Barredo admite que ocultó que estaba siendo investigada por la Fiscalía antes de ser nombrada diputada foral en Álava

Amaia Barredo, diputada foral alavesa de Medio Ambiente denunciada por la Fiscalía y pendiente de investigación por la presunta comisión de un delito de prevaricación cuando era viceconsejera de la misma materia en el Gobierno vasco, ha comparecido cuatro meses después de su nombramiento y de que trascendieran estos hechos en las Juntas Generales. Y se ha presentado como afectada. En su exposición, aunque no ha podido dejar de admitir que ocultó a Ramiro González su situación procesal ya que no le dio importancia, como adelantó este periódico, ha sido contundente en su convencimiento de que será absuelta: “Yo no he prevaricado”. Asimismo, en su exposición en el Parlamento foral ha cuestionado la acción de la Justicia, las publicaciones de los medios de comunicación y la actuación de la oposición y, además, ha revelado el nombre del denunciante -cuando hay normativa para protegerlos- y asegurado que ya había recibido “amenazas” de que irían a por ella si se continuaba con el proyecto de Valogreene Paper de Bergara, en Gipuzkoa.

“Me he sentido muy mal. Aunque estoy muy tranquila porque he sido honesta y he cumplido la ley, no me he sentido respetada en mis derechos fundamentales. [Ha habido] Acusaciones permanentes, hablando de imputación cuando no hay investigación. Un poco de respeto al léxico, por favor. No es lo mismo estar investigado a no estarlo. Hay un derecho fundamental a la presunción de inocencia. No se ha respetado en este caso”, ha señalado Barredo. Ha insistido mucho en que nada conoce del procedimiento judicial contra ella. Sin embargo, al tiempo ha aportado dos detalles: ha dicho que “está llamada por parte de la Fiscalía a declarar la arquitecta del Ayuntamiento [de Bergara]” y la frase “tengo la condición de investigada”.

¿En qué consiste el caso de Barredo? Valogreene Paper, muy en líneas generales, es un proyecto de tratamiento de lodos de papelote y de depuradora para su aprovechamiento. En un inicio, recibió luz verde urbanística del Ayuntamiento de EH Bildu en la localidad guipuzcoana, pero el alcalde, Gorka Artola, revocó después la licencia. El PNV de Gipuzkoa opinó entonces que lo hizo “bordeando peligrosamente la prevaricación administrativa”, el mismo delito del que ahora está acusada Barredo.

La Fiscalía recibió una denuncia de Ekologistak Martxan y, tras una preinvestigación, encontró indicios de delito al entender que la autorización del Gobierno vasco, firmada por Barredo y por su colaborador, Javier Agirre Orcajo, que todavía sigue siendo alto cargo en el Ejecutivo autonómico, siguieron adelante a pesar de conocer que Valogreene Paper ya no tenía “compatibilidad urbanística” municipal. Así las cosas, el ministerio público -por medio de la fiscal Andrea Suárez- elevó el caso al juzgado de Instrucción 3 de Vitoria, cuya titular es la magistrada María Elena Rodríguez Molpereces. El caso está parado en esa sala e incluso ha llegado ya una ampliación de denuncia formulada nuevamente por Ekologistak Martxan sin que se haya producido ningún movimiento, según indican fuentes judiciales.

Cuando Barredo recibió la denuncia de la Fiscalía -ha criticado que la fiscal ni siquiera pidió apoyo a la Policía Judicial o declaraciones de testigos técnicos-, lo comunicó a su consejera, a Arantxa Tapia. Y elevó el asunto a la Comisión de Ética. Como es costumbre, este organismo emitió un dictamen anónimo en el que le dio luz verde para seguir en el cargo salvo que se abriera un juicio contra ella fruto de las pesquisas. Lo mismo ocurrió con Agirre Orcajo. De ahí salieron las primeras informaciones sobre el asunto.

Sin embargo, tras las elecciones forales, Ramiro González ofreció a Barredo incorporarse al Gobierno de Álava como responsable de una cartera de peso que aúna Medio Ambiente o Agricultura. En ese proceso, ella no informó ni al Araba Buru Batzar, el partido en Álava, ni al propio diputado general. Solamente al final de su larga intervención en las Juntas Generales y luego de que la oposición, en concreto EH Bildu, le acusara de irse “por peteneras” cuando salía el tema, ha indicado: “Al diputado general no se lo había trasladado, entendiendo que como mi actitud había sido honesta esto no iba a prosperar. No le di más importancia”. A González esta crisis política se le abrió a las 24 horas de presentar su equipo de Gobierno, lo consultó con el PNV y tampoco le pudieron dar información. En el Ejecutivo, el asunto no había pasado igualmente de las paredes del Departamento de Tapia. No lo conocían ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni el portavoz, Bingen Zupiria. Sin embargo, Barredo sí ha dicho que lo habló con el Gipuzko Buru Batzar, el PNV de Gipuzkoa dirigido por Joseba Egibar. ¿Por qué? “Habíamos sido amenazados de que íbamos a recibir esta denuncia”, ha manifestado.

Barredo ha sido muy insistente en que el caso quedará en nada. “Respecto a la acusación de prevaricación, la resolución no reúne los criterios ni de injusticia ni de arbitrariedad”, ha dicho. La prevaricación, un delito no penado con prisión, comporta la adopción de una resolución administrativa irregular a sabiendas de que lo es. Y ahí la ahora diputada se agarra en que siempre siguió el criterio de los funcionarios. “Lo hemos hecho bajo el aval de un potente equipo de profesionales”, ha recalcado. Y ha seguido: “Han participado diferentes equipos técnicos y miembros de equipos internacionales. Lo que les estoy diciendo es que el equipo técnico que tiene el Gobierno vasco es de lo mejor que tiene cualquier comunidad autónoma de este país. Son los que representan al Estado en la Unión Europea”.

También ha asegurado que es bastante común que haya imputaciones en Medio Ambiente. “Los tres viceconsejeros y los tres directores de las últimas legislaturas están de alguna manera denunciados. No se pueden hacer a la idea de lo que supone. Si queremos que a la cabeza de este país haya personas competentes, ya podemos cambiar el discurso. Acabarán saliendo todos huyendo”, ha apostillado.

Antes de Barredo, ha comparecido el propio González. Ha justificado la tardanza de cuatro meses en ofrecer las explicaciones por los procedimientos propios del arranque de una legislatura y ha señalado que “en cuanto ha sido citado” ha acudido. “Si alguien tiene interés en comparecer cuanto antes, es el Gobierno foral”, ha asegurado. Sobre su papel, ha reseñado que “en cuanto tuvo conocimiento” de las noticias sobre Barredo elevó el asunto a la Comisión de Ética foral. Ha recordado que ya en septiembre emitió su dictamen en el mismo sentido que la comisión autonómica equivalente. Solamente si se llega a juicio deberá prescindir de la responsable de Medio Ambiente. Pero, ha matizado: “Tengo plena confianza en ella, en que actúa con escrupuloso respeto de la legalidad. Estoy convencido de que no va a ocurrir”. Desde la oposición, EH Bildu, PP, Elkarrekin y Vox han coincidido en criticar la gestión de este caso. “Esto no es un batzoki”, ha llegado a decir Ana Morales, portavoz 'popular'.