Diez personas se sientan en el banquillo por abusos sexuales “continuados” a menores tutelados en Álava

Carmen Cotelo, tercera a la izquierda en la imagen, con, entre otros, la magistrada del 'caso Sansoheta' Elena Cabero

La Audiencia Provincial de Álava inicia este lunes y hasta el 3 de octubre un importante y delicado juicio por el caso de abuso sexual “continuado” de menores tutelados por la Diputación en el centro ya desaparecido de Sansoheta, en el límite entre Vitoria y el término municipal de Arrazua-Ubarrundia. Se sentarán en el banquillo diez adultos -un undécimo imputado ha fallecido durante la investigación- y tendrán que declarar también las diez víctimas identificadas, ahora ya mayores de edad pero que en el momento de los hechos, conocidos en 2016, tenían incluso menos de 16 años en algunos casos, lo que agrava la consideración de los hechos. Lo harán a puerta cerrada y el tribunal ha prohibido expresamente hacer públicos datos o imágenes de estas personas en una resolución ‘ad hoc’.

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Fue en otoño de 2016, hace casi seis años, cuando trascendió que menores internados en Sansoheta eran contactados por adultos por medios telemáticos y que se encontraban fuera del centro. La investigación pronto mostró que era un caso claro de corrupción de menores -así se ha tipificado penalmente- con prácticas de abuso sexual, pornografía y, en algunos supuestos, también de tráfico de drogas. Los adultos se enfrentan a peticiones de penas de entre tres y hasta casi 30 años de prisión y el total de condenas solicitadas ronda los 170 años. Además, se demanda también una indemnización simbólica de 2.000 euros para cada uno de los afectados. La Fiscalía -con Carmen Cotelo al frente en su gran reválida desde que fue nombrada jefa del ministerio público en Álava este mismo año-, la propia Diputación -a través de un bufete privado-, la asociación Clara Campoamor -de la mano del letrado José Miguel Fernández- y dos de las víctimas ejercen como acusación. 

Ya en la primera sesión -ésta sí a puerta abierta- se podrá conocer la versión de los acusados, que al inicio sugirieron que desconocían la edad de las personas con las que quedaban y también que las prácticas sexuales eran consentidas cuando en ningún caso lo es la prostitución de menores y el Código Penal, expresamente, refuerza los controles para los casos en que no lleguen a los 16 años. La gravedad de los hechos hizo que el primer acusado conocido ingresara en prisión preventiva ya que era un profesional del Ayuntamiento de Vitoria que había tratado a su víctima y que, por lo tanto, conocía perfectamente su edad y sus circunstancias.

La Diputación se felicita de que el caso se vaya a analizar desde la perspectiva del daño sufrido por los menores. Entiende que informes como el elaborado por el Ararteko -Defensoría del Pueblo de Euskadi- o incluso los propios análisis y comentarios de Cotelo dejan claro que la institución que es competente en materia de protección de menores no es corresponsable de los graves delitos que se juzgan. Inicialmente, se puso el foco en una sala de ordenadores del centro desde la que, aparentemente, los menores subían su perfil a una web de contactos. Las fuentes consultadas, sin embargo, remarcan que la revisión de esos equipos no ha sido determinante y que, en todo caso, las comunicaciones se canalizaban a través de aplicaciones móviles.

Cuando en otoño de 2016 estalló el caso trascendió también una denuncia previa de la madre de uno de los menores ante la Policía Local de Vitoria con la sospecha de que su hijo tutelado aparecía en un portal de citas. Aquella línea quedó en nada, en efecto, pero en esas mismas fechas responsables de Sansoheta alertaron a la Ertzaintza también de que cuatro internos podían estar en esa situación. Sobre la libertad de movimientos de los jóvenes, desde la Diputación dejan claro que Sansoheta no era un centro de régimen cerrado o un reformatorio. “Era un centro abierto, un centro de acogida para menores en situación de desprotección. El plus de Sansoheta era que recibía a menores con problemas conductuales. No vivían con sus familias pero estudiaban y, dependiendo de la edad, iban y venían solos”, agrega una fuente conocedora de aquel recurso. Fue sonada la polémica abierta por el conocido actor Unax Ugalde, que afirmó en sus redes sociales haber visto a un interno contactar con un adulto en un vehículo de alta gama en el mismo exterior del recurso. Era su padre. 

Políticamente, la que era diputada responsable de Políticas Sociales en aquel momento, Beatriz Artolazabal, fue designada por Iñigo Urkullu como consejera a las pocas semanas. Ahora continúa en el cargo y con más responsabilidades, ya que es titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, una cartera que incluye también Prisiones o Memoria Histórica. Eso sí, Sansoheta ya no existe. Aunque la Diputación no hace comentarios y se remite a los alegatos de la letrada que le representará en la sala, es evidente que pesaba sobre el lugar una “estigmatización” que nadie oculta en privado. Así, donde estaba el centro de menores -que oficialmente se llamaba CET Gasteiz en la última época y no Sansoheta- irá una residencia con centro de día para personas con discapacidad intelectual. Las máquinas entrarán en octubre. En cuanto a los internos, han ido a otro recurso provisional a la espera de una ubicación nueva definitiva. También se ha ajustado el protocolo general de atención a menores tutelados. 

Desde Clara Campoamor, personada desde el inicio de la investigación, recalcan la importancia de que “las víctimas son víctimas y los imputados son imputados”, es decir, que no se trata de analizar los comportamientos de los jóvenes. Añaden que esperarán a las conclusiones del tribunal para valorar si se emprende o no algún tipo de acción por culpa ‘in vigilando’ de la institución que tenía que garantizar la tutela de los adolescentes. La sala está compuesta por tres magistrados, Jesús Poncela como presidente y ponente del fallo, y Elena Cabero -conocida por ser la redactora de la sentencia del mayor sumario de corrupción en Euskadi, el ‘caso De Miguel’- y Francisco García Romo. “En la asociación creemos que tiene que haber mayor esfuerzo de la Administración para la tutela de menores. La infancia y la juventud necesitan de más protección. Cada vez los recursos públicos son menos y, por lo tanto, también para esto. La respuesta judicial no es la más adecuada. Es una justicia del siglo XIX”, señala Fernández, abogado de la asociación. ¿Se ha tardado mucho en llegar a juicio? “Sí, pero porque es un asunto muy complejo. Hay muchas víctimas y mucha prueba informática. Es evidente que harían falta más medios personales y materiales para que estas dilaciones no sucedan más”, reseña.

La asociación plantea también que habría que evitar la revictimización de quienes han sufrido violencia sexual previendo que sea válido su primer testimonio y no forzándoles a repetirlo en todas las fases del proceso. Clara Campoamor también lo reclama para mujeres víctimas de violencia de género. En la reciente memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), adelantada por este periódico, los magistrados no se oponen a avanzar en declaraciones preconstituidas, como se denominan procesalmente, para facilitar una Justicia más amable hacia las víctimas. En el caso de los menores, precisamente la consejera Artolazabal y precisamente en Vitoria ha impulsado un proyecto piloto llamado Barnahus para lograr estos mismos objetivos. 

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