El Mundial convocó a millones de personas frente al televisor, coronó a la selección con su segunda estrella y también avivó los mensajes racistas e islamófobos en redes sociales. Así se desprende del boletín de monitorización de redes sociales correspondiente a junio de 2026, un análisis elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones.

El último informe del OBERAXE recoge más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio y apunta al ámbito deportivo como el segundo detonante más frecuente, con un 16 % del total de los contenidos monitorizados. Y en la diana de estos comentarios racistas e islamófobos estuvo el jugador de la selección española, Lamine Yamal. No es la primera vez que los sufre.

El informe recoge especialmente el volumen de contenidos hostiles difundidos en torno al delantero, de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna. El futbolista, uno de los mayores talentos con los que cuenta la selección, recibió comentarios discriminatorios relacionados con sus orígenes e identidad.

En particular, los discursos de odio hacia Lamine Yamal se intensificaron durante la celebración de su primer y único gol en el torneo, agarrándose al gesto musulmán del suyud. Ese acto fue aprovechado para cuestionar su pertenencia y legitimidad como representante de la selección española, con comentarios como “nuestras raíces humilladas” , “moro asqueroso” , “moros nunca” , “no es digno de ser español” .

“Estos episodios reflejan cómo el deporte puede servir de contexto para la difusión de discursos de odio que no solo afectan a deportistas concretos, sino también a los colectivos con los que se les asocia”, advierte en su informe el OBERAXE.

Inseguridad y deporte

En total, el informe recoge más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio. La mayoría de ellos (69 %) hicieron referencia a la inseguridad. En segundo lugar, apareció el ámbito deportivo (16 %), espoleado por la celebración del Mundial 2026. Las políticas públicas estuvieron detrás del 11 % de los contenidos analizados, con ataques a medidas como la regularización de inmigrantes. En cuarto lugar, aparecen los contenidos relacionados con agresiones sexuales (9 %), mientras que los relacionados con terrorismo y llegada de embarcaciones representaron el 3 % y el 2 %.

En cuanto a los grupos destinatarios de los discursos de odio, las personas de origen norteafricano concentraron el 88 % de los contenidos, diez puntos más que en mayo, lo que le consolida como el colectivo más afectado. Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas representaron el 11 % de los contenidos registrados, 14 puntos menos que en el informe anterior. También bajaron los contenidos dirigidos hacia personas afrodescendientes.

Sobre la muestra de contenidos de discurso de odio seleccionados y reportados a las plataformas, la tasa de retirada se situó en el 61 %, cuatro puntos porcentuales menos que el mes anterior (65 %).

Hoy es la víspera del España-Argentina, en el Nueva York de Mamdani, en los EEUU de Trump. Un espectáculo de masas, global. Que mantendrá atentos a las radios y pantallas a millones en todo el planeta. A argentinos y españoles, y a gente de todos los continentes, idiomas, colores, credos, profesiones, ideologías, géneros… Al mundo diverso.

Mientras, en la quinta ciudad más poblada de España, en Sevilla, el ayuntamiento del PP está cediendo a la presión de Vox para replantearse e impedir que se construya una mezquita. Obstaculizando un proyecto que boicotean hace 20 años y del que tenéis detalles en esta noticia de SevillaelDiario.es. Y diréis, ¿no puede haber una mezquita en Sevilla, la ciudad del alcázar y del minarete que es La Giralda? Justo aquí.

Hasta el arzobispo de Sevilla ha querido pronunciarse de forma “escueta y muy clara” apuntando que la libertad religiosa está garantizada por el art.18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el art.16 de la Constitución Española, y los ha leído textualmente, como podéis ver aquí.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), cediendo a las presiones de Vox, se plantea un referéndum para permitir o prohibir la construcción de una mezquita en Sevilla. Pero, ¿cómo va a depender la libertad religiosa de tal consulta? ¿Qué será lo siguiente, un plebiscito para prohibir o permitir el feminismo?

Este bloqueo municipal a la construcción, por parte del Centro Cultural Islámico de Sevilla, de la mezquita del arquitecto Vázquez Consuegra, esta intolerancia, islamofobia y ataque a la libertad religiosa no es un hecho aislado.

Venimos de Feijóo y Ayuso negando el derecho a voto a españoles de origen inmigrante; venimos de M.Rajoy diciendo que los jugadores de la selección francesa no son franceses por negros; venimos del pacto en Andalucía entre Moreno Bonilla (PP) y Gavira (Vox) que en el punto 64 establece el “Fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí” porque dicen querer “promover nuestros usos y costumbres”, sin “adoctrinamiento e injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

Negar el Islam con furor converso

Voy a tunear los famosos versos de mi paisano, poeta romántico, Bécquer:

¿Cuál es nuestra identidad?, dices mientras clavas/En mi pupila tu pupila negrísima./¿Nuestra identidad? ¿Y tú me lo preguntas?/ Pues si no es Al-Ándalus… ya me dirás.

A ver, que yo he disfrutado de un exquisito té a la menta en la colosal Mezquita de París. Que he visto el celo con que agentes alemanes custodian la Sinagoga de Colonia. Que en Granada lleva la Gran Mezquita 23 años en pleno Albaicín. Y en países de mayoría musulmana hay iglesias y catedrales. ¿Por qué Sevilla esconde y niega sus ricas raíces diversas?

Urge leer obras como "La huella morisca", de Antonio Manuel, para entender por qué la islamofobia de la derecha española arranca de mentir diciendo que los musulmanes de Al Ándalus eran extranjeros y desemboca en negar nuestras raíces con el empeño del converso, ése obligado a fingir para sobrevivir.

No dejéis de leer, cuanto antes, La huella morisca. El Al Ándalus que llevamos dentro, del pensador y autor cordobés Antonio Manuel. Lectura que, de forma imperdonable, yo aún tenía pendiente y que ya tarda en incluirse en el programa educativo porque alumbra vivamente quiénes somos.

Y es que el libro revela que si vivimos tan de espaldas y ajenos a que nuestros “Ojalá” y “Ole” vienen de “Insha’Allah” (“si Dios quiere”) y “Allah” (“Dios”), si cerramos los ojos al nexo de los tan castizos “San Isidro” y “La Almudena” con el nombre propio “Idriss” y “almudaina” que significa “ciudadela”, si hablamos alto, llamamos “hacer sábado” a limpiar a fondo y somos los campeones del jamón serrano es porque los judíos y musulmanes que, siendo tan de aquí como el que más (mucho más peninsulares que los posteriores reyes Austria y Borbón), tuvieron que fingir a fondo convertirse al catolicismo para evitar la expulsión y exterminio inquisitoriales.

No podían susurrar, ni estar inactivos en Sabbath, ni negarse a comer cerdo o resultarían sospechosos. Para seguir viviendo, para procrear y legarnos sus genes, incontables antepasados tuvieron que hacer alardes de converso, alardes que se han seguido transmitiendo.

Ganar la final de la vida en equipo

Qué pena y qué pérdida tan grande la cantidad de veces en la historia en que una parte ha machacado a otros y les ha impuesto sus ideas, su fe, su idioma, su supuesta superioridad de sangre y color de piel. También en el franquismo los fascistas obligaron al exilio, exterior o interior, al silencio, miedo y sometimiento so pena de tortura, prisión o exterminio. Pero, probada la libertad, la democracia, la diversidad, el respeto, la convivencia, ¿no son mucho más gustosos? ¿Cómo no preferirlos?

El mundo de homogeneidad blanca, católica, y de raíces sin mezcla, ¿dónde está? En el Mundial no, desde luego. España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, EEUU… tienen a jugadores de todos los colores y credos, cuentan con los mejores. En la selección española se combinan jugadores vascos, navarros, catalanes, andaluces, madrileños, valencianos, extremeños, gallegos y canarios... junto a Aymeric Laporte, nacido en Francia y nacionalizado.

Unidos en su objetivo común, luego, cada cual se encomienda o no a dioses. Algunos, como Nico Williams, se santiguan y Lamine Yamal ha agradecido algún gol a Allah, arrodillándose. Él celebró la liga para el Barça ondeando la bandera Palestina, Borja Iglesias destaca por sus posturas progresistas y pro colectivo LGTBIQ+ y Marcos Llorente por negar la evidencia científica de que tomar el sol sin protección causa cáncer de piel.

No se trata de que todos sean idénticos. O finjan serlo. Por presión, por miedo. Son tan diversos como nuestra sociedad. Con la salvedad de que el fútbol masculino aún no ha conquistado para sus jugadores la libertad de salir del armario. Ojalá la alcance pronto.

Ojalá mañana disfrutemos todos de un gran partido. Y sobre todo ganemos. ¿La Copa del Mundo? Claro. Pero sobre todo, la oportunidad de ser eso que el seleccionador, Luis de la Fuente, declarado creyente católico y creyente en sus jugadores, dice de ellos siempre: que son un equipo, una familia, buena gente. Seamos una sociedad diversa, respetuosa, de buena gente, libre, que, junta, trabaja y avanza.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”. Amb aquestes paraules ha respost la universitat pública de les illes als missatges difosos a les xarxes socials pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos, qui va assenyalar a X una estudiant elegida com a representant de la seva promoció per pronunciar el discurs de graduació per portar hijab.

La alumna sobre la qual el parlamentari ha posat el focus és Khaoula Ikkene, de 22 anys, graduada en Enginyeria i resident a Manacor (Mallorca). Va ser l'estudiant elegida per adreçar-se en nom dels 1.375 titulats durant l'acte de graduació de la UIB, celebrat divendres passat a l'estadi de Son Moix. A més d'un destacat expedient acadèmic, ha complementat la seva formació amb certificacions oficials en ciberseguretat i aprenentatge profund, entre elles una expedida per l'NVIDIA Deep Learning Institute, i domina sis idiomes.

Després de la cerimònia, Campos, la trajectòria del qual està marcada per un bel·ligerant discurs contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica, va publicar una fotografia de l'alumna a X acompanyada del següent missatge: “S'han graduat 1.375 alumnes de la UIB i la catalanista universitat pública de Balears ha elegit aquesta representant dels alumnes perquè els adreci unes paraules...”.

La publicació va provocar una onada de crítiques. Entre elles, la del professor de Dret Constitucional Joaquín Urías, qui va destacar que Ikkene “domina sis idiomes, és enginyera informàtica, amb 22 anys ja ha treballat en diverses empreses de Balears... És una alumna brillantíssima”. Fent-se ressò del missatge de Campos, va afegir: “Aquest senyor és diputat de Vox (abans era del PP) i creu que la religió d'algú és més important que els seus mèrits. Escòria”.

També va reaccionar Toni Bennàssar, doctor en Dret Públic i DEA en Dret Constitucional, qui va recordar el cas de Teresa Comellas, la estudiant que aquest any ha obtingut la millor nota de la Selectivitat a Balears. Segons va assenyalar, ambdues joves “han estat objecte aquests últims dies de durs atacs a les xarxes socials per part de múltiples perfils afins a l'extrema dreta colonialista”. “Què tenen en comú aquestes dues noies? Són dones, joves, intel·ligents, catalanoparlants, brillants acadèmicament i professionalment, i han arribat on són gràcies al seu esforç i a un sistema educatiu públic que els ha donat oportunitats, no gràcies als talonaris dels seus pares”, va escriure.

La resposta de la UIB

El consell de direcció de la UIB va respondre aquest dilluns mitjançant un comunicat institucional en el qual va expressar el seu rebuig a “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”. En el seu comunicat, el consell de direcció va recordar que la graduació constitueix un acte acadèmic destinat a reconèixer “l'esforç, la dedicació i la constància” de l'alumnat i va aprofitar per lamentar les incidències organitzatives derivades de la celebració excepcional d'una única cerimònia conjunta, motivada per les obres a les instal·lacions on habitualment es desenvolupa aquest acte.

Més enllà d'aquestes qüestions organitzatives, la universitat fa èmfasi en el fet que desenvolupa la seva activitat conforme a principis com el pensament crític, la igualtat d'oportunitats, la cooperació, la solidaritat i el respecte a la pluralitat, i defensa que “la diversitat de persones, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” constitueix un element que enriqueix la institució i enforteix la convivència.

Així mateix, recorda en la nota que els estudiants que intervenen en les graduacions ho fan “en representació de tota una promoció” com a símbol d'una generació que ha compartit un mateix itinerari acadèmic. Per això, rebutja “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”, asseverant que aquestes són “incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”.

La institució conclou reafirmant el seu compromís de continuar sent “un espai de llibertat acadèmica, de diàleg, de convivència i de servei públic”, així com amb la construcció “d'una societat oberta, plural i respectuosa amb la dignitat de totes les persones”.

Hores després, Campos, en un altre missatge publicat a X, va elevar el to de les seves crítiques: “La UIB s'ha molestat per no semblar-me correcte que una musulmana amb vel islàmic representi els alumnes de Balears”. El dirigent de Vox sosté que la seva publicació inicial constituïa una “crítica” i no un “assenyalament” contra l'estudiant, i considera que la reacció de la universitat demostra que la seva posició era “encertada”. El diputat va endurir a més les seves desqualificacions contra la institució acadèmica, a la qual arriba a definir com “una universitat convertida en el fangal on jeu la intolerància separatista, on es permeten actes en defensa de grups terroristes com ETA o Hamàs, o on es persegueix la llibertat lingüística”.

El diputat es va oferir així mateix a mantenir un debat públic amb la UIB sobre “dignitat, igualtat de les persones, diversitat, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” i va advertir que, si la universitat no respon a la seva proposta, això constituirà “una demostració més que el catalanisme separatista de la UIB també és porta d'entrada a la islamització”.

El discurs ultra de Jorge Campos

Entre els episodis de caràcter xenòfob protagonitzats per Campos es troben aquells en què no ha dubtat a vincular la “tassa de criminalitat de Balears” amb “l'augment constant d'immigrants il·legals”, manifestacions que, al setembre del 2022, li van valer el retret de l'aleshores presidenta del Govern, Francina Armengol: “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El passat mes d'octubre, Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENES al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de forma despectiva els menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Demanar-los delinqüents és una calúnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar de casa seva”, va proferir el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en camp de batalla ideològica, en acusar l'anterior Executiu d'esquerres “d'adoctrinar” als alumnes i prometre “treure de les escoles” als qui, segons ell, “ataquen a la nació”. Al seu judici, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge en X, Campos, lluny de condemnar la crema d'una bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “embruta la paret” i “podrien haver-se ocasionat danys materials o personals”. “Què pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, en la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

Abans de fer el salt a la primera línia política, Campos es va donar a conèixer a Balears com a president i principal rostre visible de l'associació Círculo Balear, una entitat de caràcter ultraconservador fundada el 1999 i centrada a combatre el que denominava “pancatalanisme”. Des d'aquesta plataforma va impulsar durant anys campanyes contra les polítiques de normalització lingüística, l'ensenyament en català i l'ús institucional de la llengua pròpia de les illes. En contra del consens acadèmic i de les evidències filològiques, Círculo Balear defensava que a les illes no es parla català, sinó una llengua diferenciada, l'anomenat “balear”, considerant els dialectes insulars com a idiomes independents i no com a varietats del català.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en entredicho la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”. Con estas palabras ha respondido la universidad pública de las islas a los mensajes difundidos en redes sociales por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos, quien señaló, por llevar hiyab, a una estudiante elegida como representante de su promoción para pronunciar el discurso de graduación.

La alumna sobre la que el parlamentario ha puesto el foco es Khaoula Ikkene, de 22 años, graduada en Ingeniería Informática, nacida en Marruecos y residente en Manacor (Mallorca). Fue la estudiante elegida para dirigirse en nombre de los 1.375 titulados durante el acto de graduación de la UIB, celebrado el pasado viernes en el estadio de Son Moix. Además de contar con un gran expediente académico, ha complementado su formación con certificaciones oficiales en ciberseguridad y en inteligencia artificial, entre ellas la Fundamentals of Deep Learning, expedida por el NVIDIA Deep Learning Institute, con la que ha acreditado conocimientos en aprendizaje profundo (deep learning), una de las tecnologías fundamentales sobre las que se desarrollan los actuales sistemas de inteligencia artificial.

Ikkene ha compaginado además la carrera con unas prácticas en la energética Sampol, donde ha trabajado como soporte de ingeniería de control en un puesto centrado en sistemas de automatización industrial. Domina seis idiomas. Durante su discurso, la estudiante agradeció la labor de los profesores y la dedicación de las familias y manifestó que el conocimiento que han adquirido debe servir para contribuir a una sociedad mejor.

Tras la ceremonia, Campos, cuya trayectoria está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática, publicó una fotografía de la alumna en X acompañada del siguiente mensaje: “Se han graduado 1.375 alumnos de la UIB y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras...”.

Al hilo de esta crítica, Vox Vecindario utilizó la foto de Ikkene para escribir en su página de Facebook: “El 9 de julio de 2026, se graduaron más de 1.400 alumnos de la Universidad de las Islas Baleares. Y la UIB no ha encontrado a nadie más representativo del alumnado balear para el discurso”.

Los mensajes difundidos han provocado una oleada de críticas dentro y fuera de Balears. Entre ellas, la del profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, quien destaca que Ikkene “domina seis idiomas, es ingeniera informática, con 22 años ya ha trabajado en diversas empresas de Balears... Es una alumna brillantísima”. Haciéndose eco del mensaje de Campos, añade: “Este señor es diputado de Vox (antes era del PP) y cree que la religión de alguien es más importante que sus méritos. Escoria”.

También reaccionó Toni Bennàssar, doctor en Derecho Público y DEA en Derecho Constitucional, quien recordó el caso de Teresa Comellas, la estudiante que este año ha obtenido la mejor nota de la Selectividad en Balears. Según señaló, ambas jóvenes “han sido objeto estos últimos días de duros ataques en las redes sociales por parte de múltiples perfiles afines a la extrema derecha colonialista”. “¿Qué tienen en común estas dos chicas? Son mujeres, jóvenes, inteligentes, catalanohablantes, brillantes académica y profesionalmente, y han llegado donde están gracias a su esfuerzo y a un sistema educativo público que les ha dado oportunidades, no gracias a los talonarios de sus padres”, escribió.

“Es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”

La Asociación Arena Marroquí también ha salido en defensa de la estudiante. “Khaoula Ikkene, 22 años, graduada en Ingeniería, habla cinco idiomas, pero a Vox no le parece suficiente: es magrebí”, señala la entidad en redes sociales. Tras enumerar su trayectoria académica y profesional, la entidad reprocha que, “para Vox, no son suficientes méritos como para representar a sus compañeros de promoción en el cierre del curso universitario”. “Eso es exactamente lo que define a Vox. No es cierto que solo rechacen a los inmigrantes irregulares o con antecedentes. Khaoula no es ni una cosa ni la otra; es algo peor para ellos: es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”, asevera.

Del mismo modo, desde el colectivo Voces Palestinas Málaga destacan que la elección de Ikkene para pronunciar el discurso “no fue fruto de la casualidad, sino un reconocimiento a su excelente trayectoria académica y a sus destacados méritos. Un honor reservado para quienes demuestran esfuerzo, compromiso y excelencia”. “Sin embargo, en lugar de celebrar su logro y el camino que recorrió para alcanzarlo, algunas personas prefirieron centrar el debate en el hecho de que lleva hiyab, ignorando que el verdadero valor de una persona reside en sus conocimientos, su esfuerzo y sus logros, no en su apariencia o en su forma de vestir”, concluyen en un mensaje publicado en Instagram.

“Así son ellos: les toman fotos a las mujeres marroquíes en los parques infantiles y dicen que no aportan nada más que beneficiarse de las ayudas sociales. Y cuando ven a estudiantes brillantes y destacadas, las critican sutilmente diciendo: '¿Acaso la universidad no encontró a nadie más para representar a 1.400 estudiantes?'”, comenta un usuario a través de la página de Facebook de Comunidad Árabe de España. Hablan de integración... Pero cuando te integras y aportas un valor añadido a este país, te rechazan bajo el pretexto de dar prioridad a 'los nativos'“, prosigue la misma publicación, que celebra que, finalmente, ”la excelencia se impuso“. ”Ellos son solo una minoría; en cambio, los españoles reales y justos aplaudieron a la estudiante y reconocieron su mérito“.

La respuesta de la UIB

El consejo de dirección de la UIB respondió este lunes mediante un comunicado institucional en el que expresó su rechazo a “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”. En su comunicado, el consejo de dirección recordó que la graduación constituye un acto académico destinado a reconocer “el esfuerzo, la dedicación y la constancia” del alumnado y aprovechó para lamentar las incidencias organizativas derivadas de la celebración excepcional de una única ceremonia conjunta, motivada por las obras en las instalaciones donde habitualmente se desarrolla este acto.

Más allá de estas cuestiones organizativas, la universidad hace hincapié en que desarrolla su actividad conforme a principios como el pensamiento crítico, la igualdad de oportunidades, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la pluralidad, y defiende que “la diversidad de personas, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” constituye un elemento que enriquece la institución y fortalece la convivencia.

Asimismo, recuerda en la nota que los estudiantes que intervienen en las graduaciones lo hacen “en representación de toda una promoción” como símbolo de una generación que ha compartido un mismo itinerario académico. Por ello, rechaza “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”, aseverando que éstas son “incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en duda la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”.

La institución concluye reafirmando su compromiso de seguir siendo “un espacio de libertad académica, de diálogo, de convivencia y de servicio público”, así como con la construcción de “una sociedad abierta, plural y respetuosa con la dignidad de todas las personas”.

Horas después, Campos, en otro mensaje publicado en X, elevó el tono de sus críticas: “La UIB se ha molestado por no parecerme correcto que una musulmana con velo islámico represente a los alumnos de Baleares”. El dirigente de Vox sostiene que su publicación inicial constituía una “crítica” y no un “señalamiento” contra la estudiante, y considera que la reacción de la universidad demuestra que su posición era “acertada”. El diputado endureció además sus descalificaciones contra la institución académica, a la que llega a definir como “una universidad convertida en el lodazal donde retoza la intolerancia separatista, donde se permiten actos en defensa de grupos terroristas como ETA o Hamas, o donde se persigue la libertad lingüística”.

El diputado se ofreció asimismo a mantener un debate público con la UIB sobre “dignidad, igualdad de las personas, diversidad, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” y advirtió de que, si la universidad no responde a su propuesta, ello constituirá “una demostración más de que el catalanismo separatista de la UIB también es puerta de entrada a la islamización”.

El discurso ultra de Jorge Campos

Entre los episodios de carácter xenófobo protagonizados por Campos se encuentran aquellos en los que no ha dudado en vincular la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”, manifestaciones que, en septiembre de 2022, le valieron el reproche de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol: “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Antes de dar el salto a la primera línea política, Campos se dio a conocer en Balears como presidente y principal rostro visible de la asociación Círculo Balear, una entidad de carácter ultraconservador fundada en 1999 y centrada en combatir lo que denominaba “pancatalanismo”. Desde esa plataforma impulsó durante años campañas contra las políticas de normalización lingüística, la enseñanza en catalán y el uso institucional de la lengua propia de las islas. En contra del consenso académico y de las evidencias filológicas, Círculo Balear defendía que en las islas no se habla catalán, sino una lengua diferenciada, el llamado “balear”, considerando los dialectos insulares como idiomas independientes y no como variedades del catalán.

El 42% de la población vasca se considera creyente. Del total de los creyentes en la actualidad, el 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa, según el Barómetro sobre Religión y Creencias del estado español correspondientes al 2025, hechos públicos durante la presentación del Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco que busca gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de Jehová. A pesar de estos datos y de los avances realizados en materia de diversidad religiosa, el anuncio de la creación de una nueva mezquita en Basauri, la más grande hasta ahora en Bizkaia ha reactivado discursos de odio hacia la comunidad musulmana por parte de partidos como el PP o Vox.

Se trata de una nueva mezquita que sustituirá la inaugurada en el año 2011 y situada en la calle Pozokoetxe, que según sostienen desde la comunidad musulmana se había quedado pequeña. Con la adquisición de un nuevo local en la calle Juan Ibargutxi, que anteriormente albergaba primero la discoteca People y, después un supermercado, la nueva mezquita contará con 800 metros cuadrados. Los gastos tanto de la adquisición como de las obras que se están realizando en el inmueble han sido sufragados por la propia comunidad musulmana, sin embargo, desde el PP consideran que el Ayuntamiento de Basauri liderada por el PNV en coalición con el PSE-EE, debería aclarar “el origen de los fondos destinados a esta enorme infraestructura” y “paralizar el proyecto”, mientras que desde Vox sostienen que “las políticas migratorias del bipartidismo de PP y PSOE, y de los partidos separatistas han logrado que donde antes se bailaba ahora sea un lugar de rezo islámico”, haciendo referencia a la discoteca que clausuró en 1997.

En las últimas elecciones municipales, el PP en Basauri obtuvo un total de 1.338 votos, el 7,5% del total y un concejal en el Ayuntamiento Eduardo Rodríguez. Vox, por su parte, no se presentó a las elecciones al Ayuntamiento de la localidad vizcaína. Rodríguez ha mostrado su rechazo a la “inminente apertura de lo que se proyecta como la mayor mezquita de Bizkaia”, y ha exigido la paralización inmediata del proyecto tras registrar una batería de preguntas urgentes en el Ayuntamiento para “forzar al equipo de gobierno a rendir cuentas ante los ciudadanos” ante el “inaceptable silencio institucional y la política de hechos consumados con la que se está gestionando este macrocentro”. “No se trata de un simple trámite administrativo, sino de una transformación radical de un entorno residencial que choca frontalmente con las costumbres, la tranquilidad y el sentir mayoritario de los vecinos de Basauri. No podemos mirar hacia otro lado mientras se impone, de espaldas a los vecinos y de forma exprés antes del verano, un centro de estas características en los bajos de un edificio de viviendas. Los basauritarras tienen derecho a defender la identidad de sus barrios, su seguridad y su modelo de convivencia tradicional”, ha argumentado, para advertir que desde el PP no van a “tolerar que se ningunee a los residentes para dar vía libre a un proyecto de este calado”.

A juicio del PP, la apertura de la mezquita “rompe el equilibrio social de la zona y genera un foco de saturación inasumible en pleno centro urbano”. Con el objetivo de “destapar la gestión” de este proyecto, el concejal ha registrado diez preguntas “clave”, exigiendo al Ayuntamiento explicaciones sobre cuestiones relacionadas con las concesiones de licencias, el control de aforo y seguridad, el origen de los fondos y garantías de orden público. En este sentido, Rodríguez ha reafirmado el compromiso del PP “con la defensa del vecindario frente a decisiones que alteren la identidad y la paz social de Basauri” y ha asegurado que utilizarán “todas las herramientas legales a su alcance para frenar” un proyecto que consideran “desproporcionado y lesivo para los intereses del municipio”.

El líder de la Comunidad Islámica de Euskadi, Ahmed Zannouti reconoce a este periódico que este tipo de ataques se producen a medida que se aproxima el periodo electoral. “Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y como estos temas calan, los partidos políticos van a intentar obtener votos de esta manera. El eje de la campaña va a ser la inmigración, islamización y la delincuencia. En Euskadi no somos una isla y hay un discurso racista a nivel europeo que está ganando terreno”, lamenta.

Una de las funciones del Consejo Interrelijioso Vasco será elaborar “un plan para atajar los estereotipos y prejuicios” existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general. El Consejo nace, además, con una motivación proactiva para disponer de conocimiento de las distintas realidades religiosas y anticiparse a escenarios de conflicto, buscando evitar respuestas reactivas que puedan llevar a tensiones o la socialización de discursos de odio. De esta manera, este órgano, de carácter consultivo pretende dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en iniciativas y decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación den el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa. Es decir, herramientas para las comunidades cuando sufran algún ataque discriminatorio o racista durante la práctica libre de su religión.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

PP i Vox han segellat aquest dimarts al Parlament balear el seu acord per impulsar la prohibició del burca i el nicab als espais públics mitjançant una proposició de llei orgànica promoguda per l'extrema dreta i avalada pels populars. Tot i presentar-se com una defensa de la “dignitat” de les dones, la iniciativa, que ara continuarà la seva tramitació parlamentària, denuncia l'“arribada massiva d'immigrants” i la seva suposada “amenaça” contra la “civilització occidental”, alerta sobre la “importació d'hàbits i comportaments aliens” i obre la porta a sancions administratives que, en cas de reincidència, podrien arribar als 30.000 euros, situant el focus de la iniciativa en la immigració i en la identitat cultural més enllà de la igualtat de gènere.

Durant la seva intervenció, la portaveu de la formació d'extrema dreta, Manuela Cañadas -encarregada de defensar la iniciativa-, ha articulat un discurs amb referències explícites a la seguretat juntament amb estereotips culturals i apel·lacions a la por: “Les notícies de la geopolítica internacional ens mostren de manera sagnant el destí que ens espera. Si cedim terreny i no estam preparats, plorarem sang, però algun dia aquells que ho van permetre hauran de ser jutjats”, ha arribat a etzibar.

“Vox no parla de dones, sinó de musulmanes. Parla de violències als barris per culpa dels musulmans. Parla del tancament de negocis i comerços i que els veïns se'n van per por dels musulmans, i no per culpa del turisme massificat”, ha retret, per la seva banda, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, qui ha acusat Cañadas d'“estigmatitzar els musulmans i sembrar odi i por”, lluny de qualsevol intenció real de “dignificar o voler dignificar les dones”. La parlamentària també ha dirigit les seves crítiques al PP per assumir el marc ideològic de l'extrema dreta i ha advertit que la prohibició del vel integral pot acabar tenint l'efecte contrari al que proclama combatre en empènyer algunes dones a un major aïllament social.

“Prohibir el vel no allibera: expulsa i castiga doblement les dones sotmeses”, ha insistit. “Diuen defensar la llibertat de les dones, però volen decidir com han de vestir; diuen defensar la dignitat, però criminalitzen dones que ja viuen sota control”, ha manifestat.

La proposició presa en consideració aquest dimarts segueix la mateixa línia que la llei impulsada per Vox al Congrés dels Diputats i recolzada pel PP el passat febrer. Aquella iniciativa, finalment rebutjada per la Cambra Baixa, no només plantejava prohibir el burca i el nicab als espais públics, sinó també sancionar-ne l'ús amb multes que podien arribar als 20.200 euros i modificar la Llei d'Estrangeria per facilitar l'expulsió d'estrangers reincidents.

A Balears, l'impuls d'una norma d'esperit similar consolida un acostament polític que el PP ja havia anticipat mesos enrere amb una proposició pròpia sobre el vel integral. Aquest dimarts, la diputada popular Cristina Gil ha justificat el suport del seu grup defensant que el vel integral constitueix una pràctica incompatible amb la igualtat efectiva entre homes i dones i assegurant que l'Estat ha de reaccionar davant símbols que considera contraris als valors constitucionals.

Tanmateix, el text promogut per Vox va molt més enllà de la qüestió de la igualtat. La seva exposició de motius arrenca alertant que Europa està “amenaçada” per l'“arribada massiva d'immigrants procedents d'altres continents”, denuncia la importació de comportaments “aliens” a Occident i planteja la necessitat d'actuar davant persones que pretenen imposar “costums islamistes” a l'espai públic. La iniciativa sosté que la societat espanyola no pot acceptar una ideologia “aliena i hostil a Occident” i vincula l'ús del burca i el nicab amb suposats riscos per a la seguretat ciutadana.

Multes de fins a 30.000 euros i condemnes de presó

El text preveu sancions administratives que, en cas de reincidència, podrien arribar als 30.000 euros en remetre's al règim d'infraccions greus de la Llei de Seguretat Ciutadana, reformes del Codi Penal per castigar amb penes de fins a quatre anys de presó qui obligui, intimidi o coaccioni una dona perquè porti aquestes peces de roba i modificacions de la legislació d'estrangeria perquè determinades infraccions relacionades amb aquesta matèria puguin derivar en l'expulsió del territori nacional de persones estrangeres reincidents.

La portaveu de Més per Mallorca, Marta Carrió, va acusar Vox d'utilitzar els drets de les dones com a “excusa” per construir un relat sobre immigració i islam. “Aquesta iniciativa no comença parlant de violències masclistes. Comença parlant de civilització occidental, d'immigració massiva i d'una suposada amenaça als nostres valors”, ha denunciat. Segons ha defensat, les dones apareixen al text “com una coartada” per justificar “un discurs profundament islamòfob”.

Una de les principals crítiques de l'esquerra s'ha centrat precisament en la contradicció entre el discurs de protecció de les dones i el contingut sancionador de la llei. Carrió ha recordat que la proposta permetria multar les mateixes dones que porten aquestes peces de roba i ha advertit que, en determinats supòsits, podria acabar facilitant procediments d'expulsió per a estrangeres. “Castiguen la mateixa dona que diuen voler protegir”, ha retret.

En termes similars s'ha expressat la socialista Maria Teresa Suárez, qui ha qüestionat que Vox hagi descobert de sobte una preocupació feminista quan històricament ha combatut bona part de les reivindicacions del moviment de dones. “Quan les dones reclamam igualtat salarial, Vox no hi és; quan denunciam la violència masclista, qüestiona les estadístiques”, ha criticat. Al seu parer, la formació utilitza les dones musulmanes com a “coartada argumental” per desenvolupar un discurs centrat en la immigració i l'islam.

La diputada del PSIB-PSOE ha denunciat, a més, que la proposta construeix una imatge homogènia de la població musulmana i migrant per convertir-la en una amenaça col·lectiva. “Les dones apareixen aquí sobretot com una excusa moral per justificar una agenda política que té poc a veure amb la defensa dels seus drets”, ha recriminat.

Per la seva banda, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha considerat que el text de la llei de Vox està “ple de racisme i classisme”. “El que pretenen és disfressar aquest odi de protecció per a les dones de religió musulmana”, ha criticat.

El Parlament assumeix el discurs neonazi de la “remigració”

El passat mes de febrer, PP i Vox van donar llum verda a una proposició no de llei (PNL) dels de Santiago Abascal que insta el Govern central a deportar les persones migrants que, tot i trobar-se en situació legal, cometin algun delicte greu o facin del delicte lleu “la seva forma de vida”, així com aquelles que “decideixin no integrar-se en la cultura de la nació que les acull o intentin imposar la seva”. La proposta apel·la a l'anomenada “remigració”, un terme que l'extrema dreta europea ha popularitzat els darrers anys com a consigna política, sota la qual agrupen propostes com el retorn massiu de migrants -i fins i tot de ciutadans nacionalitzats- per motius culturals o identitaris.

Aquest postulat, que no forma part del marc jurídic espanyol ni de la legislació d'altres països europeus, ha estat especialment abanderat per sectors de la ultradreta alemanya vinculats a Alternativa per Alemanya (AfD), així com per formacions ultras a Àustria i França. A Espanya, Vox l'ha incorporat al seu discurs com a eix de la seva ofensiva migratòria.

La “remigració” va, d'aquesta manera, més enllà de l'expulsió d'una persona estrangera d'acord amb el que preveu la Llei d'Estrangeria, és a dir, amb garanties procedimentals, motivació individualitzada i possibilitat de recurs judicial. El terme es recolza en valoracions subjectives sobre el grau d'integració o adaptació cultural, conceptes que no figuren com a causa legal de devolució o expulsió.

Només unes setmanes després, el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), va utilitzar l'acte institucional del Dia de Balears per alertar d'una suposada “extinció” dels espanyols i agitar la teoria conspiranoica del “gran reemplaçament”, una tesi sense base científica que sosté que la població europea estaria sent substituïda demogràficament per persones migrants, especialment d'origen no europeu. Es tracta d'un discurs ideològic àmpliament difós per la formació d'extrema dreta a Espanya, partits afins a França, Itàlia o Alemanya i nombrosos grups neonazis europeus, que ha contribuït a endurir la política migratòria a les comunitats autònomes on el PP governa de la mà de Vox.

PP y Vox han sellado este martes en el Parlament balear su acuerdo para impulsar la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos mediante una proposición de ley orgánica promovida por la extrema derecha y respaldada por los populares. Pese a presentarse como una defensa de la “dignidad” de las mujeres, la iniciativa, que ahora continuará su tramitación parlamentaria, denuncia la “llegada masiva de inmigrantes” y su supuesta “amenaza” contra la “civilización occidental”, alerta sobre la “importación de hábitos y comportamientos ajenos” y abre las puertas a sanciones administrativas que, en caso de reincidencia, podrían alcanzar los 30.000 euros, situando el foco de la iniciativa en la inmigración y en la identidad cultural más allá de la igualdad de género.

Durante su interevención, la portavoz de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas -encargada de defender la iniciativa-, ha articulado un discurso con referencias explícitas a la seguridad junto a estereotipos culturales y apelaciones al miedo: “Las noticias de la geopolítica internacional nos muestran de forma sangrienta el destino que nos aguarda. Si cedemos terreno y no estamos preparados, lloraremos sangre, pero algún día quienes lo permitieron tendrán que ser juzgados”, ha llegado a espetar.

“Vox no habla de mujeres, sino de musulmanas. Habla de violencias en los barrios por mor de los musulmanes. Habla del cierre de negocios y comercios y de que los vecinos se van por miedo a los musulmanes, y no por culpa del turismo masificado”, ha recriminado, por su parte, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, quien ha acusado a Cañadas de “estigmatizar los musulmanes y sembrar odio y miedo”, lejos de cualquier intención real de “dignificar o querer dignificar a las mujeres”. La parlamentaria también ha dirigido sus críticas al PP por asumir el marco ideológico de la extrema derecha y ha advertido de que la prohibición del velo integral puede acabar teniendo el efecto contrario al que proclama combatir al empujar a algunas mujeres a un mayor aislamiento social.

“Prohibir el velo no libera: expulsa y castiga doblemente a las mujeres sometidas”, ha insistido. “Dicen defender la libertad de las mujeres, pero quieren decidir cómo deben vestir; dicen defender la dignidad, pero criminalizan a mujeres que ya viven bajo control”, ha manifestado.

La proposición tomada en consideración este martes sigue la misma línea que la ley impulsada por Vox en el Congreso de los Diputados y respaldada por el PP el pasado febrero. Aquella iniciativa, que finalmente rechazada por la Cámara Baja, no solo planteaba prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, sino también sancionar su uso con multas que podían alcanzar los 20.200 euros y modificar la Ley de Extranjería para facilitar la expulsión de extranjeros reincidentes.

En Balears, el impulso de una norma de espíritu similar consolida un acercamiento político que el PP ya había anticipado meses atrás con una proposición propia sobre el velo integral. Este martes, la diputada popular Cristina Gil ha justificado el apoyo de su grupo defendiendo que el velo integral constituye una práctica incompatible con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y aseverando que el Estado debe reaccionar frente a símbolos que considera contrarios a los valores constitucionales.

Sin embargo, el texto promovido por Vox va mucho más allá de la cuestión de la igualdad. Su exposición de motivos arranca alertando de que Europa está “amenazada” por la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes”, denuncia la importación de comportamientos “ajenos” a Occidente y plantea la necesidad de actuar frente a personas que pretenden imponer “costumbres islamistas” en el espacio público. La iniciativa sostiene que la sociedad española no puede aceptar una ideología “ajena y hostil a Occidente” y vincula el uso del burka y el niqab con supuestos riesgos para la seguridad ciudadana.

Multas de hasta 30.000 euros y condenas de prisión

El texto contempla sanciones administrativas, en caso de que el afectado reincida, podrían alcanzar los 30.000 euros al remitirse al régimen de infracciones graves de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformas en el Código Penal para castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer para que porte estas prendas y modificaciones de la legislación de extranjería para que determinadas infracciones relacionadas con esta materia puedan derivar en la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras reincidentes.

La portavoz de Més per Mallorca, Marta Carrió, acusó a Vox de utilizar los derechos de las mujeres como “excusa” para construir un relato sobre inmigración e islam. “Esta iniciativa no empieza hablando de violencias machistas. Empieza hablando de civilización occidental, de inmigración masiva y de una supuesta amenaza a nuestros valores”, ha denunciado. Según ha defendido, las mujeres aparecen en el texto “como una coartada” para justificar “un discurso profundamente islamófobo”.

Una de las principales críticas de la izquierda se ha centrado precisamente en la contradicción entre el discurso de protección de las mujeres y el contenido sancionador de la ley. Carrió ha recordado que la propuesta permitiría multar a las propias mujeres que portan estas prendas y ha advertido de que, en determinados supuestos, podría acabar facilitando procedimientos de expulsión para extranjeras. “Castigan a la misma mujer que dicen querer proteger”, ha reprochado.

En términos similares se ha expresado la socialista Maria Teresa Suárez, quien ha cuestionado que Vox haya descubierto de repente una preocupación feminista cuando históricamente ha combatido buena parte de las reivindicaciones del movimiento de mujeres. “Cuando las mujeres reclamamos igualdad salarial, Vox no está; cuando denunciamos la violencia machista, cuestiona las estadísticas”, ha criticado. A su juicio, la formación utiliza a las mujeres musulmanas como “coartada argumental” para desarrollar un discurso centrado en la inmigración y el islam.

La diputada del PSIB-PSOE ha denunciado además que la propuesta construye una imagen homogénea de la población musulmana y migrante para convertirla en una amenaza colectiva. “Las mujeres aparecen aquí sobre todo como una excusa moral para justificar una agenda política que tiene poco que ver con la defensa de sus derechos”, ha recriminado.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha considerado que el texto de la ley de Vox está “repleto de racismo y clasismo”. “Lo que pretenden es disfrazar ese odio en protección para las mujeres de la religión musulmana”, ha criticado.

El Parlament asume el discurso neonazi de la “remigración”

El pasado mes de febrero, PP y Vox dieron luz verde a una proposición no de ley (PNL) de los de Santiago Abascal que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”. La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios.

El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderado especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Apenas unas semanas después, el presidente del Parlament, Gabril Le Senne, utilizó el acto institucional del Día de Balears para alertar de una supuesta “extinción” de los españoles y agitar la teoría conspiranoica del 'gran reemplazo', una tesis sin base científica que sostiene que la población europea estaría siendo sustituida demográficamente por personas migrantes, especialmente de origen no europeo. Se trata de un discurso ideológico ampliamente difundido por la formación de extrema derecha en España, partidos afines en Francia, Italia o Alemania y numerosos grupos neonazis europeos que ha llevado a endurecer la política migratoria en las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna de la mano de Vox.

Los delitos de odio aumentaron en España un 23,6% en 2025 en comparación con el año anterior y registraron la mayor cifra de la serie histórica. Un dato que también afecta a Andalucía, donde la tasa pasó del 2,59 al 3,40 con un total de 295 de hechos conocidos, entre los que destaca el repunte de la islamofobia, los actos relacionados con racismo y xenofobia y el ataque a la orientación sexual y de género. Frente al progresivo crecimiento que se ha dado en todo el país, la comunidad se sitúa por debajo de la media española (un 4,92) y ocupa el último lugar en el listado, lejos de la tasa por cada 100.000 habitantes que deja a Melilla con un 21,89 y a Navarra con el 15,65.

El Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, publicado por el Ministerio del Interior este miércoles, especifican la tipología de la infracción, el perfil de la víctima y también del atacante. En total, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, el mayor número registrado desde que se inició la serie en 2014. Además, suben todos los ámbitos, a excepción de la discriminación generacional. Los más numerosos fueron los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, a lo que siguen los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos) y los delitos por ideología (241 hechos). En todo caso, el mayor incremento porcentual se produce con la islamofobia (un 133%).

Acerca de la la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos). En cuanto a Andalucía, de los 295 hechos conocidos en 2025, de los que se investigaron 104, estos se distribuyeron así: racismo y xefonobia (102); orientación sexual y de género (75); discriminación por sexo o género (22); por ideología (14); islamofobia (10); creencias o prácticas religiosas (10); antisemitismo (9); aporofobia (8); disfobia (8); discriminación por enfermedad (6); antigitanismo (5); y uno por discriminación generacional.

Sevilla, la provincia más conflictiva

En comparación con el periodo anterior, los ámbitos en los que hubo un mayor incremento fue en ataques por racismo y xenofobia (78 en 2024); islamofobia (3) y por ideología (7); mientras que descendieron los actos por discriminación de sexo o género (78). Por provincias, la mayor parte de los delitos por odio se dieron en Sevilla (73), a la que sigue Málaga (66), Cádiz (40), Córdoba (31); Almería (28), Granada (24), Jaén (19) y Huelva (14).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones. En este ámbito, el informe destaca el aumento de la participación de los menores en los delitos, tanto en calidad de víctimas —con un ascenso del 17%— como de autores, que se incrementa casi un 20%. Con respecto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).

En un encuentro realizado en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en Granada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró este miércoles que los retos prioritarios están en “hacer frente a la desinformación, como aquel fenómeno que utilizando situaciones concretas de algún tipo de crisis, pues quiere evidentemente también socavar los principios de la sociedad democrática”, además de trabajar en la prevención de los discursos de odio, ya que son la “antesala de todos los delitos de odio”. En este sentido, expresó su confianza en que la cooperación entre las instituciones permita “hacer frente a desafíos y a fenómenos tan importantes como los que tenemos, como es la migración, la lucha contra la radicalización, la desinformación y los delitos de odio”.

Alexievich, Svetlana: el alfabeto ha querido que Los muchachos de zinc: Voces soviéticas de la guerra de Afganistán sea el primero de los trece libros de la bibliografía que aparece al terminar Flores de Ariana, pero no es casualidad. A la manera de la periodista bielorrusa, la última novela de Antonio Pampliega Rodríguez (Madrid, 1982) también está narrada en primera persona.

La voz de la protagonista, sin embargo, son las voces de muchas mujeres. Es un libro de ficción, sí, pero se alimenta de decenas de historias reales. Fusiona escenas, recuerdos, datos o sentimientos que este periodista especializado en crónicas de larga distancia incluyó –o descartó– en los reportajes que filmó y escribió durante los ocho años que estuvo viajando a Afganistán. Entre 2010 y 2018 parecía que el país se había liberado del terror de los talibanes. Un espejismo.

Flores para Ariana comienza con una imagen muy potente: septiembre de 1996, recibimiento triunfal a los talibanes en las calles de Kabul.

Esa imagen nos hace entender que los afganos lo que querían era vivir en paz. Llevaban en guerra desde el 73, veintitrés años. Salieron a recibir a los talibanes como si fueran héroes: en internet puedes encontrar las fotografías y ver cómo engalanaron sus tanques. Obviamente, luego la cosa se torció. 

¿Hay represión moral sin corrupción sistémica? 

Cuando acaba una guerra, además de los ajustes de cuentas entre vencedores y vencidos, el poder se sustenta en una red clientelar. No sólo ha ocurrido con el régimen talibán. He vivido unas cuantas posguerras y creo que ni se estudian lo suficiente ni se les da el espacio que merecen en los medios. Al terminar la invasión soviética, en el 89, de Afganistán nos fuimos todos y allí los dejamos hasta el 2001… y porque los talibanes ayudaron a Osama [Bin Laden] a tirar las Torres Gemelas. Si no, seguirían en aquel agujero negro.

¿Cuándo se dio cuenta de que todas las historias de las mujeres afganas eran la misma?

Sobre todo cuando hice un reportaje para Cuatro que se llama Matrimonio infantil, 2018 todas las entrevistadas son el eco de la voz de Ariana, la protagonista de la novela. Da igual que sean de Kabul, de Mazar e-Sharif, de Herat: las historias se van repitiendo y son todas terribles. Ahí me doy cuenta de que hay un problema muy grande con las mujeres. Las íbamos a dejar olvidadas. Los talibanes ya tenían el 80% del país bajo su control. 

¿El matrimonio concertado es el punto de no retorno para la mujer afgana? Es lo que motiva a las protagonistas de su novela a intentar la huida a Pakistán.

Las familias se desprenden de sus hijas porque son una especie de mercancía que se compra. Quizás el padre o el hermano les den un poco de libertad para estudiar o trabajar, pero en el momento en que se casen dependen de la voluntad del marido. Cuando se les plantea a las protagonistas –“os vais a casar”– es el momento en que se tienen que ir: eso pasa en la vida real. En mis últimos viajes ya tenía más experiencia y contactos y me era más sencillo acceder a las mujeres afganas. Para un hombre es complicado entrar en esa cultura. Uno de los casos que vimos en 2018 fue el de una chica –dieciséis años– que el padre quería casar con un señor de treinta y cuatro. La chica huyó –porque quería seguir estudiando–, la cogieron en la frontera entre Afganistán e Irán y la metieron dos años en un reformatorio acusada de prostitución. Después de la condena, la obligaron a casarse con ese señor. Por todo ello, Afganistán es uno de los países donde la tasa de suidicio entre las mujeres es más alta. El matrimonio, en muchos casos, es una condena a muerte.

“Ramera” o “prostituta” son de las palabras que, de forma muy despectiva, utilizan los hombres, más radicalizados o con más poder para insultar a las protagonistas femeninas de su novela. Sin embargo, en el escenario que pinta, la doble moral es el pan de cada día.

Los talibanes incumplen sus normas sin esconderse porque saben que la población les tiene miedo, que nadie les va a toser. A Ariana y su hermana Parvana les llaman prostitutas, pero los talibanes consienten que haya un prostíbulo en Kabul donde ellos van a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Pero la doble moral no afecta sólo a las mujeres en aquel país. El bacha bazi –literalmente, jugar con niños– es una tradición: se les obliga a danzar y luego se los somete… Como ocurre una sociedad donde la homosexualidad está perseguida y penada con la muerte, se disfraza a niños de niñas para enmascarar lo que están haciendo. La doble moral es una de las cosas que quería poner en valor en la novela. ¿Son radicales? Sí, pero para los que ellos quieren.

La reacción de Salem, el amigo de Ariana, cuando descubre que su padre es pedófilo puede resultar familiar en cualquier parte del mundo.

Por desgracia, los niños, cuando hay dinero de por medio, son moneda de cambio. Lo he visto en el Congo –donde se usaba a niños pequeños y se mataba a chicas vírgenes para hacer rituales atroces–, por ejemplo. El problema de Afganistán es que coincide todo en un mismo país.

¿Cómo se explica entonces Afganistán? ¿Las experiencias que acumuló en Siria, Egipto, Iraq o, incluso, Haití le ayudaron a contar un país que, desde el siglo XIX, es una casilla codiciada en el tablero geopolítico?

La repercusión que han tenido los occidentales es clave para entenderlo. Ya fuera con las pugnas entre los imperios Británico y Ruso hace más de cien años o durante la Guerra Fría. Además, Afganistán es un estado fallido desde el golpe que se dio contra la monarquía absolutista [de Mohamed Zahir Sha, 1973]. Desde entonces nadie ha sabido darle una solución. Los veinte años (2001-2021) que estuvieron las tropas de la OTAN fueron un fracaso absoluto: nunca se invadió Afganistán con la intención de estabilizarlo. Simplemente, había que responder a unos atentados que causaron 3.000 muertos. El objetivo siempre fue Iraq. En 2003, cuando se sacan tropas para moverlas a suelo iraquí, los afganos se dan cuenta de que los americanos no han venido para quedarse. ¿En quién te refugias? En señores de la guerra y señores de la droga: gente corrupta. En los últimos veinte años, la producción de opio se ha potenciado a niveles de los años ochenta, cuando la guerra contra los soviéticos. A nadie le ha interesado nunca pacificar aquel país y, ahora, ya no interesa nada de nada.

¿Las flores son la riqueza y la condena de los afganos?

Efectivamente. En Kabul existe una calle dedicada a las flores. A los afganos les encanta tenerlas en su casa. A mí me llamaba la atención ese contrapunto colorido a un país tan gris. Y, a la vez, sin las amapolas de Afganistán no habría llegado a Europa o a América toda la heroína que se lleva consumiendo desde los años sesenta.

La literatura sobre el simbolismo de la flor en la cultura islámica es extensa. ¿Qué obras le sirvieron de ancla para desarrollar el argumento?

La primera vez que viajé a Afganistán fue en 2010, a raíz de haber leído Mil soles espléndidos y Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini. Me enamoré del país y ahora tengo una estantería sólo de libros afganos. Todo lo que va saliendo sobre el país me lo compro. Me interesa mucho. Lógicamente, además de la documentación, las entrevistas sobre el terreno fueron clave para ambientar la historia.

Hace hincapié en la diversidad afgana. Recuerda al lector, por ejemplo, que resisten minorías hindúes en un territorio dominado por una teocracia. ¿Era imposible esconder al corresponsal detrás del novelista?

Además de ficcionar las historias que me han ido contando durante años, también quería que los lectores tuvieran una visión general de Afganistán. A riesgo de ser pesado, quería ser pulcro a la hora de dar datos y cifras. Creo que eso le da realismo a la acción. El editor me decía que en algunos pasajes sentía como si lo transportaran a Kabul y, claro, es que he estado en esa ciudad muchas veces.

¿Esa forma tan visual de escribir, tirando de frases cortas y directas, está relacionada con los trabajos para televisión?

Quien me recomendó escribir con frases cortas fue Ramón Perelló, el editor de Península, con quien saqué mi primer libro [En la oscuridad], donde contaba el secuestro. “Antonio, sujeto, verbo y predicado. Ya está, esa es la mejor forma de escribir”. Desde entonces, esa es la fórmula que utilizo en todos los textos que escribo.

¿Es un método sencillo para explicar cuestiones complejas? Flores para Ariana está repleta de contradicciones: las protagonistas, pese a estar sometidas por una teocracia, tienen fe en Alá. Y lo expresan.

Sí, sí. Amigas afganas como Latifah, que está en Madrid como refugiada, aunque es chiíta y no sunita como los talibanes, siguen creyendo. Lo mismo ocurre con muchos sirios, aunque el Estado Islámico eliminara a miles de personas musulmanas. Al final, la religión no hace a la persona sino que la persona es quien hace a la religión. Lo fácil hubiera sido demonizar al Islam. Era importante poner el foco en que el mal son los talibanes, no la confesión religiosa.

¿Cómo influyen dictaduras como la afgana para que la islamofobia permee en la sociedad occidental a través del discurso de partidos que no son sólo de ultraderecha?

Las noticias que nos llegan de países como Afganistán son fuego y gasolina para seguir encendiendo a la gente. Cuando hay un asesinato de una mujer, lo primero que muchos preguntan es: “¿De dónde es el asesino?” Si resulta que es marroquí, aprovechan el dato para atacar al Islam. Obviar que los talibanes o el Estado Islámico son musulmanes es un error, pero también hay que contar que hay muchos musulmanes que están en contra de ese terror. Los kurdos luchan contra ellos, los sirios combatían contra ellos, Ahmad Masud [el líder del Frente de Resistencia en Afganistán] también combatió contra ellos… Pero quien es racista va a comprar el discurso de la islamofobia y no se va a preguntar los porqués.

Volviendo a su libro, esas contradicciones que nos encontramos en cualquier sociedad sirven para que el relato avance. Un ejemplo es el padre de las protagonistas: un hombre religioso y conectado a las tradiciones, pero de ideología comunista y dueño de una librería.

Ese señor existió. Era el padre de una jugadora de baloncesto en silla de ruedas que se llama Nilofar Bayat [quedó inválida cuando tenía dos años por el impacto de un cohete contra su casa, un ataque talibán en el que murió uno de sus hermanos]. Él no tuvo problema para darle permiso a su hija para que siguiera estudiando y jugando al baloncesto. Los hermanos intentaron vetarla, pero el padre dijo que no. ¿Por qué? Él tenía una cultura y una formación que no tenían sus hijos, que se habían criado en un ambiente talibán. La cultura machista –inculcada por el régimen y por el carácter afgano de pura cepa– sobrevivió a la invasión americana. Hay que combatir que ese pensamiento arraigue en las segundas y terceras generaciones de musulmanes que viven en Europa.

Ocurre también con las crisis económicas o, incluso, con los cambios de gobierno: la edad que uno tenga cuando empieza una guerra determina tu manera de ser, tu conducta, tus valores. Muchos de los niños que aparecen al inicio de la novela están totalmente deshumanizados.

Es muy complicado ponerse en la piel de los personajes, pero si eres tan pequeño y has visto lo que has visto, el grado de violencia que se vivió en la guerra civil afgana –del 92 al 96, una auténtica carnicería– te tiene que afectar de alguna manera. ¿Cómo? Muchos acabaron abrazando la ideología talibán. Eran híper violentos. Luego está Salem, una rara avis, que ve a Ariana como una igual. En cambio, el resto de niños del barrio le tiran piedras porque la odian. Es imposible avanzar si no se ve un ápice de esperanza. Lo tuvieron durante veinte años, pero ha desaparecido.

Salem, al principio, se enfrenta al poder talibán sin ejercer violencia, pero luego le vemos disparar un rifle. ¿Con ese personaje quería recordar al lector que llega un momento en el que para sobrevivir no queda más remedio que mancharse las manos?

Por desgracia, sí. No sé si matar, pero sí hacer cosas de las que no estás orgulloso con tal de conseguir tu objetivo. ¿Cuál era el de Salem? Encontrar a Ariana. ¿Que se tuvo que afiliar a los talibanes? Lo hizo. ¿El bien mayor está por encima? Yo te diría que sí. Ese hombre, a pesar de las cosas que ha hecho, le dio una segunda oportunidad a su amiga… y a su hija.

¿Qué representa el conocimiento, la cultura, la lectura, la escritura en un país donde incluso están prohibidas las muestras de afecto en público o salir de casa con las uñas pintadas?

Son esas ventanas que puedes abrir de par en par e imaginarte ese mundo que te está siendo vetado. Si Ariana no podía darle un abrazo a su amigo, recurre a la literatura, a través, por ejemplo, de El Principito. Escribir y soñar es algo que no nos van a poder robar nunca. En muchas partes del mundo es así.

Ahí está también la red de escuelas clandestinas. 

Hay que poner en valor que no todos los hombres son talibanes. Muchísimos están en contra de lo que se está haciendo. También se juegan la vida permitiendo que se eduque de forma oculta a las mujeres en sus casas. El machismo puede venir de cualquier parte. Recuerdo, por ejemplo, la historia de Narges: la casaron con un chico de quince cuando ella tenía sólo ocho años. En su nuevo hogar fueron su suegra y su cuñada quienes le hicieron la vida imposible porque sentían que había llegado para robarles el sitio.

En las páginas de cortesía, Ediciones La Tormenta ha reproducido una de las páginas que escribió en un cuaderno durante su secuestro (2015-2016). ¿Cómo era Flores para Ariana cuando Al Qaeda le liberó después de casi trescientos días? 

Eran retazos, pero no me he desviado mucho de aquel manuscrito. El embrión que saqué de Siria son los cimientos de la novela. Ya tenía el título puesto y los personajes perfilados. Luego fui completando con el acceso a los documentos y a Internet que, lógicamente, no tenía durante el secuestro. Es cierto que el final nunca lo escribí porque pensé: en el momento en que termine y ponga el punto final a Ariana, también me lo voy a poner a mí.

Como Sherezade en Las mil y una noches. Fabulando para sobrevivir.

[Ríe] Es que soy bastante supersticioso. Escribir fue una manera de salir adelante dentro de la celda. Me imaginaba paseando por Kabul, donde había vivido seis meses, y describía el ambiente de sus plazas y avenidas… Cuando dejo de escribir, de hecho, caigo en una depresión bastante importante. 

¿No reescribió ni editó demasiado el manuscrito?

Tenía escritas dos terceras partes de la novela cuando vino el viaje a Afganistán, en 2018, donde pude acceder a las historias de muchas mujeres. A petición de los editores decidí pasar la narración de tercera a primera persona. Me dijeron: tiene muchísima más fuerza si te lo cuenta Ariana, que es una adolescente que está sufriendo en carne propia. Sólo mantuve la tercera en los capítulos que se centran en Parvana porque quería ponérselo fácil al lector al diferenciar las dos voces. Entre ellas he intentado plasmar que en un país donde no hay amor, el amor entre dos hermanas está por encima de todo. Publicar esta historia después de que los documentos hayan estado guardados durante casi diez años es un regalo para mi hermana Alejandra. Cuando la escribí no pensaba que pudiera llegar a leerla.

¿Se están contando a sí mismas las mujeres afganas? ¿A qué escritoras deberíamos leer para conocer lo que usted ha contado desde su propia perspectiva?

Hay muy pocas mujeres afganas que hayan contado su historia, pero ahora mismo tenemos a Khadija Naim, la autora de Sin velo: donde cuenta cómo le obligaron a casarse cuando su sueño era ser periodista y escapó para venir a España, desde donde lucha para recuperar a sus tres críos. Es una voz súper potente.

A finales de enero la Justicia reconocía que la prohibición del velo islámico en el Instituto Sagasta “vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa”. El Juzgado de lo Contencioso estimó el recurso presentado por Eman Akram, la alumna de Bachillerato que fue expulsada de clase por llevar velo al principio de curso. Desde entonces tuvo que retirárselo para asistir a las clases. El fallo reconoció también una indemnización por daños morales de 2.000 euros, frente a los 45.000 que reclamaba la afectada.

A raíz de este caso surge la Acción por la Convivencia Antirracista (ACA), un colectivo social cuyo objetivo es seguir trabajando por el derecho de las alumnas a llevar hiyab en los centros educativos de La Rioja, así como sensibilizar y concienciar contra la islamofobia y el racismo, “en España sobre todo contra las personas musulmana y las consignas de algunos partidos que hace quince años nos darían vergüenza, pero que ahora tenemos más que normalizadas”, apunta una la activista Nieves Escalada Perales en una conversación con Rioja2.

Una vez conocido el fallo, ACA solicitó a la Consejería de Educación hacer extensiva esta sentencia en el resto de centros educativos riojanos. “Lo lógico y natural, si se quería zanjar la cuestión, es que Educación hubiera enviado una circular al resto de centros en los que se imponía esa misma prohibición, pero parece que la intención de la Consejería es generar un problema donde no lo hay y nunca debió haberlo”. En estos momentos, Escalada asegura que “en todos los centros de Rioja Baja se sigue prohibiendo el velo y en un IES de Logroño también”. En el centro de la capital riojana apostilla “tienen la deferencia de no sancionar a las alumnas a las que advierten de que es una práctica prohibida”.

En un centro de Calahorra, en el que asegura también está prohibido llevar el hiyab, “el director del mismo se negó a recibir un escrito de una alumna en el que mostraba su deseo de portarlo. Es increíble que una alumna realice una petición al equipo directivo del centro y el director se niegue incluso a recibir el escrito”, reitera esta activista y docente jubilada con experiencia en equipos directivos. “Esto es una muestra clara de racismo aunque no se quiera reconocer como tal”.

Desde ACA responsabilizan a la Consejería de Educación de la situación creada. El curso pasado, varias asociaciones se reunieron con el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y le advirtieron “de todas las leyes que se iban a infringir al aplicar tal prohibición”. Más tarde sería la Universidad de La Rioja “la que envió un detallado informe jurídico que ahondaba en los fundamentos legales que amparaban anular la prohibición en todos los centros”.

Tras la sentencia que reconoció que prohibir el velo islámico en clase en el IES Sagasta vulnera el derecho fundamental de libertad religiosa, ACA pidió a Educación que enviara una circular al resto de centros educativos informando del fallo. “Hemos esperado pacientemente al envío de dicha instrucción a los centros educativos para que dejen de prohibir el uso del hiyab y nada”. Solicitaron una nueva reunión con el responsable de Educación, Alberto Galiana, y con el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, y “el silencio ha sido la respuesta”. Y un tercer intento. El pasado 21 de mayo, varias asociaciones firmaron una instancia dirigida al consejero de Educación con el mismo asunto: el envío a los centros educativos de la instrucción que anulara la prohibición de utilizar el hiyab. Tampoco en este caso han recibido respuesta.

Cansados de este silencio, y ausencia de respuestas, han decidido hacer público este asunto a pesar de que su intención era “poner coto a este problema sin hacer ruido y tratando de evitar el dolor que esta prohibición provoca en las alumnas afectadas”. Y es que censuran la postura de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja: “Están obligando a pasar por el calvario de la denuncia a cada una de las alumnas que pretenda ejercer el derecho a portar el hiyab cuando es un derecho general, no individual”. insite Escalada. Más aún, añade, “cuando, tras la sentencia, saben que incumplen y ayudan a incumplir la ley deliberadamente”.

Para ACA la solución a este problema es sencilla. “La Consejería debería indicar al resto de centros educativos de La Rioja que se trata de un derecho recogido en la Constitución Española. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de legalidad”. Y es que hay alumnas que quieren llevar el velo a clase y no lo hacen “porque asumen la norma para no crear problemas a pesar de sentirse violentadas en su libertad religiosa”. Califica la hazaña de Eman (la alumna del IES Sagasta que acudió a la Justicia) de “valiente”, pero entiende a la vez “que haya familias y adolescentes que acaten la norma para evitar problemas dada la islamofobia actual, también en La Rioja”.

Pese a todo mantienen “abierta la esperanza de un cambio de posicionamiento”. Y recurren a Kant para recordar a Galiana “desde una perspectiva deontológica que el daño a sabiendas es inaceptable porque viola reglas morales universales al utilizar a los seres humanos como medios para un fin”.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un usuario de la red social Twitter –actualmente X– por propagar durante meses a lo largo de 2022 mensajes con un “rechazo intolerante” hacia todo lo relacionado con el islam con el fin de “hacer un llamamiento a la hostilidad” y “lesionar la dignidad del colectivo”.

El fallo dictado en firme, consultado por Europa Press, impone al acusado dos años de prisión por un delito con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas con una atenuante muy cualificada de reparación de daño y suspende el ingreso en prisión del condenado.

El acusado, con una cuenta creada en enero de 2015 y que tenía 1.635 seguidores, publicó distintos mensajes y comentarios desde, al menos, el 21 de mayo de 2022 hasta el 10 de octubre del mismo año, dirigidos contra el colectivo musulmán.

Instó a la ilegalización del islam y al derribo de mezquitas

En el primero de ellos comentó una noticia relativa a la anulación del empadronamiento en Salobreña (Granada) de la entonces candidata a la Junta de Andalucía por Vox Macarena Olona; quien para él era “perseguida”, toda vez que contraponía su situación a la del colectivo, al que acusaba de la comisión sistemática de delitos y, pese a ello, ser “más españoles”.

El hombre dirigió varios 'tuits' directamente a criticar el islam, al que llegó a calificar de “tumor de occidente” para instar a “erradicarlo” e “ilegalizarlo” así como a perseguir a quienes lo practicaban. Del mismo modo, comentó varias noticias que usaba para sugerir el derribo de mezquitas y a prohibir el uso del velo o la presencia de imanes.

El tribunal señala así que el acusado era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas “con vocación de perpetuidad”, de modo que, desde que se lanzaban, carecía del control sobre su difusión.

Años después pidió perdón “avergonzado”

En este sentido, los mensajes llegaron a sus seguidores, quienes “podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, circunstancia que incrementaba exponencialmente el daño y la humillación al colectivo de víctimas objeto de sus ataques”.

El fallo tuvo en cuenta para fijar la pena que el acusado, tiempo después de los hechos, dejó inactiva la cuenta, borró los mensajes e incluso publicó –ya en mayo de 2025– un texto en el que se retractaba de todo lo dicho y pedía perdón “avergonzado”.

No obstante, además de la pena de cárcel que deja en suspenso durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en dicho periodo de tiempo, le impone una multa de tres meses a razón de seis euros diarios y la inhabilitación para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de cinco años.

El punto 4 del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Extremadura ordena la “supresión inmediata” del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros de Primaria y Secundaria de la región. El texto justifica la medida apelando a un supuesto “adoctrinamiento”, a “injerencias extranjeras” y a un intento de “diluir nuestra identidad, usos y costumbres”. Sin embargo, en el único municipio extremeño donde se imparte este programa —Talayuela, 7.439 habitantes— nadie reconoce esa descripción. Ni los equipos directivos, ni las familias, ni la comunidad educativa, que defienden unánimemente un recurso que consideran esencial para la convivencia y la integración.

Talayuela es una localidad marcada por las dinámicas migratorias vinculadas al desarrollo agrícola desde finales de los años noventa. El tabaco, el espárrago o el pimiento atrajeron a cientos de trabajadores marroquíes que, con el tiempo, se asentaron con sus familias. Hoy, alrededor del 40% de la población es de origen marroquí, una realidad estable y normalizada que forma parte de la identidad del municipio.

El programa cuya eliminación se plantea para el próximo curso no supone coste alguno para la Junta de Extremadura ni para el Gobierno central. Se financia íntegramente a través de un acuerdo bilateral con Marruecos, que mantiene a los dos docentes que trabajan en Talayuela, uno en cada centro educativo público. Pese a ello, su futura supresión ha generado un rechazo generalizado entre los centros y sus familias, que subrayan que su valor va mucho más allá del aprendizaje lingüístico.

Uno de los colegios afectados es el CEIP Juan Güell, con unos 230 alumnos, de los cuales cerca del 40% son de origen marroquí. En el CEIP Gonzalo Encabo, más antiguo y con más de 400 estudiantes, la proporción asciende al 60%. “Es un recurso fundamental para facilitar la adaptación del alumnado que llega nuevo y para mejorar la relación con las familias”, explica su director, Luis Alfonso Corrales. La retirada del programa, advierte, obligará a los centros a asumir esas funciones con menos medios. “Cualquier recurso que se elimina y que está demostrado que beneficia al alumnado es una pérdida”.

Corrales considera que la medida parte de un “desconocimiento total” de la realidad educativa del municipio. “La mayoría de nuestro alumnado ha nacido ya en España y sus familias llevan más de 20 o 30 años aquí, trabajando y cotizando”. Le sorprende que un programa que solo afecta a un pueblo y a dos colegios aparezca en un acuerdo regional. “No le encuentro el sentido”.

El director insiste en que las clases no tienen ningún contenido religioso ni político. “El profesorado no quiere saber nada de religión islámica, ni de política, ni de nada. Hay un punto en el convenio que indica precisamente que se debe informar sobre las leyes y la normativa española para que el alumnado y sus familias la conozcan y la respeten”. La convivencia en el centro, asegura, es “total”. “Aquí no hay niños españoles ni marroquíes, simplemente hay niños y niñas”. Se emociona al recordar casos de alumnos que llegaron sin conocer el idioma y hoy han prosperado, como una estudiante que ahora ejerce como abogada. “Si conocieran lo que hacemos, no quitarían estas clases”.

La comunidad musulmana del municipio comparte la preocupación. Youssef Meziane Yaala, uno de sus representantes, recuerda que Talayuela recibió en 2004 el Premio de Extremadura a la Integración. “Nunca han sido un problema estas clases; al contrario, ayudan a que haya una mejor convivencia en los colegios”. Subraya que la evolución positiva del municipio es fruto de la colaboración entre todos los tejidos sociales.

Recurso clave

En el CEIP Juan Güell, su director, Regino Regidor, defiende la continuidad del programa como un recurso “clave” para el centro, que además no solo beneficia al alumnado de origen marroquí: en su colegio al menos cinco familias españolas han inscrito a sus hijos en esta actividad extraescolar. “Es una herramienta de apoyo tanto académica como social. Facilita la vida en el centro, refuerza la acogida del alumnado recién llegado, la mediación familiar y la convivencia escolar”. Actualmente, unos 50 niños y niñas participan en las clases de tarde, mientras que por la mañana el profesorado del programa colabora en tareas de integración y acompañamiento lingüístico. “Hay niños que llegan sin conocer el idioma y este recurso permite trabajar el vocabulario básico y acompañarles en sus primeros pasos en España”.

Regidor rechaza que el programa tenga un carácter segregador. “No se trata de religión en absoluto, sino de integración”. Y lamenta la falta de información oficial por parte de la Junta. “No estamos de acuerdo con una medida que perjudicará al centro”. En los próximos días se reunirá el consejo escolar para analizar la situación y decidir qué pasos dar si finalmente se confirmara la supresión de la extraescolar de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. “Además, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para informarnos de nada”, se lamenta.

Se da la circunstancia de que el alcalde de Talayuela, el popular Óscar Baños, gobierna gracias a los apoyos de Vox y Extremeñistas. Pese a que la medida afecta de forma directa a sus vecinos y vecinas y a la convivencia en el municipio, evita fijar una posición pública. Ante las preguntas de elDiario.es Extremadura, Baños se limita a remitir al Ejecutivo regional, “que es quien ha tomado esta decisión”, sin entrar a valorar el impacto que tendrá en los dos colegios del municipio.

Mientras tanto, en Talayuela crece la sensación de que se está legislando desde lejos, sin conocer la realidad de un pueblo que lleva décadas construyendo convivencia y de una actividad que beneficia a unos y otros. Una convivencia que, según quienes la sostienen día a día, no se fortalece eliminando recursos, sino manteniéndolos.

La Audiencia de Barcelona ha rechazado investigar como delito de odio el incendio de la mezquita de Piera de julio de 2025 y tan solo ha acordado una reapertura parcial de la causa, condicionada a que los Mossos d'Esquadra valoren si será “eficaz” obtener el listado de teléfonos móviles que pasaron por la zona la noche de los hechos.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona estima tan solo en parte el recurso interpuesto por la comunidad islámica de Piera, representada por el abogado Benet Salellas, contra el archivo del caso decretado por el juzgado de Igualada.

Entendía la comunidad islámica que el juzgado había investigado de forma incompleta y mínima el incendio, lo que se apartaba de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a indagar a fondo en cualquier hecho que suponga un “menosprecio, humillación o descrédito” hacia un colectivo protegido por los delitos de odio, como es el caso de una comunidad religiosa.

Es más, los denunciantes remarcaban que el incendio de la mezquita no respondió tan solo a la voluntad de provocar daños materiales, sino que representó “un ataque directo contra una comunidad religiosa para promover el odio y la violencia contra sus signos religiosos”. Por ello querían que la unidad contra los delitos de odio de los Mossos se hiciera cargo de las pesquisas.

El ataque a la mezquita, recordó en su recurso la comunidad islámica de Piera, vino precedida de una oleada de protestas racistas en el municipio contra el centro de menores y los jóvenes tutelados que alojaba, de origen migrante. “Hay suficientes indicios para determinar que el incendio contra la mezquita fue promovido por el odio contra el conjunto de la comunidad”, sostenía su abogado.

La Audiencia de Barcelona rechaza la pretensión de la comunidad islámica de Pìera, ya que, a su juicio, “en este momento no hay razón para sostener” que la unidad de la policía catalana especializada en delitos de odio “pueda ser más eficaz” en la identificación de los autores. Es decir, antes de la motivación xenófoba, a criterio de los jueces, el “objetivo inmediato” de las pesquisas debe ser encontrar a los autores del incendio, algo que no ha ocurrido nueve meses después.

Sí aceptan los magistrados, aunque no al completo, la segunda propuesta de la comunidad islámica: obtener el listado de teléfonos móviles que se encontraban en la zona cercana a la mezquita la noche de su incendio, el 12 de julio de 2025.

Antes de pedir los datos de las antenas cercanas a la mezquita a las operadoras de telefonía, la Audiencia de Barcelona solicita un informe a los Mossos sobre la “eficacia” de la medida, que solo será válida si permite “ubicar terminales móviles en el recinto del oratorio o en una zona muy próxima”. De lo contrario, se obtendrían de forma masiva números de teléfono, algo que vulneraría la intimidad de sus titulares y que los jueces reclaman evitar.

Las graderías del Estadio de Cornellà fueron noticia cuando, hace un mes, se llenaron de gritos islamófobos en un partido amistoso contra Egipto. No tardaron en viralizarse los vídeos con el coro de “musulmán el que no bote”, que buscaba atacar a los jugadores egipcios, obviando que en la misma selección española había jugadores musulmanes como Lamine Yamal.

Fue en las mismas redes que Yamal publicó un post de Instagram con más de 9 millones de 'me gusta' sobre lo ocurrido. El texto decía: “Yo soy musulmán, alhamdulillah (gracias a Dios)” y seguía con un aviso a los perpetradores de los gritos: “Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas”.

Al mismo tiempo, el Club Esportiu del Hospitalet, en Barcelona, también compartió un video viral en la red social X. Mostraba a sus miembros musulmanes de todas las edades que, al sonido de los gritos islamófobos de “musulmán el que no bote” no saltan, sino que están quietos mirando a cámara.

El simple vídeo ha conseguido más de 119.000 reproducciones y deja claro que los jugadores y el club catalán no comparten la opinión de la gradería. “Es vergonzoso que haya una actitud así y no me lo esperaba para nada de una afición española”, explica Moad Ezzanouni El Afia, entrenador del equipo sub-12 del CE Hospitalet. “Me da vergüenza que haya sido un error de España, que en mi propio país se hagan esas cosas contra mi religión”.

El entrenador, que lleva en el mundo del fútbol desde hace más de siete años, afirma que nunca ha tenido problemas por su religión. “He estado en equipos en los que todos éramos inmigrantes”, relata, “íbamos a campos y nos decían cosas como 'moro' y tampoco le das tanta importancia, pero que se metan con la religión es diferente”. 

Ezzanouni como entrenador ha tenido en sus equipos niños y jóvenes musulmanes y afirma que entre ellos “no hay ese tipo de conflicto”. El técnico del CE Hospitalet declara que la religión o la raza no afectan en cómo se valoran los jugadores. “En el mundo del fútbol, cuando entras en un campo, todos somos iguales”, sentencia.

“El fútbol es un ambiente que tiene que aportar respeto e inclusión a todo el mundo”, comparte Rehman Khan, entrenador también del mismo club. “Lo que pasó en el campo [de Cornellà] fue una minoría”, añade. El técnico, que dirige los equipos Cadete A y sub-14, asegura que en España y en particular Catalunya la gente es consciente y empatiza con la comunidad musulmana. Aun así, Khan añade que se podría tomar ejemplo de otras ligas de fútbol como la inglesa donde llevan la inclusión un paso más allá y hasta paran los partidos para romper el ayuno durante el Ramadán.

Una gran minoría musulmano-catalana

Que los gritos islamófobos se dieran en territorio catalán es de especial relevancia, ya que Catalunya es la comunidad autónoma con más población musulmana, según datos del Estudio Demográfico de la Población Musulmana de la Unión de Comunidades Islámicas de España. La comunidad catalana alberga 694.046 musulmanes, más de una cuarta parte de la población que profesa el islam en el Estado español.

Según el estudio, además, la creencia en el islam ya no puede relacionarse únicamente con la inmigración, puesto que el 45% de los más de dos millones de musulmanes que viven es España son de nacionalidad española y no extranjera. 

No es de extrañar que, en este contexto, cada vez más aparezcan referentes como Lamine Yamal y que además su voz sea escuchada. “Estos jugadores tienen un altavoz muy grande”, afirma Rehman Khan, “pero creo que los clubes y las instituciones tendríamos que hacer algo más”.

El Club Esportiu Hospitalet, que tiene tanto jugadores y jugadoras como personal técnico de creencia musulmana, fue rotundo en su viral respuesta a los gritos islamófobos por redes sociales y Khan afirma que otras instituciones más grandes deberían tomar ejemplo. “Clubes más grandes también lo podrían haber hecho”, señala.

Las sanciones de la FIFA no son suficientes

El pasado 7 de abril, el mismo día que el CE Hospitalet publicó su video viral, la FIFA abrió un expediente disciplinario para investigar los hechos ocurridos en el Estadio de Cornellà. Las instalaciones, que estaban cedidas a la RFEF, aplicaron medidas para parar los gritos de las gradas. Mostraron en su momento avisos con la frase “Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas”, pero no bastaron, ya que los cánticos islamófobos se repitieron en varias ocasiones. Aunque según la normativa de la FIFA los árbitros tenían autoridad para interrumpir el partido e incluso suspenderlo, no lo hicieron.

Por estos actos la RFEF se enfrenta a una sanción de hasta 21.600 euros y también podrían limitar los espectadores en futuros partidos, aunque las medidas parecen insuficientes a ojos de muchos. “21.000 euros no es nada y 21 millones tampoco lo serían”, declara Moad Ezzanouni El Afia, “no se tiene que repetir y punto”.

Tampoco le parece suficiente a Rehman Khan. “Más allá de lo económico, creo que las medidas que se tendrían que tomar es detectar a esos individuos”, explica: “fueron una minoría y habría que tener medidas para detectarlos”.

La mayor gilipollez que se suele decir cuando la extrema derecha tiene cierto éxito es que ocurre porque la izquierda ha abandonado a la clase trabajadora y ha dejado de ocuparse de sus problemas materiales. Si algo ha dejado en evidencia la política de los últimos años es que a la extrema derecha solo le preocupan las cuestiones culturales como instrumento para garantizar los privilegios materiales de los que más tienen. Extremadura es el último ejemplo donde se busca un burka en Almendralejo para que los terratenientes puedan seguir explotando moros. 

En España hay mucho racista. Hay mucho racista para el que el racismo es el motor fundamental de su vida. Por eso para los racistas no sirven de nada los números que voy a dar, porque son racistas. Pero esos números sirven para desmontar esa gilipollez de que la izquierda no se ocupa de los problemas materiales y por eso se van hacia la extrema derecha que sí se ocupa de esos problemas, porque si algo ha hecho este gobierno, con mayor o menor fortuna por la coyuntura internacional, es poner en el centro de su política precisamente esas cuestiones materiales de la clase trabajadora. No como muchos quisiéramos, pero es indudable que eso ha sido nuclear en su política por encima de las cuestiones culturales. 

El acuerdo de gobierno de PP y Vox, el acuerdo racista, ha propuesto prohibir en espacios públicos que las mujeres porten burka o niqab. Una demanda popular histórica extremeña, por delante de su derecho a un tren digno y unas infraestructuras del primer mundo, por fin ha sido puesta en el centro. Se acabó que las moras no puedan ir tapadas, estén donde están aunque nadie haya visto una. Para entender la necesidad de esta medida hay que conocer una serie de datos que contextualicen hasta qué punto Vox se ocupa de problemas inexistentes que tienen como único objetivo alimentar pulsiones racistas donde no hay problemas para capitalizar ese sentimiento de odio. 

En Extremadura hay una población aproximada de 20.000 musulmanes, bastante estable con pequeñas oscilaciones desde el año 2016. La mayoría de esa población se encuentra en Badajoz, Cáceres y Talayuela, con una población general en toda Extremadura de 1.065.000 habitantes. Los musulmanes suponen el 1,8% de la población, muy por debajo de la media nacional que está cerca del 5%. Extremadura es un territorio con una extensión de 41.635 kilómetros cuadrados, lo que supone que hay un musulmán por cada 0,46 kilómetros cuadrados. Si segmentamos la población musulmana más aún mirando solo a la población femenina, que es la potencial portadora de burka o niqab, tan solo existen 7.000 mujeres en una población de más de un millón de personas, lo que supone el 0,69% de la población. 

El gobierno de PP y Vox ha puesto en el foco una ley para perseguir y criminalizar a un colectivo que supone el 0,69% de la población. Así empiezan los pogromos. Pero podemos aún recortar más si hacemos una estimación. La mayoría de la población musulmana en Extremadura es de Marruecos, donde el burka no existe y el niqab es marginal. Así que atendiendo a la población existente, las características culturales y el uso de estas prendas en la población general, le he pedido a Claude que haga una estimación sobre cuál es el uso potencial de estas prendas en Extremadura. La Inteligencia Artificial de Anthropic ha considerado una estimación de uso del niqab de entre 5 y 20 personas y del burka de un total de 0 mujeres musulmanas. Es decir, la preocupación fundamental de Vox y el PP es atender y poner en el centro un problema que no existe. 

Para seguir contextualizando es más probable encontrarse con una especie en peligro de extinción crítico como el Águila Imperial, que mantiene 75 parejas reproductoras en toda Extremadura, la Cigüeña Negra, el Avetoro o el Desmán Ibérico. Es más probable encontrarse con especies casi desaparecidas de nuestra fauna extremeña que con una mujer musulmana portando por las calles de cualquier población extremeña un burka o un niqab. Como ya hemos dicho ninguno de estos datos servirá para convencer a un racista que deje de serlo y por eso este tipo de medidas seguirá produciéndose en partidos racistas como VOX que las proponen y en partidos racistas como el PP que las aceptan, pero no por ello tenemos que dejar de explicar que legislar sobre el burka en Extremadura tiene el mismo sentido concreto que preocuparse por la proliferación del leopardo de las nieves por La Siberia extremeña. Pero así funciona el odio y la irracionalidad, porque con una buena campaña de desinformación y propaganda puede que algunos piensen que por qué no va a haber por Herrera del Duque un animal que tiene como apellido “de las nieves” estando en La Siberia. No subestimen el poder de la idiocia. 

La FIFA ha abierto expediente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos que emitió buena parte de la afición en el España-Egipto que se celebró en el RCDE Stadium de Cornellà hace una semana.

Según adelantan medios como la Cadena SER, el organismo ha confirmado este martes en un breve comunicado oficial que “ha iniciado un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto”. El árbitro registró los incidentes en el acta del partido, por lo que el hecho ha llegado hasta el Comité Disciplinario de la FIFA.

Desde el graderío se coreó “musulmán el que no bote” durante una parte del partido, pese a que desde megafonía se advirtió de que era un hecho sancionable. Pese a todo ello, la RFEF no detuvo el partido, por lo que sufrió críticas por su falta de contundencia a la hora de atajar los gritos. Desde la Federación aseguran que se activaron los protocolos antiviolencia. El presidente, Rafael Louzán, lamentó los gritos islamófobos, pero los tachó de “incidente aislado”. “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, agregó.

El día posterior al encuentro, la Fiscalía de Odio y Discriminación y los Mossos anunciaron que investigaban los cánticos islamófobos y xenófobos. También se había pitado el himno de Egipto antes de empezar el encuentro.

Las posibles sanciones que enfrenta la RFEF van desde una multa económica a la obligación de mostrar mensajes contra el racismo en los siguientes partidos de la Selección. Por tanto, no se espera que se tengan que disputar partidos a puerta cerrada.

Se da la circunstancia de que una de las estrellas de la Selección Española, el barcelonista Lamine Yamal, es musulmán reconocido. Yamal condenó los insultos, que calificó de “falta de respeto”. “Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas”, escribió en un comunicado.

Días antes del cántico “musulmán el que no bote” con el que nos deleitó buena parte de la grada del RCDE Stadium durante el partido de la selección española frente a Egipto, el racismo y la xenofobia ya habían brotado en todo su esplendor en las publicaciones en redes sociales con las que Adidas presentó la nueva camiseta de la selección. Como los modelos que posaban con las camisetas, salvo uno, tenían rasgos no caucásicos, la publicación se llenó de los siguientes comentarios (todos reales): 

Ni un español en la foto de la selección española 

La agenda del reemplazo hace tiempo que es un cantazo. 

¿Esta camiseta es para jugar la Copa África? 

Supongo que la equipación de Senegal la promociona españoles. 

Racismo hacia el español. 

¿Es la selección de Naciones Unidas? 

¿Nos queréis meter a todos los moros con cuchara y calzador? 

A los españoles nos quieren borrar del mapa. 

No compréis esta camiseta, que la compren los magrebíes. 

Y, encima, al blanco lo han puesto en el suelo. 

Un pastor alemán sigue siendo alemán aunque nazca en China. Un negro es africano aunque nazca en España. 

Que la compren los menas. 

Fijémonos en ese fenómeno descrito como “racismo hacia el español”. Los españoles, un colectivo históricamente discriminado y reprimido, al menos en las publicaciones de Adidas. Resulta que las personas racializadas están prácticamente ausentes de cualquier espacio de poder en España, son sobrerrepresentadas en los relatos de delincuencia, sufren insultos y violencia a diario, tienen dificultades para acceder a viviendas o trabajos, a menudo se quedan en los escalones más bajos de precariedad, son objeto de identificaciones policiales basadas únicamente en su perfil racial, pero el racismo lo sufren los españoles porque en una publicación de Instagram de Adidas solo aparece una persona blanca. ¡Y en el suelo!

Hasta hace relativamente poco tiempo el racismo en España no se solía presentar de forma explícita, más bien se disfrazaba de preocupación por la seguridad. A partir de ahí la “ciudadanía” dejaba de ser un marco jurídico estable para convertirse en una categoría moldeada en base a criterios selectivos de integración y seguridad. Pero algo ha cambiado los últimos años: el racismo se ha vuelto explícito de cabo a rabo, ha dejado de escandalizar salvo en situaciones concretas como partidos de fútbol; es casi como un ruidito de fondo, el zumbido de la campana extractora al que terminas acostumbrándote. No son incidentes aislados, como repitió el presidente de la Federación, Rafael Louzán, después del partido de la selección. Es un discurso con legitimación política y complicidad social.  

Si todo tuviera que ver simplemente con una preocupación honesta por la migración, la queja sería coherente y transversal. Por poner un ejemplo, a principios de 2024, residían en España más de 300,000 británicos. Sin embargo, esos que tienen la palabra “invasión” en la punta de la lengua constantemente, no utilizan este término para referirse a la compra de viviendas por parte de la población británica en zonas turísticas tensionadas, no se plantean expulsiones masivas ni se cuestiona su integración cultural (más bien limitada, por cierto). No se hace nada de esto porque la condición racial es la clave; porque en España por supuesto que existe racismo (aunque tú no lo seas), pero no precisamente hacia el español.  

Un partido de fútbol amistoso e intrascendente ha dado la vuelta al mundo. Pero no por ninguna acción en el terreno de juego, sino por los cánticos islamófobos que una buena parte del público del RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) coreó este martes durante el España-Egipto. Tras la conmoción inicial, las críticas se han dirigido hacia la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su falta de contundencia a la hora de atajar los gritos.

Fuentes de la RFEF se defienden de las críticas y aseguran que se activaron los protocolos antiviolencia, y que tanto integrantes del equipo de seguridad de la Federación como de mediación acudieron a la parte de la grada desde donde partían los cánticos islamófobos.

El incidente islamófobo en Cornellà supone un salto en la gravedad de los gritos racistas que, habitualmente, ocurren en los campos de fútbol en España, y que ya han motivado las primeras condenas por la vía penal. A diferencia de los casos que se han sucedido en los últimos años, donde se pudo identificar a los autores concretos de las vejaciones racistas a jugadores, este martes los gritos provinieron de centenares de aficionados de varias zonas del estadio.

El episodio se produce en un contexto de auge de la extrema derecha. En Europa, en España, y en los campos de fútbol. Además del “musulmán el que no bote” cantado durante la primera parte, la grada coreó insultos contra Pedro Sánchez habituales de los grupos ultraderechistas, y pitó el himno de Egipto antes de empezar el encuentro, un hecho inusual en partidos amistosos.

“Corremos el riesgo de volver a los años ochenta, cuando la ultraderecha irrumpió en las gradas para llegar a los más jóvenes y tener presencia mediática”, advierte Baptista Silanes, veterano aficionado del Espanyol y miembro de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), desde donde ha impulsado con varios clubes la iniciativa 'Deporte Sí, Fascismo No'.

La iniciativa antifascista de UCFR ha logrado adhesiones de entidades pequeñas, pero Silanes echa en falta más contundencia de los equipos de mayor categoría. “Los grandes clubes e instituciones del fútbol tienen un antifascismo de fachada, dicen lo que toca para quedar bien, pero después la realidad es que no se quieren mojar mucho porque alegan que sus aficiones son plurales y no quieren perder clientes. Es triste pero es así”, reflexiona el activista.

Silanes detecta, en los últimos años, una “mayor organización” de los grupos de ultraderecha para ganar visibilidad en los estadios y en los medios. “Hay que trabajar con los jóvenes para que no terminen en estos grupos ultras pensando que son lo que está de moda ahora”, asevera.

Uno de los ídolos de la juventud, la estrella del F.C. Barcelona Lamine Yamal, de religión musulmana, ha cargado en Instagram contra los cánticos: “Es una falta de respeto intolerable. Usar una religión como burla os deja como personas ignorantes y racistas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en X su apoyo “a los deportistas que lo sufrieron” y su “aplauso a quienes, con su respeto, nos ayudan a ser un país mejor”. “El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también”.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Bernat Álvarez, ha cargado contra la Federación por no haber parado el partido. Según ha relatado Álvarez, destacado exjugador de baloncesto profesional, durante el descanso incluso tuvo que advertir a los responsables de las federaciones española y catalana de fútbol que se iría del estadio si no se activaban los protocolos antirracistas. “Se fue tarde con todas las decisiones”, ha criticado.

Fuentes de la RFEF matizan que la decisión de esperar al descanso para lanzar la advertencia se tomó de acuerdo con el equipo arbitral. Los gritos islamófobos se produjeron tanto en la primera parte como en la segunda, esto es, antes y después de los avisos que se lanzaron por megafonía y las pantallas del RCDE Stadium en el descanso.

La retransmisión del partido en TVE permite constatar que, en especial en la segunda mitad, parte de la grada respondió con silbidos a los cánticos islamófobos. Después de que algunos aficionados reiteraran el “musulmán el que no bote” en el minuto 48 de juego, se envió otro aviso por megafonía, que fue recibido por amplios silbidos y otra tanda del mismo grito islamófobo. Sin más consecuencias.

“Se tendría que haber parado el partido”, ha zanjado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tanto el Camp Nou de la capital catalana como el RCDE Stadium de Cornellà son dos de las sedes del mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.

A diferencia de los responsables de la Generalitat y el Ayuntamiento, el Gobierno ha evitado valorar si el partido se tendría que haber suspendido, aunque igualmente ha expresado su condena unánime: “Los insultos y cánticos racistas nos avergüenzan como sociedad”. También dirigentes del PP se han sumado al rechazo a los gritos islamófobos. El único que no los ha condenado ha sido Vox.

Los responsables de la Federación Española rechazaron los cánticos tras el partido, si bien mientras se producían la organización se limitó a avisar por las pantallas del estadio y por megafonía, durante el descanso, de la normativa que prohíbe este tipo de discriminaciones. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, lamentó los gritos islamófobos, pero los tachó de “incidente aislado”. “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, agregó.

Silanes también pone el foco en la Federación. “Los avisos por las pantallas no son suficientes. El árbitro, que era búlgaro [Georgi Kabakov], es lógico que no entendiera los cánticos. Faltó más contundencia en el momento por parte del delegado de campo de la Federación o de sus responsables”, asevera el activista de Unitat contra el Feixisme.

“Lo que pasó es dar un paso atrás de muchos años”, ha ahondado Álvarez, que no ha dudado en apuntar hacia los ultras como responsables de los cánticos. “Estaba organizado por parte de la extrema derecha”, ha manifestado Álvarez en declaraciones a SER Catalunya. “Vinieron al partido para desplegar ese discurso de odio y había gente con la que la sensación que tenías es que todo estaba muy dirigido”, ha agregado.

El reglamento de la FIFA (aplicable al encuentro amistoso al tratarse de dos selecciones de federaciones de distintos continentes) permite que futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y miembros de cada delegación puedan señalar incidentes directamente a los árbitros.

En el protocolo juega un papel central el colegiado del encuentro, que es quien tiene la autoridad para interrumpir el partido y transmitir un mensaje de advertencia al público (en Cornellà se esperó al descanso), y suspenderlo de manera temporal o definitiva si los incidentes no cesan.

Una vez terminado el encuentro, y en función de lo que informe el colegiado, la FIFA puede imponer a la Federación Española un abanico de sanciones: multas, partidos a puerta cerrada, cierres parciales del estadio, pérdida de puntos o incluso exclusión de competiciones, en el caso del castigo más extremo.

Los precedentes de la FIFA de sanciones más graves se han producido cuando el público, a diferencia de lo ocurrido en Cornellà, ha lanzado objetos al campo o ha empleado bengalas en sus cánticos racistas. Así ocurrió en 2021, cuando Hungría fue sancionada con dos partidos a puerta cerrada en la fase de clasificación para el mundial de Catar por incidentes racistas en la visita de Inglaterra.

En paralelo a la actuación de la FIFA, en España los Mossos d'Esquadra han empezado a indagar en los incidentes. Fuentes jurídicas consultadas son escépticas sobre el resultado de cualquier investigación, ya sea en vía penal o administrativa contra los autores de los cánticos. El motivo: la gran cantidad de personas que corearon el grito islamófobo dificulta su concreta identificación, requisito necesario para que puedan asumir una multa o una sanción.