La situación de los activistas de la Flotilla retenidos en Libia se recrudece. Global Sumud Flotilla ha informado este jueves de que los diez de los 11 activistas retenidos en Libia por las autoridades del país llevan cuatro días de huelga “seca” en un centro de detención “clandestino” y que su salud se está “deteriorando rápidamente”. Según fuentes de la organización, la activista española Alicia Armesto Núñez está en huelga de hambre, pero aún bebe agua.

Según relatan en un comunicado, los integrantes de la Flotilla llevan cuatro jornadas consecutivas negándose a comer y a beber “para protestar contra su encarcelamiento ilegal, la denegación de acceso a la justicia, la prolongación de su detención y los malos tratos”.

Como consecuencia de esta “brutal huelga seca” este miércoles se produjeron varios casos de desmayo, los cuales afectaron especialmente a las mujeres. Pese a esa situación, la Flotilla denuncia que las autoridades libias han negado a los activistas cualquier tipo de asistencia médica externa, no permitiendo que equipos sanitarios “oficiales” entren a visitarles. Esta situación ha hecho que sean los propios médicos que integraban la delegación los que hayan tenido que vigilar y examinar a sus compañeros pese a que “ellos mismos gravemente agotados”

A todo ello se suma el trato que, según denuncian, las autoridades libias están dando a los activistas. La Flotilla afirma que estos están siendo “privados de sus derechos humanos básicos”, retenidos en un complejo penitenciario aislado para civiles y gestionado por las autoridades. Una cárcel que localmente es conocida como “black site” o “centro de detención clandestino”.

“Campaña calculada de acoso psicológico”

Global Sumud Flotilla afirma que los activistas se enfrentan a una “campaña calculada de acoso psicológico e interrogatorios intensivos”, en palabras de la organización citando informes del centro. Todos ellos permanecen “completamente aislados” del mundo exterior, sin ningún tipo de contacto ni con sus familias ni con una representación legal independiente.

Además, acusan a las autoridades de dar a los activistas “deliberadamente” información contradictoria sobre su detención y puesta en libertad. Cada dos días se les promete que serán liberados, algo que “quiebra sistemáticamente su resiliencia psicológica”. En este sentido, la Flotilla afirma que los captores han informado a los detenidos que comparecerán ante un tribunal el próximo martes, algo de lo que los voluntarios desconfían debido al “patrón de engaños administrativos” reiterados. De hecho, creen que otra “táctica cruel diseñada para jugar con sus nervios y prolongar su confinamiento ilegal”.

Por todo ello, la Flotilla exige la entrada inmediata de observadores médicos independientes, el acceso para los cónsules internacionales y la liberación inmediata e incondicional de los 11 voluntarios. Con respecto a la huelga “seca”, advierten a las autoridades libias y al Ministerio del Interior que son “plenamente responsables, tanto legal como moralmente, de la vida y la integridad física” de los activistas. “Una huelga de hambre seca puede ser mortal rápidamente; sin una intervención inmediata, esta crisis humanitaria se convertirá en una tragedia”, zanjan.

La activista española Alicia Armesto, que está en huelga de hambre pero sigue bebiendo, fue visitada el martes por el cónsul de España en Trípoli. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el diplomático trasladó que el Gobierno está ejerciendo “toda la protección diplomática y consular” para que pueda volver cuanto antes a España. El representante español también se reunió con el fiscal general y otras autoridades para lograr su liberación “lo antes posible”. Igualmente, el cónsul comprobó que Armesto había recibido la ropa y los libros que se le había hecho llegar.

Detenidos cuando iban a negociar el paso del convoy humanitario

La crisis comenzó el pasado 24 de mayo, cuando diez activistas fueron detenidos por las autoridades libias. Formaban parte de un convoy de más de 200 personas procedentes de más de 20 países que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, pasando por la frontera de Egipto, pero se quedaron atrapados en el país vecino.

Su intención era negociar con las autoridades libias el paso seguro del convoy. Sin embargo, los diez activistas fueron capturados y obligados a subir a furgonetas sin distintivos por parte de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, del general Jalifa Hafter, y que estaban en manos del Gobierno del este de Libia –que le disputa el poder al Ejecutivo de Trípoli, reconocido por la ONU. Tras la detención, desaparecieron, al igual que Mehdi Bouzguenda, otro voluntario técnico tunecino de 24 años arrestado el 19 de mayo cuando regresaba a su país.

Tras la captura, la detención de los activistas se amplió el 2 de junio diez días más con el pretexto que habían incurrido en infracciones migratorias. En cambio, la Flotilla defiende que todos ellos contaban con visados válidos y habían entrado legalmente al país.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

La empresa de ropa sostenible para el aire libre Patagonia ha presentado una demanda por infracción de marca a la ‘drag queen’ Pattie Gonia, a la que reclaman una cifra ‘simbólica’ de un dólar según lo presentado ante el tribunal federal de Los Ángeles.

La ecologista y ‘drag queen’ Pattie Gonia se ha hecho famosa debido a su activismo en redes sociales, en las que ha acumulado millones de seguidores, lo que le ha llevado a diversificar su marca, y decidir vender ropa y promover así el cuidado del medio ambiente con una solicitud que inició en septiembre, pero que para la empresa Patagonia sería “un daño irreparable” porque se podrían confundir.

Pattie Gonia ve un ataque a su identidad con esta denuncia

La marca Patagonia ha defendido su denuncia a la drag queen Pattie Gonia asegurando que no era algo que deseaban y que mantuvieron “un diálogo activo durante varios años para evitarlo, pero que se ha vuelto necesario para proteger la marca” y su legado de 50 años. Sin embargo, la protagonista ha negado que hayan mantenido conversaciones y que la primera vez que supo de ellos fue cuando le llegó un correo electrónico de su abogado.

“Queremos que Pattie tenga una carrera larga y exitosa y que progrese en temas importantes, pero de una manera que respete la propiedad intelectual de Patagonia y su capacidad para usar nuestra marca para vender productos y abogar por el medio ambiente. Este asunto no se trata de obtener beneficios económicos, ni de cuestionar la identidad de nadie ni su derecho a la defensa, la protesta o la expresión creativa. Lo último que deseábamos era una batalla legal con alguien que comparte nuestros valores, pero debemos proteger nuestro negocio y a nuestros empleados”, afirmó su CEO, Ryan Gellert al respecto.

Un hecho al que Pattie Gonia ha respondido a través de sus redes sociales y ha afirmado que, si esas declaraciones son ciertas, está dispuesta a retirar su marca para que ellos hagan lo propio con la demanda, a la vez que apunta que su trámite ha pasado las primeras fases al no haberse encontrado posible confusión con otras marcas existentes. Si esto no sucede así, entiende que es un ataque hacia su identidad y a la comunidad.

La ‘drag queen’ ha contado que ha buscado “utilizar todos los canales” a su alcance “para resolver esto sin tener que ir a juicio”, pero que solo le han dado dos opciones: “borrar mi nombre, mi activismo, mi comunidad y a todos mis empleados, o luchar por mí misma y luchar por todos nosotros”, un vídeo que ya ha recibido apoyo por parte de sus seguidores, que instan a Patagonia a retirar la demanda contra la activista.

“Esto no es un conflicto de marcas. Se trata de una corporación que intenta silenciar a un activista. Así es como las corporaciones intimidan a las personas que no pueden igualar sus recursos”, denunció a la vez que expresó que su nombre tiene ‘parodia juguetona’ de la marca, pero que esto va intrínseco en lo que se basa el drag, que es “la parodia, los juegos de palabras y las bromas”.

¿Quién es Pattie Gonia?

Wyn Wiley, más conocido artísticamente como Pattie Gonia, es una drag queen estadounidense activista ambiental y también por los derechos LGBTQ+, que actualmente acumula 1,8 millones de seguidores en Instagram o 885.000 en TikTok, y que ha recaudado durante su trayectoria casi 4 millones de dólares para organizaciones sin ánimo de lucho.

Se hizo especialmente conocida cuando publicó sus espectaculares rutas por parques naturales, montañas y espacios protegidos a la vez que divulgaba mensajes a favor del medio ambiente, pero también de la comunidad LGTBIQ+, y se basó también la región geográfica de Argentina y Chile para su nombre artístico, que nació durante un viaje como mochilera en el que se decantó por rendir homenaje en forma de humor a la marca, pero también a los pueblos originarios asociados a este territorio americano.

La marca Patagonia comenzó su historia en 1973 como ‘Chouinard Equipment’, aunque más tarde cambió su nombre después de un viaje a esta región sudamericana que realizó su fundado junto a su amigo Doug Tompkins, que crearía a la empresa rival ‘The North Face’. En 2022, su fundador Yvon Chouinard cedió la totalidad a una organización sin ánimo de lucro para destinar todos sus beneficios a la protección del planeta.

La relatora de la ONU para los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, escribió en su último informe a la Asamblea General: “Hay una corriente de represión contra el activismo climático legítimo en Europa y el resto del mundo. Esto supone un camino hacia la destrucción y los países deben detenerla”.

Lawlor mencionaba explícitamente a España por criminalizar a grupos ecologistas o “infiltrar agentes de policía en grupos de activistas climáticos al menos en doce ocasiones”. Este martes, en uno de los juzgados de lo Penal de Madrid quedó visto para sentencia un juicio contra tres activistas climáticos –María Martínez, Jorge Riechman y Francisco del Pozo– para los que la Fiscalía pide 10 meses de cárcel por “resistencia a la autoridad”, durante una manifestación en 2019.

La vista se celebró menos de una semana después de que, en otro juicio contra nueve activistas de Futuro Vegetal se solicitara pena de prisión de 21 meses por arrojar pintura al agua al edificio del Congreso de los Diputados.

Estos dos procesos penales –y los que quedan pendientes como el juicio a 15 miembros de Rebelión Científica por arrojar agua coloreada al Congreso o la imputación como organización criminal de Futuro Vegetal– son “la resaca de la represión al momento dorado del activismo climático que se vivió desde 2019 en adelante”, reflexiona Francisco del Pozo, recién salido del juzgado.

Esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo

Francisco del Pozo — Greenpeace

Del Pozo, coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, detalla que todos estos casos son consecuencia “de la reacción judicial y policial al momento culminante, al momento dorado del movimiento climático”. Según su visión: “Percibieron que ese movimiento, con aquellas manifestaciones multitudinarias, con las reivindicaciones en muchas ciudades de mundo, se les iba de las manos, que no podían controlarlo. Y dijeron 'esto hay que pararlo'”.

En España se replican mecanismos similares a los que, como indicaba la relatora Lawlor, se están constatando en varios estados de Europa. En Italia, por ejemplo, tres activistas que lanzaron pintura a la fachada del Senado fueron condenados a ocho meses de prisión (en suspenso). Con todo, ellos consideraron que habían conseguido cierto éxito al obtener la atenuante de “actos motivados por causas sociales y morales”, no por vandalismo. Ese argumento se está escuchando ahora en las salas de justicia españolas.

Otras cinco activistas alemanas de un grupo que, tras las acciones judiciales, ha terminado por disolverse, (Letze Generation) están inmersos en un juicio por el delito de organización criminal. El proceso se ha complicado, ya que hay discrepancias entre los juzgados de diferentes lander sobre si aplicar ese tipo penal especialmente grave o no. Mary Lawlor ha hecho referencia específica a este proceso por lo que considera “un uso incorrecto del Código Penal para sancionar acciones no violentas y motivadas por su preocupación legítima acerca del cambio climático y los Derechos Humanos”.

Actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar

Jorge Riechman — Ecologistas en Acción y Rebelión Científica

La ola de castigos severos contre el activismo “es un fenómeno muy preocupante en un momento histórico tremendo: a medida que la situación es más grave y el margen de acción se estrecha, las peticiones de los activistas molestan más”, comenta a elDiario.es Jorge Reichman, otro de los juzgados este martes.

Riechman –filósofo y activista de Ecologistas en Acción y Rebelión Científica– explica que en estos momentos se cruza, por un lado, “un sentimiento de fatalismo apocalíptico sobre el futuro como reflejan los estudios de opinión de los jóvenes con una sensación de hipernormalidad”. Esto último significa que “actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar”.

A eso se le añade la ola internacional conservadora que ha puesto en la mira de la ultraderecha las políticas ecologistas. El resultado es que las reivindicaciones climáticas han llegado a un punto mucho más bajo justo cuando las consecuencias de la crisis climática ya se han hecho muy palpables.

El escarmiento

Uno de los objetivos declarados de buscar penas de prisión es desalentar el activismo más “disruptivo” o “molesto” como lo llaman los propios grupos. El Tribunal Supremo de Gran Bretaña juzgó como forma “legítima” de disuadir estas acciones las penas de varios años de cárcel que están cumpliendo algunos miembros de Stop Oil por cortar el tráfico de una autopista. Sus penas “no son excesivas”, dijeron.

La Fiscalía en España ha emulado esta fórmula al buscar un escarmiento en sus peticiones de pena; “Prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo”, afirmó el fiscal en sus conclusiones al final del juicio contra los activistas de la pintura en el Congreso.

“Los motivos por los que nos pusimos en aquel puente continúan”, admite Francisco del Pozo. “Hay que volver a poner el cuerpo, pero, claro, esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo”. Es el descrito chilling effect. “Hay miedo a poner el cuerpo como antes”.

No es un escenario imaginado, sino presente. El propio Reichman está acusado en el juicio por los actos de Rebelión Científica en el Congreso de 2022. Le piden 21 meses de prisión. Y en ese mismo proceso hay dos acusados que ya esperan sentencia por la reivindicación similar que hicieron un año después en el mismo edificio. Les han solicitado 21 meses de cárcel por cada caso.

Este jueves 28 de mayo se rendirá homenaje a Francisco García Martín 'Epicaris' cuando se cumplen nueve meses de su muerte, el pasado mes de agosto. El acto se celebrará en el Salón Rico de Toledo, en la plaza del Corral de Don Diego, en el Casco Histórico de la ciudad.

Paco García Martín (1959-2025) era natural de la localidad toledana de Villacañas pero estaba afincado en la capital de Castilla-La Mancha. Escritor y autor de numerosas publicaciones relacionadas con la memoria histórica, la historia de la Educación, los jardines históricos o el patrimonio cultural, era licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, además de Licenciado en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), donde también se doctoró.

Fue profesor de instituto y profesor asociado en la UCLM y era habitual colaborador como articulista en medios de comunicación, primero en La Tribuna de Toledo y después en elDiario.es Castilla-La Mancha. Era miembro de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, sobre los que también escribió de forma profusa.

El acto del próximo jueves será conducido por Javier Mateo y comenzará a las 19 horas con la intervención de Antonio Dávila, director del Museo de Santa Cruz, entidad cultural a la que el historiador estaba vinculado a través de la Asociación Museo Santa Cruz, ¡Vivo!, donde tuvo lugar una exposición a finales del pasado año dedicada al pintor Vicente Cutanda y Toraya, uno de los fundadores de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Francisco García Martín había diseñado esta muestra que se llevó a cabo cinco meses después de su muerte.

Precisamente en nombre de la Asociación de Amigos del Museo de Santas Cruz ¡Vivo!, intervendrá una de sus caras visibles Luis Miguel García Bermejo, junto con los voluntarios culturales de la Confederación de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) en el Museo de Santa Cruz, representados por Elena Cuevas.

Homenaje al activista por los derechos humanos, profesor y amigo

En el homenaje también participará Amnistía Internacional, en la que Paco García Martín militaba defendiendo los derechos humanos. Contará con la intervención de Rafaela Alonso. Y es que 'Epicaris' fue un activista social, impulsor del movimiento 0,7, el porcentaje los impuestos que se puede marcar voluntariamente en la declaración de la renta para destinarlo a financiar proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG). En este caso intervendrán Juan Díaz y Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha.

El historiador fue profesor en el Instituto El Greco, que también estará presente en el acto, con la presencia de Isabel Mariscal, su actual directora actual y de Pedro Rodríguez, exdirector del centro educativo.

A continuación intervendrán los directores de La Tribuna de Toledo Francisco Rodrígues y de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller, en un homenaje al que también sumarán sus voces Laura García, ex alumna de Paco, historiadora y escritora, con la que firmó su último libro, dedicado a las Mujeres en la Historia de Toledo.

También participará Andrés León, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, de la que formaba parte la familia del escritor, que abría las puertas de su casa cada año durante la festividad del Corpus y a los que dedicó algunos de sus artículos en prensa.

Para rememorar su labor dentro de los institutos históricos intervendrán Rosalina Aguado, de la Escuela de Arte de Toledo y Juan Leal del IES Brianda de Mendoza de Guadalajara, y miembro de la Asociación Nacional Defensa Patrimonio Institutos Históricos.

En el homenaje también participará Ángel Felpeto, exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Toledo y exconsejero de Educación en la Junta de Castilla-La Mancha.

Cerrará el acto la intervención de Carmen García, esposa de Francisco García Martín.

Varios de los gallegos que participaron en la Global Sumud Flotilla han comparecido este lunes, tras poder regresar a Galicia, para narrar los “tres días en el vientre de la bestia” en los que, denuncian, constataron “la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejército israelí” y que, han señalado, revivieron a su llegada al aeropuerto de Bilbao, cuando sufrieron cargas policiales “sin desencadenante”. “Nos rompimos mucho más que estando en el barco en Israel”, han asegurado.

Según recoge Europa Press, Sandra Garrido, Alberte Pagán, Xurxo Porritt y Andrea Morales han hablado ante los medios de comunicación tras su regreso a Galicia después de permanecer tres días detenidos por el ejército israelí que interceptó la flotilla humanitaria en su ruta a Gaza en aguas internacionales del Mediterráneo.

También lo han hecho tras la situación de tensión vivida en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de sus compañeros, donde se produjo una carga policial y hubo cuatro detenidos sin que, aseguran, mediase ningún tipo de provocación. “La Ertzaintza estaba empujando, empujando, y en un momento dado, un activista fue a abrazar a su familia y ahí empezaron los porrazos”, ha narrado Sandra Garrido.

Con todo, y aunque dan testimonio de las lesiones físicas y psíquicas derivadas de su detención por parte de Israel, advierten de que no desistirán en denunciar la situación en Gaza: “Hay que pararlo, y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”.

Un corredor humanitario

“Nuestra misión siempre fue abrir un corredor de ayuda humanitaria, denunciar el genocidio en Gaza e intentar pararlo, algo que no están haciendo los Gobiernos”, ha dicho Sandra Garrido, que ha denunciado que Israel “apresó, torturó y desapareció durante más de dos días a las personas de la flotilla”, si que “hubiese ningún tipo de repercusión a nivel internacional”, lo que “extiende su impunidad a lo que quiera hacer con el resto del mundo”.

Garrido ha denunciado las condiciones que sufrieron durante su detención, aunque ha incidido en que éstas “no son ni una mínima parte de las que están sufriendo las presas palestinas”, entre las que hay “muchas menores de edad”.

Además, ha querido poner sobre la mesa “la impunidad de ese fascismo global” que, ha dicho, “hay que pararlo”. “Y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”, ha clamado, considerando “inadmisible” que España y Europa “sigan manteniendo contratos con el Estado de Israel” en distintas materias.

Tres días en “el vientre de la bestia”

Ante los medios congregados en Santiago, Alberte Pagán ha hablado de los “3 días en el vientre de la bestia” en los que pudieron “constatar la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejercito israelí”. “No solo los funcionarios armados ejercían esa violencia física y psicológica, si no que todo el funcionariado mostraba el mismo desprecio e inhumanidad hacia nosotros”, ha añadido.

Alberte Pagán ha hablado de lo “absurdo” de la detención en aguas internacionales para “ser trasladados a Israel y deportarnos”. “Nosotros no entramos en territorio israelí, fuimos secuestrados a más de 1.000 kilómetros de Palestina”, ha señalado, con lo que, apuntan, la flotilla se encontraba “muy lejos de lo que Israel considera su colchón marítimo para intentar mantener el cerco a Gaza”.

En consecuencia, los activistas reclaman que los gobiernos europeos se posicionen contra esta arbitrariedad: “El siguiente paso será venir a nuestras plazas a detener a los manifestantes”, ha dicho Pagán.

Tras pasar por el hospital en Turquía, apunta, los activistas informan de “67 personas con heridas graves” derivadas de esta detención. En torno al 30 por ciento de los integrantes de la flotilla presentan lesiones de consideración, señalan, a lo que se sumarán “muchas reacciones postraumáticas”, dice Xurxo Porrit.

Este activista, enfermero jubilado, ha dicho que durante su detención se les privó de agua y de ropa, se les agredió y durmieron “hacinados” y en situación de “deshidratación”, unas condiciones que, advierte no obstante, “para los palestinos sería un hotel de primera”.

“No llegamos, pero les ganamos, porque el mundo vio lo que hacen”, ha dicho Porritt, que ha instado a “seguir peleando” por el pueblo palestino. “Utilizar el agua, los alimentos, los combustibles y las medicinas, es un crimen de lesa humanidad que se repite 24 horas al día los 365 días del año y está perpetrado por el que llaman el país más democrático de oriente medio”, ha resumido el activista.

Críticas a la ertzaintza

Además de lo ocurrido en Israel, los activistas gallegos han denunciado la situación vivida en el aeropuerto de Bilbao y han criticado contra la Ertzaintza por una carga que, han asegurado, no obedeció a ningún desencadenante.

“Fue algo sorpresivo para nosotros. No hubo ningún movimiento que lo desencadenase”, ha dicho Sandra Garrido, para quien esta situación “fue algo construido”, culpando indirectamente al Gobierno de Israel, que “cuando se ve acorralado, construye narrativas que distraen de la idea central”.

Garrido ha dicho que “los tentáculos de Israel van mucho más allá del propio ente” y ha mencionado que la empresa de seguridad del aeropuerto de Bilbao “tiene convenios con empresas israelíes”.

A mayores, ha denunciado la “hipocresía de los gobiernos” que “denuncian lo que les pasa a la flotilla, pero permiten que la policía del País Vasco golpee a los activistas”. “Es la hipocresía lo que permite la impunidad”, ha advertido.

Unanimidad en el pleno de Vigo

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha dado luz verde este lunes por unanimidad a una declaración institucional de apoyo a la Global Sumud Flotilla y de condena por el asalto y el “maltrato” de las autoridades de Israel a los integrantes de esta misión humanitaria.

La declaración reconoce el “firme compromiso” del Gobierno de España con la defensa del derecho internacional y con la condena del genocidio que sufre la población de Gaza, y recuerda que la Flotilla es un ejemplo del apoyo de la sociedad a las iniciativas en defensa de los derechos humanos y de la solidaridad con el pueblo palestino.

Por ello, han calificado el asalto a la flotilla en aguas internacionales como “una grave vulneración del derecho marítimo internacional, de la libertad de navegación en alta mar y de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

Así, el Pleno ha trasladado su “condena” a ese asalto, así como el apoyo a los miembros de la Flotilla, especialmente a los ciudadanos gallegos que formaban parte de las tripulaciones. Igualmente, ha condenado “el maltrato y las humillaciones sufridas por los activistas por parte de las autoridades israelíes”, en una forma de proceder que ya denunció el Gobierno como “inaceptable, inhumano y vergonzoso”.

Finalmente, instan a las autoridades e instituciones gallegas, estatales y europeas a adoptar las medidas diplomáticas e institucionales necesarias para garantizar la protección y la seguridad de la Flotilla.

Pese al apoyo unánime a la declaración (que inicialmente iba a ser retirada por una supuesta falta de apoyo de la oposición), tanto PP como BNG han lamentado “las formas” del gobierno local, por presentar una propuesta de declaración sin consensuar con los grupos. De hecho, el BNG ha recordado que ellos mismos presentaron una propuesta de declaración, que fue vetada por el gobierno local.

Escarmiento público. Este jueves se ha celebrado el primer juicio en España contra unos activistas climáticos en el que se pide pena de prisión: 21 meses para nueve personas de los grupos Futuro Vegetal, XR y Rebelión Científica por un supuesto delito contra el patrimonio por verter agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.

El fiscal del caso ha admitido en la sala que el objetivo de solicitar cárcel –aunque luego pudieran no ingresar– es “prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo porque, si no, se puede pagar una multa y ya está”. Los “daños” a los que se refiere la Fiscalía han supuesto una factura de 5.800 euros (con la mano de obra de los operarios incluida) que los acusados ya han consignado.

“El objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática y los impactos sobre el planeta y la salud de las personas”, ha declarado una de las acusadas, Paula Martínez Hidalgo. Y “exigir” que se lleven a cabo las políticas “que indica la ciencia”.

Este juicio se incrusta en un proceso de presión creciente sobre los activistas climáticos en España a medida que sus acciones de protesta eran más disruptivas. Se pasó de la imagen de una adolescente Greta Thunberg en manifestaciones a jóvenes pegándose al marco de un cuadro, cortando el tráfico o arrojando pintura a fachadas.

Y esa presión policial, fiscal y judicial se ha traducido en un arco que ha mutado desde las multas a las peticiones de prisión e incluso a la imputación por parte de un juez del grupo Futuro Vegetal como organización criminal. Ese supuesto prevé cárcel de tres a ocho años.

La dinámica ha generado un efecto desaliento sobre el activismo climático, como han reconocido en diversas ocasiones los propios grupos ecologistas. Un activista con pena de prisión, aunque esté suspendida, arrastra un lastre que casi lo inhabilita para protestas más llamativas como la juzgada.

“El mismo grupo ya había actuado en el Congreso”, ha argumentado el Ministerio Público este jueves. Se refería a que la acción fue reivindicada a posteriori por los colectivos Futuro Vegetal y Rebelión Científica y lo relacionaba con una la protesta similar que tuvo lugar en abril de 2022.

Aquellos hechos siguen su propio proceso judicial con otras personas implicadas. La Fiscalía también ha pedido en ese caso 21 meses de cárcel. “Erre que erre, había que volver al Congreso”, ha descrito el fiscal para justificar el castigo. “5.000 euros es el resultado de la protesta”, remataba con el gesto de comillas al pronunciar la palabra “protesta”.

“No somos vándalos. Actuamos para prevenir un daño mayor porque los ecosistemas de los que dependemos están colapsando. No hablamos solo de un bien histórico, como el Congreso, sino de nuestro sustento vital”, ha recordado en el estrado otra de las acusadas, Belén Díaz.

Acción coordinada

La petición de pena de prisión es la misma para los nueve a pesar de que cinco de ellos no lanzaron ninguna pintura. Uno desplegó una pancarta en las escalinatas del edificio, otro se puso una bata de protesta, otra habló con un agente de Policía –a esta última, los policías le atribuyen una labor de “distracción”–. Con todo, la Fiscalía ha dibujado a todos como parte de un dispositivo organizado para causar los daños: “La policía lo ha dejado muy claro. Tenían de antemano repartidos los papeles”, ha dicho el fiscal.

En realidad, los agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el Congreso ese día han aportado testimonios así:

– Abogado defensor: ¿Entonces hubo personas que no tiraron témpera?

– Policía nacional: Puede ser. Imagino que sí. No sé decirle.

– Acaba de decir que hubo gente que no lanzó...

– No le sé decir.

Otro agente ha resumido que “todas las personas allí estaban haciendo algo”. Con eso, el fiscal sostiene que la acción fue algo planificado y ejecutada entre todos y que todos merecen la pena de prisión.

Ese grupo operativo de acción organizada tiene entre sus miembros sentados en el banquillo un padre en paro, una madre con dos hijas y una hipoteca, un médico, una ambientóloga y una persona con incapacidad total reconocida, según se ha informado durante la vista judicial.

Los acusados han reiterado que su acto era un acto de protesta pacífica y sin violencia. “En el marco de emergencia climática reconocida en el que estamos, ¿es tolerable arrojar pintura al Congreso de los Diputados o nos hemos pasado?” Ha preguntado uno de los abogados defensores. “¿Se afectó a la seguridad ciudadana? No ¿Se molestó? Puede ser”, ha rematado.

Molestia o no, lo cierto es que los nueve activistas esperan ya una sentencia tras las acusaciones sustentadas, como se ha especificado en la vista, en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la ley mordaza.

De hecho, España es uno de los únicos tres países democráticos junto a EEUU y Alemania, que utilizan leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos. Todo ello incrustado en un creciente esfuerzo global por “criminalizar las protestas climáticas y ambientales”, como detectó una investigación específica de la Universidad de Bristol.

“Los daños a los ecosistemas de los que vivimos son irreversibles” –ha reflexionado la ambientóloga Belén Díaz– no puede irse con una limpiadora karcher a repararlos. Simplemente no se puede. Entonces ¿qué podemos hacer?“, ha cerrado en su turno de última palabra antes de que la jueza decretase el visto para sentencia.

Algunos libros describen un territorio mientras lo vamos atravesando. Remover la tierra, el nuevo trabajo del escritor y abogado ambientalista emeritense Antonio Sánchez Gómez pertenece claramente a este grupo. El lector no permanece a salvo observando desde fuera: desciende con el autor a galerías mineras sin oxígeno, bucea lagos convertidos en salares tóxicos, escucha las explosiones de dinamita en los cerros bolivianos y acompaña a comunidades indígenas que intentan sobrevivir en territorios devastados por décadas de salvaje extracción minera como en San Agustín de Puñaca, en Oruro, Bolivia.

Publicado por Sigilo Editorial, el libro es una mezcla singular de crónica periodística, ensayo político, literatura de viajes y narrativa testimonial. Pero, sobre todo, es una inmersión en las heridas contemporáneas del extractivismo latinoamericano y en las vidas que quedan atrapadas bajo sus consecuencias y que parece no importar a casi nadie. También se busca evidenciar el poder del litigio estratégico y de herramientas jurídicas que, pese a su potencial, rara vez se activan para corregir vulneraciones de derechos colectivos como el agua o la soberanía alimentaria, así como para proteger los derechos de la Naturaleza, ámbito en el que Bolivia ha sido pionera.

Sánchez Gómez, nacido en Mérida en 1981, no se aproxima a este territorio desde la distancia académica ni desde el turismo literario. Su escritura está modelada por una experiencia directa, acumulada durante años de litigio y acompañamiento a comunidades que resisten la devastación ambiental. Su trayectoria como abogado ambientalista no funciona como simple nota biográfica: constituye la arquitectura ética y epistemológica de su obra, la lente desde la que interpreta y narra los conflictos socioecológicos de América Latina.

Tras enfrentarse jurídicamente a los llamados mecheros de la muerte en la Amazonía ecuatoriana —esas antorchas petroleras que durante décadas quemaron gas a escasos metros de poblaciones indígenas, convirtiendo la noche en un resplandor tóxico— publicó Derrotero, un libro que no solo documenta la violencia extractiva, sino que reivindica la dignidad y la vulnerabilidad de quienes defienden el territorio. Allí ya se intuía una voluntad de pensar la justicia desde el territorio, no desde los marcos abstractos del Derecho.

Ahora, el escenario se desplaza hacia Bolivia, donde el autor participa en procesos judiciales vinculados a la contaminación minera y colabora con organizaciones sociales y ambientales que denuncian la destrucción de ecosistemas y comunidades enteras. Este desplazamiento geográfico no es un mero cambio de escenario: es la continuidad de una cartografía del daño y, al mismo tiempo, de una geografía de resistencias que Sánchez Gómez convierte en literatura crítica, comprometida y profundamente humana.

Ese punto de partida jurídico y militante dota a Remover la tierra de una dimensión poco habitual: el narrador no es únicamente observador, sino también parte implicada en la investigación y en los procesos de denuncia. Desde esa posición híbrida —entre abogado, cronista y viajero— Sánchez Gómez construye una narración profundamente física y sensorial.

Lago Poopó

La obra comienza en las tierras altas bolivianas, acompañando a miembros del Centro de Desarrollo Andino (CENDA) en la preparación de una demanda ambiental relacionada con la destrucción del lago Poopó, uno de los mayores humedales andinos del continente. La escena inicial ya marca el tono del libro: un paisaje fantasmal donde apenas queda agua y donde las nubes parecen reflejarse “en un mínimo espejo” sobre una costra de sal. Lo que antes fue un lago lleno de peces y aves migratorias se ha convertido en un territorio moribundo por la combinación de sequía, cambio climático y contaminación minera.

A partir de ahí, el relato avanza como una especie de descenso progresivo a las entrañas del modelo extractivo. El autor recorre Cochabamba, Oruro, Llallagua y otros territorios amenazados por la minería mientras conversa con activistas, abogados, cooperativistas, indígenas, periodistas y trabajadoras mineras. Cada desplazamiento amplía el mapa de un país marcado por contradicciones permanentes: riqueza mineral y pobreza extrema, resistencia indígena y dependencia económica, memoria revolucionaria y devastación ambiental.

Experiencias casi táctiles

Uno de los grandes aciertos del libro es precisamente su escritura. Sánchez Gómez evita tanto el lenguaje técnico como la frialdad del reportaje convencional. Su prosa tiene una intensidad literaria muy poco frecuente en la no ficción contemporánea. Las descripciones convierten los paisajes en experiencias casi táctiles: el olor metálico de las minas, el frío extremo del altiplano, el polvo suspendido sobre las carreteras o la sensación de asfixia dentro de los túneles aparecen narrados con una precisión que sitúa al lector dentro de la escena.

Especialmente impactantes son los capítulos dedicados a las minas de Llallagua, uno de los grandes enclaves históricos de extracción de estaño en Bolivia. Allí, el autor desciende junto a cooperativistas mineros a galerías subterráneas donde apenas se puede respirar. El relato abandona cualquier romanticismo asociado a la minería y muestra una realidad brutal: trabajadores que arrastran enfermedades pulmonares irreversibles, explosiones constantes, temperaturas extremas y túneles donde un derrumbe puede significar la muerte inmediata.

Sánchez Gómez conecta además esa experiencia contemporánea con la larga historia colonial del extractivismo latinoamericano. El estaño boliviano, recuerda el libro, alimentó la industria mundial durante el siglo XX y permitió fabricar desde conservas alimentarias hasta componentes electrónicos. Bajo el brillo de la modernidad tecnológica aparecen así miles de cuerpos humanos sacrificados y montañas literalmente vaciadas por dentro.

La figura de Simón Patiño —el magnate boliviano del estaño conocido como “el rey del estaño”— recorre buena parte del texto como símbolo del capitalismo extractivo latinoamericano, pero no se limita a denunciar el pasado colonial o empresarial. También pone el foco en los conflictos contemporáneos: la contaminación por metales pesados, la falta de control estatal, las luchas entre cooperativas mineras y comunidades indígenas o las consecuencias del agronegocio sobre territorios amazónicos y rurales.

A lo largo de sus páginas aparecen además múltiples voces del pensamiento crítico boliviano y latinoamericano. La antropóloga Alison Spedding, el activista Óscar Olivera o diferentes líderes indígenas y ambientales dialogan con el autor sobre colonialismo, ecología y resistencia popular. El resultado es un mosaico complejo donde conviven análisis político, memoria histórica y experiencia personal.

Mujeres palliris

Pero probablemente las páginas más conmovedoras sean las dedicadas a las mujeres palliris, viudas de mineros que sobreviven seleccionando manualmente restos minerales entre escombros tóxicos. Sánchez Gómez retrata sus jornadas de trabajo bajo temperaturas extremas y rescata testimonios marcados por la pobreza y la exclusión. Son mujeres que trabajan rodeadas de polvo metálico y piedras mientras recuerdan a maridos muertos por silicosis o enfermedades relacionadas con la minería.

El libro también aborda cómo la violencia extractiva afecta de manera diferenciada a las mujeres. En el universo minero aparecen supersticiones, exclusiones y dinámicas profundamente patriarcales que históricamente han apartado a las mujeres del trabajo remunerado dentro de las minas, relegándolas a tareas invisibles y extremadamente precarias.

Las palliris se encuentran al final de un sistema que no solo machaca territorios también cuerpos, tienen historias personales muy duras pero también la necesidad de ser reconocidas como la última pieza de un engranaje cruel.

Todo ello convierte Remover la tierra en una obra que dialoga directamente con debates contemporáneos sobre transición ecológica y explotación de recursos naturales. Mientras Europa y Estados Unidos aceleran la demanda de minerales estratégicos para sostener la digitalización y la llamada economía verde, el extremeño afincado en Barcelona recuerda qué territorios y qué cuerpos sostienen realmente ese modelo.

El libro plantea así una pregunta incómoda, pero inevitable: qué precio humano y ambiental tiene el progreso tecnológico contemporáneo. Porque detrás de los teléfonos móviles, las baterías, los ordenadores y los centros de datos continúan existiendo montañas perforadas, aguas contaminadas y comunidades de seres humanos desplazadas.

Apuesta formal

Más allá del contenido político y ambiental, Remover la tierra destaca también por su apuesta formal ya que construye una escritura que mezcla observación periodística, lirismo y oralidad popular. El resultado tiene momentos cercanos a la literatura de viajes latinoamericana, al nuevo periodismo e incluso al realismo mágico andino, especialmente cuando aparecen figuras míticas como 'El Tío', la deidad de las minas bolivianas que mezcla creencias indígenas y demonología colonial.

En un contexto mediático dominado por la rapidez y la simplificación, el autor apuesta por una narración lenta, inmersiva y profundamente documentada. No se limita a informar: intenta comprender cómo funciona un sistema económico capaz de convertir territorios enteros en zonas de sacrificio. Tampoco quiere pasar por alto que las corporaciones canadienses y australianas responsables de algunos de los mayores desastres ambientales en Bolivia son las mismas que hoy realizan prospecciones en la península ibérica mientras se nos insta a celebrar la extracción de supuestos minerales críticos o estratégicos, categorías construidas por la propaganda corporativa hasta convertirse en sentido común.

Sin embargo, estos términos no responden a realidades geológicas inevitables sino a intereses económicos que se presentan como urgencias históricas. El precedente boliviano es elocuente: el boom del estaño en la primera mitad del siglo XX —impulsado por la demanda bélica de las guerras mundiales— se desplomó en cuanto cesaron los conflictos, dejando una industria desmantelada y a miles de mineros sin sustento. Un siglo después, se repite la narrativa: se nos convence de que debemos sacrificar nuestros territorios para alimentar una nueva carrera armamentística y tecnológica, cambiando los minerales, pero no la lógica extractiva que los legitima.

Acompañamiento y escucha

Con esta obra, Antonio Sánchez Gómez consolida además una trayectoria singular dentro de la literatura de no ficción española. Desde Extremadura con visión internacionalista, el autor construye una mirada holística conectada con las luchas ambientales y sociales de América Latina, alejándose de enfoques paternalistas o exotizantes. Lo hace desde el acompañamiento y la escucha, pero también desde una evidente posición política: la defensa de los territorios y de las comunidades que resisten frente a la lógica depredadora del extractivismo global.

Remover la tierra, no es por lo tanto, únicamente un libro sobre minería o contaminación ambiental. Es también una reflexión sobre el colonialismo contemporáneo, la desigualdad global y la forma en que el norte económico continúa sosteniendo su bienestar sobre territorios convertidos en espacios de sacrificio. Y quizá por eso su lectura deja una sensación incómoda y persistente: la certeza de que bajo cada dispositivo tecnológico y bajo cada promesa de progreso siguen existiendo minas oscuras donde alguien continúa respirando polvo tóxico para sostener el mundo contemporáneo.

Y es que, aunque en el mundo algunas personas están lejos unas de otras, nunca lo suficiente como para que los comportamientos de unas no influyan sobre las demás.

El pasado 10 de abril llegó a las salas de cine españolas la película que ha sido todo un fenómeno en Reino Unido, habiendo superado el millón de espectadores y además ha recibido el elogio de la crítica, con premios BAFTA incluidos. Hablamos de “Incontrolable” (I Swear), que cuenta una historia real de superación.

La interpretación de John Davidson, que sufre el síndrome de Tourette y que acabó siendo activista para dar visibilidad a la enfermedad que padece, le valió a Robert Aramayo, actor de origen vasco, el BAFTA a mejor actor, adelantándose a otros favoritos como Michael B. Jordan o Timothee Chalamet.

Aramayo, también conocido por la serie de ‘El señor de los anillos’ de Amazon, se preparó el papel conviviendo con el verdadero John Davidson en su Galashiels natal, en Escocia. “Salíamos a caminar, íbamos a cenar, veíamos fútbol juntos y íbamos al centro comunitario”, afirmaba a BBC.

Kirk Jones, director y guionista de la película, recordó la historia de John Davidson a través de un documental de la BBC que se emitió en 1989, “John’s Not Mad”, en el que se dio a conocer su caso cuando contaba con tan solo 16 años, y cuando la enfermedad se conocía como “locura descontrolada”, debido a los espasmos, palabrotas incontrolables o gritos que él proliferaba provocados por el síndrome de Tourette.

La historia de John Davidson, protagonista real de 'Incontrolable'

John Davidson nació en 1971 en Galashiels, Escocia, y desde pequeño comenzó a sufrir un síndrome de Tourette severo, que le hizo perder su carrera prometedora en el fútbol como portero, pero que también le hizo ser objeto de problemas con la policía, de no poder trabajar, o incluso ser objeto de burlas y violencia callejera. Y es que sufre también lo que se llama Coprolalia, es decir, que no puede evitar pronunciar palabrotas, expresiones sexistas, racistas e inapropiadas, un síntoma que no siempre se desarrolla, pero que va unido con el del síndrome de Tourette.

Tal y como se puede apreciar en la película, Davidson se dio cuenta que la gran parte de sus problemas venían porque la sociedad no entendía la enfermedad que padecía, que faltaba educación al respecto, y se encargó a través del activismo de dar charlas en colegios, universidades o incluso instituciones públicas. Pero al mismo tiempo, también se encargó de ayudar a las familias con hijos con síndrome de Tourette, además de crear convivencias que pudieran ayudar a estos a socializar y que conocieran otras personas con su misma enfermedad.

Su labor más allá de su ciudad natal y Escocia, valieron a que Davidson ganara reconocimiento por su lucha, y en 2019 recibió la Orden del Imperio Británico de parte de la propia reina Isabel II. Un hecho que no estuvo exento de nerviosismo por el protagonista, en una escena que se puede ver también en el largometraje.

“Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Era uno de los Arqueros Reales, los guardaespaldas de la Reina cuando está en Holyrood, y una voz dijo: 'No te preocupes, ella sabe todo sobre tu situación'.”, afirmaba en una entrevista en BBC.

La película no solo visibiliza la historia y lucha de Davidson, sino que también aparece una chica que sufre en realidad esta enfermedad como es Andrea Bisset, que sueña con ser actriz y espera poder conseguirlo tras su papel secundario en el largometraje. Ella es conocida por compartir su experiencia en redes sociales.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) efectuó cerca de un centenar de detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, que aún sigue ilegalizada en el Reino Unido, celebrada este sábado en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police infirmó de que, a las 14:50 hora británica (13:50 GMT), sus agentes habían detenido a 92 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Del mismo modo, precisó que las autoridades seguían realizando más arrestos e indicó que todavía había un grupo que permanecía en el lugar de la protesta.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una “vigilia pacífica” y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como “terrorista” al considerar que fue “desproporcionada”, si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

“Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal”, escribió la Met Police en X esta mañana.

El cofundador de Defend Our Juries Tim Crossland criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una “ideología descabellada y arraigada” que combina “el sionismo y el fascismo corporativo” y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Miguel tenía apenas 18 años cuando entró en la asociación de su barrio, La Unidad de Villaverde, que lucha por mejoras en un distrito popular del sur de Madrid. “Estaba muy metido en la Marea Verde de mi instituto y la defensa de la educación pública. Cuando acabé seguí en el movimiento estudiantil de la universidad, pero sobre todo me dediqué a la lucha vecinal”, cuenta. Se lo debe a un proyecto de cultura urbana, gracias al cual una sección juvenil de 15 personas se incorporó a La Unidad. Cuatro años después, recién graduado y con apenas 22, se convirtió en su presidente. Un cargo que ha ocupado hasta los 30 y que dejó en 2024, pese a que siga implicándose. Circunstancias todas ellas “excepcionales” para el movimiento vecinal de la capital, que el propio Miguel reconoce “envejecido”. No en vano, después del acceso de ese importante grupo, si han llegado más jóvenes a La Unidad ha sido “por goteo”.

Las causas son variadas: ajenas y propias; por acción u omisión; achacables a los propios jóvenes, a quienes protagonizan el asociacionismo actual, a las redes y a la coyuntura general. Al menos es lo que se desprende de una conversación transversal, en edades y en implantación territorial, con varias de estas entidades en Madrid. Miguel ofrece una de las explicaciones más completas: “Pérdida de redes comunitarias en el barrio, mayor atomización e individualización, nuevas formas de producción que impiden la implicación con horarios complicados... no hay un factor único. Cuando nuestra asociación abre el local, mucha gente sigue volviendo del trabajo. Las formas de participación se han quedado un poco obsoletas. Fue curioso lo que pasó en pandemia, cuando se vio una red de cuidados inaudita en la que sí hubo gran participación, en parte porque muchas personas tuvieron más tiempo. Luego volvimos a lo mismo”.

Para Miguel, en conversación con Somos Madrid, el efecto de la situación de la vivienda es igualmente “evidente”, ya que “muchas personas se han visto obligadas a dejar de participar”. Desde su punto de vista, juegan a la contra “la inestabilidad e incapacidad de construir un modelo estable”.

Pero no reduce todo a cuestiones externas y cree que “bastantes asos [asociaciones] no han sabido adaptarse a nuevas demandas en los barrios”. Así, achaca el gran impacto de estos movimientos en los años setenta u ochenta al surgimiento de nuevos barrios, donde “los objetivos originales eran garantizar bienes o servicios básicos”. Considera que “la lucha por un centro de salud no es tan atractiva ahora para un joven, ni tan intergeneracional, por importante que sea”. “Muchas veces las movilizaciones parecen cerradas e inamovibles. Hay que buscar nuevos espacios y luchas para que la gente vea sentido en su implicación diaria. Falta conocer hacia dónde mirar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas sí han sabido”. Su conclusión es que “la gente joven no sabe para qué sirve una asociación”.

Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver un modelo de ciudad individualista

Jorge Nacarino — Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Algunos argumentos de Miguel coinciden con los de Jorge Nacarino, recién reelegido presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Expone que desde su llegada al puesto, en 2024, incorporar los jóvenes ha sido una de sus principales líneas de trabajo, como también a personas migrantes: “En nuestra reciente renovación de cargos hemos fomentado esa participación y queremos empezar a trabajar con datos sobre los aspectos en los que tenemos más cuentas pendientes”. Lo “evidente”, dice, es que “hay un retroceso de la cultura de la participación”.

“Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver el desarrollo de un modelo de ciudad individualista, frente a uno comunitario”. Según Nacarino, la problemática es un reflejo de una cuestión más genérica, un contexto en el que “la gente no está tan movilizada al no estar tan apegada al territorio”: “El cambio respecto a la estructura de la propiedad transforma la realidad de los barrios y la precariedad lo dificulta todo. Muchos vecinos no saben si en unos meses seguirán en sus casas”. De hecho, el presidente de la Fravm recalca que “la fuerza del movimiento vecinal en España no existe en otros países de Europa, en parte porque aquí la movilidad residencial tradicionalmente era menor”.

Pero no todo se debe a lo macro, de hecho Nacarino (de 42 años) ve diferencias dentro de reclamaciones concretas: “En la movilización por los servicios públicos, vemos que el perfil de población es más mayor. En las viviendas llegamos a gente más joven, como el simbólico Entierro de los Barrios que organizamos coincidiendo con el de la Sardina. Hay un componente de vida de barrio, pero yo opino que el sentimiento de pertenencia también puede movilizar a los jóvenes. A través de diversas convivencias y de actividades deportivas estamos consiguiendo incorporar gente de en torno a 20 años”.

En la charla con Nacarino surge también el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones con mayor poder de movilización juvenil en la capital. “Sus planteamientos parten más de una lucha de poder, no es tanto un movimiento territorial, aunque tenga ese componente a través de los nodos y, de hecho, colaboremos. No es un movimiento que se mete en la gestión del día a día del barrio, como pueden ser los centros de salud, las zonas verdes o determinadas condiciones de habitabilidad. Lo que es indudable es que ha conseguido enganchar a esa población joven, interpelada por una precariedad que sufre de manera directa. Eso te vincula”.

De hecho, el dirigente de la Fravm lanza un aviso: “No queremos que el movimiento vecinal se convierta en un movimiento de propietarios. Tenemos que trabajar porque las asociaciones se parezcan a los barrios que defienden, que la reclamación vecinal esté vinculada a la realidad del territorio. Es un movimiento reivindicativo, pero también de trabajo comunitario. Sin ese tejido o esa heterogeneidad hay algo que nos estamos dejando”.

¿Se manifiestan los jóvenes solo por cosas que están “de moda”?

Susana de la Higuera cuenta que la Asociación Pasillo Verde Imperial de Arganzuela, la cual preside, ha emprendido numerosas iniciativas en este sentido: “Nos hemos acercado mucho a los coles, a la universidad o a la Formación Profesional, con actividades en el Colegio de los Salesianos de Atocha. Hemos organizado paseos estudiantiles por el distrito, junto a la Framv y otras asociaciones. Hemos colaborado con jóvenes que estudian Antropología para documentarse sobre el movimiento No a la Tala y otro chaval ha hecho un documental sobre nuestros huertos urbanos. Y, sin embargo, en muchas de esas acciones nos damos cuenta de que para muchos jóvenes no hay nada que hacer”.

De la Higuera, nacida en 1966, da uno de los testimonios menos halagüeños sobre el futuro del asociacionismo vecinal. Eso sí, responsabiliza no tanto a los jóvenes de hoy como a sus progenitores: “Nos cuesta muchísimo llegar a gente menor de 30. En un paseo reciente una chica, con la que hablaba sobre fondos buitre, derecho a la ciudad, gentrificación y turistificación, me dijo que según su padre tenía que aceptar no vivir en Madrid. Que se lo quitara de la cabeza. Yo le respondí que por qué ella no tiene derecho y un multimillonario sí”.

“No entiendo que no se movilicen por la vivienda”, lamenta, algo encendida. “O puede que sí lo hagan, pero en una agenda como más antisistema, como pasa con el Centro Social Okupado La Rosa. Nos ven como algo muy de sus padres”, resume la activista vecinal antes de ir un paso más allá: “Hay una cosa un poco deprimente, la sensación de manifestarse solo por cosas como que están de moda. No quiero apuntar a ninguna causa porque todas son importantes, nosotras apoyamos a quienes acampaban en la Universidad Complutense por Gaza, pero es algo que percibo. Al final son muchos años de individualismo y hacen mella”.

Hay que compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad. En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja

Susana de la Higuera — Presidenta de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial

Ante ello, anima a “compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad”, de manera que “el asociacionismo no se perciba solo como una responsabilidad”: “En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja”. Miguel también remarca esta cuestión y destaca todo lo que le ha aportado pertenecer a La Unidad de Villaverde: “Me otorgó herramientas de organización y relación con personas de distintas edades o con la administración, que me han servido a nivel incluso laboral. Es una experiencia bastante enriquecedora”.

Nuevos barrios, mismo problema

Arganzuela es un distrito en el que se alternan zonas castizas y nuevos desarrollos. Por ello, Susana de la Higuera ha percibido de primera mano el contraste entre los barrios tradicionales y “un urbanismo de vida para dentro y del coche para todo”. Habla incluso de “polideportivos municipales que no fomentan el deporte colectivo, sino el individual”. Concluye que “te vas olvidando de que somos seres sociales”. No ayudan las “actividades cada vez más dirigidas, con poco tiempo en la calle”, a las que se han acostumbrado las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Su solución ante ello es tajante: “Hay que pelear y no asumir las cosas”.

Este contexto se presenta en una dimensión amplificada en nuevos desarrollos urbanos, como El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. En él confluyen algunas de las reclamaciones originales del asociacionismo vecinal que Miguel destacaba: un transporte de calidad, centros de salud, escuelas infantiles, colegios públicos y dotaciones culturales o deportivas básicas. Todas ellas cuentas pendientes de una zona en la que ya viven más de 30.000 personas y apenas una veintena de ancianos.

Marga, de 51 años, es la presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Una organización que “se creó antes del barrio” y en la que conviven dos tipos de miembros. Por un lado, quienes depositaron miles de euros ya a finales del siglo pasado en unas viviendas que no empezaron a recibir hasta la década pasada. Cooperativistas que batallaron en los juzgados para conseguir sus casas. Por otro, vecinos que se han mudado más reciente y armoniosamente, la mayoría de ellos más jóvenes que esos primeros compradores.

Reconoce Marga que la mayoría de miembros de la asociación, en torno al centenar (han empezado a cobrar cuota y eso ha mermado sus cuadros), pertenecen al primero de esos dos grupos. De hecho, no es demasiado optimista sobre el porvenir: “No veo relevo. Me he pasado años luchando mientras criaba tres hijos, con la teta p'acá y p'allá. Peleando desde que en el 2000 descubrimos que se habían quedado con dinero que pusimos para unas casas que en principio nos iban a entregar en 2003. Le pusimos pancartas a Alberto Ruiz-Gallardón y organizamos una 'mani' en el centro de Madrid. Ahora todo se mueve menos. La gente lo quiere todo dado”. Sobre el futuro ante este panorama, afrontará el problema cuando llegue: “Si veo que no aguanto, ya buscaré a alguien”.

Marga, una pragmática redomada que prioriza el poder de las reuniones en los despachos sobre el de las pancartas en la calle (aunque como bien cuenta le ha tocado ponerse en los dos lugares), tira para adelante pese a esa sensación de que unos pocos sacan todo el trabajo: “Al Ayuntamiento le pedimos la carta de los Reyes Magos porque lo necesitamos, no tenemos casi de nada”. Una insistencia inquebrantable que, dice, se topa a veces con el cinismo y la sospecha: “Lo que más desanima son los vecinos que creen que tenemos un beneficio por implicarnos, protestar o reunirnos con la administración, cuando solo pierdes tiempo y dinero”. También, con la pasividad y la vida a las espaldas de lo colectivo: “Organizamos un mercadillo vecinal el segundo domingo de cada mes. Bueno, pues el otro día pasó por allí una chica que llevaba 10 años en El Cañaveral y no nos conocía. ¡Yo flipaba, con la matraca que damos!”.

Encender la chispa

En este contexto a priori adverso, una nueva asociación vecinal echó andar en 2025 en La Latina, barrio oficioso en el centro de Madrid. La Chispera incluye a residentes que quedaban fuera del ámbito de acción de Pasillo Verde Imperial, de la Asociación Vecinal Las Cavas Latina y La Corrala de Lavapiés. Un grupo de unas 75 personas unidas ante la amenaza de que “la turistificación, la gentrificación y la parque-tematización se lleven el barrio”, como alerta Marianne.

De 40 años y origen brasileño, lleva cinco años en La Latina y ha sido una de las ocho fundadoras de La Chispera. Cree que “la desaparición del comercio de proximidad, el aumento de los precios de alquiler y la pérdida de identidad” son los grandes desafíos que se les presentan. Para combatirlos, han conseguido incorporar “tanto a los vecinos del barrio de toda la vida como a muchos perfiles jóvenes”. Una combinación que les gusta: “Distintas generaciones pueden tener problemáticas iguales, aunque luego haya particularidades”.

Le acompañan en una distendida charla con este medio Celia y Felipe, de 29 y 30 años. Esta pareja, mudada a la zona en 2024, se ha incorporado a la entidad hace solo un mes. Aunque desde La Chispera han acometido un proceso de escucha ciudadana con encuentros y aperitivos en diferentes lugares del barrio, Celia les descubrió por Instagram y acudió a una asamblea con Felipe (que no utiliza las redes sociales).

Desde entonces, se han puesto manos a la obra dentro de sus posibilidades. Celia, periodista de formación, ha colaborado en la comunicación sobre el caso de los cuatro mayores que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida quiere desalojar de pisos municipales para ejecutar unas obras. Felipe, investigador, echa una mano en tareas vinculadas con encuestas que sirven para conocer mejor las transformaciones que experimenta La Latina y cómo actuar ante ellas o para recopilar las principales preocupaciones vecinales. “Somos gente con habilidades muy diversas y complementarias que las ponemos a disposición de la comunidad donde vivimos. Eso es muy práctico”, indica Felipe.

La asociación trabaja divida en comisiones y, en el contexto de crisis de vivienda, la dedicada a esta cuestión es una de las más activas. Marianne lo considera un problema “transversal”: “Está claro que afecta más a quien ve cómo le pueden subir las mensualidades 600 euros de un momento a otro. Pero también a un propietario que va perdiendo vecinos o negocios locales que han estado ahí toda la vida, sustituidos por nómadas digitales o pisos turísticos”. Percibe una “sensibilización general de los miembros de La Chispera que tienen una vivienda hacia quienes pagan alquiler”.

Celia conoce el tema de primera mano, ya que se independizó hace cuatro años y se encontró con “una situación bastante terrible”. Cree que, debido a la amenaza de que “en cualquier momento subirán el alquiler y tendrás que irte”, siempre “tienes la sensación de estar de paso”: “Eso, unido a la precariedad laboral, te hace preguntarte para qué te vas a implicar dónde estás viviendo si igual mañana no sigues ahí”.

Nota un creciente “desencanto” en las amistades de su edad: “Cuando acabas la carrera, o no tienes ganas o el tiempo no te da para más”. Habla también, en consonancia con lo que apuntaba Susana de la Higuera, de “cierto pesimismo” frente a “cambios en los barrios de Madrid que damos por hecho y ante los que pensamos que ya no se puede hacer nada al respecto”. Celia opina que “no hace falta pensar que te vas a quedar a largo plazo en un sitio para implicarte”, aunque “algo de estabilidad mental debes de tener”.

Felipe, por su parte, compara sus diferentes experiencias colectivas en función del entorno y el territorio. Nacido en Torre de Miguel Sesmero, municipio pacense con algo más de 1.000 habitantes, lo describe como “una pequeña comunidad muy en contacto”. Una localidad en la que “sales a hablar con tu vecino y te enteras de lo que pasa en la vida de las personas que te rodean”. Siente que, cuando se mudó a Getafe para estudiar en la Universidad Carlos III, “eso se perdió por mucho que desarrollara lazos sociales, quizá en parte también por el momento vital como estudiante”. Pero también le ocurrió cuando posteriormente se mudó al distrito de Usera, ya con Celia: “No sentía que estuviera inserto en una comunidad. Toda la gente era muy independiente”.

Lo curioso es lo que se encontró al llegar a La Latina: “Pensaba que, al estar en el centro más centro y en pleno barrio de Palacio, lo de Usera se iba a incrementar muchísimo. Que todo lo que ya hemos comentado, la vivienda turística y el desplazamiento de las personas, lo potenciaría. Sin embargo, lo que he encontrado en la calle de Jerte es un entorno muy parecido al del lugar donde nací. La gente se para por la calle, se pregunta, el peluquero le deja la moto al frutero... y bajo esas circunstancias, me es muy fácil involucrarme en la asociación y en los problemas que trabajan”.

Las redes sociales: ¿enemigo o aliado?

En todas las conversaciones surge el tema de las redes sociales y su uso para alcanzar nuevos públicos. Para el presidente de la Fravm, “hay que saber utilizarlas”, ya que “es una herramienta que puede servir para acercarse a los jóvenes”. Ahora bien, es consciente de su empleo como “medio de difusión de mensajes de odio”. Aboga por “no denostarlas y potenciar su papel como redes colaborativas”. En La Unidad de Villaverde, dice Miguel, han conseguido “campañas con cierto alcance” gracias a reels de Instagram que abordan algunas de sus principales reclamaciones o conflictos vecinales.

Susana, en cambio, no las tiene todas consigo: “Hace poco un profesor nos decía que los jóvenes se están radicalizados hacia un lado en TikTok, que les vendría muy bien pisar el terreno”. Además, las fuerzas y las manos llegan hasta donde llegan: “Nosotras no tenemos 10 o 15 años. La persona más joven de Pasillo Verde Imperial tiene 30 y pico y es la que nos hace vídeos. Pero no somos capaces, ni tenemos tiempo, de por ejemplo crear un canal de TikTok, aunque lo hemos planteado. Encima lo haríamos mal y si no consigues enganchar no merece la pena. A veces llegamos al público de Instagram, pero ya no es tan jovencito”.

Jorge Nacarino decanta la balanza hacia el lado positivo y apostilla que estas tecnologías pueden ser un medio para combatir el retroceso de la participación vecinal: “El aislamiento social puede revertirse y las redes contribuyen a ello”. Quizá apagan muchas luces y encierran millones de personas en sí mismas, pero también fueron la chispa que animó a jóvenes como Celia y Felipe.

En un mundo marcado por conflictos activos y discursos de odio, la VII edición de los Premios Desalambre reivindicó el periodismo y el activismo que mantienen el foco en los derechos humanos. Conducida por los periodistas Juanlu Sánchez y Gabriela Sánchez, la gala visibilizó proyectos del tercer sector y reconoció el trabajo de periodistas y ONG en causas de interés público.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, abrió el evento subrayando la importancia de la sección Desalambre en el periódico, como una apuesta por “combatir los discursos de odio y por hacer pedagogía en defensa de los derechos humanos”

La gala no solo premió el poder del trabajo bien hecho, sino que dejó reflexiones incómodas sobre la mesa, como qué sucedería si las ONG dejasen de proteger o si el periodismo dejara de mirar allá donde muy pocos miran. Gabriela Sánchez, recién llegada de Ucrania, relató su experiencia en un hospital subterráneo en Zaporiyia, donde, se descubrió mirando el móvil para seguir la situación que acababa de estallar en Irán. El foco mediático es volátil. “¿Cómo se sentirán en otros conflictos civiles, como en Sudán, donde el foco muchas veces ni siquiera ha llegado a estar del todo nunca?”, se preguntaba la periodista.

Esta y más preguntas tuvieron su lugar durante la mesa ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, en la Virginia Saiz, directora general de Plan International en España, Isla Ramos, directora general de Save The Children en España, y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, analizaron la crisis financiera del sector, que ah sufrudo un desplome de hasta el 17% en ayuda oficial. 

“Se estima que tal vez 14 millones de personas pueden morir de aquí al 2030”, advirtió Saiz sobre el imipacto del desmantelamiento de fondos, y defendió un modelo de ayuda lejos de la mirada colonial y simplista, centrado en soluciones complejas y locales.

Isla Ramos puso el foco en la desoladora realidad de Sudán, donde la inseguridad es tan extrema que apenas se puede informar y compartió el duro mensaje que le llega desde sus equipos en el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”. También quiso reivindicar que las ONG son “las primeras en llegar y las últimas en marcharse”, destacando su trabajo en la conexión de las comunidades con las instituciones internacionales.

Por su parte, Mar del Mar Linde aterrizó el debate a la realidad nacional al señalar que en España se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección en 2024. Linde subrayó que garantizar un “entorno protector y seguro” es determinante para evitar que estos menores caigan en la exclusión social, recalcando que la prevención y el apoyo sostenido cambian trayectorias de vida.

Tras el debate, comenzó la entrega de premios, este año diseñados por el artista Eugenio Merino, que reforzó el mensaje de denuncia de la gala. Una chapa de hierro grabada que simboliza una suela pisando la Declaración de los Derechos Humanos, derechos sistemáticamente pisoteados y vulnerados.

El galardón a la Mejor Campaña de Comunicación resultó en un empate ex aequo para Save the Children por su campaña ‘Cambiando una palabra’, que utiliza la inteligencia artificial para denunciar sesgos algorítmicos sobre la infancia en conflicto. Alicia Moreno afirmó, al recogerlo, que si pudiera eliminar una palabra del diccionario de la infancia, sería ‘guerra’.

El otro premio de comunicación fue para la Coordinadora Valenciana de ONGD por ‘El Tarot de la Cooperación’, una iniciativa que se acerca a los códigos de los jóvenes para hablar de justicia climática y feminismo. “Una ida de olla que ha funcionado”, describió Elena Balaguer la campaña, de la que destacó la carta de ‘La Antorcha’ como símbolo de la esperanza que ilumina el camino frente al auge de los discursos fascistas.

El premio al Activista del Año fue para el periodista y fixer palestino Kayed Hammad. Aunque no pudo recogerlo en persona, estuvo presente a través de un vídeo de agradecimiento en que recordó que “el genocidio no ha terminado y tenemos que seguir hablando de Gaza”. “No nos olviden, por favor”, insistió, mientras sus hijos recibían por él el galardón. Su labor ha sido vital para que el periodismo español pueda poner voz y rostro al sufrimiento en la Franja.

En la categoría de Mejor Trabajo Periodístico, el premio fue para Afromayores, de Lucía-Asúe Mbomío y Laurent Léger. Un trabajo que visibiliza la vejez de las personas negras en España, a menudo tratadas como eternos recién llegados. Mbomío explicó que el proyecto nació de una urgencia personal tras el diagnóstico de demencia de su padre y buscando honrar a quienes les precedieron: “¿Qué sucede con quienes nos han allanado el camino y le han puesto luz?”.

Uno de los protagonistas del proyecto, Marcos Suka, mostró con su testimonio el “otro lado”, la importancia de una geriatría abierta y libre de violencias racistas. Señaló que el proyecto permite que la sociedad descubra que “existen negros viejos”, lo que obliga a normalizar que los inmigrantes “son personas, no números”.

El premio a la Perseverancia fue para Pepe Naranjo, referente del periodismo en África, que definió su labor como un ejercicio de justicia: “Siento que tenemos que volver una y otra vez... para contar bien esta historia hay que ir al otro lado”. Reivindicó un periodismo “pausado, con cariño y con respeto a la gente” y relató cómo recorrió Senegal, Mauritania y Gambia para seguir el rastro de un naufragio y encontrar a los verdaderos protagonistas de la historia.

Naranjo también aprovechó el escenario para denunciar la precariedad de los periodistas freelance que cubren grandes acontecimientos internacionales: “Me parece que es un drama que todavía hoy se estén cubriendo grandes acontecimientos con periodistas freelance, a los que apenas les da para vivir”.

“Palestina lo ha cambiado todo”

El momento más emotivo de la noche llegó con el premio a la Trayectoria Profesional, otorgado a los 382 trabajadores humanitarios de la UNRWA asesinados en Gaza. Cristina Poveda, de UNRWA España, recogió el premio señalando que la cifra ya ha ascendido a 391 en las últimas semanas y definió el reconocimiento como “profundamente triste y de gran consuelo a la vez”, recordando que el 99% de sus trabajadores son refugiados palestinos que se dejan la vida por su propia comunidad.

Poveda citó a la periodista Olga Rodríguez para afirmar que “Palestina lo ha cambiado todo”, obligándonos a defender no ya los derechos humanos, sino el concepto mismo de humanidad. Denunció que el sistema internacional humanitario ha saltado por los aires al no respetarse la protección de civiles ni de personal de socorro, pero aseguró que la agencia continuará su labor “hasta el último día, pase lo que pase”.

La gala cerró con la foto de familia y reconociendo, una vez más, a quienes siguen mirando hacia otras realidades que, aunque no siempre atraen audiencias masivas, son fundamentales para la justicia social.

El arte convertido en culto, la protesta a través de él como sacrilegio. Algunos para alertar sobre los desastres de la guerra, otras para reivindicar el voto femenino, otros tantos para reclamar acciones contra el calentamiento global o el genocidio. Todos eligieron el museo como foco central de la profanación del arte como vehículo para expandir sus demandas. Contra el patrimonio. La protesta en el arte como bien cultural (Barlín Libros, 2026) es el ensayo escrito por Manu Martín, investigador en historia social del arte, memoria y patrimonio, en el que repasa toda una genealogía de protesta y reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación, el público y el turismo.

Este joven experto nacido en 1998 se decanta por hablar de profanación y no de vandalismo sobre las numerosísimas obras de arte que a lo largo de la historia se han visto involucradas en alguna demanda social. “Y lo hago así porque al abordar los daños reales a su materialidad descubrimos que no existen, y de hacerlo son mínimos y reversibles”, apunta en conversación telefónica con elDiario.es desde Roma, ciudad en la que lleva afincado desde 2020.

El elocuente ensayo que presenta este especialista en derecho y tutela de bienes culturales sintetiza en algo más de 200 páginas un barrido que va desde la protesta climática a la sufragista, desde la antimilitar a la laboral. Así, Martín se distancia de una militancia específica, incluso teoriza sobre las intervenciones realizadas por la extrema derecha como protesta en bustos y placas callejeras a través de sus pintadas nazis.

Aquí, apenas unos ejemplos. En 1914, la sufragista Mary Richardson asestó siete puñaladas a La Venus en el espejo de Velázquez, en la National Gallery de Londres. Durante la guerra de Vietnam, en 1974, el artista iraní Tony Shafrazi grafiteó el Guernica de Picasso con pintura roja, cuando la creación estaba en el Museum of Modern Art de Nueva York; escribió “Kill Lies All”. Un manifestante lanzó en 2022 un tartazo a La Gioconda de Leonardo da Vinci en el Louvre de París al grito de “piensa en la tierra”. 

Algunos más. En Madrid, durante el genocidio de Israel en Palestina, activistas tiñeron de rojo el agua de las fuentes de Neptuno y Cibeles. Y grupos en protesta por la alimentación sostenible o contra el maltrato animal han intervenido en la fuente central de la Piazza del Popolo en Roma con pintura naranja o amarilla o en la Femme cocuhé lisant de Picasso con estiércol. La Venus en el espejo volvió a ser atacada en noviembre de 2023, cuando dos activistas de Just Stop Oil golpearon el cristal que la protege con un martillo.

La lucha contra el relato oficial del museo

Martín, agradecido hijo de la pública, tal y como se define, continúa la tesis esgrimida por Tomaso Montanari sobre la “religión civil” que proyectan los museos. Este hater de la institución museística, según se considera a sí mismo, define el museo como un espacio de legitimación en el que se construye el pasado de forma positiva, un lugar en el que se evoca una identidad. Por eso, “cuando protestamos, lo hacemos desde identidades, no desde anonimatos”, explica, sobre todo cuando las profanaciones del arte suelen tener lugar en museos estatales.

La analogía entre Estado y patrimonio está servida. Sucedió en enero de 1911. Un marinero holandés despedido en 1911 trató de atacar La ronda de noche de Rembrandt, expuesta en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Subrayó que era su “venganza contra el Estado”. Martín apunta en su ensayo que “no se trataba de un marinero enfadado con Rembrandt ni con el lienzo, sino con la voz que emana de él. Una víctima del Estado tratando de cargar contra este”. Esta obra volverá a ser atacada durante el siglo XX: acuchillada en 1975 y vandalizada con ácido sulfúrico en 1990.

Convertidas las obras de un museo como objeto de culto, mancillarlas es un sacrilegio. Entonces, ¿por qué actuar sobre el patrimonio de todos? Martín responde en Contra el patrimonio: “El activismo debe ser molesto. No podemos aceptar el argumento de la protesta dócil e institucionalizada. Los focos del museo iluminan más que los de cualquier escenario”. Sus argumentos, no exentos de crítica, también desde las posiciones de izquierda, encuentran su razón de ser en que el “activismo debe dirigirse a donde esté la mirada colectiva para ocupar un centro, obligar a la atención”.

Al albergar un relato oficial de la historia, los museos se yerguen como escenarios en disputa para todas aquellas personas y colectivos que quieren contradecirlo. Sus acciones, sin embargo, no solo miran al pasado, sino que debido a lo que ocurre en el presente las llevan a cabo para intentar cambiar el futuro. Entender así la profanación del arte de la que habla Martín en su monografía, que ha tenido sus últimos ecos en llamadas a la acción frente a la emergencia climática y el genocidio en Gaza, todavía es una tarea pendiente de los medios de comunicación.

El historiador del arte defiende en el libro que “parece que la prensa está salivando bajo el deseo de que algo se rompa para poner el grito en el cielo contra el activismo, examinado bajo lupa”. Y añade: “No deja de ser desalentadora la preocupación mediática por el lienzo en contraposición de aquella por lo humano”.

En este sentido, Martín asegura que medios de distinta línea editorial han confluido en denunciar casi al unísono estas intervenciones en el arte. “Hay mucha gente que piensa que los activistas han roto obras”, considera, porque en sus noticias utilizan de forma constante conceptos tan potentes como “atentados” o “ataques”. Más allá de perseguir clics sobre la noticia, el historiador del arte indica que esta forma de actuar de los medios está regida por su oposición general al activismo en el arte.

No debemos dar esa importancia a los palacios de las élites en comparación de las vidas de trabajadores y sociedad en general

Manu Martín — Investigador y escritor

El mismo autor se autodefine como una persona de izquierdas, espectro político que, en su mayoría, según afirma, entiende estas intervenciones como un ataque a la civilización, a la cultura. Ya lo ha dicho el filósofo y politólogo Oriool Erausquin en La rabia es nuestra. Una emoción política en disputa (Siglo XXI, 2026): “La rabia, cuando viene de los oprimidos, no es vista como una herramienta de liberación sino como una amenaza al orden establecido, racional y civilizado”.

De esta forma, la prensa es el medio, aunque en ella no exista una verdadera intención para desentrañar lo que esconden este tipo de protestas. Martín lo deja claro en su libro: no se ha destruido ninguna obra debido al activismo de nadie. “Pero lo más importante, si se hubiera llegado a perjudicar alguna, a mí no me importaría”, comenta. 

Estas palabras, que en un primer momento podrían llamar la atención, lo único que hacen es desprender luz si se piensan con detenimiento. Lo hemos visto hace apenas unos días. Una bomba lanzada en los últimos días por Israel y Estados Unidos a Teherán, capital de Irán, ha provocado importantes daños en el Palacio de Golestán y la UNESCO ha mostrado su “preocupación” en un comunicado. “A mí que se hayan roto las ventanas de un palacio no me importa, aquí hay gente muriendo. También bombardearon un instituto de mujeres. No debemos dar esa importancia a los palacios de las élites en comparación de las vidas de trabajadores y sociedad en general”, añade.

El público también juega un papel prominente a la hora de armar un relato en torno al activismo en la profanación del arte. “Es una forma de enfrentar a la clase trabajadora y desactivar y deslegitimar la protesta”, adelanta Martín. Pone de ejemplo la Fontana di Trevi: “Los romanos no pueden visitarla en su día a día porque está llena de turistas, crea inseguridad, hay codazos, carteristas y ahora hasta una valla. No existe un acceso entre el tejido social y el patrimonio por vinculación territorial”.

A la hora de revertir esa realidad, si un romano utiliza su Fontana para protestar como legítima comunidad patrimonial, “quien le insulta y le intenta echar es el turista”, apunta el historiador del arte. Es decir, el turista ocioso que está en Roma deleitándose del patrimonio se queja de que los autóctonos lo utilicen para amplificar sus reivindicaciones. 

Martín opina que “existe cierto complejo de clase que se manifiesta aquí al pensar que tenemos más que ver con las formas barrocas de Trevi y con el Estado pontificio y la monarquía absoluta que con una chavalada metida en una fuente y que nos pide por favor que hagamos algo porque están bombardeando niños y el mundo se pudre”. Y subraya: “Existe un problema a la hora de creer que nosotros, como civilización, somos el mármol de la fuente y no el agua teñida de negro”. En mayo de 2023, nueve activistas de Ultima Generazione arrojaron líquido negro en el agua de la fuente y exigieron dejar de invertir en combustibles fósiles. La Justica no halló delito alguno en su acción.

La profanación llega a España

España ha sido escenario de este tipo de profanaciones recientemente. El 5 de noviembre de 2022, dos activistas de Futuro Vegetal protestaron entre los lienzos mellizos de Goya, La maja desnuda y La maja vestida, en el Museo Nacional del Prado. Reclamaban que los políticos tomaran las medidas necesarias para que el calentamiento global no siga aumentando. “No habrá museo, patrimonio ni idolatría en un mundo arrasado”, destaca Martín en su ensayo. En septiembre de 2025, también militantes de esta organización lanzaron pintura roja y negra a la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona al grito de “justicia climática”.

Un mes más tarde, el mismo colectivo climático actuó en el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo. Era el 12 de octubre y mancharon la obra del Museo Naval de Madrid con pintura roja biodegradable que, apenas unas horas después, una empresa especializada ya había conseguido eliminar al completo. “Esta es de las poquísimas acciones contra una obra que no está protegida con cristal. Había intención de dañarla, realmente”, opina el historiador del arte. 

Es decir, a diferencias de otras, esta creación que data de 1892 sí se entiende como perjudicial para la identidad que desde algunos espacios tratan de construir hoy, que entiende el colonialismo como algo a combatir. A pesar de ello, este testigo pictórico de la colonización no sufrió ningún daño. “Ojalá existiera esa posibilidad. Ojalá poder ir al Museo del Prado y dejar nuestra mano abierta plantada en una pared, con los cinco dedos de un obrero, pero es imposible, lo van a quitar”, remarca Martín.

Una protesta que ahora se estudia con orgullo

Victòria Domingo, militante de Futuro Vegetal, protagonizó la acción en el Museo Naval y terminó detenida. “El cuadro de Colón es un símbolo de que el Estado no se ha revisado lo suficiente y sigue celebrando el 12 de octubre como fiesta nacional”, esgrime en declaraciones a elDiario.es. Esta veterinaria de 40 años reconoce que, si por ella fuera, la obra de Garnelo estaría en “el museo de los horrores o del genocidio”.

No se trataba únicamente de poner el foco en lo ocurrido hace cinco siglos en Abya Yala con los pueblos originarios, sino también girar la mirada hacia el presente: “Ahora desarrollamos una neocolonización con el extractivismo de sus tierras”. Por otro lado, Domingo asegura que el arte es la forma de vehicular sus demandas. “La gente se enfada mucho con esto. Estamos ante una emergencia climática horrible, con unos efectos que ya empezamos a ver en nuestro país, y estos efectos también le pasarán factura al arte”, agrega.

La activista de Futuro Vegetal confirma lo planteado por Martín. Mientras que en la acción del Museo Naval la idea era criticar el contenido y simbología de la obra, la suerte de performance entre las majas de Goya era llamar la atención. “El movimiento sufragista usó el arte para reivindicar la igualdad y ahora eso se enseña como parte de la historia, de la lucha, con orgullo”, apunta. 

De todas formas, el poner sus cuerpos al servicio de este tipo de intervenciones ha granjeado a los activistas detenciones y represión. Domingo sigue a la espera de juicio y es posible que acabe en prisión, ya que ha participado en otras protestas en las que también ha acabado detenida. “Al menos se ha creado cierto debate público y político durante unos días. Luego, con libros como el de Martín, continúa la discusión”, concluye.

Una jueza ha absuelto a dos activistas de Greenpeace acusados de embestir con sus embarcaciones una lancha de la Guàrdia Urbana de Barcelona en una protesta en el mar en 2021, al considerar poco creíble la versión policial. La sentencia, por el contrario, considera que los tres agentes heridos actuaron con “exceso de celo” al entender que los activistas “atentaban contra su principio de autoridad”.

En su sentencia, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del juzgado de lo penal número 7 de Barcelona concluye que existe una “duda más que razonable” sobre lo ocurrido, ya que no se ha acreditado la tesis acusatoria de que las embarcaciones de Greenpeace intentaron embestir a la de la Urbana, lesionando a los tres agentes. La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para los activistas.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2021 cuando, con motivo de un acto organizado por el Círculo de Economía en el hotel “W” de Barcelona, situado en el frente marítimo de la ciudad, y al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Greenpeace llevó a cabo una acción de protesta para exigir una “recuperación verde y justa” tras la crisis por el coronavirus.

En la primera sesión el juicio, los tres agentes heridos aseguraron que las embarcaciones de Greenpeace que pilotaban los dos acusados desoyeron su petición de que se detuvieran para ser identificados, se dieron a la fuga y les intentaron embestir en varias ocasiones, en maniobras de “abordaje”.

Un relato que corroboraron otros agentes de la Urbana que vieron el incidente desde tierra, recorriendo el tramo del litoral entre Barcelona y el embarcadero del Fórum a bordo de un quad, tras oír las llamada de auxilio de sus compañeros.

Por el contrario, la magistrada destaca en su sentencia que los agentes heridos no han aportado al procedimiento el rastro del gps de su embarcación para acreditar que los acusados les habían intentando embestir. Además, los uniformados que vieron el suceso desde la playa lo hicieron “desde una distancia más que lejana, que puede llevar a distorsiones sobre lo apreciado”, apunta la jueza.

También desmienten la versión policial los vídeos que obran en la causa, que acreditan “claramente” que las embarcaciones de Greenpeace estaban participando en un “acto activista” por parte de una “organización pacifista”.

La sentencia remarca que la finalidad de los agentes tenía que ser identificar a los miembros de las embarcaciones y comprobar si habían cometido alguna infracción administrativa y remarca que “no hay duda” de que actuaron con un “exceso de celo”.

“En el malentendido de que estaban socavando su principio de autoridad, se extralimitaron en su cometido”, apunta la jueza, que resalta que los tres agentes ya denunciaron en la vía correspondiente al Ayuntamiento de Barcelona porque no tenían el material adecuado para este tipo de intervenciones.

“Todo ello lleva a una duda más que razonable sobre lo realmente sucedido cuando el cometido de la embarcación policial, no olvidemos, era identificarlos y, en su caso, averiguar si tenían alguna sanción administrativa”, insiste la jueza.

Respecto a la versión de los compañeros de los agentes heridos, que vieron el incidente desde un quad en marcha, la jueza subraya que lo observaron en movimiento y a una distancia “más que lejana”, lo que puede llevar a “distorsiones sobre lo apreciado, en una navegación por mar, con los movimientos de las embarcaciones, las estelas seguidas y los desplazamientos por agua”.

En el juicio, que finalizó el pasado viernes, 27 de febrero, la Fiscalía pidió cinco años y dos meses de cárcel para los dos activistas, acusados de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Durante el juicio, los dos activistas insistieron en que su acción fue una protesta pacífica para reivindicar una transición justa y verde.

En un comunicado, Greenpeace ha celebrado la absolución de sus dos activistas, mientras que su abogado, Jose Manuel Marraco, ha afirmado que “el derecho a la protesta es la base” de la libertad “y nadie debería ser perseguido por ejercerlo”.

Activistas del grupo británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) colgaron este domingo en el Museo del Louvre de París la imagen tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de su interrogatorio el pasado jueves.

De acuerdo a la imagen que esta asociación antimillonarios reprodujo en su cuenta de Instagram, bajo la foto, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer: “He sweats now - 2026” (“Ahora sí que suda”).

Esa frase es la misma que hicieron recientemente el hermano y la cuñada de Virginia Giuffre, quien denunció haber sufrido abusos sexuales en su adolescencia a manos de Andrés Mountbatten-Windsor.

Giuffre, que se suicidó a los 41 años, en abril de 2025, había relatado años atrás que, mientras estaban en un club nocturno a principios de la década de 2000, el expríncipe sudaba mucho.

El grupo añadía en la publicación: “¿Ver cómo un repugnante maltratador FINALMENTE se enfrenta a un poco de justicia? Eso no tiene precio”.

Se trata de una forma de ridiculizar al expríncipe británico, que fue detenido por la policía durante unas once horas para ser interrogado antes de ser puesto en libertad bajo investigación.

Su interrogatorio estuvo vinculado con las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés al pederasta convicto Jeffrey Epstein durante el periodo 2001 y 2011, cuando el entonces príncipe era represente especial para el comercio del Reino Unido.

Josep Ametller, el propietario de la cadena de alimentación y supermercados “sostenibles” Ametller Origen, ha decidido dar un paso más en el conflicto que libra con diversas asociaciones ecologistas que se oponen al Agroparc, un macrocomplejo de 258 hectáreas que la empresa construye en el municipio de Gelida, de apenas 8.000 habitantes.

Ametller ha solicitado un acto de conciliación con media docena activistas de distintas entidades que forman parte de la plataforma opositora StopAgroparc. Se trata de un trámite al que obliga la ley como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra los ecologistas.

Ametller considera que los ecologistas le han atribuido los delitos de inducción a la prevaricación de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias por una publicación en el perfil de Instagram de la plataforma, que contaba con apenas 2.500 seguidores en el momento de los hechos.

Según el escrito de la querella, al que ha tenido acceso elDiario.es, las frases publicadas que le atribuyen los delitos mencionados son las siguientes:

Jordi Asensi, uno de los querellados y miembro de la entidad Bosc Verd, que participa en la plataforma que se opone al proyecto, considera que la querella interpuesta es una “medida intimidatoria”. “En 40 años de activismo ecologista no me habían puesto una sola querella”, añade en conversación telefónica.

Fundada en 2001, Ametller Origen se ha expandido a gran velocidad en Catalunya durante los últimos años: en 2025 facturó 802 millones, el 18% más que el año anterior y casi el doble que en 2022, gracias a una red de 147 tiendas repartidas por la comunidad y Andorra.

La compañía ha crecido presentándose como una empresa de productos “sostenibles” y “sin intermediarios”. En 2014, sin embargo, decidió retirar este último eslogan de sus tiendas después de las quejas de algunos clientes porque buena parte de los productos ofertados no eran de proximidad.

En 2022, Unió de Pagesos, el principal sindicato de ganaderos y agricultores de Catalunya, denunció que la empresa se anunciaba en Google como un supermercado ecológico sin serlo.

Un proyecto polémico

El proyecto Agroparc se ha convertido en una de las grandes prioridades de esta cadena alimenticia, que pretende construir en Gelida “el primer distrito agroindustrial de energía positiva y CO2 negativo”. El proyecto prevé una inversión de 180 millones para un complejo que ocupará 258 hectáreas, más de 361 campos de fútbol. 

Ametller Origen está construyendo el complejo en una zona a las afueras de Gelida que, hace tres años, era totalmente verde y estaba formada por campos, viñas, masías y caminos de tierra para pasear. La intención es emplazar ahí la sede central de la compañía, plantas de producción y logística, campos de cultivo y pastoreo para 400 ovejas y 400 cabras, un hotel rural, una casa de colonias, un centro de investigación y una tienda de la empresa.

El proyecto tiene el apoyo de la Generalitat —que lo declaró proyecto estratégico— y del Ayuntamiento del municipio, pero ha recibido el rechazo de decenas de entidades ecologistas, incluida Greenpeace, y también de Unió de Pagesos. “Es un auténtico despropósito”, señalaba a esta redacción hace tres años Maria Rovira, responsable de Urbanismo del sindicato. “Va a ser un gran parque temático”, remachaba.

La empresa anunció su plan a finales de 2016, y desde entonces el proyecto ha ido avanzando de manera intermitente. En febrero de 2018 se paralizó y fue retomado de nuevo en otoño de 2021. Desde entonces ha habido modificaciones tanto de la normativa urbanística como del complejo que se prevé construir. En julio de 2025 llegaron los camiones y empezaron a mover tierras.

Una vez el complejo esté en pleno funcionamiento, se calcula que llegarán al menos 200 camiones diarios a la zona, según un cálculo que sale del propio estudio de movilidad que hizo Ametller Origen. 

Los ecologistas, así como expertos del Servicio de Fauna y Flora del Govern, consideran que el proyecto romperá un conector ecológico entre espacios naturales protegidos y afectará el área de caza del águila perdicera, una especie protegida y en peligro de extinción.

Actualmente hay dos procedimientos en los juzgados contencioso-administrativos contra el proyecto: uno por el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa para construir el macrocomplejo y otro contra las modificaciones urbanísticas que han permitido ponerlo en marcha.

“Es extremadamente grave que, en lugar de responder a las advertencias medioambientales, Ametller Origen haya decidido presionar a personas concretas en un intento de desactivar la acción reivindicativa”, ha señalado la plataforma StopAgroparc en un comunicado.

Este periódico se puso el jueves por la mañana en contacto con Ametller Origen, que al final del día no había respondido a la solicitud para comentar esta publicación.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

El próximo miércoles, 4 de febrero, cuatro activistas se enfrentarán a un juicio con peticiones de cárcel de hasta ocho años y multas de 112.400 euros por una acción de protesta frente a un salón de juego en Sopela en el año 2021. Se trata de una causa ya archivada en dos ocasiones y en la que la Fiscalía se ha retirado finalmente del proceso, sin embargo, la acusación particular lo mantiene. “Hace cuatro años, la policía nacional española detuvo a cuatro ciudadanos de Sopela por su presunta participación en una serie de actos de protesta contra un salón de juego. Tras años de diferentes procesos, hace tres semanas conocimos tanto el juicio como la acusación formal que debe celebrarse el 4 de febrero. Una pena de 32 años de prisión (8 para cada ciudadano) y una petición de multa de 112.400€ para los cuatro sopeloztarras. La situación es muy grave. El coste penal y económico de este caso puede obligar a cuatro personas a ingresar en prisión y condicionar sus vidas para siempre”, explican a este periódico desde la plataforma Sopelako 4ekin1, creada por los vecinos del municipio de Bizkaia para denunciar la situación.

Según sostienen desde la plataforma, todo se trata de “un montaje policial”. “Estamos ante un montaje policial. De hecho, esta es una operación que se ha construido sobre unos relatos falsificados y unos intereses concretos. Los años 2020 y 2021 fueron especialmente movidos en Sopela. Por un lado, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un supermercado en construcción. Por otro, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un salón de juegos. Y además estaba dando un conflicto flagrante entre la policía local de Sopela y algunos jóvenes. En este contexto, con el objetivo de perseguir a algunos ciudadanos que estaban participando activamente en el movimiento popular, dieron inicio a esta operación. Una operación de dos vértices. Por un lado, el dueño del salón de juego, que quería acabar con esa dinámica ciudadana. Por otro lado, la Policía Municipal de Sopela, la cual pretendía amedrentar a varios jóvenes que, en este contexto, trabajaban activamente en el movimiento popular de la localidad. Así, tanto mediante la manipulación de pruebas como mediante declaraciones falsas, se puso en marcha una operación que situaría a estas cuatro personas en el punto de mira”, defienden, alegando que desde el salón de juego tras la protesta no se realizó ninguna denuncia contra ningún activista en concreto y que fue tiempo después cuando ya se dieron los nombres de los cuatro activistas encausados y se abrió el proceso.

Tras el cambio de declaración, es la Policía Nacional la que investiga el caso que lleva a detener, el 22 de julio de 2021, a los cuatro activistas, que fueron liberados después. “Los acusados declararon por primera vez en noviembre de 2021 y, en mayo de 2022, el juez desestimó el caso, argumentando que no existían pruebas suficientes para condenar a nadie. La acusación particular interpuso un recurso de apelación, pero un segundo juez decidió desestimarlo de nuevo por las mismas razones. Sin embargo, la acusación particular apeló por segunda vez y, posteriormente, un tercer juez decidió ir a juicio. No obstante, una vez fijada la fecha del juicio, la Fiscalía decidió retirarse del caso, argumentando también que no existían pruebas suficientes”, detallan a este periódico desde la plataforma ciudadana.

“Han lanzado una absurda petición de castigo. La acusación pide una multa de 112.400 euros por 32 años de prisión por participar presuntamente en varias iniciativas de protesta. Esto es una barbaridad. Tenemos que hacer frente a esta situación. No hacer nada no es una opción, está en juego el futuro de cuatro ciudadanos de Sopela víctimas de un montaje policial. Por eso, hasta el juicio pondremos en marcha toda una dinámica social que tenga como objetivo socializar la cuestión y tejer solidaridad”, sostienen desde Sopelako 4ekin 1, que han convocado una movilización social este 31 de enero a las 12.30 horas en Sopela.

Desde el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, gobernado por EH Bildu, consideran que las peticiones de la acusación particular son  “especialmente severas” y generan “una situación de notable incertidumbre personal y social para las personas encausadas y sus entornos familiares y comunitarios, más si cabe, cuando desde la Fiscalía se han retirado todas las acusaciones”. “Como responsables de una institución pública cercana a la ciudadanía, el equipo de gobierno no puede permanecer ajeno al impacto humano y social que este tipo de procedimientos conlleva, ni a la preocupación que suscitan en la comunidad local”, defienden en un comunicado en el que también insisten en que seguirán “con atención la evolución de este caso, desde una posición de responsabilidad institucional y cercanía” con los vecinos.

España aún asimilaba los efectos del Estado de alarma y el rígido confinamiento decretado durante la pandemia del coronavirus, cuando Edith Espínola recibía preocupantes mensajes de trabajadoras internas sin papeles a las que apoyaba desde su organización. Lamine Sarr repartía alimentos entre las casas de compañeros manteros que, sin poder salir a la calle, habían perdido el poco sustento que obtenían día a día de la venta ambulante. Seydou Diop recorría los asentamientos de temporeros de Huelva para denunciar las condiciones de hacinamiento que les impedía cumplir con la exigida distancia social.

Tras la declaración del Estado de alarma, el Gobierno aseguraba que su plan social ante la emergencia del coronavirus “no dejaba a nadie atrás”, pero cientos de miles de personas en España no se sentían parte de ese “nadie”. Y decenas de activistas migrantes y racializados decidieron unirse y exigir una solución. 

Esa preocupación, esa situación de vulnerabilidad extra sufrida por todas las personas sin papeles a las que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó atrás durante la pandemia —nunca les llegaron las ayudas sociales ligadas al coronavirus—, conformó los primeros coletazos de un movimiento que, semanas después, sería bautizado con un nombre directo y conciso: Regularización YA. Un movimiento autoorganizado y formado únicamente por personas migrantes que se marcó un objetivo: conseguir una regularización extraordinaria para todas las personas que en ese momento vivían en España en situación irregular. 

No lo lograron entonces, pero no pararon de salir a la calle, patear todo el Estado para conseguir firmas, hablar con los medios, negociar con quien hiciese falta y gritar sus exigencias en cualquier espacio al que fuesen invitadas. Más de cinco años después, el Consejo de Ministros ha iniciado los primeros trámites de un proceso de regularización amplio con unas condiciones pactadas con el Movimiento Regularización YA, gracias a un acuerdo entre Podemos y el Gobierno. De ser aprobado bajo los requisitos recogidos en el borrador actual, será el primer proceso de regularización de la historia nacido de un movimiento de base, conformado exclusivamente por personas migrantes. 

Durante todo este tiempo, el movimiento ha tenido momentos en los que ha estado formado por cientos de personas y otros en los que los varapalos del Gobierno y de los partidos políticos de la derecha, la dilatada burocracia y el bloqueo institucional acabaron por rebajar el número de integrantes a unas decenas. Quienes lo han conformado son activistas antirracistas que también han sufrido los efectos de la política de extranjería, del racismo y de la precariedad ligada a muchos procesos migratorios. Son o fueron empleadas domésticas, manteros, trabajadoras de la hostelería, temporeros en el campo, prostitutas, repartidores... Y, los representantes que han estado en la primera línea, los rostros que hemos visto defender la medida en los medios de comunicación y se han sentado a negociar con formaciones de distinto color político, saben lo que es vivir sin papeles en España: todas ellas han pasado un tiempo en el país en situación irregular.

Si han insistido tanto, si no han parado de gritar cuando nadie parecía escuchar, si han encontrado la grieta por la que impulsar la medida, es porque saben de lo que hablan. Cada uno de sus lemas, cada uno de sus argumentos, les atraviesa. “Lo conseguimos por pesadas”, dice entre risas Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento, representante de las mujeres trabajadoras domésticas sin papeles.

“Ha salido por esa insistencia. No íbamos a permitir soltarlo. Éramos muchos y nos quedamos las activistas más pesadas, más tercas, porque creemos que este proceso va a beneficiar no solo la vida de personas que se regularizan, también va a mejorar económica de todo el país”, añade, la también miembro de SEDOAC, organización en defensa a los derechos de las empleadas del hogar, sector en el que trabajó durante sus primeros años en España. 

Las primeras reuniones 

La pandemia estaba afectando especialmente a las personas sin papeles, muchas trabajaban de forma irregular en los sectores considerados “esenciales”, aquellos que no pararon en el confinamiento, no podrían acceder a ningún tipo de ayuda del plan de choque del Gobierno. Distintos colectivos empezaron a denunciar el abandono de las personas sin papeles. “Entendimos que no podíamos ir cada colectivo por separado y convocamos una reunión”, apunta Espínola. 

Aún era marzo de 2020 cuando fue convocada una reunión por videollamada. Silvana Cabrera, otra de las portavoces del Movimiento, activista boliviana y trabajadora en el sector de la hostelería, recuerda conectarse desde su país de origen, donde le pilló el confinamiento durante una visita para cuidar a su padre tras una operación. “Éramos 80 o 90 personas de colectivos de todo el territorio, muchas sin conocernos, poniendo en común lo que estaba pasando. Éramos riders, gente de la manta, jornaleras, empleadas domésticas, trabajadoras de la hostelería… ”, describe la mujer, quien combina su militancia por los derechos humanos con su empleo en un restaurante. “Teníamos reuniones de cinco o seis horas para construir algo entre todas. El confinamiento nos ayudó a reunir a mucha gente que tenía el tiempo necesario para sacarlo adelante”, añade la activista. 

Había una solución principal para todas esas situaciones que alarmaban a los colectivos reunidos: un proceso de regularización extraordinaria. Sin papeles, continuaría la vulnerabilidad de todas las personas que motivaban sus denuncias. Era su situación de irregularidad la que las excluía del sistema en un momento en que se evidenciaba con aún más crudeza. “Hicimos un grupo de Telegram con un sinfín de gente”, recuerda Espínola, empezaron a diseñar las campañas en redes sociales y decidieron una de sus primeras acciones: enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.  

Debates internos: migrantes, primera línea

“Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo”, rezaba la misiva, firmada por un centenar de colectivos. En aquel momento las organizaciones participantes estaban compuestas por personas migrantes y españolas, pero los debates internos entre los distintos colectivos giraban en torno a la importancia de concentrar las portavocías y la labor de incidencia política directa, la primera línea del movimiento, en personas migrantes y racializadas. No sentó bien a todos, principalmente a las organizaciones conformadas por mayoría de personas españolas y blancas. 

“Hubo una separación”, reconoce Espínola. “Desde el principio tuvimos claro que el sujeto político tenía que ser la persona migrante. Nos encanta que nos acompañen aliados blancos, pero tenían que entender que tengo voz, tengo unas capacidades, resiliencia, resistencia y reivindicación”, explica la ex trabajadora doméstica. En esa búsqueda de representación de las problemáticas que denunciaban, decidieron que las portavoces no solo debían ser migrantes o racializadas, sino que tenían que ser personas hubiesen sufrido los efectos de vivir en España sin papeles. “Para las personas sin documentación era peligroso ser portavoces, por lo que decidimos que al menos quienes fuesen las representantes hubiesen pasado por esa situación”, apunta Espínola.

Una de las seleccionadas, quien dio un paso adelante para ejercer la portavocía, fue Silvana Cabrera. Como trabajadora en la hostelería, representaría que todas las personas migrantes empleadas sin papeles en el sector. Otra de ellas fue Edith Espínola, para poner el cuerpo por todas las empleadas domésticas, muchas internas. La paraguaya migró a España en los años 2000. Tras su llegada en avión, una vez expirado su visado de turista, se quedó sin papeles. La ley impedía solicitar una autorización de residencia por arraigo hasta poder demostrar haber vivido en el país durante tres años y presentar un contrato de trabajo. Cumplido el plazo, la activista tuvo que viajar a su país por razones personales, lo que le colocó de nuevo el contador a cero. Regresó y la Ley de Extranjería la obligó a volver a empezar hasta alcanzar un total de seis años sin papeles, trabajando en los cuidados como empleada interna y externa, y en los servicios de limpieza.

Entre ellos también estaban Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona quien vivió durante años sin papeles y sobrevivió gracias a la venta ambulante; Seydou Diop, activista senegalés y jornalero en el campo onubense durante años; o Victoria Columba, activista de origen argentino, que migró a Barcelona en la década de los 2000 y, tras pasar una temporada en situación irregular, logró obtener la documentación, precisamente, en la regularización aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005.

La labor de incidencia entonces se centraba en presionar al Gobierno para aprobar la regularización apelando a la pandemia, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cedía. Su entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró en varias ocasiones en contra de la aprobación de dar los papeles de forma generalizada, e insistía constantemente en hacerlo “caso a caso”. Como justificación, llegó a decir que la medida contradecía el marco legal europeo, un argumento falso, utilizado recientemente por el PP y Vox. La Comisión Europea aclaró entonces, como ha vuelto a hacerlo esta semana, que los Estados miembros tienen la competencia para decidir sobre la situación administrativa de las personas que ya viven en su territorio. 

PNL: obligar a los partidos a posicionarse

“Al Gobierno no le movíamos un músculo”, critica Espínola. Ante la negativa del Gobierno español a la carta enviada en abril de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, el movimiento apuntó hacia el Congreso. Querían entrar en el Parlamento, introducir el tema en agenda y forzar a los partidos políticos a posicionarse sobre su propuesta. La fórmula seleccionada: una Proposición No de Ley (PNL), para empujar a los diputados a debatir sobre la regularización extraordinaria. El texto, creado de forma íntegra por la plataforma fue íntegramente redactada por colectivos migrantes, organizaciones antirracistas y la Coordinadora Obrim Fronteres y fue registrada en el Congreso en junio de 2020 por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otras formaciones. 

En septiembre de 2020, el Congreso rechazó la PNL con votos en contra de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV. “En septiembre, después del fin del confinamiento y tras el revés con la proposición no de ley, la gente se desinfló. Muchas compañeras, al no tener ya tiempo para dedicarse tanto a la campaña, se fue yendo del movimiento”, recuerda Silvana Cabrera. 

Recogida de firmas: ILP

Tras un tiempo para recolocar su estrategia, volvieron a intentar regresar al Congreso. Querían hacerlo por la puerta grande, pese al descenso de manos en la plataforma. “Decidimos ir a por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el único mecanismo que teníamos de democracia directa”, dice Cabrera. Para conseguir presentar su propuesta legislativa de regularización extraordinaria como colectivo social debían recolectar más de 500.000 firmas. Tras la redacción del texto, surgía un nuevo reto; peinar las calles en busca de firmas de ciudadanos españoles. 

“Fue un trabajo titánico”, recuerda la activista boliviana. La estrategia implicó levantar desde cero una estructura estatal para llegar a todo el territorio en busca de apoyos: “Creamos 18 comités en todo el territorio y un grupo motor para coordinarlo todo”. La recogida de rúbricas se sostuvo casi exclusivamente sobre el trabajo militante de personas migrantes y racializadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular. “Era muy gráfico: personas sin papeles pidiendo una firma y el DNI a personas españolas que ya tenían derechos”, explica Cabrera.

En la calle, el desgaste fue constante. “Nos encontrábamos con Vox en muchas plazas”, relata la portavoz del colectivo, que participaba en el comité de Valencia. Recuerda varios episodios de violencia: “Una compañera en situación irregular fue agredida mientras recogía firmas. Le dijeron que ella no tenía que pedir firmas, le rompieron los pliegos, la agredieron, fuimos a denunciar, pero quedó en nada”, dice con rabia. 

Las dificultades y la violencia eran contrarrestadas con otras muchas respuestas de apoyo. “Nos sorprendió la cantidad de firmas y la red que se creó con gente que nunca había militado”, dice Espínola. Todo se hizo sin apenas recursos: “No había presupuesto, era gente dejando su vida personal y laboral”, subraya. Ana Gutiérrez Fajardo, activista ecuatoriana y miembro del movimiento desde la retaguardia, se volcó en la recogida de firmas en Valencia. Recuerda aquellos días dedicados a convencer a ciudadanos españoles de la importancia de dar los papeles a cientos de miles de personas.

“Algunas respuestas me desgastaban, sentía que de forma sistemática cuestionaban mi presencia en España y de otras tantas compañeras”, admite Gutiérrez. “Pero también fue muy emocionante: contar firmas, comprobar si eran válidas… sentir que llegábamos. O esos momentos en que veías que una persona no tenía claro apoyar una regularización pero, al escuchar nuestros argumentos, cambiaba de opinión”.

La entrega de las firmas en el Congreso se vivió como un punto de inflexión. “El día que llevamos las cajas fue brutal, un día de felicidad absoluta después de tanto desgaste”, recuerda Cabrera. Más de 600.000 apoyos avalaron una reivindicación impulsada desde abajo. “Esto es el resultado de la organización de personas migrantes y racializadas que saben lo que es estar sin papeles”, concluye Gutiérrez Fajardo con orgullo. “Nos unimos muchísima gente, fue muy emocionante. Lo habíamos conseguido después de meses de muchísimo trabajo, en los que pensamos que no llegábamos. Pero habíamos entrado al Congreso con el respaldo de más de 600.000 firmas”, dice Espínola.

El debate en el Congreso y la sorpresa del PP

Una vez registrada en el Congreso, llegó el momento de defenderla. Parte de las mismas personas que habían recorrido distintos puntos de España para recoger firmas se dentaron frente a los diputados de todas las formaciones para explicar con datos, argumentos y desde la propia experiencia por qué era importante su respaldo a la regularización. Entre ellas estaba Espínola y el portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, Lamine Sarr. Estuvieron apoyados por la Fundación PorCausa, responsable del estudio Esenciales que daba cifras del impacto económico positivo del proceso planteado.

Cuando echan la vista atrás, todas las integrantes del movimiento menciona un día: 9 de abril de 2024, el día de la votación de la toma en consideración de la iniciativa. Espínola y Cabrera presenciaron el debate en el hemiciclo, junto al resto de representantes del movimiento. Estaban nerviosas, cuentan, no tenían garantizados los votos y dependían de la posición del Partido Popular. “Votos a favor: 310, Votos en contra: 33. Abstenciones: ninguna. Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley”, recuerdan escuchar las activistas.

“Nos abrazamos, lloramos, estábamos en shock porque no podíamos creer que avanzaba”, dice Cabrera. Edith recuerda estar en los pasillos del Congreso atendiendo una entrevista con una radio estatal cuando escuchó la ovación. Salió corriendo a encontrarse con sus compañeras. “Fue un día de felicidad absoluta”, resume la paraguaya.

Esa noche volvieron orgullosas al piso que solían alquilar todas las representantes del Movimiento cuando se reunían en Madrid. “Después de tanto trabajo, llegamos reventadas, comimos una pizza y estábamos todas en pijama celebrándolo. Fue muy emotivo”, recuerda Cabrera. Era la primera evidencia tangible de que los años de organización y trabajo podían llegar a traducirse en una política concreta.

Bloqueo y nuevo plan

La alegría se vio pronto ensombrecida. La ILP quedó atrapada en un limbo político. Durante meses, apenas había novedades mientras el texto cogía polvo en un cajón. “Ya con muchísima desconfianza, veíamos que los partidos no nos daban apoyo suficiente, no recibíamos contestación a veces de los correos”, relata Cabrera. “En el Congreso no avanzaba, estaba bloqueado… los partidos políticos se pisaban entre ellos, buscaban alcanzar un éxito propio, como una pelea de escuela y no pensaban en los derechos de las personas”, describe Espínola. Empezaron a ver imposible un acuerdo entre las distintas formaciones.

La necesidad de salvar la medida llevó al movimiento a replantear su estrategia. Ante el fracaso del consenso parlamentario, Regularización YA apostó por un nuevo objetivo: la medida podía aprobarse por decreto, sin necesidad de tener la luz verde del Congreso, por lo que se centraron en encontrar una fórmula para convencer al Gobierno. Espínola recuerda que se reforzó el diálogo directo con Podemos: “El traspaso de competencias sobre inmigración a Catalunya fue una desenmascarada total. Podemos nos preguntó qué pensábamos sobre el traspaso y les dijimos que no estábamos de acuerdo, pero vimos una grieta de luz en ese contexto”, reconoce. El colectivo confirma que la negociación sobre los presupuestos y la posición de Podemos con respecto al traspaso de competencias a Catalunya fue un elemento clave para acelerar el proceso.

A partir de diciembre todo se aceleró, confirman varios miembros de Regularización YA: “Fueron semanas revisando borradores, muchas horas… no tenemos un equipo jurídico, tiramos de alianzas, de abogadas de extranjería, de conocimientos colectivos”, recuerda la activista boliviana. Cabrera, como muchas otras integrantes del movimiento, no tiene conocimientos jurídicos, pero les tocó aprender: “Leyendo y leyendo una y otra vez, preguntando dudas, incluso viendo tutoriales de YouTube, lo íbamos sacando”, comenta entre risas.

En las últimas semanas, el intercambio de borradoras fue constante, hasta alcanzar un texto consensuado de una regularización con garantías por la que apostaban.

“Ya está”

Recuerdan las palabras de Victoria Columba, otra de las portavoces del movimiento, en una videollamada celebrada el fin de semana pasado. “Ya está. Va a salir”, anunció a sus compañeras tras su última conversación con miembros de Podemos. “No llegábamos a creérnoslo, pero poco a poco vimos que era cierto, lloramos, era muy fuerte”, indica Espínola, quien junto al resto se preparó para viajar a Madrid para presenciar el acto en que Podemos iba a anunciar el acuerdo. La alegría fue contenida, consciente de que la letra pequeña y la implementación serían el siguiente desafío: “Hasta que no lo veamos no lo creemos”.

Esa noche, Ana Fajardo, en Valencia, no podía dormir. “No podía dormir, tenía la cabeza dando vueltas… pensando en cada una de las personas migrantes que conozco a las que le iba a beneficiar. En cómo les iba a cambiar la vida esto. Les habíamos dicho que iba a salir, y por fin era real”, recuerda. Silvana Cabrera pensaba en las personas sin papeles a las que había acompañado durante años: “Imaginar a esas personas que van a poder trabajar con tranquilidad, que sus hijos van a tener algo más de seguridad… eso te atraviesa el alma. Todo el cansancio que llevábamos, vale la pena por esto”.

En aquel piso compartido donde volvieron a pasar una noche más de alegría en Madrid, entre documentos y mensajes que no dejaban de llegar, las portavoces aún no asumían que ya estaba, que iba a salir. El día siguiente, las portavoces dieron una rueda de prensa mientras la ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunciaba tras el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de la ansiada regularización de migrantes. Las representantes del colectivo, ojerosas y desfondadas, recordaban la importancia de la medida para cientos de miles de personas.

Saben que su trabajo aún no ha acabado. La normativa aún no se ha aprobado y podría llegar a cambiar alguno de sus aspectos durante los trámites pendientes o la revisión del Ministerio del Interior. También se preparan para su puesta en práctica, para intentar que llegue a todas aquellas personas que cumplan los requisitos y, que ahora sí, nadie se quede atrás. “Estaremos vigilantes. Seguiremos siendo pesadas”, concluye Espínola.

Poner en valor a las mujeres activistas, aquellas que han sido “clave” en la defensa de los derechos y en la transformación social desde distintos ámbitos. Es lo que pretenden desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) y la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical (STAS y STE) a través del 'Calendario de la Mujer 2026'.

Un trabajo elaborado por más de 40 mujeres del sindicato, que incluye propuestas didácticas para todas las edades y que giran en torno a las mujeres que aparecen en el calendario y “están diseñadas para facilitar el trabajo educativo en los centros”

Durante la presentación en Toledo, han participado como ponentes: Sonia Blanco Esquivias, responsable de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, y Mónica Muñoz Montejano, responsable del Área de Comunicación y Publicaciones de la Confederación Intersindical. Asimismo, han intervenido Fefi Casás, responsable del Área de la Mujer de STE-CLM, y Lourdes Espinosa, responsable del Área de la Mujer de STE Ciudad Real.

Las intervinientes han destacado que esta edición del calendario, titulada ‘Mujeres activistas: tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’, pretende reconocer el papel de las mujeres que luchan y transforman la sociedad. En este sentido, han hecho hincapié en que “la igualdad no es un complemento, sino una condición imprescindible para una sociedad democrática”.

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical se ha puesto en valor la trayectoria de este proyecto, que se edita de forma ininterrumpida desde el año 2005; este año con más de 67.000 ejemplares. “Cada edición del calendario busca rescatar y visibilizar el trabajo de mujeres que han sido fundamentales en distintos ámbitos de la historia y que siguen siendo referentes para las nuevas generaciones”, ha señalado Fefi Casás.

Por su parte, Lourdes Espinosa ha destacado el carácter pedagógico del calendario y su utilidad en el ámbito educativo. “Este material permite trabajar la igualdad y la coeducación en las aulas a partir de historias reales, fomentando la reflexión crítica y el respeto desde edades tempranas”.

Activistas como Amparo Carvajal de León o Angélica Velasco

El calendario recoge ejemplos de mujeres activistas que han desarrollado su labor en campos tan diversos como el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, entre otros.

En este sentido, la presentación del calendario ha tenido lugar el 28 de enero, una fecha especialmente simbólica. Ese mismo día, en 1939, nació Amparo Carvajal de León, destacada defensora de los derechos humanos en Bolivia; el 28 de enero de 1986 nació en Valladolid Angélica Velasco, referente del ecofeminismo; y en 2022 se publicó el libro 'Mujeres que transforman el mundo', en el que aparece Hazel Morgan, activista de Ibiza. Estas efemérides refuerzan el sentido y el enfoque de esta edición, centrada en mujeres que han marcado y siguen marcando el tiempo desde el compromiso y la acción.