Madrid cuenta desde este domingo con un nuevo Centro Social Okupado, La Rosa, en el barrio de La Latina, que ha abierto sus puertas bajo el lema “El corazón de Madrid sigue latiendo”. Ubicado en un edificio abandonado de la calle Bastero, 1, frente al Mercado de La Cebada, el proyecto abre con el objetivo de convertirse en “un eje social y político clave para la ciudad” y en un lugar “especialmente significativo”, según sus responsables “por el lugar en el que se encuentra”.

Tras los desalojos de otros centros como La Ingobernable o La Ferroviaria, los activistas aseguran que hace tiempo que querían “testear” la apertura de un centro social en Madrid y ver qué respuesta recibían. Esta semana, aseguran, llevarán a cabo el proceso de apertura a otros colectivos afines. “La mejor manera de defender este espacio es que acoja a colectivos que lo defiendan como propio”, afirma su portavoz a elDiario.es.

El CSO La Rosa, en el barrio de La Latina de Madrid, ha abierto sus puertas “por muchos motivos”, pero su carta de presentación habla de uno de los grandes problemas de la capital: la gentrificación que ha expulsado a muchos de sus habitantes del centro a la periferia por la presión de los alquileres turísticos. Como los de los dos edificios colindantes al nuevo centro, según denuncian desde La Rosa. 

Sus responsables afirman que la iniciativa les une “frente a la hostilidad de la ciudad y de quienes la destruyen” y defienden que abrir este centro en medio de la capital les servirá para denunciar “el impacto de la gentrificación”, así como impulsar políticas que demuestren que “se puede hacer un uso distinto del espacio público y ciudadano”. Sin embargo, el objetivo del centro es alojar una vez más a diferentes colectivos sociales, desde activistas por la vivienda a feministas y ecologistas.

“En una ciudad que tala sus árboles, que destruye y mercantiliza su espacio público, en el corazón de una ciudad en la que los desahucios no cesan y los fondos buitres campan a sus anchas, queremos 10, 100, 1.000 Centros Sociales”, han defendido a través de un comunicado compartido este domingo. 

De momento, La Rosa —que podría ser rebautizado en un futuro— abre con el sueño de ir más allá del activismo y acoger también actividades lúdicas y educativas. “Tenemos la certeza de que la vida que se genera aquí tiene impacto más allá”, ha declarado su portavoz. “Por la existencia de otros centros sabemos que tienen una capacidad expansiva muy grande”.

Fin al culebrón alrededor del edificio de Prado 30, que en su día okupó La Ingobernable y que el Ayuntamiento de Madrid intentó transformar primero en un Museo Judío y luego cederlo a una fundación de arte privada. El área de Cultura ha publicado este jueves la cesión oficial del edificio a la Comunidad de Madrid para que traslade allí el centro de salud de Alameda, tal como pedían los vecinos de la zona y prometió el alcalde Almeida durante la última campaña electoral.

“La superficie afectada sólo podrá ser utilizada por la Comunidad de Madrid como centro de salud”, dice el texto del convenio al que ha tenido acceso Somos Madrid, que añade que el gobierno de Ayuso “no la podrá ceder o arrendar a terceras personas”. El edificio situado en el número 30 del Paseo del Prado se cede en parte, en concreto 2.010,24 m2 construidos distribuidos a lo largo de sus cuatro plantas, en la fachada que da a la calle Gobernador, mientras que el resto (1.269 m2) será destinado a la apertura de un centro cultural de distrito, bajo el control de la Junta de Centro.

El Ayuntamiento de Madrid explica que fue la Comunidad de Madrid, a través del viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Director General del Servicio Madrileño de Salud, quien solicitó la cesión del edificio, debido a que la sustitución del centro de salud Alameda es una de las prioridades de la Consejería de Sanidad en su plan e inversiones hasta el año 2024. El ambulatorio actual, situado en locales de alquiler, presenta “muchas carencias para la población asignada”, explica el consistorio para justifica la entrega del inmueble.

La cesión es técnicamente una mutación demanial en la que el Ayuntamiento conserva la propiedad del edificio, que pasa de manos de Cultura al distrito Centro para gestionar todos los trámites necesarios con el gobierno regional. El inmueble está valorado en poco más de 10 millones de euros, de los que la ciudad cede una superficie cuantificada en 6.642.958,69 euros, según la documentación consultada. El anuncio de la entrega viene acompañado de los planos de la parte de cada una de las plantas que se ceden.

Para poner en marcha el nuevo centro de salud la Consejería de Sanidad deberá ejecutar importantes obras de adaptación. “El estado actual de la superficie afectada es conocido y aceptado por la Comunidad de Madrid”, aclara el Ayuntamiento en el documento de cesión, donde se aclara que el gobierno de Ayuso correrá con todos los gastos de la reforma y del mantenimiento. También se encargará de inspeccionar el estado de todo el edificio, no solo de la parte cedida. Aunque en la zona dedicada al centro cultural será el consistorio el que costee la reforma. Los trabajos estarán afectados por la protección especial del inmueble, inscrito dentro del patrimonio especial histórico y cultural de la ciudad.

Promesa de Almeida y acuerdo con el Mixto

El edificio de Prado 30 fue objeto de un intenso debate electoral durante la última campaña electoral en Madrid. El entonces candidato José Luis Martínez-Almeida prometió trasladar allí el centro de salud de la calle Alameda, desalojando antes el centro social de La Ingobernable, que por aquel entonces okupaba el edificio. Una vez que llegó a Cibeles desalojó el inmueble, en una controvertida operación policial que el Tribunal Supremo acabó declarando ilegal. Y se olvidó de la promesa.

El edificio, adscrito al área de Cultura, empezó rápidamente a sonar como ubicación para el Museo Judío de Madrid. El departamento de Andrea Levy maniobró para poder convertirlo en un espacio cultural de ciudad, aprovechando su buena ubicación, cercana al Caixaforum, Thyssen o Medialab-Prado. Después fue la coleccionista italiana Patrizia Sandretto la que entabló conversaciones con Cultura, noticia adelantada por elDiario.es gracias a la alerta de los técnicos del Consistorio.

Sin embargo, la negociación de los últimos presupuestos frustró los planes de Levy, ya que dentro de las cesiones municipales para conseguir el apoyo del Grupo Mixto Almeida tuvo que aceptar que en el inmueble de la calle Gobernador se abriría el centro de salud prometido. Los escindidos de Más Madrid recogían las insistentes peticiones de los habitantes de la zona, que se habían manifestado varias veces para que el consistorio cumpliera lo que había asegurado a los vecinos. La firma del acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2022 aseguró esta dotación que este jueves se ha certificado con la entrega a la Comunidad de Madrid del edificio.

En el documento de cesión municipal deja claro a qué se destinará la parte de Prado 30 que no ocupará el centro de salud: “Existe el compromiso municipal de destinar la parte del inmueble que no ha sido objeto de solicitud por la Comunidad de Madrid a centro cultural del Distrito de Centro”, antes de proponer la adscripción del lugar a la Junta presidida por José Fernández.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional han desalojado este martes la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de La Ingobernable ubicada en el edificio de la céntrica calle Cruz de Madrid donde está prevista la construcción de un hotel de lujo.

En un comunicado, el colectivo informa de que los propietarios del edificio de calle Cruz, 5, la familia que dirige la empresa One Shot Hotels, les ha desalojado “sin previo aviso”, después de que el espacio estuviera durante cinco años abandonado.

La Ingobernable ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid permite a los propietarios “un cambio de uso de suelo para convertir la estructura en un hotel de lujo. Pariendo así una operación inmobiliaria y especulativa que generará ingentes beneficios y un hotel más en el centro de la ciudad”, critica el colectivo.

En este caso, La Ingobernable denuncia “no solo una operación de especulación”, también de “acaparamiento de aquellos que ya gozan de un amplio imperio inmobiliario”. De acuerdo con la organización, la empresa hotelera alquila el edificio a los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany, los hermanos Fernández Luengo, que, detallan, ya “cuentan con más de diez empresas y múltiples propiedades y negocios”.

“Una vez más, aquellos que prefieren seguir enriqueciéndose a costa de hacer más hoteles vuelven a desalojar un centro social. Una evidencia más de la ciudad que quieren: nos quieren robar el centro de Madrid y dejar una ciudad muerta llena de hoteles”, insiste en un comunicado la organización, que este mes ya fue desalojada de otro edificio de la capital. “Los poderes están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales. Y regalársela a la especulación y la turistificación”, zanjan.

Agentes policiales han desalojado en la mañana de este domingo a los activistas del colectivo La Ingobernable que okuparon ayer un edificio del sindicato UGT, en un operativo que según ha informado la organización se ha saldado sin detenidos ni violencia policial.

El sábado, unas 200 personas, la mayoría jóvenes, entraron en el histórico convento de Las Recogidas de Madrid, que fue sede de UGT hasta 2017 y esperaba ahora a su conversión en hotel, después de que en febrero el Ayuntamiento de la capital recalificara el suelo.

La Oficina de Derechos Sociales La Ingobernable señalaba con esta acción a UGT por haber alquilado el convento a una empresa hotelera y participar en el proceso de conversión de la ciudad en foco del turismo de masas, “sumándose a las políticas neoliberales del consumismo”, como apuntaban a las puertas del edificio, en el número 88 de la calle Hortaleza, los portavoces Silvia S. y Martín S.

Más de 9 horas después de la ocupación, UGT lanzó un comunicado en su página web en el que exigía “el desalojo inmediato” de su sede, “un edificio perteneciente en su totalidad al sindicato, y que ha sido pagado y costeado con el sacrificio de millones de persones trabajadoras a través de sus cuotas”. El inmueble, que data de 1623, aunque fue reconstruido en varias ocasiones (ardió en la Guerra Civil), tiene una superficie de casi 4.000 metros cuadrados y goza de protección patrimonial.

La Policía había cercado por la mañana la zona y mantenía a los okupantes sin “agua, comida y sin poder acceder a un baño”. “La Policía nos ha confirmado que no tienen orden de desalojo pero no nos da más información y la propiedad se niega a hablar con nosotras”, explicaba una portavoz de la organización a este diario. Finalmente, esta mañana se ha llevado a cabo el desalojo.

“Todo el mundo a calle Hortaleza 88. UGT se ha negado a cualquier tipo de diálogo, nos ha comparado con fascistas y ahora esto. Han llegado los antidisturbios en masa para desalojar #HotelUGT, tenemos decenas de compas dentro, necesitan todo el apoyo posible”, había pedido La Ingobernable en un mensaje en Twitter, acompañado con fotos de un dispositivo con varios furgones policiales.

Minutos después el colectivo ha confirmado por esa misma vía que el desalojo se había completado sin violencia policial ni detenidos. “Atentas a próximas convocatorias porque vamos a seguir chulas frente a quienes especulan con nuestra ciudad”, ha avanzado la plataforma.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable de Madrid fue ilegal. El desahucio del edificio, situado en el Paseo del Prado, se produjo a finales de 2019, cuando José Luis Martínez Almeida ya estaba al frente de la Alcaldía. Entonces se vanaglorió públicamente de su decisión y, de hecho, llamó “caras” a quienes habían dado uso a un edificio que estaba sin vida alguna desde hacía años. Era el segundo desalojo similar desde su llegada al Palacio de Cibeles. Unos meses antes fue el turno de La Dragona, en el barrio de La Elipa. Cerca de tres años después, ambos inmuebles están cerrados, inutilizados y con vigilancia 24 horas a costa del contribuyente.

La ilegalidad del desalojo la ratificó el pasado 6 de abril el Tribunal Supremo en una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que rechaza los recursos de casación planteados por el Ayuntamiento contras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que determinó que el Gobierno municipal no tenía “legitimidad” para expulsar al colectivo y que la resolución municipal de 2017 en la que se apoyó Almeida para ordenar el desahucio nunca debió existir. El motivo: que el edificio estaba cedido a una fundación privada y, por tanto, debió ser esta quien reclamara el desalojo.

“La resolución del Tribunal Supremo, al inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia que estimó el recurso del centro social, confirma sin género de dudas que el desalojo del centro social La Ingobernable fue contrario a derecho”, apuntan desde la defensa jurídica de La Ingobernable.

La escueta resolución del alto tribunal establece el pago de unas costas de hasta 1.000 euros (más IVA) al Consistorio, pero nada más dice de qué pasará a partir de ahora con el edificio. Porque, de hecho, el TSJM no vio en su día “perjuicios irreparables” y planteó que, en todo caso, los ocupantes podrían ser indemnizados al haber sido víctimas de un desalojo sin amparo legal, pero el uso del edificio no sería devuelto a los colectivos.

El procedimiento se inició antes, en 2017, con Manuela Carmena al frente del Consistorio, aunque la alcaldesa nunca llegó a activar completamente el desalojo. Por entonces, el inmueble, de propiedad municipal, estaba cedido gratis a la fundación privada Ambasz, que lo mantenía sin actividad desde que Ana Botella les permitió su uso durante 75 años. El plan era derribar el edificio, construido durante la II República, y levantar un museo en honor al propio Emilio Ambasz, un arquitecto argentino con nula presencia en Madrid. Carmena rescindió en 2018 el convenio con la fundación y abonó 1,4 millones de euros como indemnización.

“Pronto habrá noticias”

La resolución del Supremo ha dejado una sensación agridulce en el colectivo que se aglutinó alrededor del centro social. Por un lado, se reconoce la ilegalidad del desalojo, tal y como denunciaron desde La Ingobernable desde el principio. Por otro, no se podrán recuperar las actividades que en ella se desarrollaron. Por ejemplo, durante los preparativos de la huelga feminista que se celebró el 8 de marzo de 2018, así como durante aquella jornada de movilizaciones masivas. O, a otro nivel, las actividades para vecinos y colectivos de la zona, que carece de infraestructuras públicas para ello.

Desde el colectivo La Ingobernable aseguran a elDiario.es que están analizando con el equipo jurídico que les ha acompañado las diferentes opciones que tienen. “La sentencia confirmada deja abierta la puerta a una posible indemnización por daños”, recuerdan en conversación con este medio. “Estamos pensando las posibilidades. Pronto habrá noticias y tomaremos una decisión”, añaden, para ratificar: “Que vamos a responder está claro, y lo haremos pronto”.

Desde el desalojo del edificio, Almeida ha anunciado al menos tres planes diferentes para darle algún tipo de uso. Primero, una cesión para albergar un museo judío a la fundación Hispano-judía, creada ad hoc para este proyecto en 2016 y que tiene como vicepresidente al exalcalde y exministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz Gallardón. Eso ocurrió en 2020. El proyecto fracasó y, ya en 2021, Almeida planteó otra cesión a una fundación privada, la de Patrizia Sandretto. Un año después, tampoco se ha materializado.

Por último, el Consistorio dijo que lo cedería para servicios dotacionales del barrio, una reclamación histórica de los vecinos. La idea era convertirlo en centro de salud y en un espacio con biblioteca, ludoteca y centro de día para mayores. Pero, de momento, no se ha puesto en marcha. elDiario.es ha contactado con el Ayuntamiento de Madrid para recabar su opinión, pero la institución pública ha declinado hacer ninguna declaración.

“Almeida actuó fuera de la legalidad a sabiendas”, apuntan también desde La Ingobernable, que ha intentado prolongar su proyecto en diferentes puntos de la ciudad. Hace un año, por ejemplo, establecieron la llamada Oficina de Derechos Sociales en otro inmueble ocupado en la calle Cruz, 3 también en Madrid. Antes, el Ministerio de Justicia también los había desalojado de otro edificio público deshabitado. El alcalde, abogado del Estado de formación, “utilizó el servicio jurídico del Ayuntamiento con fines partidistas”, acusan. Y lamentan que “las garantías mínimas del Estado de derecho solo existen para unos pocos”.

Maldita paradoja: el barrio de Las Letras no tiene biblioteca. Las calles están adornadas con citas literarias en dorado de los clásicos del Siglo de Oro y Romanticismo pero nadie puede llevarse un libro prestado si no es en La Latina o en Retiro, donde están las bibliotecas más cercanas. En Madrid otros 86 barrios como Las Letras padecen el apagón bibliotecario. En realidad, Las Letras no tiene ninguna dotación pública salvo un centro de salud saturado, que atiende de manera provisional desde hace treinta años a 24.000 cartillas sanitarias en un bajo sin ventilación ni salida de emergencia ni ascensor para descender a la planta inferior. “Si alguna persona mayor necesita ir a consulta y no puede bajar las escaleras, tienen que llevarla en volandas a pulso”, dice Víctor Rey, presidente de la asociación vecinal del barrio que hoy tiene motivos para brindar.

— ¡No nos ha tocado la lotería!, dicen dos vecinas que bajan por una de las calles de este tranquilo barrio atrapado entre el parque del Retiro y la Plaza Mayor, entre la calle Atocha y Moratín. Once y media. Son puntuales a su cita del café en 'Matilda', el bar que regenta Fernando y que hoy sale a recibir en la calle a sus leales vecinas para felicitarlas con los brazos abiertos.

— ¡¿Os habéis enterado?!, pregunta Fernando.

— ¿De qué?

— ¡Que van a montar el centro de salud ahí abajo!

— ¿En La Ingobernable? ¡Ay, qué bien! ¡Por fin! 

— ¿No será una inocentada, no?, responde una de las vecinas. 

— Que no, que se anunció anoche [por el lunes, cuando se conoció el acuerdo entre PP, Ciudadanos y los díscolos de Más Madrid para sacar adelante los presupuestos municipales para 2022], les responde Fernando.

— Entonces, ¡sí nos ha tocado la lotería! Aunque haya sido gracias al acuerdo de los disidentes de Carmena y el rechazo de Vox, apunta una de ellas, mordiéndose la lengua para no ir más allá delante de un desconocido.

— ¿Montaremos una verbena, no?, pregunta una de ellas. 

— El día en que tengamos la firma del Ayuntamiento y los contagios no estén disparados, lo celebraremos en la calle, señala Víctor Rey.

— Menos mal, porque estoy hasta la peineta de protestar, cantar y bailar.

Lo celebrarán con un cafelito en el bar. Nada de burbujas navideñas. Ellas son más de la acera de la clase trabajadora que de la clase privilegiada. Este barrio es una isla que separa el mundo de los privilegiados del resto, atravesado una y otra vez por los turistas ajenos a las reivindicaciones. Esta mañana en 'Matilde' se brinda por una que ha sacado a la gente de sus casas hasta en tres manifestaciones. El Grupo Mixto del Ayuntamiento ha forzado al alcalde Martínez-Almeida a cumplir con su promesa electoral y dotar al barrio con un centro de salud digno y una biblioteca, en el antiguo edificio autogestionado conocido como 'La ingobernable'. Una vez Vox anunció retirarle su apoyo, el alcalde del PP buscó los votos de los exconcejales de Más Madrid para aprobar los presupuestos del próximo año. Una carambola política a tres bandas que apunta a un final feliz sobre este asunto. 

Una lucha de seis años

Esta es la crónica de un barrio resignado que despertó y se negó a ser cama para turistas. Esa fue la primera campaña que pusieron en marcha como asociación. “Estamos en peligro de extinción”, decían las pancartas que colgaron hace cuatro años y que todavía pueden verse en algunas ventanas de la zona. La gentrificación pisó el acelerador en un barrio que envejecía en pleno centro de la ciudad, las calles adoquinadas se llenaban de maletas que iban y venían y el tejido social desaparecía. “No podíamos hacer comunidad, ni siquiera teníamos un espacio para encontrarnos y poder hablar de nuestras necesidades para reclamar al Ayuntamiento”, cuenta Víctor Rey. 

Encontraron ese lugar de reunión cuando se abrieron las puertas de 'La Ingobernable', en el edificio que fue delegación de la UNED y que está situado en la confluencia de la calle del Gobernador y el Paseo del Prado. En noviembre de 2019 la Policía desalojó el centro social autogestionado, con José Luis Martínez-Almeida ya alcalde. Después de cuatro años de trabajos de cooperación con el barrio, el alcalde insultó a los componentes de 'La Ingobernable', les llamó “caras”. 

El regidor prometió en campaña un centro de salud y una biblioteca para los vecinos y vecinas de Las Letras en el edificio, pero desde que salió elegido como alcalde, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox, no había vuelto a mostrar interés en cumplir con su palabra. Primero pensó en donarlo a la Fundación Hispanojudía para un museo, luego apareció la Fundación Patrizia Sandretto... Hasta hoy. Los vecinos cuentan que el edificio de 3.400 metros cuadrados será dividido en dos: una parte estará destinada al centro de salud, que será recuperada y pagada por la Comunidad de Madrid; y la otra será para que el barrio decida qué hacer en ella. “Tenemos 1.700 metros cuadrados y 300.000 euros para la reforma que han prometido en el pacto”, indica Rey.

Un espacio vivo para el barrio

¿A qué dedicarán ese espacio que corresponde al barrio? Víctor Rey y Sara Robles comentan que tendrá tres pilares: la juventud, la infancia y los ancianos. Para los primeros quieren crear un espacio nuevo inspirado en un modelo que descubrieron en 2018. “Es una biblioteca viva, un modelo no tradicional, de intercambio de libros. La pusimos en marcha en el patio de Medialab Prado con dos cajas de fruta con algunos libros y acabamos montando estanterías. Tuvimos que empezar a clasificarlos del volumen de ejemplares que traía la gente para llevarse otros. Metía mensajes en el interior. Estuvo activa más de dos años, hasta la pandemia”, cuenta Robles. Saca su móvil y enseña unas fotos de aquellos días. “Este es el origen de la biblioteca pública del barrio de Las Letras. Deja tu libro”, decía el cartel casero de bienvenida.  

También incorporarán una sala de lectura para que estudien y no tengan que marcharse hasta la biblioteca de La Latina o del Retiro a preparar sus exámenes. “Queremos que ocurran cosas, que haya actividad y talleres. Una propuesta viva”, apunta Rey. Para la infancia crearán una zona donde puedan acudir las niñas y niños del colegio público Palacio Valdés, de algo más de 200 alumnos. “No tienen una zona verde cerca donde ir a jugar a la salida. Montaremos una ludoteca para ellos como hubo con 'La Ingobernable', gracias al AMPA”. Víctor Rey está contento con los años de ocupación del edificio abandonado: 'La Ingobernable' ha dejado muchas cosas que han beneficiado al barrio, como los espacios de reunión“, reconoce. Por último, los vecinos crearán un espacio para mayores, algo parecido a un centro de día. 

Una vecina sube por una de estas cuestas cargada con detergente para lavar la ropa y suavizante. En una de las manos lleva la correa que ata a su perra. “¡No me jodas! ¡Por fin lo logramos!”. No sabía nada y dice que le hemos alegrado el día. Llegó hace veinte años al barrio desde Argentina. “Es una buenísima noticia. La mayoría de los vecinos no vamos a ese centro de salud, sino al de Carrera de San Jerónimo porque este centro está saturado, es pequeño y no tiene las mínimas condiciones”, comenta. En el centro de salud ya no hay servicio de pediatría. Tampoco tienen ventanas para ventilar. 

Sensación de victoria

Desde hace más de veinte años la tienda Corzón, de artes y taller de enmarcación, ocupa una de las esquinas más emblemáticas del barrio. Es el local pegado al edificio que estuvo ocupado. “Nunca tuvimos problemas con ellos. Fueron amabilísimos, no dieron problemas. Una vez hubo una fuga de agua y se ofrecieron a repararla. Hicieron mucho por el barrio. Ya era hora de que el Ayuntamiento entregara ese edificio a los vecinos, porque solo han querido especular con él. Por fin hemos vencido”, dice la dependienta de Corzón. Asegura que lo necesitaban porque los planes que tenían era reventarlo de turismo. 

A la memoria de los vecinos que preguntamos acude un hito que les hizo levantarse. Corría el año 2015, último pleno del Ayuntamiento de Ana Botella como alcaldesa antes de las elecciones que dieron la alcaldía a Manuela Carmena. Botella firmó la cesión gratuita por 75 años del antiguo edificio de la UNED a la Fundación Emilio Ambasz. Nadie conocía al arquitecto argentino pero levantaría allí, en la milla del oro del arte, un museo en honor a sí mismo: 3.400 metros cuadrados gratis, gracias a la estrecha amistad del arquitecto con el “clan de Valladolid”, liderado por Miguel Ángel Cortés, ex secretario de Estado de Cultura entre 1996 y 2000 con el expresidente José María Aznar. José Pedro Pérez-Llorca, un hombre fiel al PP que Mariano Rajoy nombró presidente del Patronato del Museo del Prado, era el abogado que gestionaba los intereses de Ambasz. 

Botella rebajó la protección del edificio para que el nuevo dueño pudiera derribarlo en un mes y hacer en ese solar lo que quisiera. Las elecciones municipales de 2015 trajeron a Manuela Carmena y nació 'La Ingobernable'. El abogado Pérez-Llorca apuntó antes de que la nueva alcaldesa paralizase el proyecto que la revocación no era posible porque existía “una concesión administrativa”. Para romperla, el Ayuntamiento indemnizó al arquitecto argentino con 1,4 millones de euros. La idea era destinar una parte del edificio a la biblioteca de mujeres, con los fondos de la bibliotecaria Marisa Mediavilla, compuestos por casi 30.000 volúmenes. No se hizo nada de todo lo previsto. Llegaron las nuevas elecciones y la alcaldía de Martínez-Almeida.

Es un día de paz y tranquilidad en el barrio que parece un pueblo, como lo describe una trabajadora de la inmobiliaria que se dedica a la venta y alquiler de pisos de la zona. Dice que este año ha sido muy bueno para la venta, que ya no encuentran inversores en alquiler turístico sino personas que quieren ir a vivir al barrio. Ahora, en la calle Fúcar, se levantan los cimientos de lo que será un polideportivo. Los vecinos rebeldes han conseguido frenar el éxodo. “Hemos aprendido a no celebrar antes de tiempo. Yo hasta que no lo vea votado y firmado, no salgo a la calle a celebrarlo”, avisa Víctor Rey con una enorme sonrisa en la cara. 

La Ingobernable vuelve al centro de Madrid, tras más de un año de inactividad, esta vez como oficina de Derechos Sociales. “No sabéis cuánto os hemos echado de menos”, han proclamado desde el colectivo, después de okupar un nuevo edificio en la calle Cruz 3 y 5. Se trata de un antiguo hostal, y constituye su tercera okupación tras los desalojos de la mítica Gobernador 39 y la posterior en Alberto Bosch 4.

Acompañado por marchas militares con motivo del 2 de mayo, el barrio se movía entre miradas y susurros mientras un centenar de personas esperaban ansiosas el crujir de la puerta del antiguo Hostal Cantábrico. Sobre el mediodía, la Ingobernable ha desplegado su pancarta en los balcones, con el lema “derechos sociales para cambiarlo todo”.

El bloque, propiedad de los hermanos Fernández Luengo, más conocidos por ser los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany, lleva vacío 5 años. Eloy, portavoz del colectivo, explica que la familia acumula alrededor de 30 inmuebles y un patrimonio de más de 70 millones entre terrenos y construcciones. “Se dedican a especular con los edificios de nuestra ciudad”, defiende el activista, quien añade que Daniel Fernández Luengo aún está siendo investigado por la justicia, acusado de delito de odio en el desalojo de La Pluma.

“Abrimos este nuevo proyecto para resistir en común y conquistar derechos”, explica Alejandra, otra de las portavoces, mientras el equipo de mediación dialoga con los policías que se han acercado al lugar. Unas cincuenta personas se encuentran dentro del edificio y tratan de abrir las ventanas para proclamarlo bajo el dominio del colectivo. Tienen una nueva organización, centrada en siete ejes de actuación: derecho a la alimentación, precariedad laboral, derecho a la protesta, renta básica, salud comunitaria, transfeminismo y disidencia y ley de vivienda. “La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve muchas vulneraciones sistemáticas de derechos y se superpone a otras crisis, como la ecológica, la económica o la social. Creemos que los espacios tienen que vertebrarse en esos ejes de lucha para conquistar estos derechos”, justifica.

Buscan resolver un problema que puede parecer individual de forma colectiva, desde la autogestión, analizándolos como conflictos sistémicos, tal y como explica Roxana, la última de las portavoces. Se trata, según declara, de una asesoría colectiva, tomando como referencia el modelo de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca): “Una vecina llega con una orden de desalojo y tras ponerlo en común y colectivizarlo se da cuenta de que necesita a sus vecinas, a sus amigas, para dar respuesta a ese problema”. Además de esta nueva función, como ODS, siguen declarándose como un espacio abierto para otras organizaciones, como Fridays for Future o Abrir Brecha, animando a los madrileños a participar e incluso crear nuevos ejes.

Las activistas rompen en aplausos y gritos de júbilo cuando sus compañeras consiguen por fin asomarse a los balcones vestidas con 'mantón de manila' a ritmo de la canción homónima de C.Tangana y declarar el edificio como suyo. La Ingobernable vuelve a tener sus puertas abiertas para los vecinos de Madrid.

El Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida (PP) ultima la cesión del edificio situado en el Paseo del Prado, 30, conocido como 'La ingobernable', a la Fundación Sandretto Re Rebaudengo. Técnicos del consistorio confirman a este periódico que la operación ya ha sido cerrada. Esta tarde, en el Consejo Cívico, el Ejecutivo será preguntado por ello. Los términos del mismo serían similares a los que la coleccionista italiana Patrizia Sandretto mantuvo con el Ejecutivo de Manuela Carmena, cuando cerró en 2017 la cesión de la nave 9 de Matadero por 50 años, para mostrar su colección de arte contemporáneo más reciente. La operación fracasó por el alto coste estructural y económico que debía asumir la mecenas para transformar los 6.300 metros cuadrados, plagados de columnas, en sala de exposiciones. Ahora, trata de conseguirlo en el edificio de 3.000 metros cuadrados, declarado en ruina y con protección parcial de la fachada, después del intento fallido de abrir allí un museo judío, auspiciado por la Fundación Hispanojudía. 

El director general de la Fundación, Carmelo di Gennaro, asegura que no está autorizado para responder a esta cuestión y desde el Área de Cultura del consistorio contestan que no hay ningún movimiento sobre el futuro de Prado, 30. Sin embargo, en enero el área de Levy confirmó que el aterrizaje de Sandretto en 'La ingobernable' era “una de las opciones por las que han mostrado interés”. Además, desde la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras indican que la Junta Municipal del Distrito Centro les confirmó el inicio del expediente de esta cesión a favor de Sandretto al poco de fracasar la idea anterior, en julio de 2020. 

Este periódico ha confirmado que desde la Fundación dan por hecho, “a falta de un último paso”, su instalación en el lugar donde Ana Botella aprobó, en 2015, en el último pleno de su Gobierno, ubicar el Museo Ambasz. El antiguo edificio de la UNED de ladrillo rojo, que llegó a albergar una escuela de idiomas y el centro de salud del barrio, iba a ser cedido por 75 años a la Fundación Emilio Ambasz, dedicada a la memoria del arquitecto argentino y amigo de la ex alcaldesa. Asociaciones como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio indicaron que se trataba de un proyecto y un arquitecto sin relevancia como para formar parte del Paseo del Arte. Manuela Carmena recuperó la titularidad pública del edificio tras indemnizar con 1,4 millones de euros a la fundación. 

A la asociación vecinal, la Junta Municipal de Distrito Centro les aseguró que tendrían una “solución en breve”, pero lamentan que desde hace tres meses no reciben ninguna contestación a su petición de transformación de 'La ingobernable' en un centro de salud y una biblioteca, dotaciones de las que carece el Barrio de las Letras. Recogieron 6.500 firmas a favor de la idea, pero sólo obtuvieron silencio. “En este barrio no hay más que apartamentos turísticos y hostelería depredadora”, indican desde la asociación, que consideran el movimiento de creación del museo judío una de las acciones más opacas que han conocido. Cuentan que desde la Junta Municipal les prometieron instalar el centro de salud y la biblioteca en las dependencias del MediaLab, que será trasladado a Matadero, según el Consejero Delegado de Madrid Destino, Fernando Benzo. Pero el equipo de Andrea Levy se cruzó en el camino de los deseos vecinales para el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, hasta el momento en Conde Duque, a las instalaciones de la antigua Serrería Belga.

Mar Espinar, portavoz de cultura del PSOE en el Ayuntamiento, asegura que el equipo del actual alcalde “está vendiendo el centro de Madrid al mejor postor”. “El milagro cultural de Madrid pasa por expulsar a los vecinos y a los proyectos de innovación y participación del centro de la ciudad, para dar entrada al turismo de botellón y a planteamientos culturales que podrían encajar en otras zonas de la ciudad menos saturadas. La señora Levy representa la toxicidad neoliberal que sólo entiende el beneficio propio destruyendo el de los demás”, añade Espinar. 

Patrizia Sandretto ha reconocido en las diversas entrevistas que ha ido concediendo en el último año que mantiene un diálogo abierto con Andrea Levy, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, para encontrar una alternativa a Matadero. La mecenas de Turín, con una trayectoria de 25 años y una colección con piezas de Maurizio Cattelan, Damien Hirst o Tony Grand, ha reconocido que Levy está a la busca de espacios adecuados para que su proyecto artístico se sume a la ciudad. El Ayuntamiento está en deuda con la coleccionista después del fracaso del primer intento al comprobar que, por orden de protección y conservación del edificio de Matadero, no podía derribar todas las columnas que necesitaba para convertir aquello en un espacio único. 

A la presidenta de la fundación nunca le gustó la ubicación en Matadero que le ofreció Manuela Carmena. Hace un año, en la presentación de la primera exposición del programa de actividades de su fundación en España, Sandretto reconoció rotunda: “No voy a renunciar al centro”. Sus intenciones de crear un centro dinámico, con una agenda cultural imparable, sustentada en un proyecto que apuesta por el arte actual internacional, están pensadas para el Eje Prado.

A pesar del “entusiasmo” con el que Fernando Benzo ha justificado la desaparición de MediaLab del barrio y su traslado a Matadero, a Sandretto el camino inverso le parece el correcto. Benzo ha declarado este martes, en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, que “Matadero es un centro de referencia” porque “MediaLab no puede limitarse a un público y una zona concreta de la ciudad”. En esta carambola de movimientos de instituciones culturales a tres meses de la cita en la UNESCO para los nuevos lugares de la Lista de Patrimonio Mundial, amenaza la candidatura del 'Eje Prado'. El comité nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) comunicó al Ayuntamiento que la salida de MediaLab de la Serrería Belga es “inapropiado y pernicioso” para las aspiraciones a la deseada lista. 

El edificio del Paseo del Prado 30, donde hasta hace pocos meses estaba alojado el centro social autogestionado La Ingobernable, ha tenido muchos proyectos de vida. Ninguno ha salido bien. Tras tres operaciones fallidas y un desalojo, uno de los inmuebles más codiciados de Madrid busca de nuevo inversor. El último fiasco se conoció la semana pasada: el alcalde de Madrid anunció que el proyecto de crear un museo judío a través de una fundación vinculada con el exregidor y exministro Alberto Ruiz-Gallardón se abortaba. El futuro del inmueble, convertido en el símbolo de la cruzada de José Luis Martínez-Almeida contra la okupación, se queda de nuevo en un limbo. Inutilizado y vacío.

Su ubicación jugosa y la propiedad municipal explican que haya sido el centro de operaciones atravesadas por intereses políticos varias veces en su historia. Tras el intento fracasado y polémico de cederlo por 50 años a la fundación vinculada a Gallardón después de un cuestionado desalojo, el Ayuntamiento de Madrid estudia qué hacer con él. De momento, ha decidido guardar en un cajón el procedimiento administrativo para protegerlo y evitar que los próximos inversores lo tiren abajo iniciado en 2017 por la corporación de Manuela Carmena, según confirmó el concejal del área de Desarrollo Urbano esta semana en la comisión del ramo. “La época oscura de desconfianza ante lo que huele a privado ha terminado. Cuando haya un proyecto específico se verá la idoneidad. Ahora no toca”, dijo Mariano Fuentes. El edil garantizó, en todo caso, que el inmueble no se iba a demoler “a día de hoy” y criticó a la oposición por tardar en completar la protección cuando gobernaban. El procedimiento solo necesita pasar por el último trámite: que se apruebe en Pleno.

Más Madrid, que formuló la pregunta a Fuentes, teme que el nuevo inversor tenga vía libre para hacer lo que quiera con el edificio. “Nos saltaron todas las alarmas al escuchar que este Ayuntamiento protege el patrimonio en función de unos inversores”, señala la concejala Pilar Perea, que asegura que hoy se “mantiene la amenaza e incertidumbre que ya vivimos cuando se cedió gratis y a dedo por 75 años a la Fundación Ambasz” por parte de la exalcaldesa Ana Botella en 2013. “Parece claro que garantizando que el edificio no puede ser demolido a través del Plan Especial conseguiremos librarnos de nuevos intentos de ofrecerlo a nuevos ”inversores“ o a saber quién”, añade la edil.

Aquella cesión, la de 2013, también fue un fiasco. La fundación Ambasz no puso en marcha el museo de arquitectura con el que se comprometió a través de un contrato de cesión con el Ayuntamiento de Madrid. A finales de 2013, cuatro años después de sellar el pacto, intentó derribar el edificio completo y volver a construirlo, con el visto bueno de la Comunidad, pero en medio de estas gestiones el inmueble fue okupado por La Ingobernable. La corporación de Carmena, unos meses después, extinguió el contrato. Poner punto y final a la cesión fallida costó al erario público 1,4 millones de euros, pagados a Ambasz como indemnización por romper el acuerdo antes de tiempo. Medio año antes, el equipo de Ahora Madrid abrió un expediente para desalojar el centro social pero nunca lo ejecutó. Lo hizo el Gobierno de Martínez-Almeida al llegar al Palacio de Cibeles, cumpliendo una de sus principales promesas electorales. Hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto que ese desalojo fue ilegal porque el procedimiento para vaciarlo se inició cuando aún estaba cedido a la fundación Ambasz.

Esta operación dejó un importante daño colateral que puede determinar el futuro del edificio: el Ayuntamiento de Ana Botella, precisamente para facilitar la operación, rebajó la protección del inmueble del Nivel 2 grado Estructural –según el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de 1997– al Nivel 3 grado Ambiental. Solo así la fundación podía derruir el edificio y levantar otro nuevo. Una nueva valoración del inmueble realizada en 2015 al revisarse el Plan General lo describió como un “interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano” cuya “conservación ayuda a conocer el desarrollo de las instituciones madrileñas y su evolución en el siglo XX”. El inmueble también forma parte de la candidatura del eje Prado-Retiro, donde se inserta el espacio, a ser patrimonio mundial de la Unesco. Sobre la mesa del actual Consistorio está el proceso iniciado en el anterior mandato para devolver la protección al Nivel 3.

¿Fundación Sandretto? ¿Una sede del Hermitage?

Entre los candidatos en liza a ganar la cesión del Ayuntamiento está la Fundación Sandretto, una entidad italiana que en septiembre de 2017 llegó a otro acuerdo fallido con el Ayuntamiento de Manuela Carmena para la cesión durante 50 años de la Nave 9 de Matadero. Esta organización ni siquiera inició las reformas y el pacto se revirtió en noviembre de 2019, con PP y Ciudadanos ya en la alcaldía. ¿Ahora podrían intentarlo de nuevo con otro inmueble? Otra opción, mucho más improbable, sería un acuerdo con el Museo Hermitage de San Petesburgo. El Ayuntamiento de Madrid se postuló a finales de enero para acoger en la capital una sede del museo ante las reticencias del Gobierno municipal de Barcelona, liderado por Ada Colau, a ejecutar allí el proyecto. Nada se ha vuelto a saber de aquel ofrecimiento, que todo apunta que –más allá del primer misil político– quedará en agua de borrajas. El Consistorio tiene grandes aspiraciones para el inmueble: “Queremos un proyecto de dimensión internacional, de relevancia cultural extraordinaria”, dijo el alcalde, que avanzó que ya se han presentado algunas ideas sin concretar cuáles. En la comisión de Cultura, el Gobierno se reafirmó en el que uso será cultural, en respuesta a una pregunta del PSOE.

Lo que seguro no será es un centro de salud, que es lo que han pedido en varias concentraciones los vecinos del barrio. Reclaman a Martínez-Almeida que cumpla la palabra que les dio en campaña electoral: que el desalojo estaba justificado porque se necesitaba un centro sanitario en el barrio. La zona cuenta con uno antiguo y con deficiencias. En los últimos meses, PSOE y también Más Madrid han empujado para que el Ayuntamiento le dé ese uso y no otro. Para ello habría que modificar el Plan General de Ordenación Urbana, dado que actualmente el edificio solo es apto para usos culturales o de oficinas de la administración pública (antes era una sede de la UNED).

La convulsa historia de este edificio tuvo un capítulo más en el pasado que se descubrió con la publicación de los Correos de Blesa. Era el año 2008 y el Ayuntamiento, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, planeaba construir en este emplazamiento otro museo –el tercero de la biografía– de la Fundación Caja Madrid. Al frente de la entidad bancaria estaba Miguel Blesa. Los emails publicados, entre otros medios por elDiario.es, revelaron que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quiso convencer a Blesa para que comprase obras de arte por valor de 54 millones de euros a través de la entidad al artista Gerardo Rueda.

El sobrino del pintor se los había ofrecido a Aznar, pero la compra fue rechazada. Rafael Spottorno –entonces presidente de la Fundación Caja Madrid, posteriormente jefe de la Casa del Rey y hoy condenado a dos años de prisión por las tarjetas Black junto a Rodrigo Rato y Miguel Blesa– vio en la operación un “precio disparatado”. El proyecto nunca vio la luz porque, pese a que el precio de compra se redujo a seis millones y fue finalmente aceptado, el coste de levantar un edificio de cero era demasiado alto para la Fundación Caja Madrid, “prohibitivo”, según Spottorno.

Con el fracaso de la última cesión, que se ha abortado antes de firmarse, se abre una nueva etapa de incertidumbre para el edificio que pudo ser tres museos y no fue ninguno, y que aún vive bajo la amenaza de demolición. Lo cierto es que solo las actividades y talleres de La Ingobernable, cortadas de raíz en noviembre con el desalojo, abrieron sus puertas al barrio.

El Ministerio de Justicia desaloja La Ingobernable durante el estado de alarma. El plazo para el abandono voluntario terminaba el pasado viernes. Una semana después, las cerraduras se han cambiado y ya no hay pancartas. El centro social autogestionado apenas llevaba un mes y medio en la nueva ubicación, aunque no registraba actividad desde el inicio del confinamiento, según los activistas.

El edificio, situado en la calle Alberto Bosch de la capital, pertenece al Ministerio de Justicia y llevaba vacío cinco años. “No se ha desalojado nada porque no había nadie. Se ha recuperado la posesión del edificio”, afirman fuentes del Ministerio de Justicia que explicitan que la acción se produjo el miércoles después de “seguir un proceso administrativo”.

El Gobierno inició el procedimiento administrativo el pasado 4 de marzo pero la situación excepcional lo interrumpió, como el resto de procesos. Sin embargo, la administración decidió continuar con este concreto al considerarlo como parte del grupo de procedimientos “indispensables para la protección del interés general”. Justicia se amparó en que es inmueble público donde “es preciso evitar daños personales”, pese a que los activistas aseguran que las actividades se habían cancelado y el espacio no estaba operativo.

El centro denuncia, en un comunicado, “la instrumentalización del estado de alarma y un uso político de la justicia en el Gobierno al justificar el desalojo durante la crisis por motivos de interés general o problemas de salud pública cuando la actividad del espacio estaba completamente detenida desde el principio del estado de alarma”. Y critica el “silencio cómplice e insensible de los políticos del cambio”.

Es el segundo desalojo que vive el centro social en cinco meses. Primero, los activistas ocuparon un edificio de la calle Gobernador, en el céntrico Paseo del Prado, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Durante el mandato de Manuela Carmena en la alcaldía se produjeron conatos de desalojo y negociaciones con los activistas. El nuevo regidor, José Luis Martínez-Almeida, dio el paso definitivo para vaciar el edificio. El desalojo fue una de sus promesas en campaña electoral y el día que se produjo llamó “caras” a los activistas.

La Ingobernable ocupó el nuevo edificio el pasado 4 de marzo en la calle Alberto Bosch, donde el proyecto apenas ha durado un mes y medio. Aunque las actividades solo se han desarrollado durante dos semanas. Hasta la declaración del estado de alarma. El colectivo no podrá volver cuando regrese la normalidad.

“La Ingobernable es un proyecto que va más allá de un espacio, y la okupación una práctica legítima que continuaremos llevando a cabo mientras este sistema sea así de injusto”, dice el centro en el comunicado en el que aseguran que volverán “a recuperar y abrir espacios para las vecinas, para los movimientos sociales y para la vida”.

El Ministerio de Justicia ha ordenado reactivar el procedimiento de desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable, ubicado desde hace dos meses en un edificio propiedad del Estado, en pleno estado de alarma. La instructora ha dado un plazo de 48 horas que concluye este viernes para el abandono voluntario del inmueble, según recoge el BOE del pasado 14 de abril.

El procedimiento administrativo había iniciado su curso a principios de marzo pero la situación excepcional declarada por el Gobierno obligó a suspender su tramitación el 14 de marzo. Cuatro días después, la administración se acogió a un real decreto que permitía continuar los procedimientos aparcados si se justificaba que eran “indispensables para la protección del interés general”. Justicia argumenta, además de la condición de inmueble público, que no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene“ y que ”es preciso evitar daños personales“.

La Ingobernable critica que el Gobierno “haya decidido que su prioridad en plena cuarentena es reanudar el proceso de desalojo” y denuncia que el Ministerio ha “omitido el derecho a alegación”. Una portavoz asegura que un vecino presentó “en tiempo y forma alegaciones al procedimiento” y que no han sido incorporadas al proceso. Esta persona ha recurrido la decisión. El Ministerio de Justicia expone, de acuerdo con lo publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, que no tiene constancia de que se hayan formulado alegaciones “por los ocupantes del inmueble”.

Los activistas indican que la actividad en el centro se suspendió con la declaración del estado de alarma. “Se cancelaron todas las actividades para evitar contagios”, apunta una portavoz, que asegura que han recibido las notificaciones a través del BOE al no estar físicamente en el inmueble.

“Es una bajeza moral instrumentar la pandemia, tildando de problema de salud pública a un edificio cuya actividad se encuentra completamente detenida”, dice un comunicado enviado por La Ingobernable, que acusa al Gobierno de “aprovechar la confusión generada por este shock sistémico para colar el procedimiento de desalojo de la Ingobernable como uno de los procesos que, en nombre de un inexistente interés público, debe concluirse cuanto antes”.

Fuentes del Ministerio de Justicia defienden que el “la intención del ministerio es recuperar la posesión del edificio lo antes posible, entre otras razones porque el hecho de no hacerlo supondría una irregularidad por parte de los responsables del ministerio”. “En cualquier caso la recuperación se hará conforme establece la ley y respetando todos los derechos que esta da a todos los interesados, como el trámite de audiencia con la audiencia de todos los interesados, tal y como establece el procedimiento”, añaden.

El Ayuntamiento de Madrid desalojó el edificio que ocupaba La Ingobernable, en la intersección entre la calle Gobernador, 30 y el Paseo del Prado, a mediados de noviembre. El 4 de marzo, activistas del centro entraron en otro edificio vacío de la capital, propiedad del Ministerio de Justicia y situado en la calle Alfredo Bosch.

La Ingobernable apela directamente en su comunicado a los ministros y ministras de Unidas Podemos como “esa parte del Gobierno que dice ser sensible a las necesidades de los movimientos sociales”. “Esperamos que no observen impasibles esta obscena agresión de su Gobierno que se sitúa, de este modo, más cerca de las amenazas y formas del PP y Almeida, acompañados de sus socios gobierno Ciudadanos y Vox, que de los movimientos sociales”.

En el patio interior de la Calle de Alberto Bosch 4, en el centro de Madrid, alguien descorchó una botella antes de las once de la noche de este miércoles. En el inmueble, vacío desde hacía cinco años, quedaba inaugurada la nueva sede de La Ingobernable, la segunda ocupada por los activistas del centro social autogestionado desde 2017. El colectivo ha retomado sus actividades tras cuatro meses, después de que la Policía desalojara y tapiara el anterior espacio donde funcionaba el centro, en el Paseo del Prado, 30.

“¡Venga!”, reclamaba una hora antes una de las mujeres que esperaba en la acera a que se abran las puertas del inmueble, una construcción de ladrillo visto de 1886 que pertenece al Ministerio de Justicia. Desde las ventanas, salían luces de linterna y una pancarta bajaba desde la segunda planta: “Seguimos en el corazón de Madrid”. Tras el desalojo del edificio que ocupaban en una esquina privilegiada del centro, el colectivo se ha mudado al otro lado del Paseo del Prado.

Las consignas que coreaban los activistas desde las aceras antes de poder entrar hicieron salir a los vecinos a los balcones y preguntarse desde los portales qué estaba pasando. “¡Tenemos casa!”, gritó una mujer cuando finalmente se abrieron las puertas y voló confeti. La Policía, que había estado identificando a los miembros del colectivo desde las siete de la tarde por concentrarse sin la autorización de la Delegación de Gobierno, ya se había ido.

El edificio había sido ocupado un días antes —el colectivo no ha precisado la fecha—, después de que el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) anunciara a principios de febrero que el Ayuntamiento cedería el anterior inmueble de La Ingobernable a la Fundación Hispano-Judía. El Consistorio aseguró que entregaría de forma “inmediata” el bien a la entidad privada, cuyo vicepresidente es el exalcalde popular Alberto Ruiz-Gallardón, para abrir un museo, pese a que había prometido una biblioteca y un centro de salud para el barrio.

“Esta acción supone un acto de resistencia y desobediencia ante las agresiones sistemáticas que los espacios autogestionado llevan soportando desde hace meses en Madrid”, defendió una de las portavoces del colectivo en un comunicado que leyó a los medios este miércoles. Una treintena de personas aguardaban del otro lado de la puerta, según el colectivo, cuando decenas de manifestantes entraron saltando.

Sobre una de las paredes del interior, una inscripción avisaba que en el edificio había funcionado el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que en 2015 se mudó de esa sede. El 23 de noviembre de ese año, la entidad empezó a funcionar en las instalaciones del Archivo General de la Comunidad de Madrid, en el barrio de Delicias, mientras se rehabilitaba el edificio de la Calle de Alberto Bosch 4.

El inmueble había quedado “obsoleto” en materia de seguridad y conservación y las cerca de 46.000 escrituras públicas que se conservaban allí con firmas de Miguel de Cervantes, Santiago Ramón y Cajal o Francisco de Goya, entre otros, fueron trasladadas. El edificio tenía “graves problemas” para conservar en buen estado los fondos, según una información publicada por la Comunidad de Madrid en ese momento.

Los protocolos notariales de Madrid, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Getafe, Navalcarnero y El Escorial, así como los libros de las Contadurías de Hipotecas de esos municipios y los registros de los consulados de España en el extranjero desde 1504 hasta 1917 pasaron primero a una sede provisional en la calle Ramírez de Prado 3, y finalmente se trasladaron a su actual domicilio, en el distrito de Hortaleza.

El edificio detrás del Museo del Prado continuó vacío hasta ahora. Una portavoz del Ministerio de Justicia no ha ofrecido detalles sobre el estado actual de las obras de rehabilitación o las razones por las que el bien propiedad de la Administración del Estado continuaba vacío.

Decenas de estanterías de metal despojadas, que suman en total más de 6.000 metros, permanecen en el inmueble repartidas en tres plantas. Todavía se ven revistas descoloridas en cajas, planos antiguos y cintas de máquina Olivetti.

Este miércoles, más de 300 personas, según los organizadores, recorrieron una a una las plantas y habitaciones de este edificio catalogado con el grado uno de protección patrimonial, el más alto. “¿Cuántos pisos tiene? ¡Y sigue!”, se sorprendía una de las visitantes.

El equipo de Gobierno de Martínez-Almeida, que prometió durante la campaña electoral “una ciudad libre de ocupas”, confía en que el Ministerio de Justicia desaloje de “manera inmediata” al colectivo y ha exigido “tolerancia cero” este jueves. “Madrid no puede ser una ciudad a expensas de que lo pueda ocupar de manera ilegal cualquier tipo de colectivo. Esta ocupación va en contra de la legalidad”, ha señalado Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento, tras la Junta de Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado a eldiario.es que “no se ha tomado ninguna decisión al respecto” del desalojo y que se “está estudiando la situación”. Los activistas adelantaron el miércoles un mensaje para el Ejecutivo: “Creemos que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tiene que decidir si se posiciona del lado de La Ingobernable y los movimientos sociales que aquí se organizan o de la criminalización que ha hecho Almeida desde la campaña electoral con sus socios de extrema derecha”.

Algunos pasaron la noche en las instalaciones, que están en buen estado, cuentan con luz eléctrica, agua y aseos funcionando. La primera asamblea de La Ingobernable en el nuevo edificio se ha celebrado este jueves para decidir cómo organizarse y continuar con las más de 200 actividades gratuitas que se desarrollaban en la antigua sede.

“Ha ido de maravillas”, ha celebrado una de las portavoces tras la asamblea, que ha durado casi dos horas. Entre 50 y 70 personas, según sus cálculos, se han presentado y han compartido ideas y proyectos para “hacer crecer el espacio”. “Ha sido un primer contacto para conectar con la gente, hemos visto caras nuevas”, ha señalado la activista.

En el encuentro, han debatido “qué hacer de cara al 8M”. “Posiblemente, volvamos a ofrecer comida como otros años y estar abiertos a Madrid”, ha señalado la portavoz. Además, han hablado sobre el acondicionamiento del nuevo edificio y sobre qué hacer con las decenas de archivadores que se alzan en las habitaciones, para las que aún no tienen una solución.

Por ahora, los portavoces no ofrecen más detalles “por seguridad” y llaman a los vecinos a “continuar con la labor social” del centro. En la primera noche después de abrir el espacio, los activistas reivindicaron la ocupación desde un patio repleto: “¡Ingobernables, indesalojables!”.

Activistas del centro social autogestionado La Ingobernable han ocupado este miércoles un nuevo edificio en el centro de Madrid. El inmueble, que llevaba vacío más de cinco años, según los miembros del colectivo, se encuentra en la Calle de Alberto Bosch, 4, detrás del Museo del Prado. Un portavoz del Ayuntamiento ha confirmado a este diario que el edificio pertenece al Ministerio de Justicia.

A pocos metros de allí funcionó hasta el pasado noviembre la anterior sede de La Ingobernable, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desalojó y cedió a una fundación privada del exedil Alberto Ruiz-Gallardón. Este miércoles, luces de linterna salían desde las ventanas del nuevo edificio ante la mirada expectante de decenas de manifestantes.

“En el seno de la semana de la revuelta feminista, La Ingobernable hace pública la recuperación de un nuevo espacio para los movimientos sociales en Madrid”, ha leído una de las portavoces antes de que una gran pancarta amarilla y morada se desplegara desde el primer piso del edificio de ladrillo visto: “Seguimos en el corazón de Madrid”.

Desde la acera, los manifestantes –más de 300 según los organizadores– cantaban y coreaban consignas bajo paraguas que llevaban porque estaba previsto lluvia: “Uno, cien, mil centros sociales” o “Un desalojo, otra ocupación”. “Este espacio que hasta ahora estaba privado de vida servirá para albergar acciones del movimiento feminista durante esta semana que culmina en el 8M, y, posteriormente, para continuar la labor social”, ha añadido la portavoz de un comunicado.

El pasado 13 de noviembre, la Policía vació el edificio que ocupaba el colectivo, donde se desarrollaban actividades gratuitas. El Consistorio anunció hace un mes que el inmueble, ubicado en el Paseo del Prado 30 esquina con la calle Gobernador, se iba a ceder de forma “inmediata” a la Fundación Hispano-Judía para que se abra un museo. Antes el Ayuntamiento yahabía desalojado otro centro social autogestionado, La Dragona.

El edificio ha permanecido cerrado hasta las diez de la noche, cuando los activistas en el interior han abierto las puertas. Las decenas de personas han accedido cantando y saltando, han subido las escaleras metálicas del antiguo Archivo General de Protocolos y han recorrido las plantas, donde aún hay estanterías, revistas antiguas y cintas de máquina. “Es increíble”, ha exclamando una de las manifestantes sorprendida por el estado y el tamaño del inmueble. “Después de esto, solo el Pazo de Meirás”, ha bromeado otra. El inmueble fue ocupado “hace unos días”, de acuerdo con los portavoces de La ingobernable, que no han querido precisar la fecha exacta “por seguridad” y a partir de este miércoles estará “abierto al público”.

El colectivo ha criticado las “agresiones sistemáticas” que los espacios autogestionados llevan “soportando desde hace meses” en Madrid y ha pedido “respeto” a las Administraciones. “Al ser un edificio estatal, creemos que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tiene que decidir si se posiciona del lado de La Ingobernable y los movimientos sociales que aquí se organizan o de la criminalización que ha hecho Almeida desde la campaña electoral con sus socios de extrema derecha”, ha instado una portavoz.

Asimismo, los convocantes han llamado a los vecinos a “inundar de vida y actividades el nuevo edificio”. “Queremos espacios donde no prime el dinero sino la relación entre las personas”, ha reclamado Álvaro, de 35 años, de pie en la acera. Carmen, de 24, ha añadido que se siente “ilusionada” tras la nueva ocupación “por todo lo que [el nuevo espacio] puede dar”.

“Es responsabilidad de todas recuperar estos espacios”, ha clamado una de las portavoces, que ha reivindicado la ocupación “legítima” en nombre de colectivos “feministas, ecologistas, de vivienda, LGTBIQ+ y antirracistas”. Algunos vecinos que salían de los portales de la Calle de Alberto Bosch se han preguntado qué hacían tantas personas concentradas:

– Se ha recuperado ese edificio

– Pues me parece bien, si no está sirviendo para nada.

El local del espacio autogestionado La Ingobernable, que ocupaba el número 30 del Paseo del Prado y fue desalojado en noviembre, será un museo judío privado, según anunció la semana pasada el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP). Es la consecución del sueño de la Fundación Hispano Judía (FHJ), que fue registrada el 11 de marzo de 2016 por el exministro y exalcalde Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y el empresario David Hatchwell con el objetivo principal de abrir un centro dedicado al arte y memoria judíos y “promover la tolerancia”, “las relaciones entre Israel, España y Latinoamérica”, o “la concienciación social contra el neo-semitismo, la xenofobia y el racismo”. En cuatro años han conseguido su objetivo, y además sin tener que pagar el local, porque el Ayuntamiento ha decidido cederlo gratis.

¿Quién está detrás de esta fundación que ha conseguido una sede municipal de 3.000 metros cuadrados en el eje de los museos de Madrid? Muchos de los patronos son empresarios, ricos, músicos y/o famosos. En la lista destaca, junto al exalcalde Gallardón, Alicia Koplowitz, empresaria, marquesa y una de las mujeres más adineradas de España. Está también su sobrina Alicia Alcocer, hija de Esther Koplowitz y presidenta de Cementos Portland Valderrivas; el abogado Javier Cremades, presidente del bufete de abogados homónimo; Juan Luis Cebrián, expresidente de Prisa o Juan Ignacio Entrecanales Franco, vicepresidente ejecutivo de Acciona.

El patronato se completa con más empresarios, entre los que destaca David Hatchwell, presidente de la FHJ (cargo que ocupó también Ruiz Gallardón durante unos meses en 2017).

Hatchwell, presidente de la comunidad judía en España hasta 2017 y miembro destacado de esa comunidad y cuya familia es propietaria de la cementera Excem y la socimi para pisos de estudiantes del mismo nombre, también fue la persona de confianza en España del magnate Sheldon Adelson en su intento, fracasado, de abrir el gran casino Eurovegas en Madrid, pese a conseguir el apoyo incondicional de Esperanza Aguirre, Ignacio González o Mariano Rajoy. Ahora preside la Fundación Hispano Judía que ha logrado que el Ayuntamiento de Madrid ceda un local para un museo privado durante cincuenta años. Las obras de acondicionamiento básico del edificio costarán unos 30 millones, según cálculos del Ayuntamiento, y el proyecto lo desarrollará el arquitecto Luis Vidal, autor de la polémica reforma de las Torres de Colón y patrono también de la Fundación Hispano Judía.

No es la única fundación en la que coinciden algunos de estos nombres. Gallardón, Hatchwell, Cremades o Cebrián están también en el patronato de la fundación católica Madrid Vivo, creada por el cardenal ultraconservador Rouco Varela y un grupo de empresarios en 2009 como “puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid”.

En las cuentas de la Fundación Hispano Judía, a las que ha tenido acceso eldiario.es, aparecen otros patronos más populares. Por ejemplo, el músico de Mecano Nacho Cano, en cuyo nuevo proyecto musical va a invertir Hatchwell según lainformacion.com, o la empresaria y modelo Rocío de las Mercedes Gil Oset, una de las nietas del exalcalde de Marbella Jesús Gil y Gil. Otro miembro de la Fundación es Achinoam Nini Barak, más conocida por su nombre artístico: es la cantante Noa.

Muchos de ellos se reunieron en una visita al Papa Francisco, que los recibió en audiencia privada en la residencia de Santa Marta del Vaticano en agosto de 2019, y del que publicaron numerosas fotografías la propia fundación y algunas revistas como ¡Hola!, que destacó la presencia de la exmodelo española Mar Flores, por su relación con otro de los patronos, el empresario mexicano Elías Sacal. También acudieron Hatchwell, Ruiz Gallardón, Alicia Koplowitz, Rocío Gil Oset y Juan Luis Cebrián y su mujer.

La Fundación se nutre de donaciones particulares, patronos y de empresas. Por ejemplo, en 2017 ingresó por este concepto 60.800 euros. Entre sus benefactores, la Fundación Ramón Areces, creada por el dueño de El Corte Inglés. También aportó la farmacéutica Chemo Ibérica y una decena de particulares. Casi todo el dinero se invirtió en pagar el salario del director general, entonces Diego Moldes, una partida en la que se gastó 60.300 euros.

En las cuentas de 2017 ya aparece como misión principal la “creación del Museo Judío de España en la ciudad de Madrid”. Para ello, se creó una web, se hizo captación de fondos y “una búsqueda y conversaciones en torno al edificio donde ubicar el futuro museo”, dicen los documentos, que finalmente se ha conseguido con la cesión.

El actual director general de la Fundación, Milton Cohen-Henríquez -exministro de Gobierno de Panamá en el periodo de la crisis por los papeles de Mossack Fonseca y exembajador en España hasta 2019- explica a eldiario.es que “los arquitectos patronos concluyeron que los museos en el eje Prado-Recoletos tenían hasta diez veces más asistencia que los de las calles interiores”, por lo que empezaron a buscar en esa zona. “Hubo un edificio privado que debía salir al mercado, pero aún no ha salido, por lo cual decidimos dejar de esperarlo y orientarnos a otros edificios”.

Ese edificio ha sido finalmente el espacio municipal que ocupaba La Ingobernable y que el alcalde les ha cedido por cincuenta años. Cohen-Henríquez y Almeida se reunieron hace unos meses y la Fundación le expresó “el deseo de que nos asignase un edificio público en el eje para hacer un museo sin coste para el Ayuntamiento”. “El alcalde lo vio favorablemente”, cuentan desde el Consistorio. Desde entonces está habiendo más encuentros y reuniones “de alto nivel”, aunque las mismas fuentes municipales apuntan a que “el proyecto no está cerrado ni el acuerdo, firmado”.

Ni la fundación ni el Ayuntamiento revelan si estuvo el exalcade del PP Alberto Ruiz Gallardón en esa reunión inicial, aunque portavoces de Almeida apuntan a que los encuentros con el exministro del PP son “habituales y también hablan por teléfono, lo normal entre un alcalde y un exalcalde” y sugieren que el tema del museo ha podido salir perfectamente en esas habituales conversaciones, aunque no lo confirman.

El apoyo de Gallardón a la comunidad judía viene de lejos. Siendo ministro de Justicia aprobó en 2014 una ley que concedía la doble nacionalidad a los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492, que pueden optar a la nacionalidad española sin renunciar a la que tengan. Gallardón ha declinado hacer declaraciones a eldiario.es sobre su papel en la fundación o en esta gestión. En el último mes ha habido más gestos políticos con la comunidad judía. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo de madrina en la presentación de un documental de la FHJ. Fue en diciembre. Un mes más tarde, en enero de este año, anunció que modificará el temario de Secundaria para añadir contenidos sobre la presencia judía en la Península Ibérica.

El director de la Fundación asegura que “se hará un centro cultural vecinal dentro del mismo proyecto”. Respecto a si cobrará entrada, “será gratuita para estudiantes en el marco de convenios educativos con las comunidades autónomas”. Muchos vecinos del barrio no se dan por satisfechos y unos 300 salieron a la calle el pasado 7 de febrero a protestar por lo que consideran un “dedazo político” y para pedir “menos museos y más centros sociales”. De hecho, el alcalde había anunciado en campaña electoral que desalojaría La Ingobernable y haría en su lugar una biblioteca y un centro de salud. Finalmente habrá un museo privado.

Del proyecto de momento no se sabe mucho, aunque Cohen-Henríquez avanza que están cerrando acuerdos con otros museos y que tienen “un proyecto museístico inicial”. Ahora tendrán que recabar fondos. Los recabados en el último año del que hay constancia en el Ministerio de Justicia, 2018, habían logrado triplicar las donaciones privadas de 2017, hasta los 189.000 euros. Ese año se volvió a invertir casi todo el dinero (123.859 euros) en el director y una nueva empleada, una asistente de dirección, dicen las cuentas. La FHJ también dio “ayudas” a terceros por 104.000 euros, aunque no especifica a quién y el director se remite a las cuentas.

Ese año la labor de la fundación versó sobre todo en “captar fondos nacionales e internacionales”, “difundir la cultura judía” a través de redes sociales y acuerdos académicos con universidades o la RAE, que ha aprobado una Academia de Judeoespañol o ladino en 2019 y a la que según las cuentas de 2018 se le ha destinado dinero en concepto de “ayuda monetaria” sin especificar cuánto. La RAE ha respondido a eldiario.es que con ese dinero se organizó la convención académica del judeoespañol. Además contaron con una veintena de voluntarios para actos e hicieron una reunión anual en la Sinagoga Mayor de Toledo, que tuvo “la participación desinteresada de la cantante Noa, que entonó piezas hebreas y el Ave María de Schubert”, según las cuentas presentadas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado ante las críticas por la cesión del edificio que ocupó La Ingobernable a la Fundación HispanoJudía para la creación de un museo judío que espera que no “escondan” una “raíz antisemita”.

“Conscientes de que públicamente no pueden mostrar el antisemitismo en los tiempos que corren”, ha asegurado este sábado el alcalde que“están tratando de desviar sus críticas hacia otras razones para esconder precisamente su antisemitismo”. En esta clave, ha afeado a los colectivos “fundamentalmente de la izquierda” que “han hecho del antisemitismo quizás una de sus razones de ser”.

Este viernes, unas 300 personas se concentraron en la Calle del Gobernador, 39, en el centro de Madrid, para reclamar “menos museos y más centros sociales”. La protesta llegaba un día después de que Almeida anunciara que este edificio se albergará un museo. “Volvemos a los dedazos y amiguismos de las peores épocas”, criticaba uno de los organizadores.

La construcción de ladrillo visto frente a la que se concentraron funcionó hasta noviembre, cuando fue desalojado por el Ayuntamiento. Aunque Almeida había afirmado que allí construiría una biblioteca y un centro de salud, el Consistorio prevé ceder el inmueble por 50 años a la Fundación Hispano-judía, cuyo vicepresidente es el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, para abrir un museo privado.

“No tenemos nada contra un museo, pero lo último que necesita el barrio es más gentrificación”, apuntaba a eldiario.es Irene Rubiera, portavoz de La Ingobernable. En un comunicado difundido por los convocantes de la concentración de este viernes, criticaban que el nuevo proyecto “tiene poco que ver con la conservación de la cultura judía”. “La Fundación Hispano-Judía es de reciente creación, carece de trayectoria cultural, y su único interés parece ser la gestión de grandes proyectos urbanísticos”, ha afirmado la portavoz.

El regidor, por su parte, ha defendido este sábado durante su visita al centro temporal de acogida para solicitantes de asilo que el Ayuntamiento ha entregado el inmueble a “una institución que tiene el proyecto de instalar un museo judío”, espacio cultural que ha asegurado que va ser “un complemento indispensable frente a las críticas”.

“Somos la única gran capital europea que no tiene un museo judío en la ciudad y, por tanto, yo creo que era un proyecto interesantísimo y más en un eje tan emblemático como el eje Prado Recoletos”, ha explicado Almeida.

Alberto Ruiz-Gallardón anunció en 2017 que la entidad sin ánimo de lucro que presidía, la Fundación Hispano-judía, abriría un gran museo en Madrid en 2020. Dicho y hecho. Otro alcalde de la capital y de su mismo partido, José Luis Martínez-Almeida, le ha buscado un codiciado emplazamiento al proyecto que impulsa el exministro de Justicia. En pleno Paseo del Prado, dentro del privilegiado eje Prado-Retiro, a través de un convenio que prevé la cesión por 50 años. La operación se sellará “de inmediato”, en cuestión de semanas, y se ha anunciado pese a que la entidad, creada ad hoc para poner en marcha el museo, no haya presentado memoria arquitectónica ni museística, según confirman fuentes municipales.

El edificio, en el número 30 del Paseo del Prado, fue hasta noviembre La Ingobernable, un centro social autogestionado desalojado por el Ayuntamiento después de que Martínez Almeida lo colocara en campaña electoral como uno de sus objetivos. El nuevo uso supone un cambio radical para el espacio, que prevé reservar solo una parte a centro cultural para los vecinos, según las palabras del actual regidor de la capital.

Sobre los detalles del futuro museo, apenas hay información. La fundación debe presentar en las próximas semanas un “anteproyecto” que avance qué se pretende hacer con la parcela, y ni siquiera se descarta que el edificio acabe demolido. “Tiene la protección más baja”, avanzan fuentes del Gobierno local, que precisan que estos términos se aclararán cuando la Fundación Hispano-judía presente su plan y la memoria de viabilidad económica.

El Consistorio calcula que la inversión ascenderá a 30 millones de euros de partida para acondicionar el espacio y poner en marcha el museo. Después, se estudiará establecer un canon a recibir por la administración local a cambio de permitir el uso de un edificio público, según fuentes municipales, que tampoco aportan detalles sobre la cuantía.

La Fundación Hispano-judía asegura a eldiario.es que ya tiene garantizados unos 40 millones de euros para invertir en el proyecto procedentes de patronos e inversores.

La entidad sin ánimo de lucro echó a andar en 2016, bajo la presidencia de Ruiz-Gallardón, y abrir un museo judío es su leitmotiv. Aparece en el primer punto de sus objetivos y persigue “divulgar, fomentar y promocionar la cultura judía, en todas sus facetas y expresiones”. Aunque la fundación también ha llegado a acuerdos de colaboración con otros gobiernos del PP en Galicia y Murcia, según se desprende de una nota de prensa que enumera sus actividades en los últimos tres años. “Ha sido uno principales impulsores para que la Academia del Judeo-Español hoy forme parte de la Real Academia Española y ha fomentado también la entrega de dos importantes premios al Rey Felipe VI”, listan entre sus logros. La fundación subraya que todas las actuaciones que lleven a cabo “respetarán la normativa urbanística” y contribuirán a reforzar la candidatura del eje Prado-Retiro, donde se inserta el espacio, a ser patrimonio mundial de la Unesco.

Un edificio, tres museos diferentes

La demolición del inmueble ya generó problemas en el pasado, cuando la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, selló otra operación similar –y fracasada– para ceder el espacio a la Fundación Ambasz por 75 años. Aquel proyecto, para hacer un museo de arquitectura, nunca se desarrolló y el coste para el erario público de romper el contrato ascendió a 1,4 millones. El equipo de Manuela Carmena extinguió el acuerdo en 2018 por este precio. La entidad seguía manteniendo cerrado, vacío y sin acondicionar el inmueble, aunque a finales de 2017 intentó dar un paso adelante con un proyecto para derribarlo y volver a construirlo que fue aprobado por la Comunidad de Madrid. En medio de estas gestiones, La Ingobernable ocupó sin título legal el inmueble y empezó a hacer actividades gratuitas en el barrio. Era mayo de 2017.

Un informe encargado por el equipo de Manuela Carmena alertó sobre el derribo porque ponía en peligro la candidatura del eje Prado-Retiro a patrimonio mundial de la Unesco. “Es absolutamente negativo por su impacto en el paisaje y supondría comprometer seriamente la evaluación de la candidatura”, decía el documento, sobre el que informó eldiario.es. La anterior corporación municipal también se opuso al cambio en el nivel de protección del inmueble, ejecutada por el Gobierno de Botella para allanar la operación con Ambasz.

El edificio situado el calle Gobernador 39 o Paseo del Prado 30 –contiene las dos direcciones al estar en la esquina– estaba inscrito en el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General de 1997 con 'Nivel 2 grado Estructural'. Esta protección se rebajó el 13 de junio de 2013 a 'Nivel 3 de grado Ambiental'. Solo así la fundación podía derruir el edificio y levantar otro nuevo. Una nueva valoración del inmueble realizada en 2015 al revisarse el Plan General lo describió como un “interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano” cuya “conservación ayuda a conocer el desarrollo de las instituciones madrileñas y su evolución en el siglo XX”.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que las negociaciones se han llevado a cabo con la “cúpula” de la Fundación Hispanojudía, donde está el también exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón como vicepresidente. Fuentes municipales matizan después que las riendas las ha llevado el actual presidente de la entidad, David Hatchwell, y el director general, Milton Cohen-Henriquez. Al otro lado de la mesa estaba el alcalde y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, según la fundación.

En el centro de una operación de Aznar

No es la primera vez que el nombre del exalcalde de Madrid se cruza con este edificio del Paseo del Prado, 30. Mucho antes de ser La Ingobernable, el inmueble se posicionó en el centro de uno de los planes más polémicos del Gobierno de José María Aznar. Corría el año 2008 y el Ayuntamiento, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, planeaba construir en este emplazamiento otro museo –el tercero de la biografía, con este último anuncio– de la Fundación Caja Madrid. Al frente de la entidad bancaria estaba Miguel Blesa.

El plan se conoció años después con el estallido de los correos de Blesa, publicados, entre otros medios, por eldiario.es. Estos emails revelaron que el expresidente del Gobierno quiso convencer a Blesa para que comprase obras de arte por valor de 54 millones de euros a través de la entidad al artista Gerardo Rueda.

El sobrino del pintor se los había ofrecido a Aznar, pero la compra fue rechazada. Rafael Spottorno –entonces presidente de la Fundación Caja Madrid, posteriormente jefe de la Casa del Rey y hoy condenado a dos años de prisión por las tarjetas Black junto a Rodrigo Rato y Miguel Blesa– vio en la operación un “precio disparatado”. Pero el interés de Aznar era tan mayúsculo que hasta su hijo, José María Aznar Botella, presionó a Blesa para que aceptase esa operación por esa cantidad. “Con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho”, le escribió. El proyecto nunca vio la luz porque, pese a que el precio de compra se redujo a seis millones y fue finalmente aceptado, el coste de levantar un edificio de cero era demasiado alto para la Fundación Caja Madrid, “prohibitivo”, según Spottorno.

Una década después, el inmueble vuelve a ser el núcleo de otra operación atravesada por intereses políticos. “No costará ni un euro de dinero público”, “es la única gran capital que no cuenta en Europa con un museo judío”, “queremos estrechar esos lazos y vínculos, así como potenciar el turismo”, decía el alcalde este jueves para presentar el proyecto. Aún como candidato allí mismo prometió, en medio de un enfrentamiento verbal con los colectivos sociales, un centro de salud si era alcalde. Con el bastón de la mando de la ciudad dejará en manos de una fundación vinculada a Alberto Ruiz-Gallardón lo que allí se haga.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha encontrado un uso al edificio que albergaba 'La Ingobernable' y que desalojó en noviembre. El inmueble, ubicado en el Paseo del Prado 30, se va a ceder de forma “inmediata” a la Fundación Hispano-Judía para que se abra un museo, según ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves. También se reservará una parte para crear un espacio cultural para los vecinos, ha añadido.

El regidor ha asegurado que no costará “ni un euro de dinero público” y el proyecto pondrá a disposición de los vecinos una biblioteca y salas polivalentes, además del museo. La iniciativa responde, según Almeida, a que Madrid “es la única gran capital que no cuenta en Europa con un museo judío” y persigue “estrechar esos lazos y vínculos, así como potenciar el turismo”. 

La cesión se firmará por 50 años y obliga a la fundación a asumir las obras de remodelación del edificio, que costarán unos 30 millones de euros. Esta decisión política vuelve a dejar en manos de una entidad externa al Ayuntamiento el espacio, muy jugoso por su ubicación en pleno Paseo del Prado, tras el fracaso de la cesión del inmueble a la Fundación Ambasz por parte del Gobierno de Ana Botella y la recuperación, pagando una indemnización, de Manuela Carmena. 

El equipo municipal del PP entregó a Ambasz el inmueble por 75 años en marzo de 2013, pero cuatro años después la entidad no había iniciado ni las obras ni ninguna actividad en él. A finales de octubre de 2018, y dada la paralización, el Gobierno de Manuela Carmena rompió el acuerdo para recuperar el espacio para el Ayuntamiento. Tuvo que indemnizar con 1,4 millones de euros a la fundación para poder extinguir de mutuo acuerdo el contrato que los vinculaba.

El edificio vacío e inutilizado fue okupado en mayo de 2017 por un colectivo social que empezó a hacer actividades para el barrio en su interior. Se llamó 'La Ingobernable'. Tras recuperar oficialmente el inmueble, el Ayuntamiento de Madrid prometió que abriría allí la Biblioteca de Mujeres pero nunca se hizo.

El Consistorio y 'La Ingobernable' mantuvieron conversaciones para intentar regularizar la situación del colectivo que no fructificaron. El 13 de noviembre de 2019, la Policía Municipal vació y tapió 'La Ingobernable' y el alcalde empleó el desalojo como un modo de sacar músculo de sus políticas contra la okupación. “Lo hemos conseguido, tolerancia cero con los caras”, aseguró. Era el segundo centro social autogestionado en dependencias municipales que se desalojaba en un mes. Primero fue La Dragona. 

La Ingobernable ya no estará en el madrileño Paseo del Prado 30, aunque según dicen en el comunicado de su cierre son “indesalojables”. No así para el reciente alcalde de la capital y sus socios de Ciudadanos, que han exhibido su poder ejecutando una medida que pedían desde hace más de dos años y que el pasado octubre consiguió respaldo judicial. Esta prórroga no ha sido casual. Han esperado a la firma del pacto progresista para sacar los galones frente a la cúpula de sus partidos justo después del 10-N.

Con un efectivo formado por 130 policías, el Ayuntamiento acometió la operación “por la fuerza, sin diálogo y sin previo aviso” en la madrugada del martes, tal y como denunció el colectivo social a este periódico. Almeida les llamó “caras” y ahora ellos responden con una miniserie de cinco episodios en la que señalan a los verdaderos rostros de la especulación, entre los que se encuentra el Partido Popular.

La Ingobernable es una plataforma autogestionada que nació en 2016 con el espíritu de fundar “un proyecto feminista, ecologista, mestizo y solidario”. En ese año okuparon un edificio funcional ubicado al principio de la milla del arte de Madrid. Por fuera no es más que una fachada de ladrillo rojo, pero detrás se esconden turbios intereses políticos que, en opinión del centro, dan “legitimidad” a la okupación.

Desde su diseño en los años de la República por los arquitectos responsables de obras como el Viaducto de Segovia o el Mercado de frutas y verduras de Legazpi, el edificio ha sido oficina del BOE durante el franquismo, sede universitaria y centro de salud. Sin embargo, en 2008 el presidente José María Aznar fijó en él su objetivo de acoger un polémico museo pagado por la Fundación Caja Madrid.

La historia que sigue salió a la luz con el estallido de los correos de Blesa, una de las primeras exclusivas de eldiario.es. El mejunje de favores, chantajes y cesiones de espacios públicos a coste cero se explica en la serie CorruPPtos con el sello Radio Televisión Ingobernable. “El PP ha visto siempre en este espacio público una oportunidad para enriquecer al partido o a amigos del partido con iniciativas privadas”, explica Leandro, encargado de las infografías y de parte del guion de la miniserie.

Aunque la idea era fraguar un documental, “la historia no tenía un final y todavía no lo tiene, así que no sabíamos cómo enfocarlo”. Las gestiones del PP de Aznar fueron un buen pistoletazo de salida, pero los últimos acontecimientos han terminado de afinar los últimos episodios. Lo que tenían claro desde el principio era su corta duración, siempre en busca de la viralidad, y que no debían ser más de cuatro capítulos. Aunque finalmente serán cinco.

Ahora mismo hay tres subidos al perfil de Twitter de La Ingobernable, donde la gente ha empezado a impacientarse por el colofón. “El cuarto capítulo tenía previsto salir esta semana, pero con todo lo que ha pasado no ha habido tiempo ni ánimo. Seguramente lo haga este fin de semana”, confiesa Leandro. El primero, titulado Los correos de Blesa, vio la luz el 10 de octubre, tres días después de conocerse la sentencia judicial que daba luz verde al desalojo.

“Es muy doloroso porque se trabajaba mucho allí y conocíamos a mucha gente, se crean redes sentimentales muy fuertes. Creemos en un el proyecto y vemos que se rompe”, dice con un hilo de voz al otro lado del teléfono. No obstante, la manifestación del martes y las muestras de apoyo les han dado fuerzas para seguir. “Ayer di más abrazos que en toda mi vida y eso te refuerza en la idea de que compartir y trabajar así compensa”.

Para ellos, era imprescindible que la serie tuviese una estética “amable y abierta a todos para derribar esa primera pared que muchos encuentran en los discursos de los centros sociales”. “Queremos acabar con las reticencias a través de una estética limpia, clara y desde el humor porque son los valores con los que nosotros trabajamos”, asegura. Pero lo que se encuentra el espectador de CorruPPción está lejos de ser contenido ligero.

“En el equipo de comunicación hicimos una escaleta con toda la historia. Se cuenta de la forma más amena posible pero siempre con información contrastada que ha salido en prensa y otros datos recabados por nosotros”, revela Leandro.

Ese estudio de campo y su posterior simplificación tomó forma en los dos episodios que siguieron al de Blesa: El clan de Valladolid, donde cuentan “los tejemanejes por los que se regaló Prado 30 entre Ana Botella, la Fundación Ambasz y la Fundación Faes”, y El último pleno, celebrado en 2014, mediante el cual Botella cerró el centro de salud del Retiro y aprobó “in extremis” la demolición del edificio.

Sin embargo, Prado 30 sobrevivió a la bola de demolición. Lo que vino después, además de La Ingobernable, fue el Gobierno de Ahora Madrid con Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento. Leandro desvela que el cuarto episodio estará centrado en la alcaldesa del cambio, a quien afean que “nunca reconociese el valor de la autogestión”.

“Siempre hemos partido de la idea de que teníamos autonomía sobre lo político, pero creemos que con Carmena se daban las condiciones para haber afianzado el proyecto. Y que no se llegara a nada sí que es un poco frustrante”, admite el ilustrador a título personal sobre las negociaciones infructuosas con el equipo de Rita Maestre.

El último episodio, como no podía ser de otra forma, lo protagonizará el regreso del PP al Ayuntamiento de Madrid y el brazo ejecutor del desalojo que les calificó de “centro facial”, algo de lo que siempre se han defendido abanderando sus más de 50 colectivos de actividades. “Basamos nuestra legitimidad en que recuperamos el edificio para la ciudad. Y recuperamos un edificio que se regaló por cero euros en 75 años a la fundación Ambasz. Eso se sabe, pero queremos recalcarlo para que lo conozca cada vez más gente”, reivindica.

Leandro y La Ingobernable llaman a la viralidad para que, desde CorruPPción, la gente se anime a descubrir lo que ocurría hasta este martes dentro de Prado 30. “Necesitamos que se difunda en redes sociales. Esa es nuestra potencia y también nuestro drama. La gente no ve vídeos de más de dos minutos”. El futuro del edificio está ahora en el aire, ¿sobrevivirá a la bola de demolición de Almeida igual que ya lo hizo a la de Ana Botella y a la de Gallardón? Solo el tiempo lo dirá.

El Ayuntamiento de Madrid tenía autorización judicial para que la policía desalojara La Ingobernable desde el 7 de octubre. Pero el Consistorio ha esperado hasta este miércoles para ejecutarla, tres días después de las elecciones del 10N y con la tinta del acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un Gobierno de coalición aún caliente. Apenas 24 horas después de la firma del pacto y PP y Ciudadanos han utilizado el fin de La Ingobernable para exhibir su poder institucional en Madrid frente a la alianza progresista.

Ambos partidos se han felicitado de la decisión con una ristra de mensajes en redes sociales y declaraciones públicas. “Lo hemos conseguido. Tolerancia cero con los caras”, ha clamado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, unas horas después del desalojo tras dos años y medio de actividad en el edificio del Paseo del Prado, 30. En medio del hundimiento de su partido, Inés Arrimadas ha dado la enhorabuena por Twitter a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís por la “determinación”. “Madrid no puede ser un paraíso para okupas”, ha escrito.

La Justicia autorizó el pasado 7 de octubre el desalojo aunque en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, no se impone una fecha para ejecutarlo. Fuentes municipales aseguran que la decisión sobre el momento corresponde “únicamente al operativo policial” y no al Ayuntamiento de Madrid.

Los portavoces de este colectivo confirman que recibieron la notificación, pero desconocían en qué fecha se iba a producir. Esta mañana, después de que más de un centenar de agentes de la Policía Municipal de Madrid desalojasen el edificio a las 3.20 de la madrugada, varias decenas de usuarios y de vecinos se han acercado a los exteriores del edificio.

La operación se ha producido “por la fuerza, sin diálogo y sin previo aviso”, denuncia el colectivo social, que hasta ayer por la noche siguió con normalidad haciendo actividades en el barrio. Más de doce horas después, el colectivo que dinamiza este espacio ha convocado a sus seguidores.

Entre los asistentes que se acercaron el miércoles por la mañana, algunos lamentaban que el desalojo se produjera menos de 24 horas después de que se llegase a un preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un Gobierno de coalición. Algunos miembros del partido de Pablo Iglesias, como la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, y la diputada de la formación en el Congreso de los Diputados, Victoria Rosell, se acercaron en agosto al primer intento de desalojo que se produjo durante el Gobierno del PP y Ciudadanos.

“Esto es una venganza del trifachito por el acuerdo que hubo ayer. ¿Por qué no lo hicieron la semana pasada? Es una demostración de poder, quizá lo que más le molesta es que hay gente que piensa y actúa por sí misma”, contaba Celia, vecina del barrio y habitual del centro. Ana Sierra, que ya formaba parte de lo que fue Patio Maravillas y después de La Ingobernable, considera que el colectivo supone “una amenaza para su modelo de ciudad”. “Que estos espacios existan, sean autónomos y no estén mercantilizados choca con ese modelo, pero vamos a seguir existiendo. Esto no se puede deshacer porque nos hayan echado”, asegura.

Por su parte, desde la asamblea promotora no llegan a ninguna conclusión sobre esta vinculación de hechos. “Esa reflexión no nos compete. En todo caso es el alcalde de Madrid el que tiene que explicar si esto es una reacción al acuerdo de PSOE y Unidas Podemos”, apunta Serlinda Vigara, una de las portavoces de La Ingobernable.

Desde el centro social desalojado han emitido un comunicado en el que destacan que tras esta decisión tienen “mucha rabia”, “porque ese Madrid triste de los clasistas, machistas y racistas parece hoy más realidad que ayer”, han asegurado. Este centro, situado en pleno centro de Madrid, en una esquina de Paseo del Prado, muy cerca de la estación de Atocha, y con varios millares de metros cuadrados, – según han estimado sus últimos inquilinos – ha estado en la diana de las políticas de Villacís y Almeida desde que llegaron al Ayuntamiento.

“Ya lo tienen para especular otra vez”, comentaban dos jóvenes que se han acercado a ver cómo evolucionaba el desalojo. Algunas de las personas que se han desplazado hasta los alrededores explicaban que más allá de epicentro de movimientos sociales, también aportaba una gran oferta de actividades lúdicas.

El miércoles por la tarde han concentrado frente al edificio a varios centenares de personas en apoyo a este centro. El acceso al edificio continuaba bloqueado, supervisado por agentes de la Policía Municipal y protegido con decenas de vallas. Entre cánticos contra el alcalde y la Policía ha comenzado esta manifestación. “Somos nosotras La Ingobernable”, han coreado los asistentes, antes de que una portavoz leyese un comunicado emitido por el centro, en el que también critican la actuación del Gobierno de Manuela Carmena.

Entre los asistentes, gente de edades diversas, uno de ellos, Ovidio. “A la derecha no le gusta que la gente se organice, todo lo que suene a organización autónoma no controlada por el poder les desagrada. No es un relato de derecha e izquierda, porque también hay gente de izquierdas a las que le molesta, consisten en que gente de abajo se organice”, reseñaba este asistente, que pertenece al colectivo Yayoflautas. Pasadas las 21:30 horas, los manifestantes han cortado de manera pacífica la Gran Vía, siempre vigilados por el helicóptero de la Policía Nacional.

Cuatro años antes de que varios colectivos sociales se estableciesen en este edificio, el Gobierno de Ana Botella había cedido a la Fundación Ambasz el espacio para construir un museo de arte y arquitectura. Como informó esta redacción, era de sobra conocida la amistad entre el arquitecto argentino Emilio Ambasz con el expresidente del Gobierno José María Aznar, esposo de Botella.

Diferencias con el Gobierno de Carmena

A pesar de que habían pasado cuatro años, en el momento en el que nació La Ingobernable ese proyecto no había echado a andar. Los términos de ese acuerdo establecían una donación por 75 años y una inversión por parte de los promotores del espacio de 10 millones de euros. A partir de ahí, Carmena tuvo que hacer frente a la presión de los portavoces del centro para que rescindiese el contrato firmado con la Fundación y garantizase su permanencia en el espacio.

Finalmente, en octubre del año pasado el Ayuntamiento, todavía bajo el mandato de Carmena, aprobó la recuperación de ese espacio a cambio de una indemnización a la Fundación Ambasz por 1,4 millones de euros. De esta forma extinguieron de mutuo acuerdo de la concesión firmada en 2013. En un grupo parlamentario, como el de Ahora Madrid, en el que varios de sus concejales habían participado activamente en espacios ocupados, como el Patio Maravillas, la actuación del Consistorio fue seguida muy de cerca por sus bases y por colectivos sociales.

A mitad de su mandato esta formación asumió de forma dispar la reconversión en apartamentos turísticos del edificio en el que se encontraba el Patio Maravillas, desalojado dos años antes de esa sede, en 14 apartamentos. Los ediles Guillermo Zapata, Montserrat Galcerán, Rommy Arce y Pablo Carmona no estuvieron presente en la votación y Carlos Sánchez Mato votó a favor pero al emitir esa decisión se tapó la nariz para manifestar su desaprobación ante esta medida.

Los portavoces de la asamblea del centro recriminaron al equipo de Ahora Madrid que llegaron a plantearles una propuesta para no verse abocados a este desalojo, esta comunicación consistía en una cesión al colectivo durante cuatro años. Este miércoles, tras el desalojo, uno de los concejales del Gobierno de Manuel Carmena, José Manuel Calvo, aseguraba en Twitter que en su etapa les ofrecieron “un acuerdo para la utilización del edificio dentro del protocolo de cesión de espacios municipales”. “No queríamos convertirnos en un centro cultural y solo disponer de un tercio del edificio. Fue un proceso nada claro y la oferta no garantizaba la continuidad del proyecto”, justifica Ana Sierra.

Una vez que se ha constatado el desalojo, los manifestantes insistían en un cántico: “Un desalojo, otra ocupación”. Los portavoces del colectivo se desmarcan por ahora de esta intención, aseguran que todavía no han llegado a ninguna conclusión. “No lo hemos decidido, todo es posible”, contesta uno de ellos sobre el futuro del espacio.

Las diferencias en el seno de Ahora Madrid, la plataforma que gobernó Madrid entre 2015 y 2019 con Manuela Carmena al mando, eran notables ya estando en el Gobierno municipal. El desalojo del centro social La Ingobernable, ha abierto un nuevo enfrentamiento entre algunos concejales del que fuera el grupo que gobernó la capital.

Todo ha comenzado cuando el exdelegado de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, ahora en Más Madrid, acusara en Twitter al colectivo que gestionaba este espacio en el Paseo del Prado, de rechazar una propuesta del anterior equipo de Gobierno. “De haberlo aceptado hoy tendrían unas condiciones pactadas con el Ayuntamiento, como otros muchos colectivos”.

Este tuit no ha dejado de circular durante todo el día, criticado por varios perfiles de concejales que compartieron candidatura municipalista con Calvo en 2015. Uno de ellos ha sido Guillermo Zapata, que brevemente ocupó el cargo de delegado de Cultura. “Este tuit es asqueroso”, ha apuntado.

No ha sido el único. Carlos Sánchez Mato, concejal que fue responsable de Hacienda con Ahora Madrid y posteriormente se presentó a las elecciones con Madrid en Pie, o Pablo Carmona, número tres de esta candidatura que no logró representación el 26M.

Entre los concejales críticos con Manuela Carmena durante el Gobierno de Ahora Madrid, se ha deslizado la idea de que se pudo haber hecho más para evitar la situación actual de La Ingobernable que ha llevado a su desalojo por el Ayuntamiento de Almeida y Villacís. Para muestra, este tuit de Montse Galcerán.

A Calvo le ha surgido, eso sí, un apoyo. Luis Cueto, hoy concejal de Más Madrid, y que en la anterior legislatura fue coordinador general de la Alcaldía, ha ironizado con los nombres de los centros sociales. “La Gasolinera, la Ingobernable... la diferencia entre la izquierda sensata y la izquierda escaparate... La”pureza“ frente a la eficacia. De estos polvos...”, ha asegurado.

Finalmente, uno de los últimos en intervenir en este cruce de acusaciones ha sido Íñigo Errejón, líder de Más País, partido al que pertenecen en su rama madrileña Cueto y Calvo, intentando apaciguar.

Al final del día, tanto Calvo como Cueto optaron por eliminar los tuits de la red social que habían levantado el enfrentamiento con sus anteriores compañeros de partido. El que fuera responsable de urbanismo de la capital aseguró que se había “malinterpretado” su mensaje. “Pretendía defender el diálogo y la búsqueda de acuerdos frente a la mano dura del PP pero no se ha entendido así”, añadió.