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La Fiscalía pide pena de cárcel para los activistas climáticos que tiraron agua teñida al Congreso

La acción de Rebelión Científica frente al Congreso.

Raúl Rejón

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La Fiscalía ha decidido acusar de un delito contra el patrimonio histórico a los 15 activistas climáticos que lanzaron agua teñida de remolacha contra el Congreso de los Diputados en abril del año pasado. Pide una pena de un año y nueve meses de cárcel y un pago a repartir entre ellos de 2.592,29 euros para el Estado y 713,57 euros para el Ayuntamiento de Madrid como responsabilidad civil, según han confirmado varios de los imputados.

La protesta se produjo el 6 de abril de 2022 cuando el colectivo Rebelión Científica se manifestó frente a la fachada del edificio del Congreso y arrojó agua teñida para alertar sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes contra la crisis climática. Dos meses después, la Brigada Antiterrorista de la Policía arrestó a 15 de los activistas y les achacó, además de los daños al Patrimonio, un delito contra las instituciones del Estado.

Sin embargo, el pasado febrero, el juez de Instrucción que llevaba el caso decidió retirar esa parte de la acusación policial y dejar solo el delito de daños al patrimonio. En un principio, el letrado mayor de la Cámara había avalado que la sesión parlamentaria que se celebraba durante la tarde de la protesta había sido perturbada por el ruido de la calle, pero la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó al instructor de que, en realidad, “el curso de la sesión no fue suspendido ni interrumpido”. Ahí decayó la línea abierta por los agentes sobre el delito contra las instituciones estatales.

Con todo, la Fiscalía entiende ahora que la manifestación y el agua con remolacha son constitutivos de un delito contra los “bienes de valor histórico” recogido en el artículo 323.1 del Código Penal y que prevé pena de cárcel seis meses a tres años, por lo que solicita la apertura de juicio oral y ese tiempo de prisión. El escrito de la Fiscalía dice que el Congreso de los Diputados “está catalogado como edificio singular y tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral”. “Estamos esperando fecha para acudir al juzgado” ha comentado a elDiario.es uno de los implicados.

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