El cardena Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona, insta a las administraciones a cooperar y “buscar una solución entre todos” para el “drama” de las personas sinhogar. Lo ha dicho pocas horas después de que centenares de personas hayan sido expulsadas del instituto ocupado B9 de Badalona en el que ha sido el mayor desalojo de España.

“O encontramos una solución o el barco se hunde”, ha apuntado Omella, señalando que ninguna administración o entidad puede solucionar en solitario el problema. “¿Por qué no remamos todos en la misma dirección?”, se ha preguntado, durante la rueda de prensa de la presentación del informe FOESSA 2024. El cardenal se ha mostrado decepcionado tras el desalojo del instituto, algo que, dice, “todo el mundo sabíamos que pasaría”, por lo que pensaba que las administraciones “activarían lo que les toca”.

Se refiere a la activación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona y a la prestación de viviendas de emergencia temporal para los desalojados que, según los mismos afectados y las entidades que les acompañan, no se están proporcionando. Con todo, Omella ha apuntado que Càritas está “a disposición” de los desalojados, pero ha recordado que las entidades también tienen todos sus recursos residenciales llenos y con listas de espera.

“Las personas no somos enemigos”, ha añadido Omella, quien ha hecho un llamado a la solidaridad en una sociedad “cada vez más individualista”.

La vivienda, principal factor de desigualdad

Càritas Barcelona ha presentado este miércoles el informe FOESSA 2024, en el que se apunta que la vivienda es el principal eje de desigualdad en la diócesis de Barcelona, donde el 26% de la población tiene dificultades relacionadas con la vivienda y el 13,5% vive en situación de “hacinamiento” grave“.

El informe alerta de que más del 15% de la población se queda en situación de pobreza severa después de alcanzar el gasto de la vivienda. El 26,6% tiene dificultades relacionadas con la vivienda. Estas dificultades afectan, así, a unos 225.000 hogares y más de 730.000 personas.

El alquiler, apuntan, se ha convertido en una “trampa de pobreza” porque el porcentaje de personas en riesgo de pobreza que viven en régimen de alquiler casi triplica a las que viven en régimen de propiedad. Mientras el 8,2% de las personas que viven régimen de propiedad están en riesgo de pobreza, en el caso del alquiler la cifra se eleva hasta el 22,3%.

El trabajo deja de ser un elemento “protector”

El estudio indica que la precariedad “se ha convertido en la nueva normalidad” en la diócesis de Barcelona y que el empleo está perdiendo la “capacidad protectora”: el 57,5% de las personas que se encuentran en una situación de exclusión social viven en hogares encabezados por alguien que trabaja. La situación es más difícil para personas migrantes y jóvenes, alertan, porque tienen mayores tasas de paro.

Por su parte, el director de Cáritas Barcelona advirtió de que, pese a estar en un “tiempo de bonanza”, un tercio de la población está en riesgo de “caer” en función de la coyuntura económica. “El mercado no sirve para garantizar que las personas puedan tener ingresos suficientes para tener una vida digna”, insisten.

El informe, realizado a partir de entrevistas a 602 hogares y 1.519 personas durante el 2024, alerta de que se está consolidando “un modelo de sociedad en la cuerda floja” en el que un 37,3% tiene un nivel de integración “precaria”. Es decir, que es “más susceptible de verse afectada” por problemas como la vivienda, el empleo y la salud.

El estudio avisa de que “la recuperación económica no llega a todos” y que cerca del 17% de la población de la diócesis de Barcelona, más de 450.000 personas, se encuentra en situación de exclusión social. En el caso de la población extranjera, la tasa es 2,4 veces superior.

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha descrito el problema de la vivienda en España como una “nueva esclavitud” que condena a quien lo padece. Con estas palabras lo ha abordado en su carta dominical, en la que ha constatado que es “un tema tan grave que afecta a muchas personas de distinto estatus social y condición”. 

Tras una semana en la que la crisis de los alquileres ha marcado la actualidad, después de que el Congreso tumbara la propuesta de regulación de los contratos temporales con el voto de la derecha, el cardenal Omella, que entre 2020 y 2024 fue el presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha titulado directamente su carta Nuevas esclavitudes.

En ella, expresa que si hace siglos la esclavitud “más sangrante” era la falta de libertad, hoy lo pueden ser las adicciones a las drogas, a la pornografía o, según ha desgranado, el acceso a la vivienda, que “condena a las personas que la sufren”. 

“Los medios de comunicación a menudo se hacen eco del creciente problema de la vivienda y de los dramas que pueden derivarse”, afirma en la misiva, algo que afecta, dice, a distintas capas sociales. “Los que no tienen trabajo y los que lo tienen, pero no llegan a fin de mes; los jóvenes que quieren empezar una nueva vida o los ancianos que no pueden asumir el precio del alquiler. En definitiva, nos afecta a todos”, concluye.

Omella, que no se pronuncia sobre posibles soluciones, pide “trabajar juntos” a Administraciones y entidades sociales y religiosas para lograr un hogar digno para toda la población. “No podemos limitarnos a considerar solo la dimensión económica de la vivienda. Tener una casa es mucho más. Cuando vivimos en un espacio, este se transforma en nuestro hogar, un lugar donde crecemos, donde cuidamos a nuestros seres queridos y somos cuidados, donde nos sentimos protegidos”, expresa. 

En este sentido, ha mencionado datos como los de Cáritas Diocesana de Barcelona, que depende del Arzobispado, y que suele publicar informes sobre la exclusión residencial entre sus usuarios. Y ha puesto como ejemplo que durante la pandemia más de un tercio de las familias que atendía la entidad y que vivían en habitaciones, tuvieron que mudarse por no poderlas pagar. “En muchas de estas familias había uno o dos hijos en edad escolar. Cualquier cambio de habitación hacía más difícil llevar al niño a la escuela, ya que casi siempre les quedaba mucho más lejos”, ha lamentado.

El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, ha rechazado comparecer ante el Parlament en la comisión que investiga los casos de pederastia en la Iglesia. Omella ha enviado una carta a la Cámara catalana en la que rechaza responder a la citación bajo el argumento que la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a la iglesia católica catalana, ha decidido de forma unánime que no acuda a declarar al Parlament.

Tras Omella, otros dos representantes de la Iglesia han respondido negativamente este viernes a la citación del Parlament, fijada para el próximo lunes: el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Enric Termes, y el presidente del tribunal eclesiástico del arzobispado de Barcelona, Santiago Bueno. Sí ha confirmado su asistencia en cambio Carlos López Segovia, vicesecretario para asuntos generales de la Conferencia Episcopal y promotor de justícia del Tribunal de la Rota.

Ante este plantón, la presidenta de la comisión, Susana Segovia (En Comú Podem), ha asegurado que reclamará a la Mesa del Parlament que ponga los hechos en manos de la Fiscalía y abra la vía judicial contra el prelado, al considerar que todo ciudadano tiene la obligación de responder al requerimiento de una comisión de investigación parlamentaria. El artículo 502 del Código Penal considera que no acudir a declarar puede suponer un delito de desobediencia.

En su carta, el cardenal Omella hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de junio en el que el alto tribunal fija el ámbito de las comisiones de investigación parlamentarias. Según destaca el obispo de la sentencia, las comisiones tienen por objetivo determinar la responsabilidad política y la gestión de asuntos de interés público, pero no así realizar calificaciones jurídicas ni mucho menos perseguir delitos.

Con esta referencia al TC y la alusión de que las Cámaras deben respetar la presunción de inocencia, el eclesiástico sugiere que la comisión del Parlament está traspasando sus atribuciones políticas y encaminándose a dirimir cuestiones sobre las que solo serían competentes los tribunales.

Con todo, el cardenal manifiesta en la carta dirigida a la presidenta del Parlament, Anna Erra, un “absoluto respeto tanto a su presidencia, como al Parlamento de Catalunya y al pueblo de Catalunya que estatutariamente representa”.

Omella informa también al Parlament de otras investigaciones recientes sobre la pederastia, como la seguida por el Defensor del Pueblo, con la que afirma que la Iglesia colaboró, así como la comisión encargada por la propia conferencia al despacho Cremades y Calvo-Sotelo, que emitió su informe el pasado mes de diciembre.

El Parlament creó en abril de 2022 la primera comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia del Estado. Durante estos años han pasado por la comisión cerca de una treintena de comparecientes, incluidas algunas de las víctimas, que censuraron la falta de “voluntad política” para esclarecer los hechos que afectan a la Iglesia.

El año preelectoral ha comenzado y no solo en los pasillos del Congreso. Aunque queda más de un año para que finalice el mandato de Juan José Omellla y Carlos Osoro al frente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), lo cierto es que las fichas empiezan a buscar sitio en el tablero de una Iglesia española que, diez años después de la elección de Bergoglio, sigue siendo una de las más conservadoras del Viejo Continente.

Los tiempos eclesiásticos van a un ritmo diferente de los sociales. Pero está claro que algunos obispos están más preocupados por la política del día a día que por la salvación de las almas. Los últimos ejemplos llegan de la mano de algunos de los obispos que más claramente se han posicionado en los últimos años contra cualquier gobierno de izquierdas. Así, el sempiterno José Ignacio Munilla, ya apartado de la diócesis de San Sebastián –acaba de tomar posesión su sustituto, el claretiano Fernando Prado–, continúa haciendo oír su discurso contra el actual Ejecutivo en asuntos que no siempre tienen que ver con la fe. “¿Qué cabe esperar de un Parlamento que niega el derecho a la vida a los mas débiles e inocentes? ¡Cualquier otra barbaridad que pueda aprobar a continuación resultará ya insignificante!”, apuntaba acerca de... la reforma que desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional. Días antes se refería también al debate sobre los delitos de malversación y sedición: “¡La ética también debe regir en los pactos políticos! El hecho de que se deroguen o se reformulen unos delitos como moneda de cambio para consolidarse en el poder; o que se legisle para obtener el control político sobre el poder judicial, es simplemente inmoral”, apuntaba el hoy obispo de Orihuela-Alicante.

El prelado vasco –uno de los adalides de la ultraderecha eclesial junto a Jesús Sanz o el ya jubilado Juan Antonio Reig Plá– no cuenta con muchas posibilidades de ser elegido en marzo de 2024 para la Conferencia Episcopal. Sí las tienen otros que en las últimas semanas también han elevado el tono de sus discursos contra el Gobierno en sus redes sociales. El más destacado es el arzobispo de Valladolid, y hasta hace pocas semanas secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, quien la semana pasada lamentaba que “el sistema económico y el poder político tienen campo abierto y manos libres para justificar las desigualdades e imponer las reglas que hagan juego con el dinero dominante”.

“Algunos de los grandes problemas de España precisan diálogo y solución política. Eso sí, sin forzar la legalidad constitucional ni consagrar privilegios para grupos o regiones que dañan la dignidad de todos y el bien común, referencias inexcusables del diálogo y de la legalidad”, destacaba Argüello en referencia a la cuestión catalana.

Un Argüello que, según ha podido saber elDiario.es, podría contar con numerosos apoyos para suceder al cardenal Omella al frente de la Casa de la Iglesia en 2024. El ex portavoz episcopal participó el pasado miércoles en una clase en el Programa Ejecutivo de Liderazgo y Gobierno, organizado por el Issep (Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas), el think-tank auspiciado por Marion Marechal Le Pen (la nieta del fundador del Frente Nacional y sobrina de Marine Le Pen) y dirigido en España por personas vinculadas al entorno de Vox, como Kiko Méndez Monasterio o Gabriel Ariza (hijo del empresario Julio Ariza, presidente de Intereconomía). El curso, cuya matrícula asciende a 7.500 euros, sirve como escuela de cuadros del partido de extrema derecha.

El arzobispo de Valladolid comparte claustro, entre otros, con Julio Ariza; Javier Tebas, presidente de La Liga, el ex ministro popular Jaime Mayor Oreja o el periodista José Javier Esparza. El director académico del Issep, Miguel Ángel Quintana Paz, destacaba cómo Argüello reveló en su exposición “una anécdota no muy conocida: que hace años mantuvo un debate con el filósofo Gustavo Bueno en la Universidad de Valladolid, debate que finalizó... en comisaría”. “Luego, con el tiempo, Bueno acabaría haciéndose aún más católico de lo que ya era entonces”, explicó Argüello, según detalló Quintana Paz en sus redes sociales.

El prelado no ha querido contestar a las preguntas de este periódico, pero el ISSEP sí justificó en sus redes sociales la presencia de “un docente de privilegio para nuestra clase 'La Iglesia en el mundo de hoy'”. Además, destacaba una de las frases utilizadas por Argüello durante su exposición: “Desde el siglo XVII tenemos a Jesús en el armario, porque se creyó que podía ser problemático y que nos bastaban sus valores, sin Él”.

¿Por qué este acercamiento de Argüello a la ultraderecha que durante meses le atacó con dureza por su defensa de la dignidad de los migrantes? ¿Por qué aceptar esta invitación después de defender a la ministra Irene Montero ante los ataques recibidos por la ultraderecha? Fuentes eclesiales explican un “progresivo viraje” del prelado a posiciones cada vez más conservadoras, que se acentuaron durante su etapa, recientemente finalizada, al frente de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal.

Sus choques con el Gobierno Sánchez, especialmente por la crisis de abusos sexuales a menores en la Iglesia –con la posterior reacción gubernamental y la creación de una investigación del Defensor del Pueblo– y, sobre todo, el horizonte electoral en la Conferencia Episcopal en 2024 habrían hecho acercarse a un grupo episcopal que pondera su capacidad de liderazgo, demostrada durante el ejercicio de sus responsabilidades en la Casa de la Iglesia. Y, también, a los consejeros aúlicos de este sector, estrechamente vinculado a la extrema derecha. No ha sido el único: otros prelados y destacados eclesiásticos han sido llamados por el think-tank, que también ha sondeado a otras instituciones del nacionalcatolicismo patrio, como la plataforma NEOS, creada por Jaime Mayor Oreja, y la Asociación Católica de Propagandistas.

Otros posibles candidatos

Argüello no es el único candidato de la mayoría conservadora episcopal. Casi descartada la opción de Jesús Sanz (el arzobispo de Oviedo podría haber perdido toda ocasión de liderar la Conferencia Episcopal), otros dos nombres podrían disputarse el frente menos moderado en el episcopado de nuestro país. El más joven, con 57 años, es el arzobispo de Valladolid, Mario Iceta. Y el más moderado de la terna, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses.

¿Cómo reacciona a estos movimientos el sector francisquista? Por el momento sigue sin candidato claro, toda vez que no parece probable que Omella –que tendrá 77 años en 2024– u Osoro –que hará 78– estén en disposición de repetir mandato, ya que la edad de renuncia está establecida en los 75 años. La opción de los obispos partidarios de las reformas impulsadas por Bergoglio fían sus esperanzas en el cambio generacional que, se espera, tenga lugar en los próximos meses en España. Y es que al menos un tercio de los 104 obispos de nuestro país –70 residenciales y el resto auxiliares– con derecho a voto en las elecciones han sobrepasado la edad de jubilación. Fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal estiman que solo el nombramiento de una veintena de obispos cercanos a Francisco y la jubilación de una decena de prelados conservadores podría impedir el sorpasso conservador en la Casa de la Iglesia.

Los obispos de León (el claretiano Luis Ángel de las Heras) o Bilbao (Joseba Segura) son dos de los valores emergentes entre los obispos que, todavía en minoría, apuestan por una Iglesia española menos alineada con los postulados de la ultraderecha. En ninguno de los sectores se descartan las opciones que puedan tener prelados como el sucesor de Antonio Cañizares en Valencia, Enrique Benavent. O la tan esperada sorpresa de un mirlo blanco que, a día de hoy, podría estar en una diócesis fronteriza con Portugal.

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“Queremos una Iglesia que abra la posibilidad al celibato opcional y el acceso al presbiterado de hombres casados (…). Que las mujeres asuman un papel activo y se avance en su acceso al diaconado y, si fuera posible magisterialmente, al presbiterado”. Los católicos de la diócesis de Barcelona, dirigida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, han alzado la voz y obligarán a que las exigencias del sacerdocio femenino y el fin del celibato obligatorio de los curas sean debatidas por toda la Iglesia española.

Es la primera vez, al menos desde finales de los años 70, que órganos de la Iglesia española plantean oficialmente estas medidas. Y lo hacen en mitad de un momento histórico en el que el Papa Francisco ha propuesto un espacio para aceptar peticiones, abrir caminos y afrontar una profunda renovación entre los católicos.

Al término de la fase diocesana de este Sínodo, los católicos barceloneses han lanzado un reto que tendrá que ser recogido, o no, por toda la Iglesia española, que el próximo 11 de junio debatirá todas las propuestas que han llegado de las 70 diócesis de nuestro país, para elaborar una síntesis que se llevará a la Iglesia europea y, de ahí, al Vaticano. En el Viejo Continente son muchas las voces que claman por una Iglesia más participativa y plural, pese al poder de los grupos ultraconservadores que desde el Concilio Vaticano II vienen bloqueando cualquier resquicio de apertura.

España, Italia o Polonia, las más conservadoras

La más adelantada es la Iglesia alemana, que desde hace años vive un “camino sinodal” en el que ya se ha solicitado, por amplia mayoría, el fin del celibato y el acceso de la mujer al sacerdocio, así como una mayor apertura al colectivo LGTBIQ+. En cientos de iglesias alemanas, el pasado mes de mayo se han llevado a cabo bendiciones a parejas homosexuales, algo prohibido desde la todopoderosa Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirige un español, el cardenal Ladaria.

Entre las iglesias europeas, la española es considerada, junto a la polaca o la italiana, de las más conservadores. De ahí la relevancia del paso dado por la diócesis pilotada por el cardenal Omella, que unifica propuestas que, desde hace años, vienen reivindicando sectores cristianos alejados de la postura oficial. Sobre todo porque el responsable ocupa la máxima responsabilidad en la estructura de poder de la Iglesia española.

En su documento de síntesis, además, la Iglesia de Barcelona aboga por el “reconocimiento real y efectivo de la igualdad y la dignidad de todos los bautizados, especialmente de ellas, superando toda forma de discriminación”, al tiempo que reclama una Iglesia “que aplica con decisión la doctrina de la Exhortación apostólica Amoris laetitia sobre la vida familiar y la sexualidad, de manera que la Iglesia sea percibida principalmente como un ámbito de respeto y acogida”, fundamentalmente con los divorciados vueltos a casar o sectores tradicionalmente apartados de la Iglesia, como el colectivo LGTBI. “Falta coherencia entre lo que se predica y lo que se hace: amar a todos sí, pero no se ve bien el amor entre personas del mismo sexo”, lamentan.

Dar voz a las víctimas, acabar con la corrupción

Pese a todo, los católicos barceloneses no ocultan “cierta desconfianza y escepticismo”, seguros de los “filtros por los que pasarán las diferentes propuestas, por el recuerdo y la frustración de otras experiencias de consulta vividas anteriormente y que no se han visto fructificar como se esperaba, o incluso por la desconfianza en que las cosas realmente cambien”.

A su vez, lamentan “una Iglesia triste, poco estimulante, sin vida, no adaptada al tiempo presente”, y piden que se esfuerce en “simplificar el lenguaje de la fe” frente a “celebraciones abarrocadas y aburridas”.

“Tenemos que ser una Iglesia más atenta al mundo y que se hace presente en la sociedad, en cada lugar y sus diferentes dimensiones: económica, social, política, cívica, cultural, etc.”, se lee en las propuestas, que también denuncian “los escándalos de corrupción y de abusos (sexuales, de conciencia y de poder) que han minado la credibilidad de la Iglesia, tanto en la sociedad como entre muchos cristianos”. “La Iglesia no puede ni debe esconderlos y tiene que dar voz a las víctimas, pronunciando ante estos hechos una palabra creíble, que vaya acompañada de gestos claros y evidentes”.

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El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, entró de lleno en el debate de la nueva ley del aborto, y lo hizo acusando al Gobierno de haber “politizado” la cuestión para “desviar la atención” respecto a la “crisis” que vive el Ejecutivo. Durante un desayuno en el Nueva Economía Fórum, el cardenal de Barcelona denunció cómo “es curioso que, en estos momentos de cierta crisis política, el Gobierno saque este tema para desviar la atención. Y eso es utilizar temas morales para cuestiones políticas”.

Omella también tildó de “barbaridad” el hecho de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar si permiso de los padres. “Los hijos no son del Estado, sino de los padres”, glosó el purpurado, quien insistió en que “son los científicos, y no la Iglesia, quien tiene que decir cuándo empieza la vida”, para acto seguido salir categóricamente en defensa de la posición religiosa sobre este tema: “lo que hay en el seno de la madre después de la concepción es una vida y es un ser humano”. “Nuestra gran proclama es la defensa de la vida, que es fundamental, en todos sus estadios”, remachó.

“Defendamos en todo momento a esa persona humana, y si se ayuda para abortar, ayudemos también a la madre que no quiere abortar. Y ayudemos a los médicos, y no les obliguemos a no tener que hacer objeción de conciencia”, defendió el cardenal, quien pidió “respeto” para las madres y para los profesionales médicos.

Aunque Omella reivindicó que los obispos “tenemos que mantener buenas relaciones con todas las instituciones. Somos una institución más que trabaja por el bien común, y no hay otra solución que colaborar juntos”, lamentó que “hemos polarizado tanto nuestra sociedad que a veces vamos enfrentados, a ver quién anula al otro, y eso no es bueno para la sociedad (...). A veces los políticos están pensando en sobrevivir a los cuatro años de legislatura, y van desviando la atención”.

“¿Estamos pensando en la ciudadanía o en ganar las elecciones?”

“¿Estamos pensando en la ciudadanía o en ganar las elecciones?”, se preguntó Omella tras sostener que “a veces los gobernantes van a la suya, y eso crea una fisura en la democracia, y entonces empiezan a emerger los populismos”. Y es que, subrayó, “hay un interés por parte de algunos grupos ideológicos en promover políticas de ingeniería social para dividir y polarizar a la población con el fin de beneficiarse y alcanzar poder político y económico. No les interesa el bien común de la sociedad sino dividir para vencer ellos y sus intereses particulares”.

Como ya dijera en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, Omella también lamentó su “desconfianza en las instituciones”… aun sin citar la desconfianza de la población en la propia Iglesia católica. “La democracia hay que cuidarla” dijo, haciéndose eco de las palabras del Papa en Malta.

¿Está realmente en riesgo la democracia?, preguntó el moderador. Omella, citando de nuevo a Bergoglio, recordó que “la verdadera democracia, siendo un tesoro valiosísimo para las sociedades, hoy se encuentra en retroceso”. Sin embargo, aclaró, “la Iglesia aprecia el sistema de la democracia”, aunque “una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho”. “No está el hombre al servicio de la democracia, sino la democracia al servicio del ser humano”.

La “ratonera” del sacerdocio femenino

El presidente de la CEE también habló de la “pequeña ratonera” que supone abordar el sacerdocio femenino. En este sentido, Omella apuntó que “Juan Pablo II dijo que el acceso de la mujer al sacerdocio está cerrado”, aunque “eso no quiere decir que no se pueda plantear. Eso lo tendrán que decir los teólogos y la Santa Sede, y si hay cambios, los aceptaré”.

“A veces vemos que el acceso de la mujer al sacerdocio es visto como un tema de poder, yo creo que ese es un concepto equivocado”, añadió Omella. “El obispo es el servidor de la comunión. ¿Eso lo puede hacer también una mujer? Por supuesto que sí, Dios dirá. Pero lo que importa no es el poder, sino el servicio a la comunidad”.

 Respecto a los abusos sexuales, el presidente de la CEE insistió en que “es un tema por el que estamos doloridos y avergonzados. Es dolorosísimo para la jerarquía y para el pueblo de Dios”, admitió Omella. “Aunque solo fuese un abuso nos teníamos que avergonzar”, señaló, apuntando que este horror “forma parte de toda la sociedad, no solo en la Iglesia”. “Es dolorosísimo para la jerarquía y para el pueblo de Dios”, admitió Omella.

Sobre el trabajo de Cremades y el Defensor del Pueblo, Omella apuntó que “les hemos dejado que trabajen”. El presidente de la CEE, que se reunió ayer con Ángel Gabilondo, volvió a dejar claro que “colaboraremos en todo lo que nos pidan, porque tenemos que ser transparentes”, aunque confirmó que los obispos no formarán parte de la comisión del Defensor del Pueblo.

No obstante, quiso sacar pecho, apuntando que “en España, ”desde que tenemos los protocolos del Vaticano, que yo sepa, no tenemos nuevas denuncias de abusos. Creo que eso ha sido un muro de contención“.

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Un tema al día, el podcast de elDiario.es

“Las víctimas son nuestra prioridad absoluta”. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, dedicó a los abusos del clero buena parte de su discurso en la inauguración de la Asamblea Plenaria de primavera del episcopado español. Un discurso largo y denso en el que, sin embargo, el purpurado no hizo una sola referencia a la apertura de los archivos y la participación de los obispos en la investigación encargada al Defensor del Pueblo, un asunto crucial en la reunión a la que los obispos llegan profundamente divididos.

Antes de arrancar la Plenaria, un grupo de cristianos entregaba en el registro de de la CEE una carta abierta exigiendo transparencia y rendición de cuentas ante este escándalo, pensando especialmente en las víctimas y no en salvar el cargo (y la reputación) de los responsables episcopales. Ajeno a ello, Omella tildó los abusos de “epidemia global silenciada” y repasó los manidos informes que apuntan a que los casos de abusos a menores en España relacionados con la Iglesia apenas corresponden al 0,8% de la realidad total.

Representantes de las asociaciones Alandar, Redes Cristianas, Red Miriam, Revuelta de Mujeres en la Iglesia y Movimiento por el Celibato Opcional han registrado este lunes en la sede de la Conferencia Episcopal Española una carta en la que “exigen verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia”.

Reclamamos que dejen atrás la etapa de secretismo, encubrimiento y denegación del problema. Todo eso causa dolor a las víctimas. Hay que pasar de las tinieblas a la luz

Juan Ignacio Cortés — portavoz de Alandar

“Pedimos desde aquí a la Conferencia Episcopal que se dejen de ambigüedades, que clarifique su posición y que atienda a las víctimas”, ha apuntado Raquel Mallsvibarrena, portavoz de Redes Cristianas. Estos colectivos consideran que en los últimos meses “se han dado pasos que pueden estar en la buena dirección”, aunque defienden que todavía queda mucho por hacer.

La investigación y el papel de la Iglesia

“La Iglesia manifiesta su profundo dolor y vuelve a pedir perdón por los delitos cometidos por hermanos nuestros”, arrancó en su comparecencia el cardenal, que anunció oficialmente a los obispos –que no han podido debatir aún sobre el asunto– el encargo de una auditoría al despacho Cremades & Calvo-Sotelo. “Esperamos que esta auditoría y sus conclusiones puedan servir como instrumento de colaboración con las autoridades civiles para esclarecer la verdadera dimensión de los hechos y establecer una prevención más eficaz en todos los campos”, dijo Omella, que en todo momento evitó apuntar si los obispos participarán o no en la comisión del Defensor el Pueblo, y tampoco si abrirán sus archivos a la auditoría de Cremades.

Precisamente, esta era la petición principal de quienes se encontraban a las puertas de la Conferencia Episcopal: que los obispos colaboren con la comisión de investigación impulsada desde el Congreso y liderada por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo. “Reclamamos apertura y que dejen atrás la etapa de secretismo, encubrimiento y denegación del problema. Todo eso causa dolor a las víctimas. Por eso decimos que hay que pasar de las tinieblas a la luz. Ahora están en una zona de penumbra”, señalaba Juan Ignacio Cortés, portavoz de Alandar.

Estos colectivos se muestran preocupados por “la manera en la que se está” gestionando la auditoría que realiza el despacho de abogados de Javier Cremades, al contar con “la protesta explícita de las asociaciones de víctimas”. Por lo tanto, piden a los obispos que “aclaren si realmente están por la reparación” y la creación de una “comisión de la verdad en apoyo a las víctimas”.

Para Omella, en cambio, la auditoría “añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante”. En esa línea, reclamó que la cuestión de los abusos “es una auténtica lacra social que requiere un análisis completo y un buen diagnóstico, libre de demagogias y sectarismos ideológicos” que, según su criterio, coloca a la Iglesia como único lugar donde se producen estos abusos.

La bronca entre los políticos hace mucho daño, y existe el riesgo de que la convicción, hasta ahora profundamente arraigada, de que la democracia es el mejor sistema político posible, se diluya

cardenal Omella — presidente de la Conferencia Episcopal

“La Iglesia tiene la oportunidad de trabajar para que dichos abusos no se repitan y para destapar esta nueva forma de esclavitud mundial que no se quiere abordar (…). Es una nueva esclavitud que afecta a toda la sociedad, de la que estamos tomando conciencia y en la que lamentablemente algunos miembros de la Iglesia también han participado”.

La guerra y la pobreza

Omella también hizo referencia en su discurso a la guerra de Ucrania y la pobreza y exclusión en nuestro país, aunque otro de los ejes de su intervención giró en torno al “hartazgo social” ante la clase política. “Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño”, lamentó el purpurado, quien advirtió de que “existe el riesgo de que la convicción, hasta ahora profundamente arraigada, de que la democracia es el mejor sistema político posible, se diluya”.

Entre las razones de dicha desconexión, Omella apuntó a fenómenos como el de la “cultura de la cancelación” que “establece un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas”. Frente a ello, aclaró, “la Iglesia promueve el respeto a la diferencia, y defiende el principio de subsidiariedad del Estado en su acción, el cual ha de proteger la libertad de los ciudadanos permitiéndoles defender respuestas y soluciones diversas a las políticamente correctas”.

Omella denunció “la tentación de los poderes públicos respecto a la Iglesia” que “se ha movido entre dos extremos: verla como un enemigo, o tratar de apoderarse y servirse de ella”. Frente a ello, aseguró, “la Iglesia católica quiere ofrecer su experiencia en la edificación de un mundo mejor. Quiere colaborar humilde y activamente con todos los agentes sociales para edificar el mundo que viene. Algunos quieren excluirnos de dicho diálogo, pero ello sería no solo una injusticia, sino especialmente un grave error y una grave pérdida, ya que se estaría obviando una comunidad que representa el 17,7 % de la población mundial”.

Objeción de conciencia

El cardenal de Barcelona defendió la objeción de conciencia como “un derecho necesario” frente a “la dificultad creciente para encontrar certezas comunes sobre las que asentar la vida civil en temas cruciales como el inicio y final de la vida humana, la configuración del matrimonio y de la familia, el papel del Estado en la educación, o la dimensión pública de la libertad religiosa”. “Es un desafío a nuestras democracias”, recalcó.

Vemos intentos de limitar el derecho a la objeción de conciencia, de desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo apariencia de neutralidad

cardenal Omella — presidente de la Conferencia Episcopal

“Reducir la protección jurídica de la objeción de conciencia degradaría nuestra convivencia y nos acercaría a los usos propios de los Estados totalitarios”, denunció el presidente de la CEE, quien arremetió también contra el “laicismo occidental” que “tiende a considerar la religión como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador, y se busca por diversos medios impedir su influencia en la vida social”. Entre ellos, denunció el prelado, “vemos intentos de limitar el derecho a la objeción de conciencia, de desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo —a pesar de ser un símbolo portador de valores universales—, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo apariencia de neutralidad”.

“La Iglesia católica no pide privilegios, pero tampoco quiere que se la discrimine. (…). La Iglesia no desea ni busca ningún tipo de privilegio ni de especial protección. Lo que reclama es sencillamente la libertad de proponer el anuncio de Cristo salvador, y de vivir a campo abierto las consecuencias éticas y culturales de dicho anuncio en diálogo con todos, así como contribuir, desde su propia identidad, al bien común de la sociedad”.

Frente a ello, “unas ideologías que se autodefinen como progresistas, pero que ya hemos vivido en otros momentos de nuestra historia antigua, como sucedió durante el ocaso del imperio romano o griego”, y que arremeten contra “la visión católica del ser humano, la moral sexual, la identidad y la misión de la mujer en la sociedad, y la defensa de la familia formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer”.

Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia española conseguirán que el Papa escuche sus reivindicaciones. Tal y como les prometió hace una semana el cardenal Omella, la Conferencia Episcopal llevará a Bergoglio las exigencias de los supervivientes de la pederastia clerical. Según ha podido confirmar elDiario.es, Francisco recibirá el próximo 6 de abril a la cúpula del episcopado español (los cardenales Omella y Osoro, presidente y vicepresidente; y Luis Argüello, portavoz y secretario general) para, entre otras cuestiones, abordar el drama de los abusos y las respuestas a las peticiones de las víctimas.

La cita se produce apenas dos meses después de la visita 'Ad limina' de todos los obispos españoles al Vaticano, en el que se hizo una completa revisión a la situación de la Iglesia de nuestro país. Justo después de rendir cuentas a Roma, la Conferencia Episcopal anunciaba la auditoría externa llevada a cabo por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que tantas suspicacias ha levantado entre numerosas víctimas de abusos. De hecho, prácticamente todas han declinado participar en la asesoría externa encargada por el Episcopado, y se dividen entre quienes apoyan la comisión liderada por el Defensor del Pueblo, y quienes buscan ir más allá y obligar, a través de una 'Comisión de la Verdad', a los obispos a abrir sus archivos eclesiásticos para una investigación con luz y taquígrafos.

El 'caso Cremades' fue uno de los ejes de la reunión que, hace una semana, mantuvo el presidente del Episcopado con una quincena de supervivientes de abusos, cuyas exigencias se comprometió a llevar al Papa Francisco. Algo que sucederá el próximo 6 de abril. Curiosamente, justo el mismo día en que el bufete de abogados anunciará la composición definitiva de la comisión que auditará los abusos en la Iglesia española.

Las peticiones de las víctimas

El Papa Francisco está sumamente preocupado por lo que sucede tanto en España como en Italia, únicos dos países donde todavía no ha fructificado una investigación seria respecto al drama de la pederastia. De hecho, el 6 de abril se reúne, por primera vez, la comisión para el Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas diocesanas en la sede de la CEE para mejorar un trabajo que buena parte de las víctimas no valoran, al no sentirse suficientemente acompañadas.

¿Cuáles son las exigencias de las víctimas que Omella y Osoro llevarán al Papa? Fundamentalmente, que todos los obispos colaboren, sin poner cortapisas, en la comisión parlamentaria que mandató al Defensor del Pueblo llevar a cabo una investigación profunda.

Al tiempo, cuatro medidas concretas: en primer lugar, una condena rotunda y sin paliativos de los abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal y por los jerarcas de todas las congregaciones, órdenes y prelaturas. En segundo lugar, terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes; y ayudas para conseguir insertarse en el merado laboral. Finalmente, una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral.

La respuesta del Papa, si es que la hay, llegará directamente a las víctimas a través del presidente del Episcopado, quien también llevará a la próxima Asamblea Plenaria, que se presume histórica por varias razones, entre ellas este debate. Para, como indicó el cardenal Osoro en una reciente entrevista, lograr que cada obispo se “retracte” y diga a las claras si colaborará decididamente o no con las investigaciones, y cuál será la relación con las víctimas que no quieran pasar por el tamiz de Cremades.

Junto a ello, la cúpula episcopal y el Papa conversarán sobre el progresivo relevo episcopal en España, sus dificultades y oportunidades; el comienzo de las negociaciones, en serio, con el Gobierno español para reformar algunos puntos delicados de sus relaciones; y, en clave interna, los avances del proceso sinodal y la reforma de la Curia vaticana.

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“Hay que exigir un cambio de rumbo”. Así han concluido las tres horas y media de reunión que una quincena de miembros de la Asociación Nacional Infancia Robada ha mantenido con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal de Barcelona, Juan José Omella, en la sede de la institución católica.

Este colectivo, que aglutina a supervivientes de la pederastia clerical y de abusos de poder y de otra índole en otros ámbitos de la sociedad, ha explicado al presidente de los obispos por qué no van a colaborar con la auditoría impulsada por la CEE para investigar la pederastia en la Iglesia y liderada por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, presidido por Javier Cremades, miembro del Opus Dei.

La portavoz del colectivo, Ana Cuevas, ha reseñado que ni ella ni el resto de afectados “pueden reconocer la autoridad” del bufete escogido por la CEE. Esta mujer, madre de un menor que sufrió abusos sexuales por parte de un profesor del colegio Gaztelueta, un centro educativo del Opus Dei en Bizkaia, ha asegurado que la Prelatura fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer es una institución “negacionista donde impera el silencio cómplice y revictimización”.

Omella ha asegurado —siempre según las declaraciones de miembros de la asociación— que va a estudiar la petición de los miembros de Infancia Robada. “Exigimos una rectificación de la Conferencia Episcopal Española y una solución a los casos concretos que le hemos puesto encima de la mesa”, ha añadido. Desde este colectivo instan a los obispos a que colaboren con la comisión de investigación impulsada por el Congreso y que estará liderada por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo.

En esa misma línea, Cuevas considera que las pesquisas impulsadas por el Parlamento darán lugar a “una investigación neutral, exhaustiva y transparente”. Para ello, también han pedido al presidente de los obispos que la institución que dirige abra “sus archivos” y aporte “toda la información necesaria para depurar responsabilidades”.

Aunque la reunión se ha mantenido a puerta cerrada, el encuentro se ha comunicado con luz y taquígrafos. En el hall de entrada de la sede de la CEE y ante varias decenas de cámaras y periodistas, Omella ha recibido a las víctimas. Tras saludarles una a una y posar ante los medios de comunicación, los representantes del colectivo y el cardenal de Barcelona han comenzado un encuentro que se ha alargado dos horas más de lo que tenían previsto desde Infancia Robada.

El recibimiento que el cardenal iba a dispensar a los afectados ante las cámaras ha sido una incógnita hasta el último momento. Desde el gabinete de prensa de la Conferencia Episcopal rebajaban las expectativas del encuentro. “Nosotros no hemos hecho ninguna convocatoria a este respecto”, apuntaban horas antes de que arrancase la reunión, desmarcándose de cualquier comunicación que se pudiese producir antes o después del encuentro. “No vamos a decir nada”, destacaban las mismas fuentes.

Finalmente la imagen sí que se ha producido. En todo momento, el presidente de Infancia Robada, el diputado socialista Juan Cuatrecasas, había insistido en el carácter público de la reunión y apuntado que el encuentro se convocaba a petición de Omella. La reunión se enmarca en un progresivo acercamiento del cardenal de Barcelona a los representantes de Infancia Robada y, a diferencia de otras ocasiones, el encuentro de este colectivo con el líder de la Conferencia se ha hecho público.

Al concluir el encuentro Omella también ha acompañado brevemente a los afectados. Ante los medios de comunicación, ha agradecido la “confianza” de las víctimas que han tomado la palabra y la “escucha”. Los participantes también han dado las gracias al líder de la Conferencia Episcopal por convocarles.

Entre las peticiones realizadas por miembros de la asociación, Cuevas ha destacado que piden un “perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos los miembros de la Conferencia Episcopal”. Además, requieren “terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes”, “reparación económica por daños causados” e “indemnizaciones por la incapacidad laboral”.

Tras este encuentro, el colectivo de víctimas queda a la espera de una respuesta de Omella. “Lo va a estudiar, lo va a hablar también con el Papa y estamos un poco a la espera. Le hemos pedido que colabore con el Defensor del Pueblo porque para nosotros es la figura en la que realmente confiamos”, ha cerrado Cuevas.

Los obispos derivarán toda colaboración, o participación directa, de la Iglesia en la comisión de investigación aprobada por el Congreso de los Diputados y encargada al Defensor del Pueblo en el bufete al que han contratado, Cremades & Calvo Sotelo. Según ha podido saber elDiario.es, dentro del acuerdo firmado entre la Conferencia Episcopal y el bufete el pasado 22 de enero figura la capacidad de Cremades de representar a la Iglesia española en cualquier ámbito de participación o investigación pública, así como la entrega y análisis de la información referente a víctimas.

Todo ello si, finalmente, la Iglesia acepta participar en la comisión del Defensor del Pueblo. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se encargó de advertir el pasado viernes que “la Iglesia no es una administración pública” a la que el órgano dirigido por Ángel Gabilondo pueda controlar. En todo caso, cualquier contacto oficial se derivará a través del despacho de abogados, que todavía ultima la composición de su equipo de trabajo, pero que ya habría recibido alrededor de unas 40 denuncias a través del correo denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.

'Afectados' y no 'víctimas'

Un correo tras el que las víctimas reciben un “Formulario datos afectados”, tal y como se titula el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que los denunciantes deben aportar información sobre su caso y sobre ellos mismos. En ningún momento del cuestionario se utiliza el término 'víctima', sino 'afectado', lo que ha suscitado cierto estupor en algunas asociaciones de víctimas. Entre los datos que se solicitan a los denunciantes se encuentran sus datos personales: nacionalidad, estado civil, edad, lugar de residencia. Más adelante solicita los “datos relativos a su condición: sacerdote, religioso, laico, catequista, profesor de centro religioso o de religión…”, pero no aclara si se trata del denunciante o del presunto agresor.

Posteriormente, se les pide que indiquen “lugar y fecha en que tuvieron lugar los hechos”, así como una “descripción de los hechos lo más fiel, concreta y veraz posible”. Tras esto, el documento invita a los “afectados” a ofrecer “datos que verifiquen la vinculación de los hechos con un ámbito o entorno específico en el seno de la Iglesia Católica (parroquia, centro docente, comunidad, actividad, etc.)”, así como “datos que puedan abundar sobre el tratamiento que mereció el caso denunciado en el ámbito de la Iglesia, desde el entorno más cercano a los hechos a los órganos jerárquicamente superiores”.

En otra columna, se solicitan los “datos relativos a la denuncia o denuncias en su caso formuladas por los hechos ocurridos y determinación del órgano o institución ante el que se formuló (Iglesia, Ministerio Fiscal, Jurisdicción, Defensor del Pueblo, medio de comunicación social u otros)”, así como “su motivación tomando contacto con nuestra organización y lo que estaría en disposición de esperar”.

En el anexo de Protección de Datos, se asegura que las informaciones aportadas “serán tratados con la finalidad de ponernos en contacto con usted, atender su solicitud o comunicación y la realización de una auditoría legal y compliance, es decir, una investigación a petición de la Conferencia Episcopal Española para el esclarecimiento de los casos de abusos producidos, evaluación de los procedimientos y medidas de control tomadas para su prevención y para la reparación de los daños producidos”. “No se realizarán perfiles, ni se tomarán decisiones automatizadas”, aclaran.

“La información personal que nos facilite será únicamente accedida por profesionales de la firma o colaboradores con los que se hayan alcanzado los correspondientes acuerdos de confidencialidad y establecido garantías para la protección de la información. En su caso, podría ser facilitada a la Conferencia Episcopal Española con motivo de la auditoría. No se realizarán transferencias internacionales de datos”, apunta el anexo, que incide en que “la información personal se conservará durante el plazo necesario para la realización de la auditoría. Una vez hayan dejado de ser necesarios, sus datos se mantendrán debidamente bloqueados para el cumplimiento de eventuales obligaciones legales, como podrían ser responder a reclamaciones o requerimientos de información enviados por autoridades en el ámbito de sus competencias durante el plazo de prescripción de las correspondientes acciones legales”.

Obispos que se niegan a abrir sus archivos

Por el momento, y hasta que a finales de mes se reúna la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, los pasos para entregar los archivos eclesiásticos para el estudio de Cremades parecen paralizados, toda vez que los obispos en su conjunto no han recibido más información oficial que una carta enviada por el portavoz de la CEE. Se espera que en la Plenaria todos los obispos puedan escuchar, y preguntar, a los responsables del bufete, y será entonces cuando algunos obispos puedan presentar sus objeciones e, incluso, algunos, negarse a entregar la documentación.

Una actitud perfectamente legal, en tanto en cuanto los archivos eclesiásticos son inviolables según los Acuerdos Iglesia-Estado y, formalmente, la Conferencia Episcopal no tiene capacidad ejecutiva sobre ningún obispo. De hecho, según ha podido constatar este diario, varios obispos, a día de hoy, estarían dispuestos a negarse a entregar documentación alguna de los archivos eclesiásticos, si no viene una orden directa del Vaticano.

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Al menos 216.000 menores víctimas de pederastia y más de 3.000 sacerdotes y personal vinculado a la Iglesia como autores de estos abusos. Esas son las cifras que ha dado a conocer la comisión independiente que durante dos años y medio ha investigado los abusos sexuales en la Iglesia francesa en el periodo que va de 1950 a 2020. 70 años de silencios e indiferencia resumidos en las 2.500 páginas que han elaborado 22 expertos entre los que había profesionales de distintos ámbitos, diferentes religiones e incluso no creyentes. 

La Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica ha entregado el informe al presidente de la Conferencia Episcopal (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, y a la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia (Corref), Véronique Margron. La CEF fue quien lo encargó y ahora les toca a ellos no solo pedir perdón y tomar medidas contra los pedófilos sino también aplicar medidas para evitar los abusos. El presidente de la Conferencia Episcopal reconoció que estos datos les avergonzaban y expresó su “determinación” a cambiar el comportamiento de la Iglesia francesa para acabar con las ocultaciones de los casos. Moulins-Baeaufort pidió perdón, “a cada uno y una” de las víctimas. Para muchas de ellas es lógico que no baste con este acto de contrición y harán bien de reclamar las correspondientes indemnizaciones (aún no fijadas). 

La cúpula eclesiástica francesa, como todas, tapó durante décadas la pederastia, pero también es la que encargó este informe y la que se ha comprometido a no callar cuando detecte un caso. Veremos. Pero ya ha dicho y hecho mucho más que la Conferencia Episcopal Española. Las declaraciones que este martes realizó su presidente, el cardenal Juan José Omella, en una entrevista en la Cadena Ser, no hay confesionario que las redima. Preguntado por el informe de los expertos franceses aseguró compartir el dolor, sufrimiento y “asco” de las víctimas pero a la vez acusó a los medios de comunicación de “no ayudar” porque, en palabras de Omella, “incitan a un sexo libre”. “Ya podemos nosotros trabajar pero si el ambiente es este... En los medios van entrando unos valores en contra del respeto al otro y de una sexualidad humanizada, y no nos ayuda”, añadió. 

Las declaraciones del presidente de los obispos españoles pueden indignar, pero sorprenden lo justo porque lo contrario sería enmendar la actitud vergonzosa con que la cúpula eclesiástica española actúa ante los abusos. Quien mejor lo resumió fue el portavoz, Luis Argüello, quien hace unas semanas dejó claro que no tienen ninguna intención de plantear una investigación como la que se ha llevado a cabo en Francia y en otros países como Alemania e Irlanda. “No vamos a hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general”, afirmó. 

Ya que la Conferencia española no piensa examinar qué ha pasado en las últimas décadas y los únicos datos de los que disponemos son los que pueden ir recopilando algunos medios, al menos sería esperable que lea y haga suyas las recomendaciones de los expertos franceses. Son 45 medidas, entre ellas indemnizaciones a las víctimas, algo que en el caso de España es complicado porque la Iglesia se niega a investigar cuántas hay y quiénes fueron sus abusadores.

Pero aun sin informe, los obispos de aquí sí podrían aplicar otras recomendaciones como la de revisar el concepto del secreto de confesión y recordar a religiosos y fieles que haber pasado por el confesionario no puede ser argumento para no informar a las autoridades de los casos de abusos. Además los expertos franceses proponen abrir debates que la Iglesia, sea la francesa o el resto, se niegan a abordar como son el celibato y la presencia de las mujeres. Perdón y enmienda, de eso deberían ir las reflexiones de los cardenales cuando tienen un micrófono delante, sea de una radio o del púlpito.

No todo lo que pasa en la política catalana tiene origen en octubre del 2017. No todo, pero casi todo porque muchas de las estrategias y conflictos actuales se explican por decisiones que se tomaron en esas semanas. También la actual polémica que enfrenta al arzobispado de Barcelona con el Govern de Quim Torra, cuyas relaciones hace tiempo que son mejorables. La mecha ha prendido por la decisión del cardenal de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, de celebrar una misa con 500 asistentes en la Sagrada Familia en memoria de las víctimas del coronavirus pese a la prohibición de organizar reuniones de más de 10 personas en espacios públicos o privados. 

Omella apeló a la libertad de culto para mantener la misa que tuvo lugar este domingo mientras que la Generalitat insistió en que había que cumplir las medidas de seguridad dictadas para intentar contener la expansión del coronavirus en la capital catalana y los municipios del área metropolitana. Una semana antes, el obispado de Sant Feliu de Llobregat, que incluye varias parroquias de esta zona, había emitido una nota en la que directamente se prohibía convocar o formar grupos “para celebrar un acto litúrgico o de plegaria en general”.  

Algunos asesores del Govern intentaron hasta el último momento que el Arzobispado de Barcelona cambiase de opinión. Una de las propuestas que estuvo encima de la mesa fue la de cumplir con el límite de aforo establecido por Protección Civil e intentar hablar con TV3 para que la ceremonia fuese retransmitida en directo. De esta manera se podía dar una máxima difusión al acto (al final solo se emitió por dos canales con mucha menor audiencia, 8tv y 13 TV), y a la vez respetar el límite de los 10 asistentes. Pero, según fuentes del Ejecutivo catalán, Omella se negó y no aceptó ninguna alternativa a la celebración de la misa tal y como estaba ya prevista. Estas mismas fuentes tildan de “intransigente” su posición durante la negociación.

No solo no se logró acercar posiciones sino que el Arzobispado ha anunciado acciones legales contra la Generalitat por considerar que ha intentado vulnerar sus derechos y ha actuado de manera “discriminatoria”. Recuerda que para otros locales con un aforo menor se acepta un aforo de hasta el 50% y que la Sagrada Familia está abierta para que puedan visitarla los turistas.

En su homilía, el cardenal de Barcelona intentó rebajar la tensión afirmando que “no es tiempo de enfrentamientos”. Por su parte, el Govern subraya que no valen excepciones, tampoco por tratarse de una institución como la Iglesia, y el president Torra ha dado instrucciones para que el departamento de Salut abra un expediente sancionador al Arzobispado por no haber acatado las restricciones impuestas por la Generalitat.

Torra anunció la sanción en la comparecencia que protagonizó este lunes por la mañana para advertir a los ciudadanos de la situación crítica que vive Catalunya por el incremento de contagios. En la referencia a la actuación de Arzobispado no se limitó a expresar su descontento por la celebración de la misa de este domingo, sino que aprovechó para arremeter directamente contra Omella por su posición en el conflicto catalán: “Mi iglesia es la que está al lado de los presos y condena la represión”.

Solo unas horas antes, en una entrevista en TV3, Carles Puigdemont también había reprobado al arzobispo de Barcelona por su actuación en otoño del año 2017. “No se comportó como un hombre de Iglesia. Se comportó como un hombre de Estado”, criticó el expresident.   

En octubre de 2017, Omella fue una de las personas que se ofreció para mediar entre el Ejecutivo de Rajoy y el de Puigdemont. De manera discreta, como siempre intenta la Iglesia, contactó, entre otros, con el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para ver qué podían hacer para evitar que la cosa no empeorase. El arzobispo de Barcelona mantenía una relación muy fluida con el entonces vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, católico practicante y estudioso vaticanista. Ambos se vieron en dos días claves: el 20 de septiembre, la jornada en la que la Guardia Civil entró en la conselleria de Junqueras mientras en la calle se producían las manifestaciones de protesta que comportaron la cárcel para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el líder de ERC y Omella almorzaron juntos. No era la primera vez y tampoco la última. En otro día marcado en el calendario de la política catalana, la jornada del 1-O, Junqueras salió al mediodía del Palau de la Generalitat para verse de nuevo con el arzobispo.

Omella ha rechazado en más de una ocasión que se le tilde de “mediador político” y se limita a reconocer que en esas semanas lo que hizo fue ayudar a “tender puentes”. En octubre de 2017, y acompañado del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se entrevistó con Mariano Rajoy en la Moncloa para expresarle su disposición a colaborar en las iniciativas que pudiesen contribuir a evitar que el conflicto se agravara aún más. Al día siguiente de ese encuentro en Madrid, Omella y Junqueras volvieron a reunirse.

El independentismo catalán, y más concretamente ERC, tenía depositadas muchas esperanzas en que el Vaticano terciase para reclamar un acercamiento entre el Ejecutivo del PP y el de Puigdemont. Se especuló incluso con la colaboración del Arzobispado de Milán. Nada de eso pasó. 

En febrero del 2018, los obispos de las diez diócesis catalanas emitieron un comunicado en el que reclamaron una “reflexión serena” sobre el encarcelamiento de los políticos y activistas independentistas y expresaron su “preocupación” por la situación que estaban viviendo. “En Catalunya existe un problema político de primer orden”, advirtieron.  

Omella ha mantenido contacto con algunos de los políticos que están en la cárcel, aunque no los ha visitado, cosa que ha molestado a más de uno de los presos, según han confirmado a elDiario.es fuentes próximas a los dirigentes que cumplen condena en Lledoners. Cuando hace unos meses se le preguntó en una entrevista en RAC-1 por qué él, a diferencia de otros obispos, no había ido a verlos, Omella argumentó que se considera “pastor de la iglesia de Barcelona” y que en su archidiócesis no están las cárceles donde cumplen condena los líderes independentistas. Una explicación que no convence a algunos de los presos, la mayoría de ellos, católicos practicantes.

Conflicto abierto entre la Iglesia y la Generalitat. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arremetido este lunes contra el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, por haber celebrado este domingo una misa con 500 asistentes en la Sagrada Familia en memoria de las víctimas del virus pese a la prohibición de reuniones de más de 10 personas en espacios públicos o privados. Torra ha avanzado que se abrirá un expediente sancionador al arzobispado por no respetar las restricciones del Govern.

Más allá de la sanción administrativa, Torra ha cargado con dureza contra Omella y ha sacado a colación el papel del arzobispo y cardenal en la crisis del procés y ha lamentado que el arzobispo no haya visitado a los presos soberanistas. “Mi iglesia es la que está al lado de los presos y condena la represión”, ha lanzado.

El president ha afeado a Omella que apelara a la libertad de culto para celebrar la misa en la Sagrada Familia este domingo “pero que durante todos estos años se haya olvidado de la Constitución y de los derechos fundamentales y no haya condenado la represión”.

Asimismo, Torra ha querido trasladar a Omella una reflexión a título personal y como católico: “Me eduqué en los jesuitas, mis referentes son Pere Casaldàliga y Ernesto Cardenal y soy amigo de curas que trabajan en la Mina. Mi iglesia es la iglesia de los pobres, la que está al lado de los vulnerables y de los presos”.

Tras anunciar un recurso contra la prohibición de reuniones de más de diez personas, Omella, en su homilía de este domingo, también mencionó de forma velada la polémica con el Govern y afirmó que celebraba la eucaristía “con gozo, confianza y esperanza pese a las dificultades de pandemia y otras dificultades”. La misa de la Sagrada Familia no tenía la autorización del Govern al superar el aforo permitido.

Las críticas de Torra a Omella de este lunes se suman a las que su antecesor en la presidencia, Carles Puigdemont, pronunció este domingo. En una entrevista en TV3, Puigdemont acusó a Omella de “no comportarse como un hombre de Iglesia sino como un hombre de Estado” durante el otoño soberanista de 2017.

Los ultras lo pusieron difícil, pero finalmente el sector moderado venció. Y por goleada. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, fue elegido presidente en segunda votación, por 55 votos, frente a los 29 del conservador Jesús Sanz. Un Sanz que, poco después, observaba incrédulo cómo también era descabalgado de la Vicepresidencia, en tercera votación, por un candidato inesperado: el cardenal de Madrid, Carlos Osoro. El hombre del Papa se impuso por sorpresa, por 47 votos a 40.

El 13 de marzo se cumplirán siete años de la elección de Jorge Bergoglio como Papa de Roma. Francisco, desde el principio, adoptó un cambio de actitud que, con matices, ha ido calando en buena parte de los episcopados del mundo. Con sonoras excepciones, como Polonia, Estados Unidos... y España. La votación del pasado martes dio un vuelco a la historia reciente del órgano de Gobierno de los obispos, pero hasta entonces las negociaciones políticas e incluso las intrigas han sido una constante entre los prelados, que esta semana decidían el futuro de la Iglesia española.

Omella: el catalán y su 'dossier'

Los bloques estaban claramente delineados. Tras más de dos décadas de poder omnímodo del cardenal Rouco Varela y de nombramientos de obispos ultras e inmovilistas, la aparición del 'huracán Francisco' fue entendida en la Conferencia Episcopal Española como poco más que una tormenta de verano. Pero siete años –y tres elecciones– después, en una de las iglesias más conservadoras del mundo se abría la posibilidad de el sector renovador asaltara los puestos de poder, de que a la tercera fuera la vencida. Pero la vieja guardia no iba a ponerlo fácil.

La tensión era cada vez más palpable a medida que se acercaba la fecha de la votación. Y estalló justo antes de la Plenaria, cuando todos los obispos recibieron un dossier en sus correos electrónicos en el que, bajo el pseudónimo de Jacques Pintor, se acusaba al cardenal Omella de estar detrás de un escándalo que acabó provocando la renuncia del anterior arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña.

La jugada, orquestada desde los sectores más ultras, fue la que paradójicamente terminó de convencer a los indecisos de votar al cardenal de Barcelona. “Y es que nada molesta más a un obispo que alguien ataque a uno de sus hermanos, y más si el ataque viene desde dentro”, sostiene un influyente prelado a eldiario.es.

El lunes previo a la votación, incluso algunos prelados de la línea de Sanz-Rouco sacaron el tema en la discusión previa a la votación de sondeo. Omella, cuentan fuentes conocedoras de la reunión, se mantuvo impertérrito. Como si el panfleto no fuera con él. El resultado de la primera votación dejó todo muy abierto, con Omella y Sanz prácticamente empatados, y la sorpresa (que después de confirmaría) de un notable apoyo para Carlos Osoro. Los otros posibles candidatos (Iceta, Ginés García Beltrán y Cañizares) comenzaban a desinflarse.

Así se llegó a la votación del martes, con la pugna abierta entre Omella y Sanz. Antes de la primera votación, Cañizares –que controlaba alrededor de una decena de votos– optó por el cardenal de Barcelona, y Omella se quedó a un voto de la mayoría absoluta, que se consiguió en segunda votación.

Desterrar la herencia de Rouco Varela

Pero la victoria de los moderados llevaban fraguándose en realidad más de un año. En noviembre de 2018, Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, fue nombrado secretario general y portavoz de la CEE. El candidato que todos daban por elegido era Jorge Fernández Sangrador, vicario general de la diócesis de Oviedo y hombre de total confianza del arzobispo Jesús Sanz, el elegido por Rouco Varela para presidir la Conferencia Episcopal. Sin embargo, resultó elegido un hombre moderado, con gran capacidad de comunicación y, sobre todo, alejado del aparato de la Curia española.

A partir de ese momento, varios obispos –los cardenales Osoro y Omella, el arzobispo castrense, Juan del Río, o los obispos de Getafe (Ginés García Beltrán) o Mondoñedo-Ferrol (Luis Ángel de las Heras), entre ellos– comenzaron a entrever la posibilidad de acabar con el férreo control del sector conservador en la Conferencia Episcopal.

¿El problema? No había un candidato que evitara la confrontación. El cardenal Osoro había sido vetado expresamente por Rouco Varela, quien no había encajado que el Papa le hubiera nombrado arzobispo de Madrid en lugar de a Fidel Herráez, histórico auxiliar del cardenal gallego y que finalmente hubo de consolarse con la sede de Burgos.

La polémica del 1-O

En cuanto a Juan José Omella, el obispo más cercano a Francisco en España, a su talante moderado se unía su condición de arzobispo de Barcelona, y su trabajo mediador en plena crisis posterior al 1 de Octubre entre Cataluña y el Estado español. Omella y Osoro tuvieron un papel esencial en las conversaciones –especialmente con Oriol Junqueras, católico reconocido– para tratar de evitar que Carles Puigdemont declarara la independencia. Esto suponía, para varios influyentes prelados, que consideran la unidad de España como “un bien moral”, razón más que de sobra para no votar por el cardenal de Barcelona.

Durante meses, los obispos del sector renovador comenzaron una labor silenciosa para atraer a los obispos más dubitativos, una veintena, que no deciden su voto hasta el final. El núcleo conservador, entretanto, intentaba moverse lo menos posible (algunos de sus alfiles, como Munilla, Reig o Zornoza se han visto demasiado en los medios por sus polémicas sobre escándalos inmobiliarios, moral sexual o cercanía a la ultraderecha), pero se hacían notar con ausencias evidentes, como cuando en septiembre ningún obispo de este sector (ni siquiera el auxiliar de Osoro en Madrid, Juan Antonio Martínez Camino), participaban del macroencuentro de Sant'Egidio por la paz celebrado en la capital.

Un encuentro en Barcelona

Las elecciones generales de noviembre, y el anuncio del gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos rompió con el silencio autoimpuesto de los ultras. El propio Jesús Sanz ya marcó territorio pidiendo rezar contra el futuro Ejecutivo social-comunista. Mientras tanto, se produjo el primer encuentro verdaderamente significativo entre Omella y Osoro. Con motivo de un encuentro sobre la evangelización en las grandes ciudades en Barcelona, los dos cardenales contemplaron la posibilidad de crear, por fin, un 'polo pro-Francisco', que se visibilizara en las elecciones de marzo.

A partir de ese momento, y con las fuerzas claramente enfrentadas, surgían tres bloques. El comandado por Omella y Osoro, con el innegable apoyo de Roma y el beneplácito de Moncloa; el capitaneado por Sanz (con Rouco en la sombra), con una veintena de prelados fijos; y la duda del 'bloque valenciano', que intentaba postular a un cardenal Cañizares que había visto mermada su salud en los últimos meses, pero que jugó un papel especialmente relevante para decantar la balanza hacia Omella.

La lógica episcopal sugería que Sanz se quedara con la vicepresidencia. Pero aquí llegó la sorpresa: en una dura competencia (tercera votación, y por apenas siete votos), el cardenal de Madrid alcanzaba la vicepresidencia. Se completaba así el 'ticket' planteado en diciembre en Barcelona, y avalado por el Papa Francisco y su nuevo embajador en España, el Nuncio Bernardito Auza.

El arzobispo de Oviedo tuvo que conformarse con estar presente en una Comisión Ejecutiva de nueve miembros de los que al menos cinco son netamente 'francisquistas', lo que permite asegurar que el cambio en el estilo y las formas de la Casa de la Iglesia cambiarán, especialmente en lo tocante a su relación con el Gobierno. De ello ya se encargó el nuevo presidente en su primera comparecencia pública, asegurando que “nos necesitamos, estamos dispuestos a colaborar siempre”.

Cambiar una treintena de obispos

¿Qué sucederá ahora? Que el tándem Omella-Osoro llevará directamente las negociaciones con el Gobierno –el cardenal de Barcelona dejará al de Madrid el contacto directo, que Osoro ya ha comenzado con algunos ministerios–, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Cardenales. Un consejo remozado en los nuevos estatutos, compuesto por los cardenales menores de 80 años –Omella, Osoro, Blázquez y Cañizares. Rouco se queda fuera– y que, junto al Nuncio, se encargará de elaborar las ternas para los nuevos obispos que cambiarán el rostro de la Iglesia española.

Y es que, en los próximos dos años, al menos una treintena de diócesis quedarán vacantes por jubilación. Como sucedió durante la Transición, con el cardenal Tarancón en Madrid y el Nuncio Dadaglio, la Iglesia española diseñará el cambio generacional e ideológico que precisa, para aggiornarla con el estilo del papa Francisco. Siete años después, al fin, es posible.

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Juan José Omella es, desde esta mañana, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Siete años después, al fin, los obispos españoles asumen la 'línea Francisco' y eligen al que, sin lugar a dudas, es el elegido por Bergoglio para liderar la transición en la Iglesia española. De hecho, su vicepresidente será Carlos Osoro, considerado el hombre del Papa en España.

La fuerza del sector rouquista, esta vez, no ha podido imponer a su candidato. Se abre una nueva etapa para el episcopado de nuestro país, liderada por Omella, con el apoyo indudable del Consejo de Cardenales (en el que se encuentra su gran aliado, Carlos Osoro) y la plena aquiescencia de Roma, personificada en el nuevo Nuncio, Bernardito Auza.

El prelado ha recibido la noticia con tranquilidad, sabedor de que su candidatura era la lógica, pese a los intentos de última hora de los sectores ultraconservadores –episcopales y mediáticos– por descabalgarle. Su elección, además, marcará un antes y un después en las relaciones con el Gobierno. El cardenal de Barcelona, además, jugará un papel importante como mediador en el conflicto catalán, que ha entrado en una nueva fase.

Transición en el episcopado

Su cercanía con Roma hará, además, posible la necesaria transición entre el modelo de obispo tradicional en España y los deseos de Francisco. En estos dos próximos años, más de una treintena de diócesis quedarán vacantes. El papel que jugará Omella (miembro de la Congregación de Obispos) junto a Osoro (el tiket que RD anunció en diciembre ha funcionado), Blázquez y Cañizares, y el nuncio Auza, será fundamental para cambiar el rostro de la Iglesia española.

Entre los retos, abordar la 'mayoría de edad' de los laicos españoles, como quedó demostrado en el reciente Congreso de Laicos. Su auxiliar, Toni Vadell, que pronunció la ponencia final, será un factor importante en esta tesitura. También, el aggionarmento en la relación con la sociedad y los medios de comunicación. La relación con el Gobierno, sin duda, mejorará. Y en breve se reunirá tanto con la vicepresidenta Calvo como como el presidente Sánchez.

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El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha asegurado estar “contento” y “confiado en que todo irá bien” tras declarar este viernes ante la juez como imputado –investigado, según la nueva denominación– por falsificar documentos privados de un sacerdote para expulsarlo de la iglesia.

El sacerdote que ha denunciado a Omella fue apartado de la iglesia por romper presuntamente el celibato y haber tenido un hijo, extremos que el cura niega. Omella ha declarado este viernes en el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona durante menos de diez minutos, y en una breve atención a los medios a la salida del juzgado ha asegurado que confía en la justicia y que “la jueza ha entendido bien de qué se trataba”.

Omella ha asistido a los juzgados en calidad de imputado a raíz de la denuncia presentada por un cura que fue expulsado del sacerdocio por la Congregación del Clero del Vaticano a finales de 2017 por “inobservancia” del celibato y “concepción y posterior nacimiento de prole”.

El excura, que no ha hecho declaraciones a la prensa, niega los hechos de los que le acusó la Iglesia y que presuntamente cometió cuando ejercía en la diócesis de Alcalá de Henares (Madrid) y alega que su expulsión del sacerdocio le ha causado perjuicios morales y económicos. Si bien los hechos sucedieron en otra diócesis, cuando la iglesia procedió a su expulsión el sacerdote se encontraba en la diócesis de Omella, y fue este quien le comunicó que se le apartaba del magisterio.

Aunque fue la Congregación para el Clero del Vaticano quien apartó al cura, el exsacerdote acusa a Omella de falsedad en documento privado porque dice que no envió a Roma su escrito de defensa con un acta notarial de la madre de la criatura y una prueba de paternidad que, asegura, documenta que no es el padre.

Ante estas acusaciones, Omella ha asistido hoy a la fase de instrucción previa y ha respondido a las preguntas de la juez “tratando de decir la verdad y nada más que la verdad”, ha asegurado.

La titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona ha citado a declarar como imputado por un presunto delito de falsedad en documento privado al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, por la denuncia presentada contra él por un sacerdote que fue expulsado del clero tras ser acusado de romper el celibato y haber tenido un hijo, que él niega.

La citación, adelantada por El País, se ha cursado para el próximo 12 de julio a raíz de la denuncia la ha presentado M.A.B., que fue expulsado del sacerdocio por la Congregación del Clero del Vaticano a finales de 2017 por “inobservancia” del celibato y “concepción y posterior nacimiento de prole”, esto es, tener un hijo.

El excura niega los hechos de los que le acusó la Iglesia y que presuntamente cometió cuando ejercía en la diócesis de Alcalá de Henares (Madrid) y alega que su expulsión del sacerdocio le ha causado perjuicios morales y económicos. Se da la circunstancia de que el mismo exsacerdote se vio involucrado en otro escándalo en 2014, cuando ejercía en la diócesis de Zaragoza, por el presunto acoso sexual a un diácono de 27 años con el que convivía.

Aunque fue la Congregación para el Clero del Vaticano quien apartó a M.A.B., el exsacerdote acusa a Omella de falsedad en documento privado porque dice que no envió a Roma su escrito de defensa con un acta notarial de la madre de la criatura y una prueba de paternidad.

Fuentes del Arzobispado de Barcelona han señalado a Efe que colaborarán en todo con la Justicia y que el cardenal Omella aportará en su declaración a la juez toda la documentación que acredita por qué se apartó al cura denunciante del sacerdocio de acuerdo con el derecho canónico.

“Mi corazón llora. En este momento, como pastor de Barcelona, comparto el dolor y el sufrimiento de la gente”. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, envió este mensaje de audio el viernes por la noche, desde Roma, una vez consumada la votación en el Parlament que declaraba la independencia de Cataluña, y después de que Mariano Rajoy decretara el artículo 155 y convocara elecciones para el 21 de diciembre.

Omella, uno de los grandes protagonistas silenciosos de las últimas semanas en la crisis catalana, constataba el fracaso de la vía de mediación que, privadamente, le había llevado a mantener diversos encuentros y llamadas para favorecer la distensión entre ambas partes del conflicto. Una vía que el pasado jueves por la mañana, cuando el cardenal de Barcelona aterrizaba en Roma, parecía haber surtido efecto. Omella se iba a encontrar con Francisco con la misión, casi, cumplida.

Cuando el arzobispo de Barcelona se encontraba ese mismo jueves con el papa Francisco, estaba convencido de que, pocos minutos después, el expresident Carles Puigdemont iba a convocar elecciones en Catalunya, frenando así la intervención por parte de La Moncloa. Los sucesos del jueves sorprendieron a todos.

En esa misma jornada, durante un encuentro de Francisco con Scholas Ocurrentes (la fundación educativa creada por el Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires), Bergoglio y Omella aparecieron portando una camiseta del FC Barcelona con los responsables de la fundación del club catalán.

Horas antes, Omella había participado en la reunión de la Congregación de Obispos en Tarragona. Durante las horas previas a la votación del Parlament, los teléfonos echaron humo en Barcelona, Madrid, Valladolid y Roma. Los tres cardenales españoles que, cada uno en su lugar, han intentado mantener viva la vía del diálogo, (Osoro, Omella y Ricardo Blázquez), trataban de dar una respuesta conjunta.

La primera voz fue la de Omella. “Amo profundamente Barcelona y Catalunya, son gente maravillosa. Y amo también a España, y amor a la Europa a la que pertenecemos (…). Deseo y pido al Señor que nos ayude a evitar la confrontación y a construir un futuro en paz”.

Posteriormente, fue el cardenal de Madrid, quien invitó a “no levantar muros, a generar encuentro y reconciliación social. En este momento, en España, con especial fuerza”. Por su parte, Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, reiteraba “apoyo al orden constitucional”, y ha defendido “su restablecimiento”. Con todo, los prelados pensaron que la urdimbre que habían creado podía haber surtido efecto y alcanzado una vía de escape suave.

Se frenó un comunicado

Pese al fracaso en las negociaciones, el papel que distintos personajes de la Iglesia catalana y española han llevado a cabo para intentar frenar la deriva soberanista ha sido muy relevante, siempre desde la discreción. Tanta, que los obispos catalanes, reunidos los pasados martes y miércoles, evitaron hacer pública su voz mediante un comunicado que sí había sido planeado con anterioridad.

La estrategia, seguida por todos, incluso por Xavier Novell, obispo de Solsona, partidario de la independencia, y el único que votó el pasado 1 de octubre, abogaba por el silencio oficial, y la tarea de mediación privada.

Pocos nombres resultan claves para comprender la función de la Iglesia en el conflicto. Los tres hombres del Papa en España, Juan José Omella, Carlos Osoro y el presidente, Ricardo Blázquez, han mantenido, junto al arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, encuentros privados y llamadas entre todas las partes, y han provocado momentos de distensión en unas semanas muy duras para todos.

El papa Francisco ha estado informado desde el primer momento de los pasos que se daban. Con dos elementos: uno, mantener abiertos todos los posibles puentes de diálogo; dos, no interferir ni participar directamente en mediación alguna. No hay que olvidar que el Vaticano, como tal, es un Estado reconocido internacionalmente, por lo que cualquier tipo de intervención debía ser oficiosa, y jamás con un carácter público.

Los dos principales responsables del Govern, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, son dos declarados católicos practicantes, y han escuchado las voces de varios pastores antes de tomar su decisión.

De hecho, las dos únicas comunicaciones públicas, la de los obispos catalanes del 25 de octubre, y la posterior de la Comisión Permanente del Episcopado, del 27, resultan similares. Y todos los obispos se han mantenido en esta tesis, a excepción del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; y del sempiterno obispo de Solsona, Xavier Novell. Dos versos sueltos que no han empañado la labor de los eclesiásticos.

Rebaño dividido para bastante tiempo

Cuestión distinta es la reacción de sacerdotes o religiosos catalanes, con congregaciones absolutamente divididas, o instituciones católicas de corte catalanista, que han virado hacia el independentismo y el reconocimiento de los resultados del 1-O.

En esto, los obispos catalanes son conscientes de que el escenario en el país va camino de enquistarse, y que el trabajo que se pide a la Iglesia en estos próximos meses (sea cual sea el resultado de las elecciones y las decisiones políticas que puedan darse) es el de favorecer la distensión y auspiciar cauces de diálogo y encuentro. Primero, entre la propia Iglesia –que ha quedado fracturada en esta crisis– y segundo, en la sociedad catalana, de la que los cristianos forman parte.

En el resto de la Iglesia española, el trabajo también es importante. Con todo, la nota del 27 de septiembre denotó varias cosas: en primer lugar, el cambio de estrategia en el Episcopado, que se alejaba de la política partidista y abogaba por el consenso; en segundo término, el peso de los tres prelados catalanes en la Permanente de la CEE (Omella, Pujol y Vives); en tercer lugar, el trabajo coordinado, y conocido por el Papa, de los cardenales Blázquez, Osoro y Omella.

No hay, como se quiso vender, una quiebra de confianza entre el presidente de la CEE y los arzobispos de Madrid y Barcelona. Blázquez es un hombre de consensos, y de ceder el testigo a quienes puedan ser más efectivos. Y tanto Osoro en Madrid como Omella en Cataluña han sido capaces de ser escuchados por sus interlocutores.

Junto al papel de los obispos, tampoco es desdeñable el trabajo callado de varios sacerdotes y responsables de comunidades religiosas, que han utilizado todos sus vínculos de confianza para intentar que, finalmente, la ruptura total entre Cataluña y España no se produjera.

La Iglesia, ¿mediadora? En un conflicto que parece cada vez más enquistado, los cardenales de Madrid y Barcelona, Carlos Osoro y Juan José Omella, trabajan, de manera discreta, por no que no vuelen los puentes de diálogo que aún quedan antes de que el lunes el presidente catalán, Carles Puigdemont pueda declarar unilateralmente la independencia de Catalunya.

Desde hace días, ambos purpurados están manteniendo encuentros discretos con distintas personalidades políticas, sociales, económicas y sindicales de ambas partes. También mantienen una estrategia común: que el Vaticano está plenamente informado pero sin implicarse.

Pese a la discreción, se ha sabido que anoche Osoro y Omella fueron recibidos en el Palacio de la Moncloa por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. El propio Omella se reunió el miércoles por la mañana con el vicepresidente de Catalunya, Oriol Junqueras. Y, por la tarde, ha trascendido que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, había hablado telefónicamente con el cardenal de Madrid.

¿Significa esto que la Iglesia pueda mediar en el conflicto? No. Al menos no directamente pues tanto Osoro como Omella temen que cualquier paso concreto que puedan dar podría ser interpretado como una injerencia del Vaticano en un conflicto que el Gobierno considera estrictamente interno. Y es que una hipotética participación de la Santa Sede daría a la Generalitat un trato “entre iguales” con el Estado español, algo que Mariano Rajoy se encargó de asegurar que jamás aceptaría.

Hasta el momento, el más interesado en esta fórmula está siendo el vicepresidente Junqueras. El líder republicano, único católico practicante del Govern, está intentado que sea la Iglesia catalana la que entre en una posible mediación, sea a través del arzobispo de Barcelona, sea a través del abad de Montserrat. Tanto el Gobierno central con la vicepresidenta Saénz de Santamaría como el Govern con el mismo Puigdemont esutiveron en la creación cardenalicia de Omella en el Vaticano.

Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es, tanto en la conversación de anoche en Moncloa, como la de esta mañana en el Arzobispado de Barcelona, los dos cardenales han dejado claro que cualquier participación de la Iglesia tendría que contar con ambos.

Molestia en Moncloa

En ambientes eclesiásticos ha causado cierta extrañeza que Mariano Rajoy se haya dirigido a Omella y Osoro, y no a la cúpula oficial de la Conferencia Episcopal, comandada por su presidente, el cardenal Blázquez  y el cardenal Cañizares (el vicepresidente).

Fuentes conocedoras de estos movimientos aseguran a eldiario.es que el presidente del Gobierno está molesto con la nota de la Comisión Permanente (que leyó Blázquez el jueves), y la participación de Cañizares está descartada, toda vez que el cardenal de Valencia es uno de los férreos defensores de la unidad de España como “bien moral”. Hoy mismo, el purpurado calificaba el referéndum del 1-O como “un acto de sedición, un fraude, una traición, un golpe contra el estado de derecho, una vulneración de la normalidad constitucional de la nación y convivencia en libertad de todos los españoles”. En todo caso, tanto Osoro como Omella mantienen informado al presidente de la Conferencia Episcopal, que avala estos contactos.

Mientras tanto, Roma está permanentemente informada de todo lo que sucede, si bien desde la Santa Sede no se espera ningún posicionamiento del Papa o la Secretaría de Estado. De hecho, el Francisco no mencionó a Cataluña durante su audiencia de este miércoles.

Tras el discurso del Rey, los acontecimientos parecen precipitarse, y el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, que tenía previsto trasladarse este jueves a Roma para participar en la Congregación de Obispos, finalmente se quedará salvo con casi toda probabilidad en la Ciudad Condal. 

Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha defendido que “la concordia es posible”. El cardenal de Valladolid coincide con el Rey en defender el orden constitucional, pero apunta que no está reñido con buscar el diálogo y no descarta como solución al conflicto con Cataluña, que se reforme la Carta Magna.

“La Constitución no es un texto eterno. La palabra de Dios existe para siempre, pero el texto constitucional no, puede ser perfectamente reformado por los cauces que la misma Constitución prevé”, subraya el purpurado.

El presidente de la CEE se ha mostrado convencido de que “la concordia es posible hoy, es el momento de asegurar el orden constitucional y también es el tiempo de la búsqueda del consenso, del diálogo,  no son realidades que se excluyan, el respeto al orden constitucional y buscar entre todos la respuesta más adecuada”.

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha apartat de les seves funcions el capellà homòfob de L'Hospitalet de Llobregat Custodio Ballester concedint-li un “permís d'absència” perquè es prengui “un any sabàtic”.

Ballester, rector de la parròquia de la Immaculada Concepció de L'Hospitalet, ha estat objecte de nombroses crítiques en els últims mesos per les seves declaracions homòfobes, després d'afirmar en una missa que l'homosexualitat és “un pecat gravíssim”. L'any passat, a més, va ser objecte de denúncia per dedicar una missa a la División Azul i omplir l'església de simbologia feixista.

L'Arquebisbat de Barcelona ja va anunciar a finals del 2016 que prendria mesures contra el capellà Ballester per oficiar una missa en honor de la División Azul on es van exhibir ensenyes franquistes i els assistents van alçar el braç fent salutacions feixistes. No obstant això, el sacerdot va continuar al capdavant de la parròquia i al juny va tornar a provocar polèmica amb una missa homòfoba.

La Generalitat fins i tot va obrir un expedient sancionador al rector per les seves manifestacions contra l'homosexualitat i les va remetre a la Fiscalia de Delictes d'Odi per si constituïen un delicte. El capellà va afirmar en una homilia pronunciada en una missa el passat 24 de juny que el món està “podrit i pervertit” i que si els capellans no diuen la veritat, la societat acabarà pensant que “això de ser gai està bé, que és guai”.

En més d'una ocasió, el consistori de L'Hospitalet –començant per l'alcaldessa, Núria Marín–, veïns i entitats municipals han demanat la destitució d'aquest capellà pels seus discursos, i fins i tot dins del propi col·lectiu de capellans alguns han expressat internament la seva malestar amb les posicions radicals d'aquest sacerdot.

L'Arquebisbat, de fet, ja havia ordenat al rector que moderés les seves opinions i no fes arengues polítiques des del púlpit, ordres que Ballester havia desobeït. Aquesta desobediència i el malestar que les seves opinions causen en Omella, d'un tarannà més obert i proper a les tesis del Papa Francesc, han fet que el cardenal arquebisbe mogui fitxa i aparti Ballester de les seves funcions, concedint-li “permís per un any sabàtic”, segons consta al butlletí de l'arxidiòcesi.