El pasado 10 de abril llegó a las salas de cine españolas la película que ha sido todo un fenómeno en Reino Unido, habiendo superado el millón de espectadores y además ha recibido el elogio de la crítica, con premios BAFTA incluidos. Hablamos de “Incontrolable” (I Swear), que cuenta una historia real de superación.

La interpretación de John Davidson, que sufre el síndrome de Tourette y que acabó siendo activista para dar visibilidad a la enfermedad que padece, le valió a Robert Aramayo, actor de origen vasco, el BAFTA a mejor actor, adelantándose a otros favoritos como Michael B. Jordan o Timothee Chalamet.

Aramayo, también conocido por la serie de ‘El señor de los anillos’ de Amazon, se preparó el papel conviviendo con el verdadero John Davidson en su Galashiels natal, en Escocia. “Salíamos a caminar, íbamos a cenar, veíamos fútbol juntos y íbamos al centro comunitario”, afirmaba a BBC.

Kirk Jones, director y guionista de la película, recordó la historia de John Davidson a través de un documental de la BBC que se emitió en 1989, “John’s Not Mad”, en el que se dio a conocer su caso cuando contaba con tan solo 16 años, y cuando la enfermedad se conocía como “locura descontrolada”, debido a los espasmos, palabrotas incontrolables o gritos que él proliferaba provocados por el síndrome de Tourette.

La historia de John Davidson, protagonista real de 'Incontrolable'

John Davidson nació en 1971 en Galashiels, Escocia, y desde pequeño comenzó a sufrir un síndrome de Tourette severo, que le hizo perder su carrera prometedora en el fútbol como portero, pero que también le hizo ser objeto de problemas con la policía, de no poder trabajar, o incluso ser objeto de burlas y violencia callejera. Y es que sufre también lo que se llama Coprolalia, es decir, que no puede evitar pronunciar palabrotas, expresiones sexistas, racistas e inapropiadas, un síntoma que no siempre se desarrolla, pero que va unido con el del síndrome de Tourette.

Tal y como se puede apreciar en la película, Davidson se dio cuenta que la gran parte de sus problemas venían porque la sociedad no entendía la enfermedad que padecía, que faltaba educación al respecto, y se encargó a través del activismo de dar charlas en colegios, universidades o incluso instituciones públicas. Pero al mismo tiempo, también se encargó de ayudar a las familias con hijos con síndrome de Tourette, además de crear convivencias que pudieran ayudar a estos a socializar y que conocieran otras personas con su misma enfermedad.

Su labor más allá de su ciudad natal y Escocia, valieron a que Davidson ganara reconocimiento por su lucha, y en 2019 recibió la Orden del Imperio Británico de parte de la propia reina Isabel II. Un hecho que no estuvo exento de nerviosismo por el protagonista, en una escena que se puede ver también en el largometraje.

“Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Era uno de los Arqueros Reales, los guardaespaldas de la Reina cuando está en Holyrood, y una voz dijo: 'No te preocupes, ella sabe todo sobre tu situación'.”, afirmaba en una entrevista en BBC.

La película no solo visibiliza la historia y lucha de Davidson, sino que también aparece una chica que sufre en realidad esta enfermedad como es Andrea Bisset, que sueña con ser actriz y espera poder conseguirlo tras su papel secundario en el largometraje. Ella es conocida por compartir su experiencia en redes sociales.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) efectuó cerca de un centenar de detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, que aún sigue ilegalizada en el Reino Unido, celebrada este sábado en el centro de la capital británica.

En un mensaje en la red social X, la Met Police infirmó de que, a las 14:50 hora británica (13:50 GMT), sus agentes habían detenido a 92 personas, con edades que oscilaban entre los 27 y los 82 años, durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Del mismo modo, precisó que las autoridades seguían realizando más arrestos e indicó que todavía había un grupo que permanecía en el lugar de la protesta.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica 'Defend Our Juries', participaban en lo que se denominaba una “vigilia pacífica” y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como “terrorista” al considerar que fue “desproporcionada”, si bien se le dio la posibilidad al Ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

“Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal”, escribió la Met Police en X esta mañana.

El cofundador de Defend Our Juries Tim Crossland criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una “ideología descabellada y arraigada” que combina “el sionismo y el fascismo corporativo” y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Miguel tenía apenas 18 años cuando entró en la asociación de su barrio, La Unidad de Villaverde, que lucha por mejoras en un distrito popular del sur de Madrid. “Estaba muy metido en la Marea Verde de mi instituto y la defensa de la educación pública. Cuando acabé seguí en el movimiento estudiantil de la universidad, pero sobre todo me dediqué a la lucha vecinal”, cuenta. Se lo debe a un proyecto de cultura urbana, gracias al cual una sección juvenil de 15 personas se incorporó a La Unidad. Cuatro años después, recién graduado y con apenas 22, se convirtió en su presidente. Un cargo que ha ocupado hasta los 30 y que dejó en 2024, pese a que siga implicándose. Circunstancias todas ellas “excepcionales” para el movimiento vecinal de la capital, que el propio Miguel reconoce “envejecido”. No en vano, después del acceso de ese importante grupo, si han llegado más jóvenes a La Unidad ha sido “por goteo”.

Las causas son variadas: ajenas y propias; por acción u omisión; achacables a los propios jóvenes, a quienes protagonizan el asociacionismo actual, a las redes y a la coyuntura general. Al menos es lo que se desprende de una conversación transversal, en edades y en implantación territorial, con varias de estas entidades en Madrid. Miguel ofrece una de las explicaciones más completas: “Pérdida de redes comunitarias en el barrio, mayor atomización e individualización, nuevas formas de producción que impiden la implicación con horarios complicados... no hay un factor único. Cuando nuestra asociación abre el local, mucha gente sigue volviendo del trabajo. Las formas de participación se han quedado un poco obsoletas. Fue curioso lo que pasó en pandemia, cuando se vio una red de cuidados inaudita en la que sí hubo gran participación, en parte porque muchas personas tuvieron más tiempo. Luego volvimos a lo mismo”.

Para Miguel, en conversación con Somos Madrid, el efecto de la situación de la vivienda es igualmente “evidente”, ya que “muchas personas se han visto obligadas a dejar de participar”. Desde su punto de vista, juegan a la contra “la inestabilidad e incapacidad de construir un modelo estable”.

Pero no reduce todo a cuestiones externas y cree que “bastantes asos [asociaciones] no han sabido adaptarse a nuevas demandas en los barrios”. Así, achaca el gran impacto de estos movimientos en los años setenta u ochenta al surgimiento de nuevos barrios, donde “los objetivos originales eran garantizar bienes o servicios básicos”. Considera que “la lucha por un centro de salud no es tan atractiva ahora para un joven, ni tan intergeneracional, por importante que sea”. “Muchas veces las movilizaciones parecen cerradas e inamovibles. Hay que buscar nuevos espacios y luchas para que la gente vea sentido en su implicación diaria. Falta conocer hacia dónde mirar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas sí han sabido”. Su conclusión es que “la gente joven no sabe para qué sirve una asociación”.

Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver un modelo de ciudad individualista

Jorge Nacarino — Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Algunos argumentos de Miguel coinciden con los de Jorge Nacarino, recién reelegido presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Expone que desde su llegada al puesto, en 2024, incorporar los jóvenes ha sido una de sus principales líneas de trabajo, como también a personas migrantes: “En nuestra reciente renovación de cargos hemos fomentado esa participación y queremos empezar a trabajar con datos sobre los aspectos en los que tenemos más cuentas pendientes”. Lo “evidente”, dice, es que “hay un retroceso de la cultura de la participación”.

“Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver el desarrollo de un modelo de ciudad individualista, frente a uno comunitario”. Según Nacarino, la problemática es un reflejo de una cuestión más genérica, un contexto en el que “la gente no está tan movilizada al no estar tan apegada al territorio”: “El cambio respecto a la estructura de la propiedad transforma la realidad de los barrios y la precariedad lo dificulta todo. Muchos vecinos no saben si en unos meses seguirán en sus casas”. De hecho, el presidente de la Fravm recalca que “la fuerza del movimiento vecinal en España no existe en otros países de Europa, en parte porque aquí la movilidad residencial tradicionalmente era menor”.

Pero no todo se debe a lo macro, de hecho Nacarino (de 42 años) ve diferencias dentro de reclamaciones concretas: “En la movilización por los servicios públicos, vemos que el perfil de población es más mayor. En las viviendas llegamos a gente más joven, como el simbólico Entierro de los Barrios que organizamos coincidiendo con el de la Sardina. Hay un componente de vida de barrio, pero yo opino que el sentimiento de pertenencia también puede movilizar a los jóvenes. A través de diversas convivencias y de actividades deportivas estamos consiguiendo incorporar gente de en torno a 20 años”.

En la charla con Nacarino surge también el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones con mayor poder de movilización juvenil en la capital. “Sus planteamientos parten más de una lucha de poder, no es tanto un movimiento territorial, aunque tenga ese componente a través de los nodos y, de hecho, colaboremos. No es un movimiento que se mete en la gestión del día a día del barrio, como pueden ser los centros de salud, las zonas verdes o determinadas condiciones de habitabilidad. Lo que es indudable es que ha conseguido enganchar a esa población joven, interpelada por una precariedad que sufre de manera directa. Eso te vincula”.

De hecho, el dirigente de la Fravm lanza un aviso: “No queremos que el movimiento vecinal se convierta en un movimiento de propietarios. Tenemos que trabajar porque las asociaciones se parezcan a los barrios que defienden, que la reclamación vecinal esté vinculada a la realidad del territorio. Es un movimiento reivindicativo, pero también de trabajo comunitario. Sin ese tejido o esa heterogeneidad hay algo que nos estamos dejando”.

¿Se manifiestan los jóvenes solo por cosas que están “de moda”?

Susana de la Higuera cuenta que la Asociación Pasillo Verde Imperial de Arganzuela, la cual preside, ha emprendido numerosas iniciativas en este sentido: “Nos hemos acercado mucho a los coles, a la universidad o a la Formación Profesional, con actividades en el Colegio de los Salesianos de Atocha. Hemos organizado paseos estudiantiles por el distrito, junto a la Framv y otras asociaciones. Hemos colaborado con jóvenes que estudian Antropología para documentarse sobre el movimiento No a la Tala y otro chaval ha hecho un documental sobre nuestros huertos urbanos. Y, sin embargo, en muchas de esas acciones nos damos cuenta de que para muchos jóvenes no hay nada que hacer”.

De la Higuera, nacida en 1966, da uno de los testimonios menos halagüeños sobre el futuro del asociacionismo vecinal. Eso sí, responsabiliza no tanto a los jóvenes de hoy como a sus progenitores: “Nos cuesta muchísimo llegar a gente menor de 30. En un paseo reciente una chica, con la que hablaba sobre fondos buitre, derecho a la ciudad, gentrificación y turistificación, me dijo que según su padre tenía que aceptar no vivir en Madrid. Que se lo quitara de la cabeza. Yo le respondí que por qué ella no tiene derecho y un multimillonario sí”.

“No entiendo que no se movilicen por la vivienda”, lamenta, algo encendida. “O puede que sí lo hagan, pero en una agenda como más antisistema, como pasa con el Centro Social Okupado La Rosa. Nos ven como algo muy de sus padres”, resume la activista vecinal antes de ir un paso más allá: “Hay una cosa un poco deprimente, la sensación de manifestarse solo por cosas como que están de moda. No quiero apuntar a ninguna causa porque todas son importantes, nosotras apoyamos a quienes acampaban en la Universidad Complutense por Gaza, pero es algo que percibo. Al final son muchos años de individualismo y hacen mella”.

Hay que compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad. En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja

Susana de la Higuera — Presidenta de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial

Ante ello, anima a “compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad”, de manera que “el asociacionismo no se perciba solo como una responsabilidad”: “En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja”. Miguel también remarca esta cuestión y destaca todo lo que le ha aportado pertenecer a La Unidad de Villaverde: “Me otorgó herramientas de organización y relación con personas de distintas edades o con la administración, que me han servido a nivel incluso laboral. Es una experiencia bastante enriquecedora”.

Nuevos barrios, mismo problema

Arganzuela es un distrito en el que se alternan zonas castizas y nuevos desarrollos. Por ello, Susana de la Higuera ha percibido de primera mano el contraste entre los barrios tradicionales y “un urbanismo de vida para dentro y del coche para todo”. Habla incluso de “polideportivos municipales que no fomentan el deporte colectivo, sino el individual”. Concluye que “te vas olvidando de que somos seres sociales”. No ayudan las “actividades cada vez más dirigidas, con poco tiempo en la calle”, a las que se han acostumbrado las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Su solución ante ello es tajante: “Hay que pelear y no asumir las cosas”.

Este contexto se presenta en una dimensión amplificada en nuevos desarrollos urbanos, como El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. En él confluyen algunas de las reclamaciones originales del asociacionismo vecinal que Miguel destacaba: un transporte de calidad, centros de salud, escuelas infantiles, colegios públicos y dotaciones culturales o deportivas básicas. Todas ellas cuentas pendientes de una zona en la que ya viven más de 30.000 personas y apenas una veintena de ancianos.

Marga, de 51 años, es la presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Una organización que “se creó antes del barrio” y en la que conviven dos tipos de miembros. Por un lado, quienes depositaron miles de euros ya a finales del siglo pasado en unas viviendas que no empezaron a recibir hasta la década pasada. Cooperativistas que batallaron en los juzgados para conseguir sus casas. Por otro, vecinos que se han mudado más reciente y armoniosamente, la mayoría de ellos más jóvenes que esos primeros compradores.

Reconoce Marga que la mayoría de miembros de la asociación, en torno al centenar (han empezado a cobrar cuota y eso ha mermado sus cuadros), pertenecen al primero de esos dos grupos. De hecho, no es demasiado optimista sobre el porvenir: “No veo relevo. Me he pasado años luchando mientras criaba tres hijos, con la teta p'acá y p'allá. Peleando desde que en el 2000 descubrimos que se habían quedado con dinero que pusimos para unas casas que en principio nos iban a entregar en 2003. Le pusimos pancartas a Alberto Ruiz-Gallardón y organizamos una 'mani' en el centro de Madrid. Ahora todo se mueve menos. La gente lo quiere todo dado”. Sobre el futuro ante este panorama, afrontará el problema cuando llegue: “Si veo que no aguanto, ya buscaré a alguien”.

Marga, una pragmática redomada que prioriza el poder de las reuniones en los despachos sobre el de las pancartas en la calle (aunque como bien cuenta le ha tocado ponerse en los dos lugares), tira para adelante pese a esa sensación de que unos pocos sacan todo el trabajo: “Al Ayuntamiento le pedimos la carta de los Reyes Magos porque lo necesitamos, no tenemos casi de nada”. Una insistencia inquebrantable que, dice, se topa a veces con el cinismo y la sospecha: “Lo que más desanima son los vecinos que creen que tenemos un beneficio por implicarnos, protestar o reunirnos con la administración, cuando solo pierdes tiempo y dinero”. También, con la pasividad y la vida a las espaldas de lo colectivo: “Organizamos un mercadillo vecinal el segundo domingo de cada mes. Bueno, pues el otro día pasó por allí una chica que llevaba 10 años en El Cañaveral y no nos conocía. ¡Yo flipaba, con la matraca que damos!”.

Encender la chispa

En este contexto a priori adverso, una nueva asociación vecinal echó andar en 2025 en La Latina, barrio oficioso en el centro de Madrid. La Chispera incluye a residentes que quedaban fuera del ámbito de acción de Pasillo Verde Imperial, de la Asociación Vecinal Las Cavas Latina y La Corrala de Lavapiés. Un grupo de unas 75 personas unidas ante la amenaza de que “la turistificación, la gentrificación y la parque-tematización se lleven el barrio”, como alerta Marianne.

De 40 años y origen brasileño, lleva cinco años en La Latina y ha sido una de las ocho fundadoras de La Chispera. Cree que “la desaparición del comercio de proximidad, el aumento de los precios de alquiler y la pérdida de identidad” son los grandes desafíos que se les presentan. Para combatirlos, han conseguido incorporar “tanto a los vecinos del barrio de toda la vida como a muchos perfiles jóvenes”. Una combinación que les gusta: “Distintas generaciones pueden tener problemáticas iguales, aunque luego haya particularidades”.

Le acompañan en una distendida charla con este medio Celia y Felipe, de 29 y 30 años. Esta pareja, mudada a la zona en 2024, se ha incorporado a la entidad hace solo un mes. Aunque desde La Chispera han acometido un proceso de escucha ciudadana con encuentros y aperitivos en diferentes lugares del barrio, Celia les descubrió por Instagram y acudió a una asamblea con Felipe (que no utiliza las redes sociales).

Desde entonces, se han puesto manos a la obra dentro de sus posibilidades. Celia, periodista de formación, ha colaborado en la comunicación sobre el caso de los cuatro mayores que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida quiere desalojar de pisos municipales para ejecutar unas obras. Felipe, investigador, echa una mano en tareas vinculadas con encuestas que sirven para conocer mejor las transformaciones que experimenta La Latina y cómo actuar ante ellas o para recopilar las principales preocupaciones vecinales. “Somos gente con habilidades muy diversas y complementarias que las ponemos a disposición de la comunidad donde vivimos. Eso es muy práctico”, indica Felipe.

La asociación trabaja divida en comisiones y, en el contexto de crisis de vivienda, la dedicada a esta cuestión es una de las más activas. Marianne lo considera un problema “transversal”: “Está claro que afecta más a quien ve cómo le pueden subir las mensualidades 600 euros de un momento a otro. Pero también a un propietario que va perdiendo vecinos o negocios locales que han estado ahí toda la vida, sustituidos por nómadas digitales o pisos turísticos”. Percibe una “sensibilización general de los miembros de La Chispera que tienen una vivienda hacia quienes pagan alquiler”.

Celia conoce el tema de primera mano, ya que se independizó hace cuatro años y se encontró con “una situación bastante terrible”. Cree que, debido a la amenaza de que “en cualquier momento subirán el alquiler y tendrás que irte”, siempre “tienes la sensación de estar de paso”: “Eso, unido a la precariedad laboral, te hace preguntarte para qué te vas a implicar dónde estás viviendo si igual mañana no sigues ahí”.

Nota un creciente “desencanto” en las amistades de su edad: “Cuando acabas la carrera, o no tienes ganas o el tiempo no te da para más”. Habla también, en consonancia con lo que apuntaba Susana de la Higuera, de “cierto pesimismo” frente a “cambios en los barrios de Madrid que damos por hecho y ante los que pensamos que ya no se puede hacer nada al respecto”. Celia opina que “no hace falta pensar que te vas a quedar a largo plazo en un sitio para implicarte”, aunque “algo de estabilidad mental debes de tener”.

Felipe, por su parte, compara sus diferentes experiencias colectivas en función del entorno y el territorio. Nacido en Torre de Miguel Sesmero, municipio pacense con algo más de 1.000 habitantes, lo describe como “una pequeña comunidad muy en contacto”. Una localidad en la que “sales a hablar con tu vecino y te enteras de lo que pasa en la vida de las personas que te rodean”. Siente que, cuando se mudó a Getafe para estudiar en la Universidad Carlos III, “eso se perdió por mucho que desarrollara lazos sociales, quizá en parte también por el momento vital como estudiante”. Pero también le ocurrió cuando posteriormente se mudó al distrito de Usera, ya con Celia: “No sentía que estuviera inserto en una comunidad. Toda la gente era muy independiente”.

Lo curioso es lo que se encontró al llegar a La Latina: “Pensaba que, al estar en el centro más centro y en pleno barrio de Palacio, lo de Usera se iba a incrementar muchísimo. Que todo lo que ya hemos comentado, la vivienda turística y el desplazamiento de las personas, lo potenciaría. Sin embargo, lo que he encontrado en la calle de Jerte es un entorno muy parecido al del lugar donde nací. La gente se para por la calle, se pregunta, el peluquero le deja la moto al frutero... y bajo esas circunstancias, me es muy fácil involucrarme en la asociación y en los problemas que trabajan”.

Las redes sociales: ¿enemigo o aliado?

En todas las conversaciones surge el tema de las redes sociales y su uso para alcanzar nuevos públicos. Para el presidente de la Fravm, “hay que saber utilizarlas”, ya que “es una herramienta que puede servir para acercarse a los jóvenes”. Ahora bien, es consciente de su empleo como “medio de difusión de mensajes de odio”. Aboga por “no denostarlas y potenciar su papel como redes colaborativas”. En La Unidad de Villaverde, dice Miguel, han conseguido “campañas con cierto alcance” gracias a reels de Instagram que abordan algunas de sus principales reclamaciones o conflictos vecinales.

Susana, en cambio, no las tiene todas consigo: “Hace poco un profesor nos decía que los jóvenes se están radicalizados hacia un lado en TikTok, que les vendría muy bien pisar el terreno”. Además, las fuerzas y las manos llegan hasta donde llegan: “Nosotras no tenemos 10 o 15 años. La persona más joven de Pasillo Verde Imperial tiene 30 y pico y es la que nos hace vídeos. Pero no somos capaces, ni tenemos tiempo, de por ejemplo crear un canal de TikTok, aunque lo hemos planteado. Encima lo haríamos mal y si no consigues enganchar no merece la pena. A veces llegamos al público de Instagram, pero ya no es tan jovencito”.

Jorge Nacarino decanta la balanza hacia el lado positivo y apostilla que estas tecnologías pueden ser un medio para combatir el retroceso de la participación vecinal: “El aislamiento social puede revertirse y las redes contribuyen a ello”. Quizá apagan muchas luces y encierran millones de personas en sí mismas, pero también fueron la chispa que animó a jóvenes como Celia y Felipe.

En un mundo marcado por conflictos activos y discursos de odio, la VII edición de los Premios Desalambre reivindicó el periodismo y el activismo que mantienen el foco en los derechos humanos. Conducida por los periodistas Juanlu Sánchez y Gabriela Sánchez, la gala visibilizó proyectos del tercer sector y reconoció el trabajo de periodistas y ONG en causas de interés público.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, abrió el evento subrayando la importancia de la sección Desalambre en el periódico, como una apuesta por “combatir los discursos de odio y por hacer pedagogía en defensa de los derechos humanos”

La gala no solo premió el poder del trabajo bien hecho, sino que dejó reflexiones incómodas sobre la mesa, como qué sucedería si las ONG dejasen de proteger o si el periodismo dejara de mirar allá donde muy pocos miran. Gabriela Sánchez, recién llegada de Ucrania, relató su experiencia en un hospital subterráneo en Zaporiyia, donde, se descubrió mirando el móvil para seguir la situación que acababa de estallar en Irán. El foco mediático es volátil. “¿Cómo se sentirán en otros conflictos civiles, como en Sudán, donde el foco muchas veces ni siquiera ha llegado a estar del todo nunca?”, se preguntaba la periodista.

Esta y más preguntas tuvieron su lugar durante la mesa ‘¿Qué pasaría si no estuviéramos? La crisis de la ayuda humanitaria global’, en la Virginia Saiz, directora general de Plan International en España, Isla Ramos, directora general de Save The Children en España, y María del Mar Líndez, directora general de Aldeas Infantiles SOS, analizaron la crisis financiera del sector, que ah sufrudo un desplome de hasta el 17% en ayuda oficial. 

“Se estima que tal vez 14 millones de personas pueden morir de aquí al 2030”, advirtió Saiz sobre el imipacto del desmantelamiento de fondos, y defendió un modelo de ayuda lejos de la mirada colonial y simplista, centrado en soluciones complejas y locales.

Isla Ramos puso el foco en la desoladora realidad de Sudán, donde la inseguridad es tan extrema que apenas se puede informar y compartió el duro mensaje que le llega desde sus equipos en el terreno: “Las personas en Sudán nos dicen que nos hemos olvidado de ellos”. También quiso reivindicar que las ONG son “las primeras en llegar y las últimas en marcharse”, destacando su trabajo en la conexión de las comunidades con las instituciones internacionales.

Por su parte, Mar del Mar Linde aterrizó el debate a la realidad nacional al señalar que en España se registraron 55.010 niños y niñas en el sistema de protección en 2024. Linde subrayó que garantizar un “entorno protector y seguro” es determinante para evitar que estos menores caigan en la exclusión social, recalcando que la prevención y el apoyo sostenido cambian trayectorias de vida.

Tras el debate, comenzó la entrega de premios, este año diseñados por el artista Eugenio Merino, que reforzó el mensaje de denuncia de la gala. Una chapa de hierro grabada que simboliza una suela pisando la Declaración de los Derechos Humanos, derechos sistemáticamente pisoteados y vulnerados.

El galardón a la Mejor Campaña de Comunicación resultó en un empate ex aequo para Save the Children por su campaña ‘Cambiando una palabra’, que utiliza la inteligencia artificial para denunciar sesgos algorítmicos sobre la infancia en conflicto. Alicia Moreno afirmó, al recogerlo, que si pudiera eliminar una palabra del diccionario de la infancia, sería ‘guerra’.

El otro premio de comunicación fue para la Coordinadora Valenciana de ONGD por ‘El Tarot de la Cooperación’, una iniciativa que se acerca a los códigos de los jóvenes para hablar de justicia climática y feminismo. “Una ida de olla que ha funcionado”, describió Elena Balaguer la campaña, de la que destacó la carta de ‘La Antorcha’ como símbolo de la esperanza que ilumina el camino frente al auge de los discursos fascistas.

El premio al Activista del Año fue para el periodista y fixer palestino Kayed Hammad. Aunque no pudo recogerlo en persona, estuvo presente a través de un vídeo de agradecimiento en que recordó que “el genocidio no ha terminado y tenemos que seguir hablando de Gaza”. “No nos olviden, por favor”, insistió, mientras sus hijos recibían por él el galardón. Su labor ha sido vital para que el periodismo español pueda poner voz y rostro al sufrimiento en la Franja.

En la categoría de Mejor Trabajo Periodístico, el premio fue para Afromayores, de Lucía-Asúe Mbomío y Laurent Léger. Un trabajo que visibiliza la vejez de las personas negras en España, a menudo tratadas como eternos recién llegados. Mbomío explicó que el proyecto nació de una urgencia personal tras el diagnóstico de demencia de su padre y buscando honrar a quienes les precedieron: “¿Qué sucede con quienes nos han allanado el camino y le han puesto luz?”.

Uno de los protagonistas del proyecto, Marcos Suka, mostró con su testimonio el “otro lado”, la importancia de una geriatría abierta y libre de violencias racistas. Señaló que el proyecto permite que la sociedad descubra que “existen negros viejos”, lo que obliga a normalizar que los inmigrantes “son personas, no números”.

El premio a la Perseverancia fue para Pepe Naranjo, referente del periodismo en África, que definió su labor como un ejercicio de justicia: “Siento que tenemos que volver una y otra vez... para contar bien esta historia hay que ir al otro lado”. Reivindicó un periodismo “pausado, con cariño y con respeto a la gente” y relató cómo recorrió Senegal, Mauritania y Gambia para seguir el rastro de un naufragio y encontrar a los verdaderos protagonistas de la historia.

Naranjo también aprovechó el escenario para denunciar la precariedad de los periodistas freelance que cubren grandes acontecimientos internacionales: “Me parece que es un drama que todavía hoy se estén cubriendo grandes acontecimientos con periodistas freelance, a los que apenas les da para vivir”.

“Palestina lo ha cambiado todo”

El momento más emotivo de la noche llegó con el premio a la Trayectoria Profesional, otorgado a los 382 trabajadores humanitarios de la UNRWA asesinados en Gaza. Cristina Poveda, de UNRWA España, recogió el premio señalando que la cifra ya ha ascendido a 391 en las últimas semanas y definió el reconocimiento como “profundamente triste y de gran consuelo a la vez”, recordando que el 99% de sus trabajadores son refugiados palestinos que se dejan la vida por su propia comunidad.

Poveda citó a la periodista Olga Rodríguez para afirmar que “Palestina lo ha cambiado todo”, obligándonos a defender no ya los derechos humanos, sino el concepto mismo de humanidad. Denunció que el sistema internacional humanitario ha saltado por los aires al no respetarse la protección de civiles ni de personal de socorro, pero aseguró que la agencia continuará su labor “hasta el último día, pase lo que pase”.

La gala cerró con la foto de familia y reconociendo, una vez más, a quienes siguen mirando hacia otras realidades que, aunque no siempre atraen audiencias masivas, son fundamentales para la justicia social.

El arte convertido en culto, la protesta a través de él como sacrilegio. Algunos para alertar sobre los desastres de la guerra, otras para reivindicar el voto femenino, otros tantos para reclamar acciones contra el calentamiento global o el genocidio. Todos eligieron el museo como foco central de la profanación del arte como vehículo para expandir sus demandas. Contra el patrimonio. La protesta en el arte como bien cultural (Barlín Libros, 2026) es el ensayo escrito por Manu Martín, investigador en historia social del arte, memoria y patrimonio, en el que repasa toda una genealogía de protesta y reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación, el público y el turismo.

Este joven experto nacido en 1998 se decanta por hablar de profanación y no de vandalismo sobre las numerosísimas obras de arte que a lo largo de la historia se han visto involucradas en alguna demanda social. “Y lo hago así porque al abordar los daños reales a su materialidad descubrimos que no existen, y de hacerlo son mínimos y reversibles”, apunta en conversación telefónica con elDiario.es desde Roma, ciudad en la que lleva afincado desde 2020.

El elocuente ensayo que presenta este especialista en derecho y tutela de bienes culturales sintetiza en algo más de 200 páginas un barrido que va desde la protesta climática a la sufragista, desde la antimilitar a la laboral. Así, Martín se distancia de una militancia específica, incluso teoriza sobre las intervenciones realizadas por la extrema derecha como protesta en bustos y placas callejeras a través de sus pintadas nazis.

Aquí, apenas unos ejemplos. En 1914, la sufragista Mary Richardson asestó siete puñaladas a La Venus en el espejo de Velázquez, en la National Gallery de Londres. Durante la guerra de Vietnam, en 1974, el artista iraní Tony Shafrazi grafiteó el Guernica de Picasso con pintura roja, cuando la creación estaba en el Museum of Modern Art de Nueva York; escribió “Kill Lies All”. Un manifestante lanzó en 2022 un tartazo a La Gioconda de Leonardo da Vinci en el Louvre de París al grito de “piensa en la tierra”. 

Algunos más. En Madrid, durante el genocidio de Israel en Palestina, activistas tiñeron de rojo el agua de las fuentes de Neptuno y Cibeles. Y grupos en protesta por la alimentación sostenible o contra el maltrato animal han intervenido en la fuente central de la Piazza del Popolo en Roma con pintura naranja o amarilla o en la Femme cocuhé lisant de Picasso con estiércol. La Venus en el espejo volvió a ser atacada en noviembre de 2023, cuando dos activistas de Just Stop Oil golpearon el cristal que la protege con un martillo.

La lucha contra el relato oficial del museo

Martín, agradecido hijo de la pública, tal y como se define, continúa la tesis esgrimida por Tomaso Montanari sobre la “religión civil” que proyectan los museos. Este hater de la institución museística, según se considera a sí mismo, define el museo como un espacio de legitimación en el que se construye el pasado de forma positiva, un lugar en el que se evoca una identidad. Por eso, “cuando protestamos, lo hacemos desde identidades, no desde anonimatos”, explica, sobre todo cuando las profanaciones del arte suelen tener lugar en museos estatales.

La analogía entre Estado y patrimonio está servida. Sucedió en enero de 1911. Un marinero holandés despedido en 1911 trató de atacar La ronda de noche de Rembrandt, expuesta en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Subrayó que era su “venganza contra el Estado”. Martín apunta en su ensayo que “no se trataba de un marinero enfadado con Rembrandt ni con el lienzo, sino con la voz que emana de él. Una víctima del Estado tratando de cargar contra este”. Esta obra volverá a ser atacada durante el siglo XX: acuchillada en 1975 y vandalizada con ácido sulfúrico en 1990.

Convertidas las obras de un museo como objeto de culto, mancillarlas es un sacrilegio. Entonces, ¿por qué actuar sobre el patrimonio de todos? Martín responde en Contra el patrimonio: “El activismo debe ser molesto. No podemos aceptar el argumento de la protesta dócil e institucionalizada. Los focos del museo iluminan más que los de cualquier escenario”. Sus argumentos, no exentos de crítica, también desde las posiciones de izquierda, encuentran su razón de ser en que el “activismo debe dirigirse a donde esté la mirada colectiva para ocupar un centro, obligar a la atención”.

Al albergar un relato oficial de la historia, los museos se yerguen como escenarios en disputa para todas aquellas personas y colectivos que quieren contradecirlo. Sus acciones, sin embargo, no solo miran al pasado, sino que debido a lo que ocurre en el presente las llevan a cabo para intentar cambiar el futuro. Entender así la profanación del arte de la que habla Martín en su monografía, que ha tenido sus últimos ecos en llamadas a la acción frente a la emergencia climática y el genocidio en Gaza, todavía es una tarea pendiente de los medios de comunicación.

El historiador del arte defiende en el libro que “parece que la prensa está salivando bajo el deseo de que algo se rompa para poner el grito en el cielo contra el activismo, examinado bajo lupa”. Y añade: “No deja de ser desalentadora la preocupación mediática por el lienzo en contraposición de aquella por lo humano”.

En este sentido, Martín asegura que medios de distinta línea editorial han confluido en denunciar casi al unísono estas intervenciones en el arte. “Hay mucha gente que piensa que los activistas han roto obras”, considera, porque en sus noticias utilizan de forma constante conceptos tan potentes como “atentados” o “ataques”. Más allá de perseguir clics sobre la noticia, el historiador del arte indica que esta forma de actuar de los medios está regida por su oposición general al activismo en el arte.

No debemos dar esa importancia a los palacios de las élites en comparación de las vidas de trabajadores y sociedad en general

Manu Martín — Investigador y escritor

El mismo autor se autodefine como una persona de izquierdas, espectro político que, en su mayoría, según afirma, entiende estas intervenciones como un ataque a la civilización, a la cultura. Ya lo ha dicho el filósofo y politólogo Oriool Erausquin en La rabia es nuestra. Una emoción política en disputa (Siglo XXI, 2026): “La rabia, cuando viene de los oprimidos, no es vista como una herramienta de liberación sino como una amenaza al orden establecido, racional y civilizado”.

De esta forma, la prensa es el medio, aunque en ella no exista una verdadera intención para desentrañar lo que esconden este tipo de protestas. Martín lo deja claro en su libro: no se ha destruido ninguna obra debido al activismo de nadie. “Pero lo más importante, si se hubiera llegado a perjudicar alguna, a mí no me importaría”, comenta. 

Estas palabras, que en un primer momento podrían llamar la atención, lo único que hacen es desprender luz si se piensan con detenimiento. Lo hemos visto hace apenas unos días. Una bomba lanzada en los últimos días por Israel y Estados Unidos a Teherán, capital de Irán, ha provocado importantes daños en el Palacio de Golestán y la UNESCO ha mostrado su “preocupación” en un comunicado. “A mí que se hayan roto las ventanas de un palacio no me importa, aquí hay gente muriendo. También bombardearon un instituto de mujeres. No debemos dar esa importancia a los palacios de las élites en comparación de las vidas de trabajadores y sociedad en general”, añade.

El público también juega un papel prominente a la hora de armar un relato en torno al activismo en la profanación del arte. “Es una forma de enfrentar a la clase trabajadora y desactivar y deslegitimar la protesta”, adelanta Martín. Pone de ejemplo la Fontana di Trevi: “Los romanos no pueden visitarla en su día a día porque está llena de turistas, crea inseguridad, hay codazos, carteristas y ahora hasta una valla. No existe un acceso entre el tejido social y el patrimonio por vinculación territorial”.

A la hora de revertir esa realidad, si un romano utiliza su Fontana para protestar como legítima comunidad patrimonial, “quien le insulta y le intenta echar es el turista”, apunta el historiador del arte. Es decir, el turista ocioso que está en Roma deleitándose del patrimonio se queja de que los autóctonos lo utilicen para amplificar sus reivindicaciones. 

Martín opina que “existe cierto complejo de clase que se manifiesta aquí al pensar que tenemos más que ver con las formas barrocas de Trevi y con el Estado pontificio y la monarquía absoluta que con una chavalada metida en una fuente y que nos pide por favor que hagamos algo porque están bombardeando niños y el mundo se pudre”. Y subraya: “Existe un problema a la hora de creer que nosotros, como civilización, somos el mármol de la fuente y no el agua teñida de negro”. En mayo de 2023, nueve activistas de Ultima Generazione arrojaron líquido negro en el agua de la fuente y exigieron dejar de invertir en combustibles fósiles. La Justica no halló delito alguno en su acción.

La profanación llega a España

España ha sido escenario de este tipo de profanaciones recientemente. El 5 de noviembre de 2022, dos activistas de Futuro Vegetal protestaron entre los lienzos mellizos de Goya, La maja desnuda y La maja vestida, en el Museo Nacional del Prado. Reclamaban que los políticos tomaran las medidas necesarias para que el calentamiento global no siga aumentando. “No habrá museo, patrimonio ni idolatría en un mundo arrasado”, destaca Martín en su ensayo. En septiembre de 2025, también militantes de esta organización lanzaron pintura roja y negra a la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona al grito de “justicia climática”.

Un mes más tarde, el mismo colectivo climático actuó en el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo. Era el 12 de octubre y mancharon la obra del Museo Naval de Madrid con pintura roja biodegradable que, apenas unas horas después, una empresa especializada ya había conseguido eliminar al completo. “Esta es de las poquísimas acciones contra una obra que no está protegida con cristal. Había intención de dañarla, realmente”, opina el historiador del arte. 

Es decir, a diferencias de otras, esta creación que data de 1892 sí se entiende como perjudicial para la identidad que desde algunos espacios tratan de construir hoy, que entiende el colonialismo como algo a combatir. A pesar de ello, este testigo pictórico de la colonización no sufrió ningún daño. “Ojalá existiera esa posibilidad. Ojalá poder ir al Museo del Prado y dejar nuestra mano abierta plantada en una pared, con los cinco dedos de un obrero, pero es imposible, lo van a quitar”, remarca Martín.

Una protesta que ahora se estudia con orgullo

Victòria Domingo, militante de Futuro Vegetal, protagonizó la acción en el Museo Naval y terminó detenida. “El cuadro de Colón es un símbolo de que el Estado no se ha revisado lo suficiente y sigue celebrando el 12 de octubre como fiesta nacional”, esgrime en declaraciones a elDiario.es. Esta veterinaria de 40 años reconoce que, si por ella fuera, la obra de Garnelo estaría en “el museo de los horrores o del genocidio”.

No se trataba únicamente de poner el foco en lo ocurrido hace cinco siglos en Abya Yala con los pueblos originarios, sino también girar la mirada hacia el presente: “Ahora desarrollamos una neocolonización con el extractivismo de sus tierras”. Por otro lado, Domingo asegura que el arte es la forma de vehicular sus demandas. “La gente se enfada mucho con esto. Estamos ante una emergencia climática horrible, con unos efectos que ya empezamos a ver en nuestro país, y estos efectos también le pasarán factura al arte”, agrega.

La activista de Futuro Vegetal confirma lo planteado por Martín. Mientras que en la acción del Museo Naval la idea era criticar el contenido y simbología de la obra, la suerte de performance entre las majas de Goya era llamar la atención. “El movimiento sufragista usó el arte para reivindicar la igualdad y ahora eso se enseña como parte de la historia, de la lucha, con orgullo”, apunta. 

De todas formas, el poner sus cuerpos al servicio de este tipo de intervenciones ha granjeado a los activistas detenciones y represión. Domingo sigue a la espera de juicio y es posible que acabe en prisión, ya que ha participado en otras protestas en las que también ha acabado detenida. “Al menos se ha creado cierto debate público y político durante unos días. Luego, con libros como el de Martín, continúa la discusión”, concluye.

Una jueza ha absuelto a dos activistas de Greenpeace acusados de embestir con sus embarcaciones una lancha de la Guàrdia Urbana de Barcelona en una protesta en el mar en 2021, al considerar poco creíble la versión policial. La sentencia, por el contrario, considera que los tres agentes heridos actuaron con “exceso de celo” al entender que los activistas “atentaban contra su principio de autoridad”.

En su sentencia, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del juzgado de lo penal número 7 de Barcelona concluye que existe una “duda más que razonable” sobre lo ocurrido, ya que no se ha acreditado la tesis acusatoria de que las embarcaciones de Greenpeace intentaron embestir a la de la Urbana, lesionando a los tres agentes. La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para los activistas.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2021 cuando, con motivo de un acto organizado por el Círculo de Economía en el hotel “W” de Barcelona, situado en el frente marítimo de la ciudad, y al que acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Greenpeace llevó a cabo una acción de protesta para exigir una “recuperación verde y justa” tras la crisis por el coronavirus.

En la primera sesión el juicio, los tres agentes heridos aseguraron que las embarcaciones de Greenpeace que pilotaban los dos acusados desoyeron su petición de que se detuvieran para ser identificados, se dieron a la fuga y les intentaron embestir en varias ocasiones, en maniobras de “abordaje”.

Un relato que corroboraron otros agentes de la Urbana que vieron el incidente desde tierra, recorriendo el tramo del litoral entre Barcelona y el embarcadero del Fórum a bordo de un quad, tras oír las llamada de auxilio de sus compañeros.

Por el contrario, la magistrada destaca en su sentencia que los agentes heridos no han aportado al procedimiento el rastro del gps de su embarcación para acreditar que los acusados les habían intentando embestir. Además, los uniformados que vieron el suceso desde la playa lo hicieron “desde una distancia más que lejana, que puede llevar a distorsiones sobre lo apreciado”, apunta la jueza.

También desmienten la versión policial los vídeos que obran en la causa, que acreditan “claramente” que las embarcaciones de Greenpeace estaban participando en un “acto activista” por parte de una “organización pacifista”.

La sentencia remarca que la finalidad de los agentes tenía que ser identificar a los miembros de las embarcaciones y comprobar si habían cometido alguna infracción administrativa y remarca que “no hay duda” de que actuaron con un “exceso de celo”.

“En el malentendido de que estaban socavando su principio de autoridad, se extralimitaron en su cometido”, apunta la jueza, que resalta que los tres agentes ya denunciaron en la vía correspondiente al Ayuntamiento de Barcelona porque no tenían el material adecuado para este tipo de intervenciones.

“Todo ello lleva a una duda más que razonable sobre lo realmente sucedido cuando el cometido de la embarcación policial, no olvidemos, era identificarlos y, en su caso, averiguar si tenían alguna sanción administrativa”, insiste la jueza.

Respecto a la versión de los compañeros de los agentes heridos, que vieron el incidente desde un quad en marcha, la jueza subraya que lo observaron en movimiento y a una distancia “más que lejana”, lo que puede llevar a “distorsiones sobre lo apreciado, en una navegación por mar, con los movimientos de las embarcaciones, las estelas seguidas y los desplazamientos por agua”.

En el juicio, que finalizó el pasado viernes, 27 de febrero, la Fiscalía pidió cinco años y dos meses de cárcel para los dos activistas, acusados de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones. Durante el juicio, los dos activistas insistieron en que su acción fue una protesta pacífica para reivindicar una transición justa y verde.

En un comunicado, Greenpeace ha celebrado la absolución de sus dos activistas, mientras que su abogado, Jose Manuel Marraco, ha afirmado que “el derecho a la protesta es la base” de la libertad “y nadie debería ser perseguido por ejercerlo”.

Activistas del grupo británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) colgaron este domingo en el Museo del Louvre de París la imagen tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de su interrogatorio el pasado jueves.

De acuerdo a la imagen que esta asociación antimillonarios reprodujo en su cuenta de Instagram, bajo la foto, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer: “He sweats now - 2026” (“Ahora sí que suda”).

Esa frase es la misma que hicieron recientemente el hermano y la cuñada de Virginia Giuffre, quien denunció haber sufrido abusos sexuales en su adolescencia a manos de Andrés Mountbatten-Windsor.

Giuffre, que se suicidó a los 41 años, en abril de 2025, había relatado años atrás que, mientras estaban en un club nocturno a principios de la década de 2000, el expríncipe sudaba mucho.

El grupo añadía en la publicación: “¿Ver cómo un repugnante maltratador FINALMENTE se enfrenta a un poco de justicia? Eso no tiene precio”.

Se trata de una forma de ridiculizar al expríncipe británico, que fue detenido por la policía durante unas once horas para ser interrogado antes de ser puesto en libertad bajo investigación.

Su interrogatorio estuvo vinculado con las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés al pederasta convicto Jeffrey Epstein durante el periodo 2001 y 2011, cuando el entonces príncipe era represente especial para el comercio del Reino Unido.

Josep Ametller, el propietario de la cadena de alimentación y supermercados “sostenibles” Ametller Origen, ha decidido dar un paso más en el conflicto que libra con diversas asociaciones ecologistas que se oponen al Agroparc, un macrocomplejo de 258 hectáreas que la empresa construye en el municipio de Gelida, de apenas 8.000 habitantes.

Ametller ha solicitado un acto de conciliación con media docena activistas de distintas entidades que forman parte de la plataforma opositora StopAgroparc. Se trata de un trámite al que obliga la ley como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra los ecologistas.

Ametller considera que los ecologistas le han atribuido los delitos de inducción a la prevaricación de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias por una publicación en el perfil de Instagram de la plataforma, que contaba con apenas 2.500 seguidores en el momento de los hechos.

Según el escrito de la querella, al que ha tenido acceso elDiario.es, las frases publicadas que le atribuyen los delitos mencionados son las siguientes:

Jordi Asensi, uno de los querellados y miembro de la entidad Bosc Verd, que participa en la plataforma que se opone al proyecto, considera que la querella interpuesta es una “medida intimidatoria”. “En 40 años de activismo ecologista no me habían puesto una sola querella”, añade en conversación telefónica.

Fundada en 2001, Ametller Origen se ha expandido a gran velocidad en Catalunya durante los últimos años: en 2025 facturó 802 millones, el 18% más que el año anterior y casi el doble que en 2022, gracias a una red de 147 tiendas repartidas por la comunidad y Andorra.

La compañía ha crecido presentándose como una empresa de productos “sostenibles” y “sin intermediarios”. En 2014, sin embargo, decidió retirar este último eslogan de sus tiendas después de las quejas de algunos clientes porque buena parte de los productos ofertados no eran de proximidad.

En 2022, Unió de Pagesos, el principal sindicato de ganaderos y agricultores de Catalunya, denunció que la empresa se anunciaba en Google como un supermercado ecológico sin serlo.

Un proyecto polémico

El proyecto Agroparc se ha convertido en una de las grandes prioridades de esta cadena alimenticia, que pretende construir en Gelida “el primer distrito agroindustrial de energía positiva y CO2 negativo”. El proyecto prevé una inversión de 180 millones para un complejo que ocupará 258 hectáreas, más de 361 campos de fútbol. 

Ametller Origen está construyendo el complejo en una zona a las afueras de Gelida que, hace tres años, era totalmente verde y estaba formada por campos, viñas, masías y caminos de tierra para pasear. La intención es emplazar ahí la sede central de la compañía, plantas de producción y logística, campos de cultivo y pastoreo para 400 ovejas y 400 cabras, un hotel rural, una casa de colonias, un centro de investigación y una tienda de la empresa.

El proyecto tiene el apoyo de la Generalitat —que lo declaró proyecto estratégico— y del Ayuntamiento del municipio, pero ha recibido el rechazo de decenas de entidades ecologistas, incluida Greenpeace, y también de Unió de Pagesos. “Es un auténtico despropósito”, señalaba a esta redacción hace tres años Maria Rovira, responsable de Urbanismo del sindicato. “Va a ser un gran parque temático”, remachaba.

La empresa anunció su plan a finales de 2016, y desde entonces el proyecto ha ido avanzando de manera intermitente. En febrero de 2018 se paralizó y fue retomado de nuevo en otoño de 2021. Desde entonces ha habido modificaciones tanto de la normativa urbanística como del complejo que se prevé construir. En julio de 2025 llegaron los camiones y empezaron a mover tierras.

Una vez el complejo esté en pleno funcionamiento, se calcula que llegarán al menos 200 camiones diarios a la zona, según un cálculo que sale del propio estudio de movilidad que hizo Ametller Origen. 

Los ecologistas, así como expertos del Servicio de Fauna y Flora del Govern, consideran que el proyecto romperá un conector ecológico entre espacios naturales protegidos y afectará el área de caza del águila perdicera, una especie protegida y en peligro de extinción.

Actualmente hay dos procedimientos en los juzgados contencioso-administrativos contra el proyecto: uno por el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa para construir el macrocomplejo y otro contra las modificaciones urbanísticas que han permitido ponerlo en marcha.

“Es extremadamente grave que, en lugar de responder a las advertencias medioambientales, Ametller Origen haya decidido presionar a personas concretas en un intento de desactivar la acción reivindicativa”, ha señalado la plataforma StopAgroparc en un comunicado.

Este periódico se puso el jueves por la mañana en contacto con Ametller Origen, que al final del día no había respondido a la solicitud para comentar esta publicación.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

El próximo miércoles, 4 de febrero, cuatro activistas se enfrentarán a un juicio con peticiones de cárcel de hasta ocho años y multas de 112.400 euros por una acción de protesta frente a un salón de juego en Sopela en el año 2021. Se trata de una causa ya archivada en dos ocasiones y en la que la Fiscalía se ha retirado finalmente del proceso, sin embargo, la acusación particular lo mantiene. “Hace cuatro años, la policía nacional española detuvo a cuatro ciudadanos de Sopela por su presunta participación en una serie de actos de protesta contra un salón de juego. Tras años de diferentes procesos, hace tres semanas conocimos tanto el juicio como la acusación formal que debe celebrarse el 4 de febrero. Una pena de 32 años de prisión (8 para cada ciudadano) y una petición de multa de 112.400€ para los cuatro sopeloztarras. La situación es muy grave. El coste penal y económico de este caso puede obligar a cuatro personas a ingresar en prisión y condicionar sus vidas para siempre”, explican a este periódico desde la plataforma Sopelako 4ekin1, creada por los vecinos del municipio de Bizkaia para denunciar la situación.

Según sostienen desde la plataforma, todo se trata de “un montaje policial”. “Estamos ante un montaje policial. De hecho, esta es una operación que se ha construido sobre unos relatos falsificados y unos intereses concretos. Los años 2020 y 2021 fueron especialmente movidos en Sopela. Por un lado, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un supermercado en construcción. Por otro, estaba en marcha una dinámica ciudadana contra un salón de juegos. Y además estaba dando un conflicto flagrante entre la policía local de Sopela y algunos jóvenes. En este contexto, con el objetivo de perseguir a algunos ciudadanos que estaban participando activamente en el movimiento popular, dieron inicio a esta operación. Una operación de dos vértices. Por un lado, el dueño del salón de juego, que quería acabar con esa dinámica ciudadana. Por otro lado, la Policía Municipal de Sopela, la cual pretendía amedrentar a varios jóvenes que, en este contexto, trabajaban activamente en el movimiento popular de la localidad. Así, tanto mediante la manipulación de pruebas como mediante declaraciones falsas, se puso en marcha una operación que situaría a estas cuatro personas en el punto de mira”, defienden, alegando que desde el salón de juego tras la protesta no se realizó ninguna denuncia contra ningún activista en concreto y que fue tiempo después cuando ya se dieron los nombres de los cuatro activistas encausados y se abrió el proceso.

Tras el cambio de declaración, es la Policía Nacional la que investiga el caso que lleva a detener, el 22 de julio de 2021, a los cuatro activistas, que fueron liberados después. “Los acusados declararon por primera vez en noviembre de 2021 y, en mayo de 2022, el juez desestimó el caso, argumentando que no existían pruebas suficientes para condenar a nadie. La acusación particular interpuso un recurso de apelación, pero un segundo juez decidió desestimarlo de nuevo por las mismas razones. Sin embargo, la acusación particular apeló por segunda vez y, posteriormente, un tercer juez decidió ir a juicio. No obstante, una vez fijada la fecha del juicio, la Fiscalía decidió retirarse del caso, argumentando también que no existían pruebas suficientes”, detallan a este periódico desde la plataforma ciudadana.

“Han lanzado una absurda petición de castigo. La acusación pide una multa de 112.400 euros por 32 años de prisión por participar presuntamente en varias iniciativas de protesta. Esto es una barbaridad. Tenemos que hacer frente a esta situación. No hacer nada no es una opción, está en juego el futuro de cuatro ciudadanos de Sopela víctimas de un montaje policial. Por eso, hasta el juicio pondremos en marcha toda una dinámica social que tenga como objetivo socializar la cuestión y tejer solidaridad”, sostienen desde Sopelako 4ekin 1, que han convocado una movilización social este 31 de enero a las 12.30 horas en Sopela.

Desde el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, gobernado por EH Bildu, consideran que las peticiones de la acusación particular son  “especialmente severas” y generan “una situación de notable incertidumbre personal y social para las personas encausadas y sus entornos familiares y comunitarios, más si cabe, cuando desde la Fiscalía se han retirado todas las acusaciones”. “Como responsables de una institución pública cercana a la ciudadanía, el equipo de gobierno no puede permanecer ajeno al impacto humano y social que este tipo de procedimientos conlleva, ni a la preocupación que suscitan en la comunidad local”, defienden en un comunicado en el que también insisten en que seguirán “con atención la evolución de este caso, desde una posición de responsabilidad institucional y cercanía” con los vecinos.

España aún asimilaba los efectos del Estado de alarma y el rígido confinamiento decretado durante la pandemia del coronavirus, cuando Edith Espínola recibía preocupantes mensajes de trabajadoras internas sin papeles a las que apoyaba desde su organización. Lamine Sarr repartía alimentos entre las casas de compañeros manteros que, sin poder salir a la calle, habían perdido el poco sustento que obtenían día a día de la venta ambulante. Seydou Diop recorría los asentamientos de temporeros de Huelva para denunciar las condiciones de hacinamiento que les impedía cumplir con la exigida distancia social.

Tras la declaración del Estado de alarma, el Gobierno aseguraba que su plan social ante la emergencia del coronavirus “no dejaba a nadie atrás”, pero cientos de miles de personas en España no se sentían parte de ese “nadie”. Y decenas de activistas migrantes y racializados decidieron unirse y exigir una solución. 

Esa preocupación, esa situación de vulnerabilidad extra sufrida por todas las personas sin papeles a las que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó atrás durante la pandemia —nunca les llegaron las ayudas sociales ligadas al coronavirus—, conformó los primeros coletazos de un movimiento que, semanas después, sería bautizado con un nombre directo y conciso: Regularización YA. Un movimiento autoorganizado y formado únicamente por personas migrantes que se marcó un objetivo: conseguir una regularización extraordinaria para todas las personas que en ese momento vivían en España en situación irregular. 

No lo lograron entonces, pero no pararon de salir a la calle, patear todo el Estado para conseguir firmas, hablar con los medios, negociar con quien hiciese falta y gritar sus exigencias en cualquier espacio al que fuesen invitadas. Más de cinco años después, el Consejo de Ministros ha iniciado los primeros trámites de un proceso de regularización amplio con unas condiciones pactadas con el Movimiento Regularización YA, gracias a un acuerdo entre Podemos y el Gobierno. De ser aprobado bajo los requisitos recogidos en el borrador actual, será el primer proceso de regularización de la historia nacido de un movimiento de base, conformado exclusivamente por personas migrantes. 

Durante todo este tiempo, el movimiento ha tenido momentos en los que ha estado formado por cientos de personas y otros en los que los varapalos del Gobierno y de los partidos políticos de la derecha, la dilatada burocracia y el bloqueo institucional acabaron por rebajar el número de integrantes a unas decenas. Quienes lo han conformado son activistas antirracistas que también han sufrido los efectos de la política de extranjería, del racismo y de la precariedad ligada a muchos procesos migratorios. Son o fueron empleadas domésticas, manteros, trabajadoras de la hostelería, temporeros en el campo, prostitutas, repartidores... Y, los representantes que han estado en la primera línea, los rostros que hemos visto defender la medida en los medios de comunicación y se han sentado a negociar con formaciones de distinto color político, saben lo que es vivir sin papeles en España: todas ellas han pasado un tiempo en el país en situación irregular.

Si han insistido tanto, si no han parado de gritar cuando nadie parecía escuchar, si han encontrado la grieta por la que impulsar la medida, es porque saben de lo que hablan. Cada uno de sus lemas, cada uno de sus argumentos, les atraviesa. “Lo conseguimos por pesadas”, dice entre risas Edith Espínola, una de las portavoces del movimiento, representante de las mujeres trabajadoras domésticas sin papeles.

“Ha salido por esa insistencia. No íbamos a permitir soltarlo. Éramos muchos y nos quedamos las activistas más pesadas, más tercas, porque creemos que este proceso va a beneficiar no solo la vida de personas que se regularizan, también va a mejorar económica de todo el país”, añade, la también miembro de SEDOAC, organización en defensa a los derechos de las empleadas del hogar, sector en el que trabajó durante sus primeros años en España. 

Las primeras reuniones 

La pandemia estaba afectando especialmente a las personas sin papeles, muchas trabajaban de forma irregular en los sectores considerados “esenciales”, aquellos que no pararon en el confinamiento, no podrían acceder a ningún tipo de ayuda del plan de choque del Gobierno. Distintos colectivos empezaron a denunciar el abandono de las personas sin papeles. “Entendimos que no podíamos ir cada colectivo por separado y convocamos una reunión”, apunta Espínola. 

Aún era marzo de 2020 cuando fue convocada una reunión por videollamada. Silvana Cabrera, otra de las portavoces del Movimiento, activista boliviana y trabajadora en el sector de la hostelería, recuerda conectarse desde su país de origen, donde le pilló el confinamiento durante una visita para cuidar a su padre tras una operación. “Éramos 80 o 90 personas de colectivos de todo el territorio, muchas sin conocernos, poniendo en común lo que estaba pasando. Éramos riders, gente de la manta, jornaleras, empleadas domésticas, trabajadoras de la hostelería… ”, describe la mujer, quien combina su militancia por los derechos humanos con su empleo en un restaurante. “Teníamos reuniones de cinco o seis horas para construir algo entre todas. El confinamiento nos ayudó a reunir a mucha gente que tenía el tiempo necesario para sacarlo adelante”, añade la activista. 

Había una solución principal para todas esas situaciones que alarmaban a los colectivos reunidos: un proceso de regularización extraordinaria. Sin papeles, continuaría la vulnerabilidad de todas las personas que motivaban sus denuncias. Era su situación de irregularidad la que las excluía del sistema en un momento en que se evidenciaba con aún más crudeza. “Hicimos un grupo de Telegram con un sinfín de gente”, recuerda Espínola, empezaron a diseñar las campañas en redes sociales y decidieron una de sus primeras acciones: enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.  

Debates internos: migrantes, primera línea

“Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo”, rezaba la misiva, firmada por un centenar de colectivos. En aquel momento las organizaciones participantes estaban compuestas por personas migrantes y españolas, pero los debates internos entre los distintos colectivos giraban en torno a la importancia de concentrar las portavocías y la labor de incidencia política directa, la primera línea del movimiento, en personas migrantes y racializadas. No sentó bien a todos, principalmente a las organizaciones conformadas por mayoría de personas españolas y blancas. 

“Hubo una separación”, reconoce Espínola. “Desde el principio tuvimos claro que el sujeto político tenía que ser la persona migrante. Nos encanta que nos acompañen aliados blancos, pero tenían que entender que tengo voz, tengo unas capacidades, resiliencia, resistencia y reivindicación”, explica la ex trabajadora doméstica. En esa búsqueda de representación de las problemáticas que denunciaban, decidieron que las portavoces no solo debían ser migrantes o racializadas, sino que tenían que ser personas hubiesen sufrido los efectos de vivir en España sin papeles. “Para las personas sin documentación era peligroso ser portavoces, por lo que decidimos que al menos quienes fuesen las representantes hubiesen pasado por esa situación”, apunta Espínola.

Una de las seleccionadas, quien dio un paso adelante para ejercer la portavocía, fue Silvana Cabrera. Como trabajadora en la hostelería, representaría que todas las personas migrantes empleadas sin papeles en el sector. Otra de ellas fue Edith Espínola, para poner el cuerpo por todas las empleadas domésticas, muchas internas. La paraguaya migró a España en los años 2000. Tras su llegada en avión, una vez expirado su visado de turista, se quedó sin papeles. La ley impedía solicitar una autorización de residencia por arraigo hasta poder demostrar haber vivido en el país durante tres años y presentar un contrato de trabajo. Cumplido el plazo, la activista tuvo que viajar a su país por razones personales, lo que le colocó de nuevo el contador a cero. Regresó y la Ley de Extranjería la obligó a volver a empezar hasta alcanzar un total de seis años sin papeles, trabajando en los cuidados como empleada interna y externa, y en los servicios de limpieza.

Entre ellos también estaban Lamine Sarr, portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona quien vivió durante años sin papeles y sobrevivió gracias a la venta ambulante; Seydou Diop, activista senegalés y jornalero en el campo onubense durante años; o Victoria Columba, activista de origen argentino, que migró a Barcelona en la década de los 2000 y, tras pasar una temporada en situación irregular, logró obtener la documentación, precisamente, en la regularización aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005.

La labor de incidencia entonces se centraba en presionar al Gobierno para aprobar la regularización apelando a la pandemia, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cedía. Su entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró en varias ocasiones en contra de la aprobación de dar los papeles de forma generalizada, e insistía constantemente en hacerlo “caso a caso”. Como justificación, llegó a decir que la medida contradecía el marco legal europeo, un argumento falso, utilizado recientemente por el PP y Vox. La Comisión Europea aclaró entonces, como ha vuelto a hacerlo esta semana, que los Estados miembros tienen la competencia para decidir sobre la situación administrativa de las personas que ya viven en su territorio. 

PNL: obligar a los partidos a posicionarse

“Al Gobierno no le movíamos un músculo”, critica Espínola. Ante la negativa del Gobierno español a la carta enviada en abril de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, el movimiento apuntó hacia el Congreso. Querían entrar en el Parlamento, introducir el tema en agenda y forzar a los partidos políticos a posicionarse sobre su propuesta. La fórmula seleccionada: una Proposición No de Ley (PNL), para empujar a los diputados a debatir sobre la regularización extraordinaria. El texto, creado de forma íntegra por la plataforma fue íntegramente redactada por colectivos migrantes, organizaciones antirracistas y la Coordinadora Obrim Fronteres y fue registrada en el Congreso en junio de 2020 por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otras formaciones. 

En septiembre de 2020, el Congreso rechazó la PNL con votos en contra de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV. “En septiembre, después del fin del confinamiento y tras el revés con la proposición no de ley, la gente se desinfló. Muchas compañeras, al no tener ya tiempo para dedicarse tanto a la campaña, se fue yendo del movimiento”, recuerda Silvana Cabrera. 

Recogida de firmas: ILP

Tras un tiempo para recolocar su estrategia, volvieron a intentar regresar al Congreso. Querían hacerlo por la puerta grande, pese al descenso de manos en la plataforma. “Decidimos ir a por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el único mecanismo que teníamos de democracia directa”, dice Cabrera. Para conseguir presentar su propuesta legislativa de regularización extraordinaria como colectivo social debían recolectar más de 500.000 firmas. Tras la redacción del texto, surgía un nuevo reto; peinar las calles en busca de firmas de ciudadanos españoles. 

“Fue un trabajo titánico”, recuerda la activista boliviana. La estrategia implicó levantar desde cero una estructura estatal para llegar a todo el territorio en busca de apoyos: “Creamos 18 comités en todo el territorio y un grupo motor para coordinarlo todo”. La recogida de rúbricas se sostuvo casi exclusivamente sobre el trabajo militante de personas migrantes y racializadas, muchas de ellas en situación administrativa irregular. “Era muy gráfico: personas sin papeles pidiendo una firma y el DNI a personas españolas que ya tenían derechos”, explica Cabrera.

En la calle, el desgaste fue constante. “Nos encontrábamos con Vox en muchas plazas”, relata la portavoz del colectivo, que participaba en el comité de Valencia. Recuerda varios episodios de violencia: “Una compañera en situación irregular fue agredida mientras recogía firmas. Le dijeron que ella no tenía que pedir firmas, le rompieron los pliegos, la agredieron, fuimos a denunciar, pero quedó en nada”, dice con rabia. 

Las dificultades y la violencia eran contrarrestadas con otras muchas respuestas de apoyo. “Nos sorprendió la cantidad de firmas y la red que se creó con gente que nunca había militado”, dice Espínola. Todo se hizo sin apenas recursos: “No había presupuesto, era gente dejando su vida personal y laboral”, subraya. Ana Gutiérrez Fajardo, activista ecuatoriana y miembro del movimiento desde la retaguardia, se volcó en la recogida de firmas en Valencia. Recuerda aquellos días dedicados a convencer a ciudadanos españoles de la importancia de dar los papeles a cientos de miles de personas.

“Algunas respuestas me desgastaban, sentía que de forma sistemática cuestionaban mi presencia en España y de otras tantas compañeras”, admite Gutiérrez. “Pero también fue muy emocionante: contar firmas, comprobar si eran válidas… sentir que llegábamos. O esos momentos en que veías que una persona no tenía claro apoyar una regularización pero, al escuchar nuestros argumentos, cambiaba de opinión”.

La entrega de las firmas en el Congreso se vivió como un punto de inflexión. “El día que llevamos las cajas fue brutal, un día de felicidad absoluta después de tanto desgaste”, recuerda Cabrera. Más de 600.000 apoyos avalaron una reivindicación impulsada desde abajo. “Esto es el resultado de la organización de personas migrantes y racializadas que saben lo que es estar sin papeles”, concluye Gutiérrez Fajardo con orgullo. “Nos unimos muchísima gente, fue muy emocionante. Lo habíamos conseguido después de meses de muchísimo trabajo, en los que pensamos que no llegábamos. Pero habíamos entrado al Congreso con el respaldo de más de 600.000 firmas”, dice Espínola.

El debate en el Congreso y la sorpresa del PP

Una vez registrada en el Congreso, llegó el momento de defenderla. Parte de las mismas personas que habían recorrido distintos puntos de España para recoger firmas se dentaron frente a los diputados de todas las formaciones para explicar con datos, argumentos y desde la propia experiencia por qué era importante su respaldo a la regularización. Entre ellas estaba Espínola y el portavoz del Sindicato de Manteros de Barcelona, Lamine Sarr. Estuvieron apoyados por la Fundación PorCausa, responsable del estudio Esenciales que daba cifras del impacto económico positivo del proceso planteado.

Cuando echan la vista atrás, todas las integrantes del movimiento menciona un día: 9 de abril de 2024, el día de la votación de la toma en consideración de la iniciativa. Espínola y Cabrera presenciaron el debate en el hemiciclo, junto al resto de representantes del movimiento. Estaban nerviosas, cuentan, no tenían garantizados los votos y dependían de la posición del Partido Popular. “Votos a favor: 310, Votos en contra: 33. Abstenciones: ninguna. Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley”, recuerdan escuchar las activistas.

“Nos abrazamos, lloramos, estábamos en shock porque no podíamos creer que avanzaba”, dice Cabrera. Edith recuerda estar en los pasillos del Congreso atendiendo una entrevista con una radio estatal cuando escuchó la ovación. Salió corriendo a encontrarse con sus compañeras. “Fue un día de felicidad absoluta”, resume la paraguaya.

Esa noche volvieron orgullosas al piso que solían alquilar todas las representantes del Movimiento cuando se reunían en Madrid. “Después de tanto trabajo, llegamos reventadas, comimos una pizza y estábamos todas en pijama celebrándolo. Fue muy emotivo”, recuerda Cabrera. Era la primera evidencia tangible de que los años de organización y trabajo podían llegar a traducirse en una política concreta.

Bloqueo y nuevo plan

La alegría se vio pronto ensombrecida. La ILP quedó atrapada en un limbo político. Durante meses, apenas había novedades mientras el texto cogía polvo en un cajón. “Ya con muchísima desconfianza, veíamos que los partidos no nos daban apoyo suficiente, no recibíamos contestación a veces de los correos”, relata Cabrera. “En el Congreso no avanzaba, estaba bloqueado… los partidos políticos se pisaban entre ellos, buscaban alcanzar un éxito propio, como una pelea de escuela y no pensaban en los derechos de las personas”, describe Espínola. Empezaron a ver imposible un acuerdo entre las distintas formaciones.

La necesidad de salvar la medida llevó al movimiento a replantear su estrategia. Ante el fracaso del consenso parlamentario, Regularización YA apostó por un nuevo objetivo: la medida podía aprobarse por decreto, sin necesidad de tener la luz verde del Congreso, por lo que se centraron en encontrar una fórmula para convencer al Gobierno. Espínola recuerda que se reforzó el diálogo directo con Podemos: “El traspaso de competencias sobre inmigración a Catalunya fue una desenmascarada total. Podemos nos preguntó qué pensábamos sobre el traspaso y les dijimos que no estábamos de acuerdo, pero vimos una grieta de luz en ese contexto”, reconoce. El colectivo confirma que la negociación sobre los presupuestos y la posición de Podemos con respecto al traspaso de competencias a Catalunya fue un elemento clave para acelerar el proceso.

A partir de diciembre todo se aceleró, confirman varios miembros de Regularización YA: “Fueron semanas revisando borradores, muchas horas… no tenemos un equipo jurídico, tiramos de alianzas, de abogadas de extranjería, de conocimientos colectivos”, recuerda la activista boliviana. Cabrera, como muchas otras integrantes del movimiento, no tiene conocimientos jurídicos, pero les tocó aprender: “Leyendo y leyendo una y otra vez, preguntando dudas, incluso viendo tutoriales de YouTube, lo íbamos sacando”, comenta entre risas.

En las últimas semanas, el intercambio de borradoras fue constante, hasta alcanzar un texto consensuado de una regularización con garantías por la que apostaban.

“Ya está”

Recuerdan las palabras de Victoria Columba, otra de las portavoces del movimiento, en una videollamada celebrada el fin de semana pasado. “Ya está. Va a salir”, anunció a sus compañeras tras su última conversación con miembros de Podemos. “No llegábamos a creérnoslo, pero poco a poco vimos que era cierto, lloramos, era muy fuerte”, indica Espínola, quien junto al resto se preparó para viajar a Madrid para presenciar el acto en que Podemos iba a anunciar el acuerdo. La alegría fue contenida, consciente de que la letra pequeña y la implementación serían el siguiente desafío: “Hasta que no lo veamos no lo creemos”.

Esa noche, Ana Fajardo, en Valencia, no podía dormir. “No podía dormir, tenía la cabeza dando vueltas… pensando en cada una de las personas migrantes que conozco a las que le iba a beneficiar. En cómo les iba a cambiar la vida esto. Les habíamos dicho que iba a salir, y por fin era real”, recuerda. Silvana Cabrera pensaba en las personas sin papeles a las que había acompañado durante años: “Imaginar a esas personas que van a poder trabajar con tranquilidad, que sus hijos van a tener algo más de seguridad… eso te atraviesa el alma. Todo el cansancio que llevábamos, vale la pena por esto”.

En aquel piso compartido donde volvieron a pasar una noche más de alegría en Madrid, entre documentos y mensajes que no dejaban de llegar, las portavoces aún no asumían que ya estaba, que iba a salir. El día siguiente, las portavoces dieron una rueda de prensa mientras la ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunciaba tras el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de la ansiada regularización de migrantes. Las representantes del colectivo, ojerosas y desfondadas, recordaban la importancia de la medida para cientos de miles de personas.

Saben que su trabajo aún no ha acabado. La normativa aún no se ha aprobado y podría llegar a cambiar alguno de sus aspectos durante los trámites pendientes o la revisión del Ministerio del Interior. También se preparan para su puesta en práctica, para intentar que llegue a todas aquellas personas que cumplan los requisitos y, que ahora sí, nadie se quede atrás. “Estaremos vigilantes. Seguiremos siendo pesadas”, concluye Espínola.

Poner en valor a las mujeres activistas, aquellas que han sido “clave” en la defensa de los derechos y en la transformación social desde distintos ámbitos. Es lo que pretenden desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) y la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical (STAS y STE) a través del 'Calendario de la Mujer 2026'.

Un trabajo elaborado por más de 40 mujeres del sindicato, que incluye propuestas didácticas para todas las edades y que giran en torno a las mujeres que aparecen en el calendario y “están diseñadas para facilitar el trabajo educativo en los centros”

Durante la presentación en Toledo, han participado como ponentes: Sonia Blanco Esquivias, responsable de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, y Mónica Muñoz Montejano, responsable del Área de Comunicación y Publicaciones de la Confederación Intersindical. Asimismo, han intervenido Fefi Casás, responsable del Área de la Mujer de STE-CLM, y Lourdes Espinosa, responsable del Área de la Mujer de STE Ciudad Real.

Las intervinientes han destacado que esta edición del calendario, titulada ‘Mujeres activistas: tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo’, pretende reconocer el papel de las mujeres que luchan y transforman la sociedad. En este sentido, han hecho hincapié en que “la igualdad no es un complemento, sino una condición imprescindible para una sociedad democrática”.

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical se ha puesto en valor la trayectoria de este proyecto, que se edita de forma ininterrumpida desde el año 2005; este año con más de 67.000 ejemplares. “Cada edición del calendario busca rescatar y visibilizar el trabajo de mujeres que han sido fundamentales en distintos ámbitos de la historia y que siguen siendo referentes para las nuevas generaciones”, ha señalado Fefi Casás.

Por su parte, Lourdes Espinosa ha destacado el carácter pedagógico del calendario y su utilidad en el ámbito educativo. “Este material permite trabajar la igualdad y la coeducación en las aulas a partir de historias reales, fomentando la reflexión crítica y el respeto desde edades tempranas”.

Activistas como Amparo Carvajal de León o Angélica Velasco

El calendario recoge ejemplos de mujeres activistas que han desarrollado su labor en campos tan diversos como el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, entre otros.

En este sentido, la presentación del calendario ha tenido lugar el 28 de enero, una fecha especialmente simbólica. Ese mismo día, en 1939, nació Amparo Carvajal de León, destacada defensora de los derechos humanos en Bolivia; el 28 de enero de 1986 nació en Valladolid Angélica Velasco, referente del ecofeminismo; y en 2022 se publicó el libro 'Mujeres que transforman el mundo', en el que aparece Hazel Morgan, activista de Ibiza. Estas efemérides refuerzan el sentido y el enfoque de esta edición, centrada en mujeres que han marcado y siguen marcando el tiempo desde el compromiso y la acción.

“Somos un pueblo pacífico, hemos sido traicionados, pero seguiremos luchando hasta poder volver a nuestra tierra”, explica Sidahmed Matala Embarr, saharaui que vive en Asturias desde hace años. La eurodiputada Irene Montero acaba de liderar una misión europea en los campamentos de refugiados saharauis para denunciar, entre otros asuntos, la inacción de la Unión Europea y también las decisiones que el Gobierno de España ha ido tomando respecto a los derechos saharauis de la mano del Ejecutivo de Marruecos.

Desde Asturias también se mantiene en pie el activismo por la defensa de los derechos de las personas saharauis. Y no es algo nuevo, sino histórico. Entre otros asuntos, la Agencia Asturiana de Cooperación al Principado es un organismo que presume abiertamente de ofrecer “un apoyo prioritario a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia)”.

Ya el 19 de noviembre de 1975, un día antes de la muerte del dictador Francisco Franco, Antonio Masip —que con el tiempo llegó a ser alcalde socialista de Oviedo— presentó un recurso de contrafuero contra la ley por la que el régimen acababa con la descolonización del Sáhara Occidental, transfiriendo el territorio a Marruecos y Mauritania. Fundó también la Asociación de Amigos del Sáhara.

En Asturias viven muchas personas originarias del Sáhara Occidental y ya relataron para El Diario, con motivo del 50º aniversario de la Marcha Verde, a finales de 2025, el laberinto burocrático para obtener documentación en España como personas saharauis y cómo les ha acogido Asturias y su gente. Ahora cuentan cómo afrontan, desde el exilio, las decisiones políticas que toman tanto España como otros países y organismos internacionales.

Nostalgia desde el exilio

Eluali Alein desgrana que “han pasado 50 años de nuestra lucha por la libertad contra el colonialismo”. Él es de la generación que ya nació en el refugio y cuenta desde Asturias cómo su sueño y el de otras personas desplazadas “es volver a nuestra tierra, vivir como todo el mundo y construir nuestro país”.

Aunque llevan 50 años, y aunque “es verdad que tras la resolución de la ONU (del 31 de octubre) se puede alargar nuestro sufrimiento y nuestra esperanza, solo se quieren enterrar las voces que han luchado pacíficamente en el territorio ocupado”. La resolución mencionada, a grandes rasgos, respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.

Sidahmed Matala Embarr recuerda que “como saharauis llevamos 50 años de abandono de la ONU y de los distintos gobiernos de España”. Y es que en el Sáhara Occidental, explica, tienen un refrán popular que afirma que la ONU no les ha servido ni para tomarse un té. “El derecho internacional y los derechos humanos que nos amparan en sus resoluciones sobre el Sáhara no se llevan a cabo por intereses geopolíticos y económicos”, explica el joven, que llegó aquí con 17 años con un visado de turismo y logró regularizar su situación para quedarse como ciudadano asturiano.

Una identidad que no acepta el borrado

Nayat Ahmed Abdesalam, escritora y activista en dar visibilidad a la situación de su pueblo y al racismo en las fronteras, llegó hace más de 15 años a vivir a Asturias. En su caso, su padre era saharaui nacido en Canarias en años en los que el Sáhara Occidental era una provincia española.

Ella tiene clara su posición ante la resolución que la ONU promulgó en noviembre: es “propaganda que divulga Marruecos”, pero está segura de que “nada ha cambiado”. Hace referencia a que desde hace tiempo Marruecos recibe apoyos internacionales. Y sobre el pueblo saharaui, afirma que “tenemos fe en lo que defendemos, sabemos quiénes somos. Nos da igual que venga Trump o quien sea a convertirnos en marroquíes. El Sáhara es de los saharauis, por mucho que el lobby marroquí lo quiera convertir en su país. La historia anterior a la colonización deja claro que el Sáhara era un territorio propio”.

La educación como forma de resistencia

Nayat, como escritora, ha recopilado mucha información sobre la historia saharaui, que divulga en espacios culturales de Asturias siempre que puede: “antes éramos una anarquía. Muchas tribus nómadas vivían en el Sáhara Occidental, el norte de Mali, parte de Argelia… y la gente circulaba por un gran territorio que no tenía control ni fronteras. Se decidía por los jefes de las tribus. No teníamos sultán, ni emir ni rey. A consecuencia de los acuerdos de 1884, cuando Europa se reparte África y cada país se apodera de una parte, pasan a existir esas fronteras que hoy conocemos”.

Hamza L. A. (omite sus apellidos por las repercusiones para su familia, que vive en ciudades donde Marruecos tiene el poder y ha sufrido persecuciones por su tarea como activista, lo que le llevó a escapar a Asturias en patera) explica que “a pesar de la distancia y el exilio, sigo creyendo que la paz y el respeto mutuo son el camino hacia un futuro mejor, donde el ser humano saharaui pueda convivir con los demás pueblos del mundo sobre la base de la justicia y la dignidad humana”.

Hamza tiene un máster en Derecho Privado: “a pesar del hostigamiento por parte del gobierno marroquí, continué mis estudios con la firme convicción de que la educación es una forma de resistencia”, explica. En su caso, no nació en un campamento ya en el exilio, sino en El Aaiún, ciudad ocupada por Marruecos.

La lucha por la libertad del Sáhara sigue latente desde Asturias.

“Ojalá utilicemos más el fútbol para mejorar la sociedad porque tiene capacidad para hacerlo”. Esta frase de Borja Iglesias (Santiago de Compostela, 1993) resume su forma de vivir dentro y fuera del campo. Frente al estereotipo de futbolista que no habla de política –“y eso también es politizar el fútbol”–, el delantero del Celta no se calla. Renunció a la selección tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, mostró su apoyo a Gaza, respaldó al colectivo LGTBI+ y se pintó las uñas contra el racismo. Fue, precisamente, este gesto simbólico, convertido en marca de la casa, el que secundaron miles de aficionados celestes el pasado domingo en Balaídos tras el enésimo ataque a Iglesias. Borja se defiende con uñas pero también con dientes, en la acepción popularizada por Isabel Pantoja, porque ni en los peores momentos borra su sonrisa. “Es lo que les jode”, diría la tonadillera.

Esa actitud tiene un mérito especial después de una semana en la que “no lo ha pasado bien y estaba bastante tocado”. Lo afirma Jacobo Buceta, periodista que lleva más de un cuarto de siglo siendo la voz del Celta en la Cadena SER y que define al futbolista como “un héroe contra el odio”. El propio Borja, con la amabilidad que lo caracteriza, rehusó participar en este reportaje. No quiere tener siempre el foco sobre él, pero el foco insiste en perseguirlo.

Para Buceta, es especialmente sintomático cómo se desató la última ola –primero de odio, después de solidaridad–, “que no es la primera, ni la segunda, ni la cuarta” contra el jugador. El Celta jugó el pasado lunes en Sevilla un partido “que no tuvo nada: ni enfrentamientos, ni tanganas, ni aficiones que se odien...”. El detonante sucede en los aledaños del estadio “casi una hora después”. Borja, exjugador del Betis, había quedado con un amigo para regalarle una camiseta. Con lo que no contaba era con la presencia de un grupo de seguidores del Sevilla que empezaron a insultarlo.

En el vídeo, compartido en las redes por el digital Zona Mixta, se escuchan perfectamente los improperios homófobos, entre los que no faltan los “maricón de mierda”, los deseos de muerte o un envite que pretende ser descalificante: “¡Píntate las uñas!”. El vídeo denuncia, hoy con casi dos millones de reproducciones en X, fue compartido por el propio Borja con su ironía habitual: “Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca”. Ese post, con 32.000 likes, fue el que se viralizó. El Celta no tardó en salir a respaldar a su jugador: a la una de la madrugada compartió un post con una foto de Borja y el texto “El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el fútbol. Orgullosos de ti, dentro y fuera del terreno de juego.” “Casualmente”, recuerda Buceta, horas después, también le mostró su apoyo LaLiga.

“Intentamos dimensionar correctamente cualquier ataque de este tipo, sobre todo para no alimentar ni darle a estas cuestiones un protagonismo que no merece. Sin embargo, en un caso como éste consideramos que era necesario dejar clara la postura del club”, resume un portavoz del Celta. Claudio Giráldez, entrenador de la casa y principal artífice de la vuelta del delantero a Vigo, tampoco dudaba a preguntas de la prensa: “Me alegro de tener jugadores valientes como Borja en la forma de expresarse, libres, y una afición y un club que respalde esa libertad y alejarnos del odio. Toda la gente que quiera mostrar odio o pensamientos en contra del respeto para mí es algo inaceptable”

“Salimos en la BBC”

“Durante la semana, una chica de Sabarís (Baiona, al otro lado de la ría) se pone en contacto con la radio y propone acudir a Balaídos con las uñas pintadas”, cuenta Buceta. La joven forma parte de la peña Carcamäns Celestes, la más numerosa con 1.800 socios, casi la mitad de la población de la Illa de Arousa, donde tiene su sede. “Pero ya hace tiempo que aceptamos gente de Cambados, de Ribadumia, de Vilanova...”. Bele Dios, presidente de la peña, deja de cocinar para atender la llamada de elDiario.es, todavía asimilando días después el éxito de la iniciativa. “Acaban de enseñarme un vídeo de la BBC. Salió en televisiones de Alemania, de Italia, de Francia...”.

Cuando Bele recibe la idea, lo pone en común con la directiva de Carcamäns y ven claro que “vale la pena”. Cuando lanzan la propuesta a través de las redes, se desata el frenesí. “Al momento, ya llamó el Celta que quería colaborar. Y, nosotros, encantados”. “No dudamos en darle la difusión que estaba en nuestra mano para intentar que llegase a todo el celtismo” porque “ayudaría a evidenciar que queda mucho trabajo que hacer para erradicar el odio y la homofobia en el mundo del fútbol”, expone el club.

Dios destaca lo “muchísimo” que cambió el Celta “desde que está Marián de presidenta”. “Es increíble cómo llevan las redes sociales, la identidad tiró otra vez hacia la cantera, defiende el gallego, la cultura...”. “Sí, a la presidenta le faltó tiempo para sumarse”, añade Buceta. El Panda –apodo que debe a la canción del rapero Desiigner– cumplió 33 años el 17 de enero, la víspera del choque con el Rayo, y Marián Mouriño lo felicitó con un vídeo en el que se veía cómo le hacían la manicura. “Lo curioso es que, cuando empieza el movimiento, si uno ve las respuestas en redes sociales, se queda muy preocupado”, reflexiona Buceta. “Hay gente que sigue utilizando la homofobia y la diversidad como arma arrojadiza”, llegando a escribir “amenazas” como “un tío que se pinta las uñas no puede estar en la selección”.

Del Black Lives Matter a Jenni Hermoso

La primera vez que Borja se pintó las uñas como gesto político fue en 2020. Lo hizo de color negro en apoyo del movimiento Black Lives Matter. Pero no fue aquello lo que lo apartó de la selección, sino una decisión personal. El 23 de agosto de 2023, apenas unos minutos después de que Luis Rubiales compareciese en público para anunciar que no dimitiría como presidente de la RFEF tras besar si consentimiento a Jenni Hermoso, Borja tuiteó: “Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”.

El hilo continuaba con un anuncio: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”. En un tercer tuit, concluía: “Por un fútbol más justo, humano y decente”. Fue el primero y uno de los contados futbolistas de élite en posicionarse en aquel momento. La publicación de Alexia Putellas que disparaba el movimiento #SeAcabó –“Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera Jenni Hermoso”– llegó una hora más tarde.

Dos años más tarde, en la entrevista en Nós Televisión en la que también pronunció la frase que abre este artículo, Borja recordó que, cuando dijo aquello, “juraría que estaba en la prelista” de seleccionados. “Para mí fue un momento complejo. Es el conflicto más grande que podemos tener: estar en un sitio con el que no me identificaba”. Mientras miraba atrás, descartaba casi por completo una llamada de Luis de la Fuente. Y eso que estaba en racha: seis goles en seis partidos, algo que ningún celtista conseguía desde Pahiño, 78 años antes. Sin embargo, unas molestias de Lamine Yamal le abrieron el hueco para regresar a un combinado con el que había disputado dos choques –en septiembre de 2022 y marzo de 2023– antes de cerrarse él mismo la puerta. Una de las primeras en felicitarlo por el retorno fue Jenni Hermoso.

Pioneros

“Estamos orgullosos por la iniciativa, pero el mérito es del club y de la afición”. Dios recuerda que, en Balaídos, llevaban las uñas pintadas “señores de 80 años y niños de cinco”. Los días previos, la manicura se había extendido a la política y las instiuciones. El líder del PSdeG, Gómez Besteiro; la eurodiputada del BNG Ana Miranda; el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa... todos se pintaron las uñas por una buena causa. Y, en el campo, no sólo se vio en las gradas: prácticamente toda la plantilla celeste salió al campo con colores en sus dedos.

Para Buceta, Borja, junto a sus excompañeros del Betis Héctor Bellerín y Aitor Ruibal “abrieron un camino”. La foto de Iglesias y Ruibal llevando bolso en una boda en verano de 2023 los convirtió en blanco de ataques homófobos. Dos semanas después, el compostelano protagonizó una original campaña contra ese mismo odio: transcurría en un ficticio mundo al revés en el que él salía del armario: “Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual”.

El Panda no teme transitar veredas tradicionalmente evitadas por los ases del balón. “Temo a la extrema derecha porque no tiene límites”, afirmó en una entrevista en El País. “¿El futbolista no puede hablar de política? Pues eso también es politizar el fútbol”, contestaba en Nós, consciente de que lo que realmente molesta no es que un deportista se meta en política, sino que apoye determinadas posturas. Por ejemplo, al pueblo palestino.

“Algo hay que hacer”, respondía cuando se le preguntaba si había que expulsar a Israel de las competiciones internacionales. Acababa de finalizar una Vuelta Ciclista abortada por las protestas contra la masacre de Gaza y él también había sido muy claro: “Lo que me sorprende es que a veces le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio”. Y cuando en Onda Cero le preguntaron por esas declaraciones, dejó claro que no se refería sólo a la bici: “Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol y me lo anulen. Ojalá”.

“Faro y guía”

“Aparte de ser un jugador de diez, un profesional como la copa de un pino, Borja representa unos valores, es alguien que se moja”, explica Bele Dios. “Así como los jugadores y los clubes son el reflejo de la sociedad, del equipo que queremos, también tienen la llave para –cuando las cosas son injustas– abrir y defender esos valores”.

“Borja es un futbolista diferente porque se posiciona en cuestiones en las que habitualmente los jugadores evitan entrar”, añade el club. “Nos sentimos muy orgullosos de que un jugador de la casa, que además está ofreciendo un rendimiento extraordinario en el césped, esté tan comprometido con la sociedad que lo rodea, de la misma manera que lo está el Celta en valores básicos e innegociables como la igualdad y el respeto”.

Aunque su faceta pública pueda eclipsarlo, la felicidad de Borja en Vigo se está viendo refrendada por los números. Lleva siete goles esta temporada –octavo en la clasificación del pichichi– y 33 desde la temporada 2022/23, una cifra que sólo igualan otros dos delanteros españoles: su compañero Iago Aspas y el tinerfeño Ayoze Pérez.

Ante la pregunta de si el Panda es hoy el gran símbolo del Celta, el club impone la prudencia y –tal vez, también para quitarle presión–, evita personalizar en él: “nuestros valores se definen a través de miles de personas: aficionados, jugadores, empleados... Borja es uno de tantos que defienden y representan tan bien lo que supone ser del Celta”.

Buceta, sin embargo, no tiene dudas: “Ahora mismo es, con Iago (Aspas) el faro y la guía y, sobre todo, es un ejemplo para los canteranos”. Esos mismos canteranos que posaron con una camiseta suya en la previa del partido ante el Rayo. Pero no es profeta sólo en casa: “Cuando uno viaja con el Celta, la buena noticia es que hay muchísimos niños de otros equipos queriendo hacerse fotos con él, pidiéndole su camiseta, como pancartas como aquella famosa que pedía 'más Pandas en el fútbol'”. 

“Te quedas alucinado de cómo te hablan de él los compañeros y lo importante que es un vestuario el buen rollo que genera y la capacidad de influir en el resto para bien”. El periodista compara su “labor pedagógica” en la lucha contra el odio con la que el exentrenador celtista Juan Carlos Unzúe, afectado de ELA, realiza con las enfermedades.

“Ves un calentamiento y ves cómo está haciendo bromas, cómo todos hablan con él... y es muy importante, porque no es lo mismo que tengas a Borja que a un Stoitchkov a o un Vinicius”. Esa “ascendencia para bien” permite a jugadores que viven en una burbuja darse “un baño de realidad”.

“Éste no es el Eurocelta que acumulaba ferraris en A Madroa, a ver quién tenía el coche más grande. Borja viene de Santiago en su furgoneta, entrena y se vuelve a Santiago”. De hecho, la posibilidad de volver a su ciudad natal, a un paso de sus padres y sus amigos de siempre, fue otro de los motivos para regresar a Vigo, a una hora por autopista de la capital gallega. Allí, convive con su pareja, la influencer María Valero. Entre ambos, superan con creces el millón de seguidores en instagram y el millón y medio en TikTok.

Pese a que tendría todo para vivir en una torre de marfil, “es un tío normal que lo da todo en el campo y no se olvida de que fuera hay vida, personas que sufren y merecen un respeto”, concluye Buceta. “Esa postura está ayudando a abrir la visión del club, en dar un paso al frente en determinadas causas y en sensibilizar a la afición”. La prueba de que está siendo capaz de utilizar esa inmensa capacidad del fútbol para cambiar la sociedad. Lo hace enfrentándose al odio con manicura y una actitud, que el propio Celta destacaba en esas “increíbles” redes sociales: “Sonreír siempre”. Uñas y dientes.

Hasta el próximo 3 de febrero de 2026, queda abierto el plazo de inscripción para la VII edición de los Premios Desalambre, un galardón con el que elDiario.es quiere reconocer el trabajo comprometido del periodismo y de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

Los Premios Desalambre nacen con la vocación de poner en valor la excelencia y el compromiso profesional en uno de los ámbitos informativos más relevantes de nuestro tiempo. Desde hace décadas, el periodismo ha atendido las alertas de las organizaciones sociales sobre los grandes desafíos que afronta nuestra sociedad. En este contexto, estos galardones son el reconocimiento del esfuerzo por situar en el centro las cuestiones esenciales en materia de derechos humanos.

Al mismo tiempo, elDiario.es apuesta por reforzar el papel del tercer sector, visibilizando sus iniciativas y reconociendo el trabajo de organizaciones y personas que defienden causas de interés público y general.

Podrán presentarte a estos galardones aquellos trabajos publicados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. La documentación requerida se solicitará a través del formulario de inscripción que se puede encontrar en la web de la VII edición de los Premios Desalambre, donde también se anunciarán la selección de trabajos galardonados.

Desalambre es la publicación especializada en derechos humanos de elDiario.es, una sección donde se prioriza la cobertura sobre todas las dimensiones del fenómeno migratorio y es un punto de encuentro para los interesados en políticas de cooperación internacional.

Esta séptima edición de los Premios Desalambre otorga un total de cuatro premios, repartidos en las categorías de Periodismo y ONG/Activismo. Además, elDiario.es concederá un quinto premio en un reconocimiento especial a una trayectoria destacada en el ámbito de las ONG, un premio honorífico que pone en valor una labor continuada y de liderazgo de trabajo en el tercer sector.

Los Premios Desalambre entregarán un total de cinco galardones, uno por cada premio, que consiste en una pieza limitada y única especialmente diseñada para los premios Desalambre.

Por su parte, los trabajos galardonados en la categoría de Periodismo recibirán una dotación económica de 1.000€.

El listado de trabajos premiados se publicará tanto en la web como en la sección de derechos humanos de elDiario.es: Desalambre.

Las categorías en el ámbito del periodismo son:

Las categorías en el ámbito de las ONG son:

Además, elDiario.es concederá un reconocimiento especial a una trayectoria destacada en el ámbito de las ONG, un premio honorífico que pone en valor una labor continuada de trabajo en el tercer sector.

El plazo de inscripción finaliza el 3 de febrero de 2026 a las 23:59 horas (hora peninsular). La entrega de los Premios Desalambre tendrá lugar en una ceremonia celebrada en CaixaForum Madrid el día 12 de marzo de 2026.

Consulta las bases de los VII Premios Desalambre aquí. Para más información sobre la presentación de candidaturas consulta la web de los Premios Desalambre.

Este miércoles han pasado a declarar en los juzgados de Bilbao los tres activistas que fueron detenidos y un cuarto que también está siendo investigado a quienes se les acusa de desórdenes públicos y atentado a la autoridad tras la masiva protesta contra Israel, que acompañó el recorrido de la Vuelta Ciclista a España el pasado septiembre en su paso por Bizkaia y que llevó a la organización a adelantar el final de la etapa sin que los corredores llegaran al punto final previsto en la Gran Vía de Bilbao.

Desde Palestinarekin Elkartasuna han convocado una concentración de apoyo frente al Palacio de Justicia de Bilbao y han asegurado que los investigados se encontraban “nerviosos” y que ese día estaban “simplemente viendo la Vuelta” y en la protesta y, “de repente, llegaron ertzainas de paisano, les golpearon y detuvieron”. “Ante el juez tratarán de explicar que son personas que estaban allí como todo el mundo ejerciendo el derecho a protestar. Nuestra idea es que hoy salgan de aquí libres de cargos y que esto acabe aquí, pero creemos que lo más seguro es que vayan a juicio”, han explicado representantes de la organización a favor del pueblo palestino poco antes de iniciar la declaración de los investigados.

No se trata de los únicos activistas que se enfrentarán a procesos judiciales o sanciones en los próximos meses por las protestas llevadas a cabo a favor de Palestina y en contra de Israel en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Los cuatro activistas que que cruzaron la carretera para tratar de cortar el paso al pelotón de la Vuelta Ciclista España a la altura de Lumbier, en Navarra, declararon el pasado 18 de diciembre en los juzgados de Pamplona investigados por los delitos de lesiones, contra la seguridad vial, resistencia o desobediencia a la autoridad, y desórdenes públicos. Días antes, el 10 de diciembre, declararon en Donostia dos personas que se colgaron del puente de la Zurriola con el objetivo de impedir el paso y “simbolizar el corte de relaciones con Israel por el genocidio de Gaza” durante Festival de San Sebastián en el contexto de unas protestas protagonizadas el mundo del cine, que usó su altavoz para sacar a la calle a miles de personas en Donostia contra el genocidio de Palestina. En el contexto de esas protestas, dos personas se colgaron del puente de la Zurriola con el objetivo de impedir el paso y “simbolizar el corte de relaciones con Israel por el genocidio de Gaza”.

Con el fin de apoyar a los activistas desde Palestinarekin Elkartasuna han comenzado una campaña política y económica para “hacer frente a la represión” y recaudar dinero para pagar las sanciones. “Queremos anunciar que ya está en marcha una campaña de denuncia de la represión de la solidaridad con Palestina y en defensa de la desobediencia. Hacemos un llamamiento a participar en ella. El boicot no es delito, es un deber político y ético. Quieren que tengamos miedo y desde aquí decimos con total claridad: no lo van a conseguir”, han asegurado.

En ese sentido, han recordado que la World Surf League (WSL) suspendió en junio en Donostia el campeonato de surf Baque Country Junior Pro, después de la petición de que los surfistas israelíes no participasen, que el equipo de baloncesto israelí Elitzur Ramla no jugará en Gernika después de la negativa a ser recibida en casa por el Lointek Gernika o que los jugadores israelíes se retiraran del Torneo de Ajedrez de Sestao por las protestas contra su país. Además del plano deportivo, desde Palestinarekin Elkartasuna han celebrado que gracias a las protestas empresas como Sidenor y AMC Mecanocaucho han cancelado relaciones comerciales con Israel. “Queremos subrayar que toda forma de movilización y lucha en favor del pueblo palestino y de su resistencia es legítima y necesaria, incluida la acción directa y la desobediencia”, han apuntado.

“La represión desatada en los juzgados de Euskal Herria es un intento de frenar la movilización en favor de Palestina para poder seguir manteniendo la complicidad con el Estado sionista. Mientras organizaciones internacionales documentan un genocidio y una limpieza étnica de su población, aquí como en otros muchos lugares, se pretende castigar la solidaridad. Es inaceptable y vamos a denunciarlo todas las veces que haga falta. Hoy reafirmamos que el foco debe seguir allí, en la gente que sufre, en quienes resisten día tras día. Y decimos alto y claro: no vamos a permitir que la represión borre la solidaridad con Palestina”, han concluido.

Yasmin Eran Vardi e Itai Feitelson caminan bajo las Setas de Sevilla cuando hasta hace solo un par de meses estaban rodeados de ruinas y tierras yermas. Sus rostros, cansados, han sido testigos del horror que la guerra ha dejado tras de sí el asedio sufrido en Palestina durante los últimos dos años. Necesitaban escapar, tomar aire, vivir fuera de ese campo de concentración a cielo abierto en el que se ha convertido el país tras cuatro años en los que sus cuerpos han servido como escudos humanos.

“En 2021, nos unimos a los grupos de activistas de Masafer Yatta, que no solo iban a las manifestaciones o a las jornadas de trabajo, sino que se quedaban por periodos más largos y dormían allí, quedándose junto a los agricultores en las tierras desde donde les intentaban expulsar y saliendo con los pastores”, relatan en inglés, “todo esto es algo mucho más antiguo que nosotros”. Los jóvenes, de 25 y 30 años, decidieron tomar partido tras la pandemia de la covid-19 y utilizar su privilregio como ciudadanos israelíes ante los crímenes que ha perpetrado su Estado bajo las órdenes del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Masafer Yatta está en el extremo sur de Cisjordania, una zona en la que hay reunida más de diez comunidades palestinas que viven el hostigamiento diario de los colonos israelíes desde que la justicia del país invasor aprobara que las laderas en las que están asentados desde hace siglos se convirtiera en sus áreas de entrenamiento militar. La presencia de los defensores del régimen provoca disputas entre los habitantes del territorio y quienes intentan amedrentarlos, como reflejó un reportaje de elDiario.es en la aldea de Haribat al Nabi, aparte de un control de movimiento y una escasa asistencia sanitaria.

Respaldados por la ley israelí, los colonos sitúan sus construcciones en puntos próximos a las casas donde las familias protegen sus pocos enseres, escuchan los disparos contra sus animales y guardan silencio para evitar ser detenidos mientras vienen las excavadoras a destruir sus techos y paredes. Como refleja la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en la provincia, perpetran cientos de ataques, en concreto, se registraron 500 casos entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, al igual que se notificó la defunción de 44 palestinos.

Documentación y protección

Yasmin, enfermera de 25 años, e Itai, trabajador social de 30 años, son israelíes. Pueden blandir su pasaporte sin tener miedo, en principio, a ser arrestados. Así que, en sus incursiones por los pueblos que coexisten en el sur de Hebrón, acompañaban a la comunidad palestina ante el ataque de la policía, de las fuerzas armadas o de los propios colonos. “Intentamos usarlo para protegerlos, pero no siempre funciona... A veces, ayuda un poco”, cuentan.

“Antes del genocidio, lo usual era actuar en los campos, pero desde octubre 2023 casi todo ocurre en el interior de las aldeas, así que allí esperamos a que lleguen los problemas..., que siempre llegan”. El documental No Other Land, reconocido internacionalmente, refleja la tragedia cotidiana a la que la pareja de activistas intentaban poner freno con sus propias manos. En alguna de las secuencias se adivinan sus rostros, “documentamos mucho”, recuerda Yasmin, “guardamos las grabaciones hechas por nuestros móviles y las usamos con los abogados y las ONG para demostrar lo que ocurre, sobre todo los vídeos de los ataques que realizan los colonos o el Ejército”.

Envían una página de la red social Instagram en la que comparten alguna de sus acciones, junto a otros miembros del movimiento, bajo el usuario @kivsa_shchora. Las publicaciones muestran el incendio de varias tiendas de campaña de palestinos a principios de diciembre tras el lanzamiento de cócteles molotov y de piedras, así como la demolición de casas en la villa de Kraibat Al-Nabi bajo la mirada de cuerpos militares. “La gente lleva 20 años yendo allí para ayudar, porque desde que existe la ocupación hay desalojos, demoliciones, pérdidas de acceso a la tierra, todo ocurre desde antes de la guerra”, señalan.

A partir del 7 de octubre de 2023, todo pareció acelerarse, multiplicarse, hasta que se quedó sin control. La muerte de más de 65.000 personas en este período provocó que una comisión independiente de investigación, nombrada por Naciones Unidas, declarara estos actos como genocidio, ya que se constató que el objetivo del Gobierno israelí “era destruir a los palestinos de la Franja como grupo”, recogió el documento presentado por el organismo internacional. Los activistas echan la vista atrás, “en los últimos dos años, todo ha sido mucho más violento, por ejemplo, varios amigos han sido gravemente heridos por los colonos, y no hay una solución ante todo esto”.

La crítica al Gobierno israelí

Ambos se saben hijos de un tiempo en el que las redes sociales, la espectacularidad y las opiniones se volatilizan en apenas unos segundos. Críticos, hablan sin tapujos de la actualidad que les rodea, cuya onda se expande rápidamente transformándose en literatura, arte y dramaturgia que analiza los tiempos actuales. Dos ejemplos vívidos en España, tierra a la que se han exiliado, son la obra de teatro Gegant, de Mark Rosenblatt, y Los nuestros, de Lucía Carballal.

La primera fue estrenada en julio en mitad de las infructuosas negociaciones por la paz, teniendo como actor principal al catalán Josep María Pou en el papel de Roald Dahl, quien publicó en el verano del 83 un artículo antisemita que lo enfrentó a la opinión pública y a sus propias convicciones morales. En cambio, la obra protagonizada por Marina Fantini aborda las raíces de una familia sefardí durante el duelo de la matriarca. Dos textos que, a su manera, humanizan y abordan varias de las cuestiones más controvertidas vertidas sobre el pueblo judío, como la acusación de conniviencia por parte de algunos sectores ante la masacre que asola a la Franja de Gaza.

“No tenemos nada que ver con todo esto”, zanjan. “Hay un conflicto dentro de la sociedad israelí: la mitad está de acuerdo con las políticas de Netanyahu y la otra mitad no”, declara Itai en referencia a la gente de a pie que, como él, son interpelados por las acciones que toma el Estado. Más allá de la corrupción que planea sobre las élites, los activistas se refieren a la ofensiva histórica: “No hay un gran debate entre la coalición y la oposición sobre los crímenes de guerra en Gaza, es decir, sobre lo que ha estado haciendo Israel ahora y durante décadas: acerca de la ocupación en el 48 de los territorios ni sobre el derecho a los refugiados palestinos a regresar, o de Cisjordania, el ataque al Líbano o a Siria... Nadie se niega ahora a ir al ejército”.

En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya solicitó una orden de detención contra Netanyahu. Una decisión que había tomado la Fiscalía en mayo y que se tildó de “nuevo antisemitismo” tanto por parte del Ejecutivo, liderado por el partido Likud en coalición con los ultraderechistas Sionismo Religioso y Poder Judío, como de la oposición. “Antes de la guerra, hasta los que habían sido pilotos de combate decían que no combatirían por este gobierno corrupto, pero ahora la oposición está de acuerdo con las guerra que están haciendo”, acusan.

La paz y el boicot

El plan de paz para Gaza, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, fue ratificado el 13 de octubre de este año. Un acuerdo que somete a Palestina a la tutela tanto de la primera potencia mundial como de su principal protegido. “Muere menos gente, lo cual es bueno, pero es un acuerdo falso, similar a lo que pasó en el Líbano”, dicen en referencia al fin del armisticio que se produjo entre las potencias en 2024, “pero siguen impidiéndoles recibir ayuda, no tienen comida suficiente ni un refugio adecuado, siguen ocupando partes de la Franja de Gaza... La gente entendió que había un alto el fuego y quizás no era tan urgente boicotear a Israel”.

No habrá paz sin justicia. Así lo contemplan sus ojos que, por primera vez en la conversación, se encienden: “Es exactamente el momento de boicotear a Israel, porque no ha asumido ninguna responsabilidad por lo que ha hecho y, si todo pasa como si nada hubiera ocurrido, podrá hacerlo de nuevo. Cambia las reglas de la guerra para el mundo entero”. ¿Importará el bombardeo de zonas críticas, como hospitales y escuelas, la matanza de civiles, la hambruna o el asesinato de periodistas en un futuro? Las sanciones que aplicó la comunidad internacional a Rusia ante su ofensiva contra Ucrania no tuvieron réplica en Oriente. Ni siquiera en Eurovisión.

España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia se bajaron del carro en un intento por impedir la celebración del festival en el que se ha aprobado, in extremis, la participación de los israelíes. Un gesto nimio, pero, Yasmine e Itai insisten: “Necesitamos más boicot. Si es posible boicotear, por favor, boicoteen. Este es el mayor espectáculo de Israel, ese Estado que se autodenomina liberal y democrático”. Activismo digital, físico, protestas, recaudaciones, posicionamientos, piden cualquier gesto ante la magnitud de lo ocurrido para que se rindan cuentas.

La banda Oques Grasses, que recientemente han vendido 250.000 entradas para cuatro conciertos de despedida en 2026 en el Estadi Olímpic, la navarra afincada en Barcelona Amaia o el guipuzcoano Fermín Muguruza destacan entre los numerosos artistas que participarán el próximo día 29 de enero en el concierto organizado por la plataforma de entidades cívicas Act x Palestine para mantener la conciencia del genocidio cometido por el ejército Israelí en la franja de Gaza.

A ellos se les sumarán otras presencias eminentes como Lluis Llach, Guillem Gisbert o Yerai Cortés, así como las hermanas Farelo, Bad Gyal y Mushka, Ana Tijoux, La Zowi, Morad, Gemma Humet, el ex Obrint Pas Xavi Sarrià, los gazatíes Sol Band o los malienses Tinariwen, entre otros. Pero el centro de gravedad de la propuesta es, sobre todo, la presencia de voces palestinas como Zeyne o Lina Makoul, entre otros referentes con una enorme proyección internacional.

Además, participará el Coro Al-Balad (coro del pueblo) –creado especialmente para el partido entre la selección catalana y la palestina que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona– y el Coro Ovidi Cor Gran, en el que el cuarteto Ovidi 4 cantará acompañado de Anna Mira, Feliu Ventura, Ginestà, La Maria, Pinan 450f, Sandra Monfort, Sergi Carbonell y Svetlana.

Destacará además la presencia del actor, reciente Premio Nacional de Cinematografía 2025, así como la del entrenador de fútbol del Manchester City Pep Guardiola. También colaborará el grupo de teatro La Fura dels Baus. Las entradas podrán adquirirse desde mañana día 19 en la web del concierto y los precios oscilarán entre los 25 y los 45 euros.

Un cartel intergeneracional

Abel González, representante de Primavera Sound dentro de Act x Palestine y responsable de la contratación de los artistas, ha observado que “se trata de un cartel intergeneracional, donde gente de las más diversas edades podrá reconocerse en los músicos que actúan”. También ha destacado la buena predisposición de todos los artistas a colaborar. “No solo se ofrecieron muchos de ellos, sino que también trajeron a otros compañeros suyos que querían participar”, ha asegurado González.

Por su parte Mohamed Rabah, representante en Catalunya de la Palestinian Performing Arts Network (PPAN), ha recordado que “desde el falsco acuerdo de paz conseguido hace unos meses han sido asesinadas 380 personas en Gaza que se unen a las más de 70.000 víctimas de los ataques israelíes”. En este sentido, ha desvelado, “el concierto busca mantener la conciencia del genocidio a través de la plataforma, en la que participan más de 600 entidades, como la cooperativa Abacus o la promotora Primavera Sound”.

Finalmente Maravillas Rojo, presidenta de Abacus, que además de participar en la organización del concierto ha editado el libro Un grito por la infancia de Gaza / Un crit pels infants de Gaza, coordinado por la periodista Cristina Más Andreu junto a la también periodista Txell Feixas, ha destacado el poder de la cultura para despertar las conciencias ante situaciones como las de Palestina.

El historiador y periodista Rutger Bregman (Westerschouwen, Países Bajos, 1988) se ha convertido en los últimos años en un incordio para las élites. En 2019, su intervención en el Foro de Davos se volvió viral, al defender ante las élites más poderosas del mundo que los ricos “no pagan su parte” y defender la justicia fiscal. Hace una semana, una intervención crítica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le tiene en el punto de mira, fue censurada. En el eje de sus discursos están los impuestos y una renta básica universal, pero con su último libro, 'Ambición moral' (Editorial Península), este intelectual holandés pone el foco en lo que los individuos pueden hacer en su día a día.

Bregman ha creado una Escuela de Ambición Moral, donde ha invertido la mitad de sus ahorros y con la que pretende atraer el talento para ponerlo al servicio del bien común y atajar el “desperdicio de talento” que se produce en algunas de las industrias más poderosas del planeta, “que no convierten el mundo en un lugar mejor”.

¿A qué llama 'ambición moral'?

Como especie, nos enfrentamos a problemas enormes, como la amenaza gigantesca del clima; la próxima pandemia, que puede estar a la vuelta de la esquina; la pobreza global, que probablemente vaya a peor; o los miles de millones de animales que sufren en macrogranjas, una de las mayores atrocidades morales de nuestro tiempo. La lista es enorme, pero hay muy pocas personas trabajando para solucionar estos problemas. Es un gran desperdicio de talento, con millones de personas atascadas en trabajos que no convierten el mundo en un lugar mejor. El antídoto es la ambición moral, el deseo de utilizar tu tiempo y tu talento, pero también tu acceso a ciertas redes, tu capital cultural y financiero y todos tus privilegios, para marcar la diferencia.

El 17% de la población cree que su trabajo no contribuye en nada a la sociedad. ¿En qué trabajan estas personas y qué dice esto del sistema económico actual?

En realidad, es peor. El 8% está seguro de que su trabajo no tiene ningún tipo de impacto social. Si están en huelga, a nadie le importaría. Un 17% tiene dudas de que su trabajo aporte valor al mundo. Si lo sumas, un cuarto de la fuerza laboral cree que está malgastando su tiempo. Un amigo, que estudia en la Universidad de Oxford, habla del Triángulo de las Bermudas: lo que ve en Harvard, Princeton y Yale, las universidades más prestigiosas del mundo, es que la mayoría de los chavales terminan en consultoría, finanzas o derecho societario. Ganan mucho dinero, pero son carreras aburridas que no marcan la diferencia en la lucha contra los problemas reales.

¿Existe una relación entre salario e inmoralidad del trabajo?

Tengo un estudio que cruza los sueldos de ciertos profesionales con lo morales o inmorales que son esos sectores, según la población general. Cuanto más dinero ganas, más probable es que tu trabajo se considere inmoral. Un ejemplo fácil es el tabaco. Probablemente sea la industria más cruel que existe, responsable de millones de muertes al año, pero con salarios muy por encima de la media. Si lo piensas, es comprensible, porque trabajar en Philip Morris puede ser una de las cosas más patéticas que hacer con tu vida: te están pagando, básicamente, para que los jóvenes se enganchen. Para superar esa vergüenza, necesitas una compensación.

Teniendo en cuenta que la población necesita tener unas necesidades básicas resueltas, ¿hasta qué punto un individuo puede generar un cambio real en contra de un sistema económico y unas estructuras de poder muy potentes?

La primera observación es que hay muchos libros sobre mindfulness, que te enseñarán a ser más feliz, estar más relajado, productivo, etc., pero este no es necesariamente uno de ellos. Es un libro duro, que escribí inicialmente para mí mismo, cuando sentía que necesitaba una patada en el culo. La segunda es que hay mucha gente de izquierdas muy buena a la hora de señalar los problemas del sistema y las injusticias estructurales del capitalismo, del patriarcado, etc., pero existe el riesgo de que eso se convierta en una excusa para no hacer nada. A lo largo de mi carrera me han fascinado estos pequeños grupos de ciudadanos comprometidos, que han logrado algunos de los mayores cambios de la historia, desde los abolicionistas a las sufragistas. Todos empezaron con un grupo reducido de personas, así que siempre me ha parecido muy superficial y falto de esperanza creer que la gente no puede generar cambios o que es neoliberal pensar que los individuos no pueden marchar la diferencia. El comportamiento es contagioso, podemos inspirarnos los unos a los otros.

Estamos viendo el colapso total de las organizaciones progresistas, totalmente ineficaces a la hora de obtener resultados

¿La pureza ideológica de una parte de la izquierda ayuda a conseguir cambios reales o frena avances más factibles pero no tan estructurales?

Los últimos 10 años han sido catastróficos. Hemos visto el auge de movimientos muy importantes, como el Black Lives Matters, el MeToo, Fridays for Future o Occupy Wall Street, que han generado resultados… variados, siendo amable, porque alguno no ha supuesto ningún cambio legal. Eso contrasta con los movimientos por los derechos civiles de los años 60, liderados por gente como Rosa Parks o Martin Luther King, que cambiaron la vida de los americanos negros con grandes reformas legislativas. Hace unos años el mundo se volvió woke, pero lo que estamos viendo hoy, especialmente en Estados Unidos, es el colapso total de las organizaciones progresistas, totalmente ineficaces a la hora de obtener resultados.

Por ejemplo, la derecha ha sido muy estratégica en la lucha contra el aborto. Empezaron hace 30 años y han construido todo un ecosistema de oposición, impulsando miles de juicios que han creado la vía para acabar con la ley en todo el país. Mientras tanto, ¿qué está haciendo la izquierda? En lugar de estar en las barricadas, están luchando unos contra otros. A la gente que sufre opresión, desigualdad o pobreza le da igual que tengas razón o pureza moral, lo que quieren es que ganes, aunque esos signifique hacer cosas contraintuitivas o generar coaliciones con gente que no te cae bien.

En el libro dice que la protesta moderna consiste en “clics y likes esperando que otros hagan algo”. ¿Qué papel juegan las redes, donde vemos campañas muy bien estructuradas, generalmente de extrema derecha?

En el libro pongo el ejemplo de la marcha de Washington en los años 60. Fue muy difícil de organizar, porque la gente no tenía Twitter, Facebook ni Instagram. Había todo un aparato trabajando con listas, direcciones, número de teléfono y tratando de distribuir toda esa información. Eso garantizaba que lo que sucedía era más duradero y sostenible y esas redes no desaparecieron tras la protesta. La ironía de Twitter es que, cuando se lanzó, todo el mundo pensó que sería la edad dorada de los movimientos sociales y que la gente con poder temblaría ante las masas. Hemos visto que ha sido, más o menos, lo contrario. Ha habido un aumento de las protestas, pero cada vez más ineficaces.

"Un ecosistema dentro de la derecha cree que la democracia tiene que ser destruida"

Dice que el progreso moral no es lineal, ¿qué lectura hace del auge de gobiernos reaccionarios, de Trump y Milei o del auge de la extrema derecha en Europa?

Es mucho más preocupante de lo que la gente parece entender. Si cogiéramos un libro sobre una explosión autoritaria y la caída de la democracia, en los primeros capítulos leeríamos lo que está pasando en el mundo ahora mismo. He estado un año viviendo en Nueva York y uno de los motivos por los que he regresado a Holanda es que, como inmigrante, estaba preocupado por mi familia y por poder expresar mis opiniones con franqueza. Cuando aterricé en Ámsterdam, mi cara apareció en la portada del Daily Mail con un titular de que la Casa Blanca no estaba contenta conmigo porque había dicho que Trump era el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos.

La frase fue censurada una semana después por la BBC, para que te hagas una idea de la cobardía de estas instituciones. Las cosas que dábamos por hecho hace un tiempo, como la libertad de organizarte o de expresión, está claramente amenazada porque hay un ecosistema dentro de la derecha que cree que la democracia tiene que ser destruida. En el libro hablo de Peter Thiel, al frente de la construcción de esa alianza y que financió directamente las políticas de Bush. Han sido muy claros y están mucho mejor organizados, financiados e ideológicamente preparados.

La BBC reconoció esa autocensura. ¿Se ha vuelto a poner en contacto con usted?

Es tremendamente irónico, porque la propia BBC me pidió dar cuatro conferencias sobre los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad. La primera iba sobre la cobardía de las instituciones que se ponen de rodillas ante el autoritarismo... censuraron la clase de la censura, después de haber pasado un proceso editorial de meses. Claramente, se veían amenazados por la administración Trump y el Consejo Legal de Estados Unidos. Es un principio de la dictadura, nunca había vivido algo así. En la grabación de audio mi voz desaparece, escuchas el momento del corte y, dos o tres minutos después, se me escucha hablar sobre la cobardía de las élites occidentales. Me pareció una experiencia tremenda, pero van a emitir las otras tres conferencias. No culpo a los periodistas de la cadena, que han hecho un trabajo increíble. Es una decisión que, evidentemente, viene de arriba.

Algunos avances tecnológicos surgen de esa ambición moral. En un contexto de grandes revoluciones en torno a temas como la inteligencia artificial y la automatización, ¿qué políticas garantizan que esos avances no concentren aún más la riqueza?

Soy un socialdemócrata europeo chapado a la antigua, que cree en una economía mixta. Esto significa que hay que dar espacio a los emprendedores para innovar. A la vez, necesitas un sector público sólido y potente, porque las mayores innovaciones y el bienestar de la población se ve garantizado por la sanidad, la lucha contra la pobreza, etc. Lo que vemos hoy es que el equilibrio ha desaparecido por completo y la desigualdad se ha salido de control. Hay especulación por todas partes y los mercados están descontrolados, pero tenemos una cura. Lo dije hace seis años en Davos: impuestos, impuestos, impuestos. Es todo lo que necesitamos, muchos más impuestos para los ricos. Lo puedo repetir hasta que me muera y la mayoría de la gente está de acuerdo. El 80% de la población piensa que los ricos deberían pagar más. Para pasar de A a B hace falta talento, por eso estamos intentando reclutar a gente inteligente que trabaja para las grandes firmas. Somos los Robin Hood del talento. Estamos haciendo lobby y trabajamos, por ejemplo, con Gabriel Zucman, un economista francés que está liderando este encargo. Es ciencia para hacer cohetes, pero la solución es que los ricos paguen más impuestos.

Cuando se habla de justicia fiscal, muchas veces el argumento predominante es otro: que los impuestos no se gestionan bien o, en el caso de España, que es un infierno fiscal —algo que contradicen los datos—. ¿Cómo se combate ese discurso?

Empezamos la entrevista hablando sobre trabajos de mierda. Si escarbas en los datos, los empleados en el sector privado tienen tres veces más posibilidades de considerar que su trabajo es una mierda que en el público. Tenemos que trasladar el mensaje de que el sector público genera mucha más riqueza que el privado, según la gente que trabaja en él. Es lógico, porque el Gobierno financia buena parte de la sanidad y la educación, servicios increíblemente esenciales. A la vez, tenemos que exigir excelencia a nuestros gestores, para que la gente no quiera trabajar en McKinsey, sino en el Gobierno, la empresa más prestigiosa de todas. Para eso puedes hacer fellowships, para atraer a los jóvenes, y pagar más. Esto es más polémico entre la izquierda, pero si trabajas para una administración en un tema social súper importante, no entiendo por qué deberías ganar menos que alguien que vende Coca-Cola. Si pagas en cacahuetes, atraes a monos. Hay que generar una cultura de excelencia dentro del gobierno, para que a la gente más lista y talentosa le parezca atractivo.

Cuatro personas han sido detenidas este sábado tras arrojar comida a una vitrina que contiene la Corona Imperial del Estado en la Torre de Londres, en una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital británica.

La Policía Metropolitana (Met) informó hoy de que los “manifestantes” han sido arrestados por causar “daño criminal” a una “vitrina que contenía la Corona del Estado”, creada en 1937 para la coronación del rey Jorge VI.

“Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y agentes de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños criminales. Han sido puestas bajo custodia”, señaló el cuerpo en un comunicado.

La acción de protesta, ocurrida sobre las 10.00 horas GMT, ha sido reivindicada por el grupo 'Take Back Power' (recupera el poder), que se describe a sí mismo como un nuevo colectivo de resistencia civil no violenta.

En imágenes difundidas por el propio grupo, se ve a uno de los activistas sacando de una bolsa una bandeja de papel aluminio con una tarta o 'crumble' de manzan a que arroja contra la citada vitrina.

También muestran a otro manifestante que vierte repetidamente sobre el cristal de la urna algo de 'custard', una crema amarilla.

Después, los cuatro activistas se desabrocharon los abrigos para enseñar una camiseta con los mensajes “Take Back Power”, uno de ellos gritó “la democracia se ha derrumbado” y otro proclamó que “Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder”.

El grupo emitió un comunicado en el que identificó a una de las activistas como Zahra Ali, de 19 años y estudiante en Londres. Ali declaró: “Nuestro país se desmorona ante nuestros ojos. Tenemos personas sin hogar muriendo en las mismas calles por las que pasó el rey Carlos camino a la coronación, mientras que en este país hay más casas vacías que personas sin hogar. Es hora de que los ultrarricos paguen lo que les corresponde”.

Las autoridades cerraron la Torre de Londres mientras se investigaba este incidente, agregó la Policía Metropolitana, pero el monumento reabrió a primera hora de la tarde, según informa el diario The Guardian.

El grupo 'Take Back Power' explicó hoy que ha llevado a cabo esta protesta para exigir al Gobierno británico que establezca una asamblea ciudadana permanente en forma de “Cámara del Pueblo” con poderes para “gravar la riqueza extrema y arreglar” el Reino Unido.

La Corona Imperial del Estado, que contiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas y pesa más de un kilogramo, se usa aún para las coronaciones, entre ellas la última de Carlos III, y para las inauguraciones del Parlamento en cada legislatura.