Acampada por Palestina La Rioja ha criticado la represión a la protesta pacífica y solidaria en Logroño. A través de una rueda de prensa, el colectivo y el grupo municipal de Podemos, ha cuestionado los criterios del Ayuntamiento de Logroño y de las fuerzas de seguridad al sancionar con “faltas graves” acciones simbólicas contra el conflicto en Gaza, mientras se permite y protege la presencia de delegaciones y símbolos israelíes en la ciudad.

En concreto, se han referido a la exposición celebrada entre febrero y mayo en la Casa de las Ciencias —centro municipal dependiente del consistorio logroñés—, la cual contaba con la colaboración de la Embajada de Israel. Tras una acción de protesta en la que varios ciudadanos colocaron pegatinas con los lemas “Stop genocidio” y “Palestina libre” en algunos marcos de la muestra, el Ayuntamiento ha resuelto sancionar a los participantes por una “falta grave” al considerar que “perturbaron gravemente la convivencia ciudadana”.

Desde el colectivo califican la medida de “profundamente preocupante y escandalosa”. “Ni se gritó, ni se rompió, ni se molestó a nadie. Nos preguntamos qué entiende la administración por 'grave': ¿un genocidio o unas pegatinas?”, denuncian, recordando que organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya han señalado las violaciones del derecho internacional por parte de Israel.

Además de la gravedad de la sanción, Acampada por Palestina pone en duda el procedimiento policial. Según explican, ninguna de las personas expedientadas fue identificada, documentada ni informada de estar cometiendo una infracción durante el transcurso de la protesta en la Casa de las Ciencias. Sin embargo, semanas después, recibieron notificaciones de denuncia nominales en sus domicilios.

Ante esta situación, el colectivo ha exigido formalmente al Ayuntamiento de Logroño que aclare “quién presentó la denuncia, cómo fueron identificadas estas personas y qué procedimiento se siguió para la obtención de sus datos personales” sin haber mediado identificación presencial.

Desde el Ayuntamiento de Logroño han preferido no hacer valoraciones y se han limitado a defender que “la Policía Local se limitó a hacer cumplir la normativa vigente”.

Incidentes en el Mundial de Frisbee

A esto se suma que este pasado fin de semana con motivo de la celebración en Logroño del Campeonato Mundial de Frisbee, en el que participa la selección de Israel. Para denunciarlo, integrantes de la plataforma acudieron al torneo con banderas palestina y lanzar frisbis decorados con mensajes como “Ellos también quieren jugar”.

Según relatan los activistas, la respuesta del seguridad del evento fue desproporcionada: “Nos mandaron callar, nos quitaron las banderas de forma violenta e incluso instaron a algunas compañeras a quitarse camisetas por llevar los colores palestinos”. El colectivo lamenta el doble rasero, que mientras la delegación israelí pasea escoltada y protegida, la simbología palestina es “arrancada y silenciada”.

“No somos personas violentas, somos ciudadanos defendiendo los derechos humanos. Lo violento y macabro es el genocidio”, concluyen desde la plataforma, asegurando que continuarán movilizándose e invitando a toda la sociedad logroñesa, “por encima de siglas e ideologías”, a sumarse a la condena social contra la actuación de Israel.

Dice Taina Tervonen (Finlandia, 1973) que no cubriría asuntos migratorios si no existieran personas como los cinco entrevistados de su último libro. Los vigías. Cinco centinelas de las fronteras (Errata Naturae) es un ejercicio de escucha que formula grandes preguntas para las que pocas veces hay respuesta. ¿Qué se le puede decir a un padre que busca a su hija tras meses desaparecida cuando iba en una embarcación que naufragó en el Mediterráneo? ¿Por qué ese padre solo puede preguntar por su hija a una persona anónima que atiende el teléfono en sus ratos libres? ¿Por qué hay cientos de naufragios de migrantes de los que no se sabe nada? ¿Por qué es de más ayuda para los migrantes la cuenta de Facebook de una jubilada francesa que cualquier institución pública europea? ¿Cuántos detalles desconocemos sobre lo que implica el proceso migratorio y por qué llegamos a saber solo algunas cosas?

Esos son los interrogantes que la periodista franco-finlandesa aborda en su último trabajo, un libro cuyos protagonistas son ciudadanos anónimos, comunes y corrientes, que un día decidieron hacer algo que nadie les había pedido: alertar sobre vidas de migrantes en riesgo y apoyar la búsqueda de desaparecidos en Europa.

¿Quiénes son los vigías y por qué ha decidido dedicar un libro a su historia?

Es un libro particular si lo comparamos con mis otros libros. Suelo escribir sobre mis incertidumbres al observar la realidad. Sin embargo, en Los vigías fue al contrario. Empieza y acaba con una de las cinco vigías con las que hablo, Marie Consnay. Ella me contactó para informarme de que tanto ella como otros vigías anónimos, habían seguido en directo varios naufragios de migrantes en muy pocos días con una elevadísima cantidad de fallecidos o desaparecidos. La cobertura de la cuestión migratoria es difícil hoy en día.

Tanto en Finlandia, donde he trabajado durante 25 años sobre temas migratorios, como en Francia, fue muy difícil, imposible, escribir sobre esto. Así que se me ocurrió otra manera de contar esta historia: a través de un libro que luego también se ha convertido en un podcast y que ahora estamos plasmando en una película. Los cinco protagonistas, al principio, tenían sus reservas, querían mantener el anonimato. No querían ser protagonistas de la historia. Pero finalmente esta manera nos ha permitido conocer los problemas que atraviesan los pasajeros, los migrantes, a través de sus voces.

Usted lleva décadas informando sobre las migraciones desde todos sus ángulos, ¿se siente identificada con ellos?

Identificada no, porque mi trabajo es muy diferente al suyo. Durante mi colaboración con estas cinco personas hubo momentos en los que me sentí implicada y no del todo cómoda. Por ejemplo, ellos me daban información sobre embarcaciones a la deriva y en problemas, me daban el teléfono de la Marina Real Marroquí para que les preguntara, porque siempre tardan mucho en acudir a un rescate. Hay una línea que separa el trabajo de los periodistas con la labor de los activistas. Es cierto que esa frontera puede ser más o menos permeable.

Puede suceder, y sucede de hecho, que haya familias que me pidan información o contactos en países que conozco bien para que ellos puedan averiguar algo. En esos casos dejo que la información circule, me parece algo natural, no es activismo. Por ejemplo, un contacto que conocí en Senegal cuando realizaba una cobertura me pidió información para una familia que quería confirmar si su hijo estaba en una cárcel española después de viajar en cayuco. Yo puedo decir a quién preguntar, facilitar contactos y eso puede ayudarles a averiguar lo que quieren. Pero mi trabajo no es encontrar a ese hijo perdido, que, en cambio, sí es parte de la labor de algunos de los vigías de mi libro.

El trabajo periodístico y de personas que trabajan en ONG y asociaciones ha sido y es muy importante para que las cosas no vayan todavía a peor. Tenemos que abrir una ventana a un universo paralelo y oculto, hacernos preguntas que quizás no nos estamos haciendo.

Si echa la vista atrás, desde que empezó a contar historias del proceso migratorio y de cómo Europa trata de blindarse cada vez con más violencia, ¿cree que su trabajo ha servido para que la sociedad sepa lo que hacen sus gobernantes en las fronteras y exijan cambios?

No ha servido. Al menos, en Finlandia y Francia, no. El trabajo de los periodistas no ha servido para que haya un cambio en las políticas. De hecho, se han vuelto más restrictivas, más estrictas, más violentas en toda Europa. No obstante, como periodista, considero fundamental abordar estas cuestiones. La migración es una de las grandes preguntas abiertas para las sociedades occidentales y africanas. Es que estos temas tampoco se suelen cubrir en los países de origen.

El trabajo periodístico y de personas que trabajan en ONG y asociaciones ha sido y es muy importante para que las cosas no vayan todavía a peor. Más allá de las políticas migratorias que se apliquen, es vital un trabajo periodístico que busque historias que los lectores no irían a buscar de manera natural. Tenemos que abrir una ventana a un universo paralelo y oculto, hacernos preguntas que quizás no nos estamos haciendo. Este tipo de trabajo no se limita a una información puntual, sino que conlleva una investigación y un trabajo de reporterismo que son cada vez más importantes ahora, cuando los medios de comunicación cada vez dedican menos recursos en tiempo o dinero a este tipo de investigaciones.

La publicación del libro ha coincidido con el contexto internacional de mayor desprecio hacia los derechos humanos por parte de los líderes mundiales. Si ya era difícil que los medios se interesaran por el drama migratorio de personas africanas, ¿cree que se están contando los flujos migratorios africanos?

El problema con los medios de comunicación es que están completamente ahogados en la información del día a día. Con las cosas que dice Trump ya tienen suficiente trabajo. En mi experiencia como periodista independiente, mis compañeros que sí que están en una redacción a diario no tienen tiempo para cubrir historias sobre migraciones porque para ellos hay cosas más urgentes. No obstante, el público sí tiene interés. Cuando presenté este libro en Francia hubo muchas personas que se acercaron a mí para decirme que estaban implicadas de alguna manera en ayudar a personas migrantes y, si no lo estaban, lo que querían es saber más. Hay dos realidades diferentes: los medios y el público. Creo que si queremos hablar de migraciones hoy en día, quizás los periodistas no debamos pasar por los medios de comunicación.

De todas las duras historias que se tratan en el libro, ¿hay alguna que le haya marcado más, que le parezca aún más difícil de asimilar?

Es difícil elegir. Esa misma pregunta se la he hecho yo a los vigías del libro. Pero en realidad hubo una que me afectó, me hizo pensar mucho. Fue una conversación en directo, por teléfono, que yo presencié entre Hervé, uno de los vigías, y un hombre que estaba buscando a su hija y a su mujer embarazada, desaparecidas en el trayecto migratorio. Yo he trabajado mucho el tema de las personas desaparecidas, el concepto “desaparecido” en sí mimo, cuando cubrí los efectos de la guerra en Bosnia. Los desaparecidos causan en quien los está buscando mucho dolor y mucho sufrimiento. Este hombre decía en la misma frase que su mujer y su hija estaban vivas y también que estaban muertas. Decía: “No tengo pruebas, por lo tanto, están vivas”. Y, a continuación, decía frases como “no sé cómo voy a poder vivir sin ellas”.

Cuando hay una desaparición, cuando no hay cuerpo, es muy normal que tengamos que contarnos dos historias a la vez a nosotros mismos. A la vez esta persona está viva, a la vez esta persona está muerta. Contarnos estas historias nos puede volver locos. Nosotros le escuchábamos, sabíamos que no había mucho que pudiéramos hacer salvo acompañarle, el camino lo tendría que hacer solo, no se sabe durante cuánto tiempo. Solo puedes desear que ese hombre encuentre algo de paz al final del camino.

Sobre los desaparecidos, las facilidades y el esfuerzo de los países europeos para lograr la identificación son prácticamente nulos. Llega a afirmar que es una clara muestra de que las vidas no blancas valen mucho menos para la sociedad europea.

Es evidente y es necesario decirlo. Las políticas europeas son racistas y, lamentablemente, la situación política actual no creo que cambie pronto. Las desapariciones y las identificaciones son temas a los que le he dedicado mucho tiempo. Empecé cuando apareció el cadáver de Aylan Kurdi. Mejor dicho, cuando apareció aquella famosa foto. Me extrañó que detrás de esa imagen hubiera un nombre, porque normalmente no ocurre. Pero en este caso, era un niño blanco, vestido como un niño occidental que va a la playa, no tenía grandes signos de ahogamiento, que suele ser muy desagradable y no se quiere publicar en prensa. Para mí esta foto simboliza el racismo de las políticas. Se mostró esa foto solo porque ese niño se parecía a los nuestros. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido negro? ¿La foto se hubiera publicado? ¿La reacción habría sido la misma?

Entre 2016 y 2020 he visitado España, Grecia e Italia, puntos donde suelen llegar los cuerpos. He visto cómo guardacostas, policías y médicos forenses se implicaban en estas labores de identificación de manera personal, no porque tuvieran que hacerlo, no era su responsabilidad. Estas iniciativas nos dan esperanza. Pero a nivel institucional no hay ninguna estructura para estas labores, no hay coordinación entre países, no hay un lugar al que las familias puedan ir a preguntar por sus seres queridos desaparecidos. Creo que debería existir a nivel europeo una estructura similar para esta labor como ya existe por ejemplo con los centros para pedir asilo. Pero muchas veces el problema no es solo identificar, sino encontrar los cuerpos. Muchos nunca aparecen.

Las redadas del ICE contra migrantes en EEUU han acaparado toda la atención en Europa en los últimos meses, sin embargo, historias aún más violentas pasan a diario en las fronteras europeas fruto de nuestras políticas migratorias. ¿Por qué unas interesan, incluso indignan a la sociedad, y otras parece que lo hacen menos? Pienso, por ejemplo, en la tragedia de Melilla en 2022.

Siempre es mucho más fácil indignarse por algo que sucede en otro lugar, que no nos afecta directamente y de los que no somos responsables. Pero las políticas y prácticas europeas sí son nuestra responsabilidad. En el caso de Melilla, se puso en práctica la mirada racista europea. De esos hechos tuvimos imágenes, vídeos terroríficos, pero las víctimas eran negras.

Yo crecí en Senegal, en clase estaba rodeada de alumnos negros y en la materia e Historia estudiábamos la esclavitud y el colonialismo. Mi manera de crecer ha sido diferente, por ejemplo, a la de mis hijos que se han criado en París. Y ves cómo el racismo está muy presente en la educación. Por ejemplo, sobre violencia policial, los padres de los compañeros de clase de mi hijo que son racializados tienen que explicarles a sus hijos cómo deben comportarse ante la policía para que no les pase nada. Es una conversación que yo no he tenido que tener con mis hijos, porque ellos no corren el riesgo de sufrir esa violencia. Por lo tanto, esta opresión que sufren las personas negras en Europa es consecuencia directa del colonialismo y la esclavitud.

Yo crecí en Senegal, en clase estaba rodeada de alumnos negros y en la materia e Historia estudiábamos la esclavitud y el colonialismo. Mi manera de crecer ha sido diferente, por ejemplo, a la de mis hijos que se han criado en París. Los padres de los compañeros de clase de mi hijo que son racializados tienen que explicarles a sus hijos cómo deben comportarse ante la policía para que no les pase nada. Es algo que yo no he tenido que hacer.

¿Cómo es vivir en directo el naufragio de una embarcación que intenta llegar a Europa? ¿Cómo afecta psicológicamente y a la hora de elaborar el trabajo periodístico?

Yo no me considero una vigía, no he querido serlo para escribir este libro, aunque haya tenido que asistir a estas escenas habituales para ellos. Son momentos muy duros, por supuesto, afectan emocionalmente. Como periodista, necesito que haya una distancia entre lo que yo estoy contando y yo misma. Cuando doy talleres a estudiantes de periodismo, siempre digo que es fundamental que nuestra emoción no nos ciegue, que no sea la prioridad de nuestro mensaje, que debemos trasmitir las emociones de los demás. Hay temas que no he querido cubrir porque tenía miedo de que me afectaran demasiado.

Gracias al trabajo de estos vigías hemos podido saber el alto grado de responsabilidad de las autoridades europeas en grandes tragedias con decenas de fallecidos. Sin embargo, las condenas judiciales son muy escasas. ¿Por qué?

En el naufragio de Pilos, en aguas de Grecia, sí que ha habido una amplia investigación que ha terminado con condenas y juicios incluso contra guardacostas griegos. Es algo positivo, pero el problema es que esas condenas luego no se traducen en cambios de políticas. Hace ya tiempo que el control de fronteras tiene prioridad sobre los derechos humanos, y las leyes en Europa siguen ese rumbo. Lógicamente, eso va a dificultar cualquier condena, porque la justicia no dicta las políticas que se ponen en marcha, sino al contrario, las políticas, como el nuevo acuerdo europeo de migración y asilo, hacen legal lo que antes no lo era.

¿Se atreve a aventurar cómo será la situación migratoria en Europa en los próximos años?

La tendencia general va hacia situaciones más violentas contra los migrantes, a leyes más estrictas y que delegan esa violencia en actores de fuera de la UE, como la apertura de centros de detención y deportación en países exteriores. Hay focos de esperanza, como la regularización de migrantes en España. Pero también quiero destacar otras realidades en las que se implican ciudadanos anónimos, discretamente, sin hacer ruido en los medios de comunicación, pero haciendo cosas parecidas a las de los vigías de mi libro, sin ser parte de asociaciones u ONG. Gente que acogen a personas en sus casas, que ayudan a adolescentes sin papeles que están en problemas, gente que ayuda, que se resiste a la deriva actual. Quizás eso luego no se traduzca en políticas concretas, pero si solo pensara en lo que se está haciendo a nivel político, está claro que no querría seguir cubriendo estos temas, me deprimiría.

El pasado 4 de julio, sábado, mientras buena parte del planeta estaba pendiente de los cuatro partidos que se jugaban en el Mundial, un grupo de mujeres recorría, a oscuras, un campo de Mazatlán, en México. Caminaban a tientas, cuidadosas y pendientes de cualquier alteración del terreno. Eran madres buscadoras, colectivos de personas cuyos hijos, amigas o familiares han desaparecido.

Aquella noche habían recibido un “anónimo”, unas coordenadas que les son proporcionadas, ya sea en forma de una brevísima llamada telefónica o con una carta, que les da una pista de dónde puede haber una fosa común. Con las indicaciones, se dirigen al lugar sin más ayuda que la de una varilla que hunden en la tierra para luego oler su extremo. Si notan cualquier indicio de podredumbre, saben que ahí hay cuerpos enterrados.

Los avisos suelen tener el sello del crimen organizado, que acostumbra a ser responsable de las desapariciones. Pueden venir de un narco arrepentido o bien ser una trampa. Aquella noche fue lo segundo. El lugar indicado estaba plagado de minas que se activaron cuando las mujeres se acercaron demasiado. Las explosiones empezaron a sucederse y si ninguna madre resultó herida solo fue gracias a que un militar que las escoltaba reaccionó a tiempo. Lo hizo a cambio de perder la vida.

Sabedoras del peligro que corren, las madres intentan que algún miembro de la Policía o el Ejército las acompañe para protegerlas de una posible emboscada, aun cuando conocen la connivencia que hay entre las fuerzas de seguridad y el crimen. Porque solo así se entiende que haya 134.000 personas de las que hoy se desconoce su paradero en México.

Si bien la de los desaparecidos es una lacra que afecta a la totalidad del país, si hay un lugar donde se ha enquistado es Jalisco, que concentra el 12% de los casos. Pero esta crisis social no ha impedido que su capital, Guadalajara, sea una de las tres ciudades mexicanas que acogen el Mundial.

La contradicción se agrava todavía más cuando se sabe que el estadio Akron de Guadalajara está rodeado de fosas comunes. En 2025 se encontraron, en un radio de 17 kilómetros alrededor del recinto, más de 300 bolsas con restos humanos. Este año, a pesar de la celebración del Mundial, la perspectiva no ha cambiado; al contrario.

Pocas semanas antes del inicio del torneo, se encontraron, en el mismo radio, 140 bolsas que contenían restos que las buscadoras estiman que pertenecen a 31 personas distintas. El narco, que puede desmembrar a sus víctimas hasta en 20 partes para dificultar su identificación, ha incrementado su actividad a medida que se acercaba el Mundial y ha aprovechado la vigilancia en las inmediaciones del estadio para esconder allí a sus víctimas.

De hecho, se puede ver que la concentración de fosas se da también en el trazado del tren que se proyectó a propósito para el Mundial y que ha de conectar el aeropuerto con el Akron. Solo en esa línea que apenas llega a los 35 kilómetros, las madres han encontrado unas 400 bolsas con cuerpos que, de no ser por ellas, habrían quedado sepultados bajo las obras para siempre.

Las madres, frente al Gobierno

Guadalajara es la segunda urbe más importante de México, acoge diversos eventos internacionales y es sede de grandes empresas. Pero, a la vez, está en guerra. Después de la detención y muerte de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, diversos grupos criminales se disputan el territorio, agravando una sangrienta contienda que lleva años ya en ciernes.

En esta ciudad convive una frenética actividad cultural y económica con unos cárteles que son capaces de derribar helicópteros a cañonazos o de asesinar, a plena luz del día, a un exfiscal. Esa guerra necesita soldados, que se reclutan forzosamente entre los jóvenes de los municipios jaliscienses. Cuando dejan de servirles, son asesinados o se rebelan, acaban en una fosa común. El 98% de los desaparecidos que se encuentran ya están muertos.

Las desapariciones, además, también son una manera de mantener a la población bajo control. “Sé que mi hija está vendida y adjudicada. Sólo falta que vengan por ella”. Esta frase salió de los labios de una madre buscadora en una conversación con la periodista que escribe estas líneas, el pasado diciembre, en Guadalajara.

Ha visto diversas veces cómo seguían a su pequeña e, incluso, ha notado vigilancia fuera de su casa. Sabe que el peligro acecha. Por un lado, porque su hija cumple el perfil de las niñas que el narco secuestra para prostituirlas y, así, financiar parte de sus actividades. Y, por otro, porque es una manera de achantar a esta madre y conseguir que deje de buscar fosas e inhumar cadáveres en busca de sus hijos varones, que desaparecieron hace casi una década.

La ausencia está más que presente en la vida de los habitantes de esta ciudad. Aunque para el turista o asistente a macroeventos como el Mundial o la Feria Internacional del Libro (FIL) pueda parecer que no, en el estado de Jalisco desaparecen seis personas cada día. “Ando muy preocupada; mi sobrino quedó por una aplicación con alguien para comprarle un libro de la escuela. ¿Y si no sale bien?”, se lamenta otra mujer. Sabe de lo que habla, pues a ella misma le desapareció un hijo hace poco y es consciente de que no hay lugar seguro. Ni durante el día en la ciudad.

De hecho, aunque quiera actuar con una pretendida normalidad, la misma urbe va dejando pistas de la tragedia a quien quiera verlas. En la plaza de Armas, justo en el corazón de Guadalajara y mirando de frente a su imponente Catedral, se alza un Antimonumento. Se trata de esculturas realizadas -y defendidas- por los movimientos sociales, colocadas clandestinamente para denunciar una injusticia a la que el Gobierno ha girado la cara. Los hay por todo México y este recuerda a los desaparecidos.

La policía lo ha intentado arrancar, hacer desaparecer, varias veces. Pero los jaliscienses siempre la defienden. “No solo no es que lo intenten ocultar, sino que además no hacen nada para evitarlo”, apunta Marlety García, una de las portavoces del colectivo de búsqueda Entre Cielo y Tierra, creado para “compensar la inacción del Gobierno”. Son las madres las que buscan y, a veces, encuentran a los muertos, a quienes entierran como si fueran sus hijos aunque no lo sean. Y también son las que siguen el rastro del narco para intentar hallarlos en vida: salen a las calles, de noche, y rebuscan en los antros o sobre las azoteas, intentando reconocer entre los sicarios y halcones a los adolescentes desaparecidos.

Esa búsqueda también las lleva a lugares de pesadilla. Fueron las madres y no las autoridades las que descubrieron el rancho Izaguirre, un lugar en el que el cártel de Jalisco Nueva Generación adiestraba a los jóvenes que había reclutado forzosamente. Y también donde mataba a los que ya no les servían. En el rancho, las madres no encontraron fosas ni tumbas; encontraron hornos de cremación.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, negaron parte del relato de las madres. Aseguraron que no había habido incineraciones y rebajaron sustancialmente la estimación de víctimas, aunque las mujeres contaran con evidencias gráficas. “Es lo que hacen siempre, taparlo todo y negar lo ocurrido”, lamenta Marlety, que se apoya en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que alertó de “omisiones forenses graves”.

“¿En qué se gastan el dinero? Ni nos protegen ni nos buscan”, se lamentan las madres, que afean al Gobierno que, mientras ellas van con varillas y desarmadas a exponerse a posibles emboscadas, las autoridades disponen de una tecnología y unos recursos que no les facilitan. “Ya te lo digo; se lo gastan en el Mundial”, se responden a sí mismas.

En el último lustro, el Gobierno de Jalisco ha gastado 236 millones de pesos (11,8 millones de euros) en los operativos de búsqueda de desaparecidos. Es un 37% menos de lo que se gastó, solo en 2025, para preparar el Mundial. “No estamos en contra del evento, que es algo maravilloso y precioso. Estamos en contra de que no se nos escuche. Así que vamos a aprovechar que todos los ojos están puestos en México para denunciar lo que está sucediendo”, sostiene Marlety.

Las madres buscadoras han organizado campañas, han convertido los rostros de sus hijos desaparecidos en cromos de fútbol para llamar la atención de los medios y han organizado marchas, muchas de las cuales han sido reprimidas por la policía. “Claro que tenemos miedo, pero más fuerte es el amor que sentimos”, sostiene.

Esta mujer vio por última vez a su hijo el 4 de agosto de 2017. No sabe nada de él, no ha encontrado pistas ni sabe si está vivo o muerto. Busca la ayuda de su Gobierno y su pueblo para encontrarlo. “¿Por qué no nos podemos unir para esto como nos unimos para apoyar a la selección de nuestro hermoso país?”, se cuestiona. Ella, aunque haya días en los que la fuerza le flaquee, no pierde la esperanza. Por eso, cada noche, sigue dejando encendida la luz de la puerta de su casa para que, si su hijo vuelve, pueda encontrar la entrada.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

El medio natural de Natalia Rodríguez es el agua. A los cuatro años contempló por primera vez el paso de los cachalotes en el Estrecho de Gibraltar, observó las ondulaciones en el mar, la línea de sus lomos y, aunque no lograba comprender tal imagen, supo que marcaría su devenir. “Sabía que era importante”, sonríe la adolescente de 17 años. Hace poco, logró bucear por primera vez junto a un tiburón en los fondos marinos de la isla de Tenerife, donde acompañó a un angelote que durante días se había escondido de la mirada de sus compañeros de ruta“. Se sumerge bajo la superficie, pero cada vez que asciende defiende el medioambiente. Esta pasión la llevó a ser nombrada como embajadora del Pacto Europeo por el Clima, un cargo dispensado por la Comisión Europea para el que tiene varias tareas que cumplir este 2026, como la protección de la vida marina en las costas andaluzas.

La protección por la biodiversidad marina viene de lejos, casi que desde que aprendió a hablar. Con el empeño de aprender a bucear, logró que sus padres la apuntaran al curso de iniciación después de recaudar el dinero de la inscripción mediante la venta de los collares de arcilla que hacía con forma de animales acuáticos. “Mi padre creía que con eso ya se me quitaría... Pero fue todo lo contrario”. El tesón que refleja la joven de Cádiz la llevó a ampliar sus conocimientos sobre el cuidado del ecosistema y divulgarlo a través de sus redes sociales. De tal manera, el cargo simbólico que ostenta a nivel europeo le ha permitido a lo largo de estos primeros seis meses desarrollar una labor encomiable que ha servido como inspiración para su generación y la ha llevado, entre otras cuestiones, a ser homenajeada en la Gala WITH Mujeres Líderes 2026, que celebró recientemente su cuarta edición en el Real Alcázar de Sevilla.

Amplía redes allá donde va con un propósito claro: “Proteger a los tiburones”. Esta especie, ubicada en lo alto de la cadena trófica, tiene un rol fundamental en la regulación de la vida acuática y en el control de la sobrepoblación de peces, sin embargo, está en peligro de extinción. Frente a los temores de la población, cuyo imaginario ha sido alimentado por toda una cultura popular en donde películas como Tiburón o sagas en los que muestran una faceta sanguinolenta eran protagonistas, Rodríguez prefiere “concienciar”. Para ello, escribió e ilustró el libro Sin aletas no hay paraíso, en el que profundiza sobre la práctica del finning en la que se corta las aletas a los animales para su consumo y luego se devuelven al mar. “Pronto saldrá la campaña de crowfunding para su publicación y, también, está proyectado otro cuento para los más pequeños que pude estrenar en un colegio”, indica.

“Una ITV del mar” en el Estrecho

Otra iniciativa puesta en marcha por la activista medioambiental es una petición en Change.org para el control del ruido de los fast ferris en el Estrecho de Gibraltar que provocan grandes perjuicios para los cetáceos. Con unas 1.500 firmas, la intención es dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una petición para que se reduzcan las velocidades de las embarcaciones y, por tanto, del ruido de las hélices con el fin de rebajar la contaminación acústica a la que se ven sometidos los delfines, las orcas, los cachalotes o los rorcuales en esta “autopista vital” de vida marina. “Como consecuencia, los cetáceos no se pueden comunicar adecuadamente entre ellos, se pierden y desorientan”, provocando la muerte de los especímenes.

Con picos que sobrepasan hasta los 132 decibelios, el ruido al que se ven sometidos en esta área clave para el tráfico mercantil es una “exposición crónica e insoportable que anula sus sentidos y los hace vulnerables”. Es más, no pide que se frene el ir y venir de los barcos, sino tan solo reducir las marchas a entre 10 y 12 nudos en tramos concretos y establecer “una ITV del mar” para comprobar que el daño a la biosfera no aumenta. Al respecto, toma ejemplos de acciones ya cometidas en el pasado, como las decisiones tomadas en 2004 cuando España aprobó una moratoria sobre los sónares militares en Canarias y erradicó los varamientos masivos de zifios.

Rodríguez ha sufrido más de una vez la infantilización debido a su edad en los entornos científicos o colaborativos en los que se ha presentado. Pese a ello, reconoce que “he tenido suerte” porque, a pesar del sobresfuerzo, poco a poco ha adquirido un reconocimiento cada vez mayor entre quienes investigan y obran por que haya un cambio en la comunidad. En busca de nuevas vías para contribuir desde su campo de actuación en un tablero geopolítico en el que las cumbres climáticas batallan para sacar acuerdos con los que frenar el sobrecalentamiento del planeta, estudia un ciclo de grado medio de cultivos en acuicultura que le deja conocer más de cerca prácticas sostenibles.

Frente al negacionismo

Habla de Cádiz, como podría hablar de cualquier ciudad: “Se podría hacer mucho más por el medioambiente, como más actividades al aire libre. Más allá de la Noche Europea de los Investigadores, por ejemplo, se podrían diseñar este tipo de actividades a lo largo del año”. Más en un momento en el que, cuando publica un vídeo en cualquiera de sus redes sociales, se encuentra con los comentarios de quienes niegan la crisis climática. “Sé que no puedo convencer a todo el mundo, pero intento hacer algo”. Además, conoce los peligros que entraña la defensa del entorno frente a los intereses mercantilistas y nombra al también joven activista Francisco Vera, quien tuvo que huir de Colombia por las amenazas recibidas y con el que ha logrado hablar sobre su estado actual. “Ojalá avanzáramos más y lográramos convivir todos de forma segura”, comenta la joven.

De su joven compañero de viaje extrae un término que la acompaña allá donde va: la ecoesperanza. “Si no fuera por la esperanza, no estaríamos aquí”, mantiene frente al catastrofismo y el pesimismo que recorren a su generación y la venidera. No da nada por perdido, todavía menos cuando conecta con quienes comparten su preocupación y su motivación para seguir actuando en mejorar las condiciones de sus regiones, como con los compañeros de Sea Shepherd France, un movimiento internacional de acción directa para la conservación de los océanos. “Estuve con ellos en Barbate, donde trabajan para proteger a la orca ibérica frente a los veleros que las dañan con bombas u objetos similares cada vez que se acercan a ellos. Vigilan el hábitat y avisan con tiempo a los veleros para que no pase nada”, comenta. Un trabajo conjunto para el que espera que pronto haya una respuesta de la administración. Mientras, Natalia continúa cada día viviendo y ofreciendo experiencias y conocimiento sobre el cuidado del mundo marino.

Mahmoud Al-shaer (Rafah, 1990) es escritor, poeta y activista cultural palestino. Residente en la Franja de Gaza hasta octubre de 2025, fue trasladado a España junto a su esposa y su hija a través de un programa de evacuación debido a los problemas médicos de la menor. Casado y padre de mellizos, vive además una situación marcada por la separación familiar: su hijo permanece en Turquía junto a su madre desde hace tres años, un periodo durante el que no han podido reencontrarse.

Al-shaer es fundador de ‘28 Magazine’, un proyecto cultural palestino creado en 2013 como plataforma digital para escritores, artistas y agentes culturales. La iniciativa amplió su actividad con la apertura de la ‘28 Gallery’ en Rafah en 2019 y, posteriormente, con la puesta en marcha de un segundo espacio comunitario en la ciudad de Gaza gracias a una colaboración con el Instituto Goethe. Antes del genocidio, ambos centros acogían exposiciones, conferencias, talleres y actividades dirigidas a fomentar la creación artística y la participación cultural de la comunidad.

El 7 de octubre de 2023, la vida de Al-shaer y de su entorno cambió por completo. Una nueva realidad los arropó de miedo e incertidumbre, acompañado de un arrebato de lo que significa normalidad. Siete meses después de su traslado a España, Al-shaer continúa trabajando en proyectos culturales íntimamente relacionados con su país. Debido a su participación en la nueva programación, ‘Pensar la interrupción’, del centro de estudios AMA del museo Artium de Vitoria, Al-shaer ha realizado una visita a Euskadi. En un bar ubicado en Pasaia, mientras se prepara para la clientela del mediodía, el escritor palestino le cuenta a elDiario.es/Euskadi sobre su experiencia en Gaza y, sobre todo, cómo la escritura fue esencial en ella.

Su último libro se titula ‘I Am Still Alive: Dispatches from Gaza’. La primera parte del título coincide intencionalmente con una de las obras de On Kawara de 1969. ¿Por qué era importante para usted recuperar esa frase?

Cuando comenzó el genocidio me quedé en shock. Sentí que había perdido mis palabras, mi diccionario y mi capacidad de dar significado a las cosas. Pensaba que no tenía la capacidad de describir exactamente lo que estaba ocurriendo ni lo que estaba sintiendo. No fue hasta el 9 de enero de 2025 cuando volví a escribir. Escribí sobre cuánto echaba de menos la vida normal y cuánto la necesitaba. Envié esos textos a algunos amigos porque no estaba seguro de si debía estar escribiendo sobre esto en un momento tan terrible. Al final me animaron a seguir y eso me dio una nueva misión: ofrecer un detalle cotidiano de la vida en tiempos como estos. Recuerdo haber buscado información sobre la Nakba, el éxodo de 700.000 palestinos en 1948 tras la creación del Estado de Israel al final de la Segunda Guerra Mundial, y lo que más me sorprendió fue la ausencia de detalles sobre la vida diaria de las personas. Con mi libro quiero mostrar que la gente sigue viviendo, aunque sea en una situación anormal. Eso es lo que significa ‘I Am Still Alive’.

¿Qué aspectos de la vida cotidiana en Gaza cree que siguen siendo invisibles para quienes están fuera de la ciudad?

El sentido de la normalidad. Nuestras vidas cambiaron por completo. Si preguntas a cualquier persona de Gaza qué significa la normalidad, su respuesta habrá cambiado desde el 7 de octubre de 2023. Antes teníamos edificios; ahora usamos tiendas de campaña para los comercios, para dormir, para cualquier cosa. La gente de Gaza tiene ahora una nueva definición de las peores pesadillas. Otra cosa que creo que sigue siendo invisible es el dinero. Puedes tenerlo y aun así no significa que puedas comprar algo. Durante la época de hambruna podías tener dinero, ¿verdad?, pero la gente empezó a pelearse por la comida porque simplemente no había.

En su libro describe una violencia extrema, pero también la normalidad. ¿Por qué quiso documentar ambas cosas y no solo una de esas experiencias?

Para llegar a sentir esa normalidad hay un primer impacto detrás. Por ejemplo, si encontrara un charco de sangre justo al lado de mi tienda de campaña, al principio tendría miedo. Pero si esa sangre sigue allí cada mañana, acabo acostumbrándome a su presencia y lo normalizo. También tratamos la muerte de una manera diferente. Uno de mis primos murió durante el primer mes del genocidio y fue uno de los peores dolores que he sentido. Años después, mi tío fue asesinado mientras intentaba conseguir comida durante la época de hambruna, pero no me dolió tanto como la muerte de mi primo: me había acostumbrado a perder gente de esa manera. La violencia se ha convertido en parte de nuestra normalidad después de tres años viviendo bajo un genocidio.

Ha descrito la escritura como una forma de resistencia. ¿Puede explicar por qué?

La escritura se convirtió para mí en una forma de sanar. Me daba la capacidad de nombrar las cosas y hacerlas visibles, además necesitaba hacerlo. Fue un buen ejercicio para entender mi vida y entenderme a mí mismo; me ayudó mucho con mi salud mental.

¿Cree que obras como la suya y el trabajo de otros artistas palestinos pueden preservar la memoria y la historia a pesar de la destrucción de Palestina?

Por supuesto. Incluso antes del genocidio ya trabajaba con ese objetivo. Formo parte de un colectivo llamado Dahaleez que comparto con otros artistas palestinos, como actores, músicos y escritores. Nos reunimos cada semana para recordar cómo eran nuestras vidas antes del genocidio y para hablar de nuestros proyectos. Además, 28 Magazine ha reforzado su plataforma online para que podamos seguir publicando y mantener viva nuestra voz. También publicamos Letters from Gaza, una recopilación de textos de treinta y tres escritores palestinos, entre ellos yo mismo. Tres de nuestros colaboradores murieron durante el proceso.

En un momento en el que se pueda reconstruir Gaza y Palestina, ¿qué cree que será necesario más allá de levantar edificios e infraestructuras?

Sinceramente, no puedo imaginar un momento en el que podamos empezar a reconstruir. Creo que no tuve ningún tipo de infraestructura real en mi vida hasta que llegué aquí, aunque es algo necesario. Esto es demasiado difícil de imaginar porque no creo que Israel nos permita tener esa oportunidad. Cada vez que pensamos que algo puede cambiar, no cambia: un falso alto el fuego, una etapa de hambruna... ¿Cómo puedo imaginar la posibilidad de reconstruir Palestina?

¿Qué le gustaría que sintieran o comprendieran los lectores después de leer 'I Am Still Alive'? ¿Qué quiere que piensen tras leer sus crónicas?

A través de mi vida cotidiana, de mis detalles diarios, de mis sentimientos y de mis miedos, quiero que los lectores comprendan las historias que hay detrás de la gente común. En las noticias la gente conoce los hechos y las decisiones trágicas tomadas por los gobiernos, pero no conoce las experiencias de vida, nuestros detalles, ni cómo conseguimos seguir vivos durante un genocidio.

Resulta difícil imaginar que uno de los barrios más importantes de la Murcia andalusí naciera, literalmente, sobre un vertedero. En el mismo lugar donde, hoy, miles de personas pasean cada día entre el Palacio de San Esteban —sede de la Presidencia y del Consejo de Gobierno de la región—, la avenida de la Libertad y El Corte Inglés, el subsuelo guarda la historia de un espacio que durante décadas sirvió para acumular cenizas, escombros y residuos domésticos antes de transformarse en el gran arrabal medieval de la Arrixaca, el principal barrio extramuros de la ciudad de Mursiya.

Es el gran giro de guion que están revelando las últimas excavaciones del yacimiento de San Esteban, un conjunto arqueológico de aproximadamente 10.000 metros cuadrados situado en pleno corazón de la Murcia actual. No se trata únicamente de un hallazgo excepcional por la calidad de sus restos, sino de una auténtica cápsula del tiempo que está obligando a revisar el relato sobre cuándo —parece que a principios del siglo XII— y cómo nació un enclave cuya relevancia trasciende el ámbito científico.

Cuando en 2009 comenzaron las obras para construir un aparcamiento subterráneo bajo los jardines de San Esteban, las excavaciones sacaron a la luz un barrio islámico prácticamente intacto. Lo que iba a ser una actuación urbanística terminó convirtiéndose en uno de los mayores conflictos patrimoniales de la historia reciente de la Región de Murcia. Arqueólogos, historiadores, asociaciones vecinales, colectivos sociales, diversas organizaciones y los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida (IU), impulsaron una plataforma ciudadana que promovió movilización sin precedentes para reclamar la conservación íntegra del yacimiento, convencidos de que el valor histórico del conjunto era incompatible con la construcción del estacionamiento.

La dimensión del hallazgo fue resumida por el arqueólogo y exdirector del Museo Arqueológico Nacional, José María Luzón Nogué, con una frase que todavía hoy sirve para medir su importancia: “No hay una ciudad que pueda mostrar la historia de una época en esta extensión en ningún otro lugar”. No era una exageración. El arrabal de la Arrixaca constituye uno de los conjuntos urbanos andalusíes mejor conservados de Europa y permite estudiar, casi casa por casa y calle por calle, la evolución de una ciudad medieval.

Jorge Eiroa Rodríguez, arqueólogo y profesor de la Universidad de Murcia (UMU), es el director de la investigación arqueológica y miembro clave del Comité de Expertos encargados de garantizar el rigor científico y la adecuada musealización. Este reputado especialista resalta el gran valor de este patrimonio que “sin necesidad de ser monumental, es extraordinariamente representativo de lo que era la realidad en el pasado”. Para Eiroa, es una cuestión “de justicia” que la ciudad “recupere un conjunto patrimonial que pueda mostrar la historia islámica de Murcia en su momento de mayor esplendor”.

Una victoria ciudadana

La presión social e institucional para salvar el yacimiento resultó decisiva. Tras años de controversias, recursos judiciales, cambios de criterio administrativo y una indemnización de 6,4 millones de euros a las empresas adjudicatarias del aparcamiento, el proyecto fue definitivamente descartado y San Esteban pasó de ser un solar destinado a un parking a convertirse en una prioridad patrimonial. Quince años después, las excavaciones no solo continúan: están reescribiendo los orígenes de la Murcia que hoy se levanta sobre ellas.

Una de las voces más combativas en la defensa del yacimiento fue la del profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia Javier García del Toro, fallecido en 2023. En esos días de movilización social, García del Toro contaba emocionado que, tras 35 años de profesor, “nunca había visto nada parecido para salvar un trozo de historia”.

Una financiación decisiva para desbloquear el proyecto

Salvar el yacimiento fue solo el primer paso. Durante más de una década, San Esteban permaneció condicionado por la falta de financiación suficiente y por la enorme complejidad técnica que supone intervenir sobre un barrio medieval de estas dimensiones.

El impulso definitivo ha llegado gracias a la colaboración entre administraciones y, especialmente, a la aportación económica del Estado, cuya financiación ha permitido afrontar las labores de excavación, conservación y la futura musealización del enclave. Sin esa inversión pública —más de 33 millones de euros, la mitad aportada por el Gobierno de España, otro 25% por la comunidad autónoma y un 25% más por el Ayuntamiento de Murcia— habría sido muy difícil desarrollar un proyecto de esta envergadura, llamado a convertirse en uno de los grandes referentes arqueológicos del sureste peninsular.

Mientras avanzan los trabajos, los investigadores continúan obteniendo datos que responden a preguntas planteadas desde el descubrimiento del yacimiento. Una de las más importantes era determinar cuándo comenzó realmente a poblarse este sector de la antigua Arrixaca Vieja.

Del vertedero al barrio

Las conclusiones preliminares de los arqueólogos apuntan a que la zona situada junto a la medina islámica no estuvo urbanizada desde los primeros momentos de la historia de Murcia. Antes de convertirse en un barrio densamente habitado, aquel espacio funcionó durante décadas como una amplia área periurbana utilizada para depositar residuos, escombros y restos de actividades domésticas.

El director de la intervención arqueológica, Clemente López Sánchez, ha explicado que los investigadores han documentado grandes depósitos de cenizas, carbón y materiales de desecho que evidencian ese uso inicial del terreno. Lejos de ser una información secundaria, esos estratos constituyen una fuente extraordinaria para reconstruir la evolución del barrio.

Los restos de cerámica, huesos de animales y otros materiales recuperados han permitido fechar con mayor precisión las distintas fases de ocupación. Gracias a ellos, los arqueólogos sitúan el inicio de una urbanización estable a finales del siglo XI o comienzos del XII, una cronología más tardía de lo que se había planteado hasta ahora. “Todos lo que estamos encontrando es un reflejo fiel de la vida cotidiana de los primeros murcianos que habitaron el arrabal”, explica López.

Este proceso coincide con una etapa de gran dinamismo para la Mursiya andalusí. Tras el declive del Califato y durante el periodo de las segundas taifas, especialmente bajo el gobierno de Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo, la ciudad experimentó un importante crecimiento económico y demográfico que habría favorecido la expansión urbana hacia zonas periféricas hasta entonces escasamente ocupadas.

La cerámica que permite fechar una ciudad

Si existe un material capaz de contar la historia de una ciudad medieval, ese es la cerámica. Entre los objetos recuperados en San Esteban aparecen recipientes de almacenamiento, utensilios de cocina, platos y vasijas de uso cotidiano que, para los especialistas, funcionan como un auténtico calendario arqueológico.

La abundancia de determinadas producciones, como la denominada cuerda seca parcial, junto con la ausencia de otras tipologías posteriores, ha resultado fundamental para situar cronológicamente el inicio de la urbanización del sector excavado.

Además, algunas piezas muestran influencias de importantes centros productivos de Al-Ándalus, reflejando las conexiones comerciales y culturales que mantenía Murcia con otros territorios peninsulares.

Una ciudad más avanzada de lo que se imaginaba

Los nuevos trabajos también están sacando a la luz una faceta menos conocida de la Murcia medieval: su sofisticada gestión del agua y de los residuos.

La excavación ha permitido identificar complejos sistemas hidráulicos domésticos integrados en las viviendas. Canalizaciones, conducciones de agua, estructuras de evacuación y letrinas forman parte de una red que demuestra un grado de planificación urbana mucho más avanzado de lo que tradicionalmente se ha atribuido a las ciudades medievales.

En algunos casos, las estructuras conservan fosas sépticas y depósitos prácticamente intactos desde hace siglos. Estos elementos no solo hablan de ingeniería doméstica, sino también de hábitos de higiene, organización del espacio y formas de convivencia vecinal.

Para los especialistas, este conjunto refuerza la consideración de San Esteban como uno de los ejemplos más relevantes del urbanismo andalusí conservado en Europa.

La historia cotidiana escrita en huesos

Entre los restos recuperados durante la excavación también figuran numerosos huesos de animales que permiten acercarse a la vida diaria del arrabal. Uno de los hallazgos más llamativos ha sido el esqueleto de un perro localizado en un contexto arqueológico todavía objeto de estudio. También han aparecido restos de otros animales, entre ellos una yegua equipada con herraduras.

Para la arqueología actual, estos vestigios constituyen una fuente de información tan valiosa como la arquitectura. A través de ellos es posible conocer aspectos relacionados con la alimentación, el transporte, la actividad económica e incluso determinadas prácticas culturales de la sociedad medieval.

Otro descubrimiento singular es una estructura que algunos investigadores comparan con una especie de “caja fuerte” doméstica, destinada probablemente a custodiar bienes de valor dentro de la vivienda. A ello se suma la documentación de hasta cinco niveles superpuestos de pavimento en algunas casas, una circunstancia que demuestra que las viviendas fueron reformándose continuamente para adaptarse a las necesidades de sus habitantes.

Un proyecto para integrar el pasado en la ciudad del futuro

La importancia de San Esteban trasciende el ámbito científico. El objetivo de las administraciones es transformar el yacimiento en un gran espacio cultural abierto a la ciudadanía, capaz de combinar investigación, conservación y divulgación.

El proyecto ganador —la propuesta realizada por los estudios madrileños Burgos y Garrido Arquitectos y Ayllón Paradela de Andrés Arquitectos— plantea la creación de una gran plaza pública en superficie bajo la cual se desarrollará un espacio visitable sostenido por un “bosque de columnas” que permitirá recorrer los restos arqueológicos mediante un centro de interpretación integrado en el propio yacimiento. La propuesta busca compatibilizar la vida urbana con la protección del patrimonio y convertir el enclave en un nuevo referente cultural para Murcia. Además, recuperará el viejo Jardín de San Esteban haciéndolo “flotar” sobre el yacimiento, aseguran los arquitectos implicados.

No obstante, como ha ocurrido desde el descubrimiento del conjunto, el proyecto también ha suscitado debate. Algunos especialistas y colectivos patrimonialistas consideran que cualquier intervención debe extremar las precauciones para que las soluciones arquitectónicas contemporáneas no resten protagonismo a los restos originales y garanticen que la conservación prevalezca sobre cualquier criterio urbanístico. Otros han mostrado preocupación por la complejidad técnica de la actuación, su coste y los plazos de ejecución.

Según ha anunciado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, la licitación de la última fase no llegará, como mínimo, hasta el verano de 2027.

Mucho más que una excavación arqueológica

Cada nuevo estrato excavado sigue aportando información sobre cómo se organizaba la ciudad, cómo vivían sus habitantes y cómo evolucionó uno de los espacios urbanos medievales más excepcionales conservados en Europa.

Pero San Esteban también simboliza otra historia: la de un patrimonio cuya supervivencia fue posible gracias a años de reivindicación ciudadana, al compromiso institucional y a una financiación pública que permitió desbloquear un proyecto largamente esperado.

En ese sentido, el verdadero hallazgo de San Esteban no es una pieza concreta, sino la posibilidad de comprender con una precisión cada vez mayor los orígenes de la Murcia que habitamos hoy y de demostrar que conservar el pasado también es una forma de construir el futuro.

Casi una semana en huelga de hambre es lo que lleva Inés Madrazo en Talavera de la Reina (Toledo) para pedir la liberación de 10 activistas que intentaron llegar a Gaza en labor humanitaria y fueron secuestrados en Libia.

Madrazo trabaja activamente como cardióloga en el Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Nos cuenta que se embarcó en la flotilla porque se sentía “muy frustrada” tanto a nivel humano como médico, comprobando el genocidio que está ocurriendo en Gaza y contra el pueblo palestino. “Tenía la necesidad de tomar acción en algo”, apunta.

El pasado mes de abril se dirigieron hacia Gaza en la Flotilla Global Sumud, donde decenas de civiles tomaron partido “ante inacción de la ONU y del resto de los gobiernos, que están siendo cómplices” y aunque explica que sabía que las posibilidades de alcanzar Gaza eran “muy pocas” para ella la flotilla “no ha sido un fracaso”. Madrazo considera “un éxito volver a poner a Palestina en el foco”.

No quiero abandonar a mis pacientes ni mi trabajo. Mañana tengo una guardia de 24 horas, entonces es posible que deje paso a otros compañeros en huelga de hambre, porque no puedo sostenerlo más tiempo

Mientras conversamos se nota en su voz crispación, cansancio, pero con mucha fuerza por reivindicar que no se deje de lado al pueblo palestino. Quiere denunciar el “silencio mediático”, pero también que la información que los medios están ofreciendo no está totalmente explicada: “No se le está dando ningún tipo de publicidad. Íbamos en dos partes, la flotilla por mar y el convoy por tierra y fuimos secuestrados en dos tramos. En mi caso fui de las primeras secuestradas a más de mil kilómetros de Gaza, frente a las costas de Grecia y con la colaboración del gobierno de Grecia. Los segundos fueron secuestrados unas semanas después frente a Chipre. Toda esa gente ya ha regresado, pues fue deportada desde Israel”.

El 24 de mayo, del convoy con 200 activistas que iba por tierra y recorría el norte de África intentando negociar “en una entrevista pactada previamente” el paso seguro de la caravana, fueron secuestradas 10 personas. Madrazo nos muestra su “frustración inmensa” por tener a sus compañeros secuestrados: “Encima ayer se publicó por vías diplomáticas la noticia de que su detención se va a prolongar durante al menos 30 días. Esto es muy duro y es por lo que nos movilizamos a nivel internacional”.

Decenas de personas en huelga de hambre

Como reivindicación y para hacer mella en las instituciones que tienen potestad de negociación, Inés junto a casi una treintena de personas -entre activistas y familiares de los secuestrados- están llevando a cabo una huelga de hambre desde el pasado 6 de junio. “Yo no lo había hecho nunca, no soy una persona especialmente corpulenta, estoy sobre los 50 kilos. Sigo trabajando pasando consulta y me siento débil, cansada, pero de momento me encuentro bien”, expresa. Asegura que esta decisión la han tomado “forzados y obligados, porque hay que empujar a los gobiernos de los países participantes del convoy que han sido secuestrados a que tomen acciones más allá de un gesto diplomático”. Madrazo expone que “la situación se agrava día a día, porque los procedimientos están siendo muy opacos, no llega información, no tienen comunicación consular regular y ahora sucede una prórroga, pero sin documentación oficial”.

Es necesario que actúen, que pasen de los gestos diplomáticos y que inicien un trámite consular conjunto entre los 9 países de los participantes

De las 27 personas que comenzaron esta huelga de hambre algunas han tenido que interrumpirla “porque han sufrido síncopes”, pero cada día se siguen sumando miembros para “mantener la presión sobre las autoridades y los gobiernos”. Inés, tras casi una semana, y aunque está tomando electrolitos y vitaminas se encuentra “muy cansada”. Nos cuenta que no quiere “abandonar a mis pacientes ni mi trabajo. Mañana tengo una guardia de 24 horas, trabajo con rayos y un plomo puesto en quirófano, entonces es posible que deje paso a otros compañeros que están en huelga de hambre, porque no puedo sostenerlo más tiempo”. Uno de ellos es Saif Abu Keshek, ciudadano español y palestino “que estuvo torturado durante 10 días en la Palestina ocupada”, relata.

“Que pasen de gestos diplomáticos a una acción real y contundente”

Inés Madrazo hace un llamamiento para que liberen a los secuestrados. Explica que hace unas semanas hubo una reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores con los familiares de los secuestrados y parte de la Flotilla Global Sumud, donde “se dijo que estaban intentando iniciar negociaciones, pero los secuestrados están bajo custodia de la Agencia de Seguridad Interna del Este de Libia, donde la situación es muy compleja. Sin embargo, han decidido sin ningún tipo de comunicación ni defensa jurídica prorrogar 30 días la detención. Es necesario que actúen y que pasen de los gestos diplomáticos y que inicien un trámite consular conjunto entre los 9 países de los participantes”. Esta médica toledana concluye pidiendo “que haya una acción real y contundente para exigir la liberación de nuestros compañeros”.

Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

La situación de los activistas de la Flotilla retenidos en Libia se recrudece. Global Sumud Flotilla ha informado este jueves de que los diez de los 11 activistas retenidos en Libia por las autoridades del país llevan cuatro días de huelga “seca” en un centro de detención “clandestino” y que su salud se está “deteriorando rápidamente”. Según fuentes de la organización, la activista española Alicia Armesto Núñez está en huelga de hambre, pero aún bebe agua.

Según relatan en un comunicado, los integrantes de la Flotilla llevan cuatro jornadas consecutivas negándose a comer y a beber “para protestar contra su encarcelamiento ilegal, la denegación de acceso a la justicia, la prolongación de su detención y los malos tratos”.

Como consecuencia de esta “brutal huelga seca” este miércoles se produjeron varios casos de desmayo, los cuales afectaron especialmente a las mujeres. Pese a esa situación, la Flotilla denuncia que las autoridades libias han negado a los activistas cualquier tipo de asistencia médica externa, no permitiendo que equipos sanitarios “oficiales” entren a visitarles. Esta situación ha hecho que sean los propios médicos que integraban la delegación los que hayan tenido que vigilar y examinar a sus compañeros pese a que “ellos mismos gravemente agotados”

A todo ello se suma el trato que, según denuncian, las autoridades libias están dando a los activistas. La Flotilla afirma que estos están siendo “privados de sus derechos humanos básicos”, retenidos en un complejo penitenciario aislado para civiles y gestionado por las autoridades. Una cárcel que localmente es conocida como “black site” o “centro de detención clandestino”.

“Campaña calculada de acoso psicológico”

Global Sumud Flotilla afirma que los activistas se enfrentan a una “campaña calculada de acoso psicológico e interrogatorios intensivos”, en palabras de la organización citando informes del centro. Todos ellos permanecen “completamente aislados” del mundo exterior, sin ningún tipo de contacto ni con sus familias ni con una representación legal independiente.

Además, acusan a las autoridades de dar a los activistas “deliberadamente” información contradictoria sobre su detención y puesta en libertad. Cada dos días se les promete que serán liberados, algo que “quiebra sistemáticamente su resiliencia psicológica”. En este sentido, la Flotilla afirma que los captores han informado a los detenidos que comparecerán ante un tribunal el próximo martes, algo de lo que los voluntarios desconfían debido al “patrón de engaños administrativos” reiterados. De hecho, creen que otra “táctica cruel diseñada para jugar con sus nervios y prolongar su confinamiento ilegal”.

Por todo ello, la Flotilla exige la entrada inmediata de observadores médicos independientes, el acceso para los cónsules internacionales y la liberación inmediata e incondicional de los 11 voluntarios. Con respecto a la huelga “seca”, advierten a las autoridades libias y al Ministerio del Interior que son “plenamente responsables, tanto legal como moralmente, de la vida y la integridad física” de los activistas. “Una huelga de hambre seca puede ser mortal rápidamente; sin una intervención inmediata, esta crisis humanitaria se convertirá en una tragedia”, zanjan.

La activista española Alicia Armesto, que está en huelga de hambre pero sigue bebiendo, fue visitada el martes por el cónsul de España en Trípoli. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el diplomático trasladó que el Gobierno está ejerciendo “toda la protección diplomática y consular” para que pueda volver cuanto antes a España. El representante español también se reunió con el fiscal general y otras autoridades para lograr su liberación “lo antes posible”. Igualmente, el cónsul comprobó que Armesto había recibido la ropa y los libros que se le había hecho llegar.

Detenidos cuando iban a negociar el paso del convoy humanitario

La crisis comenzó el pasado 24 de mayo, cuando diez activistas fueron detenidos por las autoridades libias. Formaban parte de un convoy de más de 200 personas procedentes de más de 20 países que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, pasando por la frontera de Egipto, pero se quedaron atrapados en el país vecino.

Su intención era negociar con las autoridades libias el paso seguro del convoy. Sin embargo, los diez activistas fueron capturados y obligados a subir a furgonetas sin distintivos por parte de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, del general Jalifa Hafter, y que estaban en manos del Gobierno del este de Libia –que le disputa el poder al Ejecutivo de Trípoli, reconocido por la ONU. Tras la detención, desaparecieron, al igual que Mehdi Bouzguenda, otro voluntario técnico tunecino de 24 años arrestado el 19 de mayo cuando regresaba a su país.

Tras la captura, la detención de los activistas se amplió el 2 de junio diez días más con el pretexto que habían incurrido en infracciones migratorias. En cambio, la Flotilla defiende que todos ellos contaban con visados válidos y habían entrado legalmente al país.

Miembros de Global Sumud Flotilla han interpuesto este martes una querella criminal en el Tribunal de Instancia de Bilbao por “brutalidad policial” contra la Ertzaintza y contra el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del PNV, tras las cargas que tuvieron lugar el pasado 23 de mayo, a la llegada de los activistas al aeropuerto de Loiu. “Hemos interpuesto una querella criminal en representación de Global Sumud Flotilla como acusación popular por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu cuando llegaron los voluntarios de la Flotilla. Euskal Herria entera y parte del mundo vieron las imágenes. La Ertzaintza utilizó una vez más una brutalidad policial totalmente innecesaria y desproporcionada. Violentamente tiraron al suelo a los miembros de la Flotilla y cuando estaban en el suelo siguieron golpeándoles con sus bastones policiales. Estas personas acababan de sobrevivir días de secuestro de gran violencia a manos de las fuerzas de ocupación israelíes y cuando llegaron a Loiu fueron golpeadas por la Ertzaintza de forma brutal”, ha denunciado la abogada de los activistas Haizea Ziluaga, tras presentar la querella.

Junto a ella han acudido al juzgado una docena de personas que han mostrado banderas de Palestina y fotografías de las heridas provocadas por la Ertzaintza durante las cargas tras las cuales detuvo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad. Según informó en aquel momento el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza inició una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajustó a las instrucciones en vigor.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió perdón en inglés por las cargas en una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero después en castellano y euskera aclaró que la presencia policial en la terminal estaba justificada y que todo arrancó con una “agresión” a un agente de la autoridad y hasta recalcó que entre los activistas había dos exmiembros de ETA, uno condenado a seis años de prisión y la otra a doce. Preguntado el pasado viernes por el tema en la sesión de control al Gobierno, no volvió a realizar ninguna referencia directa al operativo e insistió en que hay un problema en la sociedad vasca porque se está perdiendo el principio de “autoridad” y aseguró que, “mientras tenga la confianza del lehendakari”, Imanol Pradales, seguirá trabajando para garantizar el “orden”.

“A nosotras nos corresponde denunciar lo sucedido y, como acusación popular, pedir responsabilidades. Las declaraciones del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asumió en primera persona lo sucedido, son inaceptables. Niega lo evidente”, ha criticado la abogada en referencia a sus afirmaciones de que la carga de la Ertzaintza fue “provocada” por una “agresión previa” a un agente.

Según ha destacado, la denuncia va dirigida contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron en Loiu, contra los que dirigieron esa “operación policial brutal” y contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por “detención ilegal, lesiones y delito de odio”, entre otros. “Nos hemos visto obligadas en más de una ocasión a tener que venir al juzgado a defender la solidaridad con el pueblo de Palestina. Denunciar el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel es un derecho civil y político y nosotras seguiremos ejecutando este derecho porque es nuestra obligación”, ha concluido la abogada.

La empresa de ropa sostenible para el aire libre Patagonia ha presentado una demanda por infracción de marca a la ‘drag queen’ Pattie Gonia, a la que reclaman una cifra ‘simbólica’ de un dólar según lo presentado ante el tribunal federal de Los Ángeles.

La ecologista y ‘drag queen’ Pattie Gonia se ha hecho famosa debido a su activismo en redes sociales, en las que ha acumulado millones de seguidores, lo que le ha llevado a diversificar su marca, y decidir vender ropa y promover así el cuidado del medio ambiente con una solicitud que inició en septiembre, pero que para la empresa Patagonia sería “un daño irreparable” porque se podrían confundir.

Pattie Gonia ve un ataque a su identidad con esta denuncia

La marca Patagonia ha defendido su denuncia a la drag queen Pattie Gonia asegurando que no era algo que deseaban y que mantuvieron “un diálogo activo durante varios años para evitarlo, pero que se ha vuelto necesario para proteger la marca” y su legado de 50 años. Sin embargo, la protagonista ha negado que hayan mantenido conversaciones y que la primera vez que supo de ellos fue cuando le llegó un correo electrónico de su abogado.

“Queremos que Pattie tenga una carrera larga y exitosa y que progrese en temas importantes, pero de una manera que respete la propiedad intelectual de Patagonia y su capacidad para usar nuestra marca para vender productos y abogar por el medio ambiente. Este asunto no se trata de obtener beneficios económicos, ni de cuestionar la identidad de nadie ni su derecho a la defensa, la protesta o la expresión creativa. Lo último que deseábamos era una batalla legal con alguien que comparte nuestros valores, pero debemos proteger nuestro negocio y a nuestros empleados”, afirmó su CEO, Ryan Gellert al respecto.

Un hecho al que Pattie Gonia ha respondido a través de sus redes sociales y ha afirmado que, si esas declaraciones son ciertas, está dispuesta a retirar su marca para que ellos hagan lo propio con la demanda, a la vez que apunta que su trámite ha pasado las primeras fases al no haberse encontrado posible confusión con otras marcas existentes. Si esto no sucede así, entiende que es un ataque hacia su identidad y a la comunidad.

La ‘drag queen’ ha contado que ha buscado “utilizar todos los canales” a su alcance “para resolver esto sin tener que ir a juicio”, pero que solo le han dado dos opciones: “borrar mi nombre, mi activismo, mi comunidad y a todos mis empleados, o luchar por mí misma y luchar por todos nosotros”, un vídeo que ya ha recibido apoyo por parte de sus seguidores, que instan a Patagonia a retirar la demanda contra la activista.

“Esto no es un conflicto de marcas. Se trata de una corporación que intenta silenciar a un activista. Así es como las corporaciones intimidan a las personas que no pueden igualar sus recursos”, denunció a la vez que expresó que su nombre tiene ‘parodia juguetona’ de la marca, pero que esto va intrínseco en lo que se basa el drag, que es “la parodia, los juegos de palabras y las bromas”.

¿Quién es Pattie Gonia?

Wyn Wiley, más conocido artísticamente como Pattie Gonia, es una drag queen estadounidense activista ambiental y también por los derechos LGBTQ+, que actualmente acumula 1,8 millones de seguidores en Instagram o 885.000 en TikTok, y que ha recaudado durante su trayectoria casi 4 millones de dólares para organizaciones sin ánimo de lucho.

Se hizo especialmente conocida cuando publicó sus espectaculares rutas por parques naturales, montañas y espacios protegidos a la vez que divulgaba mensajes a favor del medio ambiente, pero también de la comunidad LGTBIQ+, y se basó también la región geográfica de Argentina y Chile para su nombre artístico, que nació durante un viaje como mochilera en el que se decantó por rendir homenaje en forma de humor a la marca, pero también a los pueblos originarios asociados a este territorio americano.

La marca Patagonia comenzó su historia en 1973 como ‘Chouinard Equipment’, aunque más tarde cambió su nombre después de un viaje a esta región sudamericana que realizó su fundado junto a su amigo Doug Tompkins, que crearía a la empresa rival ‘The North Face’. En 2022, su fundador Yvon Chouinard cedió la totalidad a una organización sin ánimo de lucro para destinar todos sus beneficios a la protección del planeta.

La relatora de la ONU para los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, escribió en su último informe a la Asamblea General: “Hay una corriente de represión contra el activismo climático legítimo en Europa y el resto del mundo. Esto supone un camino hacia la destrucción y los países deben detenerla”.

Lawlor mencionaba explícitamente a España por criminalizar a grupos ecologistas o “infiltrar agentes de policía en grupos de activistas climáticos al menos en doce ocasiones”. Este martes, en uno de los juzgados de lo Penal de Madrid quedó visto para sentencia un juicio contra tres activistas climáticos –María Martínez, Jorge Riechman y Francisco del Pozo– para los que la Fiscalía pide 10 meses de cárcel por “resistencia a la autoridad”, durante una manifestación en 2019.

La vista se celebró menos de una semana después de que, en otro juicio contra nueve activistas de Futuro Vegetal se solicitara pena de prisión de 21 meses por arrojar pintura al agua al edificio del Congreso de los Diputados.

Estos dos procesos penales –y los que quedan pendientes como el juicio a 15 miembros de Rebelión Científica por arrojar agua coloreada al Congreso o la imputación como organización criminal de Futuro Vegetal– son “la resaca de la represión al momento dorado del activismo climático que se vivió desde 2019 en adelante”, reflexiona Francisco del Pozo, recién salido del juzgado.

Esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo

Francisco del Pozo — Greenpeace

Del Pozo, coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, detalla que todos estos casos son consecuencia “de la reacción judicial y policial al momento culminante, al momento dorado del movimiento climático”. Según su visión: “Percibieron que ese movimiento, con aquellas manifestaciones multitudinarias, con las reivindicaciones en muchas ciudades de mundo, se les iba de las manos, que no podían controlarlo. Y dijeron 'esto hay que pararlo'”.

En España se replican mecanismos similares a los que, como indicaba la relatora Lawlor, se están constatando en varios estados de Europa. En Italia, por ejemplo, tres activistas que lanzaron pintura a la fachada del Senado fueron condenados a ocho meses de prisión (en suspenso). Con todo, ellos consideraron que habían conseguido cierto éxito al obtener la atenuante de “actos motivados por causas sociales y morales”, no por vandalismo. Ese argumento se está escuchando ahora en las salas de justicia españolas.

Otras cinco activistas alemanas de un grupo que, tras las acciones judiciales, ha terminado por disolverse, (Letze Generation) están inmersos en un juicio por el delito de organización criminal. El proceso se ha complicado, ya que hay discrepancias entre los juzgados de diferentes lander sobre si aplicar ese tipo penal especialmente grave o no. Mary Lawlor ha hecho referencia específica a este proceso por lo que considera “un uso incorrecto del Código Penal para sancionar acciones no violentas y motivadas por su preocupación legítima acerca del cambio climático y los Derechos Humanos”.

Actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar

Jorge Riechman — Ecologistas en Acción y Rebelión Científica

La ola de castigos severos contre el activismo “es un fenómeno muy preocupante en un momento histórico tremendo: a medida que la situación es más grave y el margen de acción se estrecha, las peticiones de los activistas molestan más”, comenta a elDiario.es Jorge Reichman, otro de los juzgados este martes.

Riechman –filósofo y activista de Ecologistas en Acción y Rebelión Científica– explica que en estos momentos se cruza, por un lado, “un sentimiento de fatalismo apocalíptico sobre el futuro como reflejan los estudios de opinión de los jóvenes con una sensación de hipernormalidad”. Esto último significa que “actuamos como si nada, a pesar de constatarse que el capitalismo está acabando con los ecosistemas. Actuamos como si todo fuera bien y todo fuera a durar para siempre. Y eso no es así: ni está bien ni puede durar”.

A eso se le añade la ola internacional conservadora que ha puesto en la mira de la ultraderecha las políticas ecologistas. El resultado es que las reivindicaciones climáticas han llegado a un punto mucho más bajo justo cuando las consecuencias de la crisis climática ya se han hecho muy palpables.

El escarmiento

Uno de los objetivos declarados de buscar penas de prisión es desalentar el activismo más “disruptivo” o “molesto” como lo llaman los propios grupos. El Tribunal Supremo de Gran Bretaña juzgó como forma “legítima” de disuadir estas acciones las penas de varios años de cárcel que están cumpliendo algunos miembros de Stop Oil por cortar el tráfico de una autopista. Sus penas “no son excesivas”, dijeron.

La Fiscalía en España ha emulado esta fórmula al buscar un escarmiento en sus peticiones de pena; “Prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo”, afirmó el fiscal en sus conclusiones al final del juicio contra los activistas de la pintura en el Congreso.

“Los motivos por los que nos pusimos en aquel puente continúan”, admite Francisco del Pozo. “Hay que volver a poner el cuerpo, pero, claro, esta oleada de procesos con penas de cárcel hace que, si tienes pendientes varios juicios, te quites de en medio o te vengas un poco abajo”. Es el descrito chilling effect. “Hay miedo a poner el cuerpo como antes”.

No es un escenario imaginado, sino presente. El propio Reichman está acusado en el juicio por los actos de Rebelión Científica en el Congreso de 2022. Le piden 21 meses de prisión. Y en ese mismo proceso hay dos acusados que ya esperan sentencia por la reivindicación similar que hicieron un año después en el mismo edificio. Les han solicitado 21 meses de cárcel por cada caso.

Este jueves 28 de mayo se rendirá homenaje a Francisco García Martín 'Epicaris' cuando se cumplen nueve meses de su muerte, el pasado mes de agosto. El acto se celebrará en el Salón Rico de Toledo, en la plaza del Corral de Don Diego, en el Casco Histórico de la ciudad.

Paco García Martín (1959-2025) era natural de la localidad toledana de Villacañas pero estaba afincado en la capital de Castilla-La Mancha. Escritor y autor de numerosas publicaciones relacionadas con la memoria histórica, la historia de la Educación, los jardines históricos o el patrimonio cultural, era licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, además de Licenciado en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), donde también se doctoró.

Fue profesor de instituto y profesor asociado en la UCLM y era habitual colaborador como articulista en medios de comunicación, primero en La Tribuna de Toledo y después en elDiario.es Castilla-La Mancha. Era miembro de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, sobre los que también escribió de forma profusa.

El acto del próximo jueves será conducido por Javier Mateo y comenzará a las 19 horas con la intervención de Antonio Dávila, director del Museo de Santa Cruz, entidad cultural a la que el historiador estaba vinculado a través de la Asociación Museo Santa Cruz, ¡Vivo!, donde tuvo lugar una exposición a finales del pasado año dedicada al pintor Vicente Cutanda y Toraya, uno de los fundadores de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Francisco García Martín había diseñado esta muestra que se llevó a cabo cinco meses después de su muerte.

Precisamente en nombre de la Asociación de Amigos del Museo de Santas Cruz ¡Vivo!, intervendrá una de sus caras visibles Luis Miguel García Bermejo, junto con los voluntarios culturales de la Confederación de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) en el Museo de Santa Cruz, representados por Elena Cuevas.

Homenaje al activista por los derechos humanos, profesor y amigo

En el homenaje también participará Amnistía Internacional, en la que Paco García Martín militaba defendiendo los derechos humanos. Contará con la intervención de Rafaela Alonso. Y es que 'Epicaris' fue un activista social, impulsor del movimiento 0,7, el porcentaje los impuestos que se puede marcar voluntariamente en la declaración de la renta para destinarlo a financiar proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG). En este caso intervendrán Juan Díaz y Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha.

El historiador fue profesor en el Instituto El Greco, que también estará presente en el acto, con la presencia de Isabel Mariscal, su actual directora actual y de Pedro Rodríguez, exdirector del centro educativo.

A continuación intervendrán los directores de La Tribuna de Toledo Francisco Rodrígues y de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller, en un homenaje al que también sumarán sus voces Laura García, ex alumna de Paco, historiadora y escritora, con la que firmó su último libro, dedicado a las Mujeres en la Historia de Toledo.

También participará Andrés León, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, de la que formaba parte la familia del escritor, que abría las puertas de su casa cada año durante la festividad del Corpus y a los que dedicó algunos de sus artículos en prensa.

Para rememorar su labor dentro de los institutos históricos intervendrán Rosalina Aguado, de la Escuela de Arte de Toledo y Juan Leal del IES Brianda de Mendoza de Guadalajara, y miembro de la Asociación Nacional Defensa Patrimonio Institutos Históricos.

En el homenaje también participará Ángel Felpeto, exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Toledo y exconsejero de Educación en la Junta de Castilla-La Mancha.

Cerrará el acto la intervención de Carmen García, esposa de Francisco García Martín.

Varios de los gallegos que participaron en la Global Sumud Flotilla han comparecido este lunes, tras poder regresar a Galicia, para narrar los “tres días en el vientre de la bestia” en los que, denuncian, constataron “la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejército israelí” y que, han señalado, revivieron a su llegada al aeropuerto de Bilbao, cuando sufrieron cargas policiales “sin desencadenante”. “Nos rompimos mucho más que estando en el barco en Israel”, han asegurado.

Según recoge Europa Press, Sandra Garrido, Alberte Pagán, Xurxo Porritt y Andrea Morales han hablado ante los medios de comunicación tras su regreso a Galicia después de permanecer tres días detenidos por el ejército israelí que interceptó la flotilla humanitaria en su ruta a Gaza en aguas internacionales del Mediterráneo.

También lo han hecho tras la situación de tensión vivida en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de sus compañeros, donde se produjo una carga policial y hubo cuatro detenidos sin que, aseguran, mediase ningún tipo de provocación. “La Ertzaintza estaba empujando, empujando, y en un momento dado, un activista fue a abrazar a su familia y ahí empezaron los porrazos”, ha narrado Sandra Garrido.

Con todo, y aunque dan testimonio de las lesiones físicas y psíquicas derivadas de su detención por parte de Israel, advierten de que no desistirán en denunciar la situación en Gaza: “Hay que pararlo, y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”.

Un corredor humanitario

“Nuestra misión siempre fue abrir un corredor de ayuda humanitaria, denunciar el genocidio en Gaza e intentar pararlo, algo que no están haciendo los Gobiernos”, ha dicho Sandra Garrido, que ha denunciado que Israel “apresó, torturó y desapareció durante más de dos días a las personas de la flotilla”, si que “hubiese ningún tipo de repercusión a nivel internacional”, lo que “extiende su impunidad a lo que quiera hacer con el resto del mundo”.

Garrido ha denunciado las condiciones que sufrieron durante su detención, aunque ha incidido en que éstas “no son ni una mínima parte de las que están sufriendo las presas palestinas”, entre las que hay “muchas menores de edad”.

Además, ha querido poner sobre la mesa “la impunidad de ese fascismo global” que, ha dicho, “hay que pararlo”. “Y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”, ha clamado, considerando “inadmisible” que España y Europa “sigan manteniendo contratos con el Estado de Israel” en distintas materias.

Tres días en “el vientre de la bestia”

Ante los medios congregados en Santiago, Alberte Pagán ha hablado de los “3 días en el vientre de la bestia” en los que pudieron “constatar la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejercito israelí”. “No solo los funcionarios armados ejercían esa violencia física y psicológica, si no que todo el funcionariado mostraba el mismo desprecio e inhumanidad hacia nosotros”, ha añadido.

Alberte Pagán ha hablado de lo “absurdo” de la detención en aguas internacionales para “ser trasladados a Israel y deportarnos”. “Nosotros no entramos en territorio israelí, fuimos secuestrados a más de 1.000 kilómetros de Palestina”, ha señalado, con lo que, apuntan, la flotilla se encontraba “muy lejos de lo que Israel considera su colchón marítimo para intentar mantener el cerco a Gaza”.

En consecuencia, los activistas reclaman que los gobiernos europeos se posicionen contra esta arbitrariedad: “El siguiente paso será venir a nuestras plazas a detener a los manifestantes”, ha dicho Pagán.

Tras pasar por el hospital en Turquía, apunta, los activistas informan de “67 personas con heridas graves” derivadas de esta detención. En torno al 30 por ciento de los integrantes de la flotilla presentan lesiones de consideración, señalan, a lo que se sumarán “muchas reacciones postraumáticas”, dice Xurxo Porrit.

Este activista, enfermero jubilado, ha dicho que durante su detención se les privó de agua y de ropa, se les agredió y durmieron “hacinados” y en situación de “deshidratación”, unas condiciones que, advierte no obstante, “para los palestinos sería un hotel de primera”.

“No llegamos, pero les ganamos, porque el mundo vio lo que hacen”, ha dicho Porritt, que ha instado a “seguir peleando” por el pueblo palestino. “Utilizar el agua, los alimentos, los combustibles y las medicinas, es un crimen de lesa humanidad que se repite 24 horas al día los 365 días del año y está perpetrado por el que llaman el país más democrático de oriente medio”, ha resumido el activista.

Críticas a la ertzaintza

Además de lo ocurrido en Israel, los activistas gallegos han denunciado la situación vivida en el aeropuerto de Bilbao y han criticado contra la Ertzaintza por una carga que, han asegurado, no obedeció a ningún desencadenante.

“Fue algo sorpresivo para nosotros. No hubo ningún movimiento que lo desencadenase”, ha dicho Sandra Garrido, para quien esta situación “fue algo construido”, culpando indirectamente al Gobierno de Israel, que “cuando se ve acorralado, construye narrativas que distraen de la idea central”.

Garrido ha dicho que “los tentáculos de Israel van mucho más allá del propio ente” y ha mencionado que la empresa de seguridad del aeropuerto de Bilbao “tiene convenios con empresas israelíes”.

A mayores, ha denunciado la “hipocresía de los gobiernos” que “denuncian lo que les pasa a la flotilla, pero permiten que la policía del País Vasco golpee a los activistas”. “Es la hipocresía lo que permite la impunidad”, ha advertido.

Unanimidad en el pleno de Vigo

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha dado luz verde este lunes por unanimidad a una declaración institucional de apoyo a la Global Sumud Flotilla y de condena por el asalto y el “maltrato” de las autoridades de Israel a los integrantes de esta misión humanitaria.

La declaración reconoce el “firme compromiso” del Gobierno de España con la defensa del derecho internacional y con la condena del genocidio que sufre la población de Gaza, y recuerda que la Flotilla es un ejemplo del apoyo de la sociedad a las iniciativas en defensa de los derechos humanos y de la solidaridad con el pueblo palestino.

Por ello, han calificado el asalto a la flotilla en aguas internacionales como “una grave vulneración del derecho marítimo internacional, de la libertad de navegación en alta mar y de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

Así, el Pleno ha trasladado su “condena” a ese asalto, así como el apoyo a los miembros de la Flotilla, especialmente a los ciudadanos gallegos que formaban parte de las tripulaciones. Igualmente, ha condenado “el maltrato y las humillaciones sufridas por los activistas por parte de las autoridades israelíes”, en una forma de proceder que ya denunció el Gobierno como “inaceptable, inhumano y vergonzoso”.

Finalmente, instan a las autoridades e instituciones gallegas, estatales y europeas a adoptar las medidas diplomáticas e institucionales necesarias para garantizar la protección y la seguridad de la Flotilla.

Pese al apoyo unánime a la declaración (que inicialmente iba a ser retirada por una supuesta falta de apoyo de la oposición), tanto PP como BNG han lamentado “las formas” del gobierno local, por presentar una propuesta de declaración sin consensuar con los grupos. De hecho, el BNG ha recordado que ellos mismos presentaron una propuesta de declaración, que fue vetada por el gobierno local.

Escarmiento público. Este jueves se ha celebrado el primer juicio en España contra unos activistas climáticos en el que se pide pena de prisión: 21 meses para nueve personas de los grupos Futuro Vegetal, XR y Rebelión Científica por un supuesto delito contra el patrimonio por verter agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.

El fiscal del caso ha admitido en la sala que el objetivo de solicitar cárcel –aunque luego pudieran no ingresar– es “prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo porque, si no, se puede pagar una multa y ya está”. Los “daños” a los que se refiere la Fiscalía han supuesto una factura de 5.800 euros (con la mano de obra de los operarios incluida) que los acusados ya han consignado.

“El objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática y los impactos sobre el planeta y la salud de las personas”, ha declarado una de las acusadas, Paula Martínez Hidalgo. Y “exigir” que se lleven a cabo las políticas “que indica la ciencia”.

Este juicio se incrusta en un proceso de presión creciente sobre los activistas climáticos en España a medida que sus acciones de protesta eran más disruptivas. Se pasó de la imagen de una adolescente Greta Thunberg en manifestaciones a jóvenes pegándose al marco de un cuadro, cortando el tráfico o arrojando pintura a fachadas.

Y esa presión policial, fiscal y judicial se ha traducido en un arco que ha mutado desde las multas a las peticiones de prisión e incluso a la imputación por parte de un juez del grupo Futuro Vegetal como organización criminal. Ese supuesto prevé cárcel de tres a ocho años.

La dinámica ha generado un efecto desaliento sobre el activismo climático, como han reconocido en diversas ocasiones los propios grupos ecologistas. Un activista con pena de prisión, aunque esté suspendida, arrastra un lastre que casi lo inhabilita para protestas más llamativas como la juzgada.

“El mismo grupo ya había actuado en el Congreso”, ha argumentado el Ministerio Público este jueves. Se refería a que la acción fue reivindicada a posteriori por los colectivos Futuro Vegetal y Rebelión Científica y lo relacionaba con una la protesta similar que tuvo lugar en abril de 2022.

Aquellos hechos siguen su propio proceso judicial con otras personas implicadas. La Fiscalía también ha pedido en ese caso 21 meses de cárcel. “Erre que erre, había que volver al Congreso”, ha descrito el fiscal para justificar el castigo. “5.000 euros es el resultado de la protesta”, remataba con el gesto de comillas al pronunciar la palabra “protesta”.

“No somos vándalos. Actuamos para prevenir un daño mayor porque los ecosistemas de los que dependemos están colapsando. No hablamos solo de un bien histórico, como el Congreso, sino de nuestro sustento vital”, ha recordado en el estrado otra de las acusadas, Belén Díaz.

Acción coordinada

La petición de pena de prisión es la misma para los nueve a pesar de que cinco de ellos no lanzaron ninguna pintura. Uno desplegó una pancarta en las escalinatas del edificio, otro se puso una bata de protesta, otra habló con un agente de Policía –a esta última, los policías le atribuyen una labor de “distracción”–. Con todo, la Fiscalía ha dibujado a todos como parte de un dispositivo organizado para causar los daños: “La policía lo ha dejado muy claro. Tenían de antemano repartidos los papeles”, ha dicho el fiscal.

En realidad, los agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el Congreso ese día han aportado testimonios así:

– Abogado defensor: ¿Entonces hubo personas que no tiraron témpera?

– Policía nacional: Puede ser. Imagino que sí. No sé decirle.

– Acaba de decir que hubo gente que no lanzó...

– No le sé decir.

Otro agente ha resumido que “todas las personas allí estaban haciendo algo”. Con eso, el fiscal sostiene que la acción fue algo planificado y ejecutada entre todos y que todos merecen la pena de prisión.

Ese grupo operativo de acción organizada tiene entre sus miembros sentados en el banquillo un padre en paro, una madre con dos hijas y una hipoteca, un médico, una ambientóloga y una persona con incapacidad total reconocida, según se ha informado durante la vista judicial.

Los acusados han reiterado que su acto era un acto de protesta pacífica y sin violencia. “En el marco de emergencia climática reconocida en el que estamos, ¿es tolerable arrojar pintura al Congreso de los Diputados o nos hemos pasado?” Ha preguntado uno de los abogados defensores. “¿Se afectó a la seguridad ciudadana? No ¿Se molestó? Puede ser”, ha rematado.

Molestia o no, lo cierto es que los nueve activistas esperan ya una sentencia tras las acusaciones sustentadas, como se ha especificado en la vista, en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la ley mordaza.

De hecho, España es uno de los únicos tres países democráticos junto a EEUU y Alemania, que utilizan leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos. Todo ello incrustado en un creciente esfuerzo global por “criminalizar las protestas climáticas y ambientales”, como detectó una investigación específica de la Universidad de Bristol.

“Los daños a los ecosistemas de los que vivimos son irreversibles” –ha reflexionado la ambientóloga Belén Díaz– no puede irse con una limpiadora karcher a repararlos. Simplemente no se puede. Entonces ¿qué podemos hacer?“, ha cerrado en su turno de última palabra antes de que la jueza decretase el visto para sentencia.

Algunos libros describen un territorio mientras lo vamos atravesando. Remover la tierra, el nuevo trabajo del escritor y abogado ambientalista emeritense Antonio Sánchez Gómez pertenece claramente a este grupo. El lector no permanece a salvo observando desde fuera: desciende con el autor a galerías mineras sin oxígeno, bucea lagos convertidos en salares tóxicos, escucha las explosiones de dinamita en los cerros bolivianos y acompaña a comunidades indígenas que intentan sobrevivir en territorios devastados por décadas de salvaje extracción minera como en San Agustín de Puñaca, en Oruro, Bolivia.

Publicado por Sigilo Editorial, el libro es una mezcla singular de crónica periodística, ensayo político, literatura de viajes y narrativa testimonial. Pero, sobre todo, es una inmersión en las heridas contemporáneas del extractivismo latinoamericano y en las vidas que quedan atrapadas bajo sus consecuencias y que parece no importar a casi nadie. También se busca evidenciar el poder del litigio estratégico y de herramientas jurídicas que, pese a su potencial, rara vez se activan para corregir vulneraciones de derechos colectivos como el agua o la soberanía alimentaria, así como para proteger los derechos de la Naturaleza, ámbito en el que Bolivia ha sido pionera.

Sánchez Gómez, nacido en Mérida en 1981, no se aproxima a este territorio desde la distancia académica ni desde el turismo literario. Su escritura está modelada por una experiencia directa, acumulada durante años de litigio y acompañamiento a comunidades que resisten la devastación ambiental. Su trayectoria como abogado ambientalista no funciona como simple nota biográfica: constituye la arquitectura ética y epistemológica de su obra, la lente desde la que interpreta y narra los conflictos socioecológicos de América Latina.

Tras enfrentarse jurídicamente a los llamados mecheros de la muerte en la Amazonía ecuatoriana —esas antorchas petroleras que durante décadas quemaron gas a escasos metros de poblaciones indígenas, convirtiendo la noche en un resplandor tóxico— publicó Derrotero, un libro que no solo documenta la violencia extractiva, sino que reivindica la dignidad y la vulnerabilidad de quienes defienden el territorio. Allí ya se intuía una voluntad de pensar la justicia desde el territorio, no desde los marcos abstractos del Derecho.

Ahora, el escenario se desplaza hacia Bolivia, donde el autor participa en procesos judiciales vinculados a la contaminación minera y colabora con organizaciones sociales y ambientales que denuncian la destrucción de ecosistemas y comunidades enteras. Este desplazamiento geográfico no es un mero cambio de escenario: es la continuidad de una cartografía del daño y, al mismo tiempo, de una geografía de resistencias que Sánchez Gómez convierte en literatura crítica, comprometida y profundamente humana.

Ese punto de partida jurídico y militante dota a Remover la tierra de una dimensión poco habitual: el narrador no es únicamente observador, sino también parte implicada en la investigación y en los procesos de denuncia. Desde esa posición híbrida —entre abogado, cronista y viajero— Sánchez Gómez construye una narración profundamente física y sensorial.

Lago Poopó

La obra comienza en las tierras altas bolivianas, acompañando a miembros del Centro de Desarrollo Andino (CENDA) en la preparación de una demanda ambiental relacionada con la destrucción del lago Poopó, uno de los mayores humedales andinos del continente. La escena inicial ya marca el tono del libro: un paisaje fantasmal donde apenas queda agua y donde las nubes parecen reflejarse “en un mínimo espejo” sobre una costra de sal. Lo que antes fue un lago lleno de peces y aves migratorias se ha convertido en un territorio moribundo por la combinación de sequía, cambio climático y contaminación minera.

A partir de ahí, el relato avanza como una especie de descenso progresivo a las entrañas del modelo extractivo. El autor recorre Cochabamba, Oruro, Llallagua y otros territorios amenazados por la minería mientras conversa con activistas, abogados, cooperativistas, indígenas, periodistas y trabajadoras mineras. Cada desplazamiento amplía el mapa de un país marcado por contradicciones permanentes: riqueza mineral y pobreza extrema, resistencia indígena y dependencia económica, memoria revolucionaria y devastación ambiental.

Experiencias casi táctiles

Uno de los grandes aciertos del libro es precisamente su escritura. Sánchez Gómez evita tanto el lenguaje técnico como la frialdad del reportaje convencional. Su prosa tiene una intensidad literaria muy poco frecuente en la no ficción contemporánea. Las descripciones convierten los paisajes en experiencias casi táctiles: el olor metálico de las minas, el frío extremo del altiplano, el polvo suspendido sobre las carreteras o la sensación de asfixia dentro de los túneles aparecen narrados con una precisión que sitúa al lector dentro de la escena.

Especialmente impactantes son los capítulos dedicados a las minas de Llallagua, uno de los grandes enclaves históricos de extracción de estaño en Bolivia. Allí, el autor desciende junto a cooperativistas mineros a galerías subterráneas donde apenas se puede respirar. El relato abandona cualquier romanticismo asociado a la minería y muestra una realidad brutal: trabajadores que arrastran enfermedades pulmonares irreversibles, explosiones constantes, temperaturas extremas y túneles donde un derrumbe puede significar la muerte inmediata.

Sánchez Gómez conecta además esa experiencia contemporánea con la larga historia colonial del extractivismo latinoamericano. El estaño boliviano, recuerda el libro, alimentó la industria mundial durante el siglo XX y permitió fabricar desde conservas alimentarias hasta componentes electrónicos. Bajo el brillo de la modernidad tecnológica aparecen así miles de cuerpos humanos sacrificados y montañas literalmente vaciadas por dentro.

La figura de Simón Patiño —el magnate boliviano del estaño conocido como “el rey del estaño”— recorre buena parte del texto como símbolo del capitalismo extractivo latinoamericano, pero no se limita a denunciar el pasado colonial o empresarial. También pone el foco en los conflictos contemporáneos: la contaminación por metales pesados, la falta de control estatal, las luchas entre cooperativas mineras y comunidades indígenas o las consecuencias del agronegocio sobre territorios amazónicos y rurales.

A lo largo de sus páginas aparecen además múltiples voces del pensamiento crítico boliviano y latinoamericano. La antropóloga Alison Spedding, el activista Óscar Olivera o diferentes líderes indígenas y ambientales dialogan con el autor sobre colonialismo, ecología y resistencia popular. El resultado es un mosaico complejo donde conviven análisis político, memoria histórica y experiencia personal.

Mujeres palliris

Pero probablemente las páginas más conmovedoras sean las dedicadas a las mujeres palliris, viudas de mineros que sobreviven seleccionando manualmente restos minerales entre escombros tóxicos. Sánchez Gómez retrata sus jornadas de trabajo bajo temperaturas extremas y rescata testimonios marcados por la pobreza y la exclusión. Son mujeres que trabajan rodeadas de polvo metálico y piedras mientras recuerdan a maridos muertos por silicosis o enfermedades relacionadas con la minería.

El libro también aborda cómo la violencia extractiva afecta de manera diferenciada a las mujeres. En el universo minero aparecen supersticiones, exclusiones y dinámicas profundamente patriarcales que históricamente han apartado a las mujeres del trabajo remunerado dentro de las minas, relegándolas a tareas invisibles y extremadamente precarias.

Las palliris se encuentran al final de un sistema que no solo machaca territorios también cuerpos, tienen historias personales muy duras pero también la necesidad de ser reconocidas como la última pieza de un engranaje cruel.

Todo ello convierte Remover la tierra en una obra que dialoga directamente con debates contemporáneos sobre transición ecológica y explotación de recursos naturales. Mientras Europa y Estados Unidos aceleran la demanda de minerales estratégicos para sostener la digitalización y la llamada economía verde, el extremeño afincado en Barcelona recuerda qué territorios y qué cuerpos sostienen realmente ese modelo.

El libro plantea así una pregunta incómoda, pero inevitable: qué precio humano y ambiental tiene el progreso tecnológico contemporáneo. Porque detrás de los teléfonos móviles, las baterías, los ordenadores y los centros de datos continúan existiendo montañas perforadas, aguas contaminadas y comunidades de seres humanos desplazadas.

Apuesta formal

Más allá del contenido político y ambiental, Remover la tierra destaca también por su apuesta formal ya que construye una escritura que mezcla observación periodística, lirismo y oralidad popular. El resultado tiene momentos cercanos a la literatura de viajes latinoamericana, al nuevo periodismo e incluso al realismo mágico andino, especialmente cuando aparecen figuras míticas como 'El Tío', la deidad de las minas bolivianas que mezcla creencias indígenas y demonología colonial.

En un contexto mediático dominado por la rapidez y la simplificación, el autor apuesta por una narración lenta, inmersiva y profundamente documentada. No se limita a informar: intenta comprender cómo funciona un sistema económico capaz de convertir territorios enteros en zonas de sacrificio. Tampoco quiere pasar por alto que las corporaciones canadienses y australianas responsables de algunos de los mayores desastres ambientales en Bolivia son las mismas que hoy realizan prospecciones en la península ibérica mientras se nos insta a celebrar la extracción de supuestos minerales críticos o estratégicos, categorías construidas por la propaganda corporativa hasta convertirse en sentido común.

Sin embargo, estos términos no responden a realidades geológicas inevitables sino a intereses económicos que se presentan como urgencias históricas. El precedente boliviano es elocuente: el boom del estaño en la primera mitad del siglo XX —impulsado por la demanda bélica de las guerras mundiales— se desplomó en cuanto cesaron los conflictos, dejando una industria desmantelada y a miles de mineros sin sustento. Un siglo después, se repite la narrativa: se nos convence de que debemos sacrificar nuestros territorios para alimentar una nueva carrera armamentística y tecnológica, cambiando los minerales, pero no la lógica extractiva que los legitima.

Acompañamiento y escucha

Con esta obra, Antonio Sánchez Gómez consolida además una trayectoria singular dentro de la literatura de no ficción española. Desde Extremadura con visión internacionalista, el autor construye una mirada holística conectada con las luchas ambientales y sociales de América Latina, alejándose de enfoques paternalistas o exotizantes. Lo hace desde el acompañamiento y la escucha, pero también desde una evidente posición política: la defensa de los territorios y de las comunidades que resisten frente a la lógica depredadora del extractivismo global.

Remover la tierra, no es por lo tanto, únicamente un libro sobre minería o contaminación ambiental. Es también una reflexión sobre el colonialismo contemporáneo, la desigualdad global y la forma en que el norte económico continúa sosteniendo su bienestar sobre territorios convertidos en espacios de sacrificio. Y quizá por eso su lectura deja una sensación incómoda y persistente: la certeza de que bajo cada dispositivo tecnológico y bajo cada promesa de progreso siguen existiendo minas oscuras donde alguien continúa respirando polvo tóxico para sostener el mundo contemporáneo.

Y es que, aunque en el mundo algunas personas están lejos unas de otras, nunca lo suficiente como para que los comportamientos de unas no influyan sobre las demás.

El pasado 10 de abril llegó a las salas de cine españolas la película que ha sido todo un fenómeno en Reino Unido, habiendo superado el millón de espectadores y además ha recibido el elogio de la crítica, con premios BAFTA incluidos. Hablamos de “Incontrolable” (I Swear), que cuenta una historia real de superación.

La interpretación de John Davidson, que sufre el síndrome de Tourette y que acabó siendo activista para dar visibilidad a la enfermedad que padece, le valió a Robert Aramayo, actor de origen vasco, el BAFTA a mejor actor, adelantándose a otros favoritos como Michael B. Jordan o Timothee Chalamet.

Aramayo, también conocido por la serie de ‘El señor de los anillos’ de Amazon, se preparó el papel conviviendo con el verdadero John Davidson en su Galashiels natal, en Escocia. “Salíamos a caminar, íbamos a cenar, veíamos fútbol juntos y íbamos al centro comunitario”, afirmaba a BBC.

Kirk Jones, director y guionista de la película, recordó la historia de John Davidson a través de un documental de la BBC que se emitió en 1989, “John’s Not Mad”, en el que se dio a conocer su caso cuando contaba con tan solo 16 años, y cuando la enfermedad se conocía como “locura descontrolada”, debido a los espasmos, palabrotas incontrolables o gritos que él proliferaba provocados por el síndrome de Tourette.

La historia de John Davidson, protagonista real de 'Incontrolable'

John Davidson nació en 1971 en Galashiels, Escocia, y desde pequeño comenzó a sufrir un síndrome de Tourette severo, que le hizo perder su carrera prometedora en el fútbol como portero, pero que también le hizo ser objeto de problemas con la policía, de no poder trabajar, o incluso ser objeto de burlas y violencia callejera. Y es que sufre también lo que se llama Coprolalia, es decir, que no puede evitar pronunciar palabrotas, expresiones sexistas, racistas e inapropiadas, un síntoma que no siempre se desarrolla, pero que va unido con el del síndrome de Tourette.

Tal y como se puede apreciar en la película, Davidson se dio cuenta que la gran parte de sus problemas venían porque la sociedad no entendía la enfermedad que padecía, que faltaba educación al respecto, y se encargó a través del activismo de dar charlas en colegios, universidades o incluso instituciones públicas. Pero al mismo tiempo, también se encargó de ayudar a las familias con hijos con síndrome de Tourette, además de crear convivencias que pudieran ayudar a estos a socializar y que conocieran otras personas con su misma enfermedad.

Su labor más allá de su ciudad natal y Escocia, valieron a que Davidson ganara reconocimiento por su lucha, y en 2019 recibió la Orden del Imperio Británico de parte de la propia reina Isabel II. Un hecho que no estuvo exento de nerviosismo por el protagonista, en una escena que se puede ver también en el largometraje.

“Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Era uno de los Arqueros Reales, los guardaespaldas de la Reina cuando está en Holyrood, y una voz dijo: 'No te preocupes, ella sabe todo sobre tu situación'.”, afirmaba en una entrevista en BBC.

La película no solo visibiliza la historia y lucha de Davidson, sino que también aparece una chica que sufre en realidad esta enfermedad como es Andrea Bisset, que sueña con ser actriz y espera poder conseguirlo tras su papel secundario en el largometraje. Ella es conocida por compartir su experiencia en redes sociales.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) efectuó cerca de un centenar de detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, que aún sigue ilegalizada en el Reino Unido, celebrada este sábado en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police infirmó de que, a las 14:50 hora británica (13:50 GMT), sus agentes habían detenido a 92 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Del mismo modo, precisó que las autoridades seguían realizando más arrestos e indicó que todavía había un grupo que permanecía en el lugar de la protesta.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una “vigilia pacífica” y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como “terrorista” al considerar que fue “desproporcionada”, si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

“Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal”, escribió la Met Police en X esta mañana.

El cofundador de Defend Our Juries Tim Crossland criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una “ideología descabellada y arraigada” que combina “el sionismo y el fascismo corporativo” y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Miguel tenía apenas 18 años cuando entró en la asociación de su barrio, La Unidad de Villaverde, que lucha por mejoras en un distrito popular del sur de Madrid. “Estaba muy metido en la Marea Verde de mi instituto y la defensa de la educación pública. Cuando acabé seguí en el movimiento estudiantil de la universidad, pero sobre todo me dediqué a la lucha vecinal”, cuenta. Se lo debe a un proyecto de cultura urbana, gracias al cual una sección juvenil de 15 personas se incorporó a La Unidad. Cuatro años después, recién graduado y con apenas 22, se convirtió en su presidente. Un cargo que ha ocupado hasta los 30 y que dejó en 2024, pese a que siga implicándose. Circunstancias todas ellas “excepcionales” para el movimiento vecinal de la capital, que el propio Miguel reconoce “envejecido”. No en vano, después del acceso de ese importante grupo, si han llegado más jóvenes a La Unidad ha sido “por goteo”.

Las causas son variadas: ajenas y propias; por acción u omisión; achacables a los propios jóvenes, a quienes protagonizan el asociacionismo actual, a las redes y a la coyuntura general. Al menos es lo que se desprende de una conversación transversal, en edades y en implantación territorial, con varias de estas entidades en Madrid. Miguel ofrece una de las explicaciones más completas: “Pérdida de redes comunitarias en el barrio, mayor atomización e individualización, nuevas formas de producción que impiden la implicación con horarios complicados... no hay un factor único. Cuando nuestra asociación abre el local, mucha gente sigue volviendo del trabajo. Las formas de participación se han quedado un poco obsoletas. Fue curioso lo que pasó en pandemia, cuando se vio una red de cuidados inaudita en la que sí hubo gran participación, en parte porque muchas personas tuvieron más tiempo. Luego volvimos a lo mismo”.

Para Miguel, en conversación con Somos Madrid, el efecto de la situación de la vivienda es igualmente “evidente”, ya que “muchas personas se han visto obligadas a dejar de participar”. Desde su punto de vista, juegan a la contra “la inestabilidad e incapacidad de construir un modelo estable”.

Pero no reduce todo a cuestiones externas y cree que “bastantes asos [asociaciones] no han sabido adaptarse a nuevas demandas en los barrios”. Así, achaca el gran impacto de estos movimientos en los años setenta u ochenta al surgimiento de nuevos barrios, donde “los objetivos originales eran garantizar bienes o servicios básicos”. Considera que “la lucha por un centro de salud no es tan atractiva ahora para un joven, ni tan intergeneracional, por importante que sea”. “Muchas veces las movilizaciones parecen cerradas e inamovibles. Hay que buscar nuevos espacios y luchas para que la gente vea sentido en su implicación diaria. Falta conocer hacia dónde mirar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas sí han sabido”. Su conclusión es que “la gente joven no sabe para qué sirve una asociación”.

Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver un modelo de ciudad individualista

Jorge Nacarino — Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Algunos argumentos de Miguel coinciden con los de Jorge Nacarino, recién reelegido presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Expone que desde su llegada al puesto, en 2024, incorporar los jóvenes ha sido una de sus principales líneas de trabajo, como también a personas migrantes: “En nuestra reciente renovación de cargos hemos fomentado esa participación y queremos empezar a trabajar con datos sobre los aspectos en los que tenemos más cuentas pendientes”. Lo “evidente”, dice, es que “hay un retroceso de la cultura de la participación”.

“Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver el desarrollo de un modelo de ciudad individualista, frente a uno comunitario”. Según Nacarino, la problemática es un reflejo de una cuestión más genérica, un contexto en el que “la gente no está tan movilizada al no estar tan apegada al territorio”: “El cambio respecto a la estructura de la propiedad transforma la realidad de los barrios y la precariedad lo dificulta todo. Muchos vecinos no saben si en unos meses seguirán en sus casas”. De hecho, el presidente de la Fravm recalca que “la fuerza del movimiento vecinal en España no existe en otros países de Europa, en parte porque aquí la movilidad residencial tradicionalmente era menor”.

Pero no todo se debe a lo macro, de hecho Nacarino (de 42 años) ve diferencias dentro de reclamaciones concretas: “En la movilización por los servicios públicos, vemos que el perfil de población es más mayor. En las viviendas llegamos a gente más joven, como el simbólico Entierro de los Barrios que organizamos coincidiendo con el de la Sardina. Hay un componente de vida de barrio, pero yo opino que el sentimiento de pertenencia también puede movilizar a los jóvenes. A través de diversas convivencias y de actividades deportivas estamos consiguiendo incorporar gente de en torno a 20 años”.

En la charla con Nacarino surge también el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones con mayor poder de movilización juvenil en la capital. “Sus planteamientos parten más de una lucha de poder, no es tanto un movimiento territorial, aunque tenga ese componente a través de los nodos y, de hecho, colaboremos. No es un movimiento que se mete en la gestión del día a día del barrio, como pueden ser los centros de salud, las zonas verdes o determinadas condiciones de habitabilidad. Lo que es indudable es que ha conseguido enganchar a esa población joven, interpelada por una precariedad que sufre de manera directa. Eso te vincula”.

De hecho, el dirigente de la Fravm lanza un aviso: “No queremos que el movimiento vecinal se convierta en un movimiento de propietarios. Tenemos que trabajar porque las asociaciones se parezcan a los barrios que defienden, que la reclamación vecinal esté vinculada a la realidad del territorio. Es un movimiento reivindicativo, pero también de trabajo comunitario. Sin ese tejido o esa heterogeneidad hay algo que nos estamos dejando”.

¿Se manifiestan los jóvenes solo por cosas que están “de moda”?

Susana de la Higuera cuenta que la Asociación Pasillo Verde Imperial de Arganzuela, la cual preside, ha emprendido numerosas iniciativas en este sentido: “Nos hemos acercado mucho a los coles, a la universidad o a la Formación Profesional, con actividades en el Colegio de los Salesianos de Atocha. Hemos organizado paseos estudiantiles por el distrito, junto a la Framv y otras asociaciones. Hemos colaborado con jóvenes que estudian Antropología para documentarse sobre el movimiento No a la Tala y otro chaval ha hecho un documental sobre nuestros huertos urbanos. Y, sin embargo, en muchas de esas acciones nos damos cuenta de que para muchos jóvenes no hay nada que hacer”.

De la Higuera, nacida en 1966, da uno de los testimonios menos halagüeños sobre el futuro del asociacionismo vecinal. Eso sí, responsabiliza no tanto a los jóvenes de hoy como a sus progenitores: “Nos cuesta muchísimo llegar a gente menor de 30. En un paseo reciente una chica, con la que hablaba sobre fondos buitre, derecho a la ciudad, gentrificación y turistificación, me dijo que según su padre tenía que aceptar no vivir en Madrid. Que se lo quitara de la cabeza. Yo le respondí que por qué ella no tiene derecho y un multimillonario sí”.

“No entiendo que no se movilicen por la vivienda”, lamenta, algo encendida. “O puede que sí lo hagan, pero en una agenda como más antisistema, como pasa con el Centro Social Okupado La Rosa. Nos ven como algo muy de sus padres”, resume la activista vecinal antes de ir un paso más allá: “Hay una cosa un poco deprimente, la sensación de manifestarse solo por cosas como que están de moda. No quiero apuntar a ninguna causa porque todas son importantes, nosotras apoyamos a quienes acampaban en la Universidad Complutense por Gaza, pero es algo que percibo. Al final son muchos años de individualismo y hacen mella”.

Hay que compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad. En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja

Susana de la Higuera — Presidenta de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial

Ante ello, anima a “compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad”, de manera que “el asociacionismo no se perciba solo como una responsabilidad”: “En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja”. Miguel también remarca esta cuestión y destaca todo lo que le ha aportado pertenecer a La Unidad de Villaverde: “Me otorgó herramientas de organización y relación con personas de distintas edades o con la administración, que me han servido a nivel incluso laboral. Es una experiencia bastante enriquecedora”.

Nuevos barrios, mismo problema

Arganzuela es un distrito en el que se alternan zonas castizas y nuevos desarrollos. Por ello, Susana de la Higuera ha percibido de primera mano el contraste entre los barrios tradicionales y “un urbanismo de vida para dentro y del coche para todo”. Habla incluso de “polideportivos municipales que no fomentan el deporte colectivo, sino el individual”. Concluye que “te vas olvidando de que somos seres sociales”. No ayudan las “actividades cada vez más dirigidas, con poco tiempo en la calle”, a las que se han acostumbrado las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Su solución ante ello es tajante: “Hay que pelear y no asumir las cosas”.

Este contexto se presenta en una dimensión amplificada en nuevos desarrollos urbanos, como El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. En él confluyen algunas de las reclamaciones originales del asociacionismo vecinal que Miguel destacaba: un transporte de calidad, centros de salud, escuelas infantiles, colegios públicos y dotaciones culturales o deportivas básicas. Todas ellas cuentas pendientes de una zona en la que ya viven más de 30.000 personas y apenas una veintena de ancianos.

Marga, de 51 años, es la presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Una organización que “se creó antes del barrio” y en la que conviven dos tipos de miembros. Por un lado, quienes depositaron miles de euros ya a finales del siglo pasado en unas viviendas que no empezaron a recibir hasta la década pasada. Cooperativistas que batallaron en los juzgados para conseguir sus casas. Por otro, vecinos que se han mudado más reciente y armoniosamente, la mayoría de ellos más jóvenes que esos primeros compradores.

Reconoce Marga que la mayoría de miembros de la asociación, en torno al centenar (han empezado a cobrar cuota y eso ha mermado sus cuadros), pertenecen al primero de esos dos grupos. De hecho, no es demasiado optimista sobre el porvenir: “No veo relevo. Me he pasado años luchando mientras criaba tres hijos, con la teta p'acá y p'allá. Peleando desde que en el 2000 descubrimos que se habían quedado con dinero que pusimos para unas casas que en principio nos iban a entregar en 2003. Le pusimos pancartas a Alberto Ruiz-Gallardón y organizamos una 'mani' en el centro de Madrid. Ahora todo se mueve menos. La gente lo quiere todo dado”. Sobre el futuro ante este panorama, afrontará el problema cuando llegue: “Si veo que no aguanto, ya buscaré a alguien”.

Marga, una pragmática redomada que prioriza el poder de las reuniones en los despachos sobre el de las pancartas en la calle (aunque como bien cuenta le ha tocado ponerse en los dos lugares), tira para adelante pese a esa sensación de que unos pocos sacan todo el trabajo: “Al Ayuntamiento le pedimos la carta de los Reyes Magos porque lo necesitamos, no tenemos casi de nada”. Una insistencia inquebrantable que, dice, se topa a veces con el cinismo y la sospecha: “Lo que más desanima son los vecinos que creen que tenemos un beneficio por implicarnos, protestar o reunirnos con la administración, cuando solo pierdes tiempo y dinero”. También, con la pasividad y la vida a las espaldas de lo colectivo: “Organizamos un mercadillo vecinal el segundo domingo de cada mes. Bueno, pues el otro día pasó por allí una chica que llevaba 10 años en El Cañaveral y no nos conocía. ¡Yo flipaba, con la matraca que damos!”.

Encender la chispa

En este contexto a priori adverso, una nueva asociación vecinal echó andar en 2025 en La Latina, barrio oficioso en el centro de Madrid. La Chispera incluye a residentes que quedaban fuera del ámbito de acción de Pasillo Verde Imperial, de la Asociación Vecinal Las Cavas Latina y La Corrala de Lavapiés. Un grupo de unas 75 personas unidas ante la amenaza de que “la turistificación, la gentrificación y la parque-tematización se lleven el barrio”, como alerta Marianne.

De 40 años y origen brasileño, lleva cinco años en La Latina y ha sido una de las ocho fundadoras de La Chispera. Cree que “la desaparición del comercio de proximidad, el aumento de los precios de alquiler y la pérdida de identidad” son los grandes desafíos que se les presentan. Para combatirlos, han conseguido incorporar “tanto a los vecinos del barrio de toda la vida como a muchos perfiles jóvenes”. Una combinación que les gusta: “Distintas generaciones pueden tener problemáticas iguales, aunque luego haya particularidades”.

Le acompañan en una distendida charla con este medio Celia y Felipe, de 29 y 30 años. Esta pareja, mudada a la zona en 2024, se ha incorporado a la entidad hace solo un mes. Aunque desde La Chispera han acometido un proceso de escucha ciudadana con encuentros y aperitivos en diferentes lugares del barrio, Celia les descubrió por Instagram y acudió a una asamblea con Felipe (que no utiliza las redes sociales).

Desde entonces, se han puesto manos a la obra dentro de sus posibilidades. Celia, periodista de formación, ha colaborado en la comunicación sobre el caso de los cuatro mayores que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida quiere desalojar de pisos municipales para ejecutar unas obras. Felipe, investigador, echa una mano en tareas vinculadas con encuestas que sirven para conocer mejor las transformaciones que experimenta La Latina y cómo actuar ante ellas o para recopilar las principales preocupaciones vecinales. “Somos gente con habilidades muy diversas y complementarias que las ponemos a disposición de la comunidad donde vivimos. Eso es muy práctico”, indica Felipe.

La asociación trabaja divida en comisiones y, en el contexto de crisis de vivienda, la dedicada a esta cuestión es una de las más activas. Marianne lo considera un problema “transversal”: “Está claro que afecta más a quien ve cómo le pueden subir las mensualidades 600 euros de un momento a otro. Pero también a un propietario que va perdiendo vecinos o negocios locales que han estado ahí toda la vida, sustituidos por nómadas digitales o pisos turísticos”. Percibe una “sensibilización general de los miembros de La Chispera que tienen una vivienda hacia quienes pagan alquiler”.

Celia conoce el tema de primera mano, ya que se independizó hace cuatro años y se encontró con “una situación bastante terrible”. Cree que, debido a la amenaza de que “en cualquier momento subirán el alquiler y tendrás que irte”, siempre “tienes la sensación de estar de paso”: “Eso, unido a la precariedad laboral, te hace preguntarte para qué te vas a implicar dónde estás viviendo si igual mañana no sigues ahí”.

Nota un creciente “desencanto” en las amistades de su edad: “Cuando acabas la carrera, o no tienes ganas o el tiempo no te da para más”. Habla también, en consonancia con lo que apuntaba Susana de la Higuera, de “cierto pesimismo” frente a “cambios en los barrios de Madrid que damos por hecho y ante los que pensamos que ya no se puede hacer nada al respecto”. Celia opina que “no hace falta pensar que te vas a quedar a largo plazo en un sitio para implicarte”, aunque “algo de estabilidad mental debes de tener”.

Felipe, por su parte, compara sus diferentes experiencias colectivas en función del entorno y el territorio. Nacido en Torre de Miguel Sesmero, municipio pacense con algo más de 1.000 habitantes, lo describe como “una pequeña comunidad muy en contacto”. Una localidad en la que “sales a hablar con tu vecino y te enteras de lo que pasa en la vida de las personas que te rodean”. Siente que, cuando se mudó a Getafe para estudiar en la Universidad Carlos III, “eso se perdió por mucho que desarrollara lazos sociales, quizá en parte también por el momento vital como estudiante”. Pero también le ocurrió cuando posteriormente se mudó al distrito de Usera, ya con Celia: “No sentía que estuviera inserto en una comunidad. Toda la gente era muy independiente”.

Lo curioso es lo que se encontró al llegar a La Latina: “Pensaba que, al estar en el centro más centro y en pleno barrio de Palacio, lo de Usera se iba a incrementar muchísimo. Que todo lo que ya hemos comentado, la vivienda turística y el desplazamiento de las personas, lo potenciaría. Sin embargo, lo que he encontrado en la calle de Jerte es un entorno muy parecido al del lugar donde nací. La gente se para por la calle, se pregunta, el peluquero le deja la moto al frutero... y bajo esas circunstancias, me es muy fácil involucrarme en la asociación y en los problemas que trabajan”.

Las redes sociales: ¿enemigo o aliado?

En todas las conversaciones surge el tema de las redes sociales y su uso para alcanzar nuevos públicos. Para el presidente de la Fravm, “hay que saber utilizarlas”, ya que “es una herramienta que puede servir para acercarse a los jóvenes”. Ahora bien, es consciente de su empleo como “medio de difusión de mensajes de odio”. Aboga por “no denostarlas y potenciar su papel como redes colaborativas”. En La Unidad de Villaverde, dice Miguel, han conseguido “campañas con cierto alcance” gracias a reels de Instagram que abordan algunas de sus principales reclamaciones o conflictos vecinales.

Susana, en cambio, no las tiene todas consigo: “Hace poco un profesor nos decía que los jóvenes se están radicalizados hacia un lado en TikTok, que les vendría muy bien pisar el terreno”. Además, las fuerzas y las manos llegan hasta donde llegan: “Nosotras no tenemos 10 o 15 años. La persona más joven de Pasillo Verde Imperial tiene 30 y pico y es la que nos hace vídeos. Pero no somos capaces, ni tenemos tiempo, de por ejemplo crear un canal de TikTok, aunque lo hemos planteado. Encima lo haríamos mal y si no consigues enganchar no merece la pena. A veces llegamos al público de Instagram, pero ya no es tan jovencito”.

Jorge Nacarino decanta la balanza hacia el lado positivo y apostilla que estas tecnologías pueden ser un medio para combatir el retroceso de la participación vecinal: “El aislamiento social puede revertirse y las redes contribuyen a ello”. Quizá apagan muchas luces y encierran millones de personas en sí mismas, pero también fueron la chispa que animó a jóvenes como Celia y Felipe.