<![CDATA[elDiario.es - Ingresos]]> 10 <![CDATA[El encarecimiento de la vivienda dispara un 18,4% la previsión de ingresos de Hacienda en la campaña de la Renta]]> El encarecimiento de la vivienda dispara un 18,4% la previsión de ingresos de Hacienda en la campaña de la Renta

La Agencia Tributaria estima que ingresará 24.628 millones por las devoluciones 'a pagar', mientras que aquellas a devolver caen un 3,2%

Claves de la Campaña de la Renta 2025: estas son todas las novedades para la declaración del IRPF

La Agencia Tributaria ha disparado un 18,4% sus previsiones de ingresos al arranque de la Campaña de la renta de 2025, hasta los 24.628 millones de euros, procedentes de 7,7 millones de declaraciones 'a pagar', unas proyecciones impulsadas por el subidón que ha experimentado el precio de la vivienda el año pasado.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha detallado este miércoles las principales proyecciones del organismo, que espera superar los 25 millones de declaraciones este ejercicio, un 2,1% más que en la campaña de 2024, gracias a la creación de empleo.

De estas 25.251.054 declaraciones que estima alcanzar la Agencia Tributaria, 15.706.190 serán a devolver, un 1,8% menos que el año pasado. En total, el fisco espera devolver a los ciudadanos 13.271 millones (un 3,2% menos) que ingresó de más en 2025.

A la inversa, 7.709.632 declarantes (un 10,3% más) tendrán que pagar 24.628 millones de euros (un 18,4% más). Así, Hacienda espera obtener un resultado positivo de la campaña por valor de 11.357 millones de euros, un 60% superior a los 7.089 millones obtenidos a cierre de 2025.

Según los datos oficiales, a las 10:45 de la mañana se habían presentado 640.000 declaraciones, un 5,7% que a la misma hora del año pasado. Las primeras devoluciones se producirán ya este viernes.

La vivienda y la bolsa disparan los ingresos de Hacienda

Fernández ha detallado que estas previsiones de ingresos se fundamentan en tres supuestos. Por un lado, el precio de la vivienda, sobre todo la de aquella de segunda mano. “Eso va a generar unos incrementos de patrimonio para quienes hayan realizado esas ventas”, ha explicado, unas ganancias que derivarán en mayores cuantías de ingresos.

Por otro, la revalorización de las acciones y el capital mobiliario, que se incrementaron un 40% en 2025, también impulsará la subida de ingresos, bien porque no se produjo la retención en el momento de la venta de los títulos o porque fue inferior a lo que debía.

La entrada en vigor de la subida de 2 puntos porcentuales a las rentas del capital de más de 300.000 euros, que entró en vigor con la reforma fiscal de finales de 2024, aportará a ese resultado positivo.

Esos mismos factores impulsarán al alza los ingresos del Impuesto de Patrimonio, hasta los 2.473 millones de euros, un 15,4% que los 2.143 millones de la campaña de 2024.

Esta subida se producirá a pesar de una caída del 2,5% en el número de declaraciones, motivada por algunas decisiones autonómicas como el incremento del mínimo exento en el impuesto de 500.000 a un millón de euros en la Comunitat Valenciana o por la bonificación del 100% que se ha aprobado en La Rioja. “Sin estos efectos, con nuestras estimaciones creemos que el número total de declaraciones habría tenido un incremento del 3,9%”, ha dicho la responsable de la Agencia Tributaria.

Sin cálculos de la deflactación

Fernánez ha asegurado que no cuenta con datos sobre los efectos de no deflactar -es decir, adaptar a la subida de los precios- los tramos del IRPF en la recaudación. “Algunos cálculos que hemos hecho, por ejemplo, con los incrementos de recaudación de 2025, que han subido un 10,4%, ya el otro día el Ministerio en una nota de prensa destacaba que, como mucho, el efecto de la inflación podía ser de 1,3 puntos porcentuales respecto a esos 10,4 puntos”, ha dicho.

Según los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. Este cálculo parte de una subida acumulada aproximada del 18,1%.

En la Agencia Tributaria tampoco estiman que el impacto de la deducción para compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se aplica por primera vez este año, vaya a ser muy elevada, ya que gran parte de los potenciales beneficiarios ya estaban exentos por otras circunstancias, como el ser declarante con hijos.

“Una parte ya eran declarantes y otra parte no tenía retenciones. A lo mejor el impacto en la deducción, en cuanto a número de personas, no es tan alto como se podía pensar”, han señalado.

Intensifica el control sobre las ventas online

De cara a la declaración, la Agencia Tributaria ha reforzado los avisos sobre aquellos ingresos obtenidos a través de la venta a través de plataformas online o por la tenencia de criptoactivos, entre otros.

Así, Hacienda emitirá 437.000 avisos sobre las transacciones de bienes y servicios online, así como de alquileres turísticos o de medios de transporte a través de estas plataformas, frente a las 329.000 del año pasado.

Sobre las criptomonedas, emitirá 1.243.000 avisos, frente a 1.022.000 del año pasado. También mandará 1.012.000 cartas por rentas obtenidas en otros países y 867.000 por las fianzas del alquiler de inmuebles.

]]> <![CDATA[Los directivos de las grandes empresas cobran 111 veces más que el salario medio, según un informe de Oxfam Intermón]]> Los directivos de las grandes empresas cobran 111 veces más que el salario medio, según un informe de Oxfam Intermón

Esta organización señala que el promedio de la remuneración anual de la persona mejor pagada durante 2024, en las 40 mayores empresas españolas, fue de 4,37 millones de euros

El sueldo de los ejecutivos del Ibex ha crecido en 20 años casi el triple que el salario medio en España

El salario medio de las personas directivas que trabajan en las 40 mayores empresas españolas es 111 veces más alto que la nómina media, según el informe 'Las brechas salariales de las grandes empresas' publicado por Oxfam Intermón.

Este análisis analiza los niveles retributivos de 40 grandes empresas españolas, tanto los promedios salariales, como las remuneraciones de los miembros de las cúpulas empresariales. Es decir, tiene en cuenta primeros ejecutivos, miembros de la alta dirección y miembros de los consejos de administración. “A partir de esos datos, obtendremos las diferencias salariales que se dan tanto en el interior de las empresas como con respecto a los niveles salariales generales del país”, indica Oxfam Intermón.

“En un tercio de las empresas analizadas el sueldo más alto supera en más de cien veces el salario promedio” de las compañías estudiadas, “y en el 40% de las empresas los hombres ganan un 20% más que las mujeres por hacer el mismo trabajo”, asegura Oxfam.

Según detalla el informe, este escenario convive con salarios muy reducidos y con un mercado laboral en el que la mitad de las personas asalariadas cobra como máximo una vez y media el salario mínimo, es decir, 24.124 euros anuales. Todo ello, añade Oxfam, en un momento de alza de los precios de la vivienda e inflación.

Oxfam Intermón apunta que “el promedio de la remuneración anual de la persona mejor pagada durante 2024 en las 40 empresas” analizadas “fue de 4,37 millones de euros”. También, que la “retribución más alta la pagó Iberdrola y alcanzó los 14,2 millones de euros”, aunque no indica personas concretas. “El Banco Santander retribuyó con 13,8 millones de euros a la persona mejor remunerada en 2024” e “Inditex lo hizo con 11,2 millones de euros”. “En el extremo puesto estuvieron empresas bastante más moderadas en el pago de los sueldos más altos: Aena, con un sueldo máximo de 212.000 euros; Dia, que pagó 272.000 euros a la persona con la mayor retribución y Unicaja con 677.000 euros”.

Esta organización desglosa que “en un 37,5% de las empresas” estudiadas “el sueldo más alto fue mayor a 5 millones de euros y en el 7,5% superó los 10 millones”. “Los miembros de la alta dirección de estas empresas cobraron de media más de un millón de euros anuales en el 32,5% de los casos; y el 15% de las empresas retribuyeron a los miembros de sus consejos de administración por encima del millón anual”.

Oxfam Intermón concluye, por tanto, que “el promedio de distancia entre la retribución más alta y el promedio salarial de las empresas analizadas es de 111 veces”.

“Esto equivale a decir que una persona de esas empresas cuyo sueldo esté en la parte media de la banda salarial tendría que trabajar más de un siglo para cobrar los que el máximo ejecutivo se embolsa en un año”, añade el informe. “De hecho, en una de cada tres empresas analizadas en este informe esa distancia es superior a 100 veces. Hay empresas donde esa distancia se exacerba, como Prosegur donde la retribución más alta superó en 395 veces el promedio salarial o Inditex, donde esa distancia se cifra en 364 veces”.

Para reequilibrar esta situación, Oxfam Intermón reclama, por un lado, más transparencia a las empresas a la hora de detallar sus políticas retributivas. Por otro, que se establezca una diferencia máxima entre el sueldo más alto y el mediano de las grandes empresas, de 1 a 20. “El establecimiento de esta ratio se ha de establecer de forma gradual exigiendo el cumplimiento de hitos intermedios hasta alcanzar al 1:20 como máximo socialmente aceptable”, indica. “Se han de establecer mecanismos de control para evitar que las empresas intenten cumplir con esta distancia máxima mediante la externalización de puestos de trabajo con salarios más bajos. Además, este requerimiento se tendría que coordinar con la exigencia de que las empresas paguen un salario digno a todas las personas trabajadoras de su cadena de valor”, resume esta organización.

]]> <![CDATA[Los hogares extremeños ingresaron 29.341 euros en 2024, casi 7.700 euros menos que la media de España]]> Los hogares extremeños ingresaron 29.341 euros en 2024, casi 7.700 euros menos que la media de España

El umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona, calculado con los datos de ingresos de 2023, se situó en 9.747,90 euros

La renta anual neta media por hogar en Extremadura durante 2024 fue de 29.341 euros, 36.996 euros en el conjunto del país, y por persona la renta anual neta media fue de 12.421 euros, 2.386 euros menos que la media nacional.

Por el contrario, mediante el análisis de la desigualdad de ingresos con el índice Gini, que medie la desigualdad entre los ciudadanos, se observó que es menor en Extremadura, con el 28,8, que en España, con el 31,2.

En lo referente a pobreza, siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fijó en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas.

En 2024, según el Instituto de Estadista de Extremadura (IEEX), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona, calculado con los datos de ingresos de 2023, se situó en 9.747,90 euros en Extremadura y 11.584,44 euros en España.

La tasa de riesgo de pobreza, porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza, se situó en el 27,5% en Extremadura considerando el umbral de pobreza nacional (19,7 % en España).

Si se atiende al umbral de pobreza de la comunidad autónoma la tasa de riesgo de pobreza sería del 18,1% en Extremadura y 13,5 % a nivel nacional.

Respecto a la carencia de material, el 39,4 % de los hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos (34,9 % en España). El 37,5 % de los hogares extremeños no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año en 2024 (32,4 % a nivel nacional).

De igual manera, un 8,2 % de los hogares de Extremadura han sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en 2024, dándose en el 10,3 % de los hogares en España.

El 4,7 % de los hogares extremeños (6 % en España) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; el 21,7 % de estos (17,4 % nacional) no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada y el 39,4 % en la región (34,9 % en el conjunto del país) no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Además, el 24,4 % de los hogares extremeños llegan a fin de mes con facilidad o mucha facilidad, mientras que el 21,4 % tiene problemas, el 54,1 % restante se encuentra en una situación intermedia de cierta facilidad y cierta dificultad.

En 2024, el 20,8 % de los hogares extremeños residían en una vivienda con cuota hipotecaria en la vivienda principal (23,2 % a nivel nacional), el importe de dicha cuota fue de 408 y los gastos mensuales medios de la vivienda fue de 272, 569 y 391 respectivamente en España.

Referente al estado general de salud de los extremeños de 16 años, según el IEEX, el 69,8 % consideró que era bueno o muy bueno.

]]> <![CDATA[Castilla-La Mancha, la segunda región de España tras Andalucía con más personas en riesgo de pobreza]]> Castilla-La Mancha, la segunda región de España tras Andalucía con más personas en riesgo de pobreza

Alrededor de 719.000 personas se encuentran en la comunidad autónoma en riesgo de pobreza y hasta un 180.000 en situación de pobreza severa. El sector más afectado es la población infantil

Palabras Clave - La pobreza no es culpa de los pobres

El 34,2% de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza, lo que la convierte en la segunda región de España por detrás de Andalucía (35,6 % en materia de pobreza y exclusión social)

Son los datos que refleja el 15º informe 'El estado de la pobreza' presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM), que cifra en 719.000 personas castellanomanchegas en riesgo de pobreza durante el año 2024.

Esta cifra supone un incremento de 2,5 puntos porcentuales respecto a 2023, lo que se traduce en 58.000 personas más en situación AROPE (indicador europeo que mide la situación de pobreza de la ciudadanía de la Unión Europea).

1 de cada 3 personas en riesgo de pobreza en la región

La carencia material y social severa, que es un indicador que engloba trece ítems sobre calidad de vida, afecta a más de 180.000 personas. Aunque permanece estable con respecto a los datos del año anterior (2023), el más alto corresponde a que las familias “no pueden afrontar gastos imprevistos”, que afecta al 37,7% de las personas en riesgo de pobreza.

Las personas en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha coinciden en factores en su mayoría, como tener en el hogar menores económicamente dependientes y concentrarse en zonas rurales. Además, el 56,4% de esas personas residen en una vivienda en alquiler.

En 2024, el 9,4 % de la población de Castilla-La Mancha experimentó retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas. Este resultado supone 1,2 puntos más que el año anterior, con lo que se sitúa muy cerca del medido a nivel nacional (9,8 %)

Hasta un 8,6% de la población de Castilla-La Mancha en situación de pobreza severa

En el año 2024 la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40 % de la mediana de renta nacional (el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 644 € mensuales por unidad de consumo), en Castilla-La Mancha es del 8,6 % y mejora respecto a la anualidad anterior en 1,8 puntos. En este caso, coincide con los factores de personas en riesgo de pobreza: la mayoría residen en hogares de alquiler, con menores económicamente dependientes y concentradas en zonas rurales.

La renta media por persona en Castilla-La Mancha es de 12.357 €, es decir, 2.450 € menos que la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones, solo superior a la de Murcia y Andalucía.

La pobreza afecta más a la población infantil

En Castilla-La Mancha, el 51,5% de la población tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, un dato que permanece estable con respecto al año anterior estudiado. Sin embargo, aumenta el número de personas que señalan tener mucha dificultad para hacer frente a los gastos y llegar a fin de mes, un 13,1% con respecto al 9,4% en 2023.

La tasa AROPE ha aumentado tanto entre hombres como en mujeres, teniendo una diferencia de un 0,3%, siendo superior en mujeres.

En el caso de las personas mayores de 65 años, se registra una tasa AROPE más baja. Contrariamente, la tasa AROPE infantil ha crecido y vuelve a ser la más elevada de los grupos de edad, con un 41,1% respecto del total.

]]> <![CDATA[La brecha de renta por código postal: más de 10.000 euros de diferencia entre los barrios más ricos y más pobres de Logroño]]> La brecha de renta por código postal: más de 10.000 euros de diferencia entre los barrios más ricos y más pobres de Logroño

El mapa demuestra que no sólo hay diferencias en las rentas sino también en el origen de los ingresos según la zona de la ciudad

De San Asensio a Lardero: el mapa de los municipios más pobres y ricos de La Rioja

El mapa de la desigualdad: cómo el origen de los ingresos explica si tu barrio es rico o pobre

Barrios ricos, barrios pobres. Un clásico que no responde a ningún estereotipo sino a una realidad cuantitativa: las rentas no son iguales en unas ciudades que en otras, ni entre capitales y pueblos, pero es que tampoco son las mismas según las zonas dentro de la misma ciudad. El código postal marca una desigualdad económica clara y así lo demuestran los datos de las declaraciones del IRPF correspondientes al año 2023 que ha publicado la Agencia Tributaria.

Si hace unos días publicábamos los datos de renta por municipios, evidenciando grandes diferencias de unas zonas a otras de La Rioja, ahora se han hecho públicos los que corresponden a los municipios que entran en una de estas tres categorías: más de 200.000 habitantes, 100.000 declaraciones de IRPF o una renta total declarada por encima de los 2.200 millones de euros. Son en total 66 municipios en España y sólo uno de ellos está en La Rioja: Logroño.

La capital riojana se divide en nueve distritos según su código postal y las diferencias son importantes. Mientras que la zona más rica de la ciudad tiene una renta media de 37.804 euros anuales, la más pobre se queda en 26.677 euros. Esto quiere decir que los vecinos de la zona de San Adrián - La Cava, tienen unos ingresos anuales que superan en más de 11.000 euros a los que tienen quienes viven en San José y Los Lirios. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual.

No es esa la única diferencia. También se aprecia que el origen de los ingresos no es el mismo. Mientras que el trabajo supone un 85,2% del dinero de una familia en San José - Los Lirios, el porcentaje es del 82,5% en San Adrián - La Cava. A mayor renta, menor proporción de ingresos procedentes del trabajo. De hecho, en el barrio de Salamanca de Madrid, sólo el 50% de los ingresos proceden del trabajo. Sin embargo, los barrios con más renta los ingresos por actividades económicas, capital financiero y bienes inmuebles alquilados suponen un porcentaje mayor que en los de rentas más bajas. Y así sucede también entre los distritos de Logroño.

Se observa además en los datos que es precisamente la zona más rica de la ciudad la que más ha visto incrementar sus rentas en la última década. Según los datos facilitados por Hacienda, la cifra ha aumentado en un 22,5% en San Adrián - La Cava mientras que en zonas como Varea-La Portalada, sólo se ha incrementado en un 5% en los últimos diez años.

Datos de renta por distrito postal y variación en la última década:

  1. San Adrián - La Cava: 37.804 euros (+22,5%)
  2. La Cava - Fardachón - Las Gaunas - Siete Infantes: 36.248 euros (+19,7%)
  3. Casco Antiguo: 35.423 euros (+14%)
  4. El Carmen - Cascajos: 31.799 euros (13,1%)
  5. Varea - La Portalada: 31.464 euros (+5,2%)
  6. Centro: 31.209 euros (+10,7%)
  7. El Campillo - Polígono Cantabria: 30.560 euros (+11,3%)
  8. Carretera El Cortijo - El Cubo - Zona Oeste: 28.770 euros (+19,7%)
  9. San José - Los Lirios: 26.677 euros (+13,4%)

Se observan también importantes variaciones en la distribución del número de declaraciones de la renta en cada código postal en función de su tramo de renta anual, en miles de euros.

Mientras que en la zona de San José - Los Lirios el mayor porcentaje de declaraciones se presentaron en el tramo de menos de 6.000 euros anuales, la mayoría de las presentadas en San Adrián - La Cava (y en la mayoría de las zonas de Logroño) están en el tramo de entre 30.000 y 60.000 euros al año.

Tramos de renta por distritos postales de Logroño
Tramos de renta por distritos postales de Logroño

Madrid, Barcelona y Valencia lideran la estadística de barrios con más renta de toda España. Entre las tres concentran los 20 barrios más ricos del país. En concreto, el distrito postal con mayores ingresos es La Moraleja, en Alcobendas, con unos ingresos anuales medios de 196.429 euros. En el extremo opuesto se encuentra Torreblanca, en Sevilla, donde la renta media es de 11.354 euros al año.

]]> <![CDATA[Los ingresos por alquileres marcan récord y el capital ya supera el 10% de todas las rentas por primera vez desde 2008]]> Los ingresos por alquileres marcan récord y el capital ya supera el 10% de todas las rentas por primera vez desde 2008

Los ingresos de las familias por alquilar inmuebles se han duplicado desde 2008 hasta rebasar los 31.500 millones en 2024 y ya son la principal renta del capital en España, por delante de las financieras y las ganancias patrimoniales

Los datos que señalan que vamos a una economía de herederos como la de principios del siglo XX

Los ingresos de las familias por alquilar inmuebles (viviendas, locales o garajes) en nuestro país se han disparado en los últimos años por las subidas de precios y los arrendamientos turísticos hasta alcanzar máximos históricos en 2024.

Estas ganancias por los arrendamientos, que perciben algo más de tres millones de hogares (sin contar los que se obtienen a través de empresas), se han duplicado desde 2008 hasta rebasar los 31.500 millones en 2024.

Ya son la principal renta del capital en España, por delante de las financieras y las ganancias patrimoniales, según el último informe de recaudación de la Agencia Tributaria, publicado este jueves.



Estas tres fuentes de ingresos —los alquileres, el capital mobiliario (dividendos, intereses de los depósitos...) y las ganancias patrimoniales (plusvalías tras vender viviendas o acciones)— superan el 10% de todas las rentas de los hogares —las principales son las del trabajo (sueldos y pensiones)—. Un hito que no ocurría desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, como se observa en el segundo gráfico de esta información.



El crecimiento de las rentas de los arrendadores fue del 6,5% en 2024. “Hay que tener en cuenta que el año anterior (2023) crecieron más, un 7,6%”, apunta Raquel Jurado, experta del servicio de estudios del REAF del Consejo General de Economistas (CGE). El aumento acumulado desde 2008 es exactamente del 95%, mientras que el acceso a la vivienda para los inquilinos se ha hecho más y más difícil y asfixiante, sobre todo en los últimos años.

El secretario general de Gestha (Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda), José María Mollinedo, advierte de que el fuerte crecimiento de los ingresos por alquileres está recogido el afloramiento de las viviendas arrendadas para usos turísticos, en los que la Agencia Tributaria ha puesto el foco en los últimos años y que en su mayoría permanecían ocultos en las declaraciones del IRPF.

Este trabajo de la Agencia Tributaria puerta a puerta ha elevado la recaudación y ha mejorado la calidad de los datos tributarios registrados del mercado del alquiler después de haber levantado más de un millón de declaraciones “que incluyen rendimientos inmobiliarios”.

“Un mal endémico de nuestra economía”

“Las elevadas rentabilidades que se consiguen con las inversiones inmobiliarias son un mal endémico de nuestra economía”, lamenta Íñigo Macías, investigador de Oxfam Intermón, una de las organizaciones que lidera la lucha por una fiscalidad más justa y contra la desigualdad.

2024 también fue un gran año para quienes tienen ingresos financieros. Las rentas del capital mobiliario (dividendos, intereses...) saltaron de golpe casi un 50% desde 2023, de cerca de 20.000 millones hasta establecer otro récord histórico en España por encima de los 30.000 millones. Por una parte, “se debe a la subida de los tipos de interés” del Banco Central Europeo (BCE) que las entidades financieras trasladaron en parte a los depósitos de sus clientes, según destaca Raquel Jurado. Por otro lado, responde a un muy buen año para las empresas, que obtuvieron beneficios récord y repartieron importantes dividendos entre sus accionistas, como se explica en esta información.

Además, pegaron otro buen repunte, de algo más de 5.000 millones en solo doce meses (un 22%), las rentas de las familias por ganancias patrimoniales. Es decir, por las subidas de precios de los inmuebles y también de los activos financieros (principalmente acciones y fondos de inversión).

Por supuesto, estas tres formas de ganar dinero de los hogares se concentran en las capas más altas, las más ricas. Con la ventaja añadida de que estas rentas del capital pagan menos IRPF que las rentas del trabajo. Un ejemplo hipotético: si un millonario español ingresa por su sueldo como directivo tres millones de euros en un año, pagaría muchos más impuestos que si la misma persona hubiera obtenido todos sus ingresos del capital.


La mayoría de ingresos de los millonarios vienen del capital, que pagan menos en el IRPF

Porcentaje de ingresos declarados en el IRPF por deciles de renta provenientes del trabajo (salarios, pensiones, desempleo, etc.), las rentas del capital (dividendos, ganancias patrimoniales, etc.), que pagan menos impuestos en el IRPF, y el resto (actividades económicas y rentas imputadas)


En el siguiente gráfico de esta información se entiende esta 'dualidad' del IRPF para las personas con más ingresos de nuestro país.


La dualidad de la declaración de la renta para los más ricos

Comparación de la cuota íntegra sobre la base general y sobre la base del ahorro en cada año para los declarantes con ingresos por encima de los 600.000€

Fuente: INE, Agencia Tributaria


Como se puede ver en el próximo gráfico, y de nuevo según los datos de la Agencia de Tributaria del informe de recaudación de 2024, los salarios se han incrementado un 39% desde 2008, mucho menos que las rentas del capital.



Por último, tanto el envejecimiento de la población como las últimas reformas de las pensiones favorecen el incremento de las rentas de las personas que salen del mercado laboral. Precisamente, según identifica José María Mollinedo, los pensionistas son uno de los perfiles más comunes de arrendadores de viviendas para uso habitual.



El secretario general de Gestha señala el otro perfil más común de arrendadores de viviendas para uso habitual, que son algo más de dos millones en total. “Son las personas que se cambian de casa, y en vez de vender la que dejan, la alquilan y con esa renta pagan la hipoteca de la casa nueva”, explica.

Hoy, para los que no son arrendadores, el acceso a la vivienda se ha convertido en el gran problema económico de España, sobre todo para los más jóvenes y en las grandes capitales y en los principales destinos turísticos, donde se concentran la mayor parte de los puestos de trabajo y la oferta de pisos o casas turísticas.

El crecimiento de la actividad en nuestro país ha sido muy destacado desde 2021, respecto al resto de grandes economías, y lo seguirá siendo este 2025 (según las últimas previsiones del FMI), incluso en pleno pico de incertidumbre por la guerra comercial. Si el acceso a la vivienda es el principal problema interno, el mercado laboral es la gran fortaleza, en buena parte por una importante incorporación de inmigrantes. Aunque los expertos ya advierten de “una desaceleración del incremento la población activa [la que trabaja o quiere trabajar]”, ya que la escasez de vivienda y los elevados precios “actuarán como cuello de botella para la inmigración y la incorporación de nueva fuerza laboral en general”, según resumió esta misma semana Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas.

]]> <![CDATA[El precio real de Sanidad pública en Navarra: de los 46 euros por una consulta a los 114.000 por un trasplante]]> El precio real de Sanidad pública en Navarra: de los 46 euros por una consulta a los 114.000 por un trasplante

El Servicio Navarro de Salud ha actualizado su tabla de tarifas, que se facturan en aquellos casos en los que la atención pública no está cubierta y que corresponden al coste real de los servicios

Condenan a la sanidad navarra a indemnizar a una trabajadora que sufrió una agresión sexual en el hospital

Que la sanidad pública sea gratuita cuando uno acude a consulta o se somete a una cirugía no implica que también lo sea para las arcas públicas. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha realizado la actualización de sus tarifas para el 2025 con los precios de la multitud de servicios prestados a la ciudadanía. Se trata de información relativa al coste real de los servicios, que se factura solo en aquellos casos en los que la atención pública no está cubierta, y que se proporcionará a cualquier paciente que quiera conocer el coste real de los servicios que recibe.

Los costes, eso sí, se reclamarán únicamente en aquellos casos en los que la atención sanitaria gratuita no está cubierta, como asegurados o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social pertenecientes a las Mutualidades Generales que no hayan optado por recibir la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud; en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; o seguros obligatorios (correspondientes a deportistas federados y profesionales, seguros de caza, seguros de vehículos a motor, seguro obligatorio de viajeros), entre otros casos. Además, en aquellos convenios firmados con entidades, “se reclamará el importe de la asistencia prestada de acuerdo con los términos del convenio correspondiente”, informan desde el Departamento de Salud.

El precio por un día de hospitalización, que incluye la atención, pernoctación en cama, comidas y medicación, es de 614,63 euros. En el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos, se eleva a 2.577,08 euros, mientras que, en otras unidades especiales, como Neonatología, un día de estancia supone 1.488,08 euros. Por su parte, un ingreso sin estancia puede ascender a 368,78 euros y un día de hospitalización a domicilio, 156,66 euros.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, y según la complejidad de la asistencia que se requiera, los precios son muy variables. Por ejemplo, la atención a un parto cuesta entre los 3.293 y 13.470 euros, un infarto agudo de miocardio entre 3.756 y 8.438 euros, y si lo que se precisa es la atención de un neonato con oxigenación de membrana extracorpórea, los precios oscilan entre 50.295 y 110.128 euros en su máxima complejidad.

Si el paciente requiere de una intervención quirúrgica, los precios se disparan. Un trasplante cardíaco o pulmonar de la máxima gravedad supera los 114.000 euros, por ejemplo. El coste medio de los procedimientos quirúrgicos en la sanidad navarra es de 1.176, 97 euros.

El coste de una consulta presencial, ya sea en el centro de salud o en un consultorio asciende a los 46,88 euros. En caso de ser telefónica, la tarifa es de 25,30 euros, mientras que si la consulta se realiza fuera del centro se eleva a 133,20 euros. La consulta de enfermería o trabajo social es de 30,26 euros y la visita a domicilio, 90,78 euros. Otros servicios como la vacunación en el centro tiene una tarifa de 20,61 euros y prestaciones como una sesión de preparación al parto, por ejemplo, 139,83 euros.

En cuanto a las pruebas, el precio de una determinación analítica de drogas se eleva a 396,12 euros, mientras que el de una analítica de contraste de alcoholemia es 367,07 euros. Una ecografía estándar vale 77 euros, mientras que las especiales tienen un precio en torno a 300 euros. Una radiografía simple tiene una tarifa de 26 euros, una mamografía básica asciende a 41 euros y una resonancia se eleva a 227 euros. Una prueba de esfuerzo tiene un coste de 220,37 euros, una colonoscopia de alta definición, 1.412,96 euros, una sesión de litotricia ,2.804,92 euros y un estudio de apnea del sueño realizado en el hospital, 997.40 euros y en domicilio, 277,24 euros.

Por último, movilizar una ambulancia Soporte Vital Avanzado de urgencias y emergencias tiene una tarifa de 606,49 euros, a lo que hay que sumar el coste del personal con el que se dota (personal médico y de enfermería, o sólo enfermería) y 3,50 euros por cada km adicional a partir de los 100 km. Si fuese necesario movilizar un helicóptero, su precio inicial es de 4.506 euros al que también se debe añadir el coste del personal. 

Puedes consultar el precio de todos los servicios prestados por Osasunbidea en el siguiente enlace.

]]> <![CDATA[Una visión errónea de la situación económica lleva a las familias a frenar el consumo]]> Una visión errónea de la situación económica lleva a las familias a frenar el consumo

Un estudio del Banco de España señala que la mayoría de los hogares tiene una percepción más pesimista sobre sus ingresos de lo que realmente es, y eso les lleva a reducir sus gastos. La crisis de inflación, la vivienda, el trauma de la burbuja inmobiliaria y los cambios demográficos explican esta tendencia

El Banco de España vuelve a elevar la previsión de crecimiento al 3,1% este año y al 2,5% en 2025

La crisis de inflación, la vivienda, el trauma de la burbuja inmobiliaria y los cambios demográficos han distorsionado la percepción de las familias sobre la situación económica. Incluso sobre sus propios ingresos y su poder adquisitivo, añadiendo un extra de pesimismo. Esta visión errónea de la situación económica lleva a los hogares a frenar el consumo y ahorrar lo que pueden, en algunos casos por precaución o miedo y, en otros, para poder aspirar a comprar o alquilar una casa.

Los datos son los siguientes. Casi un 67% de las familias de nuestro país afirma que sus ingresos se han reducido en el último año. Apenas una de cuatro dice que se han mantenido. Y solo un 8,5% señala que han aumentado. Estas son las respuestas recogidas por la encuesta de expectativas de los consumidores del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España, realizada en septiembre.



Estos resultados muestran un panorama sombrío de nuestra economía. Una percepción pesimista que contrasta con las cifras, previsiones y estadísticas que destacan el crecimiento de la actividad, del empleo y de las rentas, sobre todo de las más bajas, en los últimos años en España. El propio análisis de la banca central advierte de este choque —como se observa en el primer gráfico de esta información—, y destaca que la realidad observada es diferente, más positiva: solo un 23% de los hogares ha sufrido una caída de sus ingresos, algo más de la mitad los ha mantenido y uno de cuatro los ha elevado.

El gran problema de esta visión errónea de la situación económica es que lleva a las familias a frenar el consumo, según lamenta el Banco de España. Según sus cálculos, “el impacto diferencial” sobre el gasto de los hogares de tener una percepción “desfavorable” sobre la evolución de sus ingresos es de cerca de 2.000 euros de media al año en bienes no duraderos (alimentos, combustible, cosméticos y de aseo personal, de limpieza o medicamentos); de algo más de 1.500 euros en ocio y transporte; y de alrededor de 500 euros en vestido y calzado.

Es decir, los más pesimistas consumen menos, y esa es una de las principales razones por las que, en la Contabilidad Nacional, el crecimiento del gasto de las familias va retrasado respecto al avance del PIB agregado. Un último ejemplo que da el Banco de España: uno de cada cuatro hogares que percibe unos ingresos inferiores a los que realmente tiene ha retrasado la decisión de adquirir un automóvil.



Los economistas del regulador financiero aclaran que para la evolución percibida de los ingresos (en el primer gráfico de esta información) se recoge la proporción de hogares que percibe que los ingresos del hogar han crecido más, menos o aproximadamente igual que los precios entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2024. Para la evolución observada (real), recoge la proporción de hogares para los que los ingresos laborales reportados por el encuestado han crecido más, menos o igual que la inflación observada en el mismo periodo. Se dispone de información sobre los ingresos por rangos —por deciles, del 10% más pobre al 10% con más renta—, “por lo que el porcentaje de hogares en los que el encuestado indica que sus ingresos laborales han aumentado recoge aquellos que han pasado a un rango de ingresos más elevado, o al contrario si han caído”.

Una de las fuentes estadísticas más fiables para medir la evolución de los salarios —la principal fuente de renta de las familias— es la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que se publicó recientemente y que elDiario.es analizó en este artículo. Según los datos de este sondeo que se realiza cada cuatro años, y que en su última oleada ofrece información sobre 2022, frente a 2018, los sueldos de los españoles han aumentado con fuerza, y principalmente los más bajos, gracias a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a la reducción de la temporalidad de los contratos por la reforma laboral.

De hecho, si se descuenta la inflación acumulada de 2018 a 2022, de un 12,5%, el 30% de los más pobres —los tres deciles con menos ingresos— han ganado poder adquisitivo en el periodo analizado, según esta encuesta, y el resto apenas ha perdido, pese a la crisis de precios, especialmente intensa precisamente en 2022. Estos datos concuerdan con la realidad observada por el estudio del BCE y el Banco de España.


Así subieron los salarios en 2018 y 2022 entre los que más y menos cobran

Subida de sueldo al año y por hora en cada percentil de salarios brutos anuales en 2022 respecto a 2018 y 2018 respecto a 2014

Salario...
Subida...

Fuente: Microdatos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial 2014, 2018 y 2022 (INE)


Los economistas del regulador financiero han ahondado en estas cuestiones, para buscar causas y consecuencias. “¿Qué proporción de un premio de lotería equivalente a un mes de ingresos gastarían en los siguientes 12 meses?”. Esa es la pregunta con la que la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España determina la conocida como la “propensión marginal al consumo”. Es decir, las ganas que tienen los hogares de gastar cuando aumentan su renta. Comparando las respuestas de 2018 con las de 2022, los economistas de la institución detectan que esta propensión marginal al consumo ha caído en general. Este fenómeno “habría sido más acusado entre los hogares de mayor renta y en aquellos sin vivienda en propiedad”, prosigue.

El ahorro de las familias supera los niveles históricos

Esta tendencia se puede comprobar en otras estadísticas, como la tasa de ahorro de los hogares en España, que calcula el INE. Este indicador aumentó en el primer semestre de este año hasta rozar el 14% de su renta disponible bruta —en términos menos técnicos: de media hemos guardado 1,4 euros de cada 10 euros que hemos tenido para gastar después de pagar impuestos, incluidos los depósitos o los productos financieros considerados a la vista—. Este nivel es un máximo no visto desde el récord de la primera parte de 2021 (18,9%), durante la pandemia, cuando las opciones para consumir estaban muy limitadas. Las previsiones apuntan a que esta tasa de ahorro acabará el año en el 13,3%, algo más de un punto por encima del nivel de 2023 (12%) y casi cinco puntos más alta que el promedio entre 1999 y 2019 (8,7%).



Este comportamiento “conservador” o de “cautela” de las familias debería cambiar con la moderación de la inflación —que junto a las subidas de salarios conlleva recuperación de capacidad de compra tras el daño sufrido entre 2021 y 2023—, con la fortaleza del mercado laboral—en el tercer trimestre se alcanzó un nuevo récord con 21,8 millones de trabajadores, lo que también aumenta la renta disponible de las familias porque trabajan más personas en cada una de ellas de media— y con las bajadas de los tipos de interés. “Resulta de considerable interés”, admite el grupo de expertos que firma el último “Observatorio sobre el ciclo económico en España” del centro de análisis Fedea. “Nadie lo había previsto”, reconoció, por su parte, Raymond Torres, el director de coyuntura económica, en la presentación de la actualización de las previsiones de Funcas en octubre.

Las explicaciones sobre esta propensión de las familias a ahorrar más que antes de la pandemia —y, por tanto, a consumir menos— se ven obligadas a romper con las tendencias históricas. “Los niveles de ahorro actuales solo se han observado en contextos de elevada incertidumbre. Es la primera vez que se aprecian estos niveles en un entorno de creación constante de empleo”, señala el informe de proyecciones económicas de BBVA Research.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha atendido esta cuestión en su informe regional sobre Europa: “La baja confianza de los consumidores y la incertidumbre sobre las futuras perturbaciones en sus ingresos han aumentado el ahorro por precaución y, en consecuencia, las tasas de ahorro se han mantenido por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Esto se ha sumado a los efectos de los altos tipos de interés”, por la austeridad monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Raymond Torres comparte esta reflexión y le pone otro nombre al “ahorro por precaución” del FMI: “Es el trauma de la crisis financiera, que sabemos que en otros países como Japón llegó a dejar una huella a una generación entera”. Según opina este experto, “es verdad que con los tipos de interés altos es más interesante ahorrar que en épocas anteriores, donde el ahorro estaba prácticamente penalizado. Pero el actual comportamiento del ahorro va más allá de la relación tradicional con los tipos de interés, porque además estamos viendo un desendeudamiento adicional. Tras la crisis financiera, tanto los hogares como las empresas están tendiendo a tener un comportamiento particularmente cauteloso en un entorno incierto”.

Esas familias que arrastran el “trauma” del estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis del euro, el shock de la pandemia y, por último, el pico de inflación tienen entre sus peores pesadillas las insoportables tasas de paro de hace solo una década o el drama de los desahucios por impagos de hipotecas. Un “trauma” que coincide con un acceso a la vivienda cada vez más complicado. Mientras, el Banco de España suma una última causa: “El peso de los hogares con cabeza de familia de nacionalidad extranjera ha aumentado en más de cuatro puntos porcentuales en España desde 2019. En promedio, estos hogares ahorran más que el resto (una vez tenidos en cuenta los otros determinantes principales de la tasa de ahorro)”, finaliza.

]]> <![CDATA[Radiografía de los autónomos: sufren los negocios tradicionales pero se disparan las actividades de más valor añadido]]> Radiografía de los autónomos: sufren los negocios tradicionales pero se disparan las actividades de más valor añadido

El universo del trabajo por cuenta propia es heterogéneo. En él caben pequeños comercios de barrio asfixiados; y también profesiones con importantes beneficios (registradores, notarios, actividades financieras, deportivas, ingenieros, sanitarios... toreros) y con un gran crecimiento en los últimos años

Qué ayudas piden autónomos y trabajadores ante la catástrofe por la DANA: “Los ERTE no son suficientes”

El beneficio medio de los “registradores” fue de casi medio millón en 2022. El de los “notarios”, de 380.000 euros. Los “matadores de toros” ganaron casi 51.000 euros en promedio, 7.240 euros más que en 2019. Estos registradores, notarios y toreros forman parte del universo de los autónomos de nuestro país. Un universo heterogéneo que difícilmente se ciñe a la imagen del trabajador por cuenta propia asfixiado, que no llega a fin de mes. Hay autónomos a los que les va muy bien. Profesiones y negocios que consiguen importantes beneficios (actividades financieras, jurídicas, deportivas, de ingeniería, sanitarias...) y con un gran crecimiento en los últimos años, que es otra prueba de los cambios estructurales positivos de nuestra economía hacia sectores de más valor añadido —y más productividad—.

Estas conclusiones se pueden extraer de la estadística de la Agencia Tributaria sobre la “evolución de rendimientos de actividades económicas 2018-2022”, que ofrece detalles sobre los autónomos a través de sus declaraciones de IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas), y que permite saber cuánto ganan, cuántos fracasan o cuánto se incrementan en número en cada sector.

elDiario.es ha analizado estos datos, que se muestran en los gráficos de esta información. El primero recoge el número total de autónomos a cierre de 2022, algo más de tres millones, una cifra similar a la de 2019. Con este acercamiento preliminar a la estadística, se podría señalar un estancamiento. Sin embargo, si se observa el crecimiento y el retroceso de las diferentes ramas de actividad se obtiene otro resultado más positivo. Cae el número de autónomos en los sectores tradicionales —el comercio, la hostelería o la agricultura y ganadería—. Pero se incrementa en sectores relacionados con los servicios financieros y jurídicos, con la industria —y en concreto con la aeronáutica—, y con actividades artísticas.



Otra cifra agregada que apunta en el mismo sentido es el aumento del beneficio total generado por los autónomos, respecto al que se paga el IRPF al tipo que corresponda. En 2022, ascendió a 41.620 millones de euros, desde los 34.240 millones de 2019 —un crecimiento del 21,5%—, y tras hundirse en 2020 a 29.173 millones, según la misma estadística.

Esta evolución es el reflejo de una modernización de la economía de España. Una transformación que se asienta en un mayor nivel de la educación y la formación en general, en las grandes políticas económicas que han reducido la precariedad en el conjunto de la sociedad (la reforma laboral, la subida del SMI, la reforma de las pensiones, el Plan de Recuperación...) y en otros cambios sociales que tienen su espejo en otras cuestiones macroeconómicas como son la buena marcha del sector exterior —gracias a las exportaciones de servicios no turísticos, también de alto valor añadido— o como el destacado crecimiento económico (del PIB).

Beneficios desorbitados de registradores y notarios

Bucear en los beneficios que obtienen los autónomos en cada actividad, y observar cómo han crecido estas ganancias en algunas profesiones o negocios desde antes de la pandemia, sirve para entender esa modernización de la economía, y también aporta un buen puñado de anécdotas. Las primeras reseñables, sin duda, los altos beneficios de los registradores y los notarios en nuestro país. Los primeros rozan los 470.000 euros de media, los segundos, los 380.000 euros. Siempre en promedio, lo que quiere decir que algunos de los 1.093 registradores y los 2.368 notarios (seguramente los que lo hagan en Madrid o Barcelona) que recoge la Agencia Tributaria ganan incluso más, o mucho más.



Estos datos que se pueden ver en el segundo gráfico de esta información son de las actividades de los autónomos que pagan impuestos por el modelo de estimación directa. En este caso, no están incluidas la mayoría de las relacionadas con la agricultura, la ganadería y la pesca, que pagan “en módulos agrícolas”; ni otras actividades que también siguen pagando “en módulos no agrícolas”, principalmente pequeños comercios, hostelería, taxis, peluquerías (estas últimas son menos de 400.000 en total).

Por otra parte, el beneficio medio de cada actividad lo obtenemos dividiendo el “rendimiento” entre los autónomos que no tienen pérdidas. Este “rendimiento positivo” es una cifra de la que ya se han deducido gastos corrientes (como los salarios, servicios básicos, alquileres...), los financieros, las cuotas que pagan los autónomos a la Seguridad Social (RETA) o las depreciaciones. Un ajuste que no está aplicado es la inflación acumulada, que de 2019 a 2022 fue alrededor del 14,4%.

El beneficio conjunto de los registradores y notarios se incrementó algo más de un 20% de 2019 a 2020, con apenas variación en el número de los autónomos que se dedican a estas profesiones. Hay saltos más reseñables: el casi 30% de los auditores, también con la misma cantidad de trabajadores por cuenta propia prácticamente, quedándose de media en casi 140.000 euros, en el 'top tres' de los autónomos que mejor les va. También destacan los crecimientos de los odontólogos, los informáticos, los programadores... en número y en volumen de negocio.



Los “programadores y analistas de informática” pasaron de 16.000 en España en 2019 a más de 20.000, con unas ganancias de alrededor de 34.000 euros, en promedio. En la publicidad, de casi 23.000 autónomos a 32.000. Eso sí, con un beneficio medio que no llega a los 23.000 euros. La construcción —en diversas actividades—, los abogados y las peluquerías son los autónomos que más trabajo concentran por cuenta propia.

Entre los autónomos a los que peor les va, aparecen muchos relacionados con actividades artísticas. Aunque hay que entender que estas actividades suelen ser complementarias de personas que tienen otros trabajos, como les ocurre a los árbitros, a los apicultores o a ciertos periodistas, entre otros. Los datos sí son preocupantes para las tiendas pequeñas, para las peluquerías, o para una parte de la hostelería.



Por último, la estadística de la Agencia Tributaria permite analizar qué actividades sufren una mayor “tasa de fracaso”. O lo que es lo mismo, que no consiguen “rendimiento positivo”. Entre las que tienen mayores porcentajes de autónomos en pérdidas también hay que buscar explicaciones, en algunos casos, en segundas ocupaciones, incluso algunas relacionadas con aficiones, que se compensan con los trabajos principales.

]]> <![CDATA[L'Autoritat fiscal torna a reprendre Balears per disparar la despesa mentre redueix i elimina impostos]]> L'Autoritat fiscal torna a reprendre Balears per disparar la despesa mentre redueix i elimina impostos

L'AIReF amonesta les illes per disminuir el mínim exempt a l'Impost sobre el Patrimoni -de manera que deixarà de recaptar uns 50 milions d'euros el 2025- mentre s'encomana a ingressos de menor quantia com els 20 milions derivats de l'augment del cànon de sanejament d'aigües

El PP aprova amb trànsfugues el sostre de despesa a Balears i després de rebutjar el repartiment de menors migrants, com exigia Vox

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), ens estatal encarregat d'avaluar els comptes públics, torna a carregar contra les mesures fiscals adoptades pel PP amb el suport de Vox a Balears: la Comunitat Autònoma es troba en risc d'incomplir novament la regla de despesa per al 2024 i el 2025 per fiar la seva política econòmica a l'increment de despeses i a la reducció i eliminació d'impostos. En aquest sentit, l'organisme amonesta a les illes pel fet de disminuir el mínim exempt a l'Impost sobre el patrimoni -de manera que deixarà de recaptar uns 50 milions d'euros el 2025- mentre s'encomana a ingressos de menor quantia com els 20 milions que s'esperen obtenir l'any que ve derivats de l'augment de les tarifes del cànon de sanejament d'aigües.

Al seu 'Informe de línies fonamentals dels pressupostos de 2025', consultat per elDiario.es, l'AIReF assenyala que la despesa a Balears preveu augmentar en més d'un 13% el 2015, fet que supera el límit individual del 2 ,6% vigent per a aquest any. Així mateix, estima que en el proper exercici la despesa computable a efectes de la regla de despesa nacional creixerà a la Comunitat un 7%, amb una variació del 6,4% de la despesa computable considerada en el marc fiscal europeu. Mentrestant, el saldo de la Comunitat Autònoma per a aquest any empitjora mig punt i estima un superàvit del 0,3%, davant el 0,1% previst per l'Executiu balear. De cara al 2025, preveu que les Balears tanquin amb un dèficit del 0,1% del PIB, mentre l'arxipèlag estima assolir l'equilibri.

De la mateixa manera, indica que els ingressos de la comunitat el 2025, sense tenir en compte els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), augmentaran un 1%, arribant al 14,4% del PIB. En aquesta línia, apunta que les mesures d'ingressos adoptades per la Comunitat tindran un efecte net de reducció dels ingressos el 2025 d'una dècima de PIB.

Cal destacar que l'organisme està apreciant risc d'incompliment de la regla de despesa des de l'informe que va emetre el juliol de 2023 i ha anat elevant el nivell d'alerta i risc en els seus informes posteriors. En concret, recrimina que part de la recaptació amb què preveu comptar Balears és de caràcter transitori i no estructural, una circumstància que, encara que suposi assolir provisionalment una situació de superàvit, no ha d'empènyer el Govern -com recomana l'Airef- a retallar impostos ni a fiar la seva política fiscal sobre uns comptes sostinguts sobre fons més volubles.

L'ens avaluador adverteix així del “risc” que Balears, entre altres comunitats autònomes, elabori els seus comptes amb l'única limitació de l'equilibri pressupostari i sense tenir en compte que part dels ingressos del proper any seran temporals o que els recursos del sistema de finançament autonòmic no preveuen créixer respecte als del 2024, cosa que determina un creixement dels recursos inferior a l'esperat en les ocupacions.

L'AIReF, no obstant, avala les previsions que acompanyen el projecte de pressupostos de 2025 de Balears, que presenta estimacions de creixement del PIB en termes de volum i en corrents i de l'ocupació per als anys 2024 i 2025 diferents de les últimes estimacions de lescenari macroeconòmic del Govern central per al conjunt del país. En concret, les illes estimen un creixement del PIB en termes de volum de l'1,7% per al 2025, previsió que resulta inferior a la prevista per l'AIReF (2,4%) i es troba igualment per sota de l'interval de les previsions de altres organismes per a la regió.

El Parlament aprova el sostre de despesa del 2025

Durant el ple celebrat la setmana passada al Parlament, el PP treia endavant la seva proposta de sostre de despesa dels Pressupostos autonòmics del 2025 gràcies a l'abstenció de Vox, que, a canvi, ha arrencat als conservadors el compromís que no accediran al repartiment de menors estrangers no acompanyats que proposa el Govern central, així com la implantació d'altres mesures per lluitar contra la “immigració i l'ocupació irregular”.

Amb els vots dels 25 diputats del PP, del parlamentari per Formentera Llorenç Còrdova i de l'exdiputat de Vox Xisco Cardona, la Cambra aprovava així un límit de despesa fixat en 6.562 milions d'euros que els populars qualifiquen d'“històric”. Davant d'això, l'oposició acusa el Govern de “maquillar” els seus números, que considera “insostenibles” i dirigits a “injectar més recursos al sector immobiliari ia la política del rendisme”.

Durant la seva intervenció a la sessió plenària, el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, va defensar les xifres del proper any, asseverant que, des que governa el PP a les illes, el sostre de despesa s'ha incrementat en 615 milions d'euros. “Afortunadament, Balears és una comunitat autònoma econòmicament dinàmica que creix any rere any gràcies, essencialment, al sector serveis i, sobretot, al turisme”, va subratllar, passant a enarborar les mesures que a nivell econòmic ha aprovat l'Executiu des de principis de legislatura .

El PP: “És possible baixar impostos i elevar la despesa social”

Entre altres iniciatives, Costa va fer menció especial a la reforma fiscal portada a terme pel Govern, posant en valor, en línia d'un els mantres més repetits pels partits conservadors, que “és possible abaixar impostos i elevar la despesa social”, cosa que va generar les esbroncades des de la bancada de l'oposició. En aquest sentit, es va referir a l'eliminació parcial de l'impost de successions i donacions, una mesura que l'Executiu de Marga Prohens va aprovar via decret d'urgència en contra de les advertències efectuades en aquest sentit per l'Airef.

També va fer al·lusió a l'exempció del pagament de l'Impost de Patrimoni als que posseeixin menys de tres milions d'euros -el límit se situava abans als 700.000 euros-, a la supressió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) a la compra del primer habitatge habitual per a menors de 30 anys i a la reducció del tram autonòmic de l?IRPF.

Per la seva banda, el portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, va criticar que amb els números presentats el PP està caminant cap a un model “basat en la injecció de més recursos al sector immobiliari ia la política del rendisme”, i per això “només ho recolzen les immobiliàries”. “Intenten mantenir un cicle que saben que no aguantarà, i ho fan maquillant els números i enganyant la ciutadania”. Respecte d'això, va afirmar que la recaptació de l'impost de patrimoni “està inflada en almenys 20 milions d'euros”, atès que ha acusat el Govern de “presentar 200 milions d'euros més perquè no ha executat els fons europeus, que no són capaços de gestionar”.

“I quan caiguin els fons europeus serà quan arribin les retallades, perquè això no se sosté”, va advertir, incidint que part de la recaptació amb què preveu comptar Balears el 2025 serà de caràcter transitori i no estructural. “L'Airef està dient: 'Aneu amb compte, no lleveu impostos permanents a canvi dels ingressos extraordinaris de la UE'. Vostès, en canvi, en parlen com si fossin permanents”, va manifestar dirigint-se als populars.

]]> <![CDATA[La Autoridad fiscal vuelve a reprender a Balears por disparar el gasto mientras reduce y elimina impuestos]]> La Autoridad fiscal vuelve a reprender a Balears por disparar el gasto mientras reduce y elimina impuestos

La AIReF amonesta a las islas por disminuir el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio -con lo que dejará de recaudar unos 50 millones de euros en 2025- mientras se encomienda a ingresos de menor cuantía como los 20 millones derivados del aumento del canon de saneamiento de aguas

El PP aprueba con tránsfugas el techo de gasto en Balears y tras rechazar el reparto de menores migrantes, como exigía Vox

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ente estatal encargado de evaluar las cuentas públicas, vuelve a cargar contra las medidas fiscales adoptadas por el PP con el apoyo de Vox en Balears: la Comunidad Autónoma se encuentra en riesgo de incumplir de nuevo la regla de gasto para 2024 y 2025 por fiar su política económica al incremento de gastos y la reducción y eliminación de impuestos. En este sentido, el organismo amonesta a las islas por el hecho de disminuir el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio -con lo que dejará de recaudar unos 50 millones de euros en 2025- mientras se encomienda a ingresos de menor cuantía como los 20 millones que se esperan obtener el próximo año derivados del aumento de las tarifas del canon de saneamiento de aguas.

En su 'Informe de líneas fundamentales de los presupuestos de 2025', consultado por elDiario.es, la AIReF señala que el gasto en Balears prevé aumentar en más de un 13% en 2015, lo que supera el límite individual del 2,6% vigente para este año. Asimismo, estima que en el próximo ejercicio el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá en la Comunidad un 7%, con una variación del 6,4% del gasto computable considerado en el marco fiscal europeo. Mientras tanto, el saldo de la Comunidad Autónoma para este año empeora medio punto, estimando un superávit del 0,3%, frente al 0,1% previsto por el Ejecutivo balear. De cara a 2025, prevé que Balears cierre con un déficit del 0,1% del PIB, mientras el archipiélago estima alcanzar el equilibrio.

Del mismo modo, indica que los ingresos de la comunidad en 2025, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 1%, alcanzando el 14,4% del PIB. En esta línea, apunta que las medidas de ingresos adoptadas por la Comunidad tendrán un efecto neto de reducción de los ingresos en 2025 de una décima de PIB.

Cabe destacar que el organismo lleva apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto desde el informe que emitió en julio de 2023 y ha ido elevando el nivel de alerta y riesgo en sus informes posteriores. En concreto, recrimina que parte de la recaudación con la que la prevé contar Balears es de carácter transitorio y no estructural, una circunstancia que, aunque suponga alcanzar provisionalmente una situación de superávit, no debe empujar al Govern -como recomienda la Airef- a recortar impuestos ni a fiar su política fiscal sobre unas cuentas sostenidas sobre fondos más volubles.

El ente evaluador advierte así del “riesgo” de que Balears, entre otras Comunidades Autónomas, elabore sus cuentas con la única limitación del equilibrio presupuestario y sin tener en cuenta que parte de los ingresos del próximo año serán temporales o que los recursos del sistema de financiación autonómica no prevén crecer respecto a los de 2024, lo que determina un crecimiento de los recursos inferior al esperado en los empleos.

La AIReF, sin embargo, avala las previsiones que acompañan al proyecto de presupuestos de 2025 de Balears, que presenta estimaciones de crecimiento del PIB en términos de volumen y en corrientes y del empleo para los años 2024 y 2025 distintas de las últimas estimaciones del escenario macroeconómico del Gobierno central para el conjunto del país. En concreto, las islas estiman un crecimiento del PIB en términos de volumen del 1,7% para 2025, previsión que resulta inferior a la prevista por la AIReF (2,4%) y se encuentra igualmente por debajo del intervalo de las previsiones de otros organismos para la región.

El Parlament aprueba el techo de gasto de 2025

Durante el pleno celebrado la semana pasada en el Parlament, el PP sacaba adelante su propuesta de techo de gasto de los Presupuestos autonómicos de 2025 gracias a la abstención de Vox, que, a cambio, ha arrancado a los conservadores el compromiso de que no accederán al reparto de menores extranjeros no acompañados que propone el Gobierno central, así como la implantación de otras medidas para luchar contra la “inmigración y ocupación irregular”.

Con los votos de los 25 diputados del PP, del parlamentario por Formentera Llorenç Córdoba y del exdiputado de Vox Xisco Cardona, la Cámara aprobaba así un límite de gasto fijado en 6.562 millones de euros que los populares califican de “histórico”. Frente a ello, la oposición acusa al Govern de “maquillar” sus números, que considera “insostenibles” y dirigidos a “inyectar más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”.

Durante su intervención en la sesión plenaria, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, defendió las cifras del próximo año, aseverando que, desde que gobierna el PP en las islas, el techo de gasto se ha incrementado en 615 millones de euros. “Afortunadamente, Balears es una Comunidad Autónoma económicamente dinámica que crece año tras año gracias, esencialmente, al sector servicios y, sobre todo, al turismo”, subrayó, pasando a enarbolar las medidas que a nivel económico ha aprobado el Ejecutivo desde principios de legislatura.

El PP: “Es posible bajar impuestos y elevar el gasto social”

Entre otras iniciativas, Costa hizo mención especial a la reforma fiscal llevada a cabo por el Govern, poniendo en valor, en línea de uno los mantras más repetidos por los partidos conservadores, que “es posible bajar impuestos y elevar el gasto social”, lo que generó los abucheos desde la bancada de la oposición. En este sentido, se refirió a la eliminación parcial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que el Ejecutivo de Marga Prohens aprobó vía decreto de urgencia en contra de las advertencias efectuadas en este sentido por la Airef.

También hizo alusión a la exención del pago del Impuesto de Patrimonio a quienes posean menos de tres millones de euros -el límite se situaba antes en los 700.000 euros-, a la supresión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años y a la reducción del tramo autonómico del IRPF.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, criticó que con los números presentados el PP está caminando hacia un modelo “basado en la inyección de más recursos al sector inmobiliario y a la política del rentismo”, y por eso “solo lo apoyan las inmobiliarias”. “Intentan mantener un ciclo que saben que no aguantará, y lo hacen maquillando los números y engañando a la ciudadanía”. Al respecto, aseveró que la recaudación del impuesto de patrimonio “está hinchada en al menos 20 millones de euros”, toda vez que acusó al Govern de “presentar 200 millones de euros más porque no ha ejecutado los fondos europeos, que no son capaces de gestionar”.

“Y cuando caigan los fondos europeos será cuando lleguen los recortes, porque esto no se sostiene”, advirtió, incidiendo en que parte de la recaudación con la que prevé contar Balears en 2025 será de carácter transitorio y no estructural. “La Airef está diciendo: 'Tengan cuidado, no quiten impuestos permanentes a cambio de los ingresos extraordinarios de la UE'. Ustedes, en cambio, hablan de ellos como si fuesen permanentes”, manifestó dirigiéndose a los populares.

]]> <![CDATA[El FMI apoya "reformas fiscales estructurales" que suban los impuestos a los más ricos y a las empresas]]> El FMI apoya "reformas fiscales estructurales" que suban los impuestos a los más ricos y a las empresas

El Fondo Monetario Internacional recomienda también a los países de la eurozona "una priorización del gasto" para lograr "el ajuste necesario" por las nuevas reglas de la UE

Montero admite que los impuestos a la banca y a las energéticas están en el aire

El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya “reformas fiscales estructurales” que suban los impuestos a los más ricos y eliminen subvenciones a las empresas. En su informe sobre la región europea, el organismo que dirige Kristalina Georgieva recomienda también “una priorización del gasto” para lograr “el ajuste necesario” por las nuevas reglas de la UE, reactivadas este año, tras ser suspendidas en 2020 por la pandemia.

En pleno debate sobre “la reforma fiscal pendiente” de España, que se está dando en paralelo a las negociaciones del Gobierno con sus socios sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, el FMI refuerza a los expertos y partidos políticos que piden cambios en los impuestos de nuestro país para hacerlos más progresivos —“que los que más tienen, aporten más”— y más eficientes.

“La gestión del ajuste fiscal necesario, al tiempo que se abordan las crecientes necesidades de gasto [defensa, transición ecológica y digital o reducción de las desigualdades], requiere una priorización del gasto y reformas fiscales estructurales”, señala el informe “europeo” del FMI, publicado este jueves. Este texto llega un par de días después de que el organismo presentara su informe “global” de perspectivas, que elevó la proyección de crecimiento de España y la situó como la economía que liderará el avance del PIB entre las grandes de la eurozona en los próximos ejercicios.

“A corto plazo, para proteger la recuperación, el ajuste debe dar prioridad a las partidas de bajo multiplicador fiscal, por ejemplo, la eliminación de las subvenciones a la contratación y las medidas fiscales que benefician a los hogares de renta alta”, detalla el FMI este jueves.

“Sin embargo, con el tiempo, las reformas fiscales deben promover reasignaciones de los programas de gasto existentes para reflejar las prioridades políticas actuales, así como crear 'colchones' [ahorros, reduciendo el déficit (los desequlibrios presupuestarios) y la deuda] a partir de una mayor eficiencia del gasto, una mejor focalización, y una mayor recaudación ampliando la base impositiva, cerrando las brechas fiscales y mejorando la digitalización en la Administración [la Agencia Tributaria, en España]”, continúa el Fondo Monetario Internacional.

Sobre el gasto, el organimo multilateral considera que es necesaria “una mejor priorización presupuestaria de los programas de transferencia”. Por ejemplo, “la transformación de medidas de apoyo de base amplia (como las medidas generales de apoyo a la crisis energética) en programas basados en las necesidades liberaría recursos que podrían destinarse a la reducción del déficit y a gastos prioritarios como la inversión en infraestructuras y la mejora y recualificación de la mano de obra”, opina.

Las reactivadas reglas fiscales de la UE buscan que los países reconstruyan sus 'colchones' fiscales, tras dispararse los desequilibrios por la pandemia y la crisis de inflación, imponiendo límites al crecimiento del gasto público. En otras palabras, que mejoren sus cuentas públicas para que puedan tomar medidas como las que han sido necesarias estos años. En España, desde la financiación pública de los ERTE, pasando por las bajadas del IVA de la electricidad o de los alimentos, hasta las distintas ayudas directas a las empresas o a las familias más vulnerables.

Ante el impacto de este renovado corsé comunitario, las recomendaciones del FMI van en línea con las discusiones internacionales, a nivel del G20, sobre los impuestos mínimos gobales y coordinados a las grandes empresas y a los ultrarricos.

Del mismo modo, el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos). Este objetivo está incluido en el Plan Fiscal y Estructural que el Ejecutivo de coalición ha enviado a Bruselas el 15 de octubre, y que es la primera exigencia importante de las nuevas reglas fiscales europeas.

Más concretamente, este documento incorpora “una reforma fiscal”, con “medidas nuevas” —según aclaran desde el Ministerio de Economía—, que servirán para rebajar el déficit público en un horizonte que se alarga siete años, de 2025 a 2031. Sin embargo, se desconocen los detalles de esta “reforma” en un contexto de debilidad parlamentaria del Gobierno.

Lo poco que se daba por hecho —la transformación de los gravámenes temporales a la banca y a las energésticas en impuestos permanentes— está en el aire, según ha admitido este mismo jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Junts, que se ha alineado con Repsol, ha avisado de que se opone a este compromiso del Gobierno de coalición.

En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, el documento del Plan Fiscal y Estructural incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE. Es decir, el compromiso de elevar la contribución fiscal respecto al PIB, que se sitúa en el 36,8% a cierre de 2023, cerca de cuatro puntos por debajo del promedio europeo.

Este Plan Fiscal y Estructural es “un paraguas” para la elaboración de los Presupuestos anuales por parte del Gobierno sobre el que la Comisión Europea se tendrá que pronunciar a finales de noviembre, según han confirmado fuentes del Ministerio de Economía.

]]> <![CDATA[Montero admite que los impuestos a la banca y a las energéticas están en el aire]]> Montero admite que los impuestos a la banca y a las energéticas están en el aire

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda lamenta que si el Gobierno "no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo"

Sumar presiona al PSOE para incluir una reforma fiscal “integral” en los Presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este jueves que la transformación de los gravamenes temporales a la banca y a las energéticas en impuestos permanentes está en el aire, pese a que se trata de un compromiso del acuerdo para formar el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.

Montero lamenta que si el Ejecutivo “no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo”. Estos gravamenes temporales caducan a finales de este año. Su renovación es parte de las negociaciones para aprobar las Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

“La vocación que tiene el Gobierno es darle continuidad” a estos gravámenes, que se diseñaron en 2022 como respuesta a los beneficios extraordinarios de ambos sectores por la crisis de inflación y las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

“Pero también el Gobierno es muy consciente de que tiene que acordarlo con el conjunto de grupos políticos, que los tienen que aprobar”, ha matizado, en declaraciones a un grupo de periodistas. “Estamos trabajando para intentar convencer de las bondades de pedirle un mayor esfuerzo a aquellos que han tenido mayores beneficios para que el conjunto de los ciudadanos pueda disfrutar de una mejor política de vivienda, de una mayor financiación de la sanidad, de la dependencia y de las políticas que dan igualdad de oportunidades”, ha explicado la vicepresidenta primera.

Sin embargo, “cada fuerza política es libre de prestar su apoyo”, ha añadido, en referencia al alineamiento de Junts con Repsol, que se opone frontalmente al impuesto. El grupo parlamentario de la derecha indepentista de Catalunya vuelve a amenazar con romper el bloque de la investidura del Gobierno y de dejarle sin apoyos para afrontar este compromiso.

“Ojalá tengamos una mayoría suficiente para poder darle continuidad a este impuesto. Porque nos parece que es una figura tributaria que cumple muy bien con su función y que incluso fue también desplegada en el conjunto de Europa”, ha concluido la ministra de Hacienda.

En un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, asegura que el impuesto especial a la banca y a las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”.

Los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). Un impuesto que no ha afectado a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. En cambio, dentro su estrategia de presión, la empresa ha amenazado también con llevarse inversiones fuera de España.

Escrivá pide que se cambie el diseño

Los ataques de Repsol a estos impuestos no han sido los únicos. Esta semana, el nuevo gobernador Banco de España, José Luis Escrivá, marcó su posición en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 entre el Gobierno y sus socios. 

“Nuestra contribución a este debate puede centrarse en el diseño. Nos parecería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones y eso plantea problemas al menos en dos ámbitos. Por una parte, hay actividades bancarias que tienen más riesgo, por ejemplo, el crédito a las pymes, pero que también tienen más provisiones. En la medida en la que no deduces provisiones de la base imponible, puedes estar penalizando en términos relativos una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral. Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducirse estas provisiones del impuesto, la base imponible puede no reflejar adecuadamente la rentabilidad de las entidades”, explica el gobernador.

Este planteamiento va en la misma línea al introducido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, desde primavera, ha propuesto convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés”. A lo que Escrivá llama “neutralidad”, el ministro de Economía lo denomina “equilibrio”, que se alcanzaría “adaptando” el gravamen que se diseñó en 2022 como respuesta a los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector financiero por la escalada de los tipos de interés oficiales del BCE. Una estrategia que ha buscado ahogar la demanda y la actividad económica en general (encareciendo las hipotecas de las familias y el resto de préstamos) para moderar así la inflación; y que, por el camino, ha beneficiado directamente a los bancos.

Ambas posturas chocan con la otra parte del Gobierno de coalición, la de Sumar. Este lunes, en rueda de prensa, el portavoz económico del partido que lidera Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, destacó que “lo que queremos es mantener los impuestos y que no los devolvamos por la puerta de atrás. No parece lógico que se introduzca un regalo. No entenderían que establezcamos un impuesto y luego les hagamos una serie de deducciones”.

Según añadió, “dentro de los socios de gobierno la distancia es grande porque para nosotros los impuestos de la banca y las energéticas son innegociables”. Este martes, Martín Urriza reaccionó directamente contra la postura de Escrivá en la red social X (antes Twitter).

“Estas figuras, que fueron aprobadas a finales de 2022, se enmarcan en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, defendía hace unas semanas el Ministerio de Hacienda. 

Según ha analizado este periódico en otras ocasiones, el impuesto de Sociedades tiene muchos 'agujeros' que aprovechan las empresas, sobre todo las más grandes, para no tributar todo lo que les correspondería. 

“En este sentido, tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, añaden desde Haceinda.

El gravamen afecta a entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.

]]> <![CDATA[Yolanda Díaz: "Estamos muy distanciados del PSOE porque no quiere una reforma fiscal integral"]]> Yolanda Díaz: "Estamos muy distanciados del PSOE porque no quiere una reforma fiscal integral"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo asegura que España necesita aumentar los ingresos, pero que "no va de bajar o subir impuestos, sino de quién los paga"

La presión fiscal cae en España y deja margen para subir impuestos a ricos y grandes empresas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cerrado este jueves la jornada “La reforma fiscal pendiente”, organizada por su partido, Sumar, en el Congreso y ha asegurado que “estamos muy distanciados de la otra parte del Gobierno de coalición, del PSOE”, porque “no quiere una reforma fiscal integral”.

Díaz considera que España necesita aumentar los ingresos públicos, pero aclara que “no va de bajar o subir impuestos, sino de quién los paga”, en referencia a que deben ser las grandes empresas y los más ricos los que más tienen que contribuir.

La vicepresidenta ha recordado que España tiene una brecha de contribución fiscal (el peso de los impuestos y las cotizaciones respecto al PIB) de cerca de cinco puntos con respecto la UE.

Esta contribución fiscal se quedó algo por debajo del 37% en 2023 en España, lo que deja un espacio de “80.000 millones para abordar la reformar fiscal que nuestro país tiene pendiente desde la Transición”, según ha incidido la ministra de Trabajo.

Este martes, en el Plan Fiscal y Estructural que exige las nuevas reglas fiscales de la UE a cada país de la UE, el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos)“. Aunque el documento prácticamente no aporta detalles.

En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha recalcado este jueves que “sabemos que el PSOE no quiere una reforma siguiendo el Libro Blanco” para la reforma del sistema de recaudación que un grupo de expertos realizó hace apenas unos años por encargo del anterior Gobierno de coalición, y que se ha quedado en un cajón prácticamente en su totalidad.

En estos momentos, el Ejecutivo está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este mismo martes, el encargado de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas es parte de esa “reforma fiscal” que está reflejada en el documento remitido a Bruselas.

Eso sí, por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.

El documento que evaluará la Comisión Europea durante las próximas seis semanas no detalla nada más de “la reforma fiscal” adicional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de inicio de curso (a principios de septiembre) su intención de elevar los impuestos a los más ricos.

La mayoría de expertos considera que una reforma fiscal es imprescindible. Sobre todo, como paso previo necesario si se pretende abordar también una reforma de la financiación autonómica, según se desprende del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la “singularidad de Catalunya” que permitió investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, y que se podría extender a todo el Estado.

Por otra parte, la oportunidad se muestra irrenunciable para “mejorar la suficiencia del sistema fiscal y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea (UE) [de reducción de los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública] sin perder el tren del progreso, en plena transición verde y digital, que necesitan de inversión”, según comenta Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. 

El Plan Fiscal y Estructural sí que tiene en cuenta, como medida ya tomada, el tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que es la trasposición de una directiva europea y que está desarrollándose en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que los gobiernos de coalición ya han realizado otros cambios importantes “siguiendo la premisa de que quien más tiene más debe contribuir”. Según enumeran: “El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y la subida del IRPF para las rentas más altas, como son las superiores a 300.000 euros. A eso se suman otras medidas como la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales o el impuesto a las transacciones financieras”.

]]> <![CDATA[El Gobierno prepara una reforma fiscal "adicional" para rebajar el déficit]]> El Gobierno prepara una reforma fiscal "adicional" para rebajar el déficit

El Plan Fiscal y Estructural enviado este martes a la Comisión Europea se compromete a "promover la convergencia" de la recaudación de impuestos a la media de la UE

El Gobierno se compromete a rebajar la deuda pública por debajo del 100% del PIB al final de la legislatura

El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) en tres décimas de PIB en los próximos años (con un impacto de 6.000 millones en 2031). Ya en 2025, la intención del Gobierno es lograr una subida de los ingresos, sobre todo por el efecto de la normalización del IVA o de los impuestos especiales, tras las rebajas para aliviar la crisis de inflación.

Este objetivo está incluido en el Plan Fiscal y Estructural que el Ejecutivo de coalición ha enviado a Bruselas este martes, y que es la primera exigencia importante de las nuevas reglas fiscales europeas, reactivadas este 2024 tras ser suspendidas en 2020 por la pandemia. Más concretamente, este documento incorpora “una reforma fiscal”, con “medidas nuevas” —según aclaran desde el Ministerio de Economía—, que servirán para rebajar el déficit público en un horizonte que se alarga siete años, de 2025 a 2031.

Para entonces, según los cálculos del propio Plan Fiscal y Estructural, el PIB nominal alcanzará los 2 billones de euros, el déficit se habrá reducido al 0,8% del PIB —desde el 3% de este 2024— y la deuda pública al 90,6% del PIB —desde el 105% actual— gracias a la contención del crecimiento del gasto público, a diversas medidas y reformas (la mayoría ya puestas en marcha y relacionadas con el Plan de Recuperación) y, sobre todo, al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo.

En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE. Es decir, el compromiso de elevar la contribución fiscal respecto al PIB, que se sitúa en el 36,8% a cierre de 2023, cerca de cuatro puntos por debajo del promedio europeo.

Este Plan Fiscal y Estructural es “un paraguas” para la elaboración de los Presupuestos anuales por parte del Gobierno sobre el que la Comisión Europea se tendrá que pronunciar a finales de noviembre, según han confirmado fuentes del Ministerio de Economía.

Las medidas concretas que se desplegarán para cumplir con este “paraguas” de medio plazo —un concepto en el que han incidido desde Economía— se desarrollarán en los Planes Presupuestarios de cada ejercicio, que también tienen que ser aprobados por la Comisión Europea.

En estos momentos, el Gobierno está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este mismo martes, el encargado de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas es parte de esa “reforma fiscal” que está reflejada en el documento remitido a Bruselas.

Eso sí, por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.

El documento que evaluará la Comisión Europea durante las próximas seis semanas no detalla nada más de “la reforma fiscal” adicional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de inicio de curso (a principios de septiembre) su intención de elevar los impuestos a los más ricos.

La mayoría de expertos considera que una reforma fiscal es imprescindible. Sobre todo, como paso previo necesario si se pretende abordar también una reforma de la financiación autonómica, según se desprende del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la “singularidad de Catalunya” que permitió investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, y que se podría extender a todo el Estado.

Por otra parte, la oportunidad se muestra irrenunciable para “mejorar la suficiencia del sistema fiscal y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea (UE) [de reducción de los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública] sin perder el tren del progreso, en plena transición verde y digital, que necesitan de inversión”, según comentó recientemente a elDiario.es Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. Este jueves, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición ha convocado una jornada en la Cámara Baja titulada: “La reforma fiscal pendiente. Redistribución, justicia social y progreso”.

El Plan Fiscal y Estructural sí que tiene en cuenta, como medida ya tomada, el tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que es la trasposición de una directiva europea y que está desarrollándose en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que los gobiernos de coalición ya han realizado otros cambios importantes “siguiendo la premisa de que quien más tiene más debe contribuir”. Según enumeran: “El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y la subida del IRPF para las rentas más altas, como son las superiores a 300.000 euros. A eso se suman otras medidas como la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales o el impuesto a las transacciones financieras”.

Las nuevas reglas fiscales de la UE

Las nuevas reglas fiscales de la UE se centran en los límites al gasto público como la manera de ir reduciendo los desequilibrios (el déficit y la deuda) y recuperando “el espacio fiscal” por si es necesario reaccionar a otra crisis o shock. La gran ventaja de España es el ritmo de avance del PIB por encima del 2% en los próximos años (2,7% en 2024, 2,4% en 2025 y 2,2% en 2026).

Esa regla de gasto proyecta un tope a su aumento del 3% de media de 2025 a 2031. En 2025, este límite al gasto público se queda en el 3,7%. En 2026, en el 3,5%. Y en 2027, en el 3,2%. La Comisión Europea debe aprobar estos objetivos. Mientras, según el ministro Cuerpo, estas cifras concuerdan con la senda de déficit rechazada en julio por el Congreso, que contempla un déficit público del 2,5% del PIB en 2025. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Economía han admitido que si se abordaran “medidas de ingresos estructurales [no contempladas], el gasto podría crecer más”.

“No son recortes”

Cuerpo enfatizó este martes que los nuevos límites no son “recortes”, sino que “el gasto público neto” [que excluye partidas como el gasto en intereses y tiene en cuenta medidas de ingresos] va a poder crecer en el periodo 2025-2028 del Plan Fiscal y Estructural más que en el periodo entre 2015 y 2018. Exactamente, “la evolución comparada de la misma variable, en estos dos periodos, muestra un promedio del 3,4% en los próximos cuatros años, frente a un 2,5%”.

Casi un punto menos, “que se traduce directamente en que con las nuevas reglas fiscales se puede gastar más al año 6.000 millones de euros respecto al incremento del gasto público neto en el periodo entre 2015 y 2018”, según incidió el ministro de Economía. “España tiene un nivel de credibilidad muy alto. Estamos en el grupo de buenos alumnos”, añadió en la rueda de prensa.

]]> <![CDATA[Las empresas siguen exprimiendo la inflación y elevan sus beneficios a máximos]]> Las empresas siguen exprimiendo la inflación y elevan sus beneficios a máximos

El Observatorio de Márgenes constata que las empresas continúan aprovechando las subidas de precios y el dinamismo de la actividad económica para aumentar sus márgenes de ganancias

Cumple un año la herramienta de la que las empresas no quieren ni oír hablar y que podría cambiar la negociación salarial

Las empresas continúan aprovechando la inflación y el dinamismo de la actividad económica para aumentar sus ganancias. El Observatorio de Márgenes actualizó este miércoles sus datos hasta el cierre del segundo trimestre de este año y constató que las sociedades no financieras en nuestro país siguen exprimiendo la crisis de precios y que han elevado sus beneficios a máximos.

La última actualización de esta herramienta incluye una proyección de los beneficios de las empresas en este 2024 que los sitúa por encima de los 200.000 millones de euros por primera vez desde 2009, hasta donde se extienden los cálculos de este Observatorio que hace algo más de un año crearon el Banco de España, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Economía.



La evolución de los beneficios de todas las empresas contempladas por esta estadística muestra una caída del 20,1% en 2020, un intenso rebote del 33,4% en 2021, y crecimientos del 18,1%, 5,8% y 3,9% en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Si se saca de esta narración al sector de la energía, la caída en la pandemia fue del 20,9%, y luego han seguido aumentos del 35,0%, 10,8%, 12,9% y del 7,8%, respectivamente para cada ejercicio desde 2021.

En primer lugar hay que entender este dato que se observa en el primer gráfico de esta información. Se trata del “resultado bruto de explotación”, que, en términos de la Contabilidad Nacional —la que calcula el INE y que sirve para medir la evolución del PIB—, “se denomina excedente bruto de explotación”. En definitiva, es un forma de los beneficios de las empresas no financieras. Y, más técnicamente, es “el saldo generado en las actividades de producción de la empresa, una vez remunerado el factor trabajo”, según explica la Agencia Tributaria.

“En el análisis empresarial habitual, este excedente es la mejor aproximación al concepto de ebitda (los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)”, continúan en la institución. Además, hay que saber algo más. La información necesaria para un cálculo exacto del resultado bruto de explotación se obtiene de la cuenta de pérdidas y ganancias de la contabilidad empresarial, que consignan las empresas en su declaración del Impuesto sobre Sociedades.

“El problema es que se dispone de esta información con retraso [de cerca de un año y medio]. Teniendo en cuenta esto, solo se podría hablar del resultado bruto de explotación con un retraso considerable”, añade la Agencia Tributaria. Por ello, se realiza una estimación “con la información a población constante de la última declaración del Impuesto sobre Sociedades disponible”.

“En este contexto, el margen empresarial propiamente dicho sería la ratio entre ese resultado bruto de explotación [los beneficios] y las ventas [los ingresos]”, destaca. O lo que es lo mismo, un porcentaje que señala cuántos euros de cada 100 vendidos las sociedades no financieras convierten en ganancias.



Precisamente, el Observatorio de Márgenes se desarrolló “para aumentar la información disponible” sobre la capacidad de las empresas de trasladar las subidas de sus costes —energía, materias primas, transporte... por la crisis de inflación— a los precios de venta y aumentar sus beneficios. Así, se diseño una nueva herramienta que cruza datos del Banco de España y de la Agencia Tributaria para dar luz sobre el reparto de la 'tarta' de las ganancias de las compañías no financieras de nuestro país ante el histórico daño sufrido por el bolsillo de los trabajadores por el 'mordisco' de los aumentos de precios y de los tipos de interés desde 2021.

Este Observatorio deja conclusiones muy concretas. Una, que, efectivamente, las empresas han aprovechado la inflación para ganar más. Dos, que, si en un principio (en 2021 y en 2022) fue un fenómeno que se concentró en el sector de la energía, con el tiempo se ha extendido a la mayoría de sociedades no financieras.

“La capacidad de las empresas de defender sus márgenes ha implicado poder repercutir el aumento de costes en los precios de venta, factor decisivo para explicar la fuerte inflación en la economía española que ha mermado a la capacidad adquisitiva de los hogares”, resumía recientemente el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO) en un informe.

“Sin embargo, el aumento de los márgenes relativos implica que el proceso ha ido más allá de una mera defensa de los márgenes preexistentes. El proceso es heterogéneo por ramas actividad: mientras que en 2022 las actividades energéticas explicaban en gran medida el aumento de márgenes, en 2023 otras actividades como comercio y hostelería y restauración toman el relevo. El proceso también es desigual por tamaño de empresa [las más grandes son las que más han exprimido la inflación y el dinamismo de la economía en general]”, analizaba este equipo de expertos del sindicato.

El Ministerio de Economía aprovechó el nacimiento de la herramienta para pedir a las empresas que “moderaran” sus márgenes de beneficio para culminar el proceso de bajada de la inflación. “Hay que esperar que en los próximos meses se traslade [a los precios] el abaratamiento, por ejemplo, de la energía”, valoró el primer informe del Observatorio. Sin embargo, no ha ocurrido así.

Los datos de la herramienta reúnen registros tributarios de alrededor de un millón de empresas, que dan trabajo a 11 millones de personas asalariadas. No están incluidos los autónomos, ni los bancos, ni el resto del sector financiero. Estos últimos también han disparado sus ganancias, en su caso, apoyados por las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE).

Otra cifra que da cuenta del mismo proceso se conoció este mismo martes. Las empresas cotizadas en España ya han repartido como dividendos 25.568 millones de euros en los siete primeros meses de 2024, lo que supone el mayor registro de los últimos cinco años, según Bolsas y Mercados Españoles (BME), el principal operador del país.

Los salarios pierden poder adquisitivo

Mientras, quienes comen lo que queda de la 'tarta' de los beneficios, los trabajadores, han visto como sus salarios sufrían una importante pérdida de poder adquisitivo. Tomando como referencia la estadística mensual de los convenios colectivos del Ministerio de Trabajo, los aumentos de los sueldos tardaron en despertar. El 'mordisco' de la inflación en 2022 (8,4% de media) a la remuneración de los trabajadores fue asfixiante. Ese año los sueldos se elevaron un 3,2% en promedio.



En 2023, los salarios aceleraron ligeramente y la inflación se moderó bruscamente, por lo que los trabajadores recuperaron poder adquisitivo, según se puede observar en el tercer gráfico de esta información.

En 2024, los sueldos vuelven a perder capacidad de compra en promedio. Principalmente, porque las subidas de precios se han estancado respecto al año pasado, según el IPC que calcula el INE, y porque los aumentos de la remuneración de los trabajadores pactados en los convenios colectivos han retrocedido al 3%, de nuevo de media.

Esta pérdida de capacidad de compra no ha impedido que la renta real de las familias haya aumentado en los últimos años, hasta superar los máximos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 (siempre en promedio). Principalmente, por la creación de puestos de trabajo y por la moderación de las subidas de precios —según se explica en esta información—.

En resumen, hay más personas trabajando en cada familia y más familias con personas trabajando, muchos cobran más y a los autónomos también les va mejor en general (sus ingresos están incluidos en el cálculo de la renta real por hogar). Mientras, la inflación está dando un respiro y, por último, se suman otros ingresos no salariales, como los financieros —más rentabilidad de los depósitos y de otros productos— y los obtenidos por alquilar pisos u otras propiedades —lo que al mismo tiempo está dificultando el acceso a la vivienda por la distorsión de los arrendamientos turísticos y la escasez de oferta en los principales destinos y en las capitales—.

]]> <![CDATA[¿Qué pasa con las personas que reciben el alta hospitalaria en La Rioja y no tienen dónde ir?]]> ¿Qué pasa con las personas que reciben el alta hospitalaria en La Rioja y no tienen dónde ir?

En La Rioja hay tres centros de convalecencia donde, generalmente son trasladadas estas personas. Hasta junio de 2024 había seis distribuidas en los centros de Logroño y Calahorra

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A fecha de junio de este año, seis personas permanecían en centros de convalecencia de La Rioja tras recibir el alta hospitalaria y no tener dónde ir. Cuatro de esas seis permanecían en el centro de convalecencia Valvanera en Logroño y las otras dos en Nuestra Señora del Carmen en Calahorra. Son pacientes, explica a Rioja2 el coordinador sociosanitario del SERIS, Manuel Olivares, “que son dados de alta y no tiene dónde ir, mayoritariamente personas mayores, con vulnerabilidad económica, enfermedad cronificada y sin apoyos en su entorno familiar”. Y es en el propio hospital donde se realiza un protocolo para la valorar el riesgo social al alta hospitalaria.

Mayoritariamente son personas mayores, con vulnerabilidad económica, enfermedad cronificada y sin apoyos en su entorno familiar

Manuel Olivares, coordinador sociosanitario del SERIS

El defensor del Pueblo, Angel Gabilondo ha preguntado a las comunidades autónomas cuántas personas hay en esta situación y se ha interesado por los pacientes que no tienen dónde ir cuando reciben el alta en un centro hospitalario. La Rioja cuenta con 200 camas en tres centros de convalencia; 26 en Rioja Alta, (Los Jazmines de Haro); 99 en Logroño en el (Hospital Viamed Valvanera) y 75 en Rioja Baja (Nuestra Señora del Carmen en Calahorra). En los últimos dos años, el número de personas en La Rioja en estas circunstancias no supera la decena. A junio de este año, en La Rioja había seis personas en esta situación. En 2023, nueve personas: 2 en el centro de Haro, tres en el centro de Logroño y cuatro en el de Calahorra y ocho personas en 2022: dos en Haro, tres en Logroño y otras tres en Calahorra.

“En ningún caso quedan desprotegidos”

“Las trabajadoras sociales de los centros hospitalarios valoran el riesgo social teniendo en cuenta las secuelas de la enfermedad y los apoyos con los que contará en el domicilio. Mantienen entrevistas con el paciente y la familia para movilizar recursos si es necesario”, explica Olivares. De esta forma, si el paciente carece de entorno familiar y/o social y puede quedar en situación de dependencia, aunque no tenga realizada la valoración y sea susceptible de continuar la recuperación en un centro de convalecencia, “se le deriva a uno de los tres centros por un tiempo máximo de 90 días porque este es el plazo recomendable máximo de estancia en estos centros aunque en ningún caso se deja desprotegido”, insiste. De hecho, Olivares asegura que “hay pacientes que superan la estancia máxima recomendable mayor a estos 90 días que marca el Decreto 24/2004 de Centros de Convalecencia por razones clínicas o por ausencia de recursos pero todos cuentan con un plan individualizado a corto-medio plazo de alta en espera de concesión de una plaza pública residencia (temporal o definitiva) y un recurso definitivo”.

Y es que durante el tiempo que estas personas permanecen en los centros de convalecencia, los trabajadores sociales y todo el equipo terapéutico siguen el protocolo para valorar el grado de dependencia de estas personas y solicitar una plaza residencial pública. “Es necesario que cumplan una serie de requisitos como falta o insuficiente apoyo familiar; falta o insuficiencia de recursos económicos propios y/o ahorros y falta de reconocimiento de la dependencia que da acceso a recursos públicos”. Todo este proceso llevado a cabo en los centros de convalecencia, puntualiza Olivares, “es coordinado por el responsable sociosanitario así como el proceso de derivación para comprobar que se cumplen los criterios para que ninguno quede desprotegido”.

También hay pacientes que antes de ingresar en un centro hospitalario vivían solos. En este caso, “y para que puedan continuar viviendo así temporalmente, se coordinan con las trabajadoras sociales del centro de salud correspondiente y las municipales para activar los recursos correspondientes como el Servicio de Ayuda a Domicilio y comidas a domicilio. Si estos recursos son insuficientes, y a la vez estas persona deben continuar con el programa de rehabilitación en el centro de convalecencia, permanecen ingresados en estos centros”.

A veces es necesario solicitar un representante legal

Y además, en algunas ocasiones es necesario solicitar el nombramiento de un representante legal. “Teniendo en cuenta el estado psicofísico, su capacidad de autocuidados propia o de cuidadores que pueda disponer, o ausencia de todo lo anterior, es preciso solicitar nombramiento de un representante legal acudiendo a la Fiscalia y Juzgado de Familia”. Decisión puntualiza, “que es valorada por los profesionales médicos y el equipo interdisciplinar si no se ve posible una salida al domicilio normalizada y con los apoyos adecuados”. 

En ocasiones estos usuarios-pacientes no tiene la documentación legal actualizada

Todas estas situaciones, advierte el coordinador sociosanitario del SERIS , “pueden complicarse más porque en ocasiones estos usuarios-pacientes no tiene la documentación legal actualizada por estar caducada o extraviada, carecen de empadronamiento por el motivo que sea, incumplimiento de plazos legales para el acceso a servicios públicos de dependencia... o que alarga más la fecha del alta”. “Intentamos hacer una atención sanitaria integral con soluciones lo más perdurables posibles, sin dar altas precipitadas antes de haber solucionado el entorno de apoyo porque conducirían a futuros ingresos puntuales, sin solucionar la base”. En cualquier caso, concluye, “siempre hay un plan individualizado con cada paciente y su posible familia, con el fin de volver al paciente-usuario a su entorno domiciliario más adecuado (particular o residencial) y en ningún caso desprotegido”.

]]> <![CDATA[La Rioja reclama por vía judicial al líder del Polisario más de 45.000 euros por los 44 días que lo mantuvo hospitalizado]]> La Rioja reclama por vía judicial al líder del Polisario más de 45.000 euros por los 44 días que lo mantuvo hospitalizado

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresó en el San Pedro el 18 de abril de 2021

Así fue el ingreso de Brahim Ghali en Logroño

El Gobierno de La Rioja reclama judicialmente el pago de los 45.658 euros, intereses incluidos, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por los 44 días que estuvo ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño. Ghali ingresó en el hospital riojano el 18 de abril de 2021 para ser tratado de coronavirus donde permaneció hasta el 1 de junio. Desde el Ejecutivo regional confirman a Rioja2 que “en el momento del ingreso, Ghali firmó un documento en el que se reconocía que se iba a generar una deuda que tenía que pagar. Al ser extranjero, no tiene derecho a asistencia sanitaria aunque se les atiende, atención que posteriormente deben pagar”.

Desde el Gobierno de La Rioja afean la “inacción” del anterior equipo de Gobierno regional“ liderado por Andreu en la gestión de este asunto. Y es que el Ejecutivo socialista, explican ”emitió una factura el 7 de julio de 2021 a nombre de Mohamed Benbatouche, nombre falso y facilitado en el momento del ingreso por cantidad adeudada. El 2 de septiembre de 2021, y agotados los trámites administrativos ordinarios de gestión administrativa que el Hospital San Pedro tiene encomendados para realizar los cobros por servicios prestados a terceros, se remitió el caso a la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Es entonces cuando “se tiene conocimiento oficial por los Servicios Jurídicos de que la persona que fue objeto de atención sanitaria no responde al nombre que consta en la factura”. Se emite una nueva factura, esta vez a nombre de Brahim Ghali. Pero hay otro problema, no se conoce el domicilio de líder del Frente Polisario y se “procede a recabar dichos datos a través de los organismos estatales competentes. Una vez comunicado el domicilio por los organismos estatales competentes, se emite la factura con fecha 28 de diciembre de 2022 a nombre de Brahim Ghali por un importe 45.658 euros”. Y en marzo de 2023, agotada la gestión administrativa, se remite a la Dirección General de Servicios Jurídicos el expediente de la factura para iniciar las actuaciones y reclamar el cobro. Y una vez que el Gobierno de La Rioja tiene constancia del supuesto domicilio oficial de Ghali en España, ya se puede iniciar la reclamación judicial.

Conflicto diplomático

El traslado del líder del frente polisario al hospital riojano estuvo envuelto de polémica y de hecho desencadenó un conflicto diplomático. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque evitó aclarar si fue él quién autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, justificó su traslado a Logroño por razones humanitarias. “Hubo una petición humanitaria para salvar una vida a una persona que estaba a punto de morir” además de defender que se actuó “conforme a la Ley”.

Aquellos días, fuentes diplomáticas explicaron que Ghali, el líder de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se encontraba en España por “razones estrictamente humanitarias”, pero lo cierto es que su llegada desencadenó una importante crisis diplomática y migratoria con Marruecos, país enfrentado a Argelia por el conflicto del Sáhara Occidental. Y es que la Audiencia Nacional había citado en 2016 a Ghali en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia), por lo que su entrada en España, realizada de forma secreta, enfadó a Marruecos, que abrió las fronteras y permitió la entrada de una oleada de inmigrantes a Ceuta. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya fue cesada por esta crisis en julio de 2021.

Además, un juzgado de Zaragoza inició una investigación sobre este asunto, toda vez que Ghali ingresó al país sin pasar por controles de frontera, ni de documentación y que se identificó en el Hospital San Pedro con otra identidad. González Laya fue imputada y en su declaración aseguró que su entrada fue legal y que las autoridades argelinas le habían avisado de que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino.

También fueron citados a declarar, entre otros, el jefe de de la Oficina de Presidencia de La Rioja del Gobierno de Concha Andreu, Eliseo Sastre, y el gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente. Sastre explicó que la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, le dijo el 16 de abril que se pusiera en contacto con el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino --también imputado en esta causa-- para localizar una habitación en el Hospital San Pedro y que se enteró de su identidad por la prensa días después. Una declaración que coincidía con la de Lafuente. Un año después, la Audiencia Provincial de Zaragoza debe decidir si mantiene la imputación contra González Laya y la relación de España con Marruecos y Argelia ha cambiado radicalmente, tras el giro de Pedro Sánchez al mostrar su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara y negar así su derecho a la autodeterminación.

Así están las cosas tres años después de la llegada de Brahim Ghali a Logroño. El Gobierno de La Rioja le reclama los más de 45.000 euros que dejó de deuda tras su estancia durante 44 días en el Hospital San Pedro de Logroño.

]]> <![CDATA[Por qué es falso que te quiten la mitad de tu sueldo en la declaración de la renta: así funciona el IRPF]]> Por qué es falso que te quiten la mitad de tu sueldo en la declaración de la renta: así funciona el IRPF

Nueve de cada diez contribuyentes españoles pagan menos del 22% de sus ingresos en el IRPF, un impuesto que grava más las rentas del trabajo que las del capital

La recaudación tributaria alcanza un récord de 271.935 millones en 2023 por el crecimiento económico y del empleo

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Lucía trabaja como desarolladora en una empresa tecnológica en Madrid.

En 2023 cobró 30.000 euros brutos. ¿Qué porcentaje crees que destinó a pagar impuestos en la declaración de la renta? 👇
El área azul que ves en la pantalla representa el salario bruto que percibió Lucía en 2023. En total, 30.000 euros.
Sin embargo, Lucía no tributa sobre los ingresos brutos de su nómina. A su sueldo bruto se le aplican algunas deducciones y ajustes para calcular la base sobre la que se pagan impuestos.
De su sueldo bruto, Lucía destinó 1.905€ (el 6,35%) a cotizaciones sociales.

Estas aportaciones dan derecho a la jubilación, al paro o las prestaciones de maternidad o paternidad.
Aparte, todos los trabajadores se pueden deducir otros 2.000€ de su nómina por los que pagan cero impuestos.
Quitando las cotizaciones sociales y las deducciones, a Lucía le queda una base imponible (sobre la que paga impuestos) de 26.095€.

¿Y cuánto tiene que pagar? Aquí es donde se aplica el sistema de tramos del IRPF.
En España, el impuesto sobre la renta se calcula aplicando una serie de porcentajes sobre cada tramo de ingresos. ¿Cómo funciona? Aplicando los siguientes gravámenes a cada intervalo de la base imponible.

Tramo (en euros) Impuesto (%)
1º Hasta 12.450 euros 19%
2º 12.450 - 20.200 euros 24%
3º 20.200 - 35.200 euros 30%
4º 35.200 - 60.000 euros 37%
5º 60.000 - 300.000 euros 45%
6º Más de 300.000 euros 47%
¿Cómo funciona? Vamos a verlo: de sus primeros 12.450 euros de base imponible, Lucía pagaría un 19% en impuestos.

En total, 2.365 euros.
Sin embargo, a esta cantidad hay que restar la cuota correspondiente a los primeros 5.550 euros, que no se somete a tributación ya que forma parte del mínimo personal para cubrir las necesidades básicas del contribuyente.

En el 1º tramo termina pagando 1.311 euros.
En el siguiente tramo (entre los 12.450 y los 20.200 euros de base imponible), Lucía pagó un 24% en impuestos. En euros, 1.860€.
En el último tramo hasta completar los 30.000€, pagó un 30% de IRPF. Son 1.768 euros.
En total, el área amarilla suma 4.939 euros. Es lo que Lucía pagó en el impuesto sobre la renta en el último año.

¿Cuánto supone esto? Pues aproximadamente el 16,5% de los 30.000 euros brutos de sueldo en 2023.
¿Y si sus jefes deciden ascenderla en la empresa a un puesto en el que pasaría a cobrar 45.000€?
Por los anteriores 30.000 euros brutos pagaría prácticamente los mismos impuestos ya que solo aumentarían las cotizaciones sociales.
Con el nuevo sueldo, completaría el tercer tramo (entre los 20.200 y los 35.200 euros de base imponible) pagando un 30% en impuestos. Unos 4.500 euros en total.
En el cuarto tramo hasta completar los 45.000€, pagaría un 37% de IRPF. En euros, 1.829.
Con estas cifras, el IRPF que pagaría Lucía con el nuevo salario sumaría unos 9.500 euros. El 21% de su sueldo bruto de 45.000€.

El 90% de los trabajadores españoles están por debajo de este sueldo y, por tanto, pagan menos del 21% en la declaración de la renta por sus ingresos salariales.
Hay que tener en cuenta que estas cifras son de máximos: en la declaración de la renta se pueden añadir deducciones y bonificaciones fiscales (dependiendo de la CCAA) por tener hijos o personas a cargo, declaración conjunta, vivir de alquiler (en algunas CCAA), gastos médicos, etc.

“¡España es un infierno fiscal!”, clama Manuel Llamas, director del instituto Juan de Mariana y ex viceconsejero de Economía del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, en redes sociales. “El expolio”, subraya Daniel Lacalle, economista jefe de la gestora Tressis. Aprovechando el inicio de la campaña de la declaración de la renta, el centro de análisis de Llamas ha publicado un informe que advierte de que “el español medio paga el 44% de su sueldo real en impuestos (IRPF, cotizaciones sociales, IVA e IBI)”.

Un estudio, titulado 'Impuestómetro 2024', que distintos medios y comunicadores han replicado en los últimos días pese a sus imprecisiones. Los cálculos del “infierno” suman diferentes tributos y otras figuras indistintamente: impuestos directos con indirectos, unos relacionados con el trabajo y otros con el consumo, contribuciones que ni siquiera recauda Hacienda...

“Se puede defender que la carga fiscal sobre el trabajo es excesiva y que sería positivo bajar los impuestos y las cotizaciones sin recurrir a este tipo de informes infantiles”, critican desde el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que las alusiones recurrentes a “un robo” por parte de la Agencia Tributaria o a un “infierno fiscal” para los trabajadores chocan con la realidad de los datos.

El IRPF es el tributo que grava todos los ingresos personales de los contribuyentes. Incluye los rendimientos del trabajo [los salarios, las pensiones o las prestaciones por desempleo], de las actividades económicas [los ingresos de los autónomos, por ejemplo] y también los rendimientos del capital [alquileres, activos financieros o ganancias patrimoniales]. Pero, ¿cuánto se paga? 

Aunque depende de lo que se gana, nueve de cada diez contribuyentes en nuestro país pagan menos del 22% de sus ingresos en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Y, conceptualmente, hay que tener en cuenta que, con sus defectos, “este es el impuesto con un efecto redistributivo más elevado”, según afirmó el comité de expertos que en 2022 publicó el “libro blanco” sobre “la reforma tributaria”. Principalmente, porque efectivamente es progresivo, y quien más gana paga más IRPF, y quien menos gana contribuye menos.

Para las empresas, este impuesto, las cotizaciones sociales que se pagan a la Seguridad Social y el propio sueldo componen el coste laboral. Del salario bruto de cada trabajador, las empresas destinan un 6,35% para las cotizaciones sociales (aportaciones que dan derecho a la jubilación, al paro o las prestaciones de maternidad o paternidad) a cargo del trabajador y retienen la cuota correspondiente del IRPF. Asimismo, las empresas pagan una mayor proporción en cotizaciones sociales a su cargo, según se detalla aquí.

Pero, ¿cuánto quitan a cada sueldo en el impuesto sobre la renta? En el siguiente gráfico puedes ver los datos de salarios recibidos y retenciones practicadas en el IRPF a más de 19 millones de asalariados en 2022. Para cada grupo de percepciones brutas (en grupos de 200 en 200 euros) se calcula el tipo medio de retención del IRPF. 

Los datos señalan que prácticamente todos los contribuyentes que declararon sueldos brutos por debajo de los 45.000€ (alrededor del 90%) pagaron menos del 20% en el impuesto de la renta por esos ingresos.


¿Cuánto le retienen a cada sueldo en el IRPF?

Tipo de retención media a los salarios de los españoles en el IRPF según el importe bruto cobrado en 2022

Fuente: Agencia Tributaria


Los salarios que pagan a Hacienda más de un 20% (y especialmente más de un 30%) respecto al número total de contribuyentes son muy pocos. Si dividimos a los trabajadores en grandes grupos de ingresos salariales brutos, vemos que los únicos contribuyentes que sufren retenciones por encima del 30% son los que tienen nóminas por encima de los 80.000 euros brutos anuales. Son el 2% del total de declaraciones de IRPF.

Para encontrar un tipo de retención en el IRPF por encima del 40% tenemos que ir a las 32.000 personas con salarios por encima de los 200.000 euros. Representan un 0,2% de todos los contribuyentes.


A la mayoría le retienen menos del 20% de su nómina en el IRPF

Tipo de retención media a los salarios de los españoles en el IRPF de cada tramo de importe cobrado en 2022. La altura de cada barra indica el número de contribuyentes

Fuente: Agencia Tributaria


Además, no se puede obviar que estos tipos impositivos medios de la parte del IRPF que más paga no incluyen bonificaciones, deducciones, etc. Es decir, esos tipos impositivos del 40% o más solo los afrontan trabajadores ricos cuyos ingresos sean prácticamente exclusivos de una nómina.

Si se analizan los datos completos de IRPF (no solo los que se corresponden con los salarios) sino también a todos los ingresos computables en el IRPF como los provenientes de las pensiones, becas, prestaciones de desempleo, alquileres, dividendos, actividades empresariales, sector financiero o ganancias patrimoniales, se detecta que los contribuyentes que están en el 1% que más ingresa no pagan más del 33%.


¿Cuánto pagan en el IRPF los españoles de todos sus ingresos?

Tipo medio en el IRPF por todos los ingresos según deciles de renta en cada año


¿Por qué ocurre esto? En la mayoría de los casos, por el efecto de la dualidad del mismo impuesto en las rentas del capital. Es decir, las rentas del trabajo (el sueldo, una pensión, el paro o una beca) tributan en la base imponible general y, en el tramo más alto del IRPF, pagaron un tipo impositivo del 47%. Sin embargo, las rentas del capital (dividendos, ganancias por compraventas, productos financieros) tributan en la base imponible del ahorro y pagaron, en su tramo más alto, un 28% de impuestos.

Aunque lo que declara la mayoría de españoles proviene principalmente de las rentas del trabajo, gran parte de los ingresos de los más ricos provienen de las rentas del capital: dividendos, alquileres, ventas de acciones, fondos de inversión, etc. En 2021, más de la mitad de los ingresos del 0,01% más rico de España (unos 1.400 millonarios) provenían de estas cifras.


La mayoría de ingresos de los millonarios vienen del capital, que pagan menos en el IRPF

Porcentaje de ingresos declarados en el IRPF por deciles de renta provenientes del trabajo (salarios, pensiones, desempleo, etc.), las rentas del capital (dividendos, ganancias patrimoniales, etc.), que pagan menos impuestos en el IRPF, y el resto (actividades económicas y rentas imputadas)


El análisis de cuánto pagan sobre la base imponible—cifra de ingresos sobre la que se calcula el impuesto— quienes ingresan más de 600.000 euros evidencia este efecto de la dualidad del IRPF. El tipo medio para todas las rentas (salarios, ahorro, inversiones, rendimientos de viviendas en alquiler...) alcanza el 45%. Si, por el contrario, se circunscribe el análisis a las rentas del capital, se paga mucho menos, el 25%.

Un ejemplo: si un millonario español ingresa por su sueldo como directivo tres millones de euros en un año, pagaría muchos más impuestos que si la misma persona hubiera obtenido todos sus ingresos del capital.


La dualidad de la declaración de la renta para los más ricos

Comparación de la cuota íntegra sobre la base general y sobre la base del ahorro en cada año para los declarantes con ingresos por encima de los 600.000€

Fuente: INE, Agencia Tributaria


En 2022, el tipo efectivo de IRPF para las rentas del ahorro subió casi 3 puntos porcentuales tras la reforma del Ejecutivo, que creó un nuevo tramo para los ingresos del ahorro y la inversión que superen los 200.000 euros, con un 26%. En 2023, el tipo efectivo subirá todavía más ya que se pagará un 27% por los ingresos entre 200.000 y 300.000 euros y un 28% a los que estén por encima de los 300.000 euros, después de la nueva modificación del Gobierno de coalición.

Récord de recaudación del IRPF

Por una parte, es cierto que, el año pasado, el IRPF alcanzó un récord de recaudación de 120.220 millones de euros, tras crecer casi un 10% desde 2022. El tipo efectivo pagado de IRPF ha subido entre uno y dos puntos en cinco años, por algunas modificaciones de las tarifas de los tramos más altos tanto en las rentas generales, como de las del ahorro. Aunque, el aumento en la recaudación se explica principalmente por la creación de puestos de trabajo y por las subidas de salarios, y por el afloramiento de economía sumergida. De hecho, este dinamismo de la actividad ha presionado el tipo efectivo medio al alza.

Eso sí, algunos ajustes como la adaptación para no ‘comerse’ la mejora del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) “tuvo un coste de 1.726 millones [que dejó de recaudar el Estado]”, según confirmó hace solo unos días la Agencia Tributaria. Por otro lado, los cambios de tarifas “para aliviar el daño de la inflación [lo que se conoce como deflactar el IRPF]” y deducciones que introdujeron algunas comunidades autónomas tuvieron un coste de 1.677 millones. Hay que recordar que la recaudación del IRPF se reparte entre la Administración central y las administraciones regionales.

Por su lado, quienes denuncian “un infierno fiscal” de los trabajadores incorporan al IRPF las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas últimas no son impuestos. Y solo una parte las soporta el sueldo del trabajador, el resto las paga la empresa (la mayor parte). Esta suma es el coste laboral, pero no es el sueldo.

Las cotizaciones sirven para financiar las prestaciones por desempleo, por las bajas (también las de maternidad), los permisos de paternidad o las pensiones. Algunos economistas las definen como “salario en diferido”, porque acaban convirtiéndose en ingresos para los trabajadores. Por ejemplo, en 2020, el Banco de España calculó que el sistema de pensiones “proveería más de un euro de prestación por cada euro de cotización aportado para la mayoría de los individuos [...]”. En media, “las altas [en el sistema de pensiones] de 2017 recibirían 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización”.

La OCDE utiliza el concepto “cuña fiscal” para comparar el coste de emplear a una persona en los países desarrollados. Esta cuña fiscal sí suma el IRPF (los impuestos) y las cotizaciones sociales que pagan tanto el trabajador como la empresa. En España rozó el 40% (para un trabajador sin hijos) del coste laboral en 2022, 5 puntos por encima de la media de la propia OCDE, aunque cerca de la UE, y por debajo de países europeos como Suecia (42%), Italia (45%), Alemania (47%) o Francia (47%).

“En gran parte de la literatura académica se establece que las cotizaciones sociales son principalmente soportadas por los trabajadores. Dos tercios del total (con independencia de quiénes son los que formalmente las pagan) se trasladan en forma de menores salarios netos”, señala Diego Martínez-López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide

Un estudio académico publicado en 2013 por Ángel Melguizo y José Manuel González-Páramo (ex Banco de España y ex miembro del comité ejecutivo del BCE), al que hace referencia este experto, apunta que “a largo plazo, los trabajadores soportan entre dos tercios de la carga fiscal en las economías continentales y anglosajonas, y casi el 90% en las economías nórdicas. Sin embargo, a pesar del numeroso conjunto de variables de control, una parte importante de la incertidumbre de la literatura empírica sigue sin explicarse”.

“Por tanto, yo estoy más cerca de considerar las cotizaciones sociales como impuestos a tener en cuenta en este tipo de análisis que de ignorarlas. Máxime en un mercado de trabajo como el español, con demasiado paro todavía y, en consecuencia, considerable poder de negociación de los empresarios”, continúa Martínez-López.

Rubén Gimeno, secretario Técnico del Registro de economistas asesores fiscales (REAF), considera que “las cotizaciones sociales merman los beneficios de las empresas. Los costes laborales se han disparado y están dificultando que las empresas contraten”. De momento, la fortaleza del mercado laboral es innegable y las ganancias corporativas no para de aumentar, según la Agencia Tributaria. Exactamente, en 2023, un 15%.

“Para trabajadores que tienen movilidad, porque su demanda es elevada, una mayor tributación podría generar desplazamiento a países donde tributan menos, pero si bien este efecto es relevante en el capital no lo es tanto en el factor trabajo”, opina Pedro Aznar, profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade.

“El peso de las cotizaciones sociales en la estructura impositiva española está ligeramente por encima de la media de la UE. Pero se traslada con más facilidad a los trabajadores en forma de menores salarios, con lo que no resulta tan gravoso para la contratación como en principio se pudiera pensar. Afecta a los salarios y no tanto a la contratación”, reflexiona Diego Martínez-López, de la Pablo de Olavide.

Este es el debate que ocupa a la mayoría de expertos. Más allá, la suma al “infierno” o “robo” en los salarios de los trabajadores de tributos como el IVA (que grava el consumo) o de otros impuestos a la riqueza está llena de trampas, porque no son impuestos que tengan que ver directamente con los sueldos, y una parte importante de ellos grava consumo de las empresas.

]]> <![CDATA[Es mejor para el sostenimiento de la deuda y el crecimiento fijar objetivos de empleo que de déficit]]> Es mejor para el sostenimiento de la deuda y el crecimiento fijar objetivos de empleo que de déficit

Una propuesta alternativa al equilibrio presupuestario que persiguen las reglas fiscales de la UE concluye que es más eficiente para las cuentas públicas que la meta sea reducir el paro

El Banco de España anticipa recortes o más impuestos para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE

Los tambores de 'recortes' y austeridad vuelven a sonar en la Unión Europea (UE). En 2025, se restablecerán definitivamente las reglas fiscales comunitarias, tras permanecer cuatro años suspendidas para hacer frente al doble shock de la pandemia y de la crisis de inflación por la invasión rusa de Ucrania. La propia Comisión Europea, el Banco de España y el resto de sospechosos habituales han corrido a advertir que hay que afrontar lo que eufemísticamente denominan “consolidación fiscal”.

Pero también hay propuestas alternativas, como la que firman los economistas Jorge Uxó, Eladio Febrero, Iván Ayala y Paloma Villanueva. Una investigación (publicada recientemente) que concluye que es mejor para la sostenibilidad de la deuda pública y para el crecimiento económico que la política fiscal se fije objetivos de reducción de la tasa de desempleo en vez de seguir insistiendo con rebajar el déficit estructural.

La propuesta final de las nuevas reglas fiscales de la UE, negociada por los gobiernos a partir de un primer texto de la Comisión Europea, es más flexible que el 'corsé' original que asfixió a España y al resto de países periféricos (Grecia, Portugal, Italia...) después del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, “y que fue contraproducente para la meta de bajar el endeudamiento y el déficit”, recuerdan los autores de la investigación. Aunque, de nuevo, lleva el sello de Alemania, el bastión de la ortodoxia económica, especialmente intransigente con los desequilibrios presupuestarios y el endeudamiento.

Una ortodoxia que parece obviar que la permisividad desde 2020 respecto al incremento de la deuda pública o del déficit (la diferencia entre los ingresos y los gastos de Estado) ha sido crucial para que España y el resto de la UE hayan salvado dos golpes críticos e inéditos a la actividad económica, a los sistemas sanitarios y a la seguridad. Mientras, al mismo tiempo, se han planteado las transiciones ineludibles: la ecológica y la digital. Un esfuerzo que se ha realizado con el histórico apoyo de la Comisión Europea, que incluso decidió emitir deuda conjunta (sobre las espaldas de todas la UE) para desplegar el Plan de Recuperación, y también del BCE, que mantuvo la financiación más barata que nunca hasta julio de 2022.

Ahora, el tablero económico ha vuelto a girar hacia la disciplina fiscal, para adelgazar las ratios de endeudamiento y para mantener controlados los desequilibrios entre ingresos y gastos, con sendas a medio plazo (eso sí, menos rígidas que las anteriores a la COVID). Pero, ¿y si ese mismo camino se pudiera recorrer centrándose en crear puestos de trabajo y en reforzar la inversión posible? Uxó, Febrero, Ayala y Villanueva argumentan que es posible.



El punto de partida podría ser la propia experiencia de los últimos 4 años. En 2020, el déficit presupuestario rebasó el 10% del PIB (Producto Interior Bruto) por el desplome de la actividad, con meses de casi hibernación. En 2021, en consecuencia, la ratio de deuda pública respecto a PIB llegó a dispararse por encima del 125%. Al cierre de 2023, estas dos medidas, las más inmediatas para medir la sostenibilidad de las cuentas públicas, habían disminuido al 3,66% y al 107,7%, respectivamente, primordialmente por la intensa recuperación y por la fortaleza del mercado laboral, que han propiciado un récord de recaudación de impuestos (de ingresos públicos), y por el afloramiento de la economía sumergida.

Con este precedente, los investigadores empiezan por discutir el concepto de déficit estructural que condiciona las reglas fiscales de la UE (en 2024, España debería reducir este desequilibrio 0,7 puntos desde el 4%, según el nuevo 'corsé') y, después, presentan un nuevo modelo de política fiscal para España basado en el objetivo de disminuir un punto porcentual la tasa de paro cada año. Según los cálculos hasta 2028, su propuesta alternativa estimularía el crecimiento del PIB y del empleo y acabaría rebajando el endeudamiento. Sin embargo, con las reglas fiscales la deuda se mantendrá estancada por encima del 100% del PIB. Un escenario, que, por cierto, comparte el último ejercicio de previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En los últimos 25 años, la tasa de desempleo de España sólo se acercó a la media europea entre 2005 y 2007, durante el periodo expansivo impulsado por la burbuja inmobiliaria. En 2022, la tasa de desempleo de España se situó en el 12,9%, el doble de la media europea. Por lo tanto, un objetivo relevante de la política fiscal en los próximos años debería ser reducir el paro”, inciden Uxó, Febrero, Ayala y Villanueva.

“Además, España se enfrenta a una falta de inversión pública. En el periodo de recuperación anterior a la pandemia (2014-2019), la inversión pública se situó en una media del 2,1% del PIB, por detrás de la media de la UE, que fue del 2,9%. En consecuencia, España debería mantener un importante esfuerzo inversor en los próximos años, especialmente teniendo en cuenta las tan necesarias transiciones energética y digital. De ahí que surjan dos enfoques alternativos de política fiscal para España en los próximos años, una vez que se restablezcan las reglas fiscales europeas. Por un lado, el primer enfoque se centraría en el concepto convencional de ”déficit estructural“ y su reducción. Por otro, el segundo enfoque daría prioridad a la reducción del desempleo y a garantizar un nivel adecuado de inversión pública”, continúan estos economistas.

Tanto esta propuesta alternativa como la propia Comisión Europea contemplan una reforma fiscal en España. Esta misma semana, desde Bruselas se le recordó al Gobierno de coalición que existe este compromiso dentro del marco del Plan de Recuperación. El principal problema es que los ingresos públicos respecto al PIB de España siguen estando por debajo de la media de la UE, con grandes agujeros especialmente en el impuesto de Sociedades. La fragmentación parlamentaria y el abrupto calendario electoral (Euskadi, Catalunya y Parlamento Europeo) complican que esta reforma se vaya a abordar antes del segundo semestre de este año.

La oportunidad perdida

“El texto inicial [de las nuevas reglas fiscal] presentado por la Comisión Europea (2022) contenía ideas valiosas, al establecer la sostenibilidad de la deuda como objetivo central, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de conciliarlo con la preservación del crecimiento y la inversión pública. Además, se entendía que las reglas fiscales debían tener en cuenta la creciente heterogeneidad de las situaciones de los países”, observan Uxó, Febrero, Ayala y Villanueva.

“Las negociaciones posteriores entre los gobiernos nacionales condujeron a un acuerdo de reforma en diciembre de 2023 que introduce numerosos requisitos adicionales que deben cumplir los planes fiscales presentados por los Ejecutivos para su aprobación comunitaria, denominados 'cláusulas de salvaguardia'. Por ejemplo, la 'salvaguarda de sostenibilidad de la deuda' establece una disminución anual mínima de los niveles de deuda y la 'salvaguarda de resistencia del déficit' busca garantizar un margen de seguridad por debajo del valor de referencia del déficit del 3% del PIB. Estas cláusulas suponen un retroceso respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea y asestan un golpe a las aspiraciones de un conjunto de reglas fiscales más coherentes con el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, lamentan los economistas.

“¿Deberíamos reconsiderar nuestras conclusiones sobre la mejor estrategia de política fiscal para España a la luz del posible incumplimiento de estos requisitos numéricos y a pesar de su coherencia con los principales objetivos que debería promover la reforma? Creemos que no. La respuesta no debe interpretarse como una evaluación de la idoneidad de nuestra propuesta, sino de la propia reforma propuesta. Si las normas impiden la aplicación de estrategias beneficiosas para la economía que garanticen la sostenibilidad fiscal, habrá que cambiar las normas (no la política fiscal)”, finalizan.

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