Las mujeres apenas gozaban de derechos civiles, mucho menos políticos. En plena dictadura de Primo de Rivera, varias intelectuales, artistas y políticas decidieron combatir la realidad que las constreñía de la misma forma que ya se hacía en otras latitudes. En noviembre de 1926 crearon el Lyceum Club Femenino, espacio por el que desfilarían personas de la talla de María de Maeztu, Victoria Kent y Zenobia Camprubí. Llegaron a ser medio millar. Así se desgrana de la profunda investigación realizada por Tània Balló Colell y Carmen de la Guardia Herrero para el Ministerio de Cultura con motivo de la celebración del centenario. El ocaso de esta experiencia iluminadora llegó en 1939, cuando los sublevados ganaron la guerra iniciada tres años antes, lo que supuso que fuera la Falange quien se hiciera con su legado.

Balló, la comisaria del Centenario del Lyceum, recalca que seguramente estas mujeres ni siquiera pudieran alquilar a su nombre la Casa de las Siete Chimeneas, su primera sede, actual espacio que ocupa el Ministerio de Cultura. No fueron los únicos impedimentos que se encontraron. Incluso antes de que el Lyceum fuera realidad, en cuanto se conoció la idea de su creación, los sectores más conservadores y la iglesia no cejaron en sus ataques. 

“Les llegaron a acusar de fumar opio. Las criticaron por activa y por pasiva. Para una gran parte de la sociedad era inconcebible que se creara una asociación autónoma de mujeres que fueran más allá del salón de té”, comenta la investigadora. Así llegaron los artículos en la prensa intentando denigrar su cometido, que no era otro que “crear mujeres ilustradas, competentes e independientes”, asegura Balló, también cineasta y curadora. 

De la Guardia, asesora científica del Centenario, temporiza la creación del Lyceum en un momento en que se experimentaba un auge de las asociaciones feministas y los intentos de reforma educativa para mejorar la situación de las mujeres en España. Las impulsoras del Lyceum sabían lo que ocurría en otros países en los que también existía este espacio ya convertido en red tras su constitución en Londres que se extendía a ciudades como Roma, París, Florencia y La Habana, hasta en Barcelona a partir de 1931.

Las indagaciones realizadas desde hace más de un año por las dos expertas las han llevado a concluir que en torno a unas 500 mujeres llegaron a formar parte del club, aunque todavía se desconoce el momento de afiliación de cada una. Sí se sabe, sin embargo, que sus fundadoras procedían principalmente de tres instituciones: la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto Internacional, en cuyo paraninfo se celebró la reunión constituyente del club. “La función social del Lyceum fue tremendamente impactante por su eficacia”, asegura De la Guardia, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

De Madrid al mundo

Las charlas, conferencias, debates, talleres, cursos, exposiciones y obras de teatro se sucedían en los principales salones de la Casa de las Siete Chimeneas, hasta que se les quedó pequeña y se trasladaron al número 44 de la calle San Marcos. Las actividades tenían un marcado cariz internacional, tal y como demuestran el paso por la institución de Františka Paminková, senadora de Checoslovaquia en 1927; Alfonsina Storni, escritora argentina, en enero de 1930, o la autora peruana Angélica Palma. También contaban con socias extranjeras, tales como la directora del Instituto Internacional y profesora en la Universidad de Texas, Helen Phipps; las hermanas suizas Trudi y Luise Graa Rüfenacht, y la paisajista de origen holandés Nonnie Reineke.

La exposición con la que inauguraron el Lyceum era toda una declaración de intenciones. Protagonizada por las pinturas y esculturas de María y Elena, hijas del aclamado Joaquín Sorolla, las mujeres empezaban a ocupar un lugar preeminente. Similar es lo que demostraron Concepción Aleixandre y Elisa Soriano, ambas médicas que impartieron a sus compañeras diversas conferencias.

Les siguen toda una pléyade de nombres propios que han pasado a la posteridad. Aquí solo algunos ejemplos de ellos: la pedagoga e hispanista María de Maeztu, las abogadas y políticas republicanas Victoria Kent y Clara Campoamor, la traductora, periodista y diplomática Isabel Oyarzábal, la intelectual y etnóloga Carmen Baroja y Nessi, la ginecóloga y cirujana Rosario Lacy, y la escritora y lingüista Zenobia Camprubí. 

De la Guardia subraya las exposiciones que organizaron de la pintora Victorina Durán y de las hermanas Quiroga, Antonia y Josefa. “Así intentaban la profesionalización artística de las socias y de otras mujeres”, añade. Asimismo, hubo espacio para los recitales de poesía, en los que participaban voces como la de Ernestina de Champourcín y Carmen Conde. Por otro lado, entre las visitas más prestigiosas realizadas por varones se encuentra la de Federico García Lorca.

Llegada de la República y labor social

Balló sostiene que el Lyceum acogió la llegada de la Segunda República con “mucha alegría”. La institución se vio potenciada por el nuevo gobierno democrático, que a partir de ese momento otorgó ayudas a este tipo de organizaciones, lo que permitió ampliar sus actividades culturales. Sin embargo, la comisaria comenta que “es muy probable que muchas socias no alineadas con el republicanismo se dieran de baja”, aunque es algo que no han podido contrastar por la falta de fuentes primarias. 

Durante todo ese tiempo, su acción llegó mucho más allá de las letras. De la Guardia recalca la creación de la Casa de los Niños en el mismo emplazamiento que hoy ocupa el Canal de Isabel II, impulsada por Consuelo Bastos y Camila Ventura. “Las mujeres trabajadoras podían llevar ahí a sus hijos para aprender, recibir cuidado médico y alimentarse de una manera correcta”, explica la historiadora de la UAM. El proyecto impactó fuertemente en la comunidad trabajadora de los barrios de Tetuán y Cuatro Caminos, aunque su expansión no llegó a otras zonas de la capital por el estallido de la Guerra Civil.

La labor del Lyceum atendió a otros ámbitos de la sociedad, pero siempre pensando en los estratos más necesitados. Por ejemplo, crearon el llamado ‘Libro para el ciego’ gracias al desempeño de Mercedes Rodrigo, experta en educación especial y reconocidísima psicóloga cuando llegó al exilio. De esta forma, tradujeron al braille libros de literatura española y trabajaron con mujeres invidentes, que terminarán con una sala propia de lectura en la Biblioteca Nacional de España.

Gana el franquismo, el Lyceum desaparece

La normalidad del Lyceum y cualquier otra institución de este tipo se vio alterada a partir de julio de 1936 con el inicio de la contienda tras el golpe de Estado de Francisco Franco. “La última actividad que organizaron fue una conferencia de Champourcín en ese mismo mes, poco antes del alzamiento militar”, apunta la comisaria.

A partir de entonces, el Lyceum tan solo aparecería en unas breves noticias en prensa donde informan de su recaudación de fondos para mandar al frente. Después, con la derrota de la República, llegó el más absoluto de los silencios. “Gracias a las memorias de las socias podemos saber que la sede fue incautada por la Falange”, añade la curadora. Carmen Baroja escribe en Recuerdos de una mujer de la Generación del 98 que la biblioteca, quizá el mayor legado del Lyceum, terminó en manos del Círculo Cultural Medina, un artefacto falangista que apuntalaba las tesis y conductas morales del nuevo régimen dictatorial con el nacionalcatolicismo como imposición moral, sobre todo hacia las mujeres.

Si echa la vista atrás, Balló muestra un gran agradecimiento al trabajo colaborativo que hay en la investigación, donde se han hermanado el desempeño de ella y de De la Guardia como expertas desde la academia con el esfuerzo por parte del Ministerio de Cultura y sus equipos a la hora de buscar toda la documentación que pueda existir al respecto. “Hemos encontrado muchas cosas, pero también ha sido una demostración de todo lo que hemos perdido”, destaca la comisaria.

Se refiere a toda aquella documentación no hallada aún y que ahora jugaría un papel crucial para entender la experiencia del Lyceum Club Femenino. De todas formas, han conseguido biografiar casi el 95% de las mujeres que formaron parte de la organización. “Una tarea titánica porque muchas de estas mujeres, como era normal en su época, estaban registradas como ‘mujeres o señoras de’”, desarrolla Balló.

Este 2026, un siglo después del comienzo de esta andadura femenina emancipatoria, el ministerio liderado por Ernest Urtasun quiere rendir el justo reconocimiento que merece. Para ello, los resultados de la investigación se expondrán en una muestra que tendrá lugar en la Fundación Ortega-Marañón en septiembre. Según ha anunciado Cultura, la programación también incluirá encuentros y mesas redondas, conciertos, publicaciones y clubes de lectura y proyecciones, así como un ciclo de cine en colaboración con la Filmoteca Española y un proyecto de ficción sonora con el Centro Dramático Nacional, entre otras actividades.

En el día en que se ha producido el asesinato de una mujer en Bilbao, la ciudad llora también el fallecimiento de Blanca Estrella Ruiz, una veterana feminista y cabeza visible en Euskadi desde hace lustros -décadas en realidad- de la asociación Clara Campoamor, según confirman fuentes de la entidad. Extrabajadora de Telefónica, empezó a acompañar a mujeres maltratadas para ayudarles con las denuncias y, con el paso de los años, su entidad ha sido clave en numerosos procesos judiciales de violencia contra las mujeres y los menores.

“Esta madrugada ha fallecido nuestra presidenta, Blanca Estrella Ruiz. Su ausencia deja un hueco insustituible en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y la batalla contra la violencia a las mujeres, niñas y niños. Pero también nos deja una trayectoria histórica de más de 50 años de un activismo feminista muy personal, caracterizado por su sinceridad, compromiso, firmeza y sin someterse a lo políticamente correcto. Por último, nos lega el deber ineludible de continuar con su lucha por la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres, infancia y juventud, a la que dedicó hasta el último momento de su vida. Adiós, Blanca. Ya eres una estrella más”, le han dedicado sus colegas de Clara Campoamor tras confirmar la noticia.

Ruiz era militante también del PSE-EE. “El socialismo vasco ha tenido siempre un ejemplo en el tesón y la fortaleza de Blanca Estrella. La presidenta de Asociación Clara Campoamor, su gran obra, que impulsó y presidió, nos ha dejado después de completar toda una vida de compromiso en favor de la libertad de las mujeres y en la defensa del feminismo en tiempos muy difíciles.  Ella fue una de aquellas pioneras. Nos recordó cómo fueron esos primeros pasos del feminismo vasco liderado por las mujeres socialistas hace poco más de un año, en el homenaje póstumo a Pilar Arenales que fue la entrega del premio Bidegileak 2023”, ha escrito sobre ella en X el secretario general, Eneko Andueza, que ha publicado una fotografía reciente con ella. El PNV también ha despedido a una “amiga” y “luchadora incansable”.

Una pequeña plaza del barrio de Universidad podría haber cambiado su nombre. El PSOE llevaba este jueves al pleno de Centro una propuesta para modificar la denominación de la actual Plaza de Guardia de Corps por otra que rindiera homenaje también al pasado y al busto que preside este pequeño espacio situado frente a la entrada del Conde Duque.

Los socialistas propusieron que el lugar pasara a llamarse Plaza del Sufragio Femenino “aprovechando el 90 aniversario de ese acontecimiento de matiz universal”, explica en el texto de la propuesta al que tuvo acceso Somos Malasaña. “El emplazamiento es un magnífico escenario para reconocer la lucha colectiva por la igualdad y la ampliación de derechos y deberes a las mujeres”, continúan desde el PSOE, explicando que allí se encuentra el busto de Clara Campoamor, “principal protagonista en nuestro país de la defensa del foto femenino”.

La propuesta fue rechazada con los votos en contra del PP, que la tumbó por ya existir un homenaje a las sufragistas en otro punto de la ciudad, y de Vox, que calificaron de “bodrio” la iniciativa. Más Madrid apoyó la propuesta socialista.

Debido a la ubicación allí del busto de Campoamor, la plaza es escenario habitual de homenajes feministas a la diputada que impulsó que las mujeres pudieran votar por vez primera en España. Es obra del escultor vasco Lucas Alcalde y fue colocado allí por Ruiz Gallardón en el año 2006. Lo hizo un 8 de marzo en conmemoración del Día de la Mujer, jornada en la que también se instauró el premio municipal Clara Campoamor, para reconocer a las personas que trabajan en Madrid por la igualdad entre hombres y mujeres.

“Con estas iniciativas -dijo el entonces alcalde de la capital- queremos mantener viva entre las futuras generaciones la memoria de una madrileña que cambió la historia de las mujeres de este país, así como reconocer a esas otras mujeres pioneras que han continuado su tarea”.

El busto original fue robado en el año 2016 y repuesto un año después con una nueva fundición en la misma ubicación. Un lugar del barrio alejado de donde en realidad nació Campoamor, que vio la luz al mundo en una calle situada en el corazón de Malasaña. La sufragista es recordada hoy con una placa situada al inicio de la calle Marqués de Santa Ana, su calle natal.

Si llega a prosperar la propuesta socialista, el sufragio femenino hubiera sustituido el nombre de la plaza dedicado actualmente a un cuerpo militar creado en Francia para defender al rey y llegado a España con los Borbones -los trajo Felipe V- como cuerpo de élite. Llegó a contar con cerca de un millar de efectivos y desapareció en 1841 para ser sustituido por los alabarderos y la escolta real.

La Audiencia Provincial de Álava ha dado a conocer este jueves el fallo del denominado 'caso Sansoheta', en el que se investigó a diez adultos por abusos sexuales a menores, que en algunos casos eran tutelados por la Diputación alavesa. La sentencia completa, de 124 folios, aún no ha trascendido. Las penas oscilan entre una absolución y nueve condenas de entre un año y 15 de cárcel. El tribunal ha apreciado casos de delitos “continuados”, de agresiones a jóvenes menores de 16 años -lo que agrava el castigo- y también exhibición de pornografía o consumo de drogas.

Hay penas accesorias de alejamiento y algunas indemnizaciones económicas. El resumen: de 39 delitos imputados se han acreditado 27. Más en concreto, hay un acusado que recibirá una pena de un año, uno castigado a cinco años y medio, dos a siete, otros dos a diez, uno a once, uno a 13 y otro último a 15. José Miguel Fernández, letrado de la acusación de Clara Campoamor, ha señalado en la Cadena Ser que la resolución es “ejemplarizante”. Considera muy relevante que haya quedado claro que el hecho de que los contactos se dieran a través de aplicaciones de Internet en las que aparentemente los menores aparecían como adultos no exime de responsabilidad en la comprobación de ese dato. E indica que un menor nunca puede otorgar consentimiento para una relación sexual con un adulto.

El juicio por este caso tuvo lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre. De los diez adultos, todos varones, que se sentaron en el banquillo de los acusados cuatro admitieron los hechos fruto de pactos con la Fiscalía y las otras acusaciones para vez minimizada su pena final, aunque en dos casos ya estaban presos por otras causas. En tres casos se comunicó la conformidad incluso antes del arranque de las vistas y el cuarto lo hizo durante el proceso. Los otros seis sí admitieron la existencia de contactos o incluso de relaciones sexuales con las víctimas pero su idea-fuerza hasta el final fue que desconocían la edad real de los jóvenes y que, de haber sabido que no llegaban a 18, habrían rechazado los encuentros. Los procesados se enfrentaron a peticiones de penas de hasta casi 30 años de prisión y el total de condenas solicitadas ronda los 170 años y los pactos llegaron a dejarlas en hasta 13.

¿Quiénes son los acusados? Aunque el tribunal prohibió expresamente la difusión de sus identidades y de su imagen, sí es conocido que, entre ellos, hay un psicólogo privado que colaboraba con los servicios sociales y que conoció ahí a uno de los jóvenes abusados y también un miembro de las Fuerzas Armadas residente en Pamplona. En este caso, llegó a reservar por horas una vivienda en Vitoria para estar con los adolescentes.

Fue en otoño de 2016, hace más de seis años, cuando trascendió que menores internados en Sansoheta eran contactados por adultos por medios telemáticos y que se encontraban fuera del centro, si bien desde al menos abril de ese mismo año habían saltado ya algunas alertas. La investigación pronto mostró que era un caso claro de corrupción de menores -así se ha tipificado penalmente- con prácticas de abuso sexual, pornografía y, en algunos supuestos, también de tráfico de drogas. Las acusaciones fueron tres: la Fiscalía -con Carmen Cotelo al frente en su gran reválida desde que fue nombrada jefa del ministerio público en Álava este mismo año-, la propia Diputación -a través de un bufete privado-, la asociación Clara Campoamor -de la mano del letrado José Miguel Fernández- y dos de las víctimas a título individual.

Tanto la entonces diputada de Políticas Sociales en Álava, Beatriz Artolazabal, actual consejera del Gobierno de Iñigo Urkullu y candidata del PNV en Vitoria para 2023, como el todavía hoy diputado general, Ramiro González, han venido remarcando que no sienten que la institución que tenía la tutela de alguna de las víctimas incurriera en “responsabilidad”. Sin embargo, los servicios jurídicos de Clara Campoamor sí lo entienden así y durante el juicio repitieron que, en función de las conclusiones de la sentencia, plantearían nuevas iniciativas en este sentido. Conocida la sentencia y a falta de un análisis más profundo, la Diputación “quiere mostrar su satisfacción” por que el fallo “determina claramente la responsabilidad” y “señala con nombres y apellidos a los culpables”, a los que les caen penas “importantes”.

El juicio por el denominado 'caso Sansoheta', en el que se investiga a un grupo de diez adultos por corrupción de menores y abusos sexuales continuados a media docena de adolescentes, en su mayoría tutelados por la Diputación de Álava, ha quedado este lunes visto para sentencia después de una semana de vistas en la Audiencia Provincial. Cuatro de los varones ya saben que serán condenados al haber admitido los hechos tras un pacto con la Fiscalía y las otras acusaciones para ver rebajada su pena, que oscilará entre uno y 13 años de prisión en función de la gravedad de sus prácticas. Los otros seis, en cambio, han mantenido hasta el final la estrategia de que no conocían la edad de sus parejas, por lo que presuponían que eran mayores de edad. Se exponen a penas de entre 14 y 34 años de cárcel -según el criterio del ministerio fiscal- o de entre 30 y 47 años -a la luz de las conclusiones de la asociación Clara Campoamor-. Además, han intentado hacer ver que “lo más traumático” para los adolescentes han sido el “trato judicial” y los medios de comunicación.

Las acusaciones no solamente no han acabado convencidas de las declaraciones de los seis acusados que no han confesado -llenas de imprecisiones e incoherencias, aunque es derecho reconocido el de cualquier imputado el de no contestar e incluso mentir- sino que incluso han entendido que las pruebas conocidas en el juicio invitan a endurecer las peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, ha subido la calificación al militar procesado, natural de Pamplona y que llegó a alquilar un piso en Vitoria para abusar de un menor. El letrado de Clara Campoamor, José Miguel Fernández, ha endurecido el criterio con todos los acusados. Durante el juicio, Fernández también ha venido repitiendo a los medios de comunicación su deseo de estudiar posibles acciones contra la Diputación, entidad que tutelaba a buena parte de las víctimas, por una supuesta responsabilidad 'in vigilando'. Esta institución -a través del denominado Consejo del Menor, que ha contratado a una abogada externa- estaba personada también en el proceso como acusación y se ha adherido a las conclusiones de la fiscal, Carmen Cotelo, que es además la máxima representante de la Fiscalía en Álava. Su último alegato ha durado más de dos horas.

Cotelo ha insistido en que los acusados ni siquiera tuvieron la precaución de pedir el DNI a sus parejas. Ha recalcado que por su aspecto eran “críos” y ha remarcado que constan sus fotografías en el sumario. Las víctimas más jóvenes tenían 13 años y uno de los que los procesados quieren hacer pasar como adulto no pasaba de 15 en 2016, cuando estalló este caso. En el sumario aparecen también conversaciones de móvil entre adultos y adolescentes que, a criterio de las acusaciones, son esclarecedoras.

Antes del trámite de conclusiones, el tribunal -compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo- ha escuchado a un grupo de cuatro peritos, que han trazado un perfil victimológico de los menores, ahora ya mayores de edad. El abogado de uno de los que se sientan en el banquillo ha querido enfatizar sobre una de las víctimas en concreto -el que tenía 15 años en 2016- que “él niega situaciones de abuso, violencia o intimidación” y que “empatizaba” con los acusados por que “él les había dicho que tenía 18 años”. Los testigos, en cambio, han remarcado que era imposible una relación “de igual a igual” entre los menores y los adultos. “Había una asimetría clara”, han subrayado. Y han añadido: “Creen que son capaces de poner límites a las personas que les agreden. No se sienten agredidos”.

Otra defensa ha tratado de establecer que no tenían el perfil habitual de un menor abusado sexualmente. Los expertos han cortado esta argumentación dejando claro que cada víctima es diferente y que perfectamente podrían aparecer las consecuencias de las agresiones dentro de unos años cuando mantengan otras relaciones. “No se sabe si más adelante esto puede generar alguna quiebra. Una violencia traumática puede evolucionar de muchísimas maneras. Y después de años, que pueden ser muchos”, han manifestado.

Finalmente, otro abogado se ha permitido afirmar que “lo más traumático” para unos jóvenes presuntamente abusados de manera continuada por su cliente ha sido el “trato judicial” y el “acoso de los medios de comunicación”. Ya en el arranque del juicio se pretendió anular parte de las pruebas porque, supuestamente, los investigadores habían accedido a los móviles de los jóvenes y les habían tomado fotografías contra su voluntad. La Fiscalía, que se ha percatado de esta línea de defensa, ha enfatizado que es posible que no se sintieran víctimas y quisieran colaborar pero dando a entender que eso no minimiza lo ocurrido.

Otro de los procesados por corrupción de menores tutelados por la Diputación de Álava en el centro Sansoheta de Arrazua-Ubarrundia, a las afueras de Vitoria, ha confesado este miércoles en el arranque de la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. Se trata de R., un psicólogo vitoriano que llegó a estar en prisión preventiva por estos hechos. Lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que el lunes próximo rebajará su petición de pena en el trámite de conclusiones. Según fuentes judiciales, ha aceptado del entorno de cinco años y medio de prisión. Un factor importante es que se le descontará de la ejecución de esa pena su estancia previa en la cárcel, un período iniciado en el otoño de 2016 del que no se conoce la duración precisa.

R. es el cuarto de los diez acusados en admitir que abusaron de los menores, en algunos casos con el grado de agresión incluso. Su caso, eso sí, es diferente a los tres primeros, que pactaron y confesaron antes de iniciarse el juicio. Ellos recibirán penas de uno, siete y trece años, en función de su participación en las prácticas sexuales. Por el contrario, la defensa del psicólogo, que llegó a estar contratado por el Ayuntamiento de Vitoria, donde conoció a los menores tutelados y sus circunstancias, jugó a dos barajas ya que primero intentó anular la causa -concretamente los móviles de las víctimas, donde hay conversaciones que prueban los hechos, o la fotografías que muestran sus rasgos infantiles, ya que alguno de los afectados tenía solamente 13 años- precisamente apelando a los “derechos” de estas personas ahora ya mayores de edad, cuando de lo que estaban acusados los adultos era precisamente de vulnerarlos de manera muy grave y continuada.

El tribunal, compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo, pidió un receso para deliberar sobra esta petición y, a su regreso, explicó que resolvería en sentencia sobre la validez de las pruebas cuestionadas y que el juicio habría de continuar. Entretanto, en ese mismo descanso se fraguó un principio de acuerdo para que R. confesara, aunque se pidió posponer su declaración hasta el miércoles para que el afectado “madurara” las condiciones. Mientras, los otros seis acusados declararon y ofrecieron testimonios en los que admitieron conocer a los jóvenes e incluso haber mantenido relaciones con ellos, si bien siempre alegando que desconocían su minoría de edad. R. ha tenido el privilegio de haber declarado a puerta cerrada, a diferencia de los otros nueve procesados. Ha sido así porque la sesión de este miércoles no iba a ser pública porque comparecen las víctimas.

El juicio denominado 'caso Sansoheta' continuará hasta la semana próxima. La asociación Clara Campoamor, personada como acusación, no descarta emprender acciones legales contra la Diputación por su responsabilidad sobre los tutelados en función del resultado de las sesiones, si bien la institución viene recalcando que su actuación fue la adecuada y que la Fiscalía así lo ha acreditado. En el juicio, una abogada representa a la Diputación, aunque el primer día sus interrogatorios fueron mucho más breves que los del ministerio fiscal y los de Clara Campoamor.

Tres de los diez acusados en el caso de corrupción de menores y abusos sexuales continuados a adolescentes tutelados por la Diputación de Álava, iniciado este lunes en la Audiencia Provincial, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y el resto de acusaciones nada más arrancar el plenario. Para ver reducida su condena, quienes responden a las iniciales A., D. y B., han admitido los hechos -en un caso agredió sexualmente a un menor de solamente 13 años-, pedido disculpas a las víctimas, a sus familias y a la sociedad, prometido que no repetirán y abonado unas indemnizaciones simbólicas de 1.000 euros. El resto buscarán probar su inocencia con argumentaciones como que el consumo de drogas nublaba su comportamiento, que desconocían que sus 'parejas' eran menores o incluso con una rocambolesca estrategia de un letrado en la que se escuda en el “interés superior del menor” y en sus derechos para tratar de anular una causa en la que su cliente está acusado, precisamente, de vulnerarlos de manera muy grave. Sin embargo, al poco de este alegato se ha conocido que la defensa de este acusado, un psicólogo que llegó a entrar en prisión provisional, tiene también un principio de acuerdo que previsiblemente se cerrará este miércoles. La forma de contacto más habitual era Pasion.com. Esta web ha sido investigada por sí misma dado que permitía los contactos con menores de edad, según informó 'ABC'.

La sesión se ha iniciado con retraso. El tribunal, compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo, ha dictado algunas normas especiales por lo sensible de la materia. Está prohibido captar imágenes o facilitar cualquier dato de los menores víctimas, todos ellos ya mayores de edad porque los hechos se remontan a 2015 y 2016. En cuanto a los acusados, solamente se ha autorizado grabarlos de espaldas y durante cinco minutos. Ellos han acudido con mascarillas, gorras o prendas con capucha para tratar de proteger su imagen. Dos de ellos -ambos incluidos en los tres que han confesado de saque- han acudido custodiados por cuatro agentes de la Ertzaintza ya que están presos por otra causa que no se ha especificado públicamente. Un medio de comunicación fue condenado durante la investigación de este caso por difundir la imagen de uno de los acusados.

Ha sido el propio Poncela el que ha anunciado la existencia de los acuerdos y ha explicado los hechos antes de dar la palabra a los tres aludidos, a los que ha pedido que prescindan de la mascarilla. A. tenía más de 30 años cuando en 2016 contactó con un menor tutelado de 14 años para “realizar un encuentro sexual” con él y con otra menor previo abono de 400 euros la hora. Ha recibido una pena de un año y un día de prisión, aunque ya está preso. D. también superaba la treintena y contactó por Facebook con un niño de 13 años con el que mantuvo “relaciones a cambio de dinero y marihuana”. Al menos en dos ocasiones recibió al joven en su domicilio, al que agredió sexualmente siendo “consciente de su minoría de edad”. Más tarde repitió esta práctica a través de la web Pasion.com con otro adolescente tutelado con quien también mantuvo encuentros sexuales. Son cuatro delitos los admitidos y las penas suman 13 años y cuatro días de prisión, aunque ya está encarcelado. Ha hecho extensiva sus disculpas a los profesionales del centro de menores donde residían las víctimas, Sansoheta, ya cerrado.

En el caso de B., veinteañero, conoció a un adolescente tutelado de 14 años en una discoteca de la ciudad de Vitoria e iniciaron una “relación sentimental”. Al conocer que este menor mantenía encuentros sexuales con otros adultos, le abonó también dinero con el mismo fin. “Mi vida no ha sido fácil. He pasado por centros de acogida. No sé en qué momento pude haber fallado. No es excusa. Lo mal que lo estoy pasando… no quiero imaginar por su parte y por su familia. Esta situación es agónica, un auténtico calvario para todos. De corazón me arrepiento. Hacemos mal las cosas por falta de cariño. Dios me acompaña”, ha manifestado tras conocer su condena de siete años y dos días. Ha abonado una indemnización de 600 euros, según ha trascendido. Los tres han podido abandonar el juicio al instante. Como condenas auxiliares tendrán órdenes de alejamiento de sus víctimas (200 metros) durante un período similar al de su pena de cárcel e inhabilitación para cualquier puesto de trabajo o ocupación que implique el contacto con menores. 

Ratificados los acuerdos, los abogados del resto de imputados han expuesto cuestiones previas ante el tribunal. El abogado de R. ha sido el más beligerante al querer la nulidad del proceso porque se han vulnerado los derechos de los menores no en las agresiones sexuales sino en la investigación judicial. Ha puesto de manifiesto que hay una fotografía en el sumario de la ficha de un menor en la que se ve la mano de una agente de la Ertzaintza “agarrándole del cuello”. “Además, se acuerda a obligar a los menores a facilitar sus móviles sin protección de su intimidad” para conocer sus contactos y mensajes, ha enfatizado. Este abogado ha asegurado que defenderá el “interés superior del menor”. La Fiscalía, representada por Carmen Cotelo, ha respondido que en este proceso se ha dado la circunstancia de que los adolescentes no querían colaborar -lo que, a su juicio, explica la imagen de la policía “levantándole la cabeza” al menor para que se recogieran sus rasgos, no agrediéndole- y a José Miguel Fernández, abogado de la asociación Clara Campoamor, le parece inconcebible que se plantee siquiera como discusión teórica si un menor puede consentir un acto sexual, particularmente cuando el Código Penal refuerza la protección de los de menos de 16 años, como ha sucedido en varios de los supuestos de este ‘caso Sansoheta’.

Sin embargo, tras un receso de diez minutos que luego han sido más en el que el tribunal ha rechazado la posibilidad de anular los registros de las terminales móviles o las fotografías, al menos de momento -lo hará en sentencia “como permite la jurisprudencia”-, el guion ha dado un giro y ese mismo acusado que pretendía la nulidad de las pruebas ha dado a conocer que tiene un “principio de acuerdo”, aunque necesita 24 horas para “madurarlo”. Por ello, se enfrentará al juicio con normalidad aunque la Fiscalía modificará su petición de penas a la baja si R. confiesa cuando declare este miércoles por la mañana.

Los otros seis procesados declararán este lunes. El primero en hacerlo no ha tenido reparos en admitir que mantuvo encuentros sexuales a cambio de dinero con un “chico”. El correo de esa persona era el de un centro educativo. El imputado ha alegado que él utilizaba una plataforma para enviar los mensajes, por lo que no conocía esa dirección. Para justificar que no sabía era menor, ha afirmado que no le miró la cara ni cuando le llevó en el coche ni cuando se produjo la relación sexual. “Con los nervios sólo quieres acabar, pagar, irte y ya está. Si estoy entrando en una página para mayores de edad, no pienso en ningún momento que vayan a ser menores de edad. Ni se me pasa por la cabeza que un menor pueda estar en una página para adultos”, ha declarado. Está acusado de otros cuatro encuentros pero ha afirmado que el menor “miente” cuando refiere esos hechos. La Diputación de Álava, representada en sala por un bufete privado, ha ventilado el primer interrogatorio con una sola pregunta -si el coche del acusado tenía retrovisor trasero- mientras la fiscal Cotelo y al abogado de Clara Campoamor se han fajado para buscar las contradicciones.

El segundo ha rechazado de plano que conociera también que sus parejas fueran menores. “Yo jamás he estado con un niño”, ha repetido. Las acusaciones han recordado que una víctima que se le atribuye le mandó mensajes como “ahora estoy en el cole” o “tengo 17 años”. En total, se le imputa por haber abusado de tres jóvenes. “Yo he pedido el DNI siempre. Yo he echado de mi casa al saber que eran menores de edad”, se ha defendido. “Yo no busco menores. Me han buscado a mí y me la han liado”, ha apostillado. Este acusado, llamado I., ha declarado que contactó con la víctima hace unos pocos días y que habló de sexo con él para “seguirle la corriente” y “sacar pruebas” para el juicio, aunque se ha conocido también que este mismo año han mantenido más contactos sexuales. “Se dedica a eso. Es un buscador. Lo tengo por un chico jeta”, le ha criticado. Clara Campoamor ha recordado que se ha referido en términos acusatorios a un “perjudicado”.

“No me imaginaba que era menor de edad, partiendo de la base de que la página [Pasion.com] era para adultos”, ha explicado el tercero en declarar, que ha señalado también que le pidió al menor que le proporcionara cocaína y que la consumieron ambos durante la reunión, así como que le exhibía pornografía, que es un delito también. Este varón ha admitido tres o cuatro encuentros sexuales donde se produjeron los abusos. En su caso, se le imputa una segunda víctima, que ha declarado haber estado “dos o tres” veces en el domicilio del adulto y que había también drogas en la casa. “Si me dice que es menor, no estoy con él”, ha querido destacar.

El cuarto, de inicial J., según ha afirmado la Fiscalía, abusó de tres menores a los que contactó vía Pasion.com. A uno lo conoció por ser interno “en un centro” cercano a su casa, del que no se ha dado el nombre pero no parecía ser Sansoheta por las referencias geográficas. Pero cuando concertaron la cita tampoco era consciente de que fuera menor -“ya no estoy en el centro; tengo 18 años y ahora me dedico a esto para ganarme la vida”- y ha alegado que el consumo de alcohol en algunos encuentros le ha borrado recuerdos. Ha admitido incluso nuevos encuentros después de iniciada la causa. En el segundo supuesto, con el que se habla de relaciones sexuales explícitas en conversaciones de móvil, ha tratado de explicar que le quitó el móvil un “chico latino” que tenía en su casa y que fue él el que tuvo las relaciones sexuales, aunque no ha traído a ese testigo al juicio. Ha dudado sobre su nombre. Con el tercero “más que sexo era amistad”, aunque también hay conversaciones recogidas en el sumario que probarían los abusos. Preguntado por ello, se ha matizado que “no es sexual de pago, sino más amorosa” y, en la tercera ocasión, ha añadido ya “he tenido [sexo] pero de pareja”. En una cuarta referencia ha indicado al tema de las relaciones “yo creo que sí”, añadiendo más confusión al relato. El juez Poncela ha tenido que intervenir para que sea concreto. “Éramos novietes”, ha señalado antes de irse al banquillo de los acusados. Sin embargo, ha vuelto para ofrecer una sexta versión en la que, finalmente, ha admitido los hechos. El intercambio de dinero -ha alegado- era para pagarle multas de tráfico.

El quinto acusado, P., un militar retirado que venía de una provincia vecina a Vitoria, también ha asegurado desconocer la minoría de edad de su interlocutor. “Quedamos cuando ya tenía supuestamente los 18 años”, ha afirmado sobre su víctima, si bien el ministerio fiscal argumenta que era consciente de que la primera reunión se hizo cuando el adolescente tenía 17, hasta el punto de que alquiló un piso en la ciudad. “Ese señor del piso se asustó bastante. Vio que había una diferencia de edad apabullante”, ha reseñado Cotelo. El imputado se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas sobre su rango y funciones en el Ejército. El último en declarar I. ha puesto como contexto de sus relaciones con menores que “se ponía hasta el culo” y que había roto con su pareja. “No dudé que tenía 18 años. Me pareció que era joven, pero no menor. Al estar en esa página, se supone que tenía 18 años”, ha recalcado en el interrogatorio.

La Audiencia Provincial de Álava inicia este lunes y hasta el 3 de octubre un importante y delicado juicio por el caso de abuso sexual “continuado” de menores tutelados por la Diputación en el centro ya desaparecido de Sansoheta, en el límite entre Vitoria y el término municipal de Arrazua-Ubarrundia. Se sentarán en el banquillo diez adultos -un undécimo imputado ha fallecido durante la investigación- y tendrán que declarar también las diez víctimas identificadas, ahora ya mayores de edad pero que en el momento de los hechos, conocidos en 2016, tenían incluso menos de 16 años en algunos casos, lo que agrava la consideración de los hechos. Lo harán a puerta cerrada y el tribunal ha prohibido expresamente hacer públicos datos o imágenes de estas personas en una resolución ‘ad hoc’.

Fue en otoño de 2016, hace casi seis años, cuando trascendió que menores internados en Sansoheta eran contactados por adultos por medios telemáticos y que se encontraban fuera del centro. La investigación pronto mostró que era un caso claro de corrupción de menores -así se ha tipificado penalmente- con prácticas de abuso sexual, pornografía y, en algunos supuestos, también de tráfico de drogas. Los adultos se enfrentan a peticiones de penas de entre tres y hasta casi 30 años de prisión y el total de condenas solicitadas ronda los 170 años. Además, se demanda también una indemnización simbólica de 2.000 euros para cada uno de los afectados. La Fiscalía -con Carmen Cotelo al frente en su gran reválida desde que fue nombrada jefa del ministerio público en Álava este mismo año-, la propia Diputación -a través de un bufete privado-, la asociación Clara Campoamor -de la mano del letrado José Miguel Fernández- y dos de las víctimas ejercen como acusación. 

Ya en la primera sesión -ésta sí a puerta abierta- se podrá conocer la versión de los acusados, que al inicio sugirieron que desconocían la edad de las personas con las que quedaban y también que las prácticas sexuales eran consentidas cuando en ningún caso lo es la prostitución de menores y el Código Penal, expresamente, refuerza los controles para los casos en que no lleguen a los 16 años. La gravedad de los hechos hizo que el primer acusado conocido ingresara en prisión preventiva ya que era un profesional del Ayuntamiento de Vitoria que había tratado a su víctima y que, por lo tanto, conocía perfectamente su edad y sus circunstancias.

La Diputación se felicita de que el caso se vaya a analizar desde la perspectiva del daño sufrido por los menores. Entiende que informes como el elaborado por el Ararteko -Defensoría del Pueblo de Euskadi- o incluso los propios análisis y comentarios de Cotelo dejan claro que la institución que es competente en materia de protección de menores no es corresponsable de los graves delitos que se juzgan. Inicialmente, se puso el foco en una sala de ordenadores del centro desde la que, aparentemente, los menores subían su perfil a una web de contactos. Las fuentes consultadas, sin embargo, remarcan que la revisión de esos equipos no ha sido determinante y que, en todo caso, las comunicaciones se canalizaban a través de aplicaciones móviles.

Cuando en otoño de 2016 estalló el caso trascendió también una denuncia previa de la madre de uno de los menores ante la Policía Local de Vitoria con la sospecha de que su hijo tutelado aparecía en un portal de citas. Aquella línea quedó en nada, en efecto, pero en esas mismas fechas responsables de Sansoheta alertaron a la Ertzaintza también de que cuatro internos podían estar en esa situación. Sobre la libertad de movimientos de los jóvenes, desde la Diputación dejan claro que Sansoheta no era un centro de régimen cerrado o un reformatorio. “Era un centro abierto, un centro de acogida para menores en situación de desprotección. El plus de Sansoheta era que recibía a menores con problemas conductuales. No vivían con sus familias pero estudiaban y, dependiendo de la edad, iban y venían solos”, agrega una fuente conocedora de aquel recurso. Fue sonada la polémica abierta por el conocido actor Unax Ugalde, que afirmó en sus redes sociales haber visto a un interno contactar con un adulto en un vehículo de alta gama en el mismo exterior del recurso. Era su padre. 

Políticamente, la que era diputada responsable de Políticas Sociales en aquel momento, Beatriz Artolazabal, fue designada por Iñigo Urkullu como consejera a las pocas semanas. Ahora continúa en el cargo y con más responsabilidades, ya que es titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, una cartera que incluye también Prisiones o Memoria Histórica. Eso sí, Sansoheta ya no existe. Aunque la Diputación no hace comentarios y se remite a los alegatos de la letrada que le representará en la sala, es evidente que pesaba sobre el lugar una “estigmatización” que nadie oculta en privado. Así, donde estaba el centro de menores -que oficialmente se llamaba CET Gasteiz en la última época y no Sansoheta- irá una residencia con centro de día para personas con discapacidad intelectual. Las máquinas entrarán en octubre. En cuanto a los internos, han ido a otro recurso provisional a la espera de una ubicación nueva definitiva. También se ha ajustado el protocolo general de atención a menores tutelados. 

Desde Clara Campoamor, personada desde el inicio de la investigación, recalcan la importancia de que “las víctimas son víctimas y los imputados son imputados”, es decir, que no se trata de analizar los comportamientos de los jóvenes. Añaden que esperarán a las conclusiones del tribunal para valorar si se emprende o no algún tipo de acción por culpa ‘in vigilando’ de la institución que tenía que garantizar la tutela de los adolescentes. La sala está compuesta por tres magistrados, Jesús Poncela como presidente y ponente del fallo, y Elena Cabero -conocida por ser la redactora de la sentencia del mayor sumario de corrupción en Euskadi, el ‘caso De Miguel’- y Francisco García Romo. “En la asociación creemos que tiene que haber mayor esfuerzo de la Administración para la tutela de menores. La infancia y la juventud necesitan de más protección. Cada vez los recursos públicos son menos y, por lo tanto, también para esto. La respuesta judicial no es la más adecuada. Es una justicia del siglo XIX”, señala Fernández, abogado de la asociación. ¿Se ha tardado mucho en llegar a juicio? “Sí, pero porque es un asunto muy complejo. Hay muchas víctimas y mucha prueba informática. Es evidente que harían falta más medios personales y materiales para que estas dilaciones no sucedan más”, reseña.

La asociación plantea también que habría que evitar la revictimización de quienes han sufrido violencia sexual previendo que sea válido su primer testimonio y no forzándoles a repetirlo en todas las fases del proceso. Clara Campoamor también lo reclama para mujeres víctimas de violencia de género. En la reciente memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), adelantada por este periódico, los magistrados no se oponen a avanzar en declaraciones preconstituidas, como se denominan procesalmente, para facilitar una Justicia más amable hacia las víctimas. En el caso de los menores, precisamente la consejera Artolazabal y precisamente en Vitoria ha impulsado un proyecto piloto llamado Barnahus para lograr estos mismos objetivos. 

“Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo solo: alumbrar; las demás las hacemos todos en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras”

El otro día vi una pancarta en la manifestación del 8M en Murcia que me llamó la atención. Rezaba algo parecido a “Nos queréis como musas porque nos teméis como artistas”. No me había parado a pensar en el tema hasta entonces, y entonces reflexioné sobre el término musa, y pensé en si existía un término equivalente en masculino y busqué en Google: ¿cuál es el masculino de musa?

Hagan una búsqueda. El resultado principal es el siguiente:

“En español, la palabra genio no tiene femenino y la palabra musa no tiene masculino”

Aunque me parece algo relativamente simbólico, es llamativo que aparezca la palabra genio como contrapunto a musa, y también sorprende que, con el paso de los años, de los siglos, y con toda la evolución que ha habido en el lenguaje, no se hayan acuñado sendos términos para el género opuesto. Entonces recordé el duelo dialéctico entre Clara Campoamor y Victoria Kent sobre el sufragio femenino. Mientras Campoamor defendía razonablemente la inclusión del voto de la mujer, que paradójicamente sí podía presentarse a unas elecciones, pero no votar en ellas, Kent, que también formó parte del movimiento sufragista, entendía que la sociedad española de la época necesitaba experimentar previamente cambios profundos en el pensamiento antes de llevar el voto femenino a las urnas. El pragmatismo del planteamiento de Victoria Kent resultó no ser demasiado errado, puesto que, tras la aprobación del voto femenino, Clara Campoamor no consiguió renovar su escaño por la victoria electoral de la derecha. Sin embargo, a veces hay que dejar de lado lo práctico para avanzar en puntos elementales y aquel logro conseguido en 1931 era absoluta y totalmente necesario. Y es que le costó el escaño, pero era un precio ínfimo a pagar para sentar un precedente irrenunciable en la sociedad de cara a las oscuras décadas venideras y al tragaluz democrático que se abrió tras la muerte de Franco.

El lenguaje evoluciona y se complejiza en una proporción simétrica al desarrollo de la sociedad, y es evidente que, mientras no existan los musos y las genias, no estaremos tan desarrollados como nos encanta creer. El sufragio femenino supuso un colofón, pero también un punto de partida de la lucha por la igualdad jurídica, política y social de las mujeres, que noventa años después sigue vigente. Este próximo día 30 se cumplen cincuenta años de su fallecimiento, pero la figura de Clara Campoamor seguirá siendo clave para entender las pulsiones que definen el movimiento feminista del siglo XXI y un reflejo de identidad y lucha para las mujeres y el espectro ideológico progresista, y todos los correligionarios de la búsqueda de la igualdad total entre géneros. Campoamor demostró que la libertad se aprende ejerciéndola, y que no existe otro marco teórico posible para el desarrollo pleno de la equidad entre géneros, y si extrapolamos un poco, para cualquier lucha por los derechos civiles en una sociedad democrática.   

Ha estado acompañada por el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, y se ha celebrado un homenaje a las primeras parlamentarias andaluzas, entre las que se encuentra Ángeles Cobo, por lo que la secretaria de Igualdad del PSOE de Jaén, Yolanda Caballero, ha recogido el premio en su nombre, según ha trasladado la formación en un comunicado.

El partido ha indicado que Inés Casado, natural de Jaén, posee una trayectoria vital y profesional profundamente comprometida con la igualdad y con el feminismo. Empresaria agrícola desde 1999, “ha trabajado en un espacio laboral fuertemente masculinizado”, en el que logró ser presidenta de la Cooperativa de Espárragos de Villanueva de la Reina.

Asimismo, ha resaltado que su trabajo y su compromiso social han ido de la mano, siendo actualmente secretaria de igualdad de UPA-Jaén y coordinadora del área de Igualdad y Políticas Sociales de UGT-Jaén.

Por las mujeres rurales

Preside desde el año 2000 la Asociación de Mujeres Rurales Ademur Jaén y la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén, y ha escrito varios libros como mujer rural comprometida.

Inés Casado representa, por tanto, el esfuerzo de las mujeres rurales por desarrollarse personal y profesionalmente en ámbitos donde antes estaban vetadas y por ello ha sido merecedora del Premio Clara Campoamor del PSOE de Andalucía, a propuesta del PSOE de Jaén.

Por su parte, Ángeles Cobo ha sido concejala socialista en el Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) durante 28 años. Afiliada al PSOE desde 1977, ha volcado su vida en ayudar a los demás y en conseguir cambiar para mejor la vida de la ciudadanía, algo que pudo hacer de manera muy directa como concejala de Asuntos Sociales y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de su localidad natal.

Ángeles Cobo ejerció la política cuando apenas había mujeres en las listas de los partidos y las pocas que había ocupaban los últimos puestos. Fue diputada en la I Legislatura (1982 - 1986) y en la II Legislatura (1986 - 1990). Y ha sido representante de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en el Consejo Provincial de Mayores de Jaén.

Forenses han afirmado que el acusado de matar a puñaladas a su exmujer y a su exsuegra el 20 de abril de 2018 en Vitoria podría haber usado varios cuchillos en la agresión, ya que en el lugar la Ertzaintza encontró cinco armas blancas y el elevado número de heridas, más de 30 en cada uno de los casos, podría apuntar a que las atacó con dos cuchillos, uno en cada mano.

La Audiencia Provincial de Álava ha retomado este lunes el juicio contra el acusado, para el que la Fiscalía pide 50 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato con alevosía con agravantes de parentesco y razones de género, y reclama que se le quite la patria potestad sobre los dos hijos que tuvo con su exmujer y los indemnice a ellos y a los familiares directos de las víctimas con 1.220.000 euros. La acusación particular, por su parte, solicita 55 años de cárcel para el acusado y la Asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular, 60 años de prisión, informa Europa Press.

En la jornada de este lunes se han presentado los informes médicos forenses de las autopsias, tanto de MJ, la exmujer del acusado; como de su exsuegra, F; que recibieron 33 y 38 heridas de arma blanca, respectivamente. La médico forense que ha expuesto el informe de MJ, ha detallado que su cuerpo presentaba 33 heridas, algunas de ellas de defensa en brazos y manos, tanto para protegerse de la agresión como para evitarla. Por ello, ha destacado que el ataque no fue por sorpresa, ya que le dio tiempo de darse cuenta del ataque.

Tras destacar la abundante sangre que encontró en la ropa de la víctima y en el suelo del ascensor del edificio, ha detallado que la víctima presentaba heridas en el cuello, tórax y abdomen. La causa inmediata de la muerte fue una de las heridas que llegó a la cavidad torácica, que le produjo una hemorragia aguda interna, un colapso pulmonar, aunque también ha señalado que perdió mucha sangre con las heridas del cuello.

En su declaración el pasado lunes, el acusado confirmó que el día del ataque llevaba consigo un cuchillo que solía utilizar para comer en el trabajo porque “pensaba hacerse daño”. No obstante, en el escenario de los hechos, la Ertzaintza encontró cinco cuchillos y la forense ha señalado que cualquiera de ellos podría haber causado las lesiones. A preguntas de la acusación popular, la forense ha detallado que dos de los cuchillos, por su morfología, son los que más probable hicieron la herida del tórax.

Según ha explicado a preguntas de la Fiscalía, las agresiones comenzaron por el cuello y la cara, heridas que podrían considerarse intimidatorias, con las que el atacante buscaba “invadir el cuerpo de la víctima”; posteriormente heridas de defensa y las del tórax, que provocó que posiblemente perdiera la consciencia. También ha subrayado que los hematomas de las rodillas apuntan a que la víctima calló al suelo. Respecto a la autopsia de F, exsuegra del acusado, la médico forense ha recordado que fue trasladada al Hospital de Txagorritxu, de la capital alavesa, donde falleció a las 12.30 horas del mismo 20 de abril de 2018.

El informe indica que el cuerpo presentaba 38 lesiones “incisas y punzantes”, la mayoría en las extremidades superiores, en manos, brazos, tórax y cuello. Según ha precisado la forense, en las extremidades superiores presentaba 24 lesiones, el 63% del total. Además, ha indicado que en su cuerpo se apreciaban signos de defensa. Una de las heridas del tórax, a pesar de ser pequeña, profundizó mucho y llegó al lóbulo superior pulmonar izquierdo, herida que indica que la víctima podría haber quedado tumbada o inclinada hacia atrás.

No obstante, ha señalado que la herida mortal fue la que recibió en el cuello, que le rompió el hueso de la laringe, lo que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda, causa de la muerte. Tras especificar que la mujer se encontraba en ese momento “debilitada”, ha indicado que la herida mortal es la última que le causó el agresor, y que ella se estuvo defendiendo “hasta el final”.

También ha destacado que el numeroso número de lesiones hace compatible que el agresor llevara dos cuchillos en el ataque, uno en cada mano. Asimismo, ha indicado que de los cinco cuchillos recogidos por la Ertzaintza en el lugar de los hechos, uno de ellos presentaba la punta mellada, por lo que podría ser el que mató a F, ya que el hueso que le rompió de la faringe es “muy duro”. La forense ha indicado que la víctima tenía en sus uñas restos genéticos, tanto del acusado como de su hija, por lo que ha apuntado a que podría indicar que intentó auxiliar a MJ en el momento de los hechos.

En la sesión de este lunes también han declarado los médicos del Hospital Santiago de Vitoria que atendieron al acusado tras los hechos. Según han destacado, el hombre se encontraba consciente, orientado y muy colaborador. También han declarado por videoconferencia los doctores que en el centro penitenciario se entrevistaron con el acusado para elaborar el informe con la prueba pericial sobre la imputabilidad de la persona, para determinar si cuando cometió el delito, el acusado se daba cuenta de lo que hacía.

Según han explicado, el acusado no presenta ninguna alteración de sus capacidades cognitivas y ninguna enfermedad psíquica que alterara sus facultades. En concreto, han señalado que padecía una depresión cronificada pero de carácter laboral, no relacionada a los hechos que se juzgan. En este sentido, han afirmado que al no tener enfermedad, no es comprensible su comportamiento, y que lo hizo “con conocimiento de causa”. En el informe de la entrevista realizada, los doctores señalan que el acusado “mide sus respuestas” y contesta con “frases estudiadas” , y en el juicio han puesto como ejemplo que mostraba “preocupación y tristeza” por las víctimas de violencia de género “en general” , pero no por su exmujer y exsuegra, sin mostrar arrepentimiento.

Por otro lado, tres agentes de la Policía Científica de la Ertzaintza han declarado como peritos para exponer la información que encontraron en los teléfonos móviles de las dos víctimas y acusado. Según han señalado, las antenas de cobertura del móvil del acusado indican que el día anterior a los asesinatos, el 19 de abril, el hombre que en ese momento residía en Mondragón, viajó a Vitoria. En concreto, las antenas le ubican en la zona norte de la ciudad, cerca del domicilio de su exmujer, donde estuvo desde las 16.00 horas hasta las 18.20 horas. Asimismo, estas mismas antenas sitúan el teléfono del acusado en Vitoria el día de los hechos, a las 11.05 horas, también en la zona norte de la capital alavesa, donde se encontraba el domicilio en el que ocurrieron los asesinatos.

La de vueltas que puede dar la vida y como cambia el tiempo. Hace tan solo unos días comenzaban a florecer los almendros como un incipiente canto, como un prólogo a la primavera del sudeste. En la lontananza, aunque se escuchaban ya los ruidos de sable, no nos imaginábamos que, a unos 3.500 kilómetros, de la noche a la mañana se iba a iniciar una guerra.

La de vueltas que también ha dado esa otra guerra interna que se lío en el Partido Popular que acabo defenestrando a su líder, Pablo Casado y a su secretario general, Teodoro García. Mejor librada ha salido de momento, Isabel Ayuso, en el asunto del espionaje y las famosas facturas de las mascarillas chinas. Una Ayuso que aún no ha dado explicaciones desde entonces en la Asamblea de Madrid, el otro día dejó vacío su sillón rojo, estaba de viaje en su guerra particular contra el gobierno central. Allí en una rueda de prensa, le preguntan sobre el anuncio de rebautizar la estación de trenes de Atocha con el nombre de la escritora madrileña Almudena Grandes y suelta una perla: “Lo que sabemos es que el Gobierno quiere dar nombre de mujer a otras estaciones y yo lo que creo es que la virgen de Atocha ya era mujer”. Supongo que Ayuso ya se habrá enterado de que el nombre de la estación nada tiene que ver con la virgen de Atocha ni con la leyenda de las once mil vírgenes y sí con los atochales. Por lo visto también Ayuso quiere participar en la batalla cultural. Atocha es mucha Atocha, ya lo cantaba Sabina: “A mitad de camino entre el infierno y el cielo. /Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid”. 

En esa batalla cultural también le ha ayudado el senador de su partido Rafael Hernando, que ha dicho: Atocha ya es nombre de mujer. No necesita que nadie rebautice la estación donde confluyen trenes de toda España, con el nombre de una novelista tan sectaria. Si quieren homenajear a las mujeres, Clara Campoamor, le da mil vueltas, Aunque no era socialista. Otra ocurrencia“.

Claro que lo que realmente ocurre es que el Gobierno de la nación ya anunció, en el 2020, que cambiaba el nombre a la estación madrileña de Chamartín, la cual ahora lleva el nombre de la reconocida escritora. Llega tarde Hernando. De sectarismo y de las mil vueltas, no vamos a hablar. En esos casos lo que hay es que leer mucho más a Almudena Grandes.

Y de la batalla cultural a la otra de la pasta, Ayuso sigue en su batalla y cuando está interviniendo, en la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, pidiendo “amparo” para tener autonomía fiscal, en una reunión de líderes regionales. va la moderadora, la para en seco y le espeta: “Señora Ayuso, si me permite voy a darle la palabra a otros oradores, lo siento, podemos seguir hablando de esto más tarde, pero tengo que equilibrar un poco el turno de palabra. Si me lo permite”. Así vamos por Europa. Mientras tanto asistimos impertérritos a una guerra que nos puede cambiar el sentido y la percepción del tiempo. Leyendo el poema de Miguel Hernández, qué más decir:

Tristes guerras

si no es amor la empresa.

Tristes. Tristes.

Tristes armas

si no son las palabras.

Tristes. Tristes.

Tristes hombres

si no mueren de amores.

Tristes. Tristes.

Una pareja de amigos del hombre acusado de asesinar a su exmujer y su exuegra el 20 de abril de 2018 en Vitoria ha explicado este martes, en la segunda jornada del juicio por este crimen, que el imputado estaba deprimido por el divorcio, pero que era consciente de sus actos y estaba “en sus cabales”. Además, han afirmado que les dijo en varias ocasiones que tenía la intención de suicidarse o de estrellarse con el coche con sus hijos dentro para hacer daño a su exmujer, pero que no tenía “valor” para hacerlo.

El testimonio de esta pareja ha podido escucharse en la segunda jornada del juicio que celebra la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava por el doble asesinato de F y MJ, la madre e hija a las que el acusado, que alega que cometió el crimen en un momento de “arrebato”, mató a cuchilladas el 20 de abril de 2018 en el barrio de Lakua-Arriaga de Vitoria, informa Europa Press.

Esta pareja, de la que el hombre era amigo de juventud, mantuvo un contacto estrecho con este y con sus dos hijos después de su divorcio de MJ, cuando regresó a vivir desde Vitoria a la casa de sus padres en Arrasate-Mondragón. Según han relatado, el acusado estaba muy “deprimido” y “disperso” por el divorcio, dado que quería seguir junto a su exmujer. Además, han afirmado que trataba con “frialdad” a sus dos hijos, y que les utilizaba para “sonsacarles” acerca de la vida que llevaba su madre en Vitoria.

Tanto la mujer como el hombre que formaban esta pareja de amigos del acusado -de iniciales J.R.- han explicado que en una ocasión, éste se presentó en su casa con un cuchillo y con varios “rasguños” en las muñecas. El acusado les comentó que había intentado suicidarse, pero que no había tenido el “valor” suficiente para hacerlo. En otra ocasión, los hermanos de J.R. les informaron de que había sido ingresado en un psiquiátrico en Donostia, después de haber sido sorprendido andando por la autopista, donde al parecer había estado a punto de lanzarse por un puente. El propio J.R. les explicó -según han dicho- que no había podido lanzarse al vacío porque no había tenido “narices”.

También han explicado que, en varias ocasiones, el procesado les aseguró que tenía ganas de estrellarse en el coche contra un camión, con sus hijos dentro y “en una fecha señalada”, para que su exmujer “se acordara toda la vida”. En todo caso, el amigo de juventud de J.R. ha asegurado que, pese a la “depresión” que sufría este por el divorcio -por la que llegó a pedir en varias ocasiones que le mantuvieran ingresado en un centro psiquiátrico-, no puede decirse que esta persona estuviera “fuera de sus cabales”.

“Podía estar deprimido, pero se daba cuenta de lo que hacía”, ha manifestado, tras lo que ha recordado que los trabajadores del centro psiquiátrico al que fue trasladado tras el episodio de la autopista le decían que “estaba bien” y que “no tenía que estar ingresado”. En la segunda sesión de la vista oral por este caso también han testificado varias amigas de MJ. Todas ellas han coincidido en que no se puede definir a J.R. como una persona que estuviera “fuera de sus cabales”.

Una de las amigas de la exmujer del acusado ha explicado que cuando esta le informó de que quería divorciarse, le aseguró, a su vez, que su intención era que J.R. también “fuera feliz”. De hecho, ha destacado que realizó “concesiones económicas importantes” en el divorcio, con el fin de que su exmarido pudiera comprarse un piso en Vitoria para vivir cerca de sus hijos.

No obstante, ha dicho que J.R. no quiso vivir en la nueva vivienda que se compró tras el divorcio, ya que quería volver con su exmujer. Además, esta testigo ha sostenido que MJ nunca le comentó que tuviera “miedo” a que su exmarido pudiera hacer daño a sus hijos.

Otra amiga de MJ, no obstante, ha manifestado que en un principio esta no quería divorciarse por temor a que sus hijos “no estuvieran bien” cuando les tocara estar con su padre, ya que J.R era “un inútil”. Además, ha explicado que la víctima llegó a decirle en una ocasión que cuando el acusado se enteró de que su hija tenía un problema de riñón, afirmó que “no quería a una niña con defectos”.

Esta testigo ha definido a J.R. como una persona “que criticaba a todo el mundo” y como “un envidioso y un egoísta, que solo pensaba en él”. Además, ha asegurado que cuando MJ empezó a trabajar, el acusado empezó a quejarse de que le dejara solo al cuidado de los niños. “Era un machista”, ha aseverado.

Esta mujer ha relatado, asimismo, que en una ocasión MJ le dijo que su marido había llegado a ir en el coche a 200 km/h mientras los dos hijos de la pareja iba en el vehículo, y que ya no se fiaba de él y que no dejaba que fuera él quien llevara el coche.

También se ha referido a las concesiones económicas realizadas por la víctima al concretar las condiciones del divorcio. Según ha explicado esta testigo, MJ dejó que su exmarido se quedará con 60.000 euros que eran de ambos para que pudiera pagar la entrada de un piso cerca de sus hijos. Pese a todo, ha indicado que J.R. se quejaba a menudo de las condiciones económicas que se habían fijado para el divorcio, dado que consideraba que la pensión que tenía que pagar para la manutención de sus hijos era “muy elevada”.

“Ella intentó que (el divorcio) fuera cordial, pero él la acosaba y llamaba a todas horas”, ha manifestado, tras lo que ha añadido que en un momento dado la víctima llegó a pedir ayuda para “proteger a sus hijos” de su exmarido. En este sentido, ha declarado que en las semanas previas a su asesinato, MJ le había confesado que había empezado a sentir “mucho miedo” de su exmarido, y que pensaba que “podía hacerles algo” a sus hijos.

Por ese motivo, ha rechazado que -tal y como mantiene el acusado- el día del doble asesinato MJ hubiera quedado con J.R. para realizar unos trámites en Hacienda. “Si hubiese quedado con él, nos habría advertido de ello”, ha destacado. Además, aunque ha precisado que nunca vio que el acusado sometiera a su esposa a maltrato físico, ha manifestado que sí fue testigo de algunas situaciones de insultos y “maltrato emocional”.

También ha aportado su testimonio una vecina de MJ que fue quien, al escuchar gritos en la vivienda en la que se produjo el crimen, dio el aviso a emergencias. Esta mujer ha relatado que el día del doble asesinato oyó gritos de dos mujeres procedentes del ascensor y de la escalera del inmueble.

Las voces eran de una mujer más joven y otra mayor, que pedían auxilio y lanzaban exclamaciones de dolor y miedo. A su vez, escuchó una voz de hombre, que -según ha apuntado de forma reiterada- en ningún momento llegó a gritar ni a elevar la voz, por lo que no pudo entender qué es lo que decía.

En un momento dado, se dejaron de oír los gritos “fuertes y desesperantes”. “Era evidente que habían muerto”, ha manifestado. Esta persona ha explicado que nunca observó que J.R. tratara mal a sus hijos, aunque sí que se le veía “desganado” cuando permanecía con ellos.

Por otra parte, ha declarado ante el tribunal la hermana de F y tía de MJ, que ha detallado la buena relación y los fuertes lazos que unían a madre, hija y nietos. Por el contrario, ha descrito al acusado como a una persona que no prestaba demasiada atención a sus hijos y al resto de la familia.

El acusado de matar a puñaladas a su exmujer y a su exsuegra en Vitoria ha afirmado que el día de los asesinatos llevaba un cuchillo “para hacerse daño”, pero que cuando llegó al domicilio de su expareja y tras discutir con ambas mujeres se le “fue un poco la olla”. “Pasó lo que no tenía que haber pasado”, ha declarado.

La Audiencia Provincial de Álava ha iniciado este lunes el juicio con jurado contra el acusado, para el que la Fiscalía pide 50 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato con alevosía, con los agravantes de parentesco y razones de género, y reclama que se le quite la patria potestad sobre los dos hijos que tuvo con su exmujer y los indemnice a ellos y a los familiares directos de las víctimas con 1.220.000 euros. La acusación particular, por su parte, solicita 55 años de cárcel para el acusado y la Asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular, 60 años de prisión, informa Europa Press.

En su declaración -los acusados tienen derecho a mentir y, de hecho, el procesado sólo ha querido contestar a las preguntas de su abogado-, este varón ha asegurado que “jamás” tuvo intención de matar a su exmujer y exsuegra. Según ha indicado, cuando el día del suceso se acercó a la casa de su exmujer, quería recoger unos documentos. Tras confirmar que llevaba consigo un cuchillo, ha indicado que solía utilizarlo para comer en el trabajo y que “pensaba hacerse daño”. Ha señalado que al llegar a la puerta de la vivienda se encontró con las dos mujeres, con las que discutió y ha asegurado incluso que ambas le empujaron.

Según ha confirmado, las persiguió por las escaleras al piso inferior donde “pasó lo que no tenía que haber pasado”. “Se me fue un poco la olla y saqué el cuchillo”, ha afirmado, antes de asegurar que ambas se defendieron y que no recordaba el número de puñaladas que asestó a ambas mujeres. El acusado ha subrayado que no estaba de acuerdo con los términos económicos de la separación porque pensaba que los 750 euros al mes que pagaba por la manutención de los dos hijos a su exmujer era elevada. “Otras separaciones estaban pagando muchísimo menos”, ha dicho.

Asimismo, ha destacado que en el momento en el que ocurrieron los hechos se encontraba de baja por depresión, que el 5 de marzo tuvo una crisis de ansiedad en su trabajo por la que fue ingresado en un hospital durante diez días y el 14 de marzo renunció a las visitas a sus hijos porque no se consideraba “apto” para cuidarlos, porque le preocupaban sus “ideas suicidas”. En este sentido, ha explicado, el 21 de marzo, el día del cumpleaños de su exmujer, intentó tirarse de un puente, pero “no tuvo valor” y fue ingresado en un hospital.

A preguntas de su abogado, el procesado ha rechazado que mantuviera una actitud sexista en su relación de pareja, afirmando que “hacía todo y más”. “Yo planchaba, ponía la lavadora, cuidada a los niños. Cualquier cosa que había que hacer por ellos, lo hacía”, ha aseverado. También ha reconocido que “sospechaba” que su exmujer tenía una relación con otra persona, porque “por casualidad” la vio salir de un coche.

En la misma sesión de este lunes han declarado varios familiares de las víctimas. El hermano e hijo de las víctimas, y actualmente tutor de los hijos del matrimonio, que ha manifestado que el acusado es una persona “irresponsable, envidiosa, egoísta, e inmaduro” que era “un obstáculo para ella y los niños”. “Seguía con él por compasión y por los niños para que no sufrieran una separación”, ha destacado.

También ha señalado que la relación del procesado con su madre al principio era buena, pero posteriormente se enfadó con ella porque apoyó a su hermana en su decisión de separarse. “Una vez llegó a verbalizar que a mi hermana mayor no le vendría mal que su madre se muriera”, ha señalado.

Asimismo, ha contado que su hermana le trasladó su preocupación por la actitud que mantenía hacia los niños y le detalló que en una ocasión, cuando viajaban ella con sus hijos, él puso el coche a 200 km/h “como diciendo: soy capaz de acabar con todos”. Además, ha sostenido que hacía sentir inferiores a sus dos hijos y ha narrado una situación en la que agredió a su hijo al que “tenía envidia”.

El hermano de la víctima ha asegurado que nunca vio a su hermana o a su madre agredir al acusado y ha destacado que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Nos ha destrozado la vida a todos”, ha lamentado. La hermana de la víctima, por su parte, ha subrayado que el acusado era un persona dependiente de su hermana, “un lastre”. “Era mal padre, mal esposo, mal cuñado, mal yerno y hasta mal amante. Ella había cogido asco a estar con él, hasta a su colonia. No soportaba estar con él. Todos éramos malos para él”, ha declarado.

Además, ha señalado que al ver que la situación del matrimonio “no era sostenible”, su madre apoyó a su hermana cuando decidió separarse y ha resaltado que su hermana “intentó por todos los medios que la separación fuera buena”. “Ella tenía miedo por los niños, tanto por venganza hacia a ella, como por distracción”, ha subrayado antes de contestar a la jueza que le gustaría que al acusado “le caiga la pena íntegra”, ya que “se quedó con ganas de continuar, iba a venir a por mí”.

El padre y marido de las víctimas también ha declarado este lunes y ha dicho que no tenía miedo de lo que podría hacer el acusado a su hija, pero la acompañaba cuando el procesado le entregaba a los hijos “por precaución con los niños”. “Me escondía y vigilaba hasta que los niños se montaban en el coche con su madre”, ha explicado. También ha confirmado que tanto él como su mujer en varias ocasiones aconsejaron a su hija que “aguantara” en la relación “por los niños”, pero la última vez la apoyaron en su decisión de separarse, lo que hizo que el acusado “se lo tomara mal”. “Mari Jose lo que quería era que la dejara en paz”, ha subrayado.

La Fábrica Nacional de Moneda acuñará una moneda de la colección 8 de marzo-Día Internacional de la Mujer-Homenaje a Clara Campoamor con motivo del 50 aniversario de la muerte de la escritora y la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La moneda tendrá un valor facial de 10 euros con un contenido mínimo de 925 milésimas de plata y se acuñarán un máximo de 7.000 unidades. Su precio inicial de venta al público será de 55 euros y la fecha inicial de emisión tendrá lugar durante el primer cuatrimestre del año 2022, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE)

En el anverso de la moneda se reproducirá el retrato a izquierda del Rey Felipe VI; en la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, aparece la leyenda Felipe VI Rey de España. En la parte inferior, entre dos puntos, el año de acuñación 2022 y rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas.

En el reverso de la moneda aparece una imagen de Clara Campoamor en un mitin político celebrado el 5 de abril de 1931 en el frontón Urumea de San Sebastián; a su izquierda el símbolo de la mujer y, en mayúsculas, las leyendas 'Igualdad, Libertad y Progreso'. En la parte inferior, el valor facial 10 euros y la marca de Ceca. Rodeando estos motivos y leyendas, aparecen las leyendas 8-M Día Internacional de la Mujer y Clara Campoamor.

El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han puesto en macha la ‘Cátedra de Igualdad de Género y Diversidad Clara Campoamor’ para contribuir a la erradicación de la violencia de género, a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a la eliminación de la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad sexual.

Para ello, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández; el rector de la UCLM, Julián Garde; la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; y la directora de la ‘Cátedra Clara Campoamor’, María José Romero, han firmado hoy el convenio de colaboración que permitirá desarrollar acciones en el campo de la sensibilización, la formación y la investigación con estos fines. El acto también ha contado con la presencia de la vicerrectora de Innovación, Aurora González.

La consejera de Igualdad y portavoz ha subrayado la importancia de esta iniciativa al asegurar que, si hay un elemento necesario en la promoción de la igualdad real y efectiva, la lucha contra la violencia de género y el fin de la discriminación de las personas por razón de orientación o identidad sexual, es la “colaboración con una institución que es el motor del conocimiento y la investigación en Castilla-La Mancha”.

La consejera ha destacado la importancia del conocimiento, “dado que es la herramienta que permite saber por qué perduran las brechas entre hombres y mujeres en cualquier ámbito, en particular en el laboral, y con más profundidad en los cargos de mayor responsabilidad”.

Por esta razón, Blanca Fernández recuerda que, desde hace seis años, el Ejecutivo regional ha destinado 864.000 euros a promover investigaciones para analizar las causas de estas brechas, discriminaciones y situaciones de vulnerabilidad “que hace que mujeres sean sometidas a violaciones de los derechos humanos, como la trata o explotación sexual”.

Alianzas imprescindibles para la igualdad

Blanca Fernández se ha mostrado convencida de la necesidad de estas “alianzas” para luchar y defender los derechos de las mujeres y atajar las raíces del problema que evidencian la brecha de género. Algunos datos al respecto, son que la brecha salarial de género en la región es del 18 por ciento; en cuanto al trabajo de los cuidados, en Castilla-La Mancha, el 91 por ciento de las excedencias por cuidado de hijos e hijas las solicitan mujeres; mientras en el cuidado de familiares, el 76,16 por ciento de las excedencias corresponden a mujeres.

Todo ello, tal y como ha señalado la consejera, “evidencia que hay que seguir impulsando la corresponsabilidad como ya viene haciendo el Gobierno regional a través del Plan Corresponsables, que ha permitido inyectar a los ayuntamientos 16 millones de euros para contribuir a la tarea de la conciliación”. En cualquier caso, la consejera ha insistido en la importancia de la corresponsabilidad, porque si hoy en España las mujeres dedican cuatro horas al hogar y familia al día, frente a las 1,9 horas de los hombres, “estamos cargando en la mochila de las mujeres más responsabilidades que hacen más difícil esa carrera”.

La última consecuencia, ha denunciado Blanca Fernández, es que “estas desigualdades, al final de vida, se traducen en una situación de empobrecimiento y vulnerabilidad ya que las pensiones de las mujeres son menores”. Así, en diciembre de 2021, la pensión media de los hombres fue de 1.260 euros y la de las mujeres de 837 euros, es decir 423 euros menos, un tercio menos.

“Todo esto hay que intentar cambiarlo y hacerlo también desde la universidad con la formación y sensibilización de estudiantes que liderarán el futuro”, ha remarcado la consejera.

“Seguiremos trabajando”

La titular Igualdad ha asegurado que desde el Gobierno regional “seguiremos trabajando” con la reedición del Plan Corresponsables y también volviendo a convocar las ayudas a la conciliación de la Consejería de Economía, puestas en marcha con motivo de la COVID, con una dotación este año de dos millones de euros.

A estas acciones, hay que sumas los proyectos de inserción laboral y formación digital a los que el Gobierno de García-Page va a destinar cerca de 14 millones de euros. En el primer caso, se destinarán más de 5,8 millones de euros a itinerarios personalizados de inserción laboral para más de 2.200 mujeres y dirigidos de manera preferente a las residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este programa se complementará con la puesta en marcha de un novedoso programa de capacitación digital para más de 12.700 mujeres rurales, a través de un contrato con una inversión de más de 8 millones de euros que busca la mejora de la empleabilidad y el impulso a la actividad emprendedora.

Con estas medidas, el Ejecutivo autonómico quiere seguir mejorando los datos que indican que “el camino que iniciamos merece la pena”, ha afirmado Blanca Fernández que ha aportado cifras, como el récord histórico de 363.700 mujeres ocupadas en la región, el dato más alto de toda la serie histórica; que en los últimos 15 años se ha reducido diez puntos la brecha salarial de género o que trabajen 30.197 mujeres más desde que gobierna Emiliano García-Page.

La ‘Cátedra Clara Campoamor’

Con este convenio, comienza la producción y selección de ideas y proyectos que plasmen la cooperación entre Gobierno y UCLM en las áreas de la ‘Cátedra Clara Campoamor’. En concreto, el convenio se extiende hasta 2023, con posibilidad de prórroga, y cuenta con una dotación de 140.000 euros, de los que el Instituto de la Mujer aportará 120.000, con cargo exclusivo a los Fondos del Pacto de Estado, y 20.000 la UCLM.

En cuanto al trabajo que se realizará, la Universidad regional se compromete a la creación de la cátedra; la realización de actividades de I+D+i relacionadas con la igualdad y la perspectiva de género; cursos, jornadas y seminarios para estudiantes y profesionales; el desarrollo de actividades promocionales, divulgativas y de estudio; la organización de foros entre la academia, estudiantes y otras personas o entidades relacionadas con la igualdad de género, la eliminación de la violencia de género y el respeto a la diversidad; la realización de Trabajos Fin de Grado, Fin de Master y Tesis Doctorales; la concesión de becas y premios; y la colaboración público-privada en iniciativas dirigidas a la implementación de actuaciones dentro del ámbito de la cátedra.

Por su parte, el Instituto de la Mujer se compromete a la participación en el seguimiento de las actuaciones de la cátedra y en el desarrollo del convenio y la colaboración en las actividades de sensibilización, proyección y difusión organizadas por la cátedra.

“En definitiva esta cátedra, lo que hace es sustentar la colaboración leal entre el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha como motor de conocimiento en la región” ha dicho la consejera, que ha agradecido a la UCLM que se haya sumado a este convenio para crear una cátedra que homenajea a Clara Campoamor, que consiguió el voto femenino en España.

Aquel otoño de 1931 las dos únicas diputadas del Congreso mantuvieron posiciones diferentes a la hora de reconocer el voto de las mujeres en la Constitución republicana. Mientras Clara Campoamor realizó una encendida y brillante defensa del sufragio femenino como un derecho fundamental de la mitad de la población y logró convencer a una mayoría de la Cámara, Victoria Kent se mostró partidaria de aplazar esa decisión en un contexto de hegemonía de maridos y padres y de influencia de la conservadora Iglesia católica sobre las españolas.

“Podríamos decir”, señala Isaías Lafuente, autor del libro Clara Victoria (Planeta) de reciente publicación, “que Campoamor sostuvo que la República era imposible que fuera democrática sin contar con la mitad de la población, en tanto que Kent priorizó criterios de oportunidad política. En cualquier caso, aquel importante debate reveló la división no solo de los partidos republicanos, sino también de las dirigentes políticas españolas que tuvieron opiniones contrapuestas. Baste comentar que, junto a muchas seguidoras de Campoamor, Kent tuvo asimismo apoyos relevantes como el de Margarita Nelken, más tarde diputada del PSOE. En mi libro, en definitiva, trato de reflejar la España de la época a partir de aquel debate sobre el voto femenino sin maniqueísmos ni falsedades”.

Periodista de la cadena SER con amplia experiencia y biógrafo de Clara Campoamor, este experto en la historia del feminismo español estaba cansado de las numerosas manipulaciones y medias verdades que circulan por las redes sociales y los ambientes políticos sobre aquel debate de hace 90 años. Así, conviene recordar un dato muy relevante como que los partidos de aquellas Cortes constituyentes de la República dieron libertad de voto a sus diputados a la hora de aprobar o rechazar el sufragio femenino. De hecho, los bloques ideológicos se fracturaron de modo que votaron a favor 161 diputados (en su mayoría socialistas, nacionalistas vascos y catalanes, derecha agraria y republicanos independientes) frente a 121 en contra (sobre todo radicales, radicales-socialistas y algunos partidos pequeños). Curiosamente, la mayoría de diputados del Partido Radical en el que militaba Campoamor votó en contra, al igual que los radicales-socialistas de Victoria Kent.

“En los últimos años”, afirma Lafuente, “la derecha del PP, con Pablo Casado a la cabeza, ha tratado de confundir al argumentar que la izquierda votó en contra del sufragio cuando lo cierto es que el respaldo del PSOE resultó básico para que prosperara la enmienda de Campoamor”. Otro lugar común, un tópico más, que ha desfigurado aquel debate que cambió la historia de las españolas se refiere a la victoria de los partidos conservadores y enemigos de la República, la CEDA sobre todo, en las elecciones generales de 1933 como efecto del voto femenino. Paradójicamente, perdieron sus escaños tanto Campoamor como Kent, aunque esta última lo recuperó en los comicios de 1936. No obstante, afortunadamente numerosas investigaciones históricas demuestran que la derrota de la izquierda en 1933 se debió a otros factores, entre ellos su propia fragmentación en varias candidaturas, la unidad de la derecha en un bloque o la abstención propugnada por la CNT. “Por el contrario”, alega Lafuente, “en 1936 ganó el Frente Popular de manera que puede afirmarse que el voto de las mujeres influyó en uno y otro caso igual que el de los hombres”.

En tablas

A pesar de que la rivalidad entre Campoamor y Kent fue motivo de innumerables bromas machistas (“Solo hay dos diputadas y no se ponen de acuerdo”), de hirientes caricaturas en los periódicos y de un sinfín de discusiones domésticas, aquellas dos dirigentes se comportaron siempre con mucho respeto la una por la otra, una actitud que pudo observarse claramente en sus intervenciones en el Congreso. No fueron amigas ni cómplices, pero las unían su condición de pioneras y vanguardistas en muchos aspectos y su lucha por abrirse camino en una vida política dominada por los hombres. A partir de esta evidencia, la dramaturga Olga Mínguez ha escrito Victoria viene a cenar, una premiada pieza teatral que imagina aquella relación en un marco de ficción atemporal y que se representa en el madrileño teatro Luchana con la dirección de Carmen Nieves y la interpretación de Tiffani Guarch y Rebeca Fer. “Creo”, manifiesta la autora, “que ambas son todavía hoy dos grandes desconocidas cuando fueron figuras esenciales con unas biografías impresionantes más allá del tema del voto. La obra se centra en el famoso debate, pero amplía el foco para repasar las trayectorias anteriores y posteriores de Clara Campoamor y Victoria Kent. Fueron grandes pioneras, ambas entre las primeras abogadas que ejercieron en España, y ambas con muchas facetas interesantes, algunas de ellas polémicas”.

Así las cosas, los dos personajes se echan en cara sus puntos débiles, desde la colaboración de Kent con la dictadura de Primo de Rivera al intento de Campoamor de regresar a España durante el franquismo, al tiempo que ensalzan sus virtudes de su lucha por la democracia y la República. Sin caer en un maniqueísmo de dibujar una diputada buena y otra mala, Mínguez explica que intentó comprender las razones de las dos. Profesora de historia en un instituto de Elche, la escritora coincide en que aquellas dos dirigentes encarnaron la división social que hubo entre las mujeres republicanas, tanto entre las élites como entre el pueblo llano. Tanto Lafuente como Mínguez reivindican la necesidad de estudiar más a fondo a estas dos sobresalientes mujeres cuyos exilios las condenaron al ostracismo y al olvido. En el caso de Campoamor, que murió en la ciudad suiza de Lausana en 1972, su figura no fue ampliamente recuperada hasta principios del siglo XXI a raíz del 75 aniversario de la concesión del voto a las mujeres. “Un doble silencio pesó sobre Clara”, señala su biógrafo, “ya que murió antes que Franco y además ella se aisló y se desligó bastante de la política durante su exilio en Argentina y Suiza. En lo que se refiere a Victoria, que vivió en París, México y Nueva York, y siguió peleando por la causa republicana, solo pudo regresar a una España democrática en un par de ocasiones. Pero ya no se instaló en nuestro país porque era una anciana que falleció en 1987”.

En el año 1931 el Partido Socialista aportó más de la mitad de los votos en el Congreso que hicieron realidad el derecho al sufragio para las mujeres. Este hecho incontrovertible, que figura en las actas de la Cámara Baja –y del que este viernes se conmemoran los 90 años– ha sido obviado esta mañana por el líder del PP, Pablo Casado, durante un acto en Cartagena.

“La izquierda se intenta apropiar cuestiones históricas que no le corresponden. En esos debates parlamentarios, en esos años, el Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino. No hay más que leer el diario de sesiones de la diputada [Victoria] Kent para recordar lo que decía sobre por qué las mujeres no debían votar”, ha dicho Casado.

En el seno de la izquierda existían algunas voces discordantes con el momento en el que había que conceder ese derecho. Eran voces influyentes (la citada Kent –que no pertenecía al PSOE, sino al Partido Republicano Radical Socialista–, e Indalecio Prieto, este sí, dirigente del PSOE).

Pero lo cierto es que sin el apoyo mayoritario de los diputados progresistas, no hubiera salido adelante el derecho de las mujeres al voto, por cuya consecución luchó señaladamente la diputada, escritora y jurista Clara Campoamor, militante del Partido Republicano Radical. 

El 1 de octubre de 1931, 161 diputados votaron a favor de ampliar este derecho a las mujeres. De ellos, 84 pertenecían al PSOE, según detalla Maldita.es. Entre los 121 diputados que lo hicieron en contra, ninguno pertenecía al PSOE. De hecho, todos los diputados del PSOE o bien votaron a favor, o bien se abstuvieron (el propio Indalecio Prieto, a la sazón ministro de Hacienda, y Julián Besteiro, presidente de la Cámara). Ninguno votó en contra.

Casado omite este dato en su discurso y añade: “Esa libertad que se conquistó allá por los años 30, y ahora parece imposible que haya que reivindicarlo, es algo que tiene mucho que ver con las ideas de libertad que muchos años después dieron lugar nuestra familia política: en España, después de la Transición”. Esos “muchos años después” aluden, sin nombrarla, a la dictadura de Francisco Franco que acabó con la democracia (tanto con el voto masculino como con el femenino, pues) y uno de cuyos ministros, Manuel Fraga, fundó el partido que hoy preside Casado.

Una mentira repetida…

No es la primera vez que desde filas conservadoras y autodenominadas ‘liberales’ se intenta patrimonializar el acceso de la mujer al voto en España. En abril de 2018, el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tuiteó que “socialistas y conservadores” se oponían al voto femenino.

En 2013, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del PP, afirmó en el Congreso lo siguiente, dirigiéndose a la bancada socialista: “Hay que recordar lo que hicieron ustedes, en esos mismos escaños donde están, en las Cortes constituyentes de 1931, cuando se opusieron a reconocer el voto a las mujeres”. Tras las protestas del PSOE y la petición de una rectificación, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que reconocer que el PSOE no votó en contra del sufragio femenino en 1931. Un hecho que hoy, de nuevo, ha obviado Pablo Casado.

“Cuando veo cuál ha sido el resultado práctico de nuestras antiguas luchas me pregunto si verdaderamente vale la pena hacer algo en la vida… cierto es que no hay otro país como el nuestro para el paso atrás y el paso al medievo”. Con esta amargura le escribía Clara Campoamor a María Telo en 1959 desde Lausanne. Las mujeres españolas le debemos el voto a Clara Campoamor y a María Telo le debemos la igualdad jurídica. La correspondencia entre ambas, accesible en el Archivo Histórico Nacional, podría ser de esos recursos a los que acudir de oficio para citar en los grandes discursos cuando hablamos de patria, memoria, país, democracia. Sin embargo, como casi todo aquello que tiene mujeres como protagonistas, parece caer en el olvido, en un lugar secundario de la historia de España.

Nuestra democracia, que tuvo padres de la Constitución, se construyó también sobre vergonzosos silencios y olvidos. Solo así se puede explicar que vinculemos a Campoamor con el feminismo pero no tanto con la democracia española. Solo con silencios podemos explicar lo desconocida que es la figura de María Telo. Solo con olvidos se puede explicar que desconozcamos que hubo una mujer que se entregó a la lucha por la igualdad jurídica y a la que le debemos que las mujeres españolas pudieran tener sin permiso de un varón una cuenta corriente en un banco, el carnet de conducir o el pasaporte.

Las democracias europeas se construyeron sobre la consideración de la mujer como menor de edad, como ciudadana de segunda, y esa idea pareció buena durante siglos. En Suiza hasta 1971, nada menos. Durante décadas hicieron falta mujeres fuertes, movilizadas, huelgas de hambre y hasta tirarse a los pies de los caballos de manera literal para conseguir el derecho al voto de las mujeres. Este viernes conmemoramos el 90º aniversario de aquella gesta política en la que Campoamor consiguió el voto para las mujeres y por ello fue, en sus propias palabras, “combatida con animosidad”.

Clara Campoamor escribió que se llegó a sentir odiada en el Parlamento español por defender el sufragio femenino. Me pregunto si, noventa años después, las mujeres parlamentarias siguen sintiendo odio por parte de la cámara cada vez que toman la palabra para defender lo obvio. Ayer el voto para las mujeres, hoy que no nos maten, que no nos violen, que nos dejen en paz decidir sobre nuestro cuerpo. Los derechos de las mujeres se convierten en cuestiones de sentido común para la generación siguiente pero nunca, ningún derecho de las mujeres, ha sido conquistado sin una feroz resistencia.

Sí, tenemos el voto desde 1931, pero es 2021 y las mujeres españolas queremos ya la igualdad en política. Y si la igualdad es la ausencia de discriminación, es más que evidente el camino que nos queda por recorrer. Tenemos las listas paritarias, pero solo un 22% de las alcaldías o el 13% de las diputaciones provinciales están presididas por mujeres. Somos la mitad del Parlamento, pero queremos subir a la tribuna sin que nos insulten, nos acosen o nos intimiden mientras hablamos. Sin que nos llamen bruja. Las mujeres nos queremos dedicar a la política sin tener que elegir entre la familia o la política. Ejercer la política en igualdad tiene que significar que las mujeres sean juzgadas por el desempeño de su tarea y no por sus relaciones afectivas o la ropa que llevan.

“Mi ley es la lucha”, escribió Campoamor. Gracias a ella y a todas las mujeres que nos precedieron en el movimiento feminista hoy podemos votar y ser elegidas. Ahora, la lucha tiene que ser por ejercer nuestros derechos políticos en igualdad y sin discriminación. Ojalá todas las mujeres españolas respondiendo a la carta de Campoamor a Telo: Sí, Clara, valió la pena.