Después de casi tres semanas sin respuesta a la primera notificación, la Fiscalía ha optado por enviar a la Ertzaintza a la dirección general de Osakidetza para que le sea entregada con carácter inmediato toda la documentación relativa a la crisis de las vacunas caducadas. El ministerio fiscal abrió una investigación tras una petición de la entidad de Madrid Defensor del Paciente, que estima que la administración de productos pasados de fecha puede comportar riesgos de salud y, por lo tanto, constituir un delito.

“No habíamos llegado a recibir la notificación”, ha argumentado el consejero de Salud, Alberto Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación. A la luz del requerimiento en mano de este miércoles, según ha expuesto, este mismo jueves “se va a mandar todo”. Y se hará por dos vías, telemáticamente y en papel, para que no haya problemas. “Disposición a todo lo que haga falta”, ha agregado el titular de Salud.

Según 'El Mundo', fue un agente de Policía el que entregó en mano a Lore Bilbao, la directora general del Servicio Vasco de Salud, el segundo requerimiento. Fuentes judiciales “quieren entender” que, en efecto, la primera notificación se perdió en el sistema telemático y confían en que, ahora sí, puedan recabar los datos requeridos. El plazo máximo es de diez días pero, a la luz de las explicaciones del Gobierno, se resolverá mucho más rápido.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía y Osakidetza ya tuvieron un encontronazo en otra causa penal de relevancia. En 2018, cuando arrancó la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas, la misma fiscal ahora lidera estas diligencias, Carmen Adán, pidió la información relativa a las actuaciones internas sobre los exámenes. En aquel caso, el equipo del entonces consejero, Jon Darpón, le envió una conclusiones propias exculpatorias y no el contenido íntegro de sus entrevistas y actuaciones, donde había testimonios que alertaban de la existencia de irregularidades.

Debate parlamentario

Martínez ha dado estas explicaciones justo antes del arranque de la sesión parlamentaria de este jueves en la que, como primer punto, EH Bildu y PP planteaban precisamente nuevas medidas para evitar casos como el sucedido. Por el contrario, la mayoría del Gobierno, PNV y PSE-EE, han contraprogramado con un texto genérico. En él se apunta a “agilizar” las medidas ya anunciadas por el consejero esta semana en la propia Cámara, en la comisión de Salud. “Ante hipotéticos casos de incidencias sanitarias vinculadas a vacunas, [se insta a] establecer un protocolo de comunicación ciudadana en el que se garanticen criterios científicos, de seguridad sanitaria y de prudencia, con el fin de transmitir una máxima confianza y seguridad hacia el sistema de salud, evitando incertidumbre que pudiera generar una alarma desproporcionada e innecesaria”, se puede leer en la resolución.

Desde la oposición, Rebeka Ubera de EH Bildu, quien destapó el asunto, ha insistido en que el Ejecutivo intentó “tapar” que existían estas vacunas caducadas. “Ni siquiera se ha habilitado un teléfono para las familias”, ha asegurado. Por eso, no confía en que esas medidas correctoras vaya a implementarse. Laura Garrido, del PP, ha criticado la falta de colaboración con la Fiscalía por parte de Osakidetza. “El asunto es grave”, ha apostillado, desde Sumar, Jon Hernández.

La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación para analizar posibles responsabilidades penales en el caso de la inoculación de vacunas caducadas por parte de Osakidetza en los meses de diciembre y enero, principalmente a bebés de muy corta edad. La asociación Defensor del Pacientes trasladó la petición este miércoles a la fiscal superior vasca, Carmen Adán, ante la gravedad de lo sucedido. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ya ha convocado una nueva comparecencia ante los medios de comunicación, la tercera en dos días.

Fuentes judiciales recuerdan que hay un tipo penal específico que sanciona el suministro de medicamentos caducados (artículo 361 del Código Penal, de seis meses a tres años de cárcel) y que las diligencias penales buscarán determinar si, en este caso, ha habido “riesgo para la vida” de las personas que han recibido este producto concreto.

¿Cuáles son los hechos? El Servicio Vasco de Salud, al menos desde el 15 de enero y por el aviso de una enfermera de Errenteria, tenía constancia de que el lote X019675 de la vacuna Vaxelis, un antídoto hexavalente contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B, tenía finales de octubre como fecha de caducidad. Finalmente, se ha estimado que la caducidad real era noviembre. En total, 261 personas han recibido esas dosis, 103 de ellas en diciembre y enero, ya plenamente caducada. El caso solamente se hizo público después de que lo denunciara EH Bildu en la oposición, este martes, doce días después.

El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi, reunido de urgencia, recomendó este miércoles -y así lo ha asumido Osakidetza- que las dosis inoculadas en noviembre se dan por buenas pero que 18 bebés de dos meses (primera dosis), 29 bebés de cuatro meses (segunda dosis), 51 bebés de once o doce meses (dosis de recuerdo) y cinco adultos (entre 42 y 69 años) tendrán que volver a pasar por un centro de salud. La mayor afección se da en las OSI o comarcas sanitarias de Donostialdea o Uribe, que aglutina a Getxo. Las vacunas del lote se ofrecieron en doce de las trece comarcas de Osakidetza, todas salvo la pequeña de la Rioja Alavesa, y un centro privado.

Defensor del Paciente mandó una carta a la fiscal Adán nada más conocer el caso y le urgió a iniciar una investigación. “No es excusa que que las dosis no suponen un riesgo para la salud de los afectados, y que aquí no pasa nada porque con recibir un nuevo pinchazo para garantizar que han sido debidamente inmunizados ya está”, sostiene Carmen Flores, la denunciante. Y agrega: “La falta de atención de no comprobar la caducidad ya es motivo para responsabilizar a aquellos que deben vigilarla”.

El Gobierno vasco y las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han recordado a la entidad Euskal Udalekuak que debe “comunicar” cualquier campamento de verano que desee organizar este año en la localidad alavesa de Bernedo para su correspondiente aprobación previa. Las instituciones, que han constituido un órgano de coordinación en materia de colonias y tiempo libre, recuerdan a esa asociación que está siendo doblemente investigada, tanto en vía judicial como en vía administrativa, después de que se hayan recibido una veintena de denuncias por posibles delitos relacionados con la violencia sexual en sus instalaciones.

Las instituciones han notificado a Euskal Udalekuak que han tenido conocimiento a través de su página web de que tienen intención de hacer nuevas actividades en Bernedo este año. En concreto, se prevén cinco turnos en la casa de Álava desde el 1 de julio y hasta el 23 de agosto, con un coste de entre 200 y 375 euros. La entidad también organiza campamentos en dos localidades de Navarra, Arbaizar y Goñi. Eso sí, la información pública sobre este requerimiento ha llegado después de que 'El Correo' informara de la nueva oferta de colonias.

En un comunicado, el Gobierno autonómico y las tres diputaciones recalcan que la normativa en vigor permite a las instituciones “controlar” y “supervisar” las actividades de tiempo libre con menores participantes. En este sentido, indican que “expresamente” se le ha recordado a Euskal Udalekuak que tiene abierto un expediente administrativo “por la presunta comisión de infracciones graves”. En paralelo, hay en marcha una investigación penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria, ahora comandada por una nueva magistrada, Marta Escudero, como ha adelantado este periódico.

Tras los turnos del verano de 2025, se sucedieron las denuncias por presuntas prácticas de violencia sexual en Bernedo. La polémica surgió porque la Ertzaintza había enviado al juzgado de Vitoria en primavera un informe con casos similares de años anteriores y nunca se llegó a analizar la cuestión. La Fiscalía formuló una dura crítica a todas las partes conocedoras de este expediente porque no pudo pedir medidas cautelares para evitar la celebración de las colonias del pasado año. En paralelo, se conoció con las instituciones tampoco estaban supervisando estas actividades y, de hecho, ése fue el motivo de la creación del órgano de coordinación, que sienta al Gobierno vasco y a las diputaciones.

En el Parlamento Vasco, la fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha insistido este jueves en declaraciones a RTVE en que la vía penal está aún en una “fase inicial” y que aún no se han podido concretar los hechos. En todo caso, ha remarcado que “está vigente el ámbito administrativo” y que, en aplicación de la máxima del “interés superior del menor”, las instituciones tienen capacidad para “adoptar las medidas preventivas de control adecuadas”.

Euskal Udalekuak ha denunciado en todo momento estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tiene cuatro frentes abiertos de una tacada. Por un lado, teme que los grupos “ultras” vinculados a los equipos vascos de fútbol causen disturbios en el contexto del partido de la selección vasca contra Palestina de este sábado. Por otro lado, ha admitido que ha recibido una comunicación del Ararteko, que estudia el cambio de política de la Ertzaintza y su decisión de ofrecer ahora el “origen” de los detenidos. En tercer lugar, esta semana ha trascendido que la Policía no practicó los registros que tenía previstos ante la visita de Falange Española y de las JONS a Vitoria del 12 de octubre a pesar de la sospecha de que iban a traer “armas”. Y, finalmente, la Fiscalía ha protestado públicamente al antender que los agentes, en ocasiones, disuaden a posibles menores denunciantes de casos de acoso o violencia sexual.

Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha tocado los cuatro asuntos. Sobre el partido de fútbol, ha explicado que hay una movilización cívica reivindicativa perfectamente comunicada promovida por Gernika Palestina y otras plataformas. Están en “contacto permanente” con los organizadores, ha dicho. Pero “existe otra convocatoria no comunicada” y “cuatro o cinco actos” más. El consejero de Seguridad los ha vinculado a los “ultras” del Athletic y de otros clubes vascos, que han llamado a asistir al partido de San Mamés. Ha señalado que no se deberían “repetir” las escenas de Vitoria, cuando una contramanifestación no comunicada plantó cara cuerpo a cuerpo a los falangistas. Zupiria y su viceconsejero, Ricardo Ituarte, los llamaron “fascistas vascos”. Unos días después, asimismo, el propio consejero admitió que en una huelga en favor de Palestina la Policía optó por no disolver actos igualmente no comunicados de ese mismo entorno “alegal” para evitar males mayores.

“Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país”, ha manifestado Zupiria, que accedió al cargo en 2024. Sobre la Falange, en cambio, ha preferido no ahondar en el asunto a preguntas de los periodistas y ha indicado que ya ha ofrecido todas las explicaciones.

El segundo gran frente es el relativo a la decisión del Ararteko, la defensoría del pueblo vasca, ahora con Inés Ibáñez de Maeztu al frente en funciones, de analizar el cambio comunicativo en la Ertzaintza, que ha optado por dar el origen de los detenidos. El propio consejero lo ha defendido con anterioridad y ha asegurado que sí, que hay un cambio porque hay una demanda social en ese sentido. No es algo que hagan otros cuerpos y crecen las voces, desde la oposición o desde entidades como Jueces para la Democracia, que alertan del riesgo de estigmatización de colectivos. Es más, el nuevo protocolo podría implicar que alguien con nacionalidad española figurara como magrebí, por ejemplo.

“Hemos recibido esta solicitud de información por parte del Ararteko y recibirá la respuesta correspondiente. Es una respuesta que no le voy a dar por los medios de comunicación, lo haré formalmente y oficialmente”, ha explicado en su comparecencia. En todo caso, ha remarcado que anualmente el Ararteko les envía del orden de “quince o veinte” iniciativas.

La actuación del Ararteko ha llegado al tiempo que la fiscal superior vasca, Carmen Adán, verbalizara en el Parlamento que sería deseable “mayor rigor” de los cuerpos policiales, en el caso vasco especialmente a la Ertzaintza, en la elaboración de atestados de posibles delitos que tengan como víctimas a menores prostituidos al haberse detectado que en ocasiones “hay dejadez en la investigación al pensar que se tratan de relaciones consentidas”. Zupiria le ha dado la vuelta y ha señalado que quien debería operar con “rigor” es la Fiscalía. Es “muy grave” esa acusación y ha confiado en encauzar la situación en foros interinstitucionales ya existentes.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha pedido “mayor rigor” a los cuerpos policiales, en el caso vasco especialmente a la Ertzaintza, en la elaboración de atestados de posibles delitos que tengan como víctimas a menores prostituidos al haberse detectado que en ocasiones “hay dejadez en la investigación al pensar que se tratan de relaciones consentidas”. Adán ha comparecido este miércoles en el Parlamento para, como cada año, presentar su memoria de actividades, aunque ya es pública desde septiembre y corresponde al año 2024.

La fiscal se ha hecho eco de las quejas que le llegan por parte de “muchos trabajadores sociales” que han trasladado a su oficina que cuando ponen en conocimiento de la Policía, en la mayoría de los casos de la Ertzaintza, los posibles abusos e incluso el uso de menores en redes de prostitución y tráfico de drogas “hay cierta dejadez en la investigación”. Esta “dejación” denunciada por los trabajadores sociales está relacionada sobre todo con delitos relacionados con la prostitución de menores “sobre la base de pensar que se trata de relaciones consentidas”, por lo que ha pedido a los cuerpos policiales, “un mayor rigor en los atestados” relacionados con menores prostituidos, informa Efe.

Ha hecho hincapié en que no se trata de actuaciones que se puedan tomar “de manera ligera” y ha insistido en demandar una “mayor especialización” de los cuerpos policiales en este ámbito. La fiscal superior ha precisado que al cierre de la memoria no se habían constituido todavía los grupos de Policía judicial de menores, que ya funcionan, y ha confiado en que mejoren su actividad. En este sentido, ha lamentado que el primer “choque” y la primera “desilusión y decepción” llegó con las denuncias relacionadas con los campamentos de Bernedo, en Álava, por no haberse comunicado estos hechos desde las comisarias a estos grupos especializados en menores.

En cuanto al número de delitos cometidos por niños de hasta 14 años, ha señalado que el pasado año representaron el 16% del total de los llevados a cabo por menores de 18 años. Se ha posicionado en contra de rebajar la edad de responsabilidad penal y ha defendido que la vía correcta pasa por contar con programas específicos de atención y protección de estos menores que partan de las administraciones públicas. La fiscal superior ha defendido que para que la Fiscalía pueda proponer la participación de estos menores en estos programas es necesaria una denuncia previa en sede policial y ha lamentado que estas denuncias en ocasiones no se materializan porque desde las comisarías “se disuade” a hacerlo por ser inimputables penalmente. Adán también se ha referido al acoso escolar entre iguales y ha pedido a los centros educativos que remitan todos los datos que tengan sobre posibles casos a la Fiscalía para poder investigarlos.

La magistrada María Antonia Blanco, sustituta al frente del juzgado de Instrucción 1 de Vitoria, fue la primera que recibió el atestado con las primeras denuncias de presuntos casos de violencia sexual a menores en el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo. En concreto, llegó a las 10.51 horas del 30 de abril y le correspondió el asunto por estar de guardia. Esa sala no hizo nada con el informe policial, con código 575A2500033, y consta que “redirigió” la causa al “decanato” el 9 de mayo a las 15.04 horas. No se explican los motivos. Tres días después, el 12 de ese mes, fue cuando el asunto, ya con código 4250/2025, llegó al juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su titular, Álvaro Silván Hernández, no realizó actuaciones hasta el 26 de septiembre a las 12.07 horas, cuando el tema había estallado ya en los medios de comunicación.

En medio, se celebró otro turno en las colonias estivales y de allí surgieron nuevas denuncias por posibles casos que la Policía describe como “exhibicionismo”, “vejaciones”, “coacciones”, “provocación sexual” o “conductas contrarias a la integridad moral”. Asimismo, uno de los supuestos podría tipificarse, indiciariamente, como “agresión sexual”. Esa nueva batería de denuncias mientras la investigación judicial estaba en el “limbo”, en palabras de la fiscal superior vasca, Carmen Adán, alcanza las 21. Una se interpuso el 29 de agosto, tres el 26 de septiembre, una el 30 de septiembre, cinco el 1 de octubre, dos el 2 de octubre, una el 4 de octubre, tres el 7 de octubre, dos el 9 de octubre, una el 10 de octubre, una el 13 de octubre y la última el 15 de octubre. Eso sí, no todas se refieren al campamento del verano de 2025 y, de hecho, hay hechos descritos de hace doce años, de 2013. La Ertzaintza, desde “enero” de 2025 y hasta “septiembre”, realizó “diversas llamadas” a los juzgados para “interesarse por el estado de las diligencias remitidas”, pero no hay “constancia documental”.

La secuencia judicial ha sido detallada en el Parlamento Vasco por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha respondido por escrito a una solicitud de catorce puntos del representante del PP Santiago López Céspedes. Y la cronología policial la ha aportado igualmente a la Cámara el responsable de Seguridad, Bingen Zupiria, también a instancias del PP.

Euskal Udalekuak organizaba en la pequeña localidad alavesa de Bernedo desde hace lustros una colonia de verano, como también en dos localidades de Navarra. Sus organizadores sostienen que ofertaban un modelo feminista, transinclusivo y que “desexualizaba” la desnudez. Por el contrario, los denunciantes interpretan que se han cometido prácticas contra la libertad sexual con menores. Un voluminoso grupo de familias que han enviado a sus hijos a estos campamentos, asimismo, firmó una carta de apoyo a la entidad promotora.

¿Y qué ha ocurrido después de que se iniciara la causa el 26 de septiembre, cinco meses después? Ese mismo día era el día de la apertura del año judicial en Euskadi, un evento que tiene lugar en Bilbao. Allí, el intendente jefe de la división de Investigación de la Policía vasca, en aquel momento Roberto Álava, que esta semana ha pasado a ser jefe de la Policía local de Vitoria, se reunió con la fiscal Adán. Pactaron que “con carácter mensual” la Policía le enviaría un reporte “de los datos relevantes” de causas con menores víctimas de presuntos delitos.

El 1 de octubre hubo una nueva reunión. Participaron la fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, el fiscal de menores de la plaza, Manuel Pedreira, y el jefe de la sección central de Investigación de la Ertzaintza, presumiblemente Hugo Prieto. Buscaron “coordinar las actuaciones”. Después, el 13 de octubre, hubo otro encuentro más. Participaron Pedreira, el juez instructor, Silván Hernández, y de nuevo el jefe de la sección central de Investigación. Acordaron “ampliar la comunicación directa entre las tres instituciones a fin de coordinar las investigaciones”.

Las denuncias de posibles delitos contra la libertad sexual de menores en un campamento de la localidad alavesa de Bernedo han desnudado otro grave problema, el del bloqueo de la Justicia en Euskadi en general y en Vitoria en particular. La fiscal superior vasca, Carmen Adán, explicó a los medios que las primeras alertas se conocieron en primavera y quedaron en el “limbo”, de modo que este verano se ha vuelto a celebrar la colonia y, nuevamente, han aparecido más denuncias. De haberse incoado el procedimiento con normalidad, podrían haberse adoptado medidas cautelares, sugieren las fuentes consultadas. La investigación sólo se ha iniciado ahora, con el debate instalado en los medios de comunicación.

El caso recayó en el juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su titular es, desde hace unos meses, Álvaro Silván Hernández, un joven magistrado de la promoción 71 y procedente de Logroño. Una fuente de la plaza lo define como “bastante serio” y “bastante rápido”. El gran asunto que ha tramitado en este tiempo en la capital vasca ha sido el del asesinato de un joven a la salida de una discoteca, la Mítika, a manos de un portero. Sin embargo, en esa sala ha habido también un cambio casi total de la plantilla de funcionarios, lo que condiciona también la continuidad de los expedientes.

Antes, la sustituta Eider Retegui gestionó Instrucción 3. La titular original era María Elena Rodríguez Molpeceres. Sin que copara titulares, este juzgado también bloqueó durante meses y meses un asunto muy relevante. Se trató de la denuncia de la Fiscalía contra la viceconsejera del Gobierno vasco Amaia Barredo por haber autorizado el proyecto Valogreene Paper de Bergara. Era un caso de presunta prevaricación. El ministerio fiscal llegó a pedir en varias ocasiones explicaciones al juzgado por las dilaciones en la incoación de las diligencias. Este periódico informó de ello.

Finalmente, se inició el sumario, pero nunca se completó. Barredo, después de una temporada como diputada foral en Álava, fue nombrada consejera en el gabinete de Imanol Pradales. Los miembros del Gobierno son aforados y solamente pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Durante meses, el asunto estuvo peloteando entre la sala de Vitoria y la civil-penal del Superior. Todo acabó archivado sin que se hiciera ninguna comprobación especial en la segunda instancia. Y eso que el propio Superior, en la sala de lo contencioso-administrativo, ha emitido cuatro sentencias contra la autorización de Barredo, que está anulada a la espera del recurso al Supremo.

Una fuente judicial explica también que la no incoación de una denuncia ha supuesto que un caso “de corrupción” que estaba “muy bien atado” haya quedado en agua de borrajas, con un archivo sin siquiera tener una mínima tramitación. El cargo público implicado, cuya identidad no ha trascendido, sigue en ejercicio en la actualidad. Esto se ha producido en un juzgado de Bizkaia. En general, los grandes casos de corrupción en Euskadi, casi sin excepciones, han visto rebajadas las penas por “dilaciones indebidas”. Así ha ocurrido en el de Alfredo de Miguel, en el de Víctor Bravo -que ni siquiera llegó a entrar en prisión-, en el del saqueo del Museo Balenciaga de Getaria y en otros.

La causa por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018 se acaba de reabrir para que haya un juicio muy limitado a un único examen, el de Cirugía Plástica. Ese procedimiento ha acumulado meses y meses de parón y, al término de la investigación, ni siquiera se habían revisado los exámenes de todas las categorías objeto de la causa a pesar de que, en los que sí se recogieron, habían algunos indicios.

¿Y en Gipuzkoa? “Tenemos dilaciones. Y muy gordas”, afirma un jurista que opera allí. Menciona que hay un caso concreto de una magistrada que tiene sentencias sin emitir de juicios celebrados “hace tres años”. “Hablamos de delitos contra la hacienda pública, agresiones sexuales, ... De todo”, agrega. La media de incoación de los procedimientos, es decir, el momento en el que se inicia formalmente una causa, es ya de dos meses en los juzgados vascos, según la Fiscalía.

El ministerio fiscal, que por medio de la habitualmente comedida Carmen Adán ha decidido dar el paso de denunciar la situación del caso de Bernedo, ha realizado ya varias peticiones al Consejo General del Poder Judicial para que analicen qué está pasando y por qué. No consta que haya respuesta a esas quejas salvo por el caso de una magistrada de lo social apartada a finales de 2024 en Donostia por acumular 198 casos pendientes.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha criticado con dureza desde el Parlamento Vasco que un juzgado de Vitoria haya tenido meses parada la investigación sobre los supuestos casos de violencia sexual en un campamento de la entidad privada Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo. Las primeras denuncias eran relativas a años anteriores y se han multiplicado después de las colonias de este verano, posteriores a que la Ertzaintza entregara un atestado e incluso una ampliación con nuevos datos.

Adán ha explicado que la Fiscalía se ha enterado “por los medios de comunicación” de esta causa. Ahora, ha instado a la sala competente -aparentemente Instrucción 3 de Vitoria- a que “inmediatamente” incoe un procedimiento más allá de darle un número al procedimiento, trámite que ya se hizo en primavera y se inicie la investigación. Según ha indicado Adán, la Policía vasca tampoco había comunicado a la Fiscalía esta situación, algo preceptivo en los asuntos relativos a la protección de menores, incluso después de ampliar el atestado inicial por haber accedido a nuevos datos.

“Como ha pasado en otras ocasiones, el atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada”, ha señalado Adán después de mantener una reunión por otro motivo con la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria. “La Fiscalía desconoce que existe esa actuación policial en el ámbito del juzgado. Si tampoco la Policía da cuenta de que ese caso ha llegado al juzgado, no podemos ni impulsar ni coordinar. Lo hemos hecho ahora para que inmediatamente se ponga en marcha todo lo que es la actuación judicial”, ha insistido Adán.

Fuentes judiciales confirman esta secuencia de los hechos. El juzgado de Vitoria, Instrucción 3, recibió “en mayo” y “por reparto” la causa pero hasta el 25 de septiembre, con el asunto ya en los medios de comunicación, no se “ordenó” la apertura de diligencias. Es este lunes cuando se están “incoando” ya las actuaciones para iniciar la investigación.

Las familias de algunos menores que participaron este verano en la colonia de Bernedo, basándose en cartas enviadas desde el lugar de los hechos por los propios adolescentes y en sus testimonios al terminar la experiencia, han denunciado que la zona de duchas era mixta y que los adultos se mezclaban también con los menores de edad y que exhibían sus genitales, entre otras prácticas. Otras fuentes, por su parte, apuntan igualmente a quejas por mensajes políticos lanzados durante esas colonias. Se da la circunstancia de que los casos judicializados eran de años anteriores. Es público que la Diputación de Gipuzkoa había detectado algunas de esas quejas al haber enviado menores titulares y que ya no los envió este 2025.

Euskal Udalekuak es un proyecto privado, es decir, no incorporado a los programas de las instituciones, habituales cada temporada estival. Eso implica que no está sujeto a los controles e inspecciones que sí tienen que superar otras actividades similares, según ha dicho la Diputación de Álava, competente en la materia. En el caso de la colonia de Bernedo, instalada en una antigua escuela, ha recibido cuatro turnos este verano. Admite inscripciones de menores entre 6 y 17 años. Las denuncias se concretan en el tramo de más edad, los adolescentes. La entidad gestiona igualmente campamentos en Abaigar y Goñi.

La Ertzaintza amplía el foco a otra colonia

En un comunicado, la Ertzaintza ha informado tras surgir esta polémica que tiene “registradas, a día de hoy, cuatro denuncias” y las ha tipificado como delitos contra la libertad sexual. Informa de que el caso se extiende, asimismo, a otra de las localizaciones de esta entidad, en Navarra. “La Ertzaintza tuvo conocimiento a finales de 2024 de posibles hechos ocurridos en Bernedo, tras una conversación con las personas implicadas. En ese momento se procedió a la apertura de las primeras diligencias policiales, por parte de la Ertzaintza, contando también con una declaración escrita del 22 de enero de 2025 de una persona del entorno de un menor que había acudido a los udalekus. Inmediatamente la Ertzaintza inicia una investigación en la que, entre otros, se toma declaración a diferentes figuras con participación en los udalekus. Tras recabar toda la información, el 30 de abril de 2025, a las 10:51 horas, se remitió el atestado al juzgado. Se realiza otra remisión del atestado el 23 de septiembre tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas al atestado”, explica la Policía, coincidiendo también con la tesis de la Fiscalía de que el expediente no se había tramitado.

Y añade: “La primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los 'udalekus' de Aibagar y, 2023 y 2024 en Bernedo. El pasado viernes, 26 de septiembre, se registraron otras tres denuncias, en las ertzain-etxeas de Laudio, Vitoria-Gasteiz y Deba-Urola, contra la libertad sexual por hechos ocurridos supuestamente en los udalekus de Bernedo.  La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos”.

El poder judicial ha celebrado este viernes, en Bilbao, la apertura del año judicial en Euskadi con presencia del ministro Félix Bolaños y del lehendakari, Imanol Pradales. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha reclamado la creación de más plazas judiciales para hacer frente al “déficit de la planta judicial en Euskadi”, porque es “el punto más vulnerable del sistema de justicia” en la comunidad autónoma.

En su discurso, el máximo representante del poder judicial en Euskadi ha lamentado que los índices de pendencia y congestión “siguen al alza” y que el déficit de la planta judicial es “el punto más vulnerable del sistema de justicia” en el País Vasco, que mantiene una ratio de siete puntos menos de jueces por cada 100.000 habitantes respecto de la media de la Unión Europea (17 en la UE y 10,1 en Euskadi). También ha explicado que los juzgados más saturados son los de instancia de las tres capitales vascas y los de Barakaldo, así como los de lo social de Bilbao, y ha advertido de que comienzan a “atisbarse” también “puntos de tensión en el orden penal con un alargamiento del tiempo de duración media de los enjuiciamientos”, informa Europa Press.

Por su parte, el lehendakari ha reclamado “un sistema de garantías imparcial y un marco de bilateralidad” en la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y un poder judicial que “responda a la estructura descentralizada del Estado”. Además, ha reclamado a los tribunales a “respeten el euskera y los consensos alcanzados” en torno a esta lengua vasca, en velada referencia a la controversia por algunas sentencias recientes. En su discurso, Pradales ha destacado que la Justicia “es un servicio público esencial” que hay que fortalecer. En este sentido, ha recogido el guante de Subijana: “Venimos trasladando al Gobierno español, en coordinación con el TSJPV, la necesidad de contar con más plazas ante la saturación que viven nuestros juzgados, especialmente en las capitales vascas”. Ha tomado la palabra, asimismo, la fiscal superior, Carmen Adán, para presentar la memoria de actividad de la Fiscalía en el pasado año.

Antes del acto, en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro Bolaños, ha defendido, a su vez, que la “transformación” de la Justicia que está acometiendo el Gobierno central dará respuesta a los “cuellos de botella” que existen y conseguirá que los jueces y magistrados de España “tengan una carga de trabajo más razonable”. Según ha apuntado, durante esta legislatura están llevando a cabo la “mayor transformación de la Justicia” en décadas y ha recordado que ha aprobado durante el año 2024 las tres leyes de eficiencia -la digital, la organizativa y la procesal- que venían siendo “proyectos reiterados en el seno del Ministerio de Justicia que no llegaban nunca a aprobarse”.

Además de Bolaños y Pradales, han asistido al acto de apertura del año judicial, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la vicelehendakari primera y titular de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, entre otras autoridades y mandos policiales.

La titular de la Fiscalía superior vasca, Carmen Adán, ha plasmado en la memoria de 2024 de la institución, hecha pública este viernes, su enésima queja para disponer en Euskadi de “mayores instrumentos” contra la corrupción política y para dotar de una “clara protección de las personas que informen” sobre este tipo de hechos. Adán insiste también en la memoria en que no hay “relación directa” con las instituciones para la detección de delitos medioambientales, otro caballo de batalla.

Las memorias autonómicas de la Fiscalía, correspondientes al año natural anterior, sólo son públicas desde la apertura del año judicial en España, que tuvo lugar el pasado viernes en Madrid. La apertura en Euskadi se celebrará el 26 de septiembre en Bilbao, como es habitual. La memoria correspondiente a Euskadi, firmada por Adán, tiene 105 folios y compendia los hitos más relevantes del ejercicio en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. No ofrece grandes novedades. De hecho, los problemas para combatir la corrupción y los delitos ambientales son dos quejas recurrentes desde que Adán accedió al cargo en 2017 y también las ha llevado a sus comparecencias anuales en el Parlamento Vasco.

En el apartado sobre los delitos “contra la administración pública”, donde se engloba la corrupción, la Fiscalía vasca asegura que hace un “especial seguimiento” de ello. En Euskadi no hay delegación de Anticorrupción, a pesar de numerosas peticiones en ese sentido a lo largo de los años, aunque sí un delegado de delitos económicos, que abarca áreas más amplias como el fraude en las prestaciones de Lanbide, por ejemplo. “Sigue siendo muy necesario dotar de mayores instrumentos a la investigación de los delitos y, por supuesto, una clara protección de las personas que informen sobre infracciones, aunque es obvia la dificultad para detectar comportamientos delictivos en el ámbito de la contratación pública por las mismas razones expuestas en memorias anteriores”, se limita a apuntar Adán.

Apenas se entra en detalles sobre casos concretos. Se menciona, eso sí, que la Fiscalía autonómica ha tenido que tramitar dos causas “sobre aforados” por “delitos de prevaricación” en los últimos meses. Uno de ellos es claramente el asunto sobre la consejera del PNV Amaia Barredo, que estaba siendo investigada por un juzgado de lo penal de Vitoria cuando entró al Gobierno, lo que hizo que el asunto escalara al Superior autonómico por su condición de aforada. Ese asunto quedó archivado sin que la sala de lo civil-penal del Superior hiciera investigación alguna, pero la sala de lo contencioso-administrativo ha emitido cuatro sentencias sobre el mismo asunto, la autorización del proyecto de Valogreene Paper en Bergara, anulando la resolución emitida por Barredo cuando era viceconsejera de Arantxa Tapia. Del otro caso de “prevaricación” no se dan pistas, pero el Estatuto acota que solamente los parlamentarios y los miembros del Ejecutivo están aforados.

En el capítulo de los delitos ambientales, la Fiscalía insiste en que ha reconducido su relación con la Ertzaintza. En este mismo documento, hace unos años, plasmó su preferencia por la Guardia Civil para ejercer de Policía judicial de apoyo en este tipo de causas y se generó un importante enfrentamiento institucional que soliviantó al Gobierno vasco. El PNV llegó a incluir en sus acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez un compromiso de que las Fuerzas de Seguridad del Estado solamente intervendrían en este tipo de delitos si afectaban a varias comunidades autonómicas. Ahora, en cambio, se apunta a una “buena comunicación” con la Policía vasca, aunque se eleva a “satisfactoria colaboración” la relación con el Seprona de la Guardia Civil, la unidad especializada.

Explica Adán que la sección de delitos verdes de la Ertzaintza “experimentó en 2023 una importante remodelación”, aunque sin mayores valoraciones. “Ostenta la competencia en la investigación de los delitos medioambientales de mayor complejidad, mientras que aquellos ilícitos de menor entidad son tratados en las comisarías y policías, en los que la formación específica en esta tipología delictiva es menor”, apunta. Hace un año, apenas tenía una docena de agentes.

El problema, más que policial, es institucional. “No se mantiene en las fiscalías provinciales relación directa con las administraciones vascas, lo que supone un inconveniente para obtener información sobre hechos que pudieran constituir delitos derivados de infracciones cuya competencia ostentan dichas administraciones, esto es, no se conocen hechos relativos a caza, pesca, biodiversidad, bienestar animal, ordenación del territorio, patrimonio histórico, y demás materias salvo aquellas que acaben en la Administración de justicia ante denuncias de particulares o confección de atestados”, indica la Fiscalía vasca. Ahora bien, se matiza que “los departamentos correspondientes de las Diputaciones forales sí han remitido información en algunos casos por razón de fauna silvestre envenenada, flora e incendios forestales”.

La “sensación” de impunidad

Sobre la evolución general de la criminalidad, la Fiscalía recalca que no tiene capacidad para ofrecer una estadística fiable por los problemas que le genera el sistema informático Avantius, de los que dan detallados ejemplos. “No se ajustan a la realidad”, se llega a poner por escrito. También hay una cifra muy relevante de “delitos sin especificar” que condiciona la lectura de las conclusiones. En números fríos, se informa de que se incoaron en 2024 48.124 asuntos penales, lo que implica una “inapreciable” bajada con respecto a 2023, cuando fueron 48.131. Los procedimientos abreviados han pasado de 8.181 a 8.883, las diligencias urgentes han subido de 8.850 a 10.868 y los delitos leves han crecido de 25.364 a 27.318. Los juicios celebrados en 2024 fueron 7.080, por 6.992 de 2023.

Apunta la Fiscalía, en todo caso, a la “necesidad de pronta respuesta por la Administración de Justicia para que la sociedad no tenga la sensación de que el delincuente resulta impune ante la reiteración delictiva”. En Álava, por ejemplo, se detecta una subida relevante de infracciones penales contra el patrimonio y se reseña que hay casos de “bandas organizadas dedicadas al robo con fuerza en casa habitada” que operan en varios lugares y que son investigados de forma separada. “Se eluden normas de conexión que debieran facilitar una tramitación unificada y no segmentada por cada delito cometido”, se indica. Y, en Gipuzkoa, se señala que apenas el 5% de los casos denunciados de robos acaban en sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Se alerta, en general, de la “impunidad” con la que se opera en redes sociales, donde se cometen estafas y casos de acoso, 'bullying' o extorsión.

Entre los casos más relevantes del año, la Fiscalía apunta a que dos menores (de ocho y de catorce años) fueron diagnosticadas con enfermedades de transmisión sexual y ello ha permitido destapar casos de agresiones. “Precisamente fueron estas enfermedades las que alertaron a sus padres y cuidadores de la existencia de relaciones sexuales. Consentidas en un caso, según alegó la víctima [aunque jurídicamente esto no es posible hasta los 16 años]. Claramente no consentidas en el otro caso, dada la edad de la perjudicada”, expone el ministerio público.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, se siente en un “bucle”. Año tras año, en la comparecencia anual para presentar la memoria de la Fiscalía en el Parlamento Vasco acaba haciendo reclamaciones similares que no terminan de sustanciarse. La intervención de 2024 no ha sido una excepción y Adán ha dejado a sus señorías dos reflexiones. Por un lado, sigue considerando “absolutamente deseable” que se cree la figura del delegado Anticorrupción en Euskadi. Por otro lado, ha alertado de que hay numerosas causas abiertas contra cargos públicos por delitos ambientales -no los ha mencionado pero están investigados, por ejemplo, la consejera Amaia Barredo o el diputado guipuzcoano José Ignacio Asensió, de PNV y PSE-EE- y que hay escasos medios también para combatir esta criminalidad. Por ello, entiende que es “muy importante” el apoyo de la Guardia Civil en estas investigaciones y que habría que darle relevancia “sin complejos”.

Preguntada por una posible Fiscalía Anticorrupción, Adán ha indicado que su valoración es “positiva” sobre ello. “La especialización siempre es buena. Y el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción sería absolutamente deseable”, ha manifestado. Se creó una plaza de delegado contra los delitos económicos, cuyo titular es José Manuel Ortiz, pero abarca muchas más materias más allá de la corrupción política. La fiscal ha indicado que solamente se crearía esa plaza si se ve que hay casos y denuncias pero, a la vez, como no hay medios tampoco florecen esos casos y denuncias que la justificarían. Ha lamentado que la especialización de la Ertzaintza en la materia tampoco es “muy grande”. Recientemente se supo que son menos de una decena los efectivos dedicados a la materia. “Es una especie de bucle del que no logramos salir”, ha lamentado.

Respecto de los delitos contra el medio ambiente, otro de los caballos de batalla durante su mandato, iniciado en 2017, ha avisado de que no se puede señalar únicamente a empresas o particulares como responsables de esos casos. De hecho, ha recalcado que en muchas causas los procesados son cargos institucionales. Si la prevaricación ambiental se ha incorporado expresamente al Código Penal será por algo, ha venido a razonar. En respuesta a preguntas de EH Bildu, ha puesto en valor expresamente el trabajo de la Guardia Civil. “No sé si les gustará mucho”, ha llegado a bromear con la coalición abertzale. Ha manifestado que este cuerpo ha ayudado a sacar adelante “muchísimas” investigaciones. No obstante, ha admitido mejoras en la relación con el equipo especializado de la Ertzaintza después de años de tiranteces y quejas.

Adán ha realizado también otras consideraciones generales sobre la criminalidad en Euskadi. Ha pedido analizar el fenómeno desde los datos “puros” y no desde las “percepciones” y no “reavivar” debates sobre la nacionalidad de los delincuentes, extremo por el que ha preguntado Vox. Ha avisado de la elevada carga de trabajo de las salas especializadas en violencia contra las mujeres y ha exhibido su inquietud por casos con menores implicados, particularmente de acoso o violencia sexual. Ha dejado constancia de casos ininvestigables porque los implicados no llegaban a la edad mínima legal para el procesamiento, los 14 años. Como tercer toque a la Ertzaintza, ha denunciado que “no hay grupo especializado de menores” y ella lo ve “absolutamente necesario”.

Imanol Pradales ha pronunciado este miércoles su primer discurso como lehendakari en una apertura del año judicial. “En Euskadi creemos en la justicia, pero no en una justicia revanchista. Tampoco en una cuyo último fin sea buscar venganza. Eso no es hacer justicia”, ha solemnizado como reflexión general para pedir también “dignidad” para las personas procesadas y “humanización” de las cárceles, aunque sin olvidar la “acessibilidad” a las víctimas. Sin embargo, cuando ha pasado a analizar la delincuencia común, ha pronunciado otra frase: “La persona delincuente debe saber que delinquir no va a salirle gratis, que delinquir tiene consecuencias y que nos tendrá siempre en frente. Siempre”.

Pradales, que antes de participar en el acto oficial ha mantenido un encuentro privado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, y con la fiscal, Carmen Adán, ha subrayado también la importancia de introducir el euskera en el poder judicial, aunque no ha hecho mención expresa a sentencias controvertidas que han eliminado requisitos idiomáticos para lograr plazas públicas y que, en muchos casos, han contado con la crítica del Gobierno vasco. “Todos los ciudadanos tienen derecho a que la Administración los atienda en euskera y es obligación de la Administración garantizar fehacientemente ese derecho. Tenemos trabajo. Todos. [...] Una pregunta: ¿imagina alguien que no se pueda celebrar un juicio en castellano o que un juez, un abogado o un fiscal no sepa castellano? La respuesta es negativa, claro. Entonces, ¿por qué tenemos que admitir lo contrario con el euskera? Hay que cambiar esta realidad”, ha enfatizado.

El presidente del Superior, de su lado, no ha rehuido el debate sobre la “politización de la justicia” o la “judicialización de la política”, aunque sin citar en ningún momento casos concretos. Ha pedido huir de mensajes simplistas que apuntan a que la Justicia no puede controlar al poder político -una consejera de Pradales, por ejemplo, tiene pendiente una causa penal- y ha remarcado que el poder judicial “disciplina” al ejecutivo y legislativo, que han de estar sometidos a las leyes.

Subijana también ha realizado un “diagnóstico” de la Justicia en Euskadi. Y el resultado no ha sido muy optimista. Ha aportado un dato: “La tasa de congestión denota que cada año empezamos con un carga de trabajo que equivale a medio año”. Es decir, un juzgado por término medio tiene que invertir el tiempo de enero a junio a despachar expedientes del ejercicio anterior. Ha apuntado que la respuesta en primera instancia es de siete meses y de cinco en segunda instancia. No es un “lamento” pero el número de magistrados en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa es “escaso”, ha insistido. “Tenemos 10,1 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17”, ha apuntado. Según sus cifras, la situación ha pasado a ser “lacerante” en Donostia, Bilbao, Vitoria y Barakaldo, lo que es tanto como decir las cuatro ciudades más pobladas.

El problema de las “dilaciones indebidas”, según la Fiscalía

En su intervención, la fiscal superior ha alertado del escaso volumen de delitos que se denuncian y ha apuntado a encuestas que elevan esa cifra negra de criminalidad a casi el 50%. “Un sistema de garantías [para los acusados] no puede convertir nuestro sistema en deficitario en tiempo y respuesta. Siempre serán demasiadas las veces que hay que acudir a aplicar las dilaciones indebidas con sensibles rebajas de la pena”, ha lamentado Adán sobre un atenuante casi común a todos los casos de corrupción conocidos en Euskadi, por ejemplo. “Un sistema procesal de garantías -ha seguido- no debe desmotivar de acudir a él. Sirva de ejemplo que, en los delitos patrimoniales, lo que nos trasladan los testigos [...] no es sólo la queja sino que están disuadidos de la colaboración posterior. [...] No denunciar es un derecho, pero haríamos un flaco servicio a la eficacia del derecho, a la justicia y a otras posibles víctimas si no intentamos que su decisión sea la de denunciar [...]. Constatamos un dato alarmante: que quien tiene que recoger la denuncia o apoyar a la víctima la disuade informando de que el sistema realmente no funciona con su tipo de caso”, ha agregado. Adán ha defendido también los sistemas de videovigilancia para prevenir delitos -aunque con garantías- y ha avisado del incremento de problemas asociados a la “sobreexposición” a las redes sociales por parte de menores. Las familias “no deberían inhibirse” para articular controles en el acceso a determinados contenidos, ha dicho.

Pradales, que ha intervenido después que Subijana y Adán, ha parecido recoger el guante. Les ha realizado dos compromisos. A Subijana le ha hablado de lograr “mayor agilidad, porque una Justicia más rápida es de mejor calidad”. Eso incluye “la necesidad de contar con más juzgados y con más jueces”. Y, al hilo de las reflexiones de la Fiscalía, ha apuntado: “Tenemos muy presente que aún hay algunas personas que renuncian a defender sus derechos porque el sistema les parece complejo o inasequible. También víctimas de violencia contra las mujeres que no denuncian a su agresor porque creen que les va a perjudicar”. En Euskadi, el Gobierno vasco se encarga de la denominada “administración de la Administración de Justicia”, es decir, de proveer de medios materiales y humanos a jueces y fiscales, que son cuerpos del Estado.

En el acto han estado presentes, igualmente, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y su homólogo en Seguridad, Bingen Zupiria, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, la diputada general, Elixabete Etxanobe, el titular del Ararteko, Manuel Lezertua, o la teniente de alcalde de Bilbao, Amaia Arregi. También han participado mandos uniformados de la Ertzaintza, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como magistrados, fiscales y otros cargos judiciales. Estaban invitadas, asimismo, las dos vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial encargadas de asuntos vascos, Esther Erice y María Pilar Jiménez. Como novedad en 2024, el coro tradicional que actuaba en el evento, de Gipuzkoa, ha sido relevado por otro compuesto por jueces, fiscales, secretarios judiciales, letrados y funcionarios del Palacio de Justicia de Vitoria, cuyas piezas han sido muy aplaudidas, particularmente el 'Hegoak ebaki banizkio'.

La Fiscalía vasca, dirigida por Carmen Adán, denuncia en la memoria de 2023, hecha pública la pasada semana coincidiendo con la apertura del año judicial en Madrid, que a finales del pasado año “tuvo conocimiento oficioso” del desmantelamiento prácticamente total de la unidad especializada en la investigación de delitos ambientales de la Ertzaintza. Según los fiscales, de la “ya de por sí menguada” brigada -en 2020 se hablaba de apenas diez efectivos- salieron “todos sus miembros salvo dos de ellos”, “incluido el jefe”. Exhiben su “preocupación” por la “importancia” de la “especialización” para abordar tramas de alta complejidad, como son este tipo de investigaciones.

Indica la Fiscalía que las salidas se deben a “ascensos” y “concursos” y que en el momento de redacción de la memoria no se había producido “ninguna comunicación oficial o formal” de los cambios, “ignorándose el nombre y cargo del nuevo jefe, así como el número, estudios y formación de los nuevos integrantes”. En todo caso, se felicitan desde el ministerio público de que los ertzainas que actuaron de apoyo de las investigaciones judiciales abiertas tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar en 2020 continúen asignados a ellas aunque hayan dejado ya esta unidad.

Desde el Departamento de Seguridad, ahora dirigido por Bingen Zupiria pero que lo estaba por Josu Erkoreka en el momento de los cambios, quitan hierro a estas críticas y recalcan que “siempre” que la Fiscalía ha requerido algo a la Ertzaintza se ha colaborado de manera diligente. Indican también a este periódico que “los cambios se realizaron a finales de 2023” y que en 2024 “sí ha habido relación” con el ministerio fiscal.

Las pugnas con el Gobierno vasco en materia de Medio Ambiente son casi un clásico de las memorias anuales de la Fiscalía. En la de 2022, el organismo dirigido por Carmen Adán cuestionó la voluntad de colaboración del área de Medio Ambiente en algunas causas abiertas. La entonces responsable, Amaia Barredo, con rango de viceconsejera, acabó denunciada por la propia Fiscalía e investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación al conceder la autorización al proyecto Valogreene Paper en el municipio guipuzcoano de Bergara. Barredo es ahora consejera con Imanol Pradales, aunque no de Medio Ambiente, y al estar aforada esa causa ha pasado de un juzgado de Vitoria al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es el que continuará la investigación.

Y, en 2021, la Fiscalía lamentó también la falta de medios de la Ertzaintza para hincar el diente a este tipo de delitos hasta el punto de que mostró su preferencia por la Guardia Civil, que tiene desde años un grupo especializado llamado Seprona. Hay también colectivos ecologistas -y algunos de orientación claramente abertzale- que muestran su preferencia por el cuerpo estatal frente al autonómico. El asunto levantó gran polvareda política hasta el punto de que fue uno de los puntos del acuerdo del PNV con Pedro Sánchez para la investidura de 2023. En él, se acota que la Policía prioritaria y ordinaria será siempre la Ertzaintza en este tipo de delitos con la excepción de aquellas tramas de un ámbito superior al autonómico.

Un ejemplo claro de ello sería la investigación por el envío irregular de residuos desde Gipuzkoa hasta Navarra, en el que el cuerpo elegido como Policía judicial es la Guardia Civil. Pero no es el único. La Fiscalía indica que en Gipuzkoa, por “la circunstancia de ser región fronteriza” con Francia, “algunos de los asuntos más importantes” los gestiona el UCOMA, que es como se llama el equipo central de investigación del Seprona.

La eterna falta de medios contra la corrupción

Adán insiste también, como cada año, en que también es necesario “dotar de mayores instrumentos a la investigación” de los delitos de corrupción. “Sigue siendo muy necesario”, explica en la memoria, recordando expresamente que es una apelación que hace año tras año. Además, pide que “por supuesto” se siga trabajando para ofrecer “una clara protección” a las personas que denuncian estos casos. “Sigue resultando obvia la dificultad para detectar comportamientos delictivos en el ámbito de la contratación pública”, lamenta.

La Fiscalía ha constatado un “creciente” número de denuncias anónimas sobre estos temas. “Generalmente” no vienen acompañadas de “documentación” y a veces llegan con “poca claridad expositiva” de los hechos denunciados. Así pues, el destino de la mayoría de esas comunicaciones es el archivo. En Euskadi no existe como tal una Fiscalía Anticorrupción, aunque sí un delegado para delitos económicos, José Manuel Ortiz, aunque en su ámbito de competencia hay más asuntos que la corrupción, ya que también asumen estafas, contrabando o casos similares. En Bizkaia hay cuatro fiscales, en Gipuzkoa dos y en Álava ni siquiera hay una sección especializada a pesar de que fue allí donde se originó la mayor trama hasta ahora conocida, el 'caso De Miguel', y es la capital y sede de las instituciones autonómicas.

La Fiscalía ha decidido no interponer un recurso contra la sentencia del primero de los tres juicios de corrupción por la gestión de otros tantos alcaldes consecutivos del PNV en Alonsotegi, la localidad vizcaína escindida de Barakaldo en 1991. Se trata del caso del mandato de José Luis Erezuma, ya fallecido antes del juicio, y que acabó con una absolución general a pesar de las confesiones que se habían producido hasta en tres ocasiones. “Sin perjuicio de que se pueda discrepar de la sentencia, no concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que una sentencia absolutoria pueda revisarse en apelación”, indican a este periódico fuentes del ministerio público.

En marzo trascendió un fallo absolutorio de la Audiencia Provincial de Bizkaia en la que no consideraba culpables a todos los implicados en este sumario, correspondiente a la legislatura de 2011 a 2015. El tribunal no apreció base para condenar a los implicados, el arquitecto Alberto Zulueta y los constructores Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra (Laneder), así como la técnico Marta Novo. El fallecimiento ya extinguió totalmente la responsabilidad penal de Erezuma. Los empresarios, en instrucción y en la vista, admitieron que habían cobrado unas cantidades por obras que no se habían ejecutado. El Ayuntamiento posibilitó unas adjudicaciones para captar el dinero de subvenciones urgentes de la Diputación de Bizkaia en su mayoría y derivarlo a las contratistas, unos 680.000 euros. Todos ellos y también Zulueta y Erezuma llegaron a acceder a confesarse culpables para evitar la cárcel y asumieron que el quebranto para las arcas públicas era de 900.000 euros por los intereses generados por el paso del tiempo.

La sentencia no es firme y cabía recurso. EH Bildu, partido que desde la oposición en Alonsotegi denunció estos casos y que ahora lidera ese Ayuntamiento, sí intentará corregir la resolución judicial de primera instancia. Pero no ha formulado una valoración al uso. Los letrados de esta acusación quieren que se repita el juicio celebrados. Entienden que la Audiencia Provincial de Bizkaia no ha valorado las pruebas clamorosas que existen y que muestran que los trabajos no se realizaron efectivamente y que se produjo un quebranto económico de unos 680.000 euros más intereses. Por el contrario, fuentes de la Fiscalía indican que no pueden compartir en su totalidad la decisión de esta acusación e incluso discrepan con la forma en la que se argumenta la “anulación” y la posible “repetición”. No consta tampoco que la principal afectada por la aportación del dinero, la Diputación, vaya a recurrir.

La Fiscalía, sin embargo, sí sostiene una dura acusación de cara al segundo juicio, próximo a celebrarse. Aquí se analiza la legislatura de 2007 a 2011, con Aitor Santisteban como regidor. En esencia, los hechos detectados son idénticos: subvenciones captadas para abonar facturas a empresas que no realizaron trabajos efectivos. En concreto, la investigación ha encontrado pruebas de que Laneder y Pabisa cobraron 2,3 millones de euros (el presupuesto de la localidad este año es 3,9 millones). Se solicitaron subvenciones a la Diputación de Bizkaia (1,7 millones) o al Estado (0,23 millones con cargo al 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero). Se ha pedido una fianza de dos millones de euros para los empresarios, para Zulueta y para el alcalde de la época.

El fiscal de estos casos, que es José Manuel Ortiz y que es también el delegado en Euskadi para delitos económicos a falta de una Fiscalía especializada en corrupción, ve delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude en las subvenciones y malversación, todos ellos “continuados” y no puntuales. El ministerio público demanda siete años de prisión para el exalcalde Santisteban y la inhabilitación “absoluta” para 18 años, aunque ya está alejado de la política. También pide los mismos años de cárcel para el resto. EH Bildu también está personado y eleva a nueve años las penas solicitadas por el agravante de que los delitos los cometieron cargos públicos. La Diputación vizcaína, controlada por el PNV, se ha adherido al escrito de la Fiscalía al considerar que sí hubo delitos. Finalmente, aquí se suma otra acusación: la Abogacía del Estado. También pide siete años de prisión por los fondos estatales perdidos.

¿Y el tercer juicio? Hay una tercera pieza sobre las irregularidades en la gestión de Alonsotegi. Son los hechos más antiguos pero los que más están tardando en resolverse. Se trata de la etapa de Gabino Martínez de Arenaza, de 1999 a 2007. Este caso no lo enjuiciará la Audiencia de Bizkaia sino un jurado popular. Las acusaciones aquí son algo diferentes. Lo que se revisa es la actuación de la sociedad urbanística municipal en su conjunto. Alonsotegi Eraikiz, como se llamaba, dejó un agujero de 15 millones de euros. Santisteban ha formado parte igualmente de esta causa.

La Fiscalía, al igual que EH Bildu, estudia también la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia en la que absuelve de todos los cargos a las cuatro personas que fueron juzgadas por las facturas abonadas en la localidad de Alonsotegi entre 2011 y 2015 por obras que no se realizaron. Otros dos de los investigados, entre ellos el entonces alcalde por el PNV, José Luis Erezuma, han fallecido ya. Como acusación, el ministerio fiscal sostuvo que esos movimientos económicos eran constitutivos de un delito, aunque al término del juicio se accedió a retirar el cargo de malversación de caudales públicos aunque mantuvo los de falsedad o prevaricación y demandó condenas de unos tres años de cárcel para tres de los cuatro procesados.

Son tres las causas judiciales que se han abierto por la gestión de Alonsotegi entre 1999 y 2005 como son tres los regidores imputados, todos ellos consecutivos. Los hechos fueron denunciados por EH Bildu, entonces en la oposición, pero la Fiscalía ha compartido siempre la existencia de graves irregularidades. El ministerio público ha dado máxima prioridad a este caso y situó como fiscal responsable al delegado en Euskadi para delitos económicos, a José Manuel Ortiz, la figura más similar a la de un fiscal anticorrupción.

El fallo, conocido este miércoles, ha generado una gran sorpresa en las acusaciones ya que los procesados, incluido Erezuma antes de fallecer, habían reconocido los hechos y llegaron a acceder a reembolsar unos 900.000 euros por el quebranto económico causado. Son 680.000 euros en dinero abonado a la empresa Laneder por unos trabajos que no hizo -que salieron de subvenciones de la Diputación en gran medida- más los intereses. Los empresarios de Laneder, de hecho, explicaron que no hicieron las obras por las que cobraron tanto en la fase de instrucción como en el juicio.

La sentencia, que argumenta que no hubo daño para las arcas públicas porque los 680.000 euros eran una deuda de otros trabajos previos, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es lo que analizan ahora tanto la Fiscalía como EH Bildu. Fuentes judiciales no ocultan las dudas de que pudiera prosperar una apelación pero se da la circunstancia de que el segundo de los juicios de Alonsotegi está ya muy próximo y se analizan hechos muy similares -si no idénticos- durante el mandato de Aitor Santisteban, de 2007 a 2011. Entonces también se abonaron facturas a Laneder y a otra firma, Pabisa, por obras que no se realizaron. El tercero de los sumarios, donde decidirá un jurado, es diferente y afecta a la gestión de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

Una novedad de cara al segundo juicio es que se suma como acusación la Abogacía del Estado. Como la Fiscalía, pide siete años de cárcel. El Estado entra porque los fondos para abonar facturas de trabajos inexistentes salieron también del Gobierno central en aquella época, en concreto del denominado 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, se captaron 1.783.009,17 euros para la Diputación de Bizkaia, 230.068,82 y 231.000 euros del Estado y 24.303,10 y 28.946,13 del propio Ayuntamiento de Alonsotegi.

El Gobierno de Iñigo Urkullu interpreta que el histórico dirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo perseguía enfangar al PNV con su denuncia contra la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ya archivada por la Fiscalía después de que trascendiera que había motivado una citación en calidad de “investigada” antes de Navidad. “El señor Del Burgo no tenía otro objetivo que manchar el buen nombre de Arantxa Tapia”, ha señalado el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, sobre esta derivada de un caso originado en Navarra por las ayudas públicas concedidas por el exvicepresidente foral Manuel Ayerdi, también del PNV, a la compañía Davalor Salud.

Zupiria ha afirmado que “es una situación que no es del gusto de nadie” pero que Tapia, en todo momento, había obrado con rigor, informando de su situación procesal tanto al lehendakari, Iñigo Urkullu, como a la Comisión de Ética, que como ya es habitual estimó que solamente en caso de juicio es preceptivo el cese. Según el portavoz, este tipo de denuncias son un riesgo para todos los que acceden a la política y ha lamentado haber conocido el desenlace del proceso por los medios de comunicación y no por cauces oficiales. El Ejecutivo ha recalcado que las ayudas a Davalor Salud salieron del Gobierno de Navarra, por lo que “no eran competencia” de la Administración autonómica vasca ni de Tapia. Este asunto ha coincidido con un viaje oficial a Canadá de Tapia y a Bruselas de Urkullu.

La derivada de Tapia del 'caso Davalor' llegó porque Del Burgo interpretó, a raíz de unos documentos solicitados por el PP en el Parlamento Vasco, que Ayerdi realizó las gestiones para apoyar económicamente a esa empresa después de que Euskadi negara subvenciones pero instara a Davalor Salud a que contactara con la otra ventanilla. El caso tenía muy escasos visos de prosperar ya desde el momento en que la investigación principal en Pamplona quedó cerrada por un problema con los plazos, aunque Fiscalía, PP y UPN han recurrido ese archivo para intentar que Ayerdi comparezca y dé explicaciones.

En un hecho inédito en la política vasca en todo el mandato de Iñigo Urkullu como lehendakari, iniciado en 2012 y que terminará este 2024, hace unas semanas la Fiscalía tomó declaración en calidad de “investigada” a una consejera del Gobierno vasco, en concreto a la responsable de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que tuvo que comparecer con asistencia letrada. Su citación, que tuvo lugar “antes de Navidad”, según fuentes judiciales, guarda relación con una denuncia del histórico dirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo, que interpreta que Tapia cometió “tráfico de influencias”, penado con hasta dos años de cárcel. En concreto, Del Burgo sostiene que Tapia persuadió a su homólogo navarro y compañero del PNV Manuel Ayerdi, entonces vicepresidente del Gobierno de Uxue Barkos, para conceder 2,6 millones a través de una sociedad pública a la empresa Davalor Salud.

La denuncia complementaria de Del Burgo a la pieza principal en Navarra fue trasladada desde la Fiscalía de la comunidad foral a la de la vasca. Los consejeros, como el lehendakari, son aforados y, por lo tanto, todos los casos que puedan surgir se tienen que residenciar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En Navarra, por el contrario, el aforamiento ante una eventual “responsabilidad criminal” se sustancia ante el Tribunal Supremo. De hecho, el 'caso Davalor' empezó allí hasta que Ayerdi dimitió de sus cargos y el asunto pasó a una sala ordinaria del partido judicial de Pamplona.

Esta denuncia contra Tapia fue conocida en noviembre. Desde entonces, el caso contra Ayerdi ha quedado archivado en los juzgados de Pamplona por cuestiones no de fondo sino procesales: se habían excedido los plazos. Se da la circunstancia de que el cierre de la causa principal llegó sin que Ayerdi declarara -estaba prevista la citación para diciembre- y, sin embargo, una derivada sí ha motivado la declaración de Tapia, con un papel secundario en los hechos. La Fiscalía ha recurrido el archivo de la imputación de Ayerdi, al igual que los partidos UPN y PP, personados en el proceso y que han hecho bandera política del asunto.

Después de recibir la citación de la oficina de la fiscal superior vasca, Carmen Adán, la consejera Tapia comunicó su caso a la Comisión de Ética, como es preceptivo. El dictamen llegó después de la comparecencia, el 27 de diciembre, y se ha hecho público ya en enero de 2024. Como es habitual, este órgano estima que la consejera, a la que no se menciona en ningún momento de la resolución, “puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa”. Es jurisprudencia asentada de este órgano, que está presidido por otra consejera, Olatz Garamendi, que solamente si se celebrara juicio habría motivos para separar de su puesto a un alto cargo, salvo que la causa haya generado “alarma social” o sea por un asunto grave y flagrante. De hecho, en el equipo de Tapia en 2022 y 2023 fueron imputados y ante juzgados tanto la viceconsejera Amaia Barredo, ahora diputada en Álava, como la responsable de la entidad portuaria EKP, Edurne Egaña.

En el caso de Tapia, procesalmente se está realizando una “preinvestigación”. Ni siquiera se ha abierto formalmente una causa penal. Para ello, la Fiscalía habría de encontrar indicios de delito en la actuación de la consejera y elevar el asunto a un juzgado de instrucción, en este caso del Superior. Técnicamente, la causa continúa abierta. Sin embargo, todas las fuentes consultadas consideran muy relevante el archivo en Navarra a la hora de analizar los hechos de esta derivada. Si no hay delito en que las ayudas fueran irregulares, ¿por qué habría de analizarse si Tapia empujó a Ayerdi a concederlas? En todo caso, la Comisión de Ética indica que Tapia “debe seguir colaborando con la Fiscalía” y “atendiendo puntualmente todos los requerimientos que le sean formulados”. En este proceso, el Gobierno ha puesto a disposición de la consejera sus servicios jurídicos, algo habitual cuando las denuncias son por hechos relacionados con el desempeño del cargo.

El origen del caso

Davalor Salud era una empresa especializada en mejorar problemas de visión. La 'startup' navarra se presentó como un proyecto innovador y acabó quebrando y con el empresario promotor, Juan José Marcos, declarado culpable del concurso de acreedores en la jurisdicción mercantil. El eje del caso es que Navarra procuró 2,65 millones de euros en ayudas públicas en forma de préstamos a pesar de su delicada situación económica y se analiza si la decisión se hizo contra los criterios técnicos. La imputación contra Ayerdi era por la presunta comisión de un delito de prevaricación -dictar una resolución pública a sabiendas de que es irregular- y otro de malversación de caudales públicos. En su momento se apuntó como prueba que el dirigente nacionalista actuó siguiendo una “corazonada”.

Davalor Salud tocó la puerta también del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para recibir financiación, pero se le dijo que no por su debilidad. En todo caso, el Gobierno vasco explicó en el Parlamento lo siguiente: “Al tratarse de una empresa navarra, la consejera Arantxa Tapia trasladó en una de las habituales conversaciones telefónicas con su homónimo [sic] navarro, la existencia de dicha solicitud, así como la decisión que había adoptado el Gobierno vasco al respecto”. El homólogo de Tapia era Ayerdi, y ahora se analiza si esa llamada fue más una instrucción para apoyar económicamente a Davalor Salud que un despacho entre colegas. Eso es lo que interpreta Del Burgo, que presentó un escrito plagado de errores como llamar “Tapias” a la consejera o “Urkullo” al lehendakari.

Para probar un “tráfico de influencias” habría que acreditar que Tapia hizo valer su influencia sobre Ayerdi, es decir, que existía prevalimiento o jerarquía. La denuncia de Del Burgo hace mucho énfasis en su militancia compartida en el PNV, aunque por rango el segundo era miembro del Euzkadi Buru Batzar por ser presidente del partido en Navarra y Tapia no tiene ninguna responsabilidad orgánica ni la ha tenido nunca. Y habría que probar igualmente que ello le generara un beneficio, siquiera indirecto. Del Burgo sostiene que Davalor Salud tenía como principal acreedor a la Fundación Tekniker, una entidad privada pero que tiene al Gobierno vasco como patrono y aportando el 30% de los ingresos, según sus propios datos. La denuncia menciona igualmente que otra empresa a la que Davalor Salud debía dinero era Vicomtech, cuyo “director actual es Julián Flórez, marido de la consejera”. En todo caso, Tapia -la única junto con Josu Erkoreka que lleva desde 2012 en el gabinete de Urkullu- siempre ha dado cuenta de este conflicto de intereses y siempre se ha abstenido en asuntos relacionados con Vicomtech, como consta en documentos públicos. Hay al menos cinco desde que se publican en el portal de Transparencia.

La fiscal superior, Carmen Adán, se ha felicitado de que poco a poco esté calando la idea de que quienes son testigos de una agresión sexual o de un caso de 'bullying' sin ayudar a la víctima y oponerse a ello son cómplices también del delito. Adán, citando el ejemplo de las violaciones en manada, ha afirmado que “el que está en el grupo contribuye de manera eficaz” a intimidar a la víctima y facilitar los hechos. Y también ha desterrado la idea de que “la actitud pasiva” en un aula “no tiene consecuencias”. “Todo el grupo tiene que ser partícipe” contra el acoso, ha explicado.

Adán ha hecho una panorámica este lunes en el Parlamento Vasco de la situación delincuencial en Euskadi. En medio de la eterna duda en torno a si el aumento de casos conocidos supone que hay más criminalidad o simplemente que se denuncia más, ha hablado de cuestiones más vinculadas con las instituciones, como el Medio Ambiente o la corrupción, pero también de cambios sociales. “Es evidente que falta de educación sexual o el acceso a la pornografía en edad temprana hace que cada vez haya más autores menores que no tienen conciencia de estar cometiendo un delito de agresión sexual”, ha puesto como ejemplo. “Hacen lo que han visto en la televisión o en las redes”, ha añadido.

La fiscal superior vasca se ha referido también a la “esencial” e “importante” coordinación policial para combatir la violencia de género, que presenta “cifras demasiado elevadas”. Ha señalado que “es muy grave” que todavía hoy no estén interconectadas las bases de datos de la Ertzaintza, EBA, y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el denominado Viogen. El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, prometió recursos en los presupuestos de 2024 para acometerlo, pero la Fiscalía insta ya “a superar los obstáculos”. Este mismo año, en mayo, una mujer con el máximo nivel de protección en Valencia vino a Vitoria, su localidad natal, y no tuvo custodia porque ella misma manifestó que la rechazaba. El caso acabó con el asesinato de esta joven, que estaba embarazada y que tenía otro menor a su cargo que fue testigo de los hechos. Precisamente sobre los menores, Adán ha indicado que ya no va a ser necesario que sean testigos visuales de la violencia contra sus madres, sino que bastará con que “lo oigan” o lo “perciban” para que sea un indicio más en la investigación.

En todo caso, Adán ha indicado que la Justicia sí es más ágil con la violencia hacia las mujeres, la seguridad vial y los delitos contra el patrimonio que en otras ramas. Como cifra, ha asegurado que en 2022 se suspendieron 3.600 juicios, el equivalente a un 20% de los 20.000 programados. Ha recalcado, igualmente, que el centenar de efectivos que componen el ministerio público en Euskadi es insuficiente para cubrir todas sus funciones y también que sigue habiendo algunas carencias de tipo material. Y ha destacado que un elevadísimo número de casos se cierran con acuerdos de conformidad, es decir, con los acusados asumiendo el delito a cambio de una rebaja de la condena. Son entre el 40% y el 50% en Bizkaia pero entre el 75% y el 85% en Álava y en Gipuzkoa.

La fiscal superior, Carmen Adán, ha alertado este lunes en el Parlamento Vasco de que la Ertzaintza tiene pocos efectivos dedicados a delitos contra el Medio Ambiente o de corrupción y que, además, los especialistas suelen abandonar sus puestos al poco tiempo. “En el tema de Zaldibar, por ejemplo, hicieron un gran trabajo. Pero parte de los miembros se van. No resisten. Hay cambios y no suficiente inversión”, ha explicado Adán, que lleva ya años alertando de disfunciones en las unidades especializadas de la Policía vasca que han llevado a que, particularmente en el caso de los delitos ambientales, muchos jueces y fiscales hayan optado por comisionar a la Guardia Civil y no la Ertzaintza como Policía judicial, aunque el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el PNV busca atajar esta práctica. Asimismo, ha considerado positiva la idea de la Fiscalía de Navarra de 'fichar' a asesores especialistas en delitos económicos para mejorar las investigaciones.

Adán ha recalcado igualmente en la Cámara las reflexiones que ya hizo por escrito en la memoria de 2022 de la Fiscalía, dada a conocer en septiembre. La colaboración del Gobierno de Iñigo Urkullu en la lucha contra la criminalidad ambiental no es suficiente, interpreta. Como ejemplos, ha señalado que “todos” los casos sobre vertidos en ríos llegan por denuncias de particulares y organizaciones mientras que “no hay ni una sola investigación que llegue de la Administración”. También ha considerado “acreditado” que en un caso complejo de Álava, con “23 encausados por blanqueo, contrabando o vertidos”, no fue ágil la respuesta de Medio Ambiente del Gobierno, por lo que hubo que pedir “apoyo” a la Fiscalía general y a la Guardia Civil cuando “se podría haber hecho desde la Administración autonómica”.

Según Adán, hay ocasiones en que el Ejecutivo vasco “se excusa” de cumplir los requerimientos judiciales, en que “no tiene conocimiento” de las actividades de algunas empresas o que entrega informes que apenas sí responden a unas preguntas, sin más profundidad. “No casa bien con esas labores inspectoras [que son de su competencia]”, ha recalcado la fiscal. Y ha añadido: “Las administraciones tiene atalayas privilegiadas. Lo suyo es que tengan capacidad de iniciativa que en este territorio no vemos”. El Ejecutivo ya respondió en el Parlamento mostrando que no es ésta la realidad.

En su comparecencia, ha dejado claro que no busca un “conflicto” institucional sino ganar en eficacia. “Sin ningún ánimo de colisión, hacemos constar lo que hay y lo que vemos”, ha explicado en una comisión parlamentaria en la que ningún partido político, ni PP, ni Elkarrekin Podemos-IU, ni EH Bildu, ni PSE-EE ni PNV, han preguntado a la fiscal por la investigación que ella misma mantiene abierta sobre la actuación de la consejera Arantxa Tapia tras una denuncia derivada del 'caso Davalor' de Navarra. Adán ha deslizado el dato de que están siendo investigados ahora mismo “seis aforados” pero tampoco aquí los partidos presentes en el debate parlamentario han requerido mayores explicaciones. La fiscal se ha referido, igualmente, a que continúan llegando a su oficina decenas de denuncias sobre posibles irregularidades. La mayoría son anónimas. “El ciudadano no se muestra para dar el dato concreto del delito”, ha apuntado Adán.

La Fiscalía superior vasca ha admitido a trámite y abierto diligencias para investigar una denuncia presentada por el exdirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo contra la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a la que acusa de tráfico de influencias. Del Burgo ha aportado datos que, según su tesis, vinculan presuntamente a Tapia con el denominado 'caso Davalor', por el cual se analiza si el que fuera homólogo de Tapia en el Ejecutivo navarro, Manuel Ayerdi, que también era presidente del PNV en Navarra, concedió de modo irregular 2,6 millones en ayudas públicas a la empresa Davalor Salud.

La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de Navarra, según ha recogido 'Diario de Navarra', pero ha sido trasladada a la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al tratarse de un cargo aforado. Por el momento, según fuentes judiciales, el expediente está en una fase muy incipiente, aunque ya se ha acordado la apertura de diligencias. No se trata de una imputación penal, ya que la Fiscalía dispone de seis meses para realizar una preinvestigación que incluso son prorrogables. Después, se estimará si se presenta una denuncia para abrir una causa ordinaria o si se archiva el asunto.

En el inicio de la legislatura actual, el PP preguntó a Tapia por la relación del Gobierno de Iñigo Urkullu con Davalor Salud, que también pidió apoyo a la comunidad autónoma vasca. La respuesta entonces fue que Tapia “trasladó en una de las habituales conversaciones telefónicas con su homónimo navarro” la existencia de dicha solicitud y que se había acordado no intervenir a pesar de que la Spri, el equivalente a SODENA, había recibido una petición a ese respecto.

La Comisión de Ética del Gobierno vasco tiene una larga 'jurisprudencia' ya y estima que la mera denuncia o investigación a un alto cargo no es motivo para plantear su destitución o cese. Es más, el criterio asentado es que solamente en caso de que se abra juicio se acordará una medida de ese calado. Se da la circunstancia de que el Departamento de Tapia acumula en los últimos meses una denuncia de la Fiscalía tras una investigación previa contra la exviceconsejera Amaia Barredo por la autorización del proyecto Valogreene Paper de Bergara, la investigación contra la directora de Puertos, Edurne Egaña, por el litigio de los amarres de Donostia e incluso un tirón de orejas en la memoria del ministerio fiscal por falta de colaboración en la investigación de delitos ambientales.

El conocido como 'caso Davalor' es la causa abierta contra el exconsejero navarro de la coalición Geroa Bai Ayerdi, quien está siendo investigado por el juzgado de Instrucción 2 de Pamplona por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a la luz de la posible concesión irregular de ayudas por valor de 2,6 millones de euros a una empresa que se encontraba en una situación de crisis y que terminó en concurso de acreedores, Davalor Salud. La dimisión de su cargo en el Ejecutivo foral hizo que perdiera su aforamiento y que el asunto se ventile siguiendo los cauces ordinarios.

Estos hechos por los que se le investiga, y por los que tuvo que dimitir como consejero en 2021, se remontan a la legislatura 2015/2019, cuando fue vicepresidente del Ejecutivo liderado por Uxue Barkos y consejero de Desarrollo Económico. Por su cargo, ejercía como presidente del consejo de administración de la entidad parapública Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA). Fue entonces cuando, según UPN, partido que se querelló contra él y del que formó parte Del Burgo, Ayerdi actuó obedeciendo a “una corazonada” y tomó la decisión con un “carácter totalmente personal” de conceder en septiembre de 2015 a la empresa un préstamo de un millón de euros. Se arguye que lo hizo “sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia”. El partido regionalista añade que entre 2015 y 2017 el consejero nacionalista volvió a conceder a Davalor Salud cinco nuevos prestamos hasta sumar un montante total de 2,6 millones de euros.