“Y el día del hombre, ¿para cuándo?” es una frase sarcástica que algunos pronuncian cuando se acerca el 8 de marzo o, sencillamente, ante cualquier reivindicación feminista. Lo que quizá no saben es que ese día existe, pero seguramente no como imaginan: este 21 de octubre es el Día de los Hombres contra las Violencias Machistas, una efeméride que nació en España hace ya veinte años para reivindicar el papel de los varones en la eliminación del machismo y sus violencias.

“El 21 de octubre no nace de la necesidad de que exista un día del hombre, sino de la necesidad de pronunciarse y posicionarnos públicamente en contra de las violencias que mayoritariamente son ejercidas por nosotros. Es asumir una responsabilidad, como un not all men, pero bien: no todos queremos callarnos frente a las violencias que cometemos el común de los hombres. Queremos construir una idea de qué es una relación igualitaria”, explica Jesús Moreno, un joven de 30 años que participa estos días en la organización de esa efeméride en Sevilla, la ciudad que vio nacer la iniciativa y que estos días acogerá reuniones de distintos grupos y activistas.

Unas declaraciones del premio Nobel de Literatura José Saramago movieron a un grupo de hombres de Sevilla a convocar la primera manifestación masculina contra la violencia de género y a organizarse para instaurar la efeméride. “La violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres”, dijo Saramago.

“Ya antes habíamos hecho actos, había una red de grupos de hombres con grupos en muchas ciudades grandes, pero las palabras de Saramago nos inspiraron para convocar una manifestación”, cuenta Hilario Sáez, uno de los impulsores de la iniciativa, fundador del grupo de Sevilla, que se había formado en 1997 tras el asesinato machista de Ana Orantes y que ya entones impulsó un manifiesto que llamaba a los hombres a condenar públicamente la violencia de género al que se sumaron entidades de otros puntos del país. Unos años después de esa primera manifestación, en 2011, el Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad que se celebró en Barcelona proclamó el 21 de octubre como el Día de los Hombres contras las Violencias Machistas.

Una reivindicación, no una reacción

Poco que ver con la intención que parecen tener quienes pronuncian ese “¿y el día del hombre?”. Jesús Moreno, psicólogo en la Fundación Iniciativa Social (FIS), una organización que, desde el comienzo, participa activamente en la convocatoria del 21O, pone un ejemplo revelador. “Cuando estamos en los puntos violeta y viene un hombre y nos dice algo como '¿y los hombres para cuándo?' y le damos un folleto de nuestro servicio de atención a hombres nos dicen 'ah esto no'. Eso nos hace ver que no hay una propuesta real detrás de querer reivindicar un espacio propio, que es lo que las mujeres han hecho con el feminismo, sino una reacción al sentirse desplazados del centro”, cuenta.

El psicólogo recuerda que, de hecho, existe otra efeméride relacionada: el Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, y cuya filosofía oscila entre la idea del 'desplazamiento' de los hombres y los discursos sobre la promoción de los cuidados y la prevención de malestares y violencias cercanos a los de organizaciones como FIS, el Foro de Hombres por la Igualdad o la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), que se suman al 21 de octubre.

“Por socialización lo que esperamos es ser el centro de nuestras relaciones e invisibilizar las violencias que cometemos”, prosigue Moreno, que cuenta que uno de los objetivos del encuentro que han organizado para conmemorar este 21 de octubre es precisamente seguir reflexionando sobre cómo deben abordarse esas violencias, con qué enfoque y qué medios hacen falta, pero también cómo abordar esa gran cantidad de comportamientos que, sin ser calificados como violentos o rozando con el concepto de violencia, sirven a los hombres para mantener el control en las relaciones, para imponer sus condiciones y no situarse en verdadera igualdad con las mujeres con las que se relacionan.

Hilario Sáez subraya que la fecha está pensada para ser una condena pública de los hombres hacia las violencias machistas, pero que es también “un compromiso colectivo y personal con la igualdad, con revisar los modelos de masculinidad en los que hemos sido educados”. “Si somos parte del problema debemos ser parte de la solución. La violencia reproduce la desigualdad y la desigualdad es el contexto que sostiene y legitima las violencias. Tenemos que pensar en cómo se construye la masculinidad, cómo nos educan para gestionar los conflictos, cómo legitimamos la violencia... todo eso es lo que luego permite que exista la violencia extrema, pero también toda una violencia psicológica, cultural... ”, reflexiona Sáez.

Transformar la masculinidad

“Este día pone en un primer plano a los hombres, pero en sentido contrario a cómo lo hace la manosfera o los grupos por los derechos de los hombres, que buscan reivindicar la hombría en un sentido normativo, machista, de vuelta al status quo patriarcal. Quienes suelen pedir un día de los hombres lo hacen para reivindicar una masculinidad que ahora está herida, sin ningún otro propósito, porque se sienten desplazados por la exigencia de avances y derechos. El 21 de octubre día aparece, sin embargo, desde la reivindicación de transformar la masculinidad en un sentido igualitario, corresponsable y, de alguna manera, feminista”, comenta la socióloga Beatriz Ranea, autora de Desarmar la masculinidad.

Ranea cree que la efeméride debe impulsar algunas conversaciones urgentes alrededor de la masculinidad y señala una prioritaria: “Salir del discurso que demoniza a los hombres jóvenes, como si la reacción conservadora y antifeminista solo tuviera que ver con la juventud. Claro hay hombres jóvenes radicalizados, pero también hay una juventud que se moviliza desde otros puntos de vista, como está sucediendo ahora con la vivienda”.

La experta ve también imprescindible abordar los pactos de silencio, las complicidades y los miedos masculinos a desafiar a otros hombres y a “poner el cuerpo por la igualdad: ”Lo vemos en casos mediáticos, como en el de la universidad de Cornell o el de Gisèle Pelicot, pero también en la vida cotidiana. No se trata de hacer un discurso de culpabilización, pero sí de hacerse responsables del papel que tienen en la reproducción de la violencia y la desigualdad. Hay que hablar también de cuidados, cada vez hay más hombres involucrados, pero la carga sigue siendo muy desigual“.

Hilario Sáez concluye: “Convocamos a los hombres por la no violencia, queremos decirles, ¿cómo te posicionas?, ¿qué hay que hacer para que no exista? Si no cambia la socialización masculina la violencia machista va a estar ahí, y no solo violencia contra las mujeres, sino también contra menores, contra la población LGTBI y contra nosotros mismos”.

La asociación cultural La Croqueta presentará en Cáceres su fanzine No a la guerra en un acto que busca unir creación cultural y apoyo social. La cita será el viernes 16 de octubre, a las 19.30 horas, en el patio del Ateneo de Cáceres, donde la asociación dará a conocer esta publicación nacida en un contexto de inquietud política y de voluntad explícita de posicionarse frente a los conflictos armados.

El fanzine, concebido como una pieza artesanal y colectiva, se inscribe en la tradición de los proyectos culturales independientes que han acompañado históricamente los movimientos pacifistas. La Croqueta recupera ese espíritu para situarlo en el presente y hacerlo dialogar con la realidad local. Durante la presentación habrá una intervención musical de Ana Barriga, que acompañará la lectura y la conversación en torno al contenido del fanzine y a las motivaciones que han impulsado su creación.

Cada ejemplar podrá adquirirse por un precio simbólico de dos euros. La recaudación se destinará íntegramente a la ONG Sonrisas en Acción, de modo que la iniciativa se convierte también en un gesto de apoyo a proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. La asociación invita a la ciudadanía a acercarse al Ateneo, conocer el trabajo y colaborar con la causa a través de la compra del fanzine.

Colaboran en la actividad el Ayuntamiento de Cáceres, Cáceres 2031, el Ateneo, el Colegio de Arquitectos, Diputación de Cáceres y Sonrisas en Acción.

L'activista Madò Farta, coneguda per la seva participació en el moviment contra la turistificació de Mallorca, abillada amb una careta de calavera i l'atuell tradicional de pagesa, ha denunciat amenaces rebudes tant al carrer com a través de les xarxes socials. L'activista, que manté la seva identitat en l'anonimat, ha fet pública aquesta situació a través d'un vídeo publicat al seu compte d'Instagram.

Farta explica que fa “temps” que rep aquest tipus d'amenaces i assegura que algunes ja han estat denunciades, tot i que no precisa davant quin cos policial ni aporta informació sobre la investigació dels fets. Juntament amb el vídeo, publica diverses captures de pantalla d'una conversa mantinguda amb un altre usuari d'Instagram, la identitat del qual tampoc no es coneix.

En un dels missatges, l'interlocutor assegura que hi hauria “una recompensa de 10.000 euros” per localitzar l'activista i li adverteix que podria ser agredida pel carrer. Farta respon que les agressions ja s'han produït, tot i que en la publicació no concreta quan, on ni en quines circumstàncies haurien tingut lloc. El contingut de la conversa no permet, per si sol, verificar l'existència d'aquesta suposada recompensa.

La denúncia de l'activista es produeix en un context de creixent conflictivitat entorn del model turístic de Mallorca. 'Madò Farta' s'ha convertit en una de les figures més visibles, tot i mantenir-se en l'anonimat, de les mobilitzacions que qüestionen la pressió turística, l'accés a l'habitatge i la transformació de l'espai públic de l'Illa. En les darreres setmanes ha impulsat accions com la 'cadena a la fresca', una protesta que cercava escenificar la reivindicació de recuperar espais per als residents davant la pressió de l'activitat turística.

En una entrevista amb elDiario.es, Farta explica que el seu anonimat forma part de la seva manera de participar en el moviment i que la calavera que acompanya les seves aparicions pretén representar una protesta col·lectiva més que una identitat individual. Les seves accions s'han desenvolupat en paral·lel a un cicle de mobilitzacions contra la massificació turística i l'encariment de l'habitatge que ha portat milers de persones als carrers de Mallorca durant els darrers mesos.

La activista Madò Farta, conocida por su participación en el movimiento contra la turistificación de Mallorca ataviada con una careta de calavera y el atuendo tradicional de payesa, ha denunciado amenazas recibidas tanto en la calle como a través de las redes sociales. La activista, que mantiene su identidad en el anonimato, ha hecho pública esta situación a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Farta explica que lleva “tiempo” recibiendo este tipo de amenazas y asegura que algunas de ellas ya han sido denunciadas, aunque no precisa ante qué cuerpo policial ni aporta información sobre la investigación de los hechos. Junto al vídeo, publica varias capturas de pantalla de una conversación mantenida con otro usuario de Instagram cuya identidad tampoco se conoce.

En uno de los mensajes, el interlocutor asegura que habría “una recompensa de 10.000 euros” para localizar a la activista y le advierte de que podría ser agredida en la calle. Farta responde que las agresiones ya se han producido, aunque en la publicación no concreta cuándo, dónde ni en qué circunstancias habrían ocurrido. El contenido de la conversación no permite por sí solo verificar la existencia de esa supuesta recompensa.

La denuncia de la activista se produce en un contexto de creciente conflictividad en torno al modelo turístico de Mallorca. 'Madó Farta' se ha convertido en una de figuras más visibles, aunque siempre desde el anonimato, de las movilizaciones que cuestionan la presión turística, el acceso a la vivienda y la transformación del espacio público de la Isla. En las últimas semanas ha impulsado acciones como la 'cadena a la fresca', una protesta que buscaba escenificar la reivindicación de recuperar espacios para los residentes frente a la presión de la actividad turística.

En una entrevista con elDiario.es que su anonimato forma parte de su propia manera de participar en el movimiento y que la calavera que acompaña a sus apariciones pretende representar una protesta colectiva más que una identidad individual. Sus acciones se han desarrollado en paralelo a un ciclo de movilizaciones contra la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda que ha llevado a miles de personas a las calles de Mallorca durante los últimos meses.

El clamor social por la vivienda prendió la mecha con el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años que fue desahuciada de su piso, y ha llegado hasta Sevilla. El llamamiento de este lunes encontró respuesta en las Setas de la Encarnación con más de mil personas en una jornada marcada por el aniversario de la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía que llevó a la plataforma Marea Violeta Andalucía a salir a las calles. Dos caras de una misma moneda: el hastío convertido en movilización para demandar cambios al Gobierno central y autonómico en plena crisis de vivienda y clamar frente al retroceso en materia de igualdad del Gobierno de Juanma Moreno.

La rapidez en la organización de las protestas para apoyar una y otra causa hizo que chocaran las convocatorias en el calendario y en las horas, ambas a las ocho de la tarde, pero no fue impedimento para que reclamaran unos derechos que van de la mano. “Fin del fraude, del alquiler vacacional y del alquiler de habitaciones. Basta de precariedad. No puede ser que nuestros salarios no suban a la misma velocidad”, leían en el manifiesto el Sindicato de Inquilinas de Sevilla, que, junto a la fuerza atronadora de miles de personas, sacó la rabia gritando “rentistas culpables, Gobierno responsable”, y “¡Sevilla será la tumba del rentismo!”.

Muchas de las manifestantes luego marcaron el rumbo hacia las Setas para apoyar las protestas convocadas por la Confederación del Sindicato de Inquilinas con la proclama ¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda, tanto en Sevilla como en la plaza del Palillero de Cádiz y frente al Ayuntamiento de Málaga, ciudad en la que se han concedido hasta cien apartamentos turísticos que quedaban pendientes de entregar justo antes que entrara en vigor la moratoria de tres años que aprobó el mismo Consistorio. Un hecho que ha sido recordado por la multitud que llenó las escaleras y la plaza con pancartas, palmas y clamando: “Hoy Maricarmen, mañana eres tú”.

Sevilla, que vive la presión turística y el fenómeno de la gentrificación en sus propios barrios, se congregó alrededor de uno de los monumentos más visitados al año, donde la marca de la ciudad se promociona en unas letras vistosas, de dos metros de altura, que al final de las escalinatas ofrecen una feliz estampa para los visitantes. En las alturas, los visitantes disfrutan del espectáculo lumínico de las Setas mientras las banderas de los sindicatos ondeaban a pie de calle. “Estamos cansadas del rentismo y que nuestro trabajo sirva para enriquecer a nuestro caseros”, animando desde el manifiesto a que “la lucha es el único camino”. “No nos rendiremos, nos tendrán al frente, unidas, fuertes”.

La celebración de la gala de la revista Escaparate hace dos semanas removió la conciencia ciudadana, que ha organizado dos sentadas espontáneas en la plaza Virgen de los Reyes como acto de protesta y en contra de la privatización del espacio público. Un hecho que movilizó a los vecinos, al igual que las imágenes del desahucio de Maricarmen, que ha tenido una repercusión siningual y ha logrado que el Gobierno de coalición se siente in extremis a negociar un decreto de vivienda que quiere dar respuestas al malestar social.

Uno de los casos más paradigmáticos del tejido sevillano es el de los vecinos de Palmete. El Ayuntamiento hispalense atendió al grito de auxilio de 11 familias tras varias amenazas de desahucio y llegó a un acuerdo con el Banco Santander en febrero de este año, a través de la empresa municipal Emvisesa, para adquirir el edificio situado en la calle Verdad y, así, evitar el desalojo de estas viviendas de protección oficial. “¡El banco se va, las familias se quedan!”, clamaba la plataforma Barrios Hartos. Y así, tantos ejemplos para los que la asfixia del mercado inmobiliario es el sino de cada día, para lo que una de las respuestas del gobierno local de José Luis Sanz es “repoblar el centro”.

La protesta también se dirigió al regidor, al igual que al presidente andaluz Juanma Moreno y al presidente Pedro Sánchez: “¡Bonilla, culpable, Gobierno responsable!”. Una estampa que habla del ánimo de Sevilla, que gritaba “¡viva la lucha de la clase obrera!”, en un momento en el que el objetivo del Gobierno andaluz es construir 20.000 viviendas asequibles en cinco años a causa de un parque público mínimo, aunque los límites de ingresos de los demantes de VPO han aumentado, creando un mercado de lujo para viviendas enfocadas a la población con menos recursos.

11 víctimas de violencia machista en Andalucía

Algunas de los participantes habían estado minutos antes en la plaza de la Contratación en la convocatoria realizada este lunes por Marea Violeta Andalucía bajo el lema Contra el negacionismo, derechos y políticas públicas feministas. Así, el movimiento feminista exigió rectificaciones al PP tras dejar en manos de Vox la unidad de valoración de violencia de género, al tratarse de un organismo adscrito a la Consejería de Justicia que ahora detenta Manuel Gavira, y en un día marcado por el asesinato de dos mujeres en la provincia.

Día aciago para Andalucía, la comunidad con más asesinatos machistas registrados, que hoy ha confirmado la víctima número 11 por violencia de género el asesinato de la localidad sevillana de La Campana. Además, cabe recordar que el día 21 murió una mujer en el hospital tras ser estrangulada por su pareja, el día 25 un joven de 20 años asesinó a una mujer que ejercía la prostitución e intentó acabar con la vida de una segunda, y el recién declarado del día 27 cuando un hombre mató a su pareja en plena calle mientras hablaba con una vecina. Tres asesinatos en una semana. “Ni una menos, vivas nos queremos”, gritaron.

En el manifiesto, Marea Violeta Andalucía reclama “la puesta en marcha de políticas pública de igualdad que cuenten con recursos humanos y económicos suficientes”. Como ocurre para ejercer el derecho al aborto en Jaén. Un continuo obstáculo para las mujeres que quieren proceder a la interrupción voluntaria del embarazo y que no encuentran respuesta en la sanidad pública, donde solo se practica por prescripción médica, ni en la privada, en donde se rechaza. Motivo por el que, según las últimas estadísticas, más de 700 se han visto obligadas a desplazarse a otros centros.

Con motivo del Día Internacional del Aborto, el Ministerio de Sanidad anunció que el objetivo es incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria, sin embargo, de aquí a que la reforma se produzca, quedan desamparadas cientos de mujeres que buscan una respuesta urgente. Aún así, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, aseguró esta mañana en Huelva que “se cumple la ley” y que “otra cosa son las circunstancias de que no se haya presentado ningún centro”, pero aseguró que “se ofrece una alternativa” a las afectadas.

Al respecto, Blanca, de 22 años, respondía que le parecía “inconcebible” que aún exista esta barrera. “Estamos en 2026 y este derecho debería estar reconocido en todos los rincones y, estamos en septiembre, ¿cómo tenemos ya estas cifras de asesinadas? ¿Cómo puede pasar esto por el simple hecho de ser mujeres?”. Otra cuestión sobre la que quiso hacer hincapié es en la “violencia” y “agresividad” de los jóvenes influenciados por la llamada manofesra, donde la misoginia campa a sus anchas. “Las redes sociales, el algoritmo, desde que detecta cual es tu edad hace un sesgo instantáneo”, también criticó.

A su lado, Yolanda Carrasco, activista, señaló varias de las políticas del Gobierno del PP como la eliminación de la perspectiva de género en los presupuestos autonómicos, hecho en 2024, o el polémico nombramiento de Enmanuel Moreno Molina al frente del Instituto Andaluz de la Mujer. “Las mujeres tenemos pocos espacios de poder y dar esto fue un sinsentido”, criticó, “y muestra la falta de comprensión y compromiso por parte del actual Gobierno de Andalucía”.

“Quien dice ser moderado ha puesto en manos de quien niega la principal lacra social que vivimos las mujeres un órgano sensible”, como es la unidad de valoración de víctimas de violencia de género. “Se habla de familia y de cuidados, pero no se habla de autonomía y desarrollo de la mujer, y vienen eliminando lo que llaman 'gastos superfluos', que son gastos de justicia social”, poniendo en evidencia que las protestas continuarán en vista de los recortes en políticas públicas de igualdad.

La plataforma Marea Violeta Andalucía hace un llamamiento colectivo a la movilización para este lunes 28, fecha en la que se cumple un año del estallido de la crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama en la comunidad, en siete capitales de provincia. Bajo el lema “Contra el negacionismo, derechos y políticas públicas feministas”, se manifestarán en protesta por lo que consideran “el hundimiento” de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género por parte de la Junta de Andalucía.

En un comunicado, Marea Violeta Sevilla reclama al Gobierno andaluz “políticas públicas con recursos suficientes y una respuesta institucional basada en los derechos de las mujeres”. Además, ponen el foco en que a lo largo de este año ya han sido asesinadas 10 mujeres asesinadas en Andalucía, mientras que en el conjunto del país las víctimas por violencia de género ascienden a 38. A ello, habría que añadir que en la jornada de este domingo se investiga como crimen machista el asesinato de una mujer en la localidad sevillana de La Campana a manos de su pareja.

“Marea Violeta expresa su preocupación por la orientación de determinadas políticas públicas y, especialmente, por la cesión de competencias vinculadas a la respuesta judicial y a la valoración especializada de víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas”, subrayan en referencia a las competencias judiciales transferidas a Vox. Manuel Gavira, vicepresidente segundo y líder andaluz de la ultraderecha, está a cargo de la Consejería de Justicia, una cuestión para la que también el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo expresó su preocupación y pidió explicaciones al presidente Juanma Moreno.

La plataforma considera que “debilitar los servicios de atención y protección supone un retroceso en la garantía de los derechos de las mujeres”, por lo que reclama al Gobierno andaluz “una rectificación respecto a las competencias cedidas a Vox en esta materia y la puesta en marcha de políticas públicas de igualdad que cuenten con recursos humanos y económicos suficientes”. A su vez, critican la postura de la Universidad de Sevilla, que vetó en sus instalaciones un acto para presentar la plataforma Feministas frente al Fascismo el pasado miércoles. “Contra el negacionismo, exigimos políticas públicas que garanticen la vida y la libertad de las mujeres”.

Marchas en las capitales

En concreto, las marchas se iniciarán en cada provincia, a excepción de Cádiz, a esta hora y en este lugar: Almería, a las 19.30 horas frente a la Delegación del Gobierno, en el Paseo de Almería; mientras que en Córdoba será a las 19.00 horas en la plaza de la Corredera; a la misma hora, en Granada se manifestarán frente a la Delegación del Gobierno en Gran Vía; y en Jaén se hará delante del edificio de la Junta de Andalucía, en el Paseo de la Estación.

En cuanto a Málaga, la concentración será en la Alameda frente a la Delegación del Gobierno a las 19.30 horas. Con respecto a Sevilla, las asociaciones feministas se congregarán un poco más tarde, a las 20.00 horas, en la plaza de la Contratación. Por su parte, en Huelva el formato cambiará a una asamblea abierta a las 18.00 en el Aula Gertrude Vanderbilt Whittrey de la Universidad de Huelva.

“Este es un acto político”. Unas palabras contundentes frente al veto de la Universidad de Sevilla (US), que rechazó prestar sus instalaciones para que se celebrara el acto de presentación de la plataforma Feministas frente al Fascismo este jueves por su “connotación política”. Lejos de amilanarse, prendió la mecha del espíritu de las organizadoras, que encontraron en CCOO una rápida respuesta. El espacio, estrenado en Sevilla con más de 200 mujeres, traza sus líneas de actuación frente al auge del negacionismo machista y el fascismo, poniendo especial foco en el tratamiento de la igualdad en Andalucía desde los espacios sanitarios, jurídicos y en la política.

Teresa Alba, presidenta de la Asociación Páginas Violeta y ponente inaugural de la jornada en sustitución de Mercedes Arriaga, directora de la Unidad para la Igualdad de la US, tras la cancelación del evento en la institución académica, sonrió ante sus compañeras que, rápidamente, llenaron el salón de la sede del sindicato y se colocaron en los bancos que se trajeron a la sala o se sentaron en el suelo espontáneamente para escuchar durante la tarde a las expertas en género y diversos ámbitos para tratar el estado de la democracia y en el ámbito de los derechos humanos. Entre aplausos y con nuevos ánimos, Alba tomó las reflexiones de Hannah Arendt para recordar que “el poder no es individual, sino poder de grupo, por eso tenemos que empoderarnos colectivamente”.

La plataforma dio sus primeros pasos en febrero de este año en una cita a la que acudieron 70 personas de distintas índoles, desde los campos sociales, políticos, económicos y sindicales. Un encuentro en el que, sostuvo Alba, se manifestó la inquietud común: “Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de la mujer se pongan en cuestión”, citando a la filósofa feminista Simone de Beauvoir.

Los tres estandartes del colectivo son la diversidad, la pluralidad y la intergeneracionalidad, como un movimiento en el que la polaridad “está excluida” para evitar “que la violencia siga tiñendo la sociedad”. “Estamos juntas y muy revueltas”, advirtió frente a las amenazas de los grupos ultra, como Vox, que tachan el articulamiento feminista de “chiringuitos”, aunque, como añadió, “la autogestión” es el pan de cada día para aquellas pequeñas asociaciones que intentan ampliar y mejorar sus acciones en el entorno: “Necesitamos el compromiso del activismo feminista para construir una muralla para detener al fascismo, la amenaza más grande a la que se enfrenta nuestra democracia”.

Recortes en materia de igualdad y banalización del lenguaje

Poniendo el foco en la región, la ponencia marco de la periodista y escritora Mercedes de Pablos Candón y la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Vanessa Casado Caballero, situó la controversia política constante en el marco de Andalucía como laboratorio político: la normalización de la extrema derecha. Pero, antes de comenzar, De Pablos tuvo unas palabras para la vecina madrileña de 87 años desahuciada hoy: “Mi nombre hoy es Maricarmen. Las mujeres siempre vamos a estar al lado de quien nos necesita, y recordemos con nombre propio a aquellos que no votan en el Congreso de los Diputados por las medidas para intervenir el mercado sin que se rompa el eje de la Tierra”.

¿Qué ocurre en Andalucía? Al fin y al cabo, no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la esfera internacional y nacional, donde los grupos ultraconservadores o la manosfera se hacen hueco en el discurso mediático y en la deriva democrática hacia estas opciones que, entre otras cuestiones, niegan la violencia machista o asumen el binarismo sexual y de género como la única via posible. “Desde posiciones aparetenemente no reaccionarias consentimos prácticas fascistas que rompen la costra de nuestra convivencia, y hemos dejado que se devalúe la palabra política o ideología”, declaró la periodista, “cuando habíamos conseguido incluir la igualdad dentro de la cartera de los derechos humanos, esta se rompió, y ahora se firman documentos donde a los niños y niñas se les llama menas, se les pone una estrella amarilla en la solapa, sin que esto sea rechazado por el resto de la sociedad”.

A lo que hacía alusión era al acuerdo de gobierno firmado entre Vox y el PP en Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas donde el pacto se ha dado aunque sea con estos principios xenófobos en los que se enmarca la prioridad nacional. “Acusar a quienes ponían los derechos por delante como buenistas fue el primer paso para perder la realidad nombrada, la palabra”, añadió, para lo que situó al feminismo como “el movimiento más radical de emancipación” y la “solución para salvar a la democracia”.

Entrando en materia, la representante de CCOO señaló varias prácticas cuestionables dentro de la administración pública, concretamente, en el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de que la Oficina antiaborto cumple su segunda legislatura tras la cesión del PP a las peticiones de Vox o que haya una reducción de centros dedicados al diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual (ETS) mientras que se rechaza la reincorporación de los manuales de educación afectivosexual en los centros educativos de la capital hispalense.

Todo ello, afirmó, en un momento en el que se mantiene la financiación de grupos antiabortistas, como Red Madre, y “se lleva a la irrelevancia al Consejo Municipal de la Mujer y, también, al de LGTBI”. “Sevilla es un buen ejemplo del laboratorio político que, en lo micro, va en consonancia con la estrategia macro del fascismo”, aseveró. En este punto, su compañera de mesa reafirmó que, cuando se recorta en el apoyo al asociacionismo local, “se está dando un paso para aislar a las posibles víctimas de violencia de género, ya que el asociacionismo saca a estas mujeres de las casas y evita que el maltratador las aísle de su entorno”.

El derecho al aborto en Jaén y el sistema jurídico

Una de las grandes preocupaciones desde lo sanitario es la falta de cobertura para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Jaén. La filósofa y portavoz de Mareas Blancas Sevilla, Rocío Martín, hizo hincapié en que el deterioro del sistema público se evidencia cuando lo recogido en la ley no implica que su cumplimiento se vaya a ejercer. “Las mujeres en Jaén están desesperadas: tienen que desplazarse sí o sí, y los únicos tres casos que se han practicado en el hospital universitario fueron aquellos en los que la vida de la mujer corría peligro y, por tanto, era un problema médico, pero, en ningún caso, fue por una decisión libre tomada en las primeras 14 semanas de embarazo”.

Esta controversia, para la que el Defensor del Pueblo Andaluz también ha pedido explicaciones, deriva en un empobrecimiento tanto de las afectadas como de su red, además de la “vergüenza” a la que se ven sometidas. “Si existe una ley que reconoce y garantiza este derecho, ¿por qué las mujeres de Jaén no pueden ejercerla en las mismas condiciones de igualdad que el resto de mujeres?”, zanjó, en un momento en el que, también, la sanidad ha golpeado fuertemente a las mujeres, como ocurrió ahora hace casi un año con la crisis de cribado de cáncer de mama.

Además, para esta legislatura hay un cambio sumamente significativo: Justicia queda en manos de Vox y, tras la polémica suscitada por su nombramiento, las unidades de valoración de género serán examinadas por el líder andaluz del partido Manuel Gavira, consejero del ramo y vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía. Mientras el Ministerio de Igualdad pedía explicaciones al presidente andaluz Juanma Moreno por esta decisión que deja a la ultraderecha un organismo indispensable para la evaluación de las víctimas de violencia machista, desde el encuentro de Feministas frente al Fascismo, Amparo Díaz, abogada experta en la materia, ponía el dedo en la llaga.

“Hemos pasado en diez años de un sistema que se esforzaba en llevar a cabo una justicia igualitaria a una situación actual en la que, si se esfuerza alguien, le hacemos la ola”, manifestó. Desde los turnos de oficio, “infrafinanciados y con un personal sobresaturado”, aludió al mal presente en los tribunales andaluces: “Tenemos a médicos forenses negacionistas en las unidades de valoración, al igual que a jueces o juezas que niegan la violencia de género o a abogados que son maltratadores”, señaló.

“La falta de dotación, capacidad, interés, y el uso reiterado de procedimientos judiciales para maltratar a las víctimas” son los fallos más acuciantes a resolver, ya que, como indicó, “los maltratadores ya lo saben y, en este maltrato institucional, no podemos exigir a las víctimas que denuncien, sino que tenemos que organizarnos desde fuera”.

Llamando a la acción colectiva, Díaz invitó a las participantes a hacer uso de diversas herramientas, como la Ley de Transparencia, para fiscalizar y examinar la actuación de los poderes públicos y, sobre todo, a no darse por vencidas. Como ocurre con María Jesús Correa, abogada feminista y expresidenta de la Asociación Derecho y Democracia, cuyo trabajo conjunto con otras 17 letradas ha llevado a que el Tribunal Supremo admita el recurso que interpuso para que se dirima si el uso del nombre Colegio de Abogados de Sevilla, en vez de Abogacía, es o no discriminatorio. Un hito para este grupo, que lleva ya una década pleiteando este caso. Marcadas por “el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”, Feministas frente al Fascismo abanderó la esperanza como un acto de resistencia desde Sevilla.

Controversia por el veto de la US

La crítica hacia la gestión de la Universidad de Sevilla marcó el curso de la jornada. Todas y cada una de las ponentes de Feministas frente al Fascismo señalaron la decisión del equipo de gobierno y a su rectora Carmen Vargas. “La rectora representa a la US, pero ni es suya, ni de los profesores, solo y únicamente, sino de toda la comunidad. Por lo tanto, como dijo Unamuno, ni convence, ni espero que convenza nunca”, lanzó Mercedes de Pablos.

A raíz de lo ocurrido, Casado, como secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, explicó en declaraciones a este medio que la acogida por parte del sindicato se dio con tanta celeridad como respuesta para “siempre y cueste lo que cueste, promover aquellas iniciativas que quieran proteger la democracia”. “Este es un acto esencial en el que se habla de la erosión de los sistemas democráticos y de cómo enfrentarse a ellos desde el feminismo, y nos ha sorprendido la actitud de la Universidad de Sevilla, es grave y muy preocupante, pero creemos que es sintomática de los tiempos a los que nos enfrentamos”, enfatizó.

Al respecto, no ha habido explicaciones por este cambio de parecer en el último momento y aclara que, aún siendo un acto político, no se trata de un “acto partidista”. “Entendemos que un acto dedicado a hacer apología del terrorismo o a promover el machismo o una propuesta xenófoba no encaja dentro del marco institucional, pero son legítimos el feminismo y la posición contra el fascismo”, remarcó. “No quisiéramos llegar a pensar que la equidistancia sea la manera en que la US tenga que, quizá, protegerse de los problemas graves que tiene ahora”, en referencia a la infradotación presupuestaria que afronta el sistema público universitario, en el que la US ha hecho sus reclamaciones y cuyo interlocutor es ahora PP y Vox.

“Entre la universidad pública y la privada no solamente hay una diferencia en que tu hija se lo pueda pagar, sino una diferencia del concepto del espacio”, planteó Casado, “la universidad pública sirve para defender los derechos, la conciencia crítica y las posiciones democráticas, es algo a lo que no puede renunciar”.

Fiorella Sánchez, activista argentina, comenzó su transición en su país de origen hace dos décadas, pero llegó a Guadalajara en 2021. Tras un “tedioso” proceso ha podido cambiar su nombre original y su sexo en su documento de identidad, siendo la primera persona trans y migrante en hacerlo en Castilla-La Mancha.

Durante una conversación telefónica reconoce, en una entrevista, que aunque ha tenido “mucha suerte” gracias al entorno que ha ido construyendo desde que vive en la capital alcarreña, ha tenido que hacer frente al rechazo y a muchas trabas para poder, simplemente, ser quien es en realidad.

Su nueva vida comenzó en Argentina, donde con apenas veinte años, cuando estudiaba Periodismo, inició su proceso de transición. “Fue muy duro, al igual que otras mujeres y personas trans, lo he tenido muy complicado porque lo he perdido todo. Tenía una carrera y un futuro prometedor, pero nadie le iba a dar trabajo de periodista a una mujer trans. Era una vergüenza”.

Fiorella fue resiliente. “Perdí a mis amigos del colegio, de la universidad... Me quedé prácticamente sola porque era como la leprosa a la que nadie se quiere acercar. Tuve que reconstruirme y buscar un nuevo empleo”. Optó por trabajar como autónoma y abrir una tienda de ropa. “Tuve que reinventarme porque la sociedad no está preparada para ver un cambio tan radical, se te cierran todas las puertas por el simple hecho de tener una opción distinta”, relata Sánchez recordando su vida en Argentina.

Para ella su madre fue un pilar fundamental para poder salir adelante: “Cuando ella supo que yo tenía una opción distinta, me apoyó, nunca me discriminó, ni me recriminó nada. Desde el principio estuvo conmigo. Me ayudaba a vestirme, a peinarme, nunca me ha juzgado”. Fiorella reconoce que ha sido su “gran soporte” y que, aunque a su familia al principio les costó entenderlo, “a día de hoy lo llevan muy bien”.

“Me echaron del trabajo 10 minutos después de contratarme”

En la actualidad Fiorella se desempeña como administrativa, pero cuando llegó a España encontrar trabajo se convirtió en toda una lucha, a pesar de contar con una carrera universitaria y varios años de experiencia en otros sectores.

Asegura que, en su caso, sí que ha tenido un poco más de suerte al contar con una apariencia normativa que muchos asocian con el sexo femenino - se denomina cis passing, que es cuando una persona trans pasa desapercibida y la sociedad la identifica como una mujer u hombre cisgénero-, pero insiste en que, en la actualidad, encontrar trabajo “es el principal problema de la comunidad trans”.

“No es fácil llegar a un país nuevo y empezar de cero con treinta y pico años. La suerte, por decirlo de alguna forma de contar con ese cis passing, que dicen todas, no se te nota [que eres trans]. Pero se me han cerrado muchas puertas en muchos trabajos y he sido discriminada”.

Fiorella recuerda una entrevista para trabajar en el sector logístico, que le marco especialmente. “Me contrataron y me pidieron mandar toda la documentación un viernes para empezar el lunes. En mi documento de identidad todavía venía el nombre masculino, por eso cuando envié lo que me pidieron puse una aclaración, diciendo: acá pone tal nombre, pero yo en realidad soy Fiorella, estoy en proceso de cambio”, explica. “Mágicamente” a los diez minutos de enviar toda la documentación la rechazaron.

“Vi que de nuevo había otra convocatoria el lunes, así que como yo soy terca le escribí a la chica, para preguntarle por qué no me daba la oportunidad y que cuál era el problema. Entonces me llamó y me dijo que iba a buscar una solución”.

Logró el puesto pero Fiorella denuncia que tuvo que “rogar para un trabajo decente”. Y no solo eso. “Después me dijo que en los contratos figuraría el nombre masculino, pero que en la identificación [de cara a los compañeros] iba a poner Fiorella. A ver... nadie tiene por qué enterarse”, matiza.

Perdí a mis amigos del colegio, de la universidad, me quedé prácticamente sola porque era como la leprosa a la que nadie se quiere acercar

Para Fiorella, la Asociación Wado, de la que forma parte, “fue un gran impulsor” del cambio en su vida. “Me ayudaron a encontrar mi trabajo actual, dieron una carta de recomendación y gracias a ellos tengo mi empleo. Estoy muy cómoda, me siento libre, pero también acompañada por mi compañera de la oficina que ha vivido mi cambio de nombre conmigo. La verdad es que me siento una de las pocas privilegiadas”, explica, pero no obvia la crítica: “¿Por qué no se ve a una chica trans trabajando en una farmacia, por ejemplo? Porque se pasa muy mal, hay miedo al rechazo y tienes que aguantar muchas cosas”.

Frente a estas situaciones discriminatorias lo tiene claro: “Si sos fuerte lo aguantás y luego te vas a tu casa y lo llorás. Pero si no, te desmoronás y te hundís”.

El largo proceso de conseguir el cambio de nombre

Fiorella relata que llegó a España en situación de asilo y “sin permiso de residencia” en 2021. Dos años más tarde, a través de los medios de comunicación se enteró de la aprobación de la coloquialmente conocida como Ley Trans (Ley 4/2023), que permite a las personas mayores de 16 años solicitar el cambio de nombre y sexo en su documento de identidad. En el caso de las personas extranjeras la propia ley no contemplaba un procedimiento o protocolo uniforme, y en muchas ocasiones dependía del propio funcionariado que realizaba el trámite.

“Primeramente cuando iba a renovar los asilos me decían que no sabían cómo hacerlo. Luego según fue pasando el tiempo y ya tuve la residencia lo planteé y me dijeron que no tenían conocimiento de ello. Yo les explicaba la Ley [en el Registro Civil y la Policía Nacional] y ellos me decía que no existía. En ese entonces había mucho desconocimiento. Al principio me pusieron una X en el género. ¿Significa que no soy nada?”, expone.

La activista nos cuenta que al ser “tan insistente”, tras un año, le cambiaron la nomenclatura de sexo de masculino a femenino, pero que todavía seguía apareciendo su nombre de nacimiento. “Cuando fui a hacer la segunda renovación [del NIE] volví a insistir y presentamos junto con la Asociación Wado un escrito. En la Subdelegación del Gobierno me dijeron primero que sí se podía, luego que no y así empezamos un tira y afloja. Pero empecé a ponerme más fuerte en ello, entregué todo para que no me pusieran ningún problema”, detalla.

El pasado 13 de julio, el Ministerio del Interior aprobó un protocolo que permite a las personas trans extranjeras adecuar su documentación. “Fui al día siguiente y seguían diciéndome que no sabían nada, aunque ya estaban los protocolos en la página del Ministerio”. Defiende su derecho y el de otras personas en situación similar. “Yo tengo residencia temporal por cuenta ajena, pero se pueden hacer para todos tipos de residencia así como para un asilo”.

La Ley 4/2023 recoge que las personas trans migrantes pueden cambiar su nombre y sexo en su documento nacional de identidad “tanto cuando las personas extranjeras hayan efectuado la modificación en su país de origen, como cuando quede acreditada la imposibilidad por sus autoridades”. Declarar esa imposibilidad en el país de origen es esencial.

Deberían dar más oportunidades a las personas trans. Somos la comunidad más marginalizada

Finalmente, Fiorella redactó un nuevo escrito y a partir de ahí consiguió que una de las trabajadoras encargadas de seguir su caso se implicase: “Estuve yendo un mes entero, iba y volvía, sin lograr nada. Hasta que al final la chica que me atendió tuvo todo un fin de semana para seguir mi caso. Luego es como un pequeño juicio rápido, como que tú no aceptas tu nombre, rechazas, lo firmas, lo lees...”.

Después, sigue explicando, “tiene que estar el general, el mandamás de la policía para firmarlo, y luego recién ir a sacar o a pedir cita para hacer el trámite. A mí, por suerte, ese día me lo hicieron todo”, explica.

Así, Fiorella se convirtió en la primera mujer trans en Castilla-La Mancha en cambiar legalmente su nombre y sexo en su NIE, la quinta en toda España. “Es dinero, tiempo y energía. Sería más sencillo que ellos hiciesen los trámites de consulado a consulado, un proceso muy tedioso, pero al final después de insistir tanto lo logré”, expresa.

Enfrentarse a situaciones cotidianas

Fiorella nos explica que acudir al médico o a cualquier servicio público en el que se acude por llamamiento con un nombre que no le pertenecía también “era un rato vergonzante”. “Mi relación con mi médica de cabecera es muy buena. Siempre me ha preguntado cuándo van a cambiarme el nombre, se implicaba. Cuando he tenido que ir a Urgencias y me ha tocado otro médico sí que ha sido más complicado, porque decían mi nombre masculino y tenía a toda la sala mirándome cuando acudía. Muchas veces antes de que me llamasen iba al módulo a pedirle que me llamen por el apellido, pero ya tenía que dar todas las explicaciones”.

Yo me ofrezco voluntariamente a que todas las personas trans contacten conmigo a través de la Asociación Wado y puedo ayudarlas sin ningún ánimo de lucro

En su caso, se considera “acompañada por el servicio de Endocrinología” del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha al que asiste en Guadalajara, aunque señala que con respecto al tratamiento de hormonas “la doctora tiene un poco de desconocimientos y muchas veces soy yo la que le indica lo que debo tomar”.

Aunque Castilla-La Mancha cuenta con un Servicio de Atención Integral LGTBI para apoyo y asesoramiento, Fiorella nunca lo ha utilizado. “En mi caso si alguna vez he necesitado un servicio psicológico lo he hecho a través de los recursos que tiene la Asociación Wado”, puntualiza.

“Hecha la ley, hecha la trampa”

Desde que se aprobó la Ley Trans, en España han surgido varios casos en los que presuntos maltratadores para aventajarse jurídicamente y eludir condenas mayores han cambiado su sexo en su documento de identidad, de cara a que no exista

No obstante, el artículo 46.3 de la Ley Trans deja claro que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Fiorella muestra su “rechazo absoluto” a este tipo de prácticas. Cree que “lo único que hacen es un beneficio fraudulento a costa de utilizar una ley que es para el confort emocional de las personas trans. Deberían tener un castigo. Dicen que hecha una ley, hecha la trampa, pero no debería ser así. Si una persona tiene problemas con la Justicia, si tiene denuncias por maltrato, violencia machista o lo que sea no debería poder hacer este trámite de cambio de nombre”.

Apoyo a otras personas trans

Fiorella habla de que este proceso ha sido como “luchar por un sueño, por un ideal” y anima a cualquier persona que esté en su misma situación. “Yo me ofrezco voluntariamente a que contacten conmigo a través de la Asociación Wado. Puedo ayudarlas sin ningún ánimo de lucro. Lo he pasado bastante mal y no quiero que al resto le ocurra lo que a mí. Esta lucha es para la dignidad de todas las personas trans migrantes. Que puedan tener un trabajo digno y no caigan en la prostitución”, señala.

Puedo ayudar a otras personas sin ningún ánimo de lucro. Lo he pasado bastante mal y no quiero que al resto le ocurra lo que a mí. Esta lucha es para la dignidad de todas las personas trans migrantes

Al final de la conversación insiste: las empresas “deberían dar más oportunidades a las personas trans. Somos la comunidad más marginalizada. Yo no puedo quejarme del todo, porque he tenido mucha suerte, me he cruzado con gente muy buena, pero ojalá todas puedan tener una mejor calidad de vida y conseguir un trabajo digno”.

Aceptar la muerte, la propia y la de los allegados, vivir los últimos años con curiosidad, sortear la idea de sufrir alguna demencia, disfrutar del tiempo con actividades con las que aprender y no solo entretenerse. Son realidades que atraviesan cada vez más personas en su vejez —según el INE, España alcanzará un máximo de personas mayores de 65 años en 2076, con el 30,9 % de la población— y para las que prepararse para una vida más reposada y con ciertas limitaciones pasa por la construcción de comunidad. Así lo defienden, y practican, en el grupo de ayuda mutua del barrio de Poble Nou, en Barcelona, donde todos sus integrantes tienen el compromiso de acompañarse si alguien lo necesita.

Anna Freixas dice que no es que envejezca, es que ya es vieja. Y lo dice el mismo día en que cumple 80 años. Llega a esta edad con retos, desafíos, alegrías, con y sin dificultades. “Yo ya he vivido momentos muy complicados a mis 20, 30 o 40 años. Ahora algunas cosas se simplifican y otras se complican, como siempre ha ocurrido”, comenta esta profesora universitaria jubilada.

La también gerontóloga feminista, una de las personas que integra el grupo de ayuda mutua de Poble Nou, donde se estableció tras vivir más de cuatro décadas en Córdoba, reconoce que uno de sus principales retos actuales es enfrentar la pérdida de las personas queridas. “Cuando tienes 30 años vas a bodas, con 80 vas a entierros”, comenta con cierta socarronería.

Este es uno de los aspectos en los que la comunidad se yergue como una muleta sin la que afrontar estas experiencias sería mucho más complicado: “Envejecer acompañado es infinitamente más ligero que hacerlo solo. Da sentido a la vida, te aleja de ti al no estar tan ensimismado, piensas más en y con los demás”, añade la también autora de “Yo, vieja” (Capitán Swing, 2021). Ella, que en la monografía se decanta por utilizar términos como 'veterana', 'sénior', 'pionera', 'longeva' y 'viejales' en lugar de 'anciana', 'mayor' o 'abuela', sabe bien que la construcción de esa comunidad “tampoco cae del cielo”.

Sin miedo a la soledad

Su alegría llega al despertar y ver que hay un nuevo día por delante. “Envejecer con curiosidad es importante”, afirma. Además, siempre habrá una cosa que les distinguirá de aquella ciudadanía más joven. “Nosotras conocemos el buen hacer, sabemos cómo se hacen las cosas y cómo no se deben hacer, lo que contribuye a la civilización de una manera muy importante”, abunda. Freixas, de todas formas, admite que tiene algo de miedo a cómo será el final del trayecto, tal y como define la vida. “No lo vivo con un sentimiento trágico, sino realista. Sabíamos que íbamos a morir, esto estaba en el programa desde que nacimos”.

Mari Pla es su compañera de grupo de ayuda mutua. Ella fue la artífice de esta iniciativa, que busca no dejar atrás a ninguna de las personas sénior del barrio. Valenciana de nacimiento, afirma a sus 73 años que “todo comienza cuando ya pasa un tiempo tras la jubilación, ahí te preguntas qué hacer con tu vida”. Tras un proyecto frustrado de cohabitación junto a otras personas que decidieron envejecer juntas, esta antigua enfermera comunitaria impulsó un taller de envejecimiento activo en la asociación vecinal del barrio, el germen del grupo de ayuda mutua.

“No tengo ningún miedo a morir, es lo natural. Sí siento cierto temor a las incertezas de lo que me espera en relación con el mundo cognitivo, a la posible pérdida de capacidad mental, pero no tengo temor a hacerme más vieja de lo que soy”, se explaya. La soledad es otro de los puntos que Pla menciona al hablar de miedos, aunque asegura que se ve aplacado por la comunidad. “El objetivo es acompañarnos y transmitir unos valores, hacer nuevas amistades en el barrio. Si le pasa algo a cualquiera de nosotros, ahí estaremos para acompañar. Aquí nadie se queda solo”, destaca certera.

Esta valenciana asentada en Barcelona desde hace apenas unos diez años sostiene que “en casa no se aprende, se aprende fuera”, en relación con su defensa de no perder la actividad según se vayan cumpliendo años. “Y no quiero ir a actividades que me entretengan, yo quiero aprender”, reclama. Así ha sucedido con la pintura de acuarela o cada vez que se enfrenta a la elaboración de una receta nueva. “Uno de los grandes valores de esta etapa es el tiempo. Hay que saber gestionarlo sin que pienses que lo pierdes”, agrega.

Hacia el envejecimiento digno

Merche Delgado, de 66 años, ha trabajado de muchas cosas, pero se jubiló como subalterna en la Diputación de Barcelona hace un año. “La vida te tiene que sorprender, tengas la edad que tengas”, introduce. Ella también piensa que “la comunidad hay que conservarla, regarla, intentar estar lo mejor posible con la gente que te rodea”. Dice que no le tiene miedo a nada, excepto al dolor. “No temo a la muerte, pero sí a sufrir, o al dolor de que a mis hijos les pasase algo”.

Un estimulante para Delgado son las actividades intergeneracionales. “Parece que al hacerte mayor solo te puedes juntar con gente mayor”, como si eso fuera un compartimento estanco de un sector de la población y no comportara todo un grupo heterogéneo de experiencias, deseos y anhelos. “Dentro de 20 años quizá me habré muerto, que es lo que toca, pero dentro de diez seguiré con vida, aprendiendo, relacionándome con la gente y haciendo mis siestas, que me encantan, y viviendo, pero viviendo con conocimiento y emotividad, con ganas de hacer cosas”, se explaya.

Dos décadas después de llegar a Poble Nou, Josep María Gordillo es uno de los pocos hombres que componen el grupo de ayuda mutua del barrio. Maestro de escuela retirado, a sus 73 años aclara que es consciente de que la vida tiene un límite. Eso no es óbice para que siga viviendo centrado en determinadas preocupaciones e intereses, pues Gordillo está ligado al activismo social. “En absoluto me preocupa la muerte. Además, todo aquello que has adquirido a lo largo de la vida te ayuda a reinterpretar las cosas de otra manera”, esgrime.

Una de sus principales reclamaciones es un envejecimiento digno, una meta que se ve enturbiada por el edadismo que impregna la sociedad. “Todavía hay muchos estigmas y estereotipos, ideas prefijadas sobre las personas mayores cuando cada uno y cada una somos absolutamente diferentes por nuestras posibilidades físicas y mentales y por nuestros intereses”, se queja.

Lourdes Casanovas lleva viviendo en Poble Nou los 74 años que cuenta su vida. También maestra jubilada, siempre estuvo acompañada de diversos grupos. “Quizá soy la que voy a menos cosas de ocio, pero el objetivo es el compromiso, y eso lo tienen por mi parte. Nos iremos ayudando unos a otros según surjan limitaciones”, explica.

Hay cosas que echa de menos, claro. Viajar y tener más movilidad personal son dos de ellas. Asimismo, le perturba la idea de terminar sus días con dolor o que pueda acecharle alguna demencia. “Si llega un momento que no conozco a mi gente, mejor morir, que se termine la vida”, sostiene. “Me gustaría saber vivir bien la pérdida de amistades. Lo veo con mi madre, que tiene 100 años, quien dice que de sus amigos de verdad solo queda ella, aunque ha tenido la capacidad de ir haciendo amistades más jóvenes”, finaliza.

Roger Español hace nueve años que espera justicia. El 1 de octubre de 2017, perdió un ojo por una bala de goma. Según un informe de los Mossos, el agente de la Policía Nacional UC563 no solo fue el autor del disparo de ese proyectil. Instantes antes de la lesión, el mismo policía ya había disparado a este activista.

Junto al citado agente se sentarán otros tres en el banquillo. Son los únicos policías que no han sido amnistiados. La defensa de Español y la acusación particular piden hasta 13 años por un delito de torturas. No lo tienen fácil porque la Fiscalía se ha situado desde un principio del lado policial al considerar que solo cumplieron con la orden judicial de requisar urnas y papeletas del 1-O.

La cuestión es si se extralimitaron en su deber. Primero, porque desde el 30 de abril de 2014, en Catalunya está prohibido el uso de las balas de goma, algo que a la Policía Nacional le ha importado muy poco.

La decisión de vetar el uso de este tipo de proyectiles tan lesivos se adoptó tras una comisión parlamentaria que se constituyó a raíz de diferentes casos, entre ellos el de Ester Quintana, que también perdió un ojo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 por el impacto de una pelota disparada por los Mossos. En su caso, los dos agentes acusados fueron absueltos, pero, como la autoría policial del disparo estaba fuera de toda duda, Quintana fue indemnizada por la Generalitat. La Conselleria de Interior tuvo que disculparse con una ciudadana de la que, en un inicio, se desentendió.

Así que ahora la Policía Autonómica no puede usar las balas de goma (tampoco en Euskadi y Navarra), mientras que la Policía Nacional las sigue disparando.

Y la segunda cuestión es cómo la desobediencia civil está cada vez más criminalizada. En eso, España tampoco es una excepción. Habermas era de los que defendían que una democracia madura incluye la desobediencia civil como uno de sus elementos importantes. No hace falta retroceder hasta Thoreau para defender la vigencia de la protesta como instrumento para denunciar injusticias.

Hemos visto recientemente cómo se condenaba con multas a cuatro de los nueve activistas climáticos vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, a los que se juzgó por haber lanzado agua con témpera roja a una de las paredes del Congreso en 2023. Su objetivo era denunciar “la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática”. En ese juicio, la Fiscalía pedía una pena de 21 meses de prisión y argumentó que su propósito era escarmentar a los activistas. Es solo un ejemplo.

Por eso es importante que seis organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos (Amnistía Internacional, la OMCT, INCLO, REDRESS, ICHRP) asistan como observadores a las cuatro sesiones previstas en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra los cuatro policías.

Deberá dirimirse si la actuación de los agentes fue proporcionada. Pero tal vez la pregunta previa que todos deberíamos hacernos, sobre todo los que diseñan dispositivos de seguridad y sus jefes políticos, es si, ante una protesta pacífica, los agentes pueden disparar.

Roger Español espera justicia, pero no está claro que la llegue a obtener.

Por cierto, el juicio, que se celebra tras nueve años, se acabará el próximo 1-O. ¿Casualidad?

Los abogados de James Fergie Chambers, el millonario filántropo de izquierdas detenido en Madrid tras la petición de extradición que formuló EEUU por un supuesto apoyo a Hamás, han escrito al Gobierno para reclamar que rechace la solicitud estadounidense. La pareja de Chambers, la actriz y activista Stella Schnabel, se reunió la semana pasada con diputados de Sumar y Podemos para defender su inocencia.

Entre los argumentos del equipo jurídico, dirigido por Baltasar Garzón, figura que el Gobierno de EEUU no ha identificado actos concretos de violencia ni daños achacables personalmente a Chambers, y que lo que realmente pretende es criminalizar la protesta política.

También afirman que al menos uno de los conceptos del Derecho estadounidense en los que se basa la solicitud —“conspiración para cometer disturbios”— no tiene equivalente en la legislación española, lo que también contribuiría a invalidar la extradición.

Se trata del primer caso conocido en el que EEUU solicita la extradición de un ciudadano por un supuesto apoyo a Hamás.

La defensa de Chambers ha presentado su escrito al Gobierno antes de la reunión del Consejo de Ministros del 22 de septiembre. El Consejo puede decidir si permite o no que prosiga la solicitud de extradición de EEUU, basándose en parte en el análisis de los documentos justificativos que el Gobierno de Trump facilitó al Ejecutivo español el 26 de agosto.

La defensa del activista, de 41 años y declarado antiimperialista, también sostiene que los cargos adicionales de "blanqueo de capitales internacional" presentados por el Gobierno de Trump no se sostienen porque, como heredero de una de las familias más ricas de EEUU, obtuvo su fortuna personal por medios legales

El Consejo de Ministros tiene la facultad legal de denegar la solicitud en fase administrativa antes de que pase a la fase judicial.

El Gobierno estadounidense argumenta que Chambers blanqueó presuntamente 7,5 millones de dólares que transfirió hace varios años desde una cuenta bancaria estadounidense a Túnez, donde residía en aquel momento, y utilizó el dinero para financiar al grupo palestino Hamás. Los detalles exactos de la acusación contra Chambers siguen siendo secretos.

El equipo de Chambers afirma que lo que el millonario ha hecho es contribuir con ayuda humanitaria y otros proyectos. La defensa del activista, de 41 años y declarado antiimperialista, también sostiene que los cargos adicionales de “blanqueo de capitales internacional” presentados por el Gobierno Trump no se sostienen porque, como heredero de una de las familias más ricas de EEUU, obtuvo su fortuna personal por medios legales. Chambers ha hecho donaciones a unos 100 proyectos en 20 países a lo largo de varios años, incluido el Proyecto Sameer de ayuda humanitaria a Gaza.

“Supondría un precedente alarmante en toda Europa que España permitiera a la Administración Trump criminalizar la oferta de ayuda humanitaria vital al pueblo palestino y la defensa de sus derechos”, afirmó Garzón. “Eso es lo que ha financiado Fergie: ayuda humanitaria y apoyo a personas en situación de gran necesidad”, señaló, y añadió: “Eso no es terrorismo, según los criterios jurídicos españoles y europeos”.

Mientras tanto, Schnabel se ha reunido con miembros de Sumar y Podemos y ha escrito una carta de una página al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que tome “la única decisión moralmente aceptable”, la de denegar la extradición.

Schnabel también ha tenido encontronazos con la autoridad desde la detención de su pareja el 10 de julio en Ibiza. En un reciente viaje a Nueva York, el FBI la apartó a un lado en el aeropuerto JFK y le confiscó el teléfono, según ha declarado.

El apoyo a Chambers en vísperas de la reunión del 20 de septiembre ha venido de la mano de Ione Bellara, líder de Podemos, quien inauguró la reunión trimestral del partido el pasado sábado con una declaración en contra de la solicitud de extradición en la que afirmó que Chambers está “del lado correcto de la historia” con su apoyo financiero a los palestinos de Gaza. La eurodiputada Irene Montero declaró a The Guardian: “Nuestras leyes no contemplan los hechos de los que se le acusa [y] no podemos convertirnos en un vasallo de EEUU”.

Sumar, por su parte, ha presentado una moción en el Congreso en la que insta al Gobierno a denegar la petición, “dado que el objetivo de la solicitud de extradición […] es criminalizar, perseguir o castigar a [Chambers] por sus opiniones políticas, su actividad pública o su participación en movimientos políticos —en este caso, en apoyo al pueblo palestino—”.

En los últimos días se han organizado manifestaciones en al menos seis ciudades de toda España en apoyo a Chambers, y hay planes para más.

Otras muestras de apoyo procedentes de más lejos han incluido una petición entregada al Gobierno español firmada por actores, académicos, activistas y otras personalidades, entre ellas Richard Gere, Greta Thunberg y Angela Davis. En Túnez, los seguidores del equipo de fútbol Club Africain exhibieron pancartas y camisetas en un partido reciente en las que se leía: “Liberen a Fergie”. En Portugal, en la Festa do Avante, uno de los festivales culturales más grandes del país, organizado por el Partido Comunista, los aficionados levantaron una pancarta que decía: “Liberen a Fergie: apoyar a Palestina no es un delito”.

Schnabel declaró a The Guardian el mes pasado que los 7,5 millones de dólares en disputa se destinaron a apoyar al Club Africain. Hamed Mbarek, uno de los seguidores del club y organizador de la iniciativa de los aficionados en el partido del pasado sábado, afirmó que el Club Africain era “propalestino” y que Chambers y el club estaban en “sincronía”.

El dinero de Chambers procede de un acuerdo alcanzado a mediados de 2023 con su familia, propietaria del conglomerado de las telecomunicaciones Cox Communications, con sede en Atlanta, en el que vendió a su familia acciones por un valor aproximado de 250 millones de dólares. Sus familiares rompieron todo contacto con él desde entonces.

Las opiniones y donaciones del filántropo gozan de amplia cobertura en los medios de comunicación estadounidenses. A finales de 2023 fue entrevistado en una cadena de noticias de televisión del estado de New Hampshire sobre una acción activista contra Elbit Systems, un contratista de defensa israelí, organizada por un grupo al que él pagó los gastos legales, entonces llamado Palestine Action —un grupo ahora proscrito de forma polémica en el Reino Unido por su supuesto carácter “terrorista”—.

Los comentarios públicos de Chambers sobre Israel y Gaza también han suscitado polémica. Una semana después de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, reaccionó así en X a la respuesta de Israel: “Dejad de llamarlo ”castigo colectivo“/ No hay nada por lo que ”castigar“/ Ninguna facción de la resistencia palestina, ni Hamás ni ninguna otra, ha hecho *nada* malo/ Es simplemente un genocidio/ Como lo ha sido siempre”.

También es un acérrimo crítico de EEUU. En 2024 declaró a un periodista: “Creo que lo más importante para la prosperidad de la humanidad es la destrucción de EEUU”.

Las barricadas levantadas en París en 1848 fueron una reescritura instantánea de la sintaxis urbana: donde había circulación apareció la frontera y en aquellos lugares en los que la ciudad prometía continuidad, la interrupción adquirió forma de resistencia colectiva. Más de siglo y medio después, en la primavera de 2011, la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en salón, comedor, dormitorio y ágora de una ciudadanía que decidió habitar de otro modo el corazón simbólico de la capital.

En Ottawa, durante el invierno de 2022, una hilera de camiones transformó el asfalto en infraestructura de bloqueo a través de una arquitectura móvil convertida deliberadamente en inmóvil. En Brasilia, campamentos y ocupaciones alteraron el paisaje monumental de la Explanada de los Ministerios, concebida por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa como una de las grandes escenografías modernas del poder. Y en Buenos Aires, desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo se manifiestan bajo un giro repetido alrededor de la Pirámide de Mayo que es un gesto coreográfico de resistencia, una liturgia caminada que reclama la plaza como territorio de memoria. En todos los casos, reseñables localizaciones de la ciudad se transforman en espacios de protesta dando visibilidad a las necesidades de sus ciudadanos.

¿Quién manda en una plaza? ¿La administración que regula su uso? ¿El negocio que extiende sus mesas hasta ocupar el espacio disponible? ¿El visitante que la atraviesa? ¿La policía que delimita sus perímetros? ¿La arquitectura que ha predispuesto sus recorridos, sus vacíos y sus lugares de permanencia? ¿O quienes viven alrededor de ella?

La protesta urbana, además de demandar derechos, redefine los espacios de la ciudad. A veces lo hace con materiales explícitos como barricadas, vallas, tiendas, vehículos… y otras, con elementos aparentemente modestos como una mesa, una silla plegable, una asamblea, un círculo de caminantes o una comida compartida. Pero en todos esos gestos hay una operación arquitectónica. Se altera la función de un lugar y, con ello, su significado.

La ciudad contemporánea suele presentarse como un dispositivo de disponibilidad continua. Se circula, se consume, se observa, se fotografía. Todo parece preparado para que el tránsito no se interrumpa y para que la experiencia urbana sea fluida, rentable y legible. En ese marco, cualquier detención colectiva adquiere una potencia inesperada.

La protesta como intervención del espacio

Las barricadas de París en 1848 no fueron una corrección radical, aunque efímera, de la cartografía cotidiana. Las calles, organizadas para conectar puntos, transportar mercancías y asegurar el control territorial, se reconvirtieron en líneas de separación. La ciudad dejó de ser un mecanismo de movilidad para convertirse en un campo de posiciones.

Aquella condición provisional mostró que la arquitectura no empieza ni termina en los edificios. También está en la forma de organizar los cuerpos en el espacio, en la posibilidad de abrir o cerrar un paso, en la decisión de convertir una avenida en una frontera o una plaza en un espacio de deliberación.

Los usos que consideramos naturales son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo

El 15M volvió a mostrar en España esa capacidad. La Puerta del Sol fue reprogramada. El kilómetro cero de Madrid, espacio turístico, comercial, institucional y mediático se convirtió durante unas semanas en una ciudad dentro de la ciudad. Había lugares para dormir y comer, pero también para debatir, informar, prestar asistencia, organizar tareas y producir mensajes. La acampada superpuso un orden provisional al establecido.

Su importancia espacial mostró que los usos que consideramos naturales no lo son. Son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo.

Toda ocupación revela así una diferencia fundamental entre espacio público y espacio de uso público. Una plaza puede pertenecer jurídicamente a todos y, sin embargo, estar sometida a mecanismos que seleccionan quién puede permanecer en ella, durante cuánto tiempo y haciendo qué. Puede estar limpia, iluminada y cuidadosamente diseñada y, al mismo tiempo, resultar extrañamente ajena a quienes viven a su alrededor.

Cenar en la calle

Esta tensión entre espacio público y espacio disponible para el consumo apareció este verano en el Passeig del Born de Palma. Por segundo año consecutivo, la asociación Brunzit convocó durante julio y agosto los Sopars a la Llesca, una serie de encuentros en los que cientos de vecinos acudieron a distintas plazas con sillas de casa, pareos y comida para cenar juntos al aire libre.

La sencillez del gesto contiene toda una declaración urbana. Frente a unas terrazas que, según denuncia la organización, han llegado a ocupar hasta 130 metros cuadrados del Born y que se dirigen crecientemente a un visitante con una capacidad de gasto alejada de la de muchos residentes, los vecinos responden ocupando la calle.

No hay barricadas ni estructuras defensivas. Apenas unas sillas, comida y cuerpos que deciden permanecer.

La disputa que está en juego es quién tiene derecho a permanecer en los espacios centrales de una ciudad cuando su valor económico comienza a imponerse sobre su valor de uso.

Esa tensión entre propiedad, vivienda y derecho a la ciudad adquiere otra escala en las ocupaciones del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) en Brasil. En São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo, la Ocupación Pueblo Sin Miedo llegó a reunir a miles de familias sobre un terreno que llevaba décadas abandonado por una constructora privada.

Allí la reivindicación consistía en poder habitar la ciudad. El movimiento reclamaba que aquel suelo se destinara a vivienda social.

Ambos ejemplos señalan la existencia de espacios cuyo valor de cambio termina prevaleciendo sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad.

Ocupar para que un lugar no desaparezca

En Lützerath, Alemania, la lógica fue distinta. Allí la ocupación pretendía impedir que un lugar de la ciudad dejara de existir.

Este pequeño núcleo de Renania del Norte-Westfalia había sido adquirido y despoblado para permitir la ampliación de la mina de lignito de Garzweiler. Cuando sus habitantes abandonaron progresivamente el lugar, activistas climáticos ocuparon algunas construcciones y levantaron alrededor de ellas casas en los árboles, pasarelas, barricadas y túneles.

La arquitectura adquirió entonces una condición bajo la cual se construía para impedir una demolición. Levantar estructuras provisionales servía para prolongar la existencia de otras permanentes.

En enero de 2023, la policía desalojó a los últimos activistas. Pero durante un tiempo aquellas construcciones precarias modificaron la naturaleza del conflicto. El debate sobre la extracción de carbón y los compromisos climáticos alemanes dejó de ser únicamente una discusión energética para adquirir una forma visible y territorial.

Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura

Muchas protestas contemporáneas operan precisamente así. Construyen campamentos, cocinas colectivas, refugios, pasarelas, torres de observación, puntos de información o estructuras defensivas. Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura. Cómo protegerse del clima, reunirse, cocinar, dormir, almacenar, vigilar o resistir.

Madera, cuerdas, lonas, palés, cartón, ramas, barro, plástico, tubos metálicos. Desde fuera, estos asentamientos pueden parecer poblados improvisados o escenografías construidas con aquello que estaba disponible. Sin embargo, pertenecen a una genealogía más amplia de arquitecturas ligeras y autoconstruidas que durante el siglo XX encontró expresiones muy diversas, desde las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller y las membranas de Frei Otto hasta las experiencias de la contracultura de los años sesenta.

Publicaciones como Whole Earth Catalog difundieron entonces una idea que excedía ampliamente la construcción a través de determinadas herramientas y conocimientos que podían devolver a las personas la capacidad de intervención sobre su propio entorno.

Esa herencia reaparece, transformada, en colectivos como Tools for Action, fundado en Berlín por el artista Artúr van Balen. Sus grandes esculturas inflables, concebidas para manifestaciones y acciones colectivas, muestran hasta qué punto una arquitectura puede ser eficaz precisamente porque no aspira a permanecer. Aparece, transforma durante unas horas la percepción de un lugar y desaparece.

Construir mientras se protesta

La arquitectura de la protesta pertenece casi siempre a ese tiempo breve. Su función consiste en hacer posible una situación.

Un campamento obliga a tomar decisiones que en la ciudad consolidada permanecen normalmente delegadas en el planeamiento, la normativa, el mercado o la administración. ¿Dónde se duerme? ¿Dónde se cocina? ¿Quién cuida? ¿Cómo se organiza una asamblea? ¿Quién decide dónde empieza y termina el espacio común?

Es entonces cuando la protesta deja de ser solamente una expresión de desacuerdo y se convierte, durante un tiempo limitado, en un ensayo de ciudad.

Hannah Arendt vinculó la política a la aparición de los individuos ante los otros: el espacio público existe allí donde las personas se reúnen mediante la palabra y la acción. La plaza ocupada, la calle bloqueada o el campamento levantado en un terreno abandonado materializa de una manera extraordinariamente literal esa intuición. Una colectividad se hace visible, toma la palabra y adquiere una presencia que antes no tenía.

La ciudad aparece como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones

La ciudad aparece entonces como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones.

Cuando una multitud ocupa una plaza deja, por unas horas o unos días, de ser simplemente usuaria de un espacio diseñado y regulado por otros. Modifica sus recorridos, establece nuevos centros, construye límites, organiza lugares para hablar, comer o dormir. Es temporalmente autora de otra disposición posible.

De ahí que la dimensión visual de las protestas resulte inseparable de su dimensión espacial. Pancartas, grafitis, colores, disfraces, músicas, objetos inflables o coreografías construyen su presencia. Permiten que una demanda adopte una forma sensible y que individuos dispersos aparezcan ante la ciudad como un cuerpo colectivo.

Quizá por eso las protestas permiten observar las plazas de una manera particularmente precisa. La arquitectura establece límites, el planeamiento asigna funciones, la administración dicta normas y el mercado atribuye precios. Pero ninguno de ellos consigue clausurar por completo el significado de un lugar. Siempre permanece abierta la posibilidad de usarlo de una manera que no estaba prevista.

Madò Farta s'ha convertit en una de les cares més habituals en les protestes contra la saturació turística de Mallorca, malgrat que sempre ha ocultat la seva veritable identitat rere una màscara. Metafòrica i real. La careta de calavera i l'atuell tradicional de 'pagesa' -vestimenta típica del folklore mallorquí- acompanyen sempre aquesta enigmàtica activista que és en dels símbols més reconeguts de les manifestacions.

La clau? Un atuell llamatiu i una presència silenciosa. Com aquesta entrevista, que ha estat per escrit a petició expressa de l'activista: ha insistit a fer-la a través d'un qüestionari degut a que és “muda”, una manera més de protegir el seu anonimat. Per a ella, el silenci i la discreció són “eines molt potents” que permeten que no hi hagi una sola Madò Farta, sinó moltes. Per això, quan interactua en persona amb la premsa, només gesticula.

La seva activitat se centra en les xarxes socials, des d'on ha contribuït a l'última gran manifestació d'aquest estiu contra la turistificació. Amb el suport del GOB i Terraferida, 1.000 persones, segons Policia Nacional, han participat aquest dissabte en una “cadena a la fresca”: la gent es va asseure en una cadena de cadires des de Plaça d'Espanya fins a Consolat de Mar, seu de la presidència del Govern, on va haver-hi una batucada. Madò Farta ha deixat fotografiar-se per elDiario.es en aquesta protesta.

Com va sorgir el personatge de Madò Farta i com d'important és l'estètica en aquest cas?

Madò Farta no va néixer amb un manual d'instruccions. Va néixer de la necessitat de fer visible alguna cosa que costava molt d'explicar només amb paraules. I un cop vaig tenir clara aquesta necessitat, vaig entendre que l'estètica havia de fer bona part del treball. La 'pagesa' no és una decoració i el calavera tampoc. És una contradicció volguda: una figura que representa una Mallorca viva, arrelada, però amb un calavera que recorda que aquesta manera de viure també pot acabar desapareixent. Volia que, abans d'escoltar qualsevol discurs, la imatge ja fes una pregunta. Això és important perquè avui vivim envoltats d'imatges. Si vols que algú s'aturi, primer has d'aconseguir que miri.

Per què va optar per una protesta silenciosa i anònima? Qué li permet fer l'anonimat que no li permetria donar la cara?

El silenci és una eina molt potent. Quan no parles, obligues l'altra persona a mirar, i moltes vegades mirar incomoda més que sentir un discurs. I l'anonimat em permet una cosa que per a mi continua sent molt important: no convertir aquesta història en la biografia d'una persona. No vull que el debat sigui “qui és Madò Farta?”, sinó “per què existeix Madò Farta?”. A més, hi ha una cosa que m'agrada molt de l'anonimat: que algú pugui posar-se la màscara i convertir-se en part del missatge. Si jo donés la cara, probablement hi hauria una Madò Farta concreta. Així, en canvi, pot haver-n'hi moltes.

Què simbolitza Madò Farta i fins a quin punt creu que el personatge ja ha deixat de ser seu per convertir-se en un símbol col·lectiu?

Fa temps que ja no és meu. I això és, probablement, el millor que li podia passar. Al principi era una forma meva de canalitzar una preocupació. Ara veig gent que es reconeix, famílies que s'han inspirat, nens que es posen la màscara i persones que porten el mateix missatge sense necessitat que jo hi sigui. I això té una part molt “bonica”: el símbol ja no necessita la persona que el va crear. Madò Farta pot sortir al carrer encara que jo no hi sigui. I, de fet, aquesta és la idea.

Al principi era una forma meva de canalitzar una preocupació. Ara veig gent que es reconeix, famílies que s'han inspirat, nens que es posen la màscara i persones que porten el mateix missatge sense necessitat que jo hi sigui. Madò Farta pot sortir al carrer encara que jo no hi sigui

Què et va impulsar a passar de la preocupació i la queixa a crear un personatge i sortir al carrer?

Arriba un moment en què queixar-te ja no et basta. No perquè la queixa no sigui legítima, sinó perquè si només et quedes a casa parlant de tot el que va malament, acabes formant part d'aquesta resignació. Jo no volia esperar a estar d'acord amb tot ni tenir una solució perfecta. Volia fer alguna cosa. Aquest és un canvi important: entendre que participar no significa necessàriament militar dins d'un partit, ni ser una persona pública, ni tenir un càrrec. També pots posar-te una màscara, agafar una pancarta, recollir fems o simplement ser-hi.

Participar no vol pas dir necessàriament militar dins d'un partit, ni ser una persona pública, ni tenir un càrrec. També pots posar-te una màscara, agafar una pancarta, recollir fems o simplement ser allà

Com seria la Mallorca que li agradaria deixar a les generacions que venen?

M'agradaria deixar-los una Mallorca que no hagin de defensar constantment. Una Mallorca en la qual un jove pugui dir “jo vull viure aquí” i que això sigui una possibilitat real. On anar a una platja no sigui una operació logística. On l'aigua no sigui un problema permanent, on els pobles no perdin la seva identitat i on el paisatge no sigui només el que ensenyem a les fotografies turístiques. I sobretot m'agradaria que els nens que avui es posen la màscara de Madò Farta un dia la puguin guardar en un calaix perquè ja no faci falta.

Considera que hi ha hagut un retrocés en la protecció de l'illa i en els drets dels residents?

Jo crec que hi ha hagut un retrocés en alguna cosa més profunda: en la idea que determinades coses haurien de tenir un límit. Quan comencem a discutir si un espai protegit pot tenir alguna cosa més d'ús, si podem assumir més cotxes, més places, més construcció o més pressió, sempre acabem parlant dels límits com a obstacles i no com a forma de protecció. Els drets dels residents també es veuen afectats per això. El dret a l'habitatge, a tenir accés al territori, a poder viure en un entorn habitable... No són drets menors. Són la base perquè una societat pugui continuar existint.

El dret a l'habitatge, a tenir accés al territori, a poder viure en un entorn habitable... No són drets menors. Són la base perquè una societat pugui continuar existint

Veus un moviment real per part de la població de Balears i creus que s'està avançant cap a una millora?

Sí, i aquesta és una de les coses que més esperança em donen. Fa uns anys moltes d'aquestes converses quedaven reduïdes a determinats col·lectius. Ara hi ha gent molt diversa que coincideix en una cosa molt senzilla: no podem continuar així. Tanmateix, sortir al carrer no és haver guanyat. És haver aconseguit que el problema ja no pugui amagar-se. El següent pas és convertir aquesta força social en decisions concretes.

En quina situació considera que es troba Mallorca actualment?

Mallorca es troba en una situació de contradicció. Per una banda, tenim una economia que continua funcionant molt bé al voltant del turisme. Però, per l'altra, cada vegada costa més explicar què guanya la persona que viu aquí amb aquest creixement. Si tenim més activitat econòmica, però també tenim més dificultat per trobar casa, més saturació, més problemes de mobilitat, més pressió sobre l'aigua i més espais que deixem de poder gaudir, hem de tenir el valor de mirar el conjunt. No crec que Mallorca estigui condemnada. Però sí que crec que som davant d'un encreuament.

Les xarxes socials han estat fonamentals perquè Madò Farta esdevingués un símbol. Creu que ajuden a amplificar el missatge o corren també el risc de convertir la reivindicació en una simple imatge?

Ambdues coses. Les xarxes poden fer que una imatge que hauries vist només un cop en una plaça arribi a milers de persones. Això és una eina extraordinària. Però també tenen un perill: que compartim una fotografia, posem un cor i tinguem la sensació que ja hem fet alguna cosa. Un like no protegeix una platja. Un vídeo no baixa el preu d'un lloguer. Una fotografia no canvia una llei. La imatge serveix per obrir la porta, però després algú ha de travessar-la.

Un like no protege una platja. Un vídeo no baixa el preu d'un lloguer. Una fotografia no canvia una llei. La imatge serveix per obrir la porta, però després algú ha de travessar-la

Creu que el Govern de Marga Prohens (PP) escolta les protestes?

Jo crec que les ha escoltat perquè seria impossible no sentir-les. Una altra cosa és si realment les ha entès i, sobretot, si està disposat a actuar d'acord amb el que està reclamant una part molt important de la societat. La presidenta ha dit públicament que respecta les mobilitzacions i que entén el malestar. Però jo crec que arriba un moment que ja no n'hi ha prou amb dir “us sento”. Hem de poder mirar les polítiques i veure si realment van en la direcció que reclama el carrer.

La presidenta Marga Prohens ha dit públicament que respecta les mobilitzacions i que entén el malestar. Però jo crec que arriba un moment que ja no n'hi ha prou amb dir 'us sento'. Hem de poder mirar les polítiques i veure si realment van en la direcció que reclama el carrer

Quines mesures de l'actual Govern us semblen més perjudicials per a Mallorca?

A mi em preocupa sobretot qualsevol mesura que redueixi els mecanismes de protecció del territori o que faci més fàcil créixer quan precisament estem dient que hem arribat a un límit. El cas d'Es Trenc és molt clar. El Govern defensa que no es desprotegirà el parc i ha insistit que “Es Trenc no es toca”. Però la modificació que permet que determinats canvis es puguin realitzar per via del Consell de Govern, sense passar pel Parlament, és precisament la que genera desconfiança. La protecció d'un territori no pot dependre només de confiar que el govern de torn tindrà bones intencions. Les garanties han de ser fortes.

Creus que les institucions intenten criminalitzar el moviment?

No diria que totes les institucions ho facin, però sí que hi ha hagut moments en què el debat s'ha intentat desviar cap a etiquetes. Quan una protesta passa a ser presentada com una provocació, una mentida, una qüestió partidista o una actitud contra algú, deixem de parlar del problema. Jo no vull entrar en aquest joc. Si una persona protesta, discutim el que està reclamant. I si una protesta comet una irregularitat, es pot criticar aquesta irregularitat. Però no utilitzem una cosa per invalidar l'altra.

Què li diria a una persona que pensa que les protestes contra la massificació són d'odi cap als turistes?

Li diria que vingui i miri el que estem dient. Nosaltres no protestem contra una persona que arriba amb una maleta. Protestem contra un model que necessita convertir cada vegada més coses de Mallorca en productes de consum. Jo no vull que Mallorca deixi de rebre persones. Vull que Mallorca deixi de tractar-se com a infinita. També li diria una cosa: estimar una illa no pot ser considerat odiar qui la visita. Precisament perquè estimem Mallorca volem que la gent que vingui pugui conèixer-la sense contribuir a destruir el que ha vingut a veure.

Estimar una illa no pot ser considerat odiar qui la visita. Precisament perquè estimem Mallorca volem que la gent que vingui pugui conèixer-la sense contribuir a destruir allò que ha vingut a veure

Què creus que hauria de passar perquè aquesta mobilització social es traduís en canvis polítics reals? Mallorca necessita menys turistes o necessita un altre model turístic?

Necessitem un altre model, però això implica acceptar que probablement també necessitem menys pressió turística en determinats moments i en determinats llocs. No crec que el debat s'hagi de reduir a una xifra de turistes. La pregunta és quanta pressió pot suportar Mallorca sense deteriorar l'habitatge, l'aigua, el territori, els serveis i la vida quotidiana. I, perquè hi hagi canvis polítics reals, hem de deixar de premiar electoralment els discursos i començar a exigir resultats. Posar límits, protegir territori, garantir habitatge i decidir quin turisme volem abans de decidir quants turistes volem.

Fins ara l'hem vist en pràcticament totes les mobilitzacions. Ara també està començant a convocar accions pròpies.

Sí. I és un pas que no vaig prendre a la lleugera. La idea de començar a realitzar accions pròpies va ser meva. Feia temps que hi donava voltes i pensava que Madò Farta no podia limitar-se només a ser present en les mobilitzacions dels altres. Si el personatge havia nascut per denunciar una realitat, també havia de ser capaç de proposar i posar sobre la taula les seves pròpies accions.

Però també vull deixar molt clar que, si avui aquesta idea ha pogut començar a caminar, és en bona part gràcies a Tonina Siquier, membre del GOB [Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa]. Jo li vaig explicar la idea per correu electrònic i ella em va respondre amb unes paraules que no oblidaré: “És una idea brillant. Jo t'ajudaré a tirar-la endavant.”

Ara el repte és que Madò Farta no sigui només una imatge dins una manifestació. Vull que també sigui capaç de generar accions, provocar converses i aconseguir que més gent passi de pensar “això no pot continuar així” a fer alguna cosa perquè canviï.

Per què ha decidit fer aquest pas?

Ara mateix no n'hi ha prou amb assenyalar el problema. També hem de generar espais perquè la gent pugui participar. No necessàriament amb grans actes. De vegades una acció petita, concreta i ben pensada pot dir més que una enorme manifestació.

Vull que les accions de Madò Farta siguin una continuació del que representa: presència, consciència i una certa incomoditat. Que facin pensar. I, si pot ser, que facin que algú que mai havia participat en res digui: “Jo també puc fer alguna cosa”.

De vegades una acció petita, concreta i ben pensada pot dir més que una enorme manifestació

Ha dit que Mallorca té un límit. On creu que és aquest límit?

El problema és que el límit no és una xifra única. No és dir “a partir de 18 milions ja no podem més”. Mallorca té molts límits distints: l'aigua, el sòl, les carreteres, l'habitatge, les platges, els serveis públics, els recursos naturals i també la capacitat de la gent de viure amb dignitat. Alguns d'aquests límits ja els hem superat.

Però hi ha un altre límit que és encara més important: el moment en què la gent que viu aquí comença a sentir que ha de demanar permís per viure a casa seva. Aquest és el límit que no hauríem d'haver travessat mai. I si ja l'hem travessat en alguns aspectes, ara toca començar a retrocedir.

Madò Farta ('Señora harta', en castellano) se ha convertido en una de las caras más habituales en las protestas contra la saturación turística de Mallorca, a pesar de que siempre ha ocultado su verdadera identidad tras una máscara. Metafórica y real. La careta de calavera y el atuendo tradicional de 'pagesa' —traje típico del folklore mallorquín— acompañan siempre a esta enigmática activista que se ha erigido poco a poco en el símbolo más reconocido de las manifestaciones.

¿La clave? Un atuendo llamativo y una presencia silenciosa. Como esta entrevista, que ha sido por escrito a petición expresa de la activista: ha insistido en hacerla a través de un cuestionario debido a que es “muda”, una manera más de proteger su anonimato. Para ella, el silencio y la discreción son “herramientas muy potentes” que permiten que no haya una sola Madò Farta, sino muchas. Por ello, cuando interactúa en persona con la prensa, solo gesticula.

Su actividad se centra en las redes sociales, desde donde ha contribuido a la última gran manifestación de este verano contra la turistificación. Con el apoyo del GOB y Terraferida, 1.000 personas, según Policía Nacional, han participado este sábado en una “cadena a la fresca”: la gente se sentó en una cadena de sillas desde Plaza de España hasta Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern, donde hubo una batucada. Madò Farta ha dejado fotografiarse por elDiario.es en esta protesta.

¿Cómo surgió el personaje de Madò Farta y cómo de importante es la estética en este caso?

Madò Farta no nació con un manual de instrucciones. Nació de la necesidad de hacer visible algo que costaba mucho contar solo con palabras. Y una vez tuve clara esa necesidad, entendí que la estética debía hacer buena parte del trabajo. La 'pagesa' no es una decoración y la calavera tampoco. Es una contradicción querida: una figura que representa a una Mallorca viva, arraigada, pero con una calavera que recuerda que esta forma de vivir también puede acabar desapareciendo. Quería que, antes de oír cualquier discurso, la imagen ya hiciera una pregunta. Esto es importante porque hoy vivimos rodeados de imágenes. Si quieres que alguien se detenga, primero debes conseguir que mire.

¿Por qué optó por una protesta silenciosa y anónima? ¿Qué le permite realizar el anonimato que no le permitiría dar la cara?

El silencio es una herramienta muy potente. Cuando no hablas, obligas a la otra persona a mirar, y muchas veces mirar incomoda más que oír un discurso. Y el anonimato me permite algo que para mí sigue siendo muy importante: no convertir esta historia en la biografía de una persona. No quiero que el debate sea “¿quién es Madò Farta?”, sino “¿por qué existe Madò Farta?”. Además, hay algo que me gusta mucho del anonimato: que alguien pueda ponerse la máscara y convertirse en parte del mensaje. Si yo diera la cara, probablemente habría una Madò Farta concreta. Así, en cambio, puede haber muchas.

¿Qué simboliza Madò Farta y hasta qué punto cree que el personaje ya ha dejado de ser suyo para convertirse en un símbolo colectivo?

Hace tiempo que ya no es mío. Y esto es, probablemente, lo mejor que le podía ocurrir. Al principio era una forma mía de canalizar una preocupación. Ahora veo a gente que se reconoce, familias que se han inspirado, niños que se ponen la máscara y personas que llevan el mismo mensaje sin necesidad de que yo esté. Y esto tiene una parte muy “bonita”: el símbolo ya no necesita a la persona que lo creó. Madò Farta puede salir a la calle aunque yo no esté. Y, de hecho, esa es la idea.

Al principio era una forma mía de canalizar una preocupación. Ahora veo a gente que se reconoce, familias que se han inspirado, niños que se ponen la máscara y personas que llevan el mismo mensaje sin necesidad de que yo esté. Madò Farta puede salir a la calle aunque yo no esté

¿Qué le impulsó a pasar de la preocupación y la queja a crear un personaje y salir a la calle?

Llega un momento en el que quejarte ya no te basta. No porque la queja no sea legítima, sino porque si solo te quedas en tu casa hablando de todo lo que va mal, acabas formando parte de esta resignación. Yo no quería esperar a estar de acuerdo con todo ni tener una solución perfecta. Quería hacer algo. Este es un cambio importante: entender que participar no significa necesariamente militar dentro de un partido, ni ser una persona pública, ni tener un cargo. También puedes ponerte una máscara, coger una pancarta, recoger estiércol o simplemente estar allí.

Participar no significa necesariamente militar dentro de un partido, ni ser una persona pública, ni tener un cargo. También puedes ponerte una máscara, coger una pancarta, recoger estiércol o simplemente estar allí

¿Cómo sería la Mallorca que le gustaría dejar a las generaciones que vienen?

Me gustaría dejarles una Mallorca que no tengan que defender constantemente. Una Mallorca en la que un joven pueda decir “yo quiero vivir aquí” y eso sea una posibilidad real. Donde ir a una playa no sea una operación logística. Donde el agua no sea un problema permanente, donde los pueblos no pierdan su identidad y donde el paisaje no sea solo lo que enseñamos en las fotografías turísticas. Y sobre todo me gustaría que los niños que hoy se ponen la máscara de Madò Farta un día la puedan guardar en un cajón para que ya no haga falta.

¿Considera que ha habido un retroceso en la protección de la isla y en los derechos de los residentes?

Yo creo que ha habido un retroceso en algo más profundo: en la idea de que determinadas cosas deberían tener un límite. Cuando empezamos a discutir si un espacio protegido puede tener algo más de uso, si podemos asumir más coches, más plazas, más construcción o más presión, siempre acabamos hablando de los límites como obstáculos y no como forma de protección. Los derechos de los residentes también se ven afectados por eso. El derecho a la vivienda, a tener acceso al territorio, a poder vivir en un entorno habitable... No son derechos menores. Son la base para que una sociedad pueda seguir existiendo.

El derecho a la vivienda, a tener acceso al territorio, a poder vivir en un entorno habitable... No son derechos menores. Son la base para que una sociedad pueda seguir existiendo

¿Ve un movimiento real por parte de la población de Balears y cree que se está avanzando hacia una mejora?

Sí, y esta es una de las cosas que más esperanza me dan. Hace unos años muchas de estas conversaciones quedaban reducidas a determinados colectivos. Ahora hay gente muy distinta que coincide en algo muy sencillo: no podemos continuar así. Sin embargo, salir a la calle no es haber ganado. Es haber logrado que el problema ya no pueda esconderse. El siguiente paso es convertir esa fuerza social en decisiones concretas.

¿En qué situación considera que se encuentra Mallorca actualmente?

Mallorca está en una situación de contradicción. Por un lado, tenemos una economía que sigue funcionando muy bien en torno al turismo. Pero, por otra, cada vez cuesta más explicar qué gana la persona que vive aquí con ese crecimiento. Si tenemos más actividad económica, pero también tenemos más dificultad en encontrar casa, más saturación, más problemas de movilidad, más presión sobre el agua y más espacios que dejamos de poder disfrutar, debemos tener el valor de mirar el conjunto. No creo que Mallorca esté condenada. Pero sí creo que estamos ante un cruce.

Las redes sociales han sido fundamentales para que Madò Farta se convirtiera en un símbolo. ¿Cree que ayudan a amplificar el mensaje o corren también el riesgo de convertir la reivindicación en una simple imagen?

Ambas cosas. Las redes pueden hacer que una imagen que habrías visto solo una vez en una plaza llegue a miles de personas. Esto es una herramienta extraordinaria. Pero también tienen un peligro: que compartamos una fotografía, ponemos un corazón y tengamos la sensación de que ya hemos hecho algo. Un like no protege una playa. Un vídeo no baja el precio de un alquiler. Una fotografía no cambia una ley. La imagen sirve para abrir la puerta, pero después alguien debe atravesarla.

Un like no protege una playa. Un vídeo no baja el precio de un alquiler. Una fotografía no cambia una ley. La imagen sirve para abrir la puerta, pero después alguien debe atravesarla

¿Cree que el Gobierno de Marga Prohens (PP) escucha las protestas?

Yo creo que las ha escuchado porque sería imposible no oírlas. Otra cosa es si realmente las ha entendido y, sobre todo, si está dispuesto a actuar de acuerdo a lo que está reclamando una parte muy importante de la sociedad. La presidenta ha dicho públicamente que respeta las movilizaciones y que entiende el malestar. Pero yo creo que llega un momento que ya no basta con decir “os oigo”. Debemos poder mirar las políticas y ver si realmente van en la dirección que reclama la calle.

La presidenta Marga Prohens ha dicho públicamente que respeta las movilizaciones y que entiende el malestar. Pero yo creo que llega un momento que ya no basta con decir 'os oigo'. Debemos poder mirar las políticas y ver si realmente van en la dirección que reclama la calle

¿Qué medidas del actual Govern le parece más perjudiciales para Mallorca?

A mí me preocupa sobre todo cualquier medida que reduzca los mecanismos de protección del territorio o que haga más fácil crecer cuando precisamente estamos diciendo que hemos llegado a un límite. El caso de Es Trenc es muy claro. El Govern defiende que no se desprotegerá el parque y ha insistido en que “Es Trenc no se toca”. Pero la modificación que permite que determinados cambios se puedan realizar por vía del Consejo de Gobierno, sin pasar por el Parlament, es precisamente la que genera desconfianza. La protección de un territorio no puede depender solo de confiar en que el gobierno de turno tendrá buenas intenciones. Las garantías deben ser fuertes.

¿Cree que las instituciones intentan criminalizar al movimiento?

No diría que todas las instituciones lo hagan, pero sí que ha habido momentos en los que el debate se ha intentado desviar hacia etiquetas. Cuando una protesta pasa a ser presentada como una provocación, una mentira, una cuestión partidista o una actitud contra alguien, dejamos de hablar del problema. Yo no quiero entrar en ese juego. Si una persona protesta, discutimos lo que está reclamando. Y si una protesta comete una irregularidad, se puede criticar esa irregularidad. Pero no utilizamos una cosa para invalidar a la otra.

¿Qué le diría a una persona que piensa que las protestas contra la masificación son de odio hacia los turistas?

Le diría que venga y mire lo que estamos diciendo. Nosotros no protestamos contra una persona que llega con una maleta. Protestamos contra un modelo que necesita convertir cada vez más cosas de Mallorca en productos de consumo. Yo no quiero que Mallorca deje de recibir a personas. Quiero que Mallorca deje de tratarse como infinita. También le diría una cosa: amar a una isla no puede ser considerado odiar a quien la visita. Precisamente porque amamos Mallorca queremos que la gente que venga pueda conocerla sin contribuir a destruir lo que ha venido a ver.

Amar a una isla no puede ser considerado odiar a quien la visita. Precisamente porque amamos Mallorca queremos que la gente que venga pueda conocerla sin contribuir a destruir lo que ha venido a ver

¿Qué cree que debería ocurrir para que esta movilización social se tradujera en cambios políticos reales? ¿Mallorca necesita menos turistas o necesita otro modelo turístico?

Necesitamos otro modelo, pero esto implica aceptar que probablemente también necesitamos menos presión turística en determinados momentos y en determinados sitios. No creo que el debate deba reducirse a una cifra de turistas. La pregunta es cuánta presión puede soportar Mallorca sin deteriorar la vivienda, el agua, el territorio, los servicios y la vida cotidiana. Y, para que haya cambios políticos reales, debemos dejar de premiar electoralmente los discursos y empezar a exigir resultados. Poner límites, proteger territorio, garantizar vivienda y decidir qué turismo queremos antes de decidir cuántos turistas queremos.

Hasta ahora la hemos visto en prácticamente todas las movilizaciones. Ahora también está empezando a convocar acciones propias.

Sí. Y es un paso que no tomé a la ligera. La idea de empezar a realizar acciones propias fue mía. Hacía tiempo que le daba vueltas y pensaba que Madò Farta no podía limitarse solo a estar presente en las movilizaciones de los demás. Si el personaje había nacido para denunciar una realidad, también debía ser capaz de proponer y poner sobre la mesa sus propias acciones.

Pero también quiero dejar muy claro que, si hoy esta idea ha podido empezar a andar, es en buena parte gracias a Tonina Siquier, miembro del GOB [Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa]. Yo le conté la idea por email y ella me respondió con unas palabras que no olvidaré: “Es una idea brillante. Yo te ayudaré a sacarla adelante.”

Ahora el reto es que Madò Farta no sea solo una imagen dentro de una manifestación. Quiero que también sea capaz de generar acciones, provocar conversaciones y conseguir que más gente pase de pensar “esto no puede seguir así” a hacer algo para que cambie.

¿Por qué ha decidido dar ese paso?

Ahora mismo no basta con señalar el problema. También debemos generar espacios para que la gente pueda participar. No necesariamente con grandes actos. A veces una acción pequeña, concreta y bien pensada puede decir más que una enorme manifestación.

Quiero que las acciones de Madò Farta sean una continuación de lo que representa: presencia, conciencia y cierta incomodidad. Que hagan pensar. Y, si puede, que hagan que alguien que nunca había participado en nada diga: “Yo también puedo hacer algo”.

A veces una acción pequeña, concreta y bien pensada puede decir más que una enorme manifestación

Ha dicho que Mallorca tiene un límite. ¿Dónde cree que está ese límite?

El problema es que el límite no es una cifra única. No es decir “a partir de 18 millones ya no podemos más”. Mallorca tiene muchos límites distintos: el agua, el suelo, las carreteras, la vivienda, las playas, los servicios públicos, los recursos naturales y también la capacidad de la gente de vivir con dignidad. Algunos de esos límites ya los hemos superado.

Pero hay otro límite que es aún más importante: el momento en que la gente que vive aquí empieza a sentir que debe pedir permiso para vivir en su casa. Ese es el límite que no deberíamos haber atravesado nunca. Y si ya lo hemos atravesado en algunos aspectos, ahora toca empezar a retroceder.

“Tememos que aceptar la realidad de esta crisis en su totalidad lo cambie todo. Y tenemos razón”. “El miedo es una respuesta de supervivencia [...] Puede hacernos actuar como superhumanos [...] Así que el verdadero truco, en realidad, es permitir que el terror de un futuro inhabitable se equilibre y se alivie con la perspectiva de construir algo mucho mejor de lo que muchos de nosotros nos hemos atrevido a esperar”, sugería la periodista y activista Naomi Klein, hace 12 años, en su libro Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima.

Hoy, la crisis climática ya está cambiándolo todo, y, rodeados de megaincendios, la sociedad se encuentra ante una realidad que parece imposible, un mal sueño. Sin embargo, la buena noticia es que los mejores investigadores sobre crisis climática del mundo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), llevan años dejando muchas pistas sobre lo que se puede hacer como individuos y como colectivo. E insisten en que, si se actúa de forma inmediata, rápida y sin precedentes, aún hay tiempo de evitar los peores impactos.

Según el organismo, a nivel colectivo se puede presionar a la clase política, unirse a movimientos sociales, promover entre pares un cambio de valores o desarrollar iniciativas comunitarias —como proyectos locales que contribuyan a prevenir incendios—. A nivel individual, se puede cambiar los estándares profesionales a favor de la descarbonización, evitar modos de transporte contaminantes (coche, avión…), reducir drásticamente el consumo de carne, pasar a la energía renovable (y/o producirla mediante el autoconsumo) o mejorar la eficiencia energética de los hogares, entre otras tantas cosas.

Y ya hay muchos españoles que están plenamente volcados en pasar de la teoría a la práctica:

Jaume, 28: “Mi trabajo ya no casaba con mi manera de ver el mundo”

Jaume (28 años) tiene “clarísimo” cuál fue el momento en el que decidió dar un paso hacia adelante ante la emergencia climática. “Fue en junio de 2025. Yo siempre he ido consultando información al respecto, pero ese día sentí que lo que estaba leyendo inundaba mi cabeza. Toqué fondo y decidí pedir cita con mi terapeuta. Era algo que no dependía solo de mí, sino de todo el mundo, y eso me generó mucha ansiedad”, explica.

“Para salir de la parálisis me centré en informarme sobre las soluciones. Empecé generando conversación sobre el tema con mi entorno y reduciendo poco a poco mi consumo de carne”, afirma.

A partir de ahí, se percató de lo altamente contaminante e insostenible que es una gran parte del sistema alimentario actual, lo que le metió en una enorme encrucijada. Él trabajaba para la parte intensiva del sector agropecuario. “Esos meses fueron muy largos, y además cayeron en pleno verano. Mientras veía cómo se explotaba el campo y a los animales, sufría todo ese calor. Vivía todo el día con ansiedad. Mi trabajo ya no casaba con mi manera de ver el mundo”, profundiza. “Yo siempre pienso que si tú entiendes la emergencia en la que estamos, sabrás que aún hay una ventana de oportunidad que permanece un poco abierta. A partir de ahí, para mí no hay otra opción que actuar”, dice.

Jaume convenció a su familia para poner paneles fotovoltaicos en su casa y cambiar a una comercializadora que no invierte en combustibles fósiles. Ahora lleva una dieta vegana, prioriza el transporte público y la bicicleta, está aprendiendo a reparar las cosas antes de tirarlas y hace plogging (una práctica deportiva que une el ejercicio al aire libre y la recogida de basura). Por si fuera poco, también está “creando las bases” para empezar un proyecto personal de divulgación y anda buscando un grupo con el que hacer activismo en Polonia, donde vive desde hace unos meses. “Puedes hacer mucho de forma individual, pero creo que también necesitas ver que no estás solo en esto”, sostiene.

Eva Chamorro, 31 (Madrid/Groenlandia): “Con tu voto puedes apoyar la causa”

Eva es oceanógrafa y se encuentra ahora mismo realizando una investigación postdoctoral en Groenlandia. Estudia el zooplancton, un gran secuestrador de carbono. Decidió dedicarse a las Ciencias Marinas porque le parecía una “carrera bonita”, pero también porque quería contribuir a proteger al océano, aunque, dice entre risas, para conseguirlo debería haberse metido en política. Recalca la importancia de que los políticos escuchen de verdad a la ciencia, y sostiene que, para ella, una de las acciones individuales más importantes se da cada cuatro años en las urnas: “Con tu voto puedes apoyar y dar fuerza a aquellas propuestas que tengan más en cuenta este tema”.

Además, la madrileña intenta posicionarse contra el sobreconsumo en las pequeñas decisiones del día a día: “Hace poco unos amigos y yo íbamos a elegir un regalo conjunto para un bebé. Queríamos regalarle un carro, y ellos plantearon comprar uno nuevo, pero yo sugerí mirarlo en Wallapop, porque es algo que se va a utilizar muy poco tiempo y en aplicaciones de segunda mano hay opciones de buena calidad”.

Josep Maria, 63 (Cataluña): “Es lo que me echa para adelante en mi jubilación”

Josep tiene 63 años y está enfocando su jubilación a implicarse en la causa climática. Hace cinco años decidió mudarse junto a su mujer a un entorno “más conectado con la naturaleza” y comenzaron “una segunda vida” en Tona, un pueblo ubicado a 60 km de Barcelona. “Yo antes vivía en una urbe gris y sentía que no podía hacer nada. Ahora, como tengo tiempo y puedo hacerlo, me dedico a esto”, explica.

En 2022, él y otros vecinos decidieron impulsar La Tonenca, una cooperativa energética que ya cuenta con casi 140 socias y socios. Fue todo un reto sacarla adelante, pero ahora tienen instaladas placas solares en el pabellón del polideportivo del pueblo y en el tejado de la iglesia. El objetivo es que cualquiera —hasta las familias más vulnerables— pueda acceder a energía limpia, barata, y resiliente al contexto geopolítico.

Josep también está pendiente de las manifestaciones ecologistas que hay en la zona y acude siempre que puede. Además, ha convertido su hogar en una vivienda de alta eficiencia energética y está a punto de comprarse un coche eléctrico y de instalar placas solares en su propio tejado. “Esto de levantarse cada día y luchar por algo es lo que me echa para adelante en mi jubilación. Para mí es una satisfacción hacer cosas con y para mis conciudadanos”, asegura.

Jaled Chej, 19 años (Aragón): “A la juventud no puede darnos igual”

Tras años angustiado por ver cómo esquilmaban los dos territorios por los que siente un profundo arraigo —El Sáhara, por su ascendencia saharaui, y Aragón, donde nació—, un día Jaled dijo basta. Empezó en el mundo del activismo con 16 años y su preocupación ante la emergencia climática fue inundando inevitablemente su vida: “A la juventud no puede darnos igual. Somos quienes más la vamos a sufrir”.

Pero Jaled, por suerte, no está solo: este mes de junio participó, junto a más de un centenar de jóvenes, procedentes de distintas partes de España, en la redacción de la National Youth Statement (Declaración Nacional de la Juventud), un texto que se presentará en la Cumbre Mundial del Clima que se celebrará en noviembre en Turquía. “En cada cumbre, gracias a la iniciativa LCOY (que busca empoderar a la juventud para que participe en la lucha climática) informamos sobre cómo estamos viéndonos afectados los jóvenes españoles y presentamos propuestas”, asegura.

“En esta cumbre propondremos cambiar la forma de medir el progreso reclamando la sustitución del PIB por un índice que priorice la calidad de vida; una red de refugios climáticos; o una atención específica a la salud mental vinculada a la crisis climática, entre otras cosas”, explica.

Inés, 20 años (Andalucía): “No le pido imágenes ni vídeos a la IA”

Inés se subió al carro climático con Greta Thunberg. A partir de entonces, convenció a su madre y a su hermano para transicionar hacia una dieta mediterránea y de proximidad. Ahora, los tres están muy concienciados sobre el impacto de la inteligencia artificial y la fast-fashion. “Desde que me enteré que una de las cosas que más contaminaban de la IA eran cuestiones como la creación de imágenes o vídeos, no he hecho ninguna imagen más. Además, intento que mis interacciones con el chatbot sean mínimas”, aclara.

Para ir a la universidad, ella y otros compañeros procuran compartir el coche. Inés, además, insiste en la importancia de votar: “Hay partidos que son negacionistas o que no toman acción”. Y defiende que las acciones individuales sí pueden terminar marcando la diferencia: “La gente dice que lo que haga una persona no sirve de nada, pero si todo el mundo pensase así, por supuesto, no serviría de nada”.

Diego Ferraz, 30 años (Galicia/Madrid): “La crisis climática no necesita una minoría perfecta”

Diego es ambientólogo y oceanógrafo, por lo que conoce muy bien el problema que genera la emergencia climática, a la par que es consciente de la distancia que muchas veces hay entre la ciencia y la sociedad. Es por eso que, tras ver interrumpidos los movimientos activistas por la pandemia, aprovechó la covid-19 para formarse en comunicación. De ello nació Ecodiuku, un canal de divulgación presente en redes sociales como Instagram, TikTok, X y YouTube.

En él baja a tierra conceptos complejos relacionados con la crisis climática y desmonta los bulos negacionistas. Es, dice, una forma de “activismo digital”, pues le dedica muchas horas sin recibir prácticamente ingresos de ello. “A veces recibo propuestas de colaboración de empresas que tienen un impacto ambiental enorme y, pese a que son las que más dinero ofrecen, por coherencia, obviamente las rechazo”, explica.

Es uno de los pocos perfiles de redes que actúan de contrapeso ante el negacionismo. “Intento que mis vídeos sean un muro de contención para que esa desinformación no llegue a más gente, pero he de confesar que es agotador”, cuenta. Además de divulgar, Diego ha realizado otro tipo de cambios en su vida, como comenzar a desplazarse andando o en moto eléctrica. Y lanza un mensaje de esperanza para animar a actuar: “La crisis climática no necesita una minoría perfecta, sino una mayoría imperfecta”.

Grian A. Cutanda, 69 años (Catalunya): “Nos lo jugamos todo en estos años”

“Para cuando terminé la carrera de Psicología, yo ya había decidido que quería dedicar mi vida a intentar hacer un mundo mejor”, dice Grian. Pero fue a partir de 2014 cuando su activismo por el clima se intensificó, pues contribuyó a organizar la People’s Climate March que se celebró en Edimburgo cuyo objetivo principal era ejercer presión ante el Acuerdo de París.

Cinco años después, fue una de las siete personas que pusieron en marcha en España el grupo de desobediencia civil no violenta Extinction Rebellion (Rebelión o Extinción). Grian fue uno los activistas que bloquearon la calle Ferraz el 5 de junio de 2019 exigiendo que el estado se comprometiera a declarar la emergencia climática —siete meses más tarde, el gobierno lo hizo—.

Sin embargo, no está de acuerdo con acciones como las de tirar zumo de tomate en museos y asegura que salió de Extinction Rebellion porque se sintió decepcionado con cómo se reaccionó de forma interna a este desacuerdo. La desobediencia civil, opina, es importante, pero no debe perder de vista el aspecto simbólico.

Él no deja de denunciar el daño que la criminalización del activismo climático está haciendo en España. “Que venga la brigada antiterrorista a detenernos me parece que cruza una línea roja, al igual que las desorbitadas multas que nos ponen y las amenazas de cárcel. Que ante una acción de desobediencia civil pacífica, la respuesta policial no lo sea, me parece que también cruza una línea roja. En países como Reino Unido se llevan a los activistas en volandas, pero si el grupo es pacífico no les hacen daño. A mí la policía me hizo una luxación de muñeca para que me levantase del suelo. Estuve dos semanas con dolor”, denuncia.

Grian también realizó una huelga de hambre de treinta y tres días para protestar por el cambio climático. “Lo que me hace echarme a llorar es pensar en las siguientes generaciones”, sostiene el también escritor, educador, y traductor. Ahora está inmerso en sus proyectos Colección de Historias de la Tierra y Rainbow Warriors 3.5. El primero busca generar un cambio de visión del mundo. El segundo quiere crear una red compleja de activismo climático a nivel internacional.

Rebeca Santín, 24 años (Castilla y León/Madrid): “Millones de gotas hacen un océano”

Rebeca nació en la comarca leonesa de El Bierzo hace 24 años. Desde entonces, todos sus sentidos han ido advirtiendo los cambios que se han producido en el entorno.

Esta conciencia, sumada a su biofilia, fue encaminando de manera natural su carrera —Derecho— a la protección del medio ambiente. Sin embargo, lo que verdaderamente supuso un punto de inflexión para ella fueron los incendios que atormentaron a su tierra el año pasado —y que siguen haciéndolo este 2026—: “Fueron algo devastador. Mi preocupación real empezó ahí. En ese momento yo estaba escribiendo mi tesis de fin de máster sobre un asunto internacional y ver el contraste entre el mundo académico, repleto de soluciones, y el mundo real, que está sufriendo cada vez más las consecuencias de la inacción, fue un golpe de realidad. Ahí decidí que, como profesional, quería implicarme también en el ámbito nacional”.

Ahora forma parte de un proyecto de investigación del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente cuyo objetivo es entender si el concepto de justicia medioambiental se puede trasladar al contexto español. La justicia medioambiental busca poner la mirada en la indefensión estructural que experimenta la ciudadanía ante situaciones como un incendio o un megaproyecto de placas solares que se impone en un territorio.

Rebeca explica, además, que ha tomado otro tipo de decisiones en su vida, como sustituir en su feed a las influencers que incitan al sobreconsumo por aquellas que visibilizan el tema, como Clara Tomé o Carlota Bruna. “La acción individual que está más al alcance de todo el mundo es informarse. Las redes están diseñadas para que le prestemos atención a otras cosas, pero cuando pones el foco en estas cuestiones, te das cuenta de que hay millones de personas involucradas en esto, y, como decía Jane Goodall, millones de gotas hacen un océano”, asegura.

* Llegar a muchas de estas historias “silenciosas” no habría sido posible sin la colaboración de @Climabar y @Ecodiuku.

La Enza Negra nació como un grupo terrorista. Ficticio, eso sí: lo dibujó el ilustrador murciano Magius hace una década, pero este 2026 se ha materializado en una entidad real, aunque, conviene decirlo pronto, sin los atentados ni los sacrificios humanos. Y es que ser murciano nunca ha sido del todo una identidad: como mucho un acento, una denominación de origen o un estigma. En la Región gobierna el Partido Popular sin respiro desde 1995 y el murcianismo político rara vez ha pasado de rareza de peña de amigos o de bar universitario, y aquí, lo ha dicho el propio Magius, vive “la región menos independentista de España”.

A principios de diciembre de 2025, el dibujante hizo un llamamiento en redes sociales convocando un “foro político para hablar de la cultura y la identidad murciana” en el café Ficciones de la calle Fuensanta de Murcia. Se reunieron algo más de una treintena de personas: un número modesto para fundar una patria, pero nada desdeñable para un acto sin más reclamo que la palabra identidad. De aquella reunión salió algo más que una sobremesa. Semanas después, ya en 2026, la Enza Negra tenía documento fundacional, camiseta y página web. A la broma le habían salido estatutos.

Donde el chiste deja de serlo y la Enza Negra se presenta al mundo es en su documento R.O.S.E.N, su carta fundacional. La portada, diseñada en caracteres rúnicos y, en el centro, un sol de seis puntas naciendo de una media luna; el propio texto aclara que el símbolo está tomado de una estela del rey sumerio Ur-Nammu, de cuatro mil años de antigüedad, la gente que abrió las primeras acequias. Debajo, nueve rulas, reglas, un Consejo de Personas Buenas con zabacequieros y licero calcado del medieval Consejo de Hombres Buenos, y una república federal que ha de levantarse de abajo arriba, barrio a barrio y parroquia a cantón, hasta rematar en un supra-cantón: el Cantón Murciano, como el de 1873.

Lo llamativo más que el envoltorio arqueológico, es la tesis que lo sostiene. La segunda rula declara a los murcianos fruto de argares, iberos, romanos, sirios, árabes, catalanes y castellanos amontonados en la misma raíz; la sexta le declara la guerra al “españolismo cerrado y excluyente”. Es decir: una identidad murciana cuyo cimiento es, exactamente, la mezcla.

“Un querer, algo que tienes dentro”

Cinco meses antes de aquel foro del mes de diciembre, en julio de 2025, la Región de Murcia había ocupado titulares internacionales por el motivo contrario al de la mezcla, la inclusión y la multiculturalidad. Entre el 10 y el 15 de aquel mes, tras la agresión a un vecino de 68 años, por la que se detuvo a tres jóvenes de origen magrebí, Torre-Pacheco vivió varios días de violencia contra personas y negocios migrantes, en un municipio donde cerca de un tercio de los habitantes son extranjeros y buena parte sostiene, con su trabajo, la agricultura intensiva de la comarca. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó los altercados a grupos de extrema derecha, Vox incluido; la Fiscalía llegó a investigar al líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, por endosar la culpa a PSOE y PP. Nada permite trazar una línea recta entre una cosa y otra, y la Enza Negra tampoco la traza. Pero el contraste cuesta de ignorar: en la misma región y el mismo año, una parte de Murcia salió a excluir y otra, se juntó en un café para decidir que ser murciano consistía, sobre todo, en ser de muchos sitios a la vez.

Bajo el envoltorio arqueológico hay una posición política nítida, y de izquierdas. La Enza Negra se reclama heredera de Antonete Gálvez y del cantonalismo murcianista de 1873, republicano y federal, y aspira, en palabras de Magius, a “un republicanismo de izquierdas y un federalismo de una república construida de abajo hacia arriba”. El nombre apunta hacia esa misma tierra: enza no tiene traducción exacta al castellano; “un querer, algo que tienes dentro”, dice, y negra remite al color del suelo fértil, el que se esconde bajo el surco.

Magius tiene su propia explicación de por qué en Murcia lo propio pesa tan poco. Habla de que “hay vergüenza de ser murciano” y de desidia: “La huerta se la han cargado fácilmente y la gente no lo aprecia; no hay un sentimiento de colectividad”. Y remonta el desapego a la posguerra: Murcia fue zona republicana, hubo una fortísima represión, se fusiló y se purgó a maestros y a cargos públicos, y para cubrir los huecos se trajo a gente de fuera que, dice, acabó copando la universidad y los altos puestos de la cultura. De ahí viene, dice, un desprecio institucional por lo autóctono que todavía colea: el panocho degradado, de dialecto a una mera “mala forma de hablar castellano”; al Cantón olvidado pese a que Murcia “fue precursora” de lo que hoy son las autonomías.

Lo revelador es contra quién se define. No solo contra Madrid, también contra el otro “cantonalismo”. Según Magius, el “falso cantonalismo al que refiere el cartagenerismo”, al que acusa de haberse quedado con el nombre y nada más. “El cantonalismo de 1873 era murcianista; el de Cartagena de hoy es anti-murcianista, es todo lo contrario”, resume. Recuerda que el Partido Cantonal de Cartagena lo fundaron gentes de Falange y que, de los 44 municipios de la Región, solo reivindica el suyo.

Y se define, también, contra el “centralismo disfrazado de igualdad”. La idea de que un país deba ser centralista “para que todo el mundo sea igual” confunde, explica Magius, la igualdad entre territorios con la única que de verdad importa: la que hay, o no hay, entre clases sociales. De poco sirve invocar la igualdad de los españoles, viene a decir Enza Negra, cuando Murcia arrastra un transporte público pésimo, una inversión mínima en sus ciudadanos y, entre otros cuerpos funcionariales, unos bomberos mal pagados. Su veredicto sobre la gestión es lapidario: “A lo mejor sí es la mejor tierra del mundo, pero los que la administran son los peores administradores del mundo”.

Cultura murciana “del siglo XXI”

No es, con todo, un nacionalismo nostálgico. Frente a los colectivos que, dice, “se han quedado anclados en el siglo XIX y no avanzan”, la Enza Negra reclama un folclore “súper activo” y una cultura murciana “del siglo XXI, que es donde tiene que estar”: la huerta, la acequia, la historia, la lengua, pero con un lavado de cara. El panocho ocupa aquí un lugar central, una mezcla medieval de catalán, aragonés, castellano, mozárabe y árabe que nunca ha sido oficial ni siquiera dialecto reconocido, y su reivindicación, insiste, es cultural, no impositiva: libros, canciones, estudio universitario.

Magius no es el único que ha decidido, en estos últimos tiempos, que la murcianidad podía significar otra cosa. Casi en paralelo, sin sol sumerio ni consejo de acequieros, otro colectivo mete la mano en el mismo cofre (la huerta, el panocho, el traje, las jotas) y lo abre por una costura distinta: la del género. Se llama Achocuir y se presenta como un colectivo interseccional LGTBIQA+ que reivindica a la vez la diversidad sexual y el folclore de la Región. Su tesis, temeraria en uno de los territorios más conservadores de España, es que la disidencia no solo cabe en el folclore: es absolutamente imprescindible.

En noviembre de 2025 celebraron su primer festival, con talleres, música y baile en plena Huerta de Murcia bajo un emblema que lo dice todo: el “Huertane”, collage cuir de un huertano y una huertana decimonónicos. Ahí se condensa el traje regional, rígidamente partido entre los zaragüelles del hombre y el refajo de la mujer, descosido y vuelto a montar. Y no van solos: forman parte de una ola de “orgullo rural” con parientes en Galicia, el País Valenciano, Extremadura o La Rioja, que en los últimos años reclama el campo, y no solo la ciudad, como territorio de la diferencia.

Enza Negra y Achocuir tiran de los mismos hilos hacia la izquierda, pero a lugares distintos. Uno construye hacia arriba: una nación, un consejo, una república, un mito. El otro desmonta hacia dentro: los cuerpos, los roles, los cuidados; ni patria ni institución, sino una tradición liberada de sus corsés. Donde Enza Negra quiere una murcianidad del siglo XXI, Achocuir pregunta de quién ha sido esa murcianidad hasta ahora.

Puede que Enza Negra no pase de nota a pie de página en la bibliografía de Magius: una treintena de personas y nueve reglas no fundan una nación, pero ha puesto en el centro una pregunta que en Murcia casi nadie se hacía (qué significa ser de aquí), y ha dejado muy claro que las preguntas que la izquierda se deja sin contestar, ya lo vimos el verano pasado, las acaba contestando otro.

La sección número 1 del Tribunal de Instancia de Ferrol ha decidido archivar la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes Teixeiro, investigado por un supuesto delito de odio derivado de sus críticas al Estado de Israel en las redes sociales. Denunciado de oficio por la Guardia Civil, la resolución judicial dicta el sobreseimiento libre del militante del colectivo internacionalista Mar de Lumes y concluye que sus mensajes contenían posiciones antisionistas y no antisemitas y que constituyen una crítica política a Israel, a sus gobernantes y a las acciones de estos en el contexto del conflicto palestino israelí, según difundió este lunes la entidad de la que forma parte Lopes Teixeiro.

“Parece aconsejable explicar que el 'antisemitismo' y el 'antisionismo' son cosas totalmente distintas”, argumenta el magistrado, “basta acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para comprobar la diferencia. Así, se define antisemita como persona que muestra hostilidad o perjuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia, y antisionista como contrario al movimiento político centrado en sus orígenes en la formación de un Estado de Israel [...] la denuncia del Ministerio Fiscal y el atestado que la motivó no dejan dudas de que contienen un discurso antisionista, no antisemita [...] nos encontramos ante posicionamientos políticos legítimos, sin componente religiosa o relativa a cualquier grupo de personas de los que pretende proteger el delito de odio”.

La denuncia del denominado Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña señaló en su escrito algunas publicaciones en Internet durante 2024. “Ni un día sin desear la destrucción del Estado sionista. Una nueva matanza más, un nuevo episodio del genocidio más permitido por la comunidad internacional” o “Vamos a ser claros 'Del río al mar' solo tiene un significado y sí claro que es la desaparición del Estado nazi-sionista de Israel. ¿Y?” fueron dos de los ocho mensajes recopilados por la Benemérita. El propio Lopes Teixeiro consideró en su día que la acusación policial intentaba confundir antisionismo y antisemitismo y banalizaba este último término para “evitar cualquier tipo de crítica al ente sionista”. La demanda de los agentes asumía así las posiciones del gobierno israelí de ultraderecha.

El juzgado ferrolano, sin embargo, lo ve de otra manera. Mar de Lumes, en un comunicado remitido a los medios, explica que la resolución entiende que las posiciones manifestadas por Lopes Teixiero no incitan al odio, ni a la hostilidad ni a la violencia contra las personas judías ni contra ninguno de los colectivos protegidos por el artículo 510 del Código Penal. Los hechos, añade, no son delito y además están amparados por los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. El auto judicial, señala la sección 1ª del tribunal ferrolano, “realiza constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas” fuera de lugar.

Es la segunda vez que el juzgado de Ferrol archiva la causa. La primera fue recurrida por la Fiscalía y revocada por la Audiencia Provincial para practicar nuevas diligencias. El juez la archiva ahora de nuevo. Contra esta nueva decisión cabe recurso, pero el colectivo Mar de Lumes espera que no se presente dado “el contenido claro y fundamentado” de la resolución judicial, del archivo de la causa en dos ocasiones y que en esta última vez la Fiscalía ni siquiera se presentó a la declaración de Lopes Teixeiro.

El cap de la Guàrdia Civil a les Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defensat aquest dimarts la investigació que va culminar la passada setmana amb la detenció de dues joves activistes acusades de participar en els atacs contra cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí. “No hi va haver cap tipus de desproporció”, ha asseverat.

L'operatiu ha suscitat una intensa controvèrsia política i social no només per l'exposició pública de les detingudes durant el seu arrest i trasllat als jutjats, sinó també pel contingut de l'atestat policial, que els atribueix, a més d'un delicte continuat de danys i un altre contra el patrimoni històric, un presumpte delicte de pertinença a grup criminal. Una qualificació que, juntament amb alguns dels indicis emprats pels investigadors per sostenir-la, ha estat qüestionada per organitzacions socials, que la consideren desproporcionada.

Preguntat per l'actuació dels agents, Hernández ha defensat que tant les detencions com els registres domiciliaris i el trasllat de les dues joves emmanillades a dependències judicials van ser “adients”. “Van ser alguna cosa més que pintades; es van trencar vidres amb un martell i es van inutilitzar ambcola els panys de cinc edificis. Hi ha un dany agreujat en aquestes actuacions”, ha afirmat durant la presentació dels nous agents destinats a les Balears.

Les declaracions arriben després de dies de controvèrsia des que es produïssin els arrestos com també les imputacions abocades per l'Institut Armat en el seu atestat, un informe de 116 pàgines que sosté que els atacs van ser una actuació “coordinada i premeditada” i que fonamenta bona part de la investigació en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, el seguiment de perfils a xarxes socials i altres indicis, entre ells la presència d'una pancarta amb el lema SOS Residents, Stop Overtourism al domicili d'una de les investigades. L'informe arriba a afirmar que aquest últim element “confirmaria sense cap mena de dubte l'activitat delictiva d'aquesta persona”, una valoració que ha estat durament qüestionada pels col·lectius contra la turistificació.

Davant d'això, Hernández, les declaracions del qual han estat recollides per Europa Press, ha rebutjat que la Guàrdia Civil actuï moguda per criteris polítics o persegueixi activistes. “Nosaltres fem investigacions policials sobre denúncies de fets penals, no fem res més. La polèmica, a la Guàrdia Civil, realment no l'afecta”, ha assenyalat. El comandament ha insistit que l'Institut Armat continuarà investigant “tots els fets delictius” que arribin al seu coneixement i ha recalcat que “els responsables són els autors dels fets delictius”.

Respecte a una de les qüestions que més debat ha generat —la imputació per pertinença a grup criminal—, Hernández ha defensat que els investigadors es van limitar a aplicar el Codi Penal. Segons ha argumentat, aquest tipus delictiu concorre quan actuen “més de dues persones concertades”, per la qual cosa, a parer seu, “encalla a la perfecció”. No obstant això, aquesta interpretació ha estat un dels principals punts de fricció amb organitzacions com Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideren que la investigació suposa una criminalització de l'activisme contra la turistificació i la crisi d'accés a l'habitatge.

El general també ha restat excepcionalitat al desplegament policial i ha atribuït la repercussió del cas al debat públic generat entorn de la turistificació. “No veig cap tipus de desproporció, la considero adequada”, ha reiterat, defensant que els registres domiciliaris responien únicament a la necessitat d'intervenir la roba presumptament utilitzada durant els atacs i assegurar proves per a la investigació.

La Guàrdia Civil investigarà les pintades antisemites

Durant la seva compareixença, Hernández ha confirmat a més que la Guàrdia Civil ha assumit la investigació sobre les pintades de caràcter antisemita aparegudes el cap de setmana passat en dos habitatges vinculats a l'entorn familiar de les dues activistes. La denúncia va ser presentada inicialment davant la Policia Local de Santa Maria del Camí, que posteriorment va remetre les diligències a la Guàrdia Civil per tractar-se del cos competent.

Segons el comandament, els agents iniciaran les perquisicions per tractar d'identificar els autors de les pintades, que incloïen estrelles de David, la paraula “jueus” i simbologia nazi. “No sé on acabarà la investigació. Cada investigació té uns derroters diferents i els seus temps”, ha assenyalat.

El jefe de la Guardia Civil en Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defendido este martes la investigación que culminó la pasada semana con la detención de dos jóvenes activistas acusadas de participar en los ataques contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. “No hubo ningún tipo de desproporción”, ha aseverado.

El operativo ha suscitado una intensa controversia política y social no solo por la exposición pública de las detenidas durante su arresto y traslado a los juzgados, sino también por el contenido del atestado policial, que les atribuye, además de un delito continuado de daños y otro contra el patrimonio histórico, un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Una calificación que, junto a algunos de los indicios empleados por los investigadores para sostenerla, ha sido cuestionada por organizaciones sociales, que la consideran desproporcionada.

Preguntado por la actuación de los agentes, Hernández ha defendido que tanto las detenciones como los registros domiciliarios y el traslado de las dos jóvenes esposadas a dependencias judiciales fueron “adecuados”. “Fueron algo más que pintadas; se rompieron cristales con un martillo y se inutilizaron con pegamento las cerraduras de cinco edificios. Hay un daño agravado en estas actuaciones”, ha afirmado durante la presentación de los nuevos agentes destinados a Baleares.

Las declaraciones llegan tras días de controversia desde que se produjeran los arrestos así como las imputaciones vertidas por el Instituto Armado en su atestado, un informe de 116 páginas que sostiene que los ataques fueron una actuación “coordinada y premeditada” y que fundamenta buena parte de la investigación en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, el seguimiento de perfiles en redes sociales y otros indicios, entre ellos la presencia de una pancarta con el lema SOS Residents, Stop Overtourism en el domicilio de una de las investigadas. El informe llega a afirmar que este último elemento “confirmaría sin lugar a dudas la actividad delictiva de esta persona”, una valoración que ha sido duramente cuestionada por los colectivos contra la turistificación.

Frente a ello, Hernández, cuyas declaraciones han sido recogidas por Europa Press, ha rechazado que la Guardia Civil actúe movida por criterios políticos o persiga a activistas. “Nosotros hacemos investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales, no hacemos otra cosa. La polémica, a la Guardia Civil, realmente no le afecta”, ha señalado. El mando ha insistido en que el Instituto Armado continuará investigando “todos los hechos delictivos” que lleguen a su conocimiento y ha recalcado que “los responsables son los autores de los hechos delictivos”.

Respecto a una de las cuestiones que más debate ha generado —la imputación por pertenencia a grupo criminal—, Hernández ha defendido que los investigadores se limitaron a aplicar el Código Penal. Según ha argumentado, este tipo delictivo concurre cuando actúan “más de dos personas concertadas”, por lo que, a su juicio, “encaja a la perfección”. Sin embargo, esa interpretación ha sido uno de los principales puntos de fricción con organizaciones como Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideran que la investigación supone una criminalización del activismo contra la turistificación y la crisis de acceso a la vivienda.

El general también ha restado excepcionalidad al despliegue policial y ha atribuido la repercusión del caso al debate público generado en torno a la turistificación. “No veo ningún tipo de desproporción, la considero adecuada”, ha reiterado, defendiendo que los registros domiciliarios respondían únicamente a la necesidad de intervenir la ropa presuntamente utilizada durante los ataques y asegurar pruebas para la investigación.

La Guardia Civil investigará las pintadas antisemitas

Durante su comparecencia, Hernández ha confirmado además que la Guardia Civil ha asumido la investigación sobre las pintadas de carácter antisemita aparecidas el pasado fin de semana en dos viviendas vinculadas al entorno familiar de las dos activistas. La denuncia fue presentada inicialmente ante la Policía Local de Santa Maria del Camí, que posteriormente remitió las diligencias a la Guardia Civil por tratarse del cuerpo competente.

Según el mando, los agentes iniciarán las pesquisas para tratar de identificar a los autores de las pintadas, que incluían estrellas de David, la palabra “judíos” y simbología nazi. “No sé dónde acabará la investigación. Cada investigación tiene unos derroteros distintos y sus tiempos”, ha señalado.

Acampada por Palestina La Rioja ha criticado la represión a la protesta pacífica y solidaria en Logroño. A través de una rueda de prensa, el colectivo y el grupo municipal de Podemos, ha cuestionado los criterios del Ayuntamiento de Logroño y de las fuerzas de seguridad al sancionar con “faltas graves” acciones simbólicas contra el conflicto en Gaza, mientras se permite y protege la presencia de delegaciones y símbolos israelíes en la ciudad.

En concreto, se han referido a la exposición celebrada entre febrero y mayo en la Casa de las Ciencias —centro municipal dependiente del consistorio logroñés—, la cual contaba con la colaboración de la Embajada de Israel. Tras una acción de protesta en la que varios ciudadanos colocaron pegatinas con los lemas “Stop genocidio” y “Palestina libre” en algunos marcos de la muestra, el Ayuntamiento ha resuelto sancionar a los participantes por una “falta grave” al considerar que “perturbaron gravemente la convivencia ciudadana”.

Desde el colectivo califican la medida de “profundamente preocupante y escandalosa”. “Ni se gritó, ni se rompió, ni se molestó a nadie. Nos preguntamos qué entiende la administración por 'grave': ¿un genocidio o unas pegatinas?”, denuncian, recordando que organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya han señalado las violaciones del derecho internacional por parte de Israel.

Además de la gravedad de la sanción, Acampada por Palestina pone en duda el procedimiento policial. Según explican, ninguna de las personas expedientadas fue identificada, documentada ni informada de estar cometiendo una infracción durante el transcurso de la protesta en la Casa de las Ciencias. Sin embargo, semanas después, recibieron notificaciones de denuncia nominales en sus domicilios.

Ante esta situación, el colectivo ha exigido formalmente al Ayuntamiento de Logroño que aclare “quién presentó la denuncia, cómo fueron identificadas estas personas y qué procedimiento se siguió para la obtención de sus datos personales” sin haber mediado identificación presencial.

Desde el Ayuntamiento de Logroño han preferido no hacer valoraciones y se han limitado a defender que “la Policía Local se limitó a hacer cumplir la normativa vigente”.

Incidentes en el Mundial de Frisbee

A esto se suma que este pasado fin de semana con motivo de la celebración en Logroño del Campeonato Mundial de Frisbee, en el que participa la selección de Israel. Para denunciarlo, integrantes de la plataforma acudieron al torneo con banderas palestina y lanzar frisbis decorados con mensajes como “Ellos también quieren jugar”.

Según relatan los activistas, la respuesta del seguridad del evento fue desproporcionada: “Nos mandaron callar, nos quitaron las banderas de forma violenta e incluso instaron a algunas compañeras a quitarse camisetas por llevar los colores palestinos”. El colectivo lamenta el doble rasero, que mientras la delegación israelí pasea escoltada y protegida, la simbología palestina es “arrancada y silenciada”.

“No somos personas violentas, somos ciudadanos defendiendo los derechos humanos. Lo violento y macabro es el genocidio”, concluyen desde la plataforma, asegurando que continuarán movilizándose e invitando a toda la sociedad logroñesa, “por encima de siglas e ideologías”, a sumarse a la condena social contra la actuación de Israel.