canales de amplificación (financiera y de confianza) son cuantitativamente más relevantes que el comercial”. Por ejemplo, “como consecuencia principalmente de la guerra comercial, se ha producido recientemente una notable apreciación del euro frente al dólar. Esto podría suponer una cierta pérdida de competitividad para el sector turístico español, que afectaría negativamente a las llegadas de turistas extranjeros a nuestro país y/o a su nivel de gasto durante su estancia, si bien con un cierto retardo (de aproximadamente un año y medio)”, explica.

Además, la subida de la 'moneda común' respecto al dólar tiene un doble efecto. Por un lado, abarata las importaciones de petróleo o gas, que se comercian en dólares, y apoya la moderación de la inflación. Por otro, encarece las exportaciones desde la eurozona, añadiéndose al incremento de los costes para los importadores de Estados Unidos que suponen los aranceles de Donald Trump. Es decir, agravando el golpe a la actividad económica.

El economista escocés Alex Cobham (Saint Andrews, 1975) dirige desde hace más de siete años Tax Justice Network, una organización independiente creada en 2003 y con base en Reino Unido que lucha contra la elusión de impuestos y los paraísos fiscales. Este economista es uno de los mayores expertos del mundo en el tema. Ha sido investigador especializado en flujos financieros ilícitos, tributación para el desarrollo y desigualdades en varias instituciones como la Universidad de Oxford y consultor para otras tantas, como las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Con residencia en Las Palmas de Gran Canaria desde la pandemia —“mi mujer es de allí y decidimos mudarnos para no volver”—, ha pasado esta semana por Barcelona para participar en una mesa sobre fiscalidad internacional, organizada por el centro de investigación en relaciones internacionales CIDOB, en el Palau Macaya de la Fundació La Caixa.

¿Cuál es el panorama fiscal global y cuáles son las principales injusticias de los sistemas fiscales y financieros actuales?

Estamos en un momento interesante. Han pasado cien años desde que algunos países decidieron establecer conjuntamente reglas fiscales internacionales. Pero solo lo hicieron los países más ricos, los que tenían imperios. Acordaron en el marco de la Sociedad de Naciones las bases del sistema fiscal que tenemos hoy. Entonces las multinacionales eran muy simples: extraían materias primas en las colonias y procesaban en la metrópoli. Las normas eran simples y funcionaban porque los beneficios se repartían entre metrópoli y colonia.

Avanzamos hasta 1960 y el mundo cambia: las multinacionales se vuelven más complejas, los imperios terminan, al menos formalmente, y aparecen los paraísos fiscales. Jurisdicciones en las que las empresas declaran sus beneficios aunque no tengan ninguna actividad para pagar menos impuestos o nada. Desde los años 90, los datos muestran que esta evasión se disparó: pasamos de un 5% de beneficios deslocalizados a superar el 40% en 2010, en plena crisis financiera. Y claro, de pronto los países ricos empiezan a preocuparse por primera vez.

¿Qué se ha hecho desde entonces para frenar esta dinámica?

No hemos estado ni cerca de solucionarlo, pese a que la OCDE tenía que liderar desde 2013 un intento de reforma para solucionar este “desajuste”, como lo llaman ellos. Pero tras más de 10 años, la cosa ha empeorado. Lo que tenemos hoy es que esos países ricos, el club de la OCDE, ha fracasado a la hora de resolver el problema, proteger su propia base fiscal e incluir al resto del mundo.

Nuestro informe anual State of Tax Justice estima que se pierde medio billón de dólares anualmente por evasión de multinacionales y de personas ricas. Dos tercios provienen de multinacionales. Aunque los países ricos, como España o Reino Unido, pierden más en términos absolutos, los países de bajos ingresos sufren más intensamente: hasta cinco veces más respecto al gasto público en salud, por ejemplo. Todos, ricos y pobres, tienen un interés muy fuerte en resolver esto, así que, poco a poco, hemos ido avanzando hacia soluciones.

¿Qué soluciones? Medio billón de dólares al año es mucho dinero

Sabemos qué hay que hacer: abandonar el principio de precios de transferencia, que fue lo que la Sociedad de Naciones estableció hace 100 años, y empezar a repartir beneficios según dónde se produce la actividad real. Si Inditex, por poner un ejemplo, tiene el 10% de ventas y personal en España, entonces debe tributar aquí el 10% de sus beneficios, y que España pueda elegir el tipo impositivo. No tiene sentido que, si en Luxemburgo tiene tal vez un 1% de los empleados y casi nada en ventas, declare allí el 15% de los beneficios.

Ese es el gran problema que vemos en las multinacionales. Sabemos que hay que cambiarlo, pero la OCDE no lo ha hecho, solo de forma muy parcial y para unas pocas empresas. Por ese motivo ahora estamos viendo un movimiento en que todos los países del mundo —con la gran excepción de Estados Unidos— están negociando en el marco de la ONU.

Estamos hablando mucho de Estados Unidos por los aranceles, pero antes, el primer día tras su regreso a la Casa Blanca, Trump anunció a bombo y platillo que se retiraba del acuerdo de la OCDE para un Impuesto global de Sociedades mínimo del 15%. ¿A qué atribuye esta decisión y qué impacto global prevé?

Estados Unidos siempre ha tenido el control y el poder de veto en la OCDE. Lo tuvo con Obama, con Biden y con Trump. Cuando Biden llegó en 2020, tiró por la borda todo lo negociado y lo reemplazó por una propuesta nueva nacida de un único académico. Nunca hubo intención real de ratificar ni el pilar uno [el reparto de la recaudación obtenida de las multinacionales entre todos los territorios en los que tiene negocio, aunque no mantenga presencia física], ni el impuesto mínimo global del pilar dos [la fijación de un tipo mínimo global del 15% que los países firmantes se comprometen a exigir a las compañías que facturen más de 750 millones de euros al año en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios].

Biden siempre decía: “lo estamos intentando, y lo haremos”, aunque nadie le creía. Trump dice ahora que ni hablar, y va más allá al amenazar con represalias económicas a cualquiera que lo haga. Pero no es que ahora EEUU sea menos cooperativo, sino que nunca lo fue.

Estamos en un momento en el que todos los países ricos, excepto Estados Unidos, se enfrentan al mismo tipo de presiones fiscales que los países de bajos ingresos. Reconocen las pérdidas que sufren por el abuso fiscal de las multinacionales y quieren soluciones. Necesitan decirle a su ciudadanía que están encontrando soluciones para poder gastar más en salud pública, en educación pública, etc. Pero no hay forma de hacerlo en la OCDE porque EEUU todavía tiene poder de veto.

Así que, por primera vez este año, estamos viendo a los países miembros de la Unión Europea, al Reino Unido y a otros países ricos participar en este proceso global en el seno de Naciones Unidas. Se ven obligados a actuar al margen de EEUU si no quieren renunciar a su soberanía fiscal.

Gracias a Trump, estamos ante la mejor oportunidad en un siglo para reformar la fiscalidad internacional

Acaba de publicar un trabajo precisamente sobre este asunto que concluye que es una oportunidad para que el resto del mundo alcance una soberanía fiscal frente al sometimiento a EEUU. ¿Qué le hace ser tan optimista?

Trump puede haber cometido muchos errores con los aranceles. Ha perdido buena parte del poder de amenaza porque ya ha disparado el arma, por así decirlo, y en realidad no le está funcionando muy bien. Pero las medidas fiscales que podría imponer, por ejemplo, sobre empresas europeas que operan en Estados Unidos, serían de otro nivel. Así que la amenaza sigue ahí. Gracias a Trump, ha quedado claro que no hay camino intermedio. O los países actúan unidos o renuncian a proteger sus ingresos. Creo que estamos en el momento más optimista para la fiscalidad internacional en décadas. Quizá el mejor momento de la historia para lograr un cambio real.

Sostienen algunos economistas que Trump quiere financiar la economía norteamericana con aranceles en lugar de con impuestos a quien más tiene. ¿Lo comparte?

No hay que asumir que Trump entiende de economía. Le gustan los aranceles porque cree que le hacen parecer fuerte. Pero son profundamente regresivos: cargan el coste sobre los consumidores, especialmente los de ingresos bajos y medios. Además, ha desmantelado parte del personal de la Agencia Tributaria, debilitando los controles sobre las grandes fortunas, lo que facilitará a los ricos la evasión fiscal.

Esto incrementará la desigualdad en un país que ya es muy desigual y provocará un déficit mucho mayor en un país que ya está viendo cómo aumentan drásticamente sus pagos de deuda. Creo que esto podría ser el fin de Estados Unidos como superpotencia. Tomará 20 años, pero puede que miremos atrás y digamos: fue esto. Mientras tanto, todos los demás países tienen que tomar una decisión. Y de nuevo, no hay un camino intermedio. O quieres ser como Orbán o Milei y seguir a Trump, o quieres proteger tu sociedad.

La UE es la mayor víctima de la evasión fiscal, pero también alberga a países que la fomentan

Hablemos de Europa. ¿Cómo explica que la UE sea una unión económica y monetaria, aun sin la pata fiscal, y que existan guaridas fiscales, como Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos?

¡Ajá! Es fascinante. La UE, como bloque, es la mayor víctima del abuso fiscal, pero también alberga a países que lo fomentan. Es un tema de equilibrio, lo que se ve en la Unión Europea, con el paso del tiempo, es un miedo a perder soberanía. Y eso, muy a menudo, es más fuerte en materia fiscal. Los países y los gobiernos se preocupan más que nada por el derecho a establecer sus propios impuestos. El problema es la exigencia de unanimidad. Un solo país, como Hungría, Irlanda, Malta o Chipre, puede bloquear cualquier avance.

Creo que cada vez más políticos han entendido que la unanimidad no tiene sentido en materia fiscal. Si quieren proteger su propia soberanía fiscal individual, deben comprometerse un poco más con la toma de decisiones comunes. Y creo que eso lo veremos en los próximos años dentro de la Unión Europea. Por eso, es posible que se alcance un acuerdo fiscal en Naciones Unidas antes que dentro de la UE. Algunos países como España y Alemania ya participan activamente en las negociaciones globales.

¿Es optimista en este sentido?

Sí. En 2003, cuando fundamos Tax Justice Network, parecía una utopía pedir un organismo fiscal global fuera de la OCDE. Pero lo logramos paso a paso: primero, el apoyo de ministros africanos, luego la aprobación de la ONU para negociar los términos. Ahora, todos salvo ocho países, liderados por EEUU, participan. Creo que vamos a lograrlo. No es un juego de suma cero. Saben que si cooperan mejor, todos ganan. Todos excepto un pequeño grupo de jurisdicciones fiscales y las grandes firmas que se lucran con el abuso. Ya es hora de que ellos pierdan.

¿Qué papel juegan los bancos en la evasión fiscal, particularmente con la información que proporcionan?

Son actores centrales tanto de la evasión como de la elusión fiscal. No solo permiten la evasión, sino que a menudo la organizan activamente. En el lado corporativo, las firmas contables encuentran trucos y diseñan esquemas que luego venden. En el lado personal, son principalmente los bancos los que ayudan a los ricos a ocultar sus activos.

Los bancos son cómplices, su principal papel es asegurarse de que las personas que tienen cuentas bancarias en un país y que son residentes fiscales en otro no aparezcan conectadas. Pero las multas que reciben son mínimas comparadas con los beneficios que obtienen, como Credit Suisse. Hasta que no haya consecuencias penales reales, los incentivos para facilitar la evasión seguirán intactos, nada cambiará.

¿Qué sistema propondría usted si estuviera a su alcance?

Hay que tributar donde se lleva a cabo la actividad económica real. En el caso de multinacionales: donde venden y emplean a sus trabajadores. No son cosas fáciles de ocultar. Y, en realidad, esto sería beneficioso para las propias multinacionales porque reduciría la complejidad y la doble imposición. No ocurre con frecuencia, pero siempre se quejan.

En el caso de personas ricas no basta con tributar donde residen; hay que considerar dónde se generan sus rentas y patrimonios. Tenemos las herramientas técnicas, sabemos cómo identificar a los propietarios de activos, cómo compartir esa información y cómo evitar lagunas. Pero no lo hacemos por el poder de los lobbies y los intereses de los más ricos. Lo que falta es voluntad política. La clave es la presión pública. Los gobiernos sienten el calor y cambian cuando sienten la presión. Las negociaciones públicas en la ONU son esenciales para ello, mientras que en la OCDE se encierran en una sala y luego nos dicen que han acordado cosas buenas.

¿Qué espera de la conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de Naciones Unidas que se celebrará en Sevilla en julio con el objetivo de obtener más recursos financieros para impulsar los ODS de la Agenda 2030?

[Hace una gran mueca]

Con su gesto responde.

En esto no soy tan optimista. En la convención fiscal de la ONU, Estados Unidos simplemente se retiró y pidió a los demás que se unieran a ellos y nadie lo hizo. Estando fuera, EEUU facilita las cosas, en realidad. Pero en Sevilla sigue dentro del proceso de editar el documento, de reducir la ambición, de prevenir los acuerdos sobre el clima, en derechos humanos, en género… España, como anfitrión, está haciendo un buen trabajo, mantiene la ambición en muchos aspectos, pero a ver qué ocurre: Donald Trump está dentro de la habitación.

Las grandes cifras macroeconómicas de crecimiento que tanto desapego generan entre la mayoría de la población también tienen lecturas más cercanas a los hogares. El destacado avance del PIB (Producto Interior Bruto) —el principal indicador que se usa internacionalmente para medir la evolución de la actividad económica— de España en los últimos años se está reflejando en otros datos, como el aumento de la renta “real” de las familias, que a cierre de 2024 ya supera en cerca de cinco puntos porcentuales el nivel previo al estallido definitivo de la crisis de inflación en 2022.

En este mismo periodo, estos ingresos disponibles de los hogares —el dinero que tenemos para gastar o ahorrar tras descontar el daño de la inflación o los impuestos, según lo calcula la OCDE— han progresado mucho menos en Alemania o en Francia —la mitad concretamente— o en Italia —donde se ha estancado—. Este cálculo se hace siempre asumiendo cifras promedio, que esconden la desigualdad de cada economía, y tomando como referencia la invasión rusa de Ucrania que, en el primer trimestre de 2022, exacerbó la crisis energética en Europa y las subidas de precios en general, provocando un daño histórico al bolsillo de los trabajadores.

El crecimiento de la renta “real” de los hogares fue desde la gran crisis financiera de 2008 y hasta la pandemia muy inferior en nuestro país que en nuestros principales socios del euro, como se puede observar en el primer gráfico de esta información.

Durante años, las familias sufrieron las consecuencias de “la austeridad” y “la devaluación interna” que los gobiernos del Partido Popular (PP) ejecutaron, siguiendo el manual económico de la ortodoxia para arreglar los desequilibrios de la burbuja inmobiliaria, mientras se rescataba a las entidades financieras. Estas recetas implicaron precarizar el mercado laboral, abaratando el despedido, bajando o congelando los salarios y las pensiones y fomentando la temporalidad.

Una tendencia que se ha revertido en los últimos años, con la reforma laboral, la de las pensiones o las políticas de protección de rentas —como los ERTE en la pandemia o las medidas contra la inflación— de los gobiernos de coalición. Políticas nuevas que han favorecido que España lidere el crecimiento del PIB entre las grandes economías europeas, pero también el aumento de los ingresos de las familias pese a la crisis de inflación, como se muestra en el segundo gráfico de esta información, con los mismos datos de la OCDE, publicados este martes.

El aumento de la renta disponible de las familias en nuestro país se explica en buena parte por el récord de creación de puestos de trabajo —ya se superan los 21,5 millones de afiliados a la Seguridad Social— y la caída en picado de la temporalidad de los contratos. En definitiva, más personas empleadas en cada hogar, y con trabajos más estables, por más tiempo, generan un empujón a los ingresos anuales que entran en cada casa sin que hagan falta subidas de sueldos.

Incrementos salariales que tardaron en llegar para la mayoría en España, pero que lucieron más aquí que en otros países, sobre todo en 2023, gracias a la moderación más rápida de la inflación, principalmente por medidas como el tope al precio del gas (o excepción ibérica). En el dato promedio también hacen su parte los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de las pensiones impulsados por el Ejecutivo.

Por supuesto, esta realidad “agregada” esconde las dificultades que tienen para llegar a fin de mes las familias que solo dependen de su trabajo y que tienen que alquilar su casa, o que han podido acceder a comprar una en un mercado de la vivienda disparado, sobre todo en las grandes capitales o en los destinos turísticos, en los que precisamente se concentra la mayor oferta de empleo, mientras también se disparaba el coste las hipotecas por las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

La historia es diferente, mucho más positiva, para las familias que tienen otros ingresos más allá del trabajo asalariado, como son las rentas de los alquileres —están en máximos históricos, según la estadística del IRPF— u otras rentas del capital —grandes dividendos por los beneficios récord de las grandes empresas, intereses de depósitos bancarios...—. La brecha entre los primeros y estos hogares no se puede observar en los datos de la OCDE.

“La positiva evolución del mercado laboral [el Gobierno prevé que se crearán otros dos millones de puestos de trabajo de aquí a 2028], junto con las previsiones de crecimiento de la remuneración de asalariados, la desaceleración de la inflación y la fortaleza financiera de los hogares [a la que ayudan las bajadas de los tipos de interés del BCE de los últimos meses], permitirán seguir mejorando el poder adquisitivo de los ciudadanos”, recalcó recientemente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que actualizó el cuadro macroeconómico de nuestro país y volvió a confirmar nuestro liderazgo en la eurozona.

En este avance del PIB está siendo clave la llegada de inmigrantes y su incorporación al mercado laboral, en toda la eurozona y especialmente en España. Un informe reciente del BCE señala que los extranjeros han contribuido “a ampliar la oferta [de trabajadores], aliviar la escasez de mano de obra e impulsar el crecimiento económico”.

Cada 23 de abril, el Día Internacional del Libro, establecido por la UNESCO en 1995, nos recuerda el poder transformador de la lectura. Los libros no son solo papel y tinta: son puertas a mundos nuevos, herramientas de cambio y puentes hacia la comprensión mutua. Son faros que iluminan nuestras dudas, espejos que reflejan nuestra emociones y mapas que nos guían hacia sociedades más críticas, empáticas y justas.

Como docente y autora de 25 libros sobre pedagogía, con 51 años dedicados a la educación, he sido testigo de cómo la lectura moldea identidades, despierta la imaginación y empodera a los jóvenes en un mundo saturado de pantallas y desinformación. Leer es, en esencia, aprender a mirar el mundo con otros ojos.

Un estudio de la OCDE (2023) revela que los estudiantes que leen por placer obtienen un 15% más de rendimiento en comprensión lectora y habilidades analíticas. Este dato resalta la necesidad de fomentar la lectura desde la infancia, no como una obligación, sino como una chispa que encienda la curiosidad. A título de ejemplo, obras como Wonder de R.J. Palacio cultivan la empatía al narrar la vida de un niño diferente; 1984 de George Orwell alerta sobre la vigilancia, un tema candente en la era digital; y La casa de los espíritus de Isabel Allende conecta a los lectores con la memoria histórica y la riqueza de nuestras raíces culturales.

Evidentemente, en las aulas, la lectura debe ser una aventura compartida. Según un informe de la Fundación Santillana (2024), los programas de lectura dinámica, donde los estudiantes eligen sus libros y debaten, aumentan el interés por leer en un 22% en secundaria. Fomentar estos espacios de libertad lectora es clave para cultivar el pensamiento crítico y el diálogo respetuoso.

En un mundo dominado por redes sociales, la lectura profunda es un acto de resistencia cultural. El Barómetro de Hábitos de Lectura en España (2024) indica que, aunque el 68% de la población lee al menos una vez al trimestre, solo el 35% de los jóvenes de 14 a 24 años lo hace regularmente, mientras que el 52% pasa más de tres horas diarias en redes sociales. ¿Cómo competir con lo digital? La respuesta está en integrar adecuadamente la tecnología y convertirla en aliada. Además, libros contemporáneos como The Marrow Thieves de Cherie Dimaline, que exploran temas como el cambio climático y la resiliencia indígena, sintonizan con las preocupaciones de las nuevas generaciones.

Los libros también son motores de equidad. Iniciativas como el programa “Leer para Crecer” en América Latina (2023), que distribuyó 500.000 libros en zonas rurales y elevó la alfabetización un 12%, demuestran que la lectura empodera. Clubes de lectura en comunidades vulnerables y bibliotecas móviles siguen democratizando el acceso al conocimiento y dando voz a quienes más lo necesitan.

Razonadamente, considero que celebrar el Día del Libro es un compromiso colectivo. El Día del Libro es más que un homenaje: es una llamada a actuar. A los jóvenes, los animo a explorar géneros que les conmuevan, desde la ciencia ficción hasta el realismo mágico. A los docentes y familias, les propongo regalar un libro y compartir la emoción de descubrirlo. Una idea práctica para el aula es crear un “rincón de lectura libre”: un espacio donde los estudiantes elijan un libro semanal, lo lean y graben un breve podcast con sus reflexiones, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y el diálogo.

Desde que aprendía a leer, he asumido que un libro puede ser maestro, amigo o refugio. Como dijo Emily Dickinson: “No hay mejor nave que un libro para llevarnos a tierras lejanas”.

En un mundo marcado por la polarización y la crisis climática, la lectura nos equipa para comprender, dialogar y construir un futuro más justo. Como afirmó Jorge Luis Borges, “el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”.

Este 23 de abril, abramos un libro, compartámoslo y dejemos que nos transforme.

La OCDE ha elevado la previsión de crecimiento económico en 2025 de España tres décimas, del 2,3% proyectado en diciembre al 2,6% actual, sin asumir todavía aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

La organización internacional sí incorpora a sus proyecciones la guerra comercial escalada por la primera potencia mundial con China, Canadá y México, y recorta su expectativa de avance del PIB (Producto interior bruto) en este ejercicio dos décimas, al 2,2%.

Mientras, la expectativa de crecimiento en 2025 del 'gigante' asiático avanza una décima desde diciembre, al 4,8%. La de Canadá se reduce 1,3 puntos, al 0,7%. Y la de México es la que se lleva el peor golpe, de 2,5 puntos, hasta entrar en una recesión que conllevará una contracción de su PIB del 1,3%.

“Las proyecciones suponen que se mantienen los aumentos arancelarios anunciados entre China y Estados Unidos y el arancel general del 25% sobre las importaciones estadounidenses de acero y aluminio”, explica la OCDE, en el informe publicado este lunes. “Además, se supone que los tipos arancelarios sobre todas las importaciones de mercancías de Canadá y México a Estados Unidos aumentan otros 25 puntos porcentuales (con la excepción de los aranceles más bajos sobre la potasa y los productos energéticos). También se suponen aranceles de represalia equivalentes por parte de Canadá y México sobre las importaciones de mercancías procedentes de Estados Unidos. En las proyecciones no se incorporan otros aranceles adicionales”, prosigue.

Con estos supuestos, las previsiones económicas están totalmente expuestas a la incertidumbre que se ha adueñado del comercio y la geopolítica mundial desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Las economías europeas experimentarán menos efectos económicos directos de las medidas arancelarias incorporadas en las proyecciones de referencia, pero es probable que el aumento de la incertidumbre geopolítica y política siga frenando el crecimiento”, añade la OCDE. Los economistas de la organización estiman que el crecimiento de la eurozona será del 1% en 2025 y del 1,2% en 2026. Alemania sufre un recorte de sus previsiones para este año de tres décimas, al 0,4%. Francia, de una décima, al 0,8%.

“Importantes riesgos”

“Una mayor fragmentación de la economía mundial es una preocupación clave”, lamenta la OCDE en su informe. “Un aumento mayor y más amplio de las barreras comerciales afectaría al crecimiento en todo el mundo y aumentaría la inflación”, señala.

En este escenario, “una inflación superior a la prevista provocaría una política monetaria más restrictiva y podría dar lugar a una reevaluación perturbadora de los mercados financieros”, advierte. Por último, “un mayor gasto público en defensa también podría apoyar el crecimiento a corto plazo, pero podría aumentar las presiones fiscales a largo plazo”.

El día 3 de febrero empezó el periodo de matriculación escolar en Euskadi. Ahora es la época en la que los padres y madres eligen dónde matricular a la criatura. En esta decisión suelen pesar varios aspectos, como la costumbre, la cercanía del centro, la pertenencia a determinada comunidad, el enfoque pedagógico, las recomendaciones de terceros, etc. En la posibilidad de tomar esa decisión radica, en parte, la libertad de enseñanza, derecho recogido en el artículo 27.1 de la Constitución española. Pero en realidad, la frontera entre esa supuesta libertad y el privilegio de cuna es muy difusa, especialmente en Euskadi, donde esa libertad no aplica para las familias con bajos recursos, ya que la mitad de los centros son privados y cobran cuotas ilegales.

La libertad de enseñanza es un principio recogido en la mayoría de los países del mundo, lo que no es habitual es que esa libertad de enseñanza la tenga que financiar la administración pública a través de conciertos educativos. Para que nos hagamos una idea: la media de educación pública en la OCDE es del 85%; en Euskadi, en cambio, apenas roza el 50%. ¿Esto implica que en los países del resto de la UE hay menos “libertad de enseñanza”? En absoluto. Esto ocurre porque en Euskadi tenemos un sistema de 'concertación universal'. Es decir, apenas existen requisitos ni límites para que un centro privado se acoja a un concierto y tenga financiación pública. El Gobierno Vasco no exige que la oferta de plazas en los centros privados se ajuste a las necesidades de escolarización (lo que provoca sobreoferta), ni que su composición sea reflejo de la realidad social del entorno (segregación), ni que dejen de cobrar cuotas de forma ilegal (exclusión de alumnado por razones económicas).

Dicho esto, más allá de que esa libertad de enseñanza esté absolutamente condicionada por factores socioeconómicos, y que el excesivo peso de la escuela privada-concertada funcione, efectivamente, como un elemento discriminador del alumnado vulnerable, esa libertad de enseñanza tiene otras implicaciones que merecen una reflexión.

En primer lugar, la libertad de enseñanza para elegir centro es una libertad que se ejerce con carácter previo. Me explico: la libertad de elección concluye en el momento en que los padres escogen un centro determinado porque quieren una formación religiosa o ideológica específica para sus hijos, porque se sobreentiende que los padres han escogido voluntariamente la adhesión a la doctrina de ese centro. Sin embargo, en el caso de la escuela pública, ese derecho también se ejerce de manera posterior a su matriculación, porque solo los centros públicos están obligados a asegurar el pluralismo en su seno, sin estar sujetos a religión o ideología alguna.

Dicho de otro modo, mientras la escuela privada-concertada debe ser garante de la extensión de los valores y creencias de la familia al centro escolar, educando según determinadas convicciones ideológicas; la escuela pública garantiza el acceso del alumnado a una enorme pluralidad que, en última instancia, proporciona una perspectiva más objetiva de la realidad fruto de esa misma pluralidad. Y es que es en el medio escolar público donde el alumnado se relaciona con personas de otras culturas, tradiciones, entornos sociales y, por otra parte, encuentra una mayor diversidad ideológica en el conjunto del profesorado.

La diversidad ideológica del profesorado es una consecuencia de la aplicación efectiva de la libertad de cátedra (estrechamente ligada a la libertad de enseñanza). Este es un derecho que tienen los docentes para expresar sus ideas sin injerencias externas, y a pesar de que ninguna centro privado-concertado puede obligar a un profesor a adherirse a su ideario, pecaríamos de ingenuidad si creyéramos que en dichos centros este no va a tener límites al abordar ciertos temas, como el aborto, el matrimonio homosexual o la cuestión nacional con total libertad. Y esta es una condición necesaria para generar pensamiento crítico y un debate libre en el medio escolar.

Al final, el proceso público de selección del profesorado, objetivo, neutral, transparente, en igualdad de condiciones, sin filtros ideológicos y atendiendo exclusivamente a sus capacidades, garantiza la pluralidad y diversidad del cuerpo docente y constituye un reflejo más fiel de la sociedad en la que se vive. En contraposición, una escuela privada-concertada no deja de ser una empresa y, en ese sentido, es el dueño de la empresa quien puede imponer una orientación ideológica y pedagógica al profesorado.

El sentido de la educación no es generar una burbuja para el alumnado tanto mejor cuanto más se parezca su casa, sino la formación de ciudadanas y ciudadanos libres, con una perspectiva amplia del mundo, con pensamiento crítico. Para garantizar la pluralidad, y por lo tanto, el derecho a acceder al conocimiento al margen de todos los condicionantes culturales, religiosos, familiares o de clase social, es decir, para aprender en libertad, está la escuela pública.

La Generalitat de Catalunya ha firmado este jueves un acuerdo con la OCDE, el mismo organismo internacional que realiza las pruebas PISA, para recibir asesoramiento y revertir sus malos resultados escolares. El president Salvador Illa, la consellera de Educación, Esther Niubó, y el director de Educación y Competencia del ente, Andreas Schleicher, han estampado su firma en un documento de intenciones que deberá traducirse en un convenio del que por ahora se desconoce el coste, pero que financiará la Generalitat.

La voluntad de alcanzar este acuerdo la manifestó Illa hace meses, coincidiendo con el inicio de su mandato y del curso escolar, cuando aseguró que su gobierno se proponía remontar el nivel académico de los alumnos catalanes en un período de entre cuatro y seis años. La debacle se observó con los resultados de las pruebas PISA de 2022, en los que Catalunya empeoró muy por encima de la media española, especialmente en lectura y matemáticas. 

Desde entonces, el Govern –antes en manos de ERC, ahora del PSC– ha buscado la forma de mejorar las competencias básicas de los escolares catalanes. Y una de las medidas que puso sobre la mesa Illa es este acuerdo con la OCDE, que durará cuatro años, y que debe servir para acercar a las aulas catalanas las políticas educativas y prácticas docentes que facilitan el éxito educativo en otros países de la organización.

Illa y Schleicher han defendido el acuerdo en un breve discurso desde el instituto Marta Mata de Barcelona. “Hoy damos un paso muy relevante, en la dirección correcta, que es aprovechar las experiencias de los demás países que se enfrentan a situaciones similares a la nuestra”, ha expresado Illa, que ha advertido que no habrá resultados inmediatos. 

El trabajo, ha añadido, es a cuatro años vista. En 2025 se elaborará un diagnóstico por parte de la OCDE, que se entregará en el mes de septiembre; en 2026, se comenzarán a llevar a cabo las reformas recomendadas; 2027 será de “consolidación”, y 2028, para difundir y compartir lo que haya funcionado. 

De forma sucinta, la Generalitat ha comunicado que los trabajos de ente internacional consistirán en elaborar ese “informe integral” con un diagnóstico del sistema educativo y con recomendaciones de políticas educativas “concretas”, un documento que será público, y que se acompañará de otro informe interno para la conselleria llamado “Prioridades para la acción”. Luego habrá dos informes de seguimiento anuales y al final del proceso, en 2028, uno que “sintetizará los resultados del proyecto”.

“No podemos decir qué debe hacer Catalunya, pero sí podemos ayudar a encontrar qué hacen el resto con éxito”, ha señalado Schleicher, en especial para “atraer a los maestros más talentosos hacia las aulas más complicadas”. “Traeremos [a Catalunya] gente de otros países que se han enfrentado a retos parecidos y que los han superado con éxito”, ha añadido el responsable educativo de la OCDE. 

La noticia del acuerdo ha sido recibida ya de entrada con rechazo por parte del sindicato mayoritario de la enseñanza pública, la USTEC, que lo considera un “menosprecio” a la comunidad educativa. “No es la OCDE quien debe marcar el rumbo del sistema educativo, somos los profesionales de la educación y la comunidad educativa, que conoce de primera mano sus necesidades”, ha afirmado la portavoz del sindicato, Iolanda Segura. 

En este aspecto, la Generalitat defiende que el proceso deberá contar con la “participación activa” de los agentes educativos “para asegurar que las reformas responden a las necesidades reales de los centros”, además de contar con un “consenso amplio”.