Víctimas de la pederastia, en la comisión de investigación del Parlament: “Falta voluntad política para tocar a la Iglesia”

Las palabras de varios supervivientes de abusos sexuales infantiles han abierto este martes la primera sesión de la comisión de investigación del Parlament sobre la pederastia en la Iglesia. Todos ellos, entre los que estaban el escritor Alejandro Palomas o el activista Miguel Hurtado, han reclamado a los diputados que se mejore la prevención, la formación y la rendición de cuentas de los abusadores y sobre todo de las instituciones que les han amparado durante años, especialmente en el caso de la Iglesia Católica.

Algunos de los testigos, víctimas directas y activistas, han pedido que los abusos sexuales a menores no prescriban, porque el trauma dura tantos años que muchos de ellos tardan décadas en poder verbalizar y denunciar los abusos. Los afectados han recriminado a la Iglesia que todavía siga tapando casos y no indemnice a los afectados. “Falta voluntad política para tocar a la Iglesia”, ha proclamado Palomas, que abusado sexualmente por un cura de La Salle Premià de Mar cuando era un niño.

Miguel Hurtado, abusado por un monje de Montserrat, ha denunciado que la abadía ha tapado casos desde finales de los años 60. En su caso no buscaron activamente nuevas posibles víctimas cuando él lo hizo público y trasladaron al monje a otro monasterio. A su juicio, el grupo de investigación interno de la institución católica no fue nada independiente, pero aún así concluyó que habría habido al menos 12 víctimas en 30 años y, pese a los rumores, no se tomaron medidas. Además, aunque el abad Josep Maria Soler pidió disculpas públicas, la abadía no ha querido indemnizar a las víctimas, pese a recibir un millón de euros en subvenciones públicas cada año, según ha explicado.

A la comisión han acudido todos los grupos políticos excepto PP, Ciudadanos y Vox. Los que sí estaban presentes han pedido disculpas a los comparecientes por el tiempo que se ha tardado en constituir ala comisión, y a la vez han recordado también que es la primera de estas características que se crea en todo el Estado, puesto que en el resto de España se ha vehiculado a través del Defensor del Pueblo.

En su intervención, Hurtado ha reclamado que estos casos no prescriban nunca, como ya han hecho otros países en todo el mundo, sobre todo del norte de Europa y América, tanto a nivel penal como civil. En esta última jurisdicción se podría pedir una compensación económica a las instituciones que han ocultado los casos aunque el pederasta ya estuviera muerto. Por otra parte, también ha dicho que las víctimas masculinas son discriminadas, porque a partir de los 18 años ya no pueden recibir ayudas públicas, algo que no ocurre con las mujeres.

Palomas, por su parte, ha lamentado falta de voluntad política: “La Iglesia es como un pulpo con millones de cerebros y tentáculos, que forma parte del aparato del Estado”. El escritor se ha mostrado pesimista sobre los posibles cambios que pueda comportar la comisión de investigación, pero ha propuesto retirar el concierto económico en las escuelas que tengan y sobre todo tapen casos de abusos a alumnos.

Manuel Barbero, víctima y padre de un niño abusado en los Maristas de Les Corts, ha criticado al Parlament por tardar siete años en constituir la comisión desde que saltó su caso a la luz pública. Barbero también ha pedido más apoyo para las víctimas. Según sus cálculos, Joaquim Benítez, el abusador confeso de su hijo, pasará unos 14 años en prisión, lo que costará unos 500.000 euros a las arcas públicas. “¿Cuánto dinero hemos dedicado a las víctimas?”, preguntó a los diputados. Por eso, ha concluido que muchas víctimas se han sentido abandonadas por las administraciones.

De hecho, ha asegurado que el Departamento de Educación no ha sancionado a los Maristas porque si les sacan el concierto habrá 10.000 alumnos que quizá debería asumir la enseñanza pública.

Alexandra Membrive, psicóloga, víctima y presidenta del Mundo de los ASI, ha pedido formación y prevención en las escuelas, las familias, el personal sanitario, policial y judicial, y que algunos centros atiendan también a personas adultas víctimas de abusos infantiles.

Aurora Martín, víctima de abusos dentro de su propia familia, ha reclamado que las leyes protejan más a la infancia y que la normativa aprobada se aplique en toda su extensión. También ha asegurado que casi ningún pedófilo se rehabilita estando en prisión.