Los sindicatos rechazan la propuesta del Ministerio de Cultura para reformar el INAEM
El 20 de febrero la cúpula del Ministerio de Cultura, encabezada por el Secretario de Estado Jordi Martí, propuso a los tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) con representación en el Instituto Nacional de las Artes Escénica y la Música su nuevo proyecto: transformar el INAEM, hoy organismo autónomo del Ministerio de Cultura, en una entidad pública empresarial. Cinco días después la respuesta de los sindicatos ha sido clara y conjunta: un no rotundo.
El comunicado de los sindicatos afirma que el cambio de naturaleza jurídica supondría que el INAEM pasaría a ser “una entidad de gestión privada”, lo que le haría depender de una financiación que tendría que generar mercantilmente algo que convertiría “la cultura en un bien de mercado”. Los sindicatos afirman que el cambio supondría además una mayor “inseguridad en las plantillas al aumentar las posibilidades de los expedientes de regulación de empleo, el riesgo de abuso de la temporalidad y la perdida de estabilidad”.
La propuesta de Martí abre la segunda fase de reforma del ente público una vez concluida la primera. La primera se llevó a cabo el pasado noviembre, fase en la cual se ha dividido el INAEM en dos creando una nueva Dirección General de las Artes Escénicas de la Música que se encargará de la actividad de fomento y difusión de la música, el teatro, la danza y el circo; y, además, gestionará las ayudas, premios y subvenciones y defenderá el patrimonio del sector.
Quedaba la segunda fase: la reforma de las once unidades de producción del INAEM tales como el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Compañía Nacional de Danza y el Teatro de la Zarzuela, entre otras. La patata caliente. El objetivo: poder agilizar las contrataciones artísticas, las giras y la contratación del personal técnico.
Hace un año, el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto con la directora del INAEM, Paz Santa Cecilia, anunció en rueda de prensa la reforma del INAEM como uno de los planes centrales de su mandato. Allí, prometió que la reforma se haría con el consenso de los trabajadores y afirmó: “Quiero dejar claro que queda descartada la posibilidad que se ha comentado de poder transformar al INAEM en una fundación, el organismo tiene que ser cien por cien público”.
De ahí a la sorpresa que ha provocado la propuesta presentada el pasado 20 de febrero a los sindicatos. “Durante todos estos meses siempre hablamos con el Ministerio de hacer un real decreto o un estatuto propio para agilizar el funcionamiento del INAEM y solventar la precariedad y desigualdades laborales. Lamentablemente, lo que se nos ha presentado cambia la naturaleza jurídica de la entidad y la privatiza. No es propio de un gobierno que se dice de izquierdas, la sorpresa ha sido mayúscula”, declara a este periódico Neftali Rodríguez, Secretario General de las Sección Sindical Estatal de Comisiones Obreras en el Ministerio de Cultura.
Entidad pública Empresarial
La figura propuesta por el Ministerio está regida por la Ley 6/1997, de 14 de abril. Ley de la época del gobierno de José María Aznar que en su artículo 53 dice: “Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado”. Otras conocidas EPE, como se las conoce, son ADIF, Correos y Telégrafos y la Agencia EFE.
Neftalí Rodríguez confiesa a este periódico que después de una asamblea muy numerosa de los trabajadores la posición es clara: “Hemos sido cautos, el ministro siempre dijo que no iba a reformar el INAEM sin el consenso con los trabajadores. Esperamos que así sea. Vamos a dar un margen e intentar reconducir la situación, pero si rompen su palabra y optan por actuar de forma unilateral nos encontrarán enfrente. Habrá movilizaciones”.
Rodríguez, aun así, afirma que no quiere que se confunda esta posición contundente con un ánimo de confrontación, “la gente tiene que entender que no solo nos jugamos la situación laboral de mucha gente. Una EPE quiere decir que la mayoría del presupuesto tiene que llegar por vía mercantil, es decir de ingresos. Quizá no este Gobierno, pero uno futuro puede verse habilitado a decir que no se está cumpliendo la autofinanciación exigida y minimizar el apoyo público presupuestario”, argumenta.
Las consecuencias según el representante sindical pueden ser de diferentes naturalezas, tales como subidas en el precio de las entradas, “miren los precios del Teatro Real”, pone como ejemplo, pero también acabar con el proyecto de teatro público que nació en los años ochenta con Adolfo Marsillach, “en el INAEM las creaciones y obras que se llevan a cabo tienen un carácter artístico, se investiga y se crea sin buscar la rentabilidad, las obras no están dirigidas al mercado. Todo eso se pondría en riesgo”, afirma.
Por otro lado, los sindicatos también quieren señalar que el personal contratado por el INAEM con esta nueva figura jurídica cambiaría, “nosotros tendríamos que salir sí o sí del convenio único de la Administración General, tendríamos que firmar un convenio propiamente privado y quedaríamos al margen del resto de estructuras administrativas”, explica Rodríguez.
En el comunicado los sindicatos también señalan la necesidad, ya histórica, de mejorar las condiciones de los trabajadores del INAEM “mediante un acuerdo de retribuciones salariales adecuadas”. Neftalí Rodríguez avanza a este periódico que justo después de emitirlo han recibido una propuesta para la mejora de las condiciones laborales del elenco artístico de la Compañía Nacional de Danza, “tenemos que estudiarlo, pero tiene buena pinta. Es una propuesta que nos llega a través de la Subdirección General de Personal del INAEM, de Mariana Albinyana, con quienes llevábamos trabajándolo tiempo juntos, aun así la coincidencia es curiosa”, afirma.
Los sindicatos señalan a este diario que ven como responsable de este giro al propio secretario de estado Jordi Martí, “sabemos de su paso por el Institut de Cultura de Barcelona, nuestros compañeros ya nos han trasladado su malestar de lo que allí hizo, los grandes problemas laborales que se generaron”, dice de este político que comenzó andadura política en el Partido Socialista Catalán, dirigió el ICUB entre 1999 y 2013, fue también delegado de cultura del Ayuntamiento de Barcelona entre 2006 y 2011 y, ya en 2015, abandonaría el PSC. Cuando Ada Colau fue nombrada alcaldesa de Barcelona en 2015 fichó a Martí, quien fue subiendo escalafones en el nuevo partido, Barcelona en Comú, hasta que en 2019 se presentó como número 5 en las listas de Colau. Martí acabó siendo teniente alcalde y dirigió el Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento.
En noviembre de 2023 fue nombrado por Urtasun Secretario de Estado del Ministerio de Cultura, cargo inexistente hasta la fecha, “en la reunión del 20 de febrero Martí nos citaba el ICUB, que es una EPE local, como un ejemplo a seguir, pero una cosa es Barcelona donde hay otra cultura de fundaciones y organismos semipúblicos, pero otra cosa es el INAEM, que es estatal”, afirma Rodríguez. El ya denominado “plan Martí” parece haber nacido con la pata quebrada. Está por ver si la habilidad de este veterano político y gestor es capaz de reconducir una negociación que a día de hoy parece rota. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el propio Jordi Marti o con algún representante del Ministerio y el INAEM, pero han declinado hacer cualquier declaración.
0