Un informe entregado al Parlamento Vasco a instancias del PP por la actual consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, apunta a la existencia de al menos “errores” en el expediente de contratación de las obras del denominado Gogoragunea, el espacio expositivo permanente del Instituto de la Memoria (Gogora), en su sede de Bilbao. Este proyecto, de 3,8 millones y adjudicado a la empresa Bycam, fue puesto en marcha por el anterior equipo del PNV, con Aintzane Ezenarro como directora del organismo. Se da la circunstancia de que Gogoragunea era la plasmación final de una carpa itinerante con la que Gogora recorrió las localidades vascas y cuya contratación motivó también denuncias por comportar decenas de adjudicaciones al grupo de un miembro del PNV, Montai.

El parlamentario del PP Álvaro Gotxi registró en la Cámara una batería de preguntas antes de las vacaciones de verano a la luz de la última auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre los entes autonómicos, que data de mayo de 2025. En ella se mencionaban “deficiencias” en este proceso de adjudicación. Se relacionan, entre otras, la aprobación del gasto por un órgano no competente, que no intervino la comisión central de contratación, que no hay constancia del cumplimiento de la solvencia previa de la adjudicación, que no hubo fiscalización de la Oficina de Control Económico, que la adjudicación superó el plazo máximo, que no se indicaba la garantía de la aplicación del convenio colectivo a los trabajadores de las obras y falta de información sobre la licitación en el perfil del contratante. Gogora nunca envió alegaciones para dar explicaciones al Tribunal de Cuentas.

En el verano de 2024, el área de Derechos Humanos fue una de las que pasó a manos del PSE-EE en la renegociación de la coalición con el PNV. San José es la consejera y Alonso ha ocupado la silla de Ezenarro en Gogora. Precisamente hace unos días trascendió su nombramiento como responsable de contenidos de memoria histórica en la dirección de EiTB, la radiotelevisión pública vasca.

Es el nuevo equipo el que ha entregado la información al Parlamento y no se niegan las anomalías en este contrato. Como “consideración previa”, se indica que antes de la adjudicación a Bycam hubo un intento anterior en 2022 que quedó desierto por entender las empresas que el dinero era insuficiente y no presentar ofertas. Esto “ha dificultado la gestión [del contrato] y ha conllevado errores de carácter formal”, sostienen los gestores de Gogora. Matizan, eso sí, que esto “no ha invalidado el conjunto de la licitación” ni “puesto en riesgo en ningún momento” la “concurrencia competitiva”, es decir, que una variedad de empresas pudieran optar a los trabajos.

Este informe no niega que falta “en el segundo procedimiento” y “a la vista del importe del gasto” la “participación” de la comisión central de contratación. Hubo también un informe “desfavorable” de la Oficina de Control Económico, que apreció “errores de tipo contable”. Es del 20 de febrero de 2024 pero el Consejo de Gobierno, a pocas semanas de las elecciones que pusieron fin a la etapa de Iñigo Urkullu, el 19 de marzo de 2024, autorizó dar continuidad al procedimiento a pesar de los “errores de tipo contable”.

Gogora explica que “es cierto” que hubo plazos que se “demoraron”, si bien entiende que en un momento “posterior” ya se ha ido cumpliendo con todos ellos. “Aunque, tal y como indica en su informe el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se han detectado deficiencias en el expediente de contratación objeto de fiscalización, se han subsanado, aunque con demora, parte de las indicaciones recibidas y se han tomado en consideración el resto para futuras licitaciones. En definitiva, aunque no se envió una respuesta de alegaciones por escrito se han tenido en cuenta las valoraciones recibidas. Añadir al respecto que la concurrencia ha sido garantizada y la mejor prueba de ello es la ausencia de recursos”, expone la consejera San José.

El proyecto de Gogoragunea expone como claro “antecedente” que este espacio expositivo permanente es la continuidad de la carpa itinerante que recorrió Euskadi durante años desde la creación de Gogora en 2016. Prácticamente la totalidad de los contratos formalizados por el Instituto de Memoria fueron con empresas del grupo Montai y, en su mayoría, mediante adjudicaciones directas por debajo del umbral legal aunque luego se repetía para cada ubicación el mismo objeto del contrato. En uno de los pocos concursos llegaron a competir entre sí firmas del mismo grupo. Gogora dependía entonces de Presidencia.

El grupo Montai es del empresario Aitor Elorza, miembro del PNV. Este periódico reveló estas adjudicaciones a comienzos de 2020. El adelanto electoral de 2020 hizo que Ezenarro nunca compareciera en el Parlamento por estos hechos a pesar de las peticiones de la oposición. De hecho, su sucesor Alonso explicó este año cuando acudió a la Cámara por vez primera que la normativa marcaba comparecencias anuales para dar cuenta de su gestión, hecho que en ocho años nunca cumplió Ezenarro.

Gogoragunea, según se expuso cuando se presentó, es una exposición permanente con seis áreas, la Guerra Civil y el franquismo, la represión, la violencia policial y la tortura, ETA, los GAL y otros terrorismos de extrema derecha, la respuesta social y la resiliencia. “El espacio pretende propiciar una reflexión personal y colectiva con el objetivo de reforzar principios y valores éticos y democráticos: deslegitimación de la violencia, no repetición, derechos humanos, pluralismo político y diálogo”, se indicó.

EiTB, la radiotelevisión vasca, ha rescatado a Aintzane Ezenarro (Getaria, 1971) como nueva responsable (“arloburu”, en la jerga interna) de los contenidos sobre memoria histórica, según ha confirmado este periódico de tres fuentes internas. Ezenarro fue hasta el verano de 2024 la directora del Instituto de la Memoria (Gogora) a propuesta del PNV, aunque en sus orígenes políticos fue portavoz de otra formación, Aralar, hasta que rompió con ella por su acercamiento a la izquierda abertzale tradicional en el germen de la creación de la actual EH Bildu.

El consejo de administración de EiTB, reunido este martes en Bilbao, recibió de la dirección del ente la información del nombramiento y una explicación sobre el currículum de Ezenarro, que es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la EHU y que después completó su formación con un máster en derechos humanos (2013) y otro más reciente (2025) en formación del profesorado. En su trayectoria profesional, ha trabajado en 'El Mundo' y en una productora para ETB, en la revista de Elkarri (donde coincidió con quien luego la acompañaría en el Gobierno de Iñigo Urkullu, Jonan Fernández) y después ya en las instituciones con Aralar primero (concejal en Getaria, juntera en Gipuzkoa y parlamentaria autonímica) y con el PNV después (asesora de derechos humanos y directora de Gogora desde su creación).

Ezenarro sustituye a Iñigo Camino, precisamente director de comunicación del área del Gobierno de la que colgaba Gogora en la pasada legislatura, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. El periodista Camino ha emprendido una nueva etapa profesional y deja vacante un puesto en el que ha estado aproximadamente medio año. Se trata de una plaza del organigrama para la que ha habido que superar un proceso de selección externalizado a la consultora Campo & Ochandiano, según fuentes conocedoras del nombramiento. Ahora no se ha vuelto a celebrar un nuevo proceso y se ha tirado de la bolsa creada en la primera ocasión, agregan. Desde ese puesto, Ezenarro coordinará los contenidos memorialísticos, particularmente en televisión, aunque fuentes internas explican que no tendrá capacidad de condicionar los contenidos editoriales en los diferentes soportes informativos.

La exdirigente de Aralar accedió desde primera hora a la dirección del Instituto de la Memoria. Fue su única directora, de hecho, hasta que con la salida de Iñigo Urkullu el PNV renegoció el reparto de áreas con su socio de coalición, el PSE-EE, y le cedió la cartera de Justicia y Derechos Humanos, de la que cuelga Gogora. Durante su etapa, este periódico informó de las decenas de adjudicaciones a un grupo de empresas de un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. El grupo Montai facturó decenas de miles de euros con contrataciones directas de Gogora. Asimismo, el nuevo director socialista, Alberto Alonso, aseguró que quiere imprimir “rigor histórico” al trabajo del organismo y compareció en el Parlamento Vasco para dar cuenta de su actividad, una obligación legal nunca cumplida por su predecesora. Durante el traspaso de poderes, Ezenarro llegó a iniciar la tramitación de un decreto después ya de la investidura de Pradales y cuando estaba claro que no continuaría en el cargo.

Alberto Alonso (Oñati, 1976) es desde 2024 el director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco que gestiona en Euskadi las políticas de la Guerra Civil, la dictadura, los terrorismos de ETA y los GAL y la violencia policial. Licenciado en Historia y ávido lector, ha ocupado diferentes responsabilidades desde que dio el salto de delegado de UGT en Michelin a cargos del PSE-EE en Álava. De 2016 a 2020, con María Jesús San José como consejera, fue director de Osalan, el Instituto de Salud Laboral del Gobierno vasco. Después de un paréntesis como portavoz parlamentario en Medio Ambiente, y de nuevo con la misma consejera, dirige una institución que tiene aproximadamente una década y que había estado controlada desde su nacimiento por Aintzane Ezenarro, exdirigente de Aralar fichada por Iñigo Urkullu y por el PNV. Alonso apunta a que ahora Gogora trabaja con “rigor histórico” y señala que ha salido de su “autismo” y se relaciona con otros organismos memorialísticos, pero, a la vez, asegura que no se han revisado las controvertidas adjudicaciones al grupo de empresas de un cargo del PNV, Montai, durante la etapa anterior.

En pleno contexto festivo en Euskadi, lamenta en una entrevista que ha tenido lugar en la redacción de elDiario.es/Euskadi en Vitoria que el elogio a los victimarios, sobre todo de ETA, siga teniendo protagonismo en las calles; y aboga por profundizar en la información sobre ese pasado en las aulas. Plantea que en otoño se decidirá la fecha del día de la memoria histórica y asegura que en la agenda inmediata de Gogora hay actos de homenaje por el cuadragésimo aniversario de Monbar, el mayor atentado de los GAL, y por el quincuagésimo de los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegui, los últimos del franquismo. Sobre los GAL, y preguntado expresamente por Felipe González, asegura que es “repugnante”, aunque opina que los socialistas actuales han “solventado” ya esos años. Y, sobre los miembros de ETA fusilados, insiste en el concepto de “víctimas victimarios” y recalca que nadie puede pretender orillar que fueron ejecutados sin garantías por un régimen dictatorial e ilegítimo. Sobre si estará listo en 2026 el Memorial del 3 de marzo en Vitoria, avisa de que a la vuelta de las vacaciones empezarán a trabajar en la iglesia.

Cuando se dice que ahora Gogora opera en términos de “rigor histórico”, ¿esto quiere decir que antes no era así?

Para nosotros, el rigor es una condición 'sine qua non'. No significa que hasta ahora no se tuviera, sino que nosotros lo que pretendemos es garantizar que exista. Digamos que el enfoque que se daba hasta ahora era más cuantitativo, de búsqueda de nombres. O sea, el esfuerzo que se había realizado era más el de hacer una especie de base de datos con las diferentes víctimas. Pero el riesgo está cuando empiezas a darle un enfoque también cualitativo, como estamos haciendo ahora. No solamente contamos víctimas: explicamos qué les pasó a esas víctimas. Cuando entras en el ámbito de la interpretación, el riesgo en caer en mitos, en leyendas, en afirmaciones poco asentadas o contrafácticas sin rigor histórico es muy grande. Cada una de las afirmaciones que se hacen tiene que estar debidamente asentada o garantizada, con rigor histórico.

¿Hay algún ejemplo de algo que no se hiciera en esos términos?

No, porque tampoco se hizo ningún esfuerzo en intentar interpretar o, de alguna forma, en darle esa visión más cualitativa. Los números están bien. La tipología de victimización está bien. Hay un esfuerzo muy grande en eso. Pero digamos que le faltaba esa otra visión. No es un reproche de que esto se hizo mal, porque fue una primera fase que era necesaria. Ahora lo que estamos intentando es explicarlo. La primera pregunta que se hace cualquier víctima, indistintamente de la Guerra Civil, del franquismo, de los diferentes terrorismos o de las diferentes violencias políticas que ha habido, es '¿Por qué?'. Hemos superado la primera etapa, que era la de buscar e identificar el mayor número de víctimas. Ahora estamos en la etapa de explicar por qué pasó lo que pasó. Ahí es donde el rigor tiene una gran importancia. No es que hasta ahora Gogora no tuviera rigor a la hora de explicar el contexto, sino que no se había centrado tanto en explicar el contexto.

El área de Derechos Humanos fue uno de los grandes cambios entre el PSE-EE del PNV en esta legislatura. Me imagino que ustedes son conscientes de que es un área sensible. Reciben críticas, de un lado, de PP y Vox y, del otro, de EH Bildu.

Ojalá se pudiera circunscribir la crítica solamente a los partidos políticos. Es un momento donde la política a nivel nacional tiende, sobre todo por parte de los partidos de derechas, hacia la polarización. En ese gran torbellino mediático y político por polarizar a la sociedad española, desafortunadamente, se ha metido a las víctimas. Intentando separarlas. A nadie se le escapa que hay un esfuerzo por hacer de las víctimas del terrorismo de alguna forma la representación de las políticas de la derecha, de la misma manera que se intenta que las víctimas del franquismo de alguna forma se vinculen con la visión de la izquierda. Nos corresponde intentar poner sensatez y rigor histórico, intentar explicar y dar las herramientas suficientes para la construcción de una memoria inclusiva, que respete los derechos humanos. Aquí en Euskadi, por un lado, tenemos una derecha que es la onda expansiva, polarizando todo lo que alcanzan sus manos. Y, por otro lado, tenemos una izquierda abertzale que tiene avances tímidos. No pongo en cuestión, desde luego, el que tengan voluntad de hacerlos. Quizá lo que hay que empezar a plantearse es si el ritmo en el que lo están haciendo es el adecuado. En este mundo absolutamente polarizado, intentar estar en el centro, como es el caso de este Gobierno, es un trabajo complicado.

A nadie se le escapa que hay un esfuerzo por hacer de las víctimas del terrorismo de alguna forma la representación de las políticas de la derecha, de la misma manera que se intenta que las víctimas del franquismo de alguna forma se vinculen con la visión de la izquierda

¿Por qué ha habido tantos cambios en el área de Derechos Humanos? Entre otros, se fue el viceconsejero y se fue el director. Todos en muy pocos meses.

Es una cuestión que se circunscribe, primero, a lo personal. En algunos casos fueron decisiones personales de dar un paso al lado. Como en el ciclismo, lo más importante a la hora de arrancar una bicicleta es ese gran esfuerzo inicial. Luego ya la inercia te va ayudando. Y ese primer esfuerzo puede ser realmente agotador. Es de agradecer también haber podido contar con esas personas que nos ayudaron a dar esos primeros pedales, a dar ese arranque a la legislatura. Y luego, por otro lado, también es potestad de la consejera el adaptar su equipo a aquello que considere que es lo más efectivo para desarrollar sus políticas.

En abril, usted presentó en el Parlamento las líneas generales de Gogora. Su predecesora, Aintzane Ezenarro, nunca había ido al Parlamento a dar explicaciones en casi una década en el cargo.

Yo hablaré de mí, no de terceros. Cuando llegué al cargo, leí la ley de creación de Gogora y vi que había un artículo donde claramente dice que la dirección de Gogora deberá de comparecer ante el Parlamento para dar cuentas de lo hecho y para explicar las líneas de actuación futuras. Es verdad que el equilibrio es un poco difícil, porque luego está el Consejo de Dirección, que es quien decide realmente. Simplemente, lo que hice después del Consejo de Dirección fue pedir una comparecencia en el Parlamento, intentando siempre mantener el respeto a nuestro verdadero órgano rector. Lo hice así porque la ley está para cumplirla. No voy a presumir de cumplir la ley, porque es algo que todo ciudadano tiene que hacer. Los anteriores... Ellos dirán con su conciencia o con su visión de calidad democrática qué es lo que hacían y dejaban de hacer.

¿Han analizado adjudicaciones que se hicieron en la etapa anterior?

No. Ésa no es nuestra función y no estamos aquí para fiscalizar gestiones anteriores. Eso lo hace la Oficina de Control Económico o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Nosotros estamos aquí para trabajar por los derechos humanos, por la convivencia, por la construcción de una memoria desde una perspectiva completa e integradora. Y, no, no estamos aquí para fiscalizar cuentas.

Lo preguntaba porque un grupo de empresas de un cargo del PNV, Montai, se llevó decenas de adjudicaciones y cientos de miles de euros de Gogora.

Eso está fiscalizado, ¿no? elDiario.es, dentro de ese cuarto poder, ha sido muy activo en la denuncia de esas cuestiones y estarán en manos de quien tengan que estar. Desde luego, la nueva dirección está para lo que la ley mandata. Sería incluso traicionar el espíritu de Gogora que, en lugar de estar a lo que tenemos que estar, nos pongamos a auditar cuentas pasadas. Hay otros organismos para eso. Nosotros no vamos a perder el tiempo revisando el pasado.

...

Me refiero al pasado de las cuentas, no al pasado de la memoria.

¿Mantienen contratos con Montai?

No.

¿Montai? Nosotros no vamos a perder el tiempo revisando el pasado. Hay otros organismos para eso.

¿Ha vivido Gogora de espaldas a otros organismos que pueden ser similares, como el Memorial del Estado en Vitoria?

Sí. Creo que eso sí que se puede decir. Gogora ha tenido -vamos a decirlo así- ligeros brotes de autismo. Me lo he encontrado también en otras instituciones en las que he tenido que trabajar, ¿eh? Pero, en este caso concreto, hay que entender que en la memoria tejer relaciones es muy importante. Cita el Memorial. La noticia de mi nombramiento me pilló en el Memorial, en una exposición. Me une una gran amistad con parte del personal del Memorial, que es anterior a mi presencia en Gogora. Pero, más allá de lo personal, creo que es una especie de institución hermana. Tiene visiones y misiones diferentes a las nuestras, pero son absolutamente complementarias. Pero, además, no se mantenía una relación fluida, por ejemplo, con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, o con el Instituto de la Memoria de Navarra, o con el Memorial Democràtic catalán, o con las instituciones del otro lado de los Pirineos.

¿Pasaba eso?

Realmente, había una relación institucionalmente formal, pero no fluida. Nuestro esfuerzo ha sido acercarnos a la Secretaría de Estado, compartir información, abrirnos. Hay una razón muy simple: la sociedad vasca y española se ha movido mucho en los últimos 80 años. Hay muchas personas que viven aquí, que llevan décadas viviendo en Euskadi, pero cuyos antepasados desaparecidos están en Extremadura, en Asturias o en el norte de Castilla. No mantener una relación fluida con otros organismos es, de alguna forma, privar a toda esa ciudadanía de la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Las exhumaciones en Asturias las hace el Gobierno del Principado. Es necesario tener esa fluidez para que a la hora de la toma de datos de ADN, por ejemplo, haya una interconexión a nivel estatal. Y en eso estamos trabajando. También hay un esfuerzo que se está haciendo en el caso de Francia. Se está trabajando con diferentes instituciones públicas francesas. Por ejemplo, para poder hacer algo en el campo de concentración de Gurs. Pero, bueno, no es nada que yo esté haciendo como si fuera un visionario. Entiendo que es la forma normal como ha de trabajar una institución.

Entremos en cada una de las áreas de trabajo de Gogora. ¿Es suficiente la presencia que tiene ahora la información sobre la historia de ETA en las aulas?

No, desde luego que no es suficiente. Lo que estamos viendo en diferentes fiestas -y lo que me temo que nos queda por ver- es una evidencia de que tenemos una juventud que no acaba de entender lo que fue aquello. En el currículum se habla de la historia contemporánea de España. Los programas de historia contemporánea se hacen un poco por etapas políticas, por presidencias. Y me parece muy difícil entender la última parte de la de los Gobiernos de Felipe González, por ejemplo, sin hablar de la violencia política. Sin hablar de ETA, claro, pero sin hablar de la respuesta, del GAL. Y es imposible explicar todo el período de [José María] Aznar sin hablar del pacto antiterrorista o de los atentados del 11M. Es necesario revisar bien el material que estamos utilizando. Es evidente que no estamos sabiendo explicar el papel que tuvo el odio y la violencia en esos momentos de gestación de la sociedad democrática.

Sin embargo, Educación dice que no se plantea incluirlo en la Selectividad.

Lo importante es también aclarar las competencias de cada cual. La Selectividad es competencia de la Universidad, que es quien tiene que asignar lo que entra en la EBAU. Mi opinión es que, desde luego, facilitaría mucho tener preguntas sobre estas cuestiones en la EBAU. Facilitaría mucho para que los centros educativos enfocaran sus clases.

Lo que estamos viendo en diferentes fiestas -y lo que me temo que nos queda por ver- es una evidencia de que tenemos una juventud que no acaba de entender lo que fue la violencia política. Parece que hemos normalizado que se reivindique a ETA, que siga habiendo fotos de gente que tiene delitos de sangre, que asesinó a personas.

La consejera San José anunció, a principios de esta legislatura, una modificación legislativa para reforzar las sanciones en caso de exaltación de victimarios. ¿Cómo va esta propuesta? Covite, por ejemplo, lo ha vuelto a plantear en los últimos días. Apelan a que la normativa vinculada a la memoria histórica sí prevé esas sanciones económicas.

Es un tema jurídicamente complejo. No depende de Gogora. Está en manos de expertos. Me consta que la consejera misma ha encargado a varios expertos en Derecho Constitucional y Derecho Penal que hagan un estudio para intentar aclararlo. No es tan fácil. El riesgo es muy evidente: el de terminar victimizando al victimario. Que se sientan atacados y que puedan reivindicar que encima las víctimas fueron ellos o ellas. Lo que sí puede hacer Gogora -y es fundamental- es trabajar en cuanto a la concienciación. Trabajar en positivo. He de reconocer que este verano se nos ha echado encima. Estamos en agosto. Pero de cara al año que viene estamos trabajando con diferentes agentes de todas las sensibilidades políticas -o al menos de una parte muy importante de ellas- para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de cara al futuro. Se trata de concienciar, de explicar a la ciudadanía dónde están los límites y el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, a las víctimas.

¿Y cómo?

Pongo un ejemplo que yo creo que ha calado bien en la sociedad, que son estos puntos morados que hay en las fiestas. Con el machismo, vemos algo que no nos gusta, que traspasa los límites de la dignidad y el derecho que tenemos a disfrutar de las fiestas sin que nadie nos agreda, nos moleste o nos insulte. Tenemos que ser capaces de hacer calar también ese tipo de sensibilidad en la sociedad en lo que tiene que ver con la violencia política. Seguimos siendo muy laxos a la hora de nuestra reacción para con las manifestaciones de violencia, sobre todo si es en el entorno festivo. Parece que hemos normalizado que se reivindique a ETA, que siga habiendo fotos de gente que tiene delitos de sangre, que asesinó a personas, o que se siga intentando idealizar a esos terroristas como héroes. Vuelvo a la igualdad. En estos últimos veinte años hemos avanzado de una forma espectacular, positivamente. La mayoría no toleramos muchas de las cosas que pasaban antes. Eso ha sido una sensibilización. Creo que en lo que tiene que ver con la violencia política todavía ese trabajo está sin hacer.

Este septiembre, se cumplen 40 años del atentado de Monbar, el más grande de los GAL.

Si me permite, lo pongo contexto y explico cómo estamos trabajando. Haremos lo que ya hemos hecho con el atentado en la Cafetería Rolando. Intentamos escoger atentados paradigmáticos que nos permitan ahondar en diferentes temas. Buscamos en el pasado respuestas a preguntas del presente. Con Rolando lo que queríamos era desidealizar al grupo terrorista ETA, explicar que hubo momentos a lo largo de su historia en los que pudieron dejar las armas y, sin embargo, un grupo minoritario absolutamente radicalizado se quedó con el control y siguió con la violencia. En el caso de Monbar, nos parece que era un atentado que había quedado un poco olvidado a lo largo de la historia. Hablando con los familiares de las víctimas nos recordaron que se sentían un poco apartadas de los discursos oficiales o de la memoria sobre nuestro pasado. Nos parece necesario recordarlo porque es el atentado indiscriminado más grande que cometió el GAL. Es el reflejo de un momento y de un período histórico concreto. Entendíamos que era muy importante hablar de ello porque con este atentado hablábamos de los límites del Estado de Derecho. No todo vale. El Estado de Derecho es el margen que tenemos los demócratas. También nos permite hablar de las víctimas victimarios.

¿En qué va a consistir el homenaje?

Vamos a hacer una exposición. Se pondrá un poco de contexto, se explicará qué es el GAL y los diferentes tipos de GAL. Luego se hará una parte más destinada al atentado en sí. Se contará la historia de cada una de estas víctimas. Eran personas. Están sus familias también colaborando con nosotros y es preciso enseñar el perfil humano de esta gente, con sus luces y sus sombras. Está enfocada también a la juventud, para que pueda ver que hubo 27 víctimas mortales a manos de este grupo y para que no caigan al olvido. Paralelamente, haremos una mesa redonda. Hablaremos desde la perspectiva de los expertos. Y luego están también las familias. Veremos cómo podemos darles voz.

¿Habrá autocrítica del papel que tuvo el PSOE en el GAL?

Soy un militante socialista muy peculiar. Si alguien utilizó las siglas no sólo para organizar sino también para justificar y relativizar todo lo que pasó en torno al GAL, me parece repugnante. Me avergonzaría, de hecho, si ha sido así. Me parece repugnante, insisto.

Por ponerle nombres y apellidos, ¿qué piensa de Felipe González? Últimamente está erigido en adalid de la ética.

Simplemente, le invitaría a que visitara la exposición. Que visite la exposición e incluso que escuche después la mesa redonda. Más allá de los nombres, creo que quienes formaron parte de aquello, aunque fueran del Partido Socialista, suponen algo repugnante. Tenían el mandato legal de proteger el Estado de Derecho y utilizaron esas herramientas para saltárselo y estar fuera de él. Es algo absolutamente condenable, se llame como se llame. Y, si quiere seguir dándome nombres, siga dándome nombres. Me parece repugnante en todos los casos. Diré también que creo que el Partido Socialista en el que yo milito, por lo menos el PSE-EE, nada tiene que ver con eso. Me he reunido en diferentes casas del pueblo con compañeros y compañeras de mi partido, les he explicado esto que estoy haciendo y creo que la aceptación y el aplauso es mayoritario. Este Partido Socialista de ahora tiene solventadas estas cuestiones. Pero, si hay que alzar la voz y decir que aquello fue repugnante, yo no tengo problema en hacerlo.

¿Cuándo se va a conseguir un día de la memoria unitario? ¿El 10 de noviembre de este año va a ser unitario?

¿Qué es unitario?

Bueno, que no haya diferentes actos. Y que los que haya sean compartidos por todas las grandes familias.

El año pasado se me preguntó lo mismo. Si realmente creemos en ese discurso de la convivencia y asumimos que el 10 de noviembre es una fecha escogida por la representación democrática de la ciudadanía vasca, que es el Parlamento, las diferentes opciones políticas tienen difícil justificar el no acercarse al acto que se haga ese día. Es una fecha que se escogió por los grupos que están representados en el Parlamento y nosotros lo respetamos. Será bienvenida toda opción política, toda persona que quiera entrar o participar en los actos de memoria que tendrán lugar el 10 de noviembre. Serán en Vitoria, ya os lo adelanto.

¿Tienen fecha ya para el día de la memoria histórica?

Los medios de comunicación estáis interesados en ello y me parece bien. En el Consejo de Gogora se dio un plazo a los diferentes representantes para que nos remitieran posibles fechas. En el siguiente período parlamentario, que será a partir de septiembre, elevaremos el asunto al Parlamento. La ley lo que dice es que el Consejo de Dirección de Gogora aprobará un listado de fechas que serán remitidas al Parlamento para que ellos tomen la decisión. Lo que defiendo es que tiene que ser una fecha en la que todos nos sintamos integrados, en la que todos nos sintamos cómodos. Y, lo segundo, que tenga en cuenta la visión de una memoria democrática. Tenemos que buscar eventos o fechas que representen algo importante en la construcción de nuestra sociedad democrática. Tenemos que alejarnos de visiones belicistas.

Se habló del 7 de octubre, aniversario del primer Gobierno de José Antonio de Aguirre.

Por ejemplo. Pero también le doy otra fecha posible, la del primer referéndum para aprobar el Estatuto de Autonomía, en 1933. Es la primera vez que en Euskadi votaron las mujeres también.

En su momento, cuando se planteó como posible festivo feminista, se dijo que no era precisamente un ejemplo de proceso electoral limpio y con garantías.

No se puede juzgar con la visión de hoy en día aquel referéndum. Sólo doy fechas diferentes, posibles alternativas. En todo caso, lo que se decidió en aquel referéndum fue lo que posteriormente se defendió a partir de 1936, la autonomía y el Gobierno vasco. Todas las fechas pueden tener su parte polémica. Esto enlaza un poco con una cuestión que me gusta poner sobre la mesa, la de las comunidades de memoria. Hay diferentes formas de ver nuestro pasado y de interpretarlo. Las únicas condiciones necesarias es que todas ellas respetan los derechos humanos y aporten a la construcción de la ciudadanía y a la construcción de la convivencia. Cada uno tiene una forma de interpretar el pasado más o menos acorde o afín a su forma de ver el mundo. Cada una de esas fechas será más o menos incómoda. Lo que hay que buscar es una en la que todos, más o menos, nos sintamos cómodos.

¿Por qué aparecen italianos fascistas y alemanes nazis en el listado de víctimas de la Guerra Civil en Euskadi?

Porque efectivamente es un listado de víctimas de la Guerra Civil en Euskadi. Es un listado, por cierto, aprobado por el Consejo de Dirección de Gogora con el voto a favor de todos los grupos políticos que están allí representados. Se decidió buscar a todas las víctimas de la Guerra Civil en Euskadi con dos criterios. Primero, recogiendo los muertos en Euskadi, que no tienen por qué ser vascos. Y, segundo, recogiendo los casos de aquellos vascos que fallecieron fuera. Ésa es la razón por la que todos esos nombres están. Lo curioso es que se hizo hace siete años. Ahora parece que a alguien, al llegar un director nuevo, le ha dado por mirar una base de datos que ya existía. Por cierto, tal y como consta en acta, el trabajo tuvo un reconocimiento específico y una enhorabuena por parte del representante de EH Bildu, porque era una base de datos muy importante y muy necesaria. ¿Es un homenaje? La misma base de datos también deja bien claro que, después, a la hora del reconocimiento, no es lo mismo el haber estado en un bando sublevado contra la legitimidad de la II República que estar defendiendo el régimen vigente.

El 3 de marzo de 2006, dentro de apenas medio año, es el quincuagésimo aniversario de la matanza de la Policía Armada en Vitoria. ¿Estará listo el Memorial para entonces?

¿Qué entendemos por estar listo? Esto es una cuestión de expectativas. Ahora mismo estamos trabajando en una iglesia con serios problemas no estructurales, pero sí al menos de habitabilidad. Tiene goteras, humedades, etcétera. Entendemos que para el 50 aniversario esa iglesia tiene que estar digna. Tiene que estar bien; tiene que estar preparada; tiene que estar limpia; tiene que tener solucionados todos estos problemas. No puede seguir con esas goteras y con charcos dentro. No puede seguir así. Ya hemos contactado con diferentes empresas constructoras. Estamos en el proceso de presupuestos y entendemos que en septiembre ya empezarán a trabajar en ello. Paralelamente, junto con la Diputación, hemos empezado a hacer el control arqueológico. Estamos contactando con diferentes empresas de arqueología para que nos hagan un sondeo en los diferentes jardines y un dibujo de los diferentes restos que pueda haber de tiros, dentro y fuera de la iglesia para que sean tratados con mimo en las obras. A principios de septiembre o a finales de agosto ya se verá a gente trabajar allí. Después de 3 de marzo de 2026, el Memorial todavía tiene que seguir. Esa iglesia se tiene que convertir en un espacio para el recuerdo de las víctimas, desde luego, pero también un espacio de difusión y de divulgación del contexto histórico en que todo aquello ocurrió. Y eso es un trabajo muy largo. No olvidemos que es un espacio de culto que hay que adaptar para hacerlo museo y encima tenemos que adaptarlo también a unas exigencias normativas actuales que no existían en los años 60, que tienen que ver con la accesibilidad, por ejemplo.

Comprenderá que es un poco sorprendente que, por ejemplo, el no haber encontrado una ubicación para la exposición de belenes que antes había allí esté bloqueando y retrasando algunas actuaciones.

Yo tengo claro que en septiembre entramos. Y entramos a trabajar. Los belenes están ahí, sí. Tendrá que buscarse una solución. Nosotros tenemos un almacén y, desde luego, mi voluntad es que con todo el respeto y evitando dañarlos, los podamos retirar mientras quienes estén afectados por la cuestión encuentren un nuevo local. Desde luego, la Fundación del Memorial del 3 de Marzo no está para buscar locales y mucho menos para pagarlos. Nadie en Vitoria entendería que el Memorial del 3 de Marzo se retrasara un solo día por esta cuestión. Está presupuestada la retirada. Tenemos más o menos ideados algunos locales que pertenecen al Gobierno vasco en los que pudieran estar bien colocados, ordenados como es debido.

Nadie en Vitoria entendería que el Memorial del 3 de Marzo se retrasara un solo día por la cuestión de los belenes. Yo tengo claro que en septiembre entramos. Y entramos a trabajar.

En septiembre, por cierto, también se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo, entre ellos los de 'Txiki' y Otaegui. ¿Se va a hacer algo?

Algo se tendrá que hacer. Quiero ser sincero, todavía no lo tenemos claro. Todavía seguimos barajando varias opciones. Posiblemente hagamos algún tipo de mesa redonda, una jornada más abierta a la ciudadanía y menos académica. Estamos trabajando en ello. Una vez más, volvemos a ese contexto de la víctima victimario. Es verdad que eran dos militantes de ETA y así quedó acreditado. Pero también es verdad que tuvieron un juicio sin ningún tipo de garantías judiciales, que fueron víctimas de un régimen que decidió fusilarlos porque así le interesaba en un momento dado. Fueron unos fusilamientos por parte del Estado, que intentaba era atemorizar a la sociedad, meterla en casa en un momento de pura ebullición social. El formato no lo tenemos cerrado, pero posiblemente sea algún tipo de jornada divulgativa.

Supongo que es consciente de que se haga lo que se haga habrá críticas.

Si algo me está dejando claro este puesto es que haga lo que haga, literalmente y con cualquier asunto, tendré críticas. Pero, si hay críticas, me gustaría que me explicaran por qué hay que defender que un estado dictatorial juzgue por el procedimiento sumarísimo a cinco o seis personas sin ningún tipo de garantías, sin presencia apenas de sus abogados, y que los sentencie directamente a ser fusilados. ¿Dónde puede estar la polémica? Por mucho que hayan militado en diferentes organizaciones terroristas -había también del FRAP-, como demócrata y como profundo defensor de los derechos humanos, jamás defendería ni justificaría que un Estado fusilara a nadie. Y menos sin ningún tipo de garantías. Estamos hablando de un Estado sin ningún tipo de legitimidad, más allá de haber ganado una guerra.

Alberto Alonso (Oñati, 1976) será el nuevo director del Instituto de la Memoria (Gogora), según ha informado el PSE-EE al lehendakari, Imanol Pradales, y han publicado 'El Correo' y 'El Diario Vasco'. Alonso relevará a Aintzane Ezenarro al frente de ese organismo que gestiona las políticas desde la Guerra Civil y la dictadura hasta el terrorismo de ETA y el GAL, pasando por la violencia policial.

Ell acuerdo de coalición con el PNV haya hecho que la cartera de Justicia y Derechos Humanos pase a manos socialistas. Ezenarro, procedente de la extinta formación Aralar, ha sido la única directora que ha tenido Gogora desde su creación. Alonso ya fue director del organismo Osalan con María Jesús San José en la legislatura 2016-2020 y ahora que la consejera ha regresado al Gobierno vuelve a confiar en él aunque para un asunto muy diferente. En el organigrama, Alonso quedará por debajo del viceconsejero Alfredo Retortillo. Se da la circunstancia de que de 2020 a 2024 Alonso se había encargado de ser el portavoz del PSE-EE en un tercer tema, Medio Ambiente. Alonso, que es trabajador de Michelin y delegado sindical, habla euskera y castellano.

Con este nombramiento el PSE-EE continúa vaciando su grupo en el Parlamento Vasco. De los doce electos en las urnas el 21 de abril ya han salido cinco con dirección al Ejecutivo de Imanol Pradales, donde los socialistas han ganado peso y presencia. Aunque Eneko Andueza continúa al frente, han renunciado ya al escaño tres consejeros, Javier Hurtado, Denis Itxaso y la propia San José y Miguel Ángel Páez, que nada más llegar ha pasado a ser viceconsejero.

La anterior directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro, ha activado la tramitación de un relevante decreto de desarrollo de la ley vasca de memoria histórica en pleno cambio político en el Gobierno vasco en el que la cartera de la que dependen estas cuestiones, la de Justicia y Derechos Humanos, ha pasado de manos del PNV, el partido que la propuso para el cargo, a las del PSE-EE dentro de su acuerdo de coalición. En concreto, Ezenarro firmó el inicio del expediente en el Parlamento Vasco nada más terminar Imanol Pradales el discurso de investidura, un debate al que acudió como invitada. El proyecto de decreto está en fase de consulta pública y ella misma, que será relevada en el cargo próximamente, concedió una entrevista en la Cadena Ser explicando las claves del nuevo reglamento cuando ya era conocido que la socialista María Jesús San José iba a ser la nueva consejera del ramo.

La propuesta desarrolla “parcialmente” la ley autonómica, aprobada finalmente en 2023 después de varios intentos fallidos. Gogora ve “necesaria” la elaboración del decreto para garantizar el derecho a obtener un reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, para elaborar el “catálogo” de “lugares, espacios e itinerarios” de relevancia histórica, para disponer de un directorio de entidades memorialísticas y para regular el funcionamiento de la Comisión Asesora de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi. “La consulta se abre a todas aquellas instituciones públicas y personas físicas, así como organizaciones, entidades o asociaciones que puedan considerarse afectadas por esa futura regulación normativa”, se dice también. Ezenarro destacó en la entrevista que las personas asesinadas, encarceladas o exiliadas merecen un reconocimiento como el que prevé la ley estatal. “Esto no quita para que también lo podamos hacer en Euskadi”, manifestó.

Fuentes de Gogora indican que el proceso de elaboración de decretos está tasado y también todo lo relativo a la recogida de aportaciones en la fase de consulta pública, que está abierta hasta el 19 de julio. Añaden que la ley obligaba a tramitar un decreto de desarrollo y que eso es justamente lo que se ha hecho. No obstante, la propia norma fijaba un plazo de un año para el reglamento, es decir, hasta otoño. De su lado, fuentes del PSE-EE explican que será este partido el que a partir de ahora marque las pautas de la política de memoria, como ha sido acordado con el PNV.  “En qué términos se hará el decreto será cosa de la consejera Maria Jesús San José”, recalcan.

Se da por hecha la salida inminente de Ezenarro, que ha sido la única directora en toda la trayectoria de Gogora. Ezenarro era la portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco y se acercó al PNV cuando, tras el final de ETA, en la Cámara se acordó un documento llamado “suelo ético” del que se distanció la parte de su partido más proclive a la izquierda abertzale y que acabó integrada en EH Bildu. Cuando Iñigo Urkullu entró al Gobierno pasó a ser asesora de Presidencia para asuntos de derechos humanos. Fue esa época en la que se constituyó Gogora. Su momento más delicado llegó cuando se reveló que el proyecto estrella del Instituto de la Memoria, una gran carpa itinerante que recorría pueblos y ciudades, se había gestionado con decenas de adjudicaciones al grupo de empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, el grupo Montai.

En el nuevo Gobierno de Imanol Pradales Gogora queda adscrito al nuevo departamento de Justicia y Derechos Humanos de San José, que ya fue consejera de 2016 a 2020, aunque entonces sin estas competencias. Hasta ahora estaba dentro de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por Nerea Melgosa. Por el momento, solamente se conoce que el viceconsejero de Derechos Humanos será el socialista Alfredo Retortillo, exconsejero también de 2016 a 2019. Los socialistas buscan también un nuevo perfil para dirigir Gogora. Este organismo se encarga de preservar la memoria de Euskadi, tanto en la tocante a la Guerra Civil y el franquismo, como al terrorismo de ETA y los GAL o la violencia policial y la tortura.

El acuerdo de coalición de PNV y PSE-EE fija para Gogora algunos deberes. Se alude, por ejemplo, a “dotar a las políticas de memoria, víctimas, convivencia y Derechos Humanos de una infraestructura de impulso sostenido y proyección intergeneracional”. Pero se habla también de “actualizar el plan estratégico de Gogora y sus planes anuales de gestión, manteniendo el espíritu de participación y consenso en el seno de su consejo”.

En lo tocante a la ley de 2023, se habla de “continuar desarrollándola, especialmente en sus capítulos de reconocimiento y reparación de las víctimas; pedagogía social sobre la memoria democrática; búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas; esclarecimiento de la verdad a través de nuevas investigaciones y mapa de lugares; y espacios e itinerarios de la memoria en Euskadi”. Gogora tiene pendiente terminar el espacio expositivo permanente en su sede en el centro de Bilbao, el denominado Gogoragunea y que busca complementarse con el Memorial del Estado, ubicado en Vitoria y centrado en las víctimas de todos los terrorismos, ETA, el GAL o el yihadismo. Está pendiente, igualmente, la puesta en marcha de cara a 2026 del memorial de Vitoria en homenaje a las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976.

Todo el espacio urbano de la localidad vizcaína de Gernika-Lumo será declarado “lugar de memoria” como consecuencia del bombardeo de la Alemania nazi, que operaba al servicio de los golpistas franquistas en la Guerra Civil, en abril de 1937, según ha informado 'El País'. La Dirección General de Memoria Democrática ha aceptado las alegaciones presentadas por varias instituciones vascas, entre ellas las Juntas Generales de Bizkaia, el Ayuntamiento del municipio, el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) y la UPV/EHU, de modo que el espacio protegido no fuera únicamente la Casa de Juntas, que precisamente quedó en pie tras el ataque de la Legión Cóndor capitaneada por el jerarca nazi Wolfram von Richthofen.

Esta figura busca catalogar espacios por su “significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la guerra, la dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”.

El Gobierno vasco ha expresado este martes su satisfacción por el cambio de planes. Fuentes del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, del que depende Gogora (el Instituto de la Memoria), han señalado a Europa Press que se encuentran contentos por que se hayan atendido sus argumentaciones e informes. “Quiero hacer un llamamiento para que en el futuro también todas las iniciativas relacionadas con la memoria y el espacio de la memoria en Euskadi se trabajen de manera coordinada y con una coordinación interinstitucional”, ha dicho en ETB la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro.

Esto llega después de que, en abril, coincidiendo con el octogésimo sexto aniversario de la masacre, se produjera la visita por vez primera de un ministro, en este caso de Félix Bolaños, que ha participado “con orgullo” en los actos en reconocimiento de las víctimas y ha departido con supervivientes. El Gobierno de España, ante algunos emplazamientos para que pida “perdón” o para que reconozca el daño causado, recalcó desde allí que fue un ataque nazi y fascista, que operaban al servicio de los golpistas, y no del Estado. El bombardeo constituyó igualmente un ataque “contra el Gobierno legítimo de la República”, ha enfatizado Bolaños, titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El comunicado con el que ETA anunció el final del terrorismo llegó aproximadamente a las 19.00 horas del 20 de octubre de 2011. Una década después, en la tarde de este día, los Gobiernos central y vasco han organizado actos paralelos y simultáneos de conmemoración en Euskadi en sus respectivos centros de recuerdo a las víctimas, el Memorial de Vitoria y Gogora en Bilbao, que tienen enfoques diferentes en su planteamiento. En el primer acto han hablado dos víctimas y en el segundo han acudido una veintena. Además, la tarde ha dejado un tercer escenario: en Donostia, el partido Sortu, heredero de las estructuras de las antiguas Herri Batasuna, Batasuna o Euskal Herritarrok y al que incluso los arrepentidos de la banda han señalado en este aniversario haber dado cobertura a la violencia, ha planteado un acto alternativo en el que aludido a la situación de los presos de ETA -a los que ha vuelto a tildar de “presos políticos”- y a la necesidad de buscar una “solución democrática al conflicto”.

El acto de Vitoria, en el que ondeaban las banderas vasca, española y europea, ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Le han acompañado los delegados del Gobierno en las comunidades Autónomas vasca y navarra, Denis Itxaso y José Luis Aristi, el director del Memorial, Florencio Domínguez, mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (del PNV), y miembros de PP y PSE-EE, entre ellos el exconsejero de Interior Rodofo Ares, ya retirado de la primera línea. En Bilbao, el anfitrión ha sido el lehendakari, Iñigo Urkullu. Con él, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, consejeros de los dos partidos de la coalición, PNV y PSE-EE, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (también del PNV), y representantes de PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. Han coincidido en ausentarse de ambos actos los integrantes de EH Bildu.

En cuanto a las víctimas, se han repartido. En Vitoria han tomado la palabra Dori Monasterio, hija del primer civil asesinado por ETA, el taxista Fermín Monasterio, cuyo atentado se produjo en 1969, y Alberto Muñagorri, que sobrevivió aunque con grandes secuelas de por vida a una bomba colocada en Errenteria cuando apenas tenía 10 años, en 1982. Ambos han sido muy aplaudidos. En Bilbao, según el comunicado oficial, “ha estado presente una veintena de víctimas de ETA, entre otras Mari Carmen Hernández, viuda de Jesús Maria Pedrosa, Rosa Rodero, viuda de Joseba Goikoetxea, Naiara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, María Jauregi, hija de Juan Maria Jauregi, Jordi Lidón, hijo de José María Lidón, y Jon Doral, hijo de Montxo Doral”, así como “víctimas de otras violencias”. El mensaje en ambos foros, en todo caso, ha sido similar y claro en pro de la deslegitimación de la violencia. De hecho, Monasterio ha agradecido desde el Memorial el programa de víctimas en colegios e institutos, con el que colabora. Se llama Ali-Adian y lo organiza Gogora.

Preguntado por esta aparente duplicidad, el ministro Grande-Marlaska le ha quitado hierro: “Cuantos más conmemoraciones y actos de recuerdo de esa derrota de ETA, mucho mejor. No hay ninguna diferencia. Han sido plurales. Ha habido representantes de todas las instituciones en todos los actos. Para que sea algún día especial, tiene que haber diversos actos”. Eso sí, la doble convocatoria pone en evidencia que en este década los Gobiernos central y vasco han creado sus propios memoriales y con enfoques y actividades diferenciadas. Este 2021 ha abierto sus puertas el del Ministerio del Interior en Vitoria. Lo inauguraron el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Está dedicada a las víctimas del terrorismo en España o españolas asesinadas en el mundo. Esto es, va más allá de los 853 asesinados y 2.500 heridos por ETA, ya incluye al GAL, al yihadismo o al GRAPO. Gogora nació en 2015 y asuma todas estas víctimas en Euskadi más las de la Guerra Civil y la dictadura y las de la violencia policial. Además, este centro con sede en Bilbao se complementa con el museo de Gernika dedicado al bombardeo nazi-fascista de 1937 y pronto con el memorial específico del tiroteo del 3 de marzo de 1976.

La “capitulación” de ETA y las víctimas del GAL

El ministro Grande-Marlaska, de origen vasco y antes juez de la Audiencia Nacional, ha confesado que tuvo una sensación agridulce cuando conoció la noticia hace una década. Ahora diagnostica que “ETA sucumbió por la fortaleza de la sociedad española”. “Aquel jueves no pude evitar una mezcla de dos sentimientos, rabia y liberación. ETA fue vencida por la fortaleza del Estado de Derecho en lo que ha sido el mayor logro de la democracia española. Su cese definitivo fue en realidad una derrota sin paliativos: la banda se vio obligada por la presión policial, judicial, social, política, internacional...”, ha señalado. Y ha avisado de que “esa capitulación no puso fin a la lucha del Estado contra la organización terrorista”. Ha revelado que “en diez años las fuerzas de seguridad han desarrollado operaciones policiales que han permitido la captura de 241 terroristas” y que se han hallado 35 zulos, 900 kilogramos de explosivos, 362 armas, 3.100 detonadores y 6.000 cartuchos. Ha prometido igualmente que es un asunto de Estado el preservar la memoria y dignidad de las víctimas y ha aludido a que no se olvidan de los más de 300 crímenes sin resolver.

En el acto se ha mostrado un documental titulado 'Hierro yermo' de la periodista Mayte Carrasco sobre el acto de marzo de 2021 en el que una apisonadora aplastó miles de armas de ETA (y de otros grupos). El director del Memorial, Domínguez, ha adelantado que con ellas se realizará un monumento en memoria de las víctimas. Y ha añadido también que “una década más tarde” del final del terrorismo hay sectores políticos en Euskadi que no son capaces de asumir el “suelo ético” marcado por el Parlamento Vasco en 2013, en referencia a la izquierda abertzale.

Urkullu, que ya había realizado varios pronunciamientos sobre este aniversario en los últimos días, ha partido de la constatación de que la Euskadi de 2021 “vive y convive mejor”. “Avanzamos”, ha solemnizado. Y ha seguido: “Avanzamos porque tenemos la determinación de recordar y acompañar a las víctimas. Avanzamos porque queremos que las víctimas sigan formando parte activa de la construcción de la convivencia y del futuro”. “No estamos dispuestos a olvidar. La mejor manera de recordar es construir una memoria honesta: ningún ser humano es un objeto cuya vida pueda ser instrumentalizada por nadie para ninguna causa. Los seres humanos no son objetos ni medios. Son personas únicas e irrepetibles, con conciencia, dignidad y derecho a la vida. Parece mentira que tengamos que subrayar esta obviedad. Parece mentira que haya quien todavía no lo acabe de asumir con claridad. Recurrir al terrorismo, como hizo ETA, es arrogarse la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de otras personas. Es un error radical. Un error ético, político y democrático”, ha concluido.

María Jauregi, hija de Maixabel Lasa y del que fuera gobernador civil de Gipuzkoa por el PSOE Juan María Jauregi, ha enfatizado en ese mismo acto que “la juventud tiene que conocer todo el sufrimiento que hemos padecido aquí, con el único objetivo de que no se vuelva a repetir”. “Tenemos que construir el futuro entre todos. La sociedad es plural y debemos respetarnos mutuamente. A través del diálogo debemos intentar buscar puntos de encuentro entre diferentes, construyendo puentes”, ha añadido una Jauregi que ha recordado expresamente que en Euskadi hay víctimas de otros terrorismos y ha puesto ejemplos concretos del GAL.

La coalición PP+Cs ha presentado este miércoles a los otros partidos con representación en el Parlamento Vasco una propuesta para que la Cámara apruebe una declaración institucional solemne con motivo del décimo aniversario del final de la violencia, una fecha que se cumple este miércoles. El texto busca forzar a EH Bildu a que acepte una “condena al terrorismo de ETA” y que se sume a una exigencia de “colaboración en el esclarecimiento de los asesinatos impunes”, más de 300 según las asociaciones de víctimas. La coalición abertzale ya ha rechazado esa terminología en otras ocasiones y, en vísperas de que se celebre el pleno parlamentario de este jueves, varias fuentes parlamentarias ven “imposible” un pronunciamiento unitario salvo giro político mayúsculo.

Conforme al reglamento, el Parlamento solamente puede emitir una declaración institucional con el concurso unánime de todos los partidos políticos. En esta legislatura, con la presencia de Vox, esas sumas han resultados imposibles. Así ocurrió en noviembre del año pasado con un texto contra la violencia de género, vetado por la ultraderecha. A la inversa, en febrero, un mensaje contra el cáncer no fue aceptado por EH Bildu por tener la firma de Vox. Salvo sorpresa política mayúscula, no habrá un mensaje oficial diez años después del final de ETA. En otras ocasiones esto se ha solventado o bien con una lectura oficiosa de los grupos que sí la apoyan ante los medios de comunicación o con la asunción del texto como declaración de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria.

Fuentes parlamentarias indican que el portavoz de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha enviado el documento -de cuatro párrafos- a todos los portavoces y a la presidenta. El texto también ha llegado al buzón de EH Bildu, que prefiere no hacer comentarios al respecto en este momento. Vox ya habría aceptado secundarlo en su formulación original y PSE-EE y PNV ven oportuno un mensaje en esta fecha simbólica, no pondrán “problemas” a su tramitación y, en todo caso, analizarán la literalidad para introducir posibles ajustes. En una línea similar, Elkarrekin Podemos-IU está “a favor de consensuar un texto”, aunque se da un margen para valorar su redacción final.

Se da la circunstancia de que hace diez años tampoco hubo forma de lograr un consenso en torno al comunicado de ETA. Por aquel entonces la izquierda abertzale no estaba en la Cámara como tal al haber sido ilegalizadas varias de sus marcas pero sí dos de los partidos que ahora forman parte de EH Bildu, EA y Aralar, que secundaron texto. Quien se desmarcó fue UPyD, con un escaño. Su portavoz, Gorka Maneiro, interpretó que la propuesta se quedaba corta porque ETA no se había disuelto ni había entregado las armas, por lo que se requerían más exigencias. La presidenta del Parlamento Vasco era entonces Arantza Quiroga, del PP.

Más allá de lo simbólico, en aquella legislatura sí se aprobó el denominado 'suelo ético', una guía para fijar las bases compartidas de lo ocurrido en Euskadi y para gestionar el final de ETA. Sin embargo, ni su gestación fue sencilla ni su recorrido muy largo. El acuerdo original reunió a PNV, PSE-EE, PP, UPyD, EA e IU y lo secundó igualmente quien era portavoz de Aralar, partido escindido en su momento de HB y que tenía cuatro escaños. Ya entonces se había creado Bildu y Amaiur, gérmenes de la actual EH Bildu en la que se integrado y disuelto esa formación. Tres de los cuatro electos por Aralar, encabezados por Aintzane Ezenarro, avalaban ese 'sí' el 'suelo ético'. No lo hizo Dani Maeztu, que luego pasó a EH Bildu. Ezenarro y sus dos compañeros fueron expulsados y la primera, en la actualidad, sigue en política en cargos propuestos por el PNV. Es la directora del Instituto de la Memoria (Gogora). Después de las elecciones de 2012 se replanteó este debate y ya con EH Bildu no hubo consenso unánime. En 2018 y 2019 se votaron igualmente sendas propuestas para rechazar los 'ongi etorri', los recibimientos a exmiembros de ETA a su salida de la cárcel. EH Bildu se abstuvo hace tres años y votó en contra hace dos.

¿Qué saben los jóvenes de 2021 de lo que fue ETA durante medio siglo? Recientes estudios han mostrado que no mucho, pero también apuntan a que no es un problema de desinterés. Este periódico, en el marco del décimo aniversario del final del terrorismo, ha realizado un experimento con ocho estudiantes de cuarto curso de una Universidad vasca y las conclusiones marcan una misma dirección. Conocen más o menos cuando se creó ETA, en pleno franquismo, que sus siglas esconden el lema Euskadi ta Askatasuna (‘Euskadi y Libertad’), que el militar Luis Carrero Blanco, una de sus primeras grandes operaciones, era el sucesor natural del dictador Francisco Franco y que existió el GAL como organización terrorista creada por los aparatos del Estado bajo el pretexto de acabar con ETA. Y no mucho más.

De las ocho encuestas, solamente en cuatro hay una respuesta a quién era Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado en 1997 y cuyo crimen sacó a la calle a miles de personas para protestar. Únicamente un estudiante señala que era edil en Ermua. A Fernando Buesa, vicelehendakari y dirigente socialista asesinado por ETA en 2000, lo menciona una persona, el mismo número de estudiantes que sabe que el nuevo Memorial está emplazado en Vitoria. La prueba se realiza en Donostia, la ciudad con más víctimas de ETA, un dato que no conocen. Tampoco son de dominio común conceptos como ‘kale borroka’ o ‘impuesto revolucionario’.

“Existe un escaso conocimiento sobre la historia reciente de Euskadi y la violencia vivida, pero eso no implica que tengan la cabeza vacía. Cada uno viene con su mochila, disponen de fragmentos de memoria individual y colectiva, ideas, relatos, simbología, etc. En su mayoría, estos proceden de las familias, de las cuadrillas, del entorno social y cultural o de los medios de comunicación y de las redes sociales, habiendo sido comunicados con frecuencia de forma implícita o parcial e interiorizados sin grandes cuestionamientos”, señalaba recientemente a este periódico Izaskun Sáez de la Fuente, investigadora de un proyecto llevado a cabo en la Universidad de Deusto a este respecto.

Para combatir ese desconocimiento y educar en un mensaje de deslegitimación de la violencia, la consejera de Educación entre 2009 y 2012, Isabel Celaá, puso en marcha hace una década un programa llamado ‘Víctimas educadoras’, que consistía en llevar a las aulas testimonios presenciales de afectados por el terrorismo. Inicialmente, el plan generó recelos en el PNV y en Aralar, el partido dirigido entonces por Aintzane Ezenarro. Ahora, un Gobierno liderado por los nacionalistas y con Ezenarro al frente del Instituto de la Memoria (Gogora) mantiene la iniciativa, que ha tomado el nombre de ‘Adi-Adian’. En Navarra existe un formato similar. A finales de 2019 se dio el dato de que al menos 15.000 alumnos habían participado ya en las charlas, ofrecidas no solamente por familiares de asesinados por ETA sino también de víctimas de los GAL o de la violencia policial. Se imparten en el segundo ciclo de Secundaria, en el Bachillerato y también en la Universidad.

El profesor universitario Iñaki García Arrizabalaga es uno de los participantes desde el inicio. Su padre, Juan Manuel García Cordero, fue asesinado en 1980 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una de las ramas de la ETA de la época. Era delegado de Telefónica en Gipuzkoa. Explica que en este década habrá dado entre 30 y 35 charlas, en centros públicos y privados y en grupos de euskera o de castellano, indistintamente. “Para una víctima nunca es agradable rememorar. Pero hay un espíritu de compromiso con la sociedad. Es nuestra aportación a la convivencia. Hay un sentimiento de gratitud y satisfacción de sentir que he pasado por una situación no agradable pero que ha merecido la pena”, señala.

“La participación de un centro es absolutamente voluntaria. Lo que nos hemos encontrado es una acogida muy favorable, una situación de respeto absoluto. Cuando estás delante de los estudiantes, ves que tienen un interés y una atención increíbles. Se les ha hablado poco y mal en sus familias y en la educación y tienen unas ganas enormes de saber. Hay mucha participación y muchas preguntas, aunque evidentemente no es lo mismo tercero de la ESO que tercero de carrera”, explica. No se le olvidará cuando le lanzaron la siguiente hipótesis. “Si tuvieras una pistola, ¿le dispararías ahora al que asesinó a tu padre?”. Cree García Arrizabalaga que llegan a reflexiones y conclusiones a las que no llegaría un adulto “contaminado” por toda la trayectoria previa.

“Cuando nació, se vio esto con muchísimo recelo. ¿Los van a querer adoctrinar? El tiempo ha acabado dando la razón a quienes diseñaron este programa y a quienes lo gestionan ahora. Ofrecemos sentimientos humanos desprovistos de cualquier intencionalidad política. No hay manipulación posible”, defiende. Destaca también la importancia de que colaboren personas que han sufrido violencias de diferente signo. “Que participen otras víctimas debe tomarse de manera absolutamente natural. Lo que planteamos todas es un mensaje de superación del odio y de concordia. Lo que pueda decir Pili Zabala, por ejemplo, lo asumo yo al 100%”, explica sobre la hermana de uno de los casos más duros del terrorismo de Estado, el crimen de Lasa y Zabala.

En vísperas del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo de 2021, celebrado el 11 de marzo, el Gobierno vasco presentó un documento consensuado en el seno del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, en el que se sientan organizaciones como la AVT, Covite o la Fundación Fernando Buesa. En él, se planteaba ampliar ‘Adi-Adian’ para dar cabida también a “personas que ejercieron la violencia y con posterioridad han realizado una profunda reflexión autocrítica de su propio pasado y del recurso a la violencia con fines políticos”, esto es, a miembros de ETA arrepentidos como los de la 'vía Nanclares'. “Un centro educativo tiene que ser valiente para traer a un exterrorista a las aulas. Pero no hay mayor deslegitimador de la violencia terrorista que quien la ha ejercido y que ahora dice que aquello no sirvió para nada. Como experiencia sería perfecto”, asegura García Arrizabalaga.

El Gobierno vasco da por concluido el proceso de exhumaciones de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo en Euskadi, aunque no descarta que pueda producirse en el futuro “algún nuevo hallazgo”. Así lo ha manifestado la directora de Gogora (Instituto de la Memoria), Aintzane Ezenarro, en una entrevista en Radio Vitoria.

“Es evidente que no vamos a recuperar todos los restos humanos que se perdieron tras la Guerra Civil en Euskadi. Han pasado más de 85 años y nuestra geografía ha cambiado mucho. Es imposible, no se puede generar esa expectativa de que vamos a recuperar todos”, ha asegurado. Ezenarro ha considerado que es momento de centrarse en la recuperación y divulgación de la Memoria Histórica, y ha destacado que el anteproyecto de ley aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno ayudara a cumplir este objetivo, informa Europa Press.

Sobre las sanciones que penalizan la apología del franquismo, ha afirmado que en Euskadi no existe problema con esta cuestión. “Desconozco asociaciones franquistas o que hacen apología del franquismo. Eso no quiere decir que no pueda haber algún acto vandálico, no lo sé. Pero no es ese el problema”, ha indicado.

Para la directora de Gogora, “la memoria es absolutamente necesaria” porque “el olvido genera un vacío ético y hay que combatirlo”. “Es necesario que conozcamos todo lo que ha ocurrido en nuestro pasado reciente, todo lo que ha supuesto anteponer una causa política a la dignidad y la vida humana, para valorar en toda su dimensión todo lo que esto supone y poder ahora construir una convivencia mejor que la que hemos tenido”, ha apuntado. En este sentido, ha manifestado que “aflorar la verdad es también hacer justicia, la que reclaman las propias víctimas”. “Una vez de sacada la luz la verdad, hay que divulgarla”, ha subrayado.

Por otro lado, ha anunciado que se convocará un concurso de ideas para desarrollar el proyecto expositivo del Centro Memorial del 3 de marzo, que se ubicará en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio vitoriano de Zaramaga. Además, ha informado de que se están poniendo las bases para la creación de una fundación en la que participen las tres instituciones promotoras (Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria), la Iglesia y las víctimas del 3 de marzo junto con Memoria Gara. En septiembre se culminará este proceso.

La directora del Instituto de la Memoria ha considerado que es “importante” la participación social en este proyecto. “La memoria tiene que ser un espacio en el que nos encontremos”, ha asegurado. Asimismo, ha apuntado que “hay que valorar arquitectónicamente cómo está la iglesia de San Francisco y abordar un concurso de ideas para un proyecto expositivo en este lugar”. Ezenarro ha agradecido al Obispado la cesión para este memorial de esta iglesia, que fue escenario el 3 de marzo de 1976 de la asamblea de trabajadores en huelga, cinco de los cuales fallecieron por disparos de la entonces Policía Armada.

Una treintena de víctimas y familiares de afectados por la violencia policial en Euskadi entre 1960 y 1985 han recibido este sábado la documentación con su acreditación como víctimas en un acto de reconocimiento en Bilbao, en el que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha recordado el “daño” que sufrieron y “el dolor del olvido” que padecieron después. “Sois, como todas las víctimas de la violencia y de vulneraciones de derechos, víctimas de primera”, ha remarcado.

Alrededor de dos centenares de personas han asistido al acto celebrado en el palacio Euskalduna de Bilbao, coincidiendo con el día onternacional de apoyo a las víctimas de tortura, y en el que se ha reconocido a 35 víctimas de entre “los centenares de expedientes” -más de 1.000- que ha recibido la comisión de valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en Euskadi, según recoge Europa Press.

El reconocimiento ha estado presidido por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, acompañada del viceconsejero y la directora de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz y Monika Hernando, respectivamente, y de la directora del Instituto Vasco de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro. También han acudido la vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y los parlamentarios Iñigo Iturrate (PNV), Julen Arzuaga (EH Bildu) y Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU). No la he hecho PP+Cs, que mantiene una posición crítica hacia esta normativa al entender que reconoce víctimas al margen de la Justicia.

El acto de reconocimiento ha contado con la asistencia de los integrantes de la comisión de valoración --integrada por juristas, médicos, psicólogos, forenses e historiadores, entre otros--, y la participación de 30 víctimas directas o familiares de las personas acreditadas. En su intervención, la consejera Artolazabal ha recordado la importancia de la “memoria, verdad, reconocimiento, reparación y garantía de no repetición”.

Tras invitar a los asistentes a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas ya fallecidas, se ha dirigido a las víctimas y familiares presentes en el acto para reconocer “el daño” que sufrieron entonces y también “el dolor más intenso” que han tenido que pasar luego. “El del paso del tiempo, del olvido, del silencio y de la negación y, cuando no, de la estigmatización”, ha lamentado.

Según ha subrayado, fueron “víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, víctimas de una violencia injusta” y son, “como todas las víctimas de la violencia y de vulneraciones de derechos, víctimas de primera”. “Porque no hay víctimas de segunda”, ha subrayado. Tras la consejera ha tomado la palabra la letrada Juana Balmaseda, presidenta de la comisión de valoración, que ha agradecido la confianza recibida por las propias víctimas para “recibir y escuchar su verdad”.

“En la comisión de valoración somos conscientes de la individualidad de cada caso y respetamos enormemente su particular sufrimiento y dolor”, ha afirmado. Asimismo, ha recordado que esta es la primera fase de un trabajo desde que se pusiera en práctica la ley, que abarcará casos hasta 1999, aunque ha iniciado su trabajo con solicitudes de la anterior norma que concluía en 1978.

Posteriormente, se ha procedido a la entrega, por parte de la consejera Beatriz Artolazabal, de las correspondientes carpetas con la resolución y el dictamen de cada caso. De este modo, se ha ido llamando por orden alfabético a las 30 personas presentes en la sala del Palacio Euskalduna. Durante el acto, que ha contado con varias actuaciones interpretadas por Kukai Dantza, también se ha dado la palabra algunas de las víctimas y familiares.

Entre ellos, la hija de Felipe Suárez Delgado, que murió en 1976, con 29 años, tras ser ametrallado por la Guardia Civil el vehículo en el que volvía a Zestoa junto a un amigo. Noelia Suarez ha relatado que lo sucedido fue “muy duro”, también porque la familia “ni siquiera podía decir nada” y tuvo que marcharse “como que habíamos hecho algo malo”. También han intervenido Belén Matabuena, que se define como “mujer, vasca y trabajadora” y que en 1973 fue detenida por la Policía junto a otras compañeras de piso y de nuevo arrestada dos años después. En ambos casos, denunció torturas y malos tratos. Asimismo, ha narrado su caso Inés Barayazarra, detenida por primera vez con 23 años en 1972 y dos veces después en 1975, con torturas, malos tratos y amenazas, que se extendieron a su hermana Pilar. Ante los asistentes, ha pedido que “los malos recuerdos de hoy sirvan para el buen hacer del mañana”, ha advertido de que “falta mucho por reconocer” y ha emplazado a las autoridades a que “luchen contra los atropellos sin mirar a otro lado como hicieron entonces”.

“Las dos denuncias presentadas en 2020 (ambas en noviembre) están resueltas, notificadas a las personas interesadas y publicadas en la web”. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, también presidenta de la Comisión de Ética, explica en una respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco del representante de EH Bildu Josu Estarrona que el organismo que dirige y vela por la buena conducta de los cargos públicos no tiene asuntos en cola del año pasado, el del inicio de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido entonces con la consulta realizada en enero de 2020 por la directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro? Según expuso en rueda de prensa el entonces portavoz del Ejecutivo -y presidente de la Comisión de Ética-, Josu Erkoreka, Ezenarro había remitido a este organismo las contrataciones realizadas con el grupo de empresas Montai, propiedad de un cargo del PNV y que en su mayoría no habían salido a concurso.

Más de un año después, todo apunta a que no se produjo tal consulta. Fuentes del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales -Gogora ahora está encuadrado allí y no en Presidencia- indican que “la Comisión no se ha pronunciado en ningún sentido porque al parecer tampoco consideró que había caso sobre el que pronunciarse”. Lo que hizo Ezenarro fue enviar de manera informal a este comité la misma documentación que analizó tanto la Oficina de Control Económico (OCE) como el Parlamento Vasco. La OCE es otra oficina gubernamental y emitió un informe favorable aludiendo a que, como mucho, el asunto se limitaba a pequeñas irregularidades administrativas. A su frente estaba Javier Losa, exdirigente del PNV de Álava y que estimó que las cuatro marcas del grupo Montai eran independientes entre sí y que no había opacidad alguna en que las unas 'compitieran' con las otras.

Garamendi insiste en su respuesta a Estarrona en que la Comisión de Ética está al día -en teoría debería tener pendiente un nuevo tema de 2021: las vacunaciones irregulares de altos cargos sanitarios- y que no se ha producido “ningún cambio normativo” que haya hecho que en todo el año 2020 solamente se despacharan dos consultas. Sí se aprecia que la actividad de este órgano ha decaído con el paso de los años: 14 consultas en su estreno, en 2013, 11 en 2014, 13 en 2015, 8 en 2016, 11 en 2017, 5 en 2018 y 7 en 2019. La pandemia ha podido condicionar sus trabajos y 2020 ha sido también el año del relevo en la presidencia con la salida de Erkoreka y la llegada de Garamendi, aunque se da la circunstancia de que ninguna de las dos resoluciones las ha firmado ella, sino su colega Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico. La de más calado político no vio anomalías en el salto de varios excargos del Departamento de Salud, entre ellos el exconsejero Jon Darpón, a la aseguradora privada Keralty.

En una interpelación durante la última sesión de control al Gobierno en el Parlamento, el propio Estarrona ironizó que la Comisión de Ética es una “Comisión de Estética”: “Atendiendo a los precedentes, ya sabemos en qué dirección irán esos dictámenes. En la de eximir. Se van a dedicar a maquillar actuaciones de dudosa honestidad, de dudosa ética, como lo han hecho hasta ahora [...]. El sentido de los 68 dictámenes emitidos hasta la fecha desde 2013 [...] se dedican a construir tesis exculpatorias para no reconocer el mal proceder de la mayoría de las denuncias sustanciadas”. Eso sí, en una ocasión sí recomendó la destitución del responsable de la sociedad informática autonómica (Ejie), Agustín Elizegi, por una adjudicación a su exempresa privada. También dio un tirón de orejas al entonces director del Departamento de Economía y Hacienda Hernando Lacalle, ahora viceconsejero, por no comunicar su imputación en una causa penal por una subvención al grupo DenokInn.

PP y EH Bildu han denunciado también en los últimos meses que la Comisión de Ética lleva “desde 2017” sin elaborar sus memorias anuales. Es algo que no ocurre, por ejemplo, en los órganos equivalentes forales, como el de Álava y el de Gipuzkoa. Ante las críticas por el “parón”, Garamendi ha negado la mayor públicamente. “Nada más lejos de la realidad. Les puedo asegurar que está desarrollando sus funciones con total normalidad y le estamos prestando toda la atención y rigor que merece”, ha llegado a solemnizar en el Parlamento.

El Instituto de la Memoria (Gogora) ampliará este 2021 su ámbito de trabajo y sumará al análisis de la Guerra Civil, la represión franquista, el terrorismo de ETA y otras víctimas de violencia una investigación sobre el “trauma reciente” que ha supuesto la pandemia de COVID-19. El organismo dirigido por Aintzane Ezenarro recabará “testimonios” de afectados y familiares de personas fallecidas, según se desprende de la memoria que acompaña a los presupuestos de 2021 de Gogora y que serán presentados este lunes en el Parlamento Vasco como el resto de números del Gobierno.

Gogora contará en 2021 con alrededor de 2,1 millones de presupuesto, una cantidad muy similar a la de 2020. De ellos, algo menos de 0,6 irán destinados a gastos de personal. Como proyecto estrella, el Instituto de la Memoria se plantea avanzar en el desarrollo de un espacio museístico permanente en el patio interior de su sede de Bilbao, como adelantó este periódico. Se trata de dar un espacio fijo a los materiales que han recorrido una veintena de localidades con la muestra itinerante Plaza de la Memoria, que fue la carta de presentación de Gogora desde su creación hace un lustro. En principio, la intención era que tuviera cuatro espacios para hablar de ETA, del GAL y la violencia policial, de la Guerra Civil y de la dictadura.

Precisamente este año desaparece del presupuesto cualquier referencia a este proyecto itinerante, que consistía en una carpa y que ha sido gestionado prácticamente en régimen de exclusividad por las cuatro empresas del cargo del PNV Aitor Elorza, Montai, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok. Muchas de las adjudicaciones fueron directas y en algunos concursos que se pusieron en marcha hubo anomalías como que algunas de estas empresas competían entre sí como si fueran diferentes. Además, todos los municipios que colaboraron con fondos contrataron también a estas mismas empresas. Eibar o Arrasate-Mondragón lo hicieron porque lo indicó Gogora. En 2020, la carpa tenía una dotación de 120.000 euros, aunque no ha habido ninguna edición más desde otoño de 2019 y es previsible que no se haya ejecutado esta partida.

En 2021, se impulsará también un memorial del 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada tiroteó a cinco trabajadores en el barrio de Zaramaga de Vitoria, así como un nuevo columbario en Orduña. Gogora asegura que dará continuidad a otros trabajos como el banco de ADN o la retirada de símbolos franquistas de las calles. A nivel político, el gran asunto pendiente es la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de Euskadi, que quedó pendiente de la pasada legislatura.

Frente a las encuestas que apuntan a que los jóvenes vascos no conocen en detalle quién fue Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace más de dos décadas, o las implicaciones del GAL, terrorismo camuflado de lucha antiterrorista, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha querido poner en valor a una nueva generación vasca que tiene una mirada “limpia” y “no contaminada” del pasado y que defiende “sin odio” y sin ánimo de “venganza” un mensaje de paz. “Apreciamos el lenguaje nuevo que utilizan”, ha subrayado Urkullu en el acto central del Día de la Memoria, dedicado este año precisamente a la importancia de que los jóvenes miren al pasado para que en el futuro no se repita la violencia.

Urkullu se ha hecho rodear de dos jóvenes en la sede de Bilbao del Instituto de la Memoria (Gogora), Ainhize San Andrés y Joanes Atxa, que siendo adolescentes participaron en las charlas que víctimas han ofrecido en las aulas. El programa, en todo caso, apenas ha llegado a un 12% de los institutos, según una reciente respuesta parlamentaria. San Andrés, que en su momento fue entrevistada por este periódico, ha destacado que “es realmente admirable la paz que transmite la mirada” de las víctimas y que sean de ETA o del GAL, “el resultado fue el mismo”, el sufrimiento. Atxa, por su parte, ha pedido a la actual generación que salga de la “pasividad” y se implique de forma “activa” en preservar la memoria.

El lehendakari, acompañado también de la directora de Gogora -que continuará esta legislatura en el cargo aunque se debatió sobre su continuidad especialmente por las contrataciones a un grupo de empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza- ha recalcado que “la Euskadi del presente y del futuro tiene que ser una Euskadi con memoria del pasado”. “La política de memoria es un reto de país. Somos y queremos ser un país con memoria”, ha enfatizado en un acto mitad presencia y mitad virtual por los rigores de la pandemia.

El tradicional homenaje a las víctimas del Parlamento también ha contado con un aforo reducidísimo. Solamente han estado presentes once personas: Iñigo Urkullu, Beatriz Artolazabal, Bakartxo Tejeria, Txarli Prieto, Eva Blanco, Iñigo Iturrate, Gustavo Angulo, Maddalen Iriarte, Eneko Andueza, Miren Gorrotxategi y Joseba Díez Antxustegi. El silencio de la ofrenda floral -con rosas blancas- solamente lo ha roto la banda de música de la Ertzaintza, que ha interpretado 'Lurraren pean sar nindaiteke' de Aita Donostia.

Un año más, se han ausentado los representantes del PP, a los que este año se han unido Ciudadanos y Vox, dos nuevas fuerzas parlamentarias. Consideran que se ha desnaturalizado el sentido del Día de la Memoria al unir el recuerdo a las víctimas del terrorismo con el de las de violencia policial. PP y Ciudadanos, en Vitoria, y Vox, en Bilbao, han organizado actos paralelos a los institucionales. Carlos Iturgaiz ha puesto voz a su posición política y ha criticado que la izquierda abertzale participe el martes en el Día de la Memoria cuando el lunes estaba “aclamando y alabando a los terroristas de ETA” en un 'ongi etorri' en Eibar. El portavoz del PP en Donostia, Borja Corominas, sí ha participado junto a los representantes de EH Bildu y de todos los partidos en el acto organizado por el Ayuntamiento.

El Gobierno de Iñigo Urkullu se ha felicitado por haber ganado todas las batallas judiciales que la derecha abrió contra la ley vasca de reparación de las víctimas policiales en democracia (desde 1978 hasta 1999), que cierra el círculo junto a la normativa sobre víctimas del terrorismo y a las políticas de memoria histórica. La última victoria ha llegado esta semana con el portazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP, como antes se cerró la vía a Ciudadanos y otros pleitos promovidos por sindicatos policiales, que denuncian sentirse señalados sin sentencia judicial. “Entendemos que la constitucionalidad está clara. Eso no significa algún recurso administrativo [en el futuro], pero hoy toca celebrar”, ha enfatizado el equipo de víctimas, ahora ya fuera del área de Presidencia y adscrita al nuevo Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal y que espera resolver ya en “dos o tres meses” las primeras solicitudes de entre las 300 que han presentado ya las víctimas.

Artolazabal ha explicado que, desde septiembre y a partir de ahora con plenas garantías de legalidad, la comisión de expertos creada 'ad hoc' analizará las solicitudes e irá resolviendo expedientes. “Va a ser un trabajo arduo y meticuloso”, ha dicho Artolazabal, que ha insistido en la necesidad de que se avance en el reconocimiento de una “injusticia” que no puede ser calificada simplemente de “abusos policiales” sino como una “vulneración grave de derechos humanos”. El plazo para acceder a los derechos que prevé la ley estará abierto hasta el 21 de diciembre de 2021, tres meses más de lo anunciado.

Hasta la fecha, una decena de ellas han sido ya entrevistas y ahora su caso entra en una fase de análisis de la documentación presentada o de la que pueda requerir de oficio el órgano evaluador. En octubre se realizarán otras cinco sesiones con víctimas -cinco o seis por reunión- para avanzar en esa tarea. Ningún caso ha sido archivado directamente. El equipo de valoración es de 11 miembros, y entre ellos está el forense Paco Etxeberria.

Puerta abierta a la continuidad de Ezenarro en Gogora

En la comparecencia, la consejera Artolazabal ha estado acompañada de la responsable de Víctimas en las dos últimas legislaturas, Monika Hernando, y de la directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro. Ambas formaban parte del equipo anterior, liderado por Jonan Fernández desde Lehendakaritza. Su sola presencia da a entender que la nueva responsable de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales confía en su valía y, de hecho, Artolazabal ha puesto en valor su trabajo públicamente. Eso sí, ha dejado claro que será el nuevo viceconsejero, José Antonio Rodríguez Ranz, que procede de la Universidad de Deusto, el que “desarrolle su equipo” y confirme la continuidad de ambas.

En el caso de Ezenarro pesa sobre ella la polémica en torno a las contrataciones de Gogora desde su creación con el grupo de empresas Montai, capitaneado por un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. Mediante adjudicaciones generalmente sin concurso, estas mercantiles han gestionado en régimen de exclusividad la exposición itinerante de Gogora Plaza de la Memoria. Gogora incluso instó a los ayuntamientos de las localidades por las que pasó el primer año (2016) a contratar a estas mismas empresas. “En este momento, Aintzane está conmigo”, ha respondido Artolazabal a la pregunta sobre la continuidad de la exportavoz de Aralar en el Instituto de la Memoria.

La exconsejera de Industria en la última etapa de Juan José Ibarretxe, Ana Agirre, será la mano derecha de Beatriz Artolazabal en el área de Justicia dentro de una macrocartera que incluye también otras áreas como Igualdad, Memoria Histórica o Políticas Sociales y hasta protección animal. La futura viceconsejera de Justicia -su designación se podría producir el próximo martes- ya ocupó ese mismo cargo con Josu Erkoreka entre 2012 y 2016 y, en los últimos cuatro años, ha ejercido como viceconsejera de Administración y Servicios en el Departamento de Seguridad de Estefanía Beltrán de Heredia.

Agirre volverá a contar en su organigrama con Jon Uriarte como director de la Administración de Justicia, un cargo que ocupó entre 2013 y 2016. Uriarte, exdirector de la Ertzaintza durante el Gobierno de Ibarretxe, era ahora responsable de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos en Lanbide, un área que ha sido traspasada a los socialistas, quienes precisamente gestionaban hasta ahora Justicia.

La consejera Artolazabal deberá definir aún muchos nombramientos. Según 'Deia', Lide Amilibia continuará al frente de la pata social de ese Departamento, que engloba también la Dirección de Juventud. Faltaría elegir una persona para liderar la tercera pata, la relacionada con Igualdad, Derechos Humanos y Cooperación. Será esa persona la que configure su equipo y la que decida la continuidad o no de Aintzane Ezenarro el frente del Instituto de la Memoria (Gogora), que se vio en medio de la polémica por las decenas de adjudicaciones a las empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, para la organización de la carpa itinerante Plaza de la Memoria.

El Gobierno de Iñigo Urkullu continúa definiendo poco a poco equipos y organigramas. Como adelantó este periódico, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, mantendrá como 'número dos' al que ha sido viceconsejero con Beltrán de Heredia durante ocho años, Josu Zubiaga. Sin embargo, saldrá de la estructura el director de la Ertzaintza en este tiempo, Gervasio Gabirondo, un relevo que ha sido acogido con satisfacción por los sindicatos policiales.

En Educación, Patxi Xabier Aizpurua será viceconsejero de Administración y Servicios -la anterior titular, Olatz Garamendi, es ahora consejera- y le acompañarán Alfredo Ruiz al frente de las direcciones de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías y la exparlamentaria Ane Urkiola en Gestión Económica. La edil en Vitoria Amaia Barredo es la nueva viceconsejera de Medio Ambiente y, a su lado, Javier Agirre ocupará la dirección de Administración Ambiental. En el área de Trabajo y Empleo dirigida por Idoia Mendia Jesús Losada -ex de Ihobe- asumirá la responsabilidad de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide.

El 14 de mayo de 2016, la Presidencia del Gobierno vasco organizó un homenaje a las víctimas del franquismo en Donostia, un evento anunciado desde principios de enero -aunque la previsión inicial era hacerlo el 7 de mayo- y cuyo desarrollo fue detallado en la edición del 12 de mayo por el diario 'Deia'. Sin embargo, los contratos para la organización del evento no se formalizaron hasta el 13 de mayo, solamente 24 horas antes. Fueron cuatro adjudicaciones para un servicio total que costó 34.243,61 euros y que recayeron sin concurso en tres de las empresas del cargo del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza, Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa (por partida doble) y Estali La Karpa. Ninguna de las mercantiles relacionadas entre sí facturó por separado más de 18.000 euros (sin IVA), el máximo legal en aquel momento para la concesión de contratos menores o directos.

Según los tres expedientes principales, que son calcados, Montai fue la encargada del “montaje del espacio y escenario” para el evento (10.587,30 euros), Denok recibió el cometido de la “producción”, del sonido o de la iluminación -pero también de imprimir unos paneles y unos vinilos- (8.652,11 euros) y Estali La Karpa tendría que proporcionar una carpa de 20x20 y sus correspondientes contrapesos (14.217,50 euros). Hay una cuarta factura más pequeña, la segunda de Denok, por la cual se le abonan 786,50 euros por la contratación del músico guipuzcoano Pello Ramírez.

El acto tuvo lugar junto al museo de San Telmo. Los presupuestos de las tres compañías tienen sello de entrada de ese 13 de mayo -aunque uno no tiene fecha, el otro es del 9 de mayo y el tercero del 15 de abril-. De esa misma jornada son también las memorias de la directora de Víctimas, Monika Hernando -visadas por la directora de Servicios de Lehendakaritza, María del Yermo Urquijo- y la aprobación de gasto, rubricadas por el secretario general de la Presidencia, Jesús Peña. También se recoge que los trabajos debería iniciarse ese mismo viernes, a tenor de la necesidad de “seguridad” para el montaje desde 24 horas antes del evento. La documentación de las tres empresas la firma la misma persona, Elorza.

Fuentes de la Presidencia vasca defienden que el procedimiento se ajustó en todo momento a la normativa de contratos vigente en aquel año. Además, se apoyan en una auditoría encargada a la OCE (Oficina de Control Económico del Gobierno vasco) a raíz de las primeras publicaciones de este periódico en torno a las contrataciones con el grupo Montai y que revisó todas las adjudicaciones de Lehendakaritza y de sus organismos adscritos -Gogora (Instituto de la Memoria), Emakunde (Instituto de la Mujer) o Cooperación- a estas mercantiles. El informe -firmado por el responsable de la OCE y exmiembro del Araba Buru Batzar Javier Losa- estima que las empresas de Elorza son claramente independientes y también que dentro de un evento no hay irregularidad en dividir los servicios que se contratan.

“El desarrollo de este tipo de eventos requiere distintas prestaciones, en función de su naturaleza, del objetivo al que va dirigido, así como al personal al que se invita, abarcando desde el diseño o parte creativa, que configura la estética del acto, a la realización de invitaciones, desplazamientos, catering, actuaciones musicales, alquiler de elementos audiovisuales y de sonidos, montaje, etc. Todo ello varía

según sea el espacio, interior o exterior y según sea el tamaño. El montaje, propiamente dicho, abarca desde el escenario, las luces, mesas, sillas, guardarropas e incluso decoración floral. Si el acto es en espacios exteriores, se precisa también del alquiler de una carpa. De ahí, que para la realización del acto se recurra a diferentes empresas especializadas en las tareas que se demandan. Teniendo en cuenta que el importe global de las distintas prestaciones de este evento supera el importe

máximo establecido para el contrato menor, éstas podían haberse tramitado en un expediente de contratación, con división en lotes, en su caso. Sin embargo, el órgano promotor interpretó que estas prestaciones cumplen una función técnica individualizada aunque formando parte de la misma unidad operativa, por lo que no suponen fraccionamiento y pueden ser objeto de contratación menor, en la misma línea que la sustentada actualmente por la Instrucción 1/2019 de la OIReScon. A estos efectos, hubiera procedido aportar al expediente la justificación de que las diferentes prestaciones contratadas para el evento gozaban de sustantividad propia que permitía su ejecución separada para una mayor eficacia en la consecución del

objeto del contrato“, argumenta la OCE.

Cada una de las tres adjudicaciones principales viene acompañada de un documento de las empresas en el que Elorza, en nombre de las tres, se compromete a cinco puntos. Dos de ellos aluden claramente a la disponibilidad de medios “materiales y personales” para la realización de los trabajos y a que el servicio “no será objeto de subcontratación”. Estali La Karpa también adquiere esos compromisos a pesar de que en aquella época era una mercantil de reciente creación -cuatro días antes de la inauguración del Instituto de la Memoria (Gogora), con el que empezó a trabajar- y de que, según el Registro Mercantil, en 2016 apenas tuvo de media una plantilla de 0,5 trabajadores. Ese documento sobre las cláusulas del contrato está fechado el 12 de mayo, antes de la firma del propio contrato.

Organizadores de los actos de Urkullu

Las cuatro empresas de Elorza han organizado de manera regular los actos del lehendakari, Iñigo Urkullu, desde su llegada al cargo en 2013, como también habituales en otras áreas del Gobierno vasco como Juventud. En total, son 155 las adjudicaciones solamente en la Presidencia que han recaído en Montai, Denok, Estali La Karpa y, en menor medida, Kultur Kirol Zerbitzuak, una cuarta firma también del empresario guipuzcoano. En otros eventos también se han hecho varios contratos a más de una de estas empresas.

Durante años, el grupo Montai ha organizado entregas de premios como los René Cassin de Derechos Humanos, recepciones de Urkullu a diplomáticos o a la sociedad vasca en Navidad, el tradicional Consejo de Gobierno extraordinario en el Palacio de Miramar, la grabación del mensaje de Nochevieja o la propia toma de posesión del gabinete. Es una cantidad superior al millón de euros y solamente en un caso en Lehendakaritza y en cinco en Gogora las contrataciones han derivado de un concurso abierto a otras empresas.

El mayor volumen de negocio ha procedido del área de Derechos Humanos y, desde su creación, de Gogora. El grupo ha organizado prácticamente todos los homenajes a víctimas de diferente signo (del terrorismo, de la violencia policial o de la dictadura) y, singularmente, ha gestionado en régimen de exclusividad la carpa itinerante de Gogora, el proyecto estrella de este organismo dirigido por Aintzane Ezenarro. Es más, en el primer año de ese proyecto, Plaza de la Memoria, todos los municipios por los que pasó y las diputaciones de Álava y Gipuzkoa contrataron también por indicación de Gogora a las mercantiles de Elorza, como ha publicado este periódico. No sólo se dividía el coste de cada exposición para adjudicar el contrato 'a dedo', sino que dentro de cada una de ellas se llegaba a separar la carpa de sus contrapesos o de la tarima. Ezenarro nunca ha dado explicaciones públicas sobre este asunto desde que trascendiera en enero.

Mesas con mantel, gasóleo y una nueva letra 'k'

Se da la circunstancia de que en Lehendakaritza hay también un número importante de facturas de menor importe por las cuales Montai se encarga de servicios de transporte de banderas, muebles u otras cosas entre sedes del Gobierno. En algunos casos se paga a estas firmas con base principal en Asteasu (Gipuzkoa) para hacer un trayecto de Bilbao a Vitoria, con el consiguiente recargo. Una de las facturas más llamativas es de 1.070,85 euros por la instalación de 15 mesas plegables con mantel negro para un acto, un servicio cuantificado en 75 euros pero incrementado por la mano de obra (460 euros) y por el viaje de Asteasu hasta Vitoria (350 euros).

Hay salidas para repostar gasóleo que se han pagado a 150 euros (más el coste del combustible) o una entrega en la sede de Bruselas para entregar un logotipo (1.312,85 euros). Montai también ha pintado las letras de Irekia, el portal 'web' del Ejecutivo vasco, y creado una nueva 'K'. Ese servicio costó 519,09 euros.

El Instituto de la Memoria (Gogora), un organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno vasco, organizó una exposición itinerante para difundir su actividad como gran iniciativa desde su creación en 2015. La carpa, gestionada en exclusividad por las cuatro empresas vinculadas al miembro del PNV Aitor Elorza (llamadas Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazio, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak), ha visitado una veintena de localidades desde 2016 hasta 2019 y, ese primer año, el proyecto fue cofinanciado por las instituciones locales visitadas, quienes también contrataron al unísono al grupo de empresas de Elorza. En el caso de Vitoria, pagaron parte del coste el Ayuntamiento y la Diputación de Álava. El diputado general, Ramiro González (PNV), ha argumentado que se eligió a Estali La Karpa, porque “se pretendía que fuera igual en todos los lugares” y “el material era el mismo en cada una de las exposiciones”.

En el caso de Vitoria, el coste total -unos 29.000 euros (todas las cifras incluyen el IVA como en los informes oficiales sobre este asunto elaborados por el Gobierno vasco)- se partió en seis adjudicaciones de modo que ninguna por separado superase el máximo de 18.000 euros (en este caso más IVA) que impide tramitar el expediente sin concurso. La “gestión” de la exposición fue contratada a Denok (2.173,46 euros para Vitoria dentro de un contrato para cinco ediciones), Montai recibió la encomienda del “montaje y desmontaje” (un paquete de ocho exposiciones a 2.616,63 euros cada una), Kultur Kirol Zerbitzuak se encargó del transporte y almacenaje del material (2.344,29 euros por cada una de ocho muestras) y a Estali La Karpa le correspondió el alquiler de la carpa (22.263,5 euros). Este último servicio, a su vez, se partió en tres: la lona (11.979 euros abonados por la Diputación), la tarima (5.979,50 euros pagados por el Ayuntamiento) y los contrapesos (4.295 euros, sufragados por el propio Instituto de la Memoria).

El PP ha llevado la factura concreta de la Diputación a la sesión de control de las Juntas Generales de Álava como la semana pasada preguntó por ello al alcalde de Vitoria, el también 'jeltzale' Gorka Urtaran. El diputado general ha garantizado el “escrupuloso respeto a la ley” de la factura concreta de la institución foral, tramitada como contrato menor por no superar el umbral de las adjudicaciones directas. De hecho, ha explicado que encargó “personalmente” un informe para dejarlo claro. “Máxima transparencia, máximo cumplimiento de la legalidad”, ha solemnizado González, que es jurista de profesión.

Sin embargo, González ha parecido dar a entender que fue Gogora quien indicó a quién contratar la carpa. “Consistía la iniciativa en la instalación de una carpa que se pretendía que fuera igual en todos los lugares. El material era el mismo en cada una de las exposiciones y por ese motivo se contrató a Estali La Karpa”, ha señalado el diputado general. “Gogora actuaba de coordinador”, ha añadido. Ello coincide con la versión ofrecida por los Ayuntamientos de Eibar y Arrasate-Mondragón, si bien la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, nunca ha aclarado este extremo.

Estali La Karpa, una de las cuatro patas del grupo Montai, fue creada cuatro días antes de la inauguración de Gogora -6 y 10 de noviembre de 2015, respectivamente- y en aquella época de 2016 no tenía ni trabajadores ni medios materiales. En realidad, la empresa que contrataron Vitoria, Álava y el resto de municipios no es la que realizó el trabajo, ya que la carpa era de la compañía asturiana Langreana de Carpas (Grupo La Karpa). En estas empresas trabajan, además de Elorza, varios miembros del PNV, algunos cargos públicos en activo y dos de ellos miembros del grupo juntero del PNV en Álava, Onintze Guerra y Roberto González Muro.

Desde la bancada del PP, Iñaki Oyarzábal ha denunciado que le “llovieran contratos” no sólo desde Gogora sino desde la Presidencia o de otras áreas del Gobierno vasco a Montai. “Están utilizando las instituciones vascas para beneficiar a empresas del PNV”, ha sentenciado, y ha añadido que algunas prácticas recuerdan a las del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que se saldó con duras condenas a excargos nacionalistas en Álava liderados por Alfredo de Miguel. También EH Bildu y Elkarrekin Podemos han cuestionado en otros momentos estas adjudicaciones, la mayoría 'a dedo'.

González, airado, ha respondido que Álava formalizó “11.879 facturas” en 2016 y que el PP “sólo pregunta por una”. “Lanza acusaciones gravísimas. Se está empeñando en hacer de esta Cámara un Parlamento español. No lo va a conseguir. Esto no va a ser el Congreso de los Diputados. Aquí va a seguir primando una forma de afrontar las cuestiones seria y desde el cumplimiento de la legalidad”, ha apostillado. González, en la legislatura 2007-2011, fue el portavoz del PNV en la comisión de investigación creada para analizar una de las derivadas del 'caso De Miguel', la recalificación de Zambrana por la que cobró comisiones ilegales De Miguel. “Se ha desmontado la idea del delito”, concluyó en una de sus intervenciones. Oyarzábal, de su lado, nada ha dicho del anuncio de la pasada semana del PP de llevar este asunto a la Fiscalía.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha esquivado numerosas preguntas de todas las formaciones de la oposición local (EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos) en relación a las polémicas adjudicaciones 'a dedo' al grupo Montai, empresas propiedad de un miembro del PNV y relacionadas con la carpa itinerante del proyecto Plaza de la Memoria, impulsado por el Instituto de la Memoria (Gogora) y que recaló en abril de 2016 en Vitoria. Urtaran, que ha comparecido este miércoles en una comisión municipal, ha repetido que todo se hizo de un modo “legal” y ha optado por achacar a EH Bildu sus vínculos con ETA y en particular con el denominado 'impuesto revolucionario' y por sacar a relucir los casos de corrupción del PP en España y algunos expedientes de su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria.

En síntesis, la exposición itinerante Plaza de la Memoria -que muestra testimonios de víctimas de la violencia- recorrió una veintena de localidades vascas entre 2016 y 2019. Ese primer año pasó por ocho y todas ellas cofinanciaron los gastos. Las empresas del 'jeltzale' Aitor Elorza han gestionado la carpa en régimen de exclusividad. Ese primer año, Gogora y las instituciones locales por donde pasaba contrataban por separado al mismo grupo empresarial. En el caso de Vitoria, el coste total se partió en seis adjudicaciones de modo que ninguna por separado superase el máximo de 18.000 euros que impide tramitar el expediente sin concurso. 

La “gestión” de la exposición fue contratada a Denok (2.173,46 euros para Vitoria dentro de un contrato para cinco ediciones), Montai recibió la encomienda del “montaje y desmontaje” (un paquete de ocho exposiciones a 2.616,63 euros cada una), Kultur Kirol Zerbitzuak se encargó del transporte y almacenaje del material (2.344,29 euros por cada una de ocho muestras) y a Estali La Karpa le correspondió el alquiler de la carpa (22.263,5 euros). Este último servicio, a su vez, se partió en tres: la lona (11.979 euros abonados por la Diputación), la tarima (5.979,50 euros pagados por el Ayuntamiento) y los contrapesos (4.295 euros, sufragados por el propio Instituto de la Memoria).

Urtaran se ha limitado a señalar que la parte correspondiente al Ayuntamiento es “absolutamente legal” y que el interventor dio su visto bueno a la contratación. Ha indicado que en aquella época no conocía a las empresas implicadas y, además, ha aludido a la “solvencia” y a que “constaba” la “experiencia” de Estali La Karpa, si bien era una compañía de nueva creación -cuatro días antes de que naciera Gogora- y en aquella época no tenía trabajadores. “Se ha gestionado de forma escrupulosa”, ha querido resumir el alcalde.

El regidor del PNV ha dejado sin contestar algunas preguntas de EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos, tales como los motivos de una ausencia de un convenio que detallase el modelo de financiación de la exposición y el por qué del troceamiento de las diferentes facturas. Tampoco ha indicado de quién partió la propuesta de contratar al grupo Montai. Otros municipios como Eibar o Arrasate-Mondragón han confirmado que fue a iniciativa de Gogora, cuya directora, Aintzane Ezenarro, se ha negado a comparecer en el Ayuntamiento alegando que sólo se somete al control del Parlamento. La oposición ha afeado a Urtaran que haya valorado la factura como algo “aislado” y no como parte de un todo, el proyecto Plaza de la Memoria, que ha costado a las instituciones vascas más de 600.000 euros. 

El PP, a la Fiscalía

El alcalde ha considerado que “es un asunto menor” y que el Ayuntamiento no debería perder el tiempo en debatir sobre ello cuando hay temas de “seguridad o servicios sociales” que tendrían que ocupar las agendas de la oposición. Acto seguido, ha atacado a EH Bildu y PP por denunciar irregularidades. Si Miren Larrion (EH Bildu) había destacado los vínculos del PNV con las empresas de Montai, Urtaran ha ironizado que lo “difícil” es hallar empresarios con vínculos con la izquierda abertzale “teniendo en cuenta la trayectoria contra las empresas y los empresarios” y la extorsión para pagar a ETA y evitar secuestros o asesinatos. Ha repetido el argumento en dos ocasiones. Y al PP le ha afeado casos de corrupción en España como la Gürtel e incluso facturas de su última legislatura en el poder en Vitoria (2011-2015). Ha presentado, por ejemplo, un contrato fracturado del año 2012 y ha criticado duramente el procedimiento, dando indirectamente por ciertas las afirmaciones que aseguran que ésa es una práctica ilegal aunque formalmente la cuantía de cada trozo permita formalizar una contratación 'a dedo'. Para Elkarrekin Podemos no ha tenido críticas de esa naturaleza.

Airadas, las portavoces de EH Bildu y PP han pedido amparo al presidente de la comisión municipal, Miguel Garnica (PP), que les ha dado la posibilidad de réplica. En ese turno, la 'popular' Leticia Comerón ha anunciado que su partido acudirá a la Fiscalía con los contratos a Montai, y no sólo con los relativos a Vitoria. “Está nervioso y no ha contestado a nada”, ha concluido. Larrion también ha interpretado que las acusaciones “gruesas” del PNV sólo se pueden explicar porque “se ha tocado hueso” con este tema. Y ha advertido: “Factura 'a dedo' que se haga a Montai, comparecencia que le pediremos”. Oskar Fernández (miembro de Equo dentro de la coalición Elkarrekin Podemos) ha lamentado también las explicaciones no ofrecidas y el “tufillo de clientelismo” de este tema. El PSE-EE es socio del PNV en Vitoria y en el Gobierno vasco -además de en otros ámbitos institucionales- y ha optado por quedarse de perfil. Borja Rodríguez ha leído una intervención genérica que tenía preparada sin ni una sola alusión al tema objeto de debate. 

Durante la comisión, han salido a relucir también los otros contratos de Montai con el Ayuntamiento de Vitoria. Desde 2019 han sido recurrentes las adjudicaciones. Por un lado, la compañía ganó un concurso para gestionar los actos deportivos más importantes pero, por otro, ha sido contratada de manera directa para otros eventos como la Final Four -10.000 euros por una cuenta atrás y un acto relacionado con el baloncesto- o incluso para organizar ruedas de prensa del alcalde. Por un error “dado el volumen de trabajo administrativo” se ha dado de baja en los últimos días una factura duplicada de compra de camisetas (620 euros). Ambas contrataciones fueron de hace un año.

El grupo Montai, conformado por las empresas Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak y propiedad del miembro del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza, ha gestionado en régimen de exclusividad la carpa de la exposición itinerante Plaza de la Memoria, organizada para difundir las políticas de víctimas y memoria histórica por el Instituto de la Memoria (Gogora), un organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno vasco. En total, para la gestión del servicio, las cuatro mercantiles han recibido 41 adjudicaciones de Gogora -36 de ellas de manera directa, sin concurso-, más que exposiciones se han celebrado. Y a ello hay que sumar las contrataciones realizadas -también todas a Montai- de los ocho municipios por los que pasó la carpa en 2016 y que cofinanciaron el proyecto.

Uno de ellos fue Vitoria. La exposición se celebró del 18 al 24 de abril de ese año, pero los trabajos preparatorios se iniciaron mucho antes. En concreto, se activaron el 9 de enero, cuando la entonces directora general de Alcaldía, Blanca Guinea, planteó ya la reserva de la plaza de la Virgen Blanca para la fecha entonces prevista, que luego se modificó. Unas semanas después, el 1 de marzo, el responsable de una de las empresas (Denok), de nombre Haritz Solupe y que en la actualidad es asesor del PNV en la Diputación de Gipuzkoa, escribió un correo electrónico a Guinea “en nombre de Gogora” mencionando una llamada de la semana anterior y ofreciéndole un “dossier básico sobre la exposición y las necesidades técnicas” de la carpa itinerante. 

Dentro del reparto de contratos al grupo Montai por parte de Gogora, Denok, efectivamente, ha recibido sucesivas encomiendas de “gestión” de la muestra. Sin embargo, se da la circunstancia de que, en el caso concreto de la de Vitoria, la adjudicación de ese trabajo se realizó el 8 de abril de 2016, varias semanas después de que Solupe realizase todos los trámites “en nombre de Gogora”. Ocurrió lo mismo en Eibar, cuya gestión se adjudicó en la misma fecha que en Vitoria pero que el grupo Montai ya daba por descontado semanas atrás. 

En esa comunicación del 1 de marzo de Solupe al Ayuntamiento de Vitoria también hay otro elemento llamativo. El asesor de Gogora plantea que “la carpa puede ir contrapesada o anclada al suelo”. Es llamativo porque días atrás, el 26 de febrero, Estali La Karpa había girado ya una factura al Instituto de la Memoria con el concepto “Alquiler de contrapesos para Memoria Plaza Gasteiz” por valor de 4.295,50 euros.

La exposición de Vitoria se financió mediante seis contratos repartidos a las cuatro marcas de Montai y adjudicados de manera directa, aunque el coste total superase los 18.000 euros más IVA fijado entonces como límite para las adjudicaciones 'a dedo'. Además de la gestión contratada a Denok (2.173,46 euros para Vitoria dentro de un contrato para cinco ediciones), Montai recibió la encomienda del “montaje y desmontaje” (un paquete de ocho exposiciones a 2.616,63 euros cada una), Kultur Kirol Zerbitzuak se encargó del transporte y almacenaje del material (2.344,29 euros por cada una de ocho muestras) y a Estali La Karpa le correspondió el alquiler de la carpa (22.263,5 euros). Este último servicio, a su vez, se partió en tres: la lona (11.979 euros abonados por la Diputación), la tarima (5.979,50 euros pagados por el Ayuntamiento) y los contrapesos (4.295 euros, sufragados por el propio Instituto de la Memoria).

Respecto a la colaboración de las instituciones locales de las ciudades visitadas en 2016, en al menos Eibar y Arrasate-Mondragón fue el Gobierno vasco quien les indicó la contratación al grupo Montai. Fuentes de Vitoria, en cambio, señalaron que se seleccionó a Estali La Karpa entre los proveedores “habituales”, si bien era una empresa de nueva creación -cuatro días antes de la inauguración del Instituto de la Memoria- y sin trabajadores en aquella época. En puridad, la carpa en sí la proporcionó una subcontrata asturiana, Langreana de Carpas (Grupo La Karpa). 

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, comparece este miércoles en el Ayuntamiento para dar explicaciones sobre la llegada de la carpa a instancias del PP, que consideró este ejemplo como un nuevo caso de “corrupción”. Los 'populares' también habían requerido la comparecencia de la directora del Instituto de la Memoria, Aintzane Ezenarro, pero ha enviado un escrito declinando la invitación. “La organización institucional de la comunidad autónoma vasca establecida en el ordenamiento en vigor exige que se respeten los distintos ámbitos institucionales tanto cuando se ejerzan las funciones normativas como administrativas y de control, ya que éstas han de circunscribirse al ámbito institucional al que se haya contraído. El Gobierno vasco responde de su política ante el Parlamento Vasco [...]. Por lo expuesto, no procede atender la solicitud de comparecencia”, ha alegado Ezenarro.

Gogora también ha declinado hacer comentarios a este periódico sobre la carpa de Vitoria. Estaba anunciada una comparecencia en el Parlamento para la pasada semana en torno a las adjudicaciones de Gogora a Montai, pero la intervención de Ezenarro en el Parlamento decayó por el adelanto de las elecciones autonómicas. 

El Gobierno, sin embargo, sí solicitó un informe a la Oficina de Control Económico (OCE) sobre los contratos del Instituto de la Memoria -no sólo la carpa, sino las 68 adjudicaciones totales a Montai- y de la Presidencia vasca -88 expedientes, 87 'a dedo' entre 2014 y 2019-. La auditoría concluyó que no había anomalías más allá de algunos defectos de forma y ha sido ampliamente difundida por Aitor Elorza en las últimas semanas. En el Parlamento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que “el Gobierno no perjudica ni beneficia a nadie con contrataciones públicas”.