Toda amnistía plantea un dilema entre la búsqueda de justicia y la necesidad de reconciliación. Esta máxima, que se repite desde la antigua Grecia, es la que encabeza el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dean Spielmann sobre la ley de amnistía al procés. Sus conclusiones se sitúan en una línea favorable a las tesis del Gobierno: la norma se aprobó en un contexto de “reconciliación política y social” y no es una “autoamnistía” de los independentistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el fondo como en la forma, las conclusiones del abogado general son contrarias a las posiciones mantenidas por el Tribunal Supremo y los demás tribunales españoles refractarios a la ley. También suponen una respuesta contundente a la consideración de “autoamnistía” que alegó el abogado de la Comisión Europea, en una inusual crítica política a la norma en el seno de un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

Aunque el Gobierno y los independentistas han cantado victoria, cabe remarcar que las conclusiones de este jueves del abogado general del TJUE no son la sentencia del caso, que se emitirá en invierno. Es cierto que los magistrados de Luxemburgo suelen seguir las opiniones del abogado general, pero en casos sensibles e inéditos también son especialistas en dar giros de guion. Sirvan de ejemplo causas enviadas desde España como las cláusulas hipotecarias abusivas o la de derecho al olvido de Google, en las que los magistrados enmendaron a su abogado general. 

El propio abogado general Spielmann admite en su dictamen que tiene que argumentar sobre una “cuestión inédita y de primera importancia”: hasta dónde puede llegar el TJUE en el control sobre una ley de amnistía aprobada por un estado miembro. Los detractores de la amnistía que soñaban con un desguace de la ley por parte de los magistrados de Luxemburgo no pueden estar satisfechos con las conclusiones del abogado general.

Salvo volantazo, de seguir las conclusiones de su abogado general, el TJUE se situaría en una posición de prudencia y de no injerencia en los grandes aspectos de la amnistía. Así, el abogado general hace mucho hincapié en que no se trata de que Luxemburgo se adentre a valorar el “alcance material o temporal” de la norma, esto es, si la ley precisa lo suficiente sus beneficiarios o sus años de aplicación, sino en si alguno de sus artículos incluye “actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos”.

La respuesta a este extremo también es negativa. Lo hace en uno de los aspectos de la norma que más preocupaba a los independentistas, el relativo a la causa por terrorismo de los CDR en la Audiencia Nacional, uno de los cuatro tribunales que ha planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la amnistía. El límite fijado en la ley, consistente en no amnistiar únicamente los actos terroristas que supongan violaciones graves de derechos humanos (lo que no es el caso de los CDR), es correcto y compatible con la normativa europea e internacional.

A criterio del abogado general, la ley solo es contraria al derecho europeo en dos aspectos menores y ya superados: los dos plazos que la ley daba en junio de 2024 a los jueces para decidir si la aplicaban y la obligación de retirar las cautelares.

Pero en sus aspectos nucleares, la norma no presenta inconvenientes, en opinión de Spielmann. Además de no ser contraria a los intereses financieros de la UE y a la normativa antiterrorista, el abogado general también remarca que la norma no vulnera los principios generales de seguridad jurídica, confianza mutua, igualdad ante la ley y primacía del derecho de la UE consagrados en los tratados comunitarios. 

Lo contrario había mantenido el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal realizó varias manifestaciones sobre la norma y su encaje en el derecho europeo, aunque optó no por enviarla al TJUE, sino por realizar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Entre sonoras alusiones a los independentistas como “golpistas”, los magistrados de la máxima instancia judicial española dejaron caer que la vulneración que, a su juicio, suponía la norma al principio de seguridad jurídica o a la igualdad ante la ley no eran “ajenas” al Derecho de la Unión Europea.

En cambio, el abogado general insiste en que los principios de seguridad jurídica y confianza mutua “no se oponen” a la ley. Es más, cree que ese debate debe quedar fuera del TJUE, que solo ha de analizar si la norma incluye graves vulneraciones de derechos humanos, algo que no ocurre con la amnistía.

“Aunque la amnistía presenta un ámbito de aplicación material y temporal amplio, se inscribe en una lógica interna que le confiere una coherencia propia”, resuelve el abogado general, que también da la razón al Gobierno español al señalar que la norma “identifica con precisión” los hechos amnistiados, abarca “un periodo determinado” y guarda “relación directa” con el objetivo de “normalización institucional y reconciliación social”.

Esta tesis del abogado general también choca con lo planteado por el letrado de la Comisión Europea en el pleito por la amnistía, Carlos Urraca, y varias resoluciones del Supremo contrarias a la norma. 

En un ejemplo de puño de hierro con guante de seda, el abogado general considera “oportuno tocar la cuestión de la autoamnistía” que sacó a colación Urraca durante la vista celebrada el pasado mes de julio. “Aunque no sea objeto de una problemática específica en la petición de decisión prejudicial”, apostilla Spielmann en velada referencia a la crítica política desplegada por el letrado de la Comisión.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, proclamó Urraca. “Nada permite calificar a la ley de amnistía como autoamnistía”, replica el abogado general de la UE, que también descarta que sustraiga de funciones al poder judicial y que exista “un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida”.

La palabra “vínculo” también apareció en uno de los autos del Supremo contrarios a la norma, pero en un sentido opuesto al del abogado general del TJUE. La Sala de lo Penal consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además había sido “proclamado con orgullo” por los partidos favorables a la norma.

La conclusión del abogado general es cristalina: “La ley no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles situaciones judiciales, sino dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

La futura sentencia y sus efectos

Las futuras sentencias del TJUE sobre la amnistía desplegarán efectos en los cuatro tribunales españoles que elevaron sus cuestiones prejudiciales: la Audiencia Nacional en el caso de los CDR; el Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos del procés; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los colaboradores de Junqueras y el 1-O; y un juzgado penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en un juicio por desobediencia. 

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si la sentencia sigue la opinión del abogado general, estas causas deberán archivarse con celeridad, ya que los planteamientos de Spielmann no dan margen de maniobra para otra interpretación que no sea la aplicación de la amnistía. 

Otra cosa es lo que ocurra en el Supremo y si el Alto Tribunal, una vez el Constitucional emita su sentencia sobre la amnistía a Puigdemont a principios del año que viene, quiere retrasar la aplicación de la norma con una cuestión prejudicial al TJUE.

Para ello el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación y la afectación de la norma a los principios de seguridad jurídica, que aborda el abogado general en su dictamen).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado. Así lo recuerda también el abogado general este jueves.

El dictamen de Spielmann recuerda que Aristóteles dejó escrito en La Constitución de los atenienses que la amnistía de Atenas a la Tiranía de los Treinta en el año 403 a.C. ya incluía la “voluntad explícita de reconciliación política”. Lo mismo ocurre más de 2000 años después en otra orilla del Mediterráneo.

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma. El TJUE emitirá la sentencia del caso en los próximos meses.

Más allá de consideraciones jurídicas, el texto del abogado general del TJUE replica con contundencia las críticas políticas a la norma lanzadas por el abogado de la Comisión Europea (que se alineó con las posiciones del PP). El abogado general niega que la ley sea una “autoamnistía”, avala toda su tramitación y la enmarca en el objetivo “de normalización institucional y reconciliación”, tal y como defiende el Gobierno.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar.

Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, extremo que este jueves ha desmentido de forma rotunda el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

Tras despejar de forma clara las dudas jurídicas sobre la norma, el letrado general también replica a las inusuales críticas políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en la vista del pasado mes de julio. El abogado de la Comisión cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura y la llegó a tildar de “autoamnistía”.

La respuesta del abogado general es clara. “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, zanja Spielmann en su texto. El abogado general agrega que la norma se aprobó en el Congreso fruto de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

El abogado general también niega que la amnistía suponga arrogarse las funciones del Poder Judicial. “Su aplicación no se sustrae al control judicial”, remarca el texto de Spielmann, que remarca que la norma está bien acotada en cuanto a hechos y plazo temporal: “Se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”.

La norma, insiste el abogado general en una larga argumentación, “no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”. Todo lo contrario, se trata “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

En suma, a falta de la sentencia del TJUE, el abogado general se alinea con las tesis del Gobierno, que en la vista de Luxemburgo defendieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y realiza una réplica de profundidad a las críticas políticas a la norma realizadas por la Comisión Europea y varios tribunales españoles.

Reacciones políticas

Pese a no tratarse de la sentencia del caso, las reacciones políticas se han sucedido este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la decisión y ha pedido que se aplique “con celeridad y sin subterfugios” una ley que considera que es buena para Catalunya y España: “Siempre confiamos que sería así”. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de “victoria rotunda” la resolución del abogado general del TJUE.

Por su lado, el independentismo ha confiado en que la futura resolución del TJUE siga los pasos de la opinión del abogado general. El expresident Carles Puigdemont ha valorado que el dictamen “deja en evidencia la indecente estrategia de dilación y manipulación para bloquear la aplicación de la ley de amnistía”, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que el letrado “avale las tesis que ERC ha defendido siempre”, al tiempo que ha criticado la intención “manifiesta” del Supremo de no aplicar la norma.

En cambio, el PP se ha agarrado a los cuestionamientos menores de la norma que hace Spielmann. Obviando que el abogado avala el grueso de la norma, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha arremetido de nuevo contra la ley.

A la espera de sentencia

El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha.

A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Las conclusiones del abogado general van en la línea de las expectativas independentistas y no dan margen de maniobra a los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales para no aplicar la ley.

De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo.

Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses.

La amnistía ha quedado vista para sentencia en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecerá en los próximos meses el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La vista de esta martes ha estado marcada por el choque entre el representante de la Comisión Europea, muy crítico con la ley, con los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los encausados, que han defendido la legalidad de la norma.

De la decisión del TJUE depende el futuro judicial de una docena de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de delitos por los que se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. También 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas, después de que el Tribunal de Cuentas también elevara una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si la amnistía tiene cabida dentro del derecho comunitario. Los jueces tienen ya los argumentos de las defensas de los acusados y de las acusaciones (Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo), aunque el epicentro de la vista celebrada este martes ha sido el choque entre España (abogacía del Estado y Fiscalía) y la Comisión Europea.

En línea con lo que el gobierno comunitario expresó en sus observaciones por escrito, el letrado ha cuestionado el “interés general” que el Gobierno le atribuye a la normativa. Pedro Sánchez siempre ha defendido que se trata de una iniciativa para enterrar el conflicto político en Catalunya. “No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha expresado el agente Carlos Urraca Caviedes.

También ha mantenido los argumentos con un mayor calado político que generaron malestar en el Gobierno, que consideró que los servicios jurídicos de la Comisión Europea se excedieron en su interpretación y lo vincularon con la cercanía al PP del jefe del departamento, que ha desarrollado su carrera en Bruselas de la mano de los conservadores. A pesar del cambio en la cúspide de ese organismo, la línea se ha mantenido en los argumentos esgrimidos por el gobierno comunitario, que también chocan con la posición del Tribunal Constitucional.

“Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Urraca Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

Y el colofón ha llegado en el alegato final, tras ocho horas de vista. “La Comisión Europea cree que en último término este asunto suscita una cuestión importante, que es la siguiente: si es compatible con los valores de la Unión Europea conceder la amnistía a cambio de apoyo para la investidura de un gobierno. La Comisión Europea cree que la respuesta tiene que ser negativa”.

En contra se ha topado con la Fiscalía, que ha justificado que las amnistías sean el resultado de una negociación política. En la misma línea se ha pronunciado la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, que ha recordado que el afán de la recuperación de la normalidad y la convivencia dentro Catalunya y con el resto de España. “Por principio una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha defendido.

La parte de las preguntas que ha planteado el Tribunal de Cuentas se ha centrado fundamentalmente en el límite de dos meses para aplicar la amnistía. Ahí se ha producido el otro gran choque con la Comisión Europea, que considera que no da margen a que investigue si los gastos del procés perjudicaron a los intereses de la UE. Y sostiene que ese es el organismo jurisdiccional que lo tiene que determinar, aunque la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados y de los intereses del bloque comunitario. De hecho, la Comisión Europea rechaza que el procés afectara a las cuentas europeas.

El fiscal ha recordado que ese precepto no ha surgido en ninguno de los procesos judiciales que durante años se han celebrado en torno al secesionismo catalán hasta el momento en el que se promulgó la amnistía. La abogada del Estado ha defendido la necesidad de establecer plazos procesales y ha apuntado a que no ha habido ninguna consecuencia para los organismos que no hayan adoptado aún las medidas de la ley de amnistía. Igualmente, se han suspendido en el momento en el que se han elevado las cuestiones prejudiciales al TJUE, que tardará unos meses en pronunciarse.

Aunque a priori la parte de la malversación, por la afectación a altos cargos como Puigdemont o Junqueras, se llevaba el foco, no ha sido así para los jueces que componen la Gran Sala, que han formulado muchísimas más preguntas sobre el encaje de la amnistía a los acusados por terrorismo en el marco de la directiva con la que la UE armonizó esos delitos con unos tipos mínimos.

Los jueces han interrogado a las partes por la aplicación de la amnistía a esos delitos, que quedaron excluidos en la ley en aquellos casos en los que no hubiera vulneración de los derechos humanos, es decir, que no hubiera resultado de muerte o tortura. Ese es el asunto que mayor interés ha suscitado para los magistrados.

No despenaliza conductas punibles

Los argumentos de la abogada del Estado han sido que es que la amnistía no despenaliza las conductas punibles, ni modifica su descripción típica o elimina o introduce elementos determinantes de la punibilidad con proyección hacia el futuro. “Se limita a suprimir los efectos jurídicos de la aplicación de unas normas cuya validez y vigencia no cuestiona”, señala la letrada en referencia a que los efectos del perdón tienen que ver con conductas del pasado sin que ello suponga un riesgo sistémico que pueda comprometer la efectividad del Derecho de la Unión.

Ahí también hay una diferencia de criterio con la Comisión Europea, que ha sugerido que el ámbito de aplicación de la amnistía es demasiado amplio, aunque ha dado varios giros en la argumentación. “Observamos que el ámbito de aplicación es muy amplio y hay mucha indeterminación. Por eso se puede violar el efecto útil de la directiva”, ha dicho el representante de la Comisión Europea, que después ha asegurado que corresponde determinar ese tipo de cuestiones al tribunal nacional. Pero apenas se ha centrado en ese asunto en su intervención final, en la que ha dejado el gran golpe político a la amnistía al asegurar que no es compatible con los valores de la UE.

Serán los jueces los que tengan la última palabra, aunque todavía tardarán unos meses en pronunciarse. Y, entre tanto, en Madrid, Sánchez trata de mantener las alianzas con las fuerzas independentistas.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha celebrado este martes la vista sobre las cuestiones prejudiciales de la amnistía que establecerán el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La primera parte de la jornada se ha desarrollado en torno a la causa que afecta al Tribunal de Cuentas y por la tarde le ha tocado el turno a las preguntas elevadas por la Audiencia Nacional respecto al perdón a los CDR. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los encausados han unido fuerzas en su defensa de la norma frente a los denunciantes de Sociedad Civil Catalana, que ven incompatible la amnistía con las normas europeas. Por su parte, la Comisión Europea ha cuestionado el “interés general” detrás de la normativa, aunque rechaza el elemento fundamental por el que el asunto ha llegado a Luxemburgo al negar que el procés afectara a los intereses económicos de la UE. Y, en el alegato final, el representante ha lanzado el dardo más político al asegurar que la medida “a cambio de la investidura de un Gobierno” es “incompatible con los valores de la UE”.

“No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha afirmado el representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, que también pone en duda que las autoridades españolas atendieran “a las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”. En ese sentido, censura que se tramitara por la vía de urgencia y ha recriminado que no hubiera informes de organismos independientes.

La abogada del Estado ha precisado que la tramitación urgente no elimina la presentación de informes preceptivos (que sólo se requieren cuando la iniciativa parte del Consejo de Ministros) sino que se limita a acortar los plazos. “Se cumplieron todos los trámites de ese procedimiento”, ha dicho letrada al recordar que la proposición de ley la presentó el PSOE en el Congreso.

“Una división profunda y virulenta”

En contra del principal argumento político de Pedro Sánchez para justificar la amnistía, que se fundamenta en la convivencia y la resolución del conflicto político en Catalunya, la Comisión Europea apunta a “una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española”. La derecha llevó incluso a Bruselas su ofensiva contra la amnistía.

“Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo, con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la invocada reconciliación social y política”, ha reiterado el letrado en línea con lo que el ejecutivo comunitario reflejó ya en sus observaciones por escrito. Ese texto no sentó nada bien al Gobierno, que señaló al jefe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, Daniel Calleja, cuya carrera en Bruselas ha estado ligada al PP. Carlos Urraca Caviedes, también español y experto en asuntos de competencia, está por debajo en el escalafón.

“Existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la LOA sean claras y precisas”, ha agregado el letrado que, sin embargo, ha reconocido que determinarlo correspondería al Tribunal de Cuentas, que ha planteado cuestiones prejudiciales en el marco de la presunta malversación que afecta a 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas.

La Fiscalía defiende la negociación política de la amnistía

Por su parte, la Fiscalía ha recordado que lo normal es que los procesos de amnistía se negocien políticamente. El fiscal también ha rechazado el concepto de “autoamnistía” que introdujo la Comisión Europea en sus alegaciones por escrito y que el agente de la Comisión Europea ha reiterado. “Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, ha recordado que la norma siguió la correspondiente tramitación parlamentaria y ha asegurado que “no puede considerarse en ningún caso una autoamnistía”. “Por principio, una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha afirmado.

No obstante, el énfasis de su defensa lo ha puesto en que la amnistía no supone un perjuicio para los intereses económicos de la UE que, según ha recordado la representante, Andrea Gavela Llopis, es el único supuesto en que el TJUE podría rechazarla.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía, que se han aferrado al aval del Tribunal Constitucional, han recordado que los procedimientos judiciales en España no apuntaron en esa dirección en ningún momento. El representante del Ministerio Público, Manuel Martín-Granizo, ha asegurado que el asunto sólo se suscitó una vez que se había aprobado la ley.

Tampoco la Comisión Europea encuentra perjuicio para los intereses de la UE. “No parece que la disminución de la renta nacional bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión”, ha defendido el letrado en contra de lo que sugiere el Tribunal de Cuentas.

A pesar de que da por hecho que no hay ese daño para las finanzas comunitarias, el gobierno comunitario cuestiona que se imponga un plazo de dos meses para aplicar la amnistía: “Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal”. “En opinión de la Comisión las cuestiones prejudiciales no son hipotéticas ya que el Tribunal de Cuentas se ve en la imposibilidad de constatar una posible violación del derecho de unión debido a que el Derecho procesal nacional no se lo permite o sólo dificulta el sentido de la jurisprudencia mencionada en la cuestión del Tribunal”, ha expresado Urraca Caviedes.

Ese planteamiento choca con la realidad procesal: no ha habido consecuencias ante la decisión de algunos órganos jurisdiccionales de no aplicar la amnistía. Es el argumento que ha utilizado la abogada del Estado, que ha asegurado que “la independencia del tribunal no está en juego”: “Ha transcurrido con creces el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Amnistía sin que se haya materializado ninguno de los peligros que plantea: la realidad es que el Tribunal de Cuentas no ha resuelto sobre la aplicación de la ley a los demandados, ha suspendido el procedimiento principal y no ha procedido al alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en su seno, quedando a la espera de la resolución del asunto ante el Tribunal de Justicia”.

En esa misma línea se ha pronunciado el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha recordado que los jueces del procés tardaron más de 300 días en dictar sentencia. “No afecta a la aplicación. No es un plazo real”, ha asegurado sobre el plazo establecido en la norma, que se ha incumplido ya: “Dos meses no limitan la justicia, la garantizan”.

Una de las preguntas del tribunal a la abogada del Gobierno ha tenido que ver precisamente con ese plazo de dos meses. En concreto, le ha interrogado sobre si el fallo del Constitucional impide elevar nuevas prejudiciales y la letrada ha asegurado que “cabe un planteamiento ulterior”.

El alcance del terrorismo

En el turno de la tarde se ha examinado el alcance de la amnistía respecto a los delitos de terrorismo por los que están acusadas una docena de personas, pendientes de juicio en la Audiencia Nacional y que se juegan penas de cárcel de más de 20 años. La negociación de la ley tuvo en esta parte uno de los puntos de más fricción y finalmente se planteó como única excepción a la amnistía los actos terroristas que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como muerte o torturas. Eso no ocurrió durante el procés ni el 1-O ni en los disturbios.

La vista se ha centrado en aspectos fundamentalmente técnicos en este caso y serán los jueces de Luxemburgo los que tendrán que hacer una interpretación del encaje de la norma respecto al derecho comunitario. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han asegurado que el olvido tiene cabida sin vulnerar la directiva y han recordado que la amnistía “tiene una finalidad que no es otra que superación de un conflicto de naturaleza política y el restablecimiento de la paz social”.

Como hizo en sus observaciones escritas, la Comisión Europea considera que amnistiar a los CDR acusados de terrorismo “no se opone” a la “primacía” del Derecho de la UE a priori, pero deja el asunto en manos de los tribunales nacionales, que son los que tendrán que determinar el alcance de la norma respecto al tiempo y los objetivos que persigue.

“La Comisión considera que una amnistía tan amplia que excluyera en gran medida la persecución efectiva de las infracciones definidas en la directiva durante un largo periodo y sin limitar suficientemente su alcance a los objetivos que persigue, o mediante definiciones excesivamente vagas que podrían generar inseguridad jurídica, excedería los límites los requisitos del Estado de Derecho para las amnistías”, afirmó el representante de la Comisión, que dejó en manos de la Audiencia Nacional determinar “si las disposiciones de la ley de amnistía cumplen con las condiciones requeridas por los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley y, por tanto, entre otros, si la diferencia de trato que introducen se basa en un criterio objetivo y razonable”.

Ha pasado por un segundo plano en unas semanas marcadas por la aceleración judicial doméstica, pero la ley de amnistía al procés se juega este martes una reválida decisiva tras el aval del Tribunal Constitucional (TC). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra el martes 15 de julio dos vistas sobre el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. El margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo puedan dejar en su futura sentencia a los tribunales españoles será una de las cuestiones clave.

De la respuesta europea dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo. La sentencia se espera para los próximos meses, según explicó el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, en una entrevista con elDiario.es.

Qué se juzga en Luxemburgo

En sesión matutina, el TJUE analizará las cuestiones prejudiciales que elevó el Tribunal de Cuentas por las responsabilidades contables derivadas de los gastos del procés, causa que afecta a 33 altos cargos del Govern, entre ellos los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas. Por la tarde será el turno de la vista acerca de las cuestiones prejudiciales que planteó la Audiencia Nacional por el caso de los CDR acusados de terrorismo.

Hay otros dos tribunales (el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú) que preguntaron al TJUE sobre el encaje europeo de la amnistía a la malversación y a la desobediencia. Pero como ninguno de los independentistas catalanes acusados lo pidió, el TJUE resolverá estos dos casos sin celebrar vista.

Las partes en las vistas son la Comisión Europea, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las defensas de los encausados y las acusaciones populares contrarias a la amnistía, Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVOT). Ambas entidades, en línea con los jueces contrarios a la amnistía, pedirán al TJUE que la declare contraria al ordenamiento europeo.

Por el contrario, Fiscalía, Abogacía y defensas, tal y como ha ocurrido en España, defenderán el encaje legal de la amnistía. En una posición intermedia se sitúa la Comisión, que avala a grandes rasgos la norma, pero rechaza algunos de sus aspectos y, en otros, pide dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Aunque otros países de la UE podían pedir comparecer en las causas, ninguno lo ha hecho.

En primer lugar, el TJUE decidirá si admite las cuestiones prejudiciales de los órganos españoles o si, por el contrario, no es necesario que se pronuncie, ya que es un asunto que se debe zanjar en instancias españolas. Las fuentes jurídicas consultadas, sin embargo, consideran más probable que el TJUE sí entre en el fondo del asunto y dé una respuesta completa a las preguntas.

Los plazos

Aunque no hay una fecha fijada por el propio tribunal, si se tiene en cuenta que las respuestas del TJUE a las prejudiciales suelen tardar entre un año y 15 meses, la sentencia podría estar lista en otoño, entre finales de octubre y principios de noviembre. Unas semanas antes, previsiblemente a la vuelta del verano, el Abogado General de la UE (una figura del propio tribunal que no es vinculante para los jueces, aunque suelen seguir su opinión) expondrá su valoración de los casos. Lo que resuelva el TJUE es de obligado cumplimiento para los tribunales nacionales.

El Tribunal de Cuentas (y las cautelares)

La primera vista en el TJUE versará sobre las hasta ocho cuestiones prejudiciales que planteó el Tribunal de Cuentas. Varias de ellas parece que versen más sobre el delito de malversación pese a que el Tribunal de Cuentas es un órgano contable y no un juzgado penal. Otras, como la crítica a los dos meses que tenían los jueces para aplicar la norma, ya se han demostrado irrelevantes, pues varios juzgados han incumplido ese plazo sin consecuencia alguna para los togados.

El apartado más europeo de las cuestiones prejudiciales es la pregunta que el Tribunal de Cuentas lanza sobre si la amnistía es compatible con la “prevención de la impunidad del fraude y la corrupción” que persigue el derecho de la Unión Europea. Incluso la Comisión Europea, en línea con las defensas, niega que los gastos del procés afectaran a los intereses financieros de la UE.

En cambio, las alegaciones del Ejecutivo comunitario incluyen una inusual crítica política en un procedimiento judicial al modo de tramitación de la amnistía. El letrado de la Comisión llega a calificar la norma de “autoamnistía” y considera que “garantiza la impunidad” de los socios del Gobierno. La introducción de esas consideraciones más políticas que jurídicas corre el riesgo de ser objeto de preguntas al letrado de la Comisión por parte de los magistrados de la corte de Luxemburgo, cuyo estilo (educado, pero directo) a la hora de interrogar a las partes es una de sus señas características.

Además, la Comisión cuestiona con contundencia las previsiones de la ley relativas al levantamiento obligatorio de las medidas cautelares en cualquier causa amnistiable, la vía que al redactar la norma estaba pensada para acelerar el retorno del expresident.

El terrorismo

Aunque no ocupe tantos titulares como la causa de Puigdemont, la sentencia del TJUE sobre el caso de los 12 CDR acusados de terrorismo es esencial en una causa pendiente de un juicio en la Audiencia Nacional donde los acusados, en caso de no ser amnistiados, se juegan penas de más de 20 años de cárcel.

Una de las cuestiones clave a la hora de que el TJUE valore el encaje de los CDR en el olvido penal del procés es el artículo de la ley que planteó, como única excepción a la amnistía, los actos terroristas que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como muerte o torturas. Esta excepción fue introducida, precisamente, para amnistiar a los CDR, ya que la detención de los 12 acusados impidió que cometieran cualquier tipo de acción contra personas o edificios. Además, el TJUE también tendrá que dirimir si la amnistía a los CDR vulnera la directiva europea contra el terrorismo.

Como en el caso el Tribunal de Cuentas, también resultará relevante el margen que deja el TJUE a la Audiencia Nacional en este caso. La Comisión Europea, por ejemplo, plantea que el TJUE permita al tribunal especial español determinar si la ley de amnistía es demasiado “amplia o vaga”. Lo contrario quieren las defensas de los CDR, que pretenden que el TJUE avale en su totalidad la amnistía a los acusados de terrorismo sin dejar posibilidad de maniobra a la Audiencia Nacional.

La cosa juzgada y la euroorden

Las sentencias del TJUE sobre la amnistía también pueden desplegar efectos en las maniobras que los juzgados españoles, encabezados por el Supremo, han realizado contra la norma. Incluso en la partida que desde hace ocho años el juez del Supremo Pablo Llarena mantiene contra Carles Puigdemont para lograr su extradición

Varios medios han atribuido al Tribunal Supremo la intención de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía a la justicia europea una vez conocida la sentencia íntegra del Constitucional. La maniobra pretendería retrasar de nuevo cualquier aplicación de la norma en vistas al final de la legislatura en 2027, pues el TJUE suele tardar una media de más de un año en resolver.

Sin embargo, el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya es claro o una cuestión prejudicial que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía (que dejara sin margen de maniobra a los tribunales españoles) restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado.

Pese a que nada impide a día de hoy al juez Llarena plantear una nueva euroorden a Bélgica (ya ha rechazado la amnistía y Puigdemont no es eurodiputado desde hace dos años), el magistrado no lo ha hecho todavía. El tablero de la amnistía está a la espera de la respuesta del TJUE.

Aval parcial de la Comisión Europea a la amnistía a los independentistas acusados de terrorismo. La Comisión Europea ha concluido que amnistiar a los miembros de los CDR procesados por este delito “no se opone” a la “primacía” del Derecho de la UE ni al principio de cooperación leal, si bien ha pedido a la Justicia comunitaria que deje en manos de los tribunales españoles determinar si la norma es demasiado “amplia o vaga” en este caso.

Así consta en las conclusiones que los abogados de la Comisión Europea han planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que celebrará el próximo 15 de julio las primeras vistas sobre la amnistía a raíz de las cuestiones prejudiciales que plantearon la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas por el caso de los CDR acusados de terrorismo y los gastos del procés.

En cada una de los dos procedimientos pueden intervenir, además de las defensas de cada caso, un representante de la Comisión Europea para plantear sus observaciones respecto a la afectación en el derecho comunitario de cada caso. Es decir, es una parte más de las causas.

En el caso de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), la norma salió del Congreso pensada para amnistiarles al plantear como única excepción al olvido penal los actos terroristas que hayan causado graves violaciones de derechos humanos, muerte o torturas. Los CDR fueron detenidos antes de organizar cualquier eventual atentado, con lo que no pudieron provocar daños materiales ni humanos de entidad.

Sin embargo, la Audiencia Nacional dejó en suspenso la amnistía y optó por elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea, al entender que el perdón de los delitos de terrorismo es contrario al derecho comunitario y facilita la impunidad de ese tipo de actos. Lo contrario opinaba la Fiscalía, que pedía penas de entre 8 y 27 años para los encausados, pero sí veía encaje de los CDR en la ley de amnistía, ya que no llegaron a provocar lesiones ni daños.

A la espera de lo que resuelva el TJUE, la Comisión ha pedido al tribunal que responda a la Audiencia Nacional que el principio de “primacía” del Derecho de la Unión y el principio de cooperación leal “no se oponen” a una ley que amnistía a acusados de terrorismo.

La Audiencia Nacional preguntó si la amnistía a los CDR era “compatible” con el derecho a la libre circulación y residencia en el territorio de la UE o “menoscababa” poder ejercer esos derechos en Catalunya y si suponía una merma en la capacidad de España para “garantizar su integridad territorial”. La respuesta de la Comisión es que “a falta de vínculo suficiente” entre este derecho de circulación y la amnistía, el perdón a los CDR tampoco es contrario a los tratados europeos.

Esa falta de “vínculo suficiente” es la misma expresión que la Comisión ha empleado en la causa relativa a los fondos económicos del procés elevada al TJUE por el Tribunal de Cuentas. En este caso, la Comisión descarta que los gastos afectaran a los intereses financieros de la UE, si bien sus críticas a la forma de tramitación y negociación de la amnistía (algunas de ellas ya planteadas por la Comisión de Venecia) han provocado malestar en el Gobierno.

Por el contrario, la Comisión pide dejar en manos de la Audiencia Nacional determinar si, en lo que respecta a los CDR, la ley de amnistía es demasiado “amplia o vaga” en su ámbito de aplicación temporal y material que hace que “se socave el efecto útil” de la directiva europea antiterrorista.

La misma consideración realiza la Comisión respecto a si la definición “excesivamente vaga o amplia” de la amnistía es contraria a los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley: deben ser los tribunales nacionales los que lo decidan. En el caso de los CDR, la Audiencia Nacional, aunque su decisión sería recurrible por las defensas hasta el Tribunal Constitucional en caso de negarse la amnistía.

La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los once agentes de la Guardia Civil denunciados por torturas durante la detención de un activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) por terrorismo en 2019 al concluir que las coacciones y amenazas atribuidas por Jordi Ros a los uniformados no son tan graves como para quedar fuera de la norma.

El caso se amnistía después de que la jueza de Sabadell lo archivara al considerar “innecesario” citar como investigados a los guardias civiles. La defensa de Ros recurrió al entender que sí debían ser imputados, pero ahora la Audiencia de Barcelona no solo no lo acuerda sino que amnistía a los agentes.

Los magistrados constatan que la defensa de Rod “no mencionó qué acción o acciones concretas llevadas a cabo por cuál o cuáles de los agentes son las que quedarían excluidas de la ley de amnistía”, lo que conduce al tribunal a concluir que los hechos no superan el umbral de gravedad que marca la norma para no ser amnistiados.

En su declaración ante la jueza, además, el hombre se ratificó en su denuncia “sin describir ni aportar más datos sobre cómo se habrían producido los hechos ni cómo habrían ocurrido las supuestas amenazas, coacciones y el trato degradante”.

Según exponen los jueces, Ros “se limitó a indicar que cuando le detuvieron no le informaron de sus derechos, que sí le enseñaron un papel que no le dejaron leer diciéndole que ya tendría tiempo de hacerlo y que no le facilitaron el acceso a un abogado” hasta 24 horas después.

La querella de Ros acumulaba varias dilaciones que, en el pasado, han merecido condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por falta de investigación efectiva de otras denuncias de torturas. La misma sección de la Audiencia de Barcelona que ahora ha amnistiado a los guardias recordó en junio de 2024 que antes de archivar el caso, debía investigarse “con la máxima eficiencia y de forma completa”, por lo que ordenó a la jueza que admitiera de forma íntegra la querella de Ros.

Tras el contundente varapalo de la Audiencia de Barcelona, la magistrada empezó a investigar el caso. Citó a Ros para que se ratificara en su denuncia, a sus padres (sus casas también fueron registradas) y recabó el acta de entrada y registro en todos los domicilios realizados por el letrado de la administración de justicia. Suficiente, a juicio a de la magistrada de Sabadell, para considerarse que el caso se ha investigado lo suficiente. Ahora también se ha amnistiado.

Por su lado, Ros no ha sido amnistiado por la Audiencia Nacional. La Fiscalía le pide 27 años de cárcel en un caso que ha terminado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque los magistrados del tribunal especial creen que no es amnistiable al versar sobre un delito de terrorismo.

Caso cerrado. La jueza de Sabadell que investigaba la denuncia por torturas contra once agentes de la Guardia Civil durante la detención de un activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) por terrorismo en 2019 ha archivado el caso al considerar “innecesario” citar como investigados a los guardias. Así lo sostiene la magistrada en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ros, al que defiende el letrado Xavier Monge, fue uno de los miembros de los CDR detenidos en septiembre de 2019 por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Cuatro años después, la Fiscalía le pide 27 años de cárcel en un caso que ha terminado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque los magistrados del tribunal especial creen que no es amnistiable al versar sobre un delito de terrorismo.

La querella de Ros acumulaba varias dilaciones que, en el pasado, han merecido condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por falta de investigación efectiva de otras denuncias de torturas. La Audiencia de Barcelona recordó en junio de 2024 que antes de archivar el caso, debía investigarse “con la máxima eficiencia y de forma completa”, por lo que ordenó a la jueza que admitiera de forma íntegra la querella de Ros.

Tras el contundente varapalo de la Audiencia de Barcelona, la magistrada empezó a investigar el caso. Citó a Ros para que se ratificara en su denuncia, a sus padres (sus casas también fueron registradas) y recabó el acta de entrada y registro en todos los domicilios realizados por el letrado de la administración de justicia. Suficiente, a juicio a de la magistrada de Sabadell, para considerarse que el caso se ha investigado lo suficiente.

Las declaraciones de los agentes investigados estaban fijadas para el pasado mes de diciembre, pero la jueza las suspendió después de que los guardias y la Fiscalía pidieran el archivo del caso. Ahora la magistrada decide dar carpetazo a la investigación al considerar “innecesaria” la comparecencia de los guardias.

Argumenta la jueza que como su defensa ha pedido el archivo del caso, “cabe racionalmente inferir” que los agentes o bien se acogerían a su derecho a no declarar o bien manifestarían lo mismo que su abogado ya ha expresado en su escrito, por lo que no ve motivo para citar a los guardias.

La magistrada se agarra además a “la labor de filtro que ha de llevar a cabo todo juez de instrucción y el principio de intervención mínima” que rige el derecho penal para fundamentar el archivo del caso, toda vez que, a su juicio, “no aparece perpetrado el delito” denunciado por Ros.

Es más, pese a que la jueza Isabel Calahorra “no cuestiona ni pone en duda” el derecho de Ros a querellarse contra los agentes, sí aprecia “consecuencias gravosas” en la imputación de los agentes a petición del CDR cuando, tras las diligencias practicadas, “no se aportan indicios racionales ni mínimamente fundados en elementos objetivos”.

Los agentes, según la querella de Ros, le dijeron que incriminarían a su familia, le llamaron “hijo de puta” y le afearon la “mierda de jubilación” que daría a sus padres. Denunció, además, que los guardias coaccionaron a su hermano, que padece esquizofrenia.

Según Ros, las “coacciones” que sufrió por parte de los uniformados le llevaron a explicar al juez que solo buscaba “experimentar” con las sustancias para fabricar explosivos, pero que no busca generar daños. “Estuve parándolo porque podía implicar vidas humanas”, alegó en septiembre de 2019 en una confusa declaración judicial previa a su envío a prisión. Ros fue excarcelado después de que la propia Audiencia Nacional sembrara la duda sobre el terrorismo.

La Audiencia Nacional ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial en relación a si es aplicable la ley de amnistía al delito de terrorismo atribuido a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Quieren saber si contraviene, tal y como los magistrados entienden, el Derecho Comunitario y si garantiza la impunidad de los delitos.

Cabe recordar que, ya en julio, los magistrados se dirigieron a las partes personadas en la causa de los CDR para que se pronunciaran sobre si veían pertinente consultar al TJUE sobre la posible aplicación de la ley de amnistía al delito de terrorismo ante las dudas de los magistrados de que esta norma pueda contravenir “gravemente” el derecho comunitario y que pueda suponer “una infracción patente” del mismo.

Ahora, en un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, recogido por Europa Press, los magistrados entienden que aplicar la amnistía a los CDR “supone enviar un mensaje hacia el futuro (...) en el sentido de que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía”.

Con esta resolución, ponencia del magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez, el tribunal deja en suspenso el procedimiento, para el que se había dictado ya auto de apertura de juicio oral, y la aplicación de la ley de amnistía sobre los procesados. Esta situación se mantendrá hasta que se pronuncie el TJUE sobre las nueve preguntas que le plantean y que tienen relación con las dudas que le genera aplicar la norma sobre hechos que pueden ser subsumibles en el concepto de participación en grupo terrorista que recoge la Directiva europea 2017/541 y en el de pertenencia o participación en organización terrorista conforme al Código Penal español.

A finales de junio, la Fiscalía solicitó amnistiar a los 12 CDR procesados por terrorismo en virtud de la nueva norma al entender que no hubo delitos calificados como terrorismo según la directiva europea ni se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, que son las exclusiones contempladas en la ley de amnistía.

El tribunal pone el foco en esa directiva en relación al delito de participación en organización terrorista y destaca que prevé una pena específica para quienes participen en la organización sin ser necesario que cometan efectivamente otro delito terrorista. Los magistrados indican que la ley de amnistía excluye su aplicación a los delitos de terrorismo previstos en esa directiva pero con el matiz de que ha de darse el requisito adicional de que se hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos.

Ante eso, apuntan, “surge la duda” de si el legislador español puede añadir ese requisito cuando la directiva europea “expresamente dispone que para que dicho delito sea punible no será necesario que se cometa efectivamente un delito de terrorismo”. Además, considera que la norma supone que haya dos tipos de terrorismo, uno que vulnera gravemente derechos humanos (no amnistiable) y otros en los que tal vulneración de derechos humanos no se produce (sí amnistiables). Para los jueces, esto puede entrar en colisión con la propia norma europea.

La Sala de la Audiencia Nacional, a su vez, defiende que la ley de amnistía tiene como finalidad “garantizar la impunidad”, y explica que esto contrasta con la Directiva Europea puesto que la misma impone a los estados miembros “la obligación de garantizar que existan sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias para quienes realicen estas conductas” terroristas.

En este sentido, la Sala destaca que la ley de amnistía iría también “en contra de los Tratados europeos en relación con la función de todo Estado miembro de garantizar su integridad territorial y condiciona el libre derecho de circulación y residencia de todos los ciudadanos europeos afectando, en definitiva, al espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE”.

Los Comitès de Defensa de la República (CDR) han desconvocado la manifestación contra la investidura de Illa que habían programado para este lunes a las ocho de la mañana en Barcelona. Lo han hecho poco más de 24 horas más tarde de hacer el la convocatoria en X.

Han comunicado la decisión también en esta red social, justificándose en las “circunstancias cambiantes de estos días”. Una de estas circunstancias es que la Assemblea Nacional Catalana, que se había sumado a la convocatoria y envió un mail invitando a ir a sus socios, se ha desmarcado de la manifestación este mediodía.

La ANC ha explicado que “ante los mensajes confusos y contradictorios de las últimas horas”, prefería retirar su apoyo a la convocatoria. Por su parte, los CDR han asegurado que mantienen la llamada a que el independentismo “se encuentre bien pronto”.

Los Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocado para el próximo lunes por la mañana una movilización en contra de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. La convocatoria es a las ocho de la mañana frente a la estación de França de Barcelona y llega pocas horas después del aval de la militancia de ERC en el pacto con el PSC para la investidura del candidato socialista.

En un mensaje a X, los CDR llaman a movilizarse a “todo el independentismo” en contra del “unionismo del 155 que ocupará la presidencia de la Generalitat con el acuerdo de ERC”.

Los CDR se han mostrado muy críticos con el aval de la militancia de ERC en el pacto con el PSC. Consideran que el partido está “podrido de arriba y resquebrajado de abajo” y consideran que “al 50% de independentistas que todavía están les queda la opción de limpiar el partido o derribarlo”.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha apoyado la movilización, y aunque no la convoca, también ha cargado duramente contra la decisión de ERC de investir a Illa. “La historia les juzgará”, han apostillado en un comunicado.

“De forma inexplicable, los afiliados republicanos se han creído que el acuerdo con el PSC-PSOE era un éxito fabuloso”, añaden y aseguran que el pacto tendrá “funestas consecuencias”. La entidad también acusa a ERC de agudizar la “fatídica división del independentismo” y de su “subordinación estratégica permanente ante el socialismo español”.

La Audiencia Nacional tiene serias dudas sobre la inclusión en la amnistía de los CDR acusados de terrorismo. El tribunal ha dado este martes tres días a las partes para que digan si procede acudir a la Justicia europea ya que, a su juicio, amnistiar a los acusados de terrorismo puede contravenir “gravemente” el derecho comunitario y podría suponer “una infracción patente” de las normas europeas.

Así se pronuncia la sección 3ª de la Sala de lo Penal del tribunal especial en un auto en el que responde a las peticiones para amnistiar a los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de pertenencia a organización terrorista, delito de estragos y tenencia de explosivos, para los que el Ministerio Público llegó a pedir hasta 27 años de cárcel.

La Fiscalía y las defensas habían pedido que se aplicara la amnistía a todos los procesados al entender que estaban incluidos en la norma al no haber provocado daños materiales ni lesiones graves ni ningún atentado. Por contra, la acusación popular que ejerce la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, había reclamado al tribunal excluir a los CDR de la ley de olvido penal del procés.

Los magistrados no ven lógica la exclusión en la ley de amnistía de los delitos de terrorismo solo en su modalidad más grave, lo que, en principio, estaba pensado para incluir a casos como los de los CDR, que no llegaron a acometer ningún atentado ni a provocar daños en las personas o infraestructuras.

Sin embargo, esta delimitación del terrorismo susceptible de ser amnistiado entra “en contradicción”, según el tribunal, con la Directiva europea de lucha contra el terrorismo, que afirma que cualquier acto de naturaleza terrorista es “de extrema gravedad”.

Afea el tribunal al legislador que aprobó la norma que, al definir un terrorismo que sí podía ser amnistiado, “quizás estuviera pensando en lo que socialmente, y de forma eufemística, se ha dado en llamar terrorismo de baja intensidad, como si en terrorismo se pudiera catalogar uno de alta intensidad y otro de baja intensidad”.

Entiende la Audiencia Nacional que la Directiva europea de lucha contra el terrorismo no entiende de distinciones entre actos terroristas que causen graves daños y otros que no o que sea meramente preparatorios, sino que obliga a perseguirlos a todos por igual. En consecuencia, no se pueden amnistiar.

“Limitar la exclusión de la amnistía a las violaciones más graves de derechos humanos en materia de terrorismo es contrario a lo que un Estado de Derecho debe perseguir siempre y en todo momento, la erradicación y la eliminación de toda forma de terrorismo”, apostilla la Sala, que remarca que la normativa europea no establece “ninguna distinción” entre tipos de terrorismo.

“La lógica que dimana de las normas europeas impone que toda forma de terrorismo es de extrema gravedad y en consecuencia, no debería ser objeto de amnistía ni de perdón”, zanja el tribunal formado por el magistrado Alfonso Guevara, Jesús Eduardo Gutiérrez y Carlos Fraile.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se aplique la amnistía a los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista para los que pedía hasta 27 años de cárcel. La teniente fiscal del tribunal especial, Marta Durántez, ha sido la encargada de fijar la posición del Ministerio Público en la comparecencia en la que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, encargada de celebrar el juicio, ha estudiado la petición de las defensas de suspenderlo tras la entrada en vigor de la amnistía.

La única voz discordante ha sido la de la acusación popular que ejerce la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, entre otras, que ha pedido que se celebre el juicio contra los activistas y no se les aplique la amnistía.

La fiscal Marta Durántez ha mantenido que en la actuación de los CDR no hubo actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la directiva europea de 2017; y que tampoco se cometieron de forma intencionada las graves violaciones de derechos que figuran en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura. Estos son los únicos supuestos en los que se excluye la medida de gracia según el texto finalmente aprobado. 

“La interpretación no ofrece género de dudas, es clara. Quedan excluidos solo aquellos actos de terrorismo que hayan producido esta vulneración grave de los derechos y libertades (...), supuesto que consideramos que no se ha producido”, ha afirmado la teniente fiscal. Durántez ha defendido que aunque el objetivo de los procesados fuera llevar a cabo acciones terroristas, éstas no se llegaron a “producir”.

No obstante, más allá de la interpretación literal de la norma, Durántez ha apelado también a la voluntad del legislador para explicar su posición. “No es objeto de esta vista ni me corresponde realizar ninguna otra valoración que no sea la de adecuación o no de los hechos al ámbito objetivo de la ley de amnistía. El legislador (...) ha dejado muy claro en el preámbulo de la ley su intención de despojar de carácter delictivo aquellos hechos que no han puesto en peligro derechos humanos y libertades fundamentales”, ha mantenido. “Son dos criterios interpretativos que no nos generan dudas en cuanto a la aplicación de la ley”, ha añadido.

Peticiones de hasta 27 años de cárcel

El pasado noviembre, en plena negociación de la norma de olvido penal del procés, la Audiencia Nacional confirmó que enviaba a juicio a los 12 activistas procesados por terrorismo –ocho de ellos lo están además por tenencia de sustancias explosivas–. Entonces, la Fiscalía presentó su escrito de acusación en el que pidió hasta 27 años de cárcel para ocho de los 12 activistas por los delitos de organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas e intento de estragos terroristas. Para los otros cuatro acusados solicitó la pena de ocho años de prisión tan solo por el primer delito.

Pese a que la propia Audiencia Nacional sembró la duda sobre el delito de terrorismo al excarcelar a los detenidos que el juez había enviado a prisión preventiva, la Fiscalía ha insistido a lo largo de la instrucción en el carácter terrorista que, a su juicio, presenta la organización y las acciones que planeaban los CDR investigados.

Ese informe fue elaborado por el fiscal que llevó toda la causa, Miguel Ángel Carballo. Tras su marcha a Ciudad Real tras ser nombrado fiscal jefe, fue sustituido por Vicente González Mota. No obstante, el informe de este jueves ha sido defendido por la teniente fiscal. Fuentes fiscales han explicado que la ausencia de González Mota se debe que declinó seguir con la causa y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, decidió que la asumiera Durántez.

Las defensas piden la amnistía “inmediata”

Previamente, las defensas de los procesados habían solicitado la aplicación “inmediata” de la amnistía a los implicados y el archivo de la causa. Así, han defendido que no se dan las “premisas” que la ley del olvido penal recoge que deben existir de forma simultánea para excluir unos hechos de su aplicación. Esto es, que sean calificados como terrorismo según la citada directiva comunitaria y que se hayan producido graves vulneraciones de derechos humanos. “En modo alguno se cumplen esos requisitos”, ha dicho uno de los abogados. 

Para ahondar en la tesis de que no se han podido dar esas violaciones graves e intencionadas de los derechos humanos, los abogados de los procesados han reiterado que durante la instrucción no se ha llegado a acreditar la existencia de víctimas concretas de los supuestos hechos investigados. “No hay ninguna víctima según la redacción dada por las acusaciones”, ha expuesto uno de los letrados, que ha recordado que no hay acusaciones particulares personadas. 

Los abogados de los CDR han insistido también en reclamar un pronunciamiento rápido al tribunal que alivie la “pena de banquillo” de los activistas. “La acción penal debe decaer de forma inmediata”, ha dicho una de las letradas, que ha recordado que se trata de un procedimiento con peticiones de más de 20 años de cárcel y con tipos que tienen consecuencias en el accesoa a beneficios penitenciarios. “Los acusados están sufriendo una pena natural brutal que debe cesar de inmediato porque así lo exige la ley”, ha aseverado. 

“Pésima instrucción”. Así de contundente se muestra la Audiencia de Barcelona sobre la falta de investigación de las torturas que denunció uno de los CDR detenidos por terrorismo en 2019 por parte de la Guardia Civil. Las magistradas ordenan al juez de Sabadell (Barcelona) investigar “con la máxima eficacia y de forma completa” la denuncia de Ros contra once agentes.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, las magistradas de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona ordenan al juez investigar la denuncia de Ros “sin más dilación y con carácter preferente”. Los más de cuatro años que han pasado respecto a los hechos sin apenas pesquisas realizadas, alertan las magistradas, suponen “una vulneración ya producida” del derecho a la tutela judicial efectiva de Ros y a un proceso judicial sin dilaciones.

Ros, al que defiende el letrado Xavi Monge, fue uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en septiembre de 2019 por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Cuatro años después, espera en libertad juicio por terrorismo –la Fiscalía le pide 27 años–, pero confía en ser amnistiado.

El caso de Ros acumula varias dilaciones que, en el pasado, han merecido condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por falta de investigación efectiva de otras denuncias de torturas. Las togadas recuerdan que el juez puede archivar el caso, pero antes debe investigarlo.

El juez de Sabadell decidió limitar las pesquisas a lo ocurrido en esa ciudad durante el registro en el domicilio de Ros y dejó fuera del caso otras vejaciones denunciadas por el independentista en los cuarteles de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid).

Las magistradas corrigen al juez y le ordenan investigar el conjunto de la denuncia. Las denuncias por torturas de Ros en su traslado a Madrid se producen “de resultar acreditadas, en clara continuidad delictiva” respecto al inicio de los registros en Sabadell, por lo que deben investigarse en su conjunto.

Advierte el auto, del que ha sido ponente la magistrada Carme Guil, que, de ser ciertos los hechos denunciados por Ros, “entrañan gravedad al suponer una conculcación de derechos fundamentales de una persona detenida y por ello en situación de clara vulnerabilidad”.

En un comunicado, el colectivo Alerta Solidària ha lamentado que las “trabas” y la “dejadez interesada” del juez de Sabadell “se unen al monumental montaje” que, a su juicio, supone el caso de los 12 CDR acusados de terrorismo y que dificulta a las defensas “acceder a la Justicia efectiva”.

Los agentes, según la querella de Ros, le dijeron que incriminarían a su familia, le llamaron “hijo de puta” y le afearon la “mierda de jubilación” que daría a sus padres. Denunció, además, que los guardias coaccionaron a su hermano, que padece esquizofrenia.

Según Ros, las “coacciones” que sufrió por parte de los uniformados le llevaron a explicar al juez que solo buscaba “experimentar” con las sustancias para fabricar explosivos, pero que no busca generar daños. “Estuve parándolo porque podía implicar vidas humanas”, alegó en septiembre de 2019 en una confusa declaración judicial previa a su envío a prisión. Fue excarcelado después de que la propia Audiencia Nacional sembrara la duda sobre el terrorismo, una acusación que, no obstante, se ha mantenido hasta ahora.

Acelerón a los trámites previo al juicio contra los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. La Audiencia Nacional ha convocado una vista el 15 de abril para estudiar los argumentos de las defensas del caso para anular su juicio. Entre los argumentos de las defensas destacan la amnistía y las denuncias por vulneraciones de derechos fundamentales que, a su juicio, ha cometido el juez Manuel García Castellón durante la instrucción del caso.

La celeridad del tribunal a la hora de fijar la vista ha sorprendido a algunas defensas. Es más, algunas de ellas ya avanzan a elDiario.es que pedirán la suspensión de la sesión ya que tienen señalamientos fijados ese día desde hace varios meses, lo que en teoría obligaría a la Audiencia Nacional a señalar otro día para la vista.

La sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha convocado para el 15 abril una vista para abordar los denominados artículos de previo pronunciamiento. Se trata de un trámite previo al juicio oral en los procedimientos que se investigan como sumarios en los que las defensas intentan que no se celebre el juicio y pueden denunciar vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción del caso.

La amnistía es uno de los argumentos que han esgrimido las defensas para intentar que no se celebre el juicio. El acuerdo alcanzado entre el PSOE, Junts y ERC busca que la causa de los CDR entre dentro de la norma, si bien algunas defensas del caso ya manifestaron sus dudas de que pueda ser así en el caso de ocho CDR acusados de tenencia de explosivos.

La ley de amnistía recibirá el visto bueno del pleno del Congreso este jueves y pondrá camino al Senado, que tendrá un plazo máximo de dos meses para tramitarla, lo que coincidiría con la sesión convocada por la Audiencia Nacional.

Las defensas de los acusados en el caso de los CDR piden que la Audiencia Nacional suspenda su juicio –todavía sin fecha– hasta que se concluya la tramitación parlamentaria, al considerar, “sin duda”, que pueden ser beneficiados por el perdón.

También denuncian falta de competencia de la Audiencia Nacional desde el primer momento para asumir la causa y acusan al juez García Castellón, de “arbitrariedad”. Según las defensas, todo ello debe conducir a la “nulidad radical de la causa” por vulneración de derechos, al tiempo que denuncian que los hechos por los que se les acusan ya han sido estudiados en otros procedimientos, de modo que existiría el principio de “cosa juzgada”.

En opinión de varias de las defensas, ejercidas por el colectivo Alerta Solidària, el juez configuró “una especie de causa general con todo aquello que pueda tener relación con el movimiento independentista fuera de cualquier origen institucional, con independencia de su vinculación a los CDR”.

La Fiscalía se ha opuesto a los artículos de previo pronunciamiento planteados por las defensas y rechaza sus tesis, además de pedir hasta 27 años de cárcel para los acusados.

La letra pequeña de la ley de amnistía está siendo el tablero de juego donde el Gobierno y sus socios de investidura, por un lado, y el Poder Judicial, con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, por el otro, juegan en tiempo real a sortear estrategias del contrario y conseguir sus objetivos, que son opuestos.  

Hablamos con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, sobre cómo algunos jueces se han lanzado a encontrar la manera de juzgar a los independentistas a pesar de las leyes que haya, buscando los huecos, forzando la situación, buscando las acusaciones que no estén previstas en la ley de amnistía.     

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Acuerdo entre el PSOE y las formaciones independentistas para retocar la referencia que se hace a los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Según las enmiendas transaccionales a las que ha tenido acceso elDiario.es, el pacto supone incluir en la norma de olvido penal del procés los delitos de terrorismo que no hayan generado violaciones graves de derechos humanos.

Esta era una de las líneas rojas de ERC y Junts, que consideran que es la manera de amnistiar a los implicados en el caso de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic. Esas enmiendas también llevan la rúbrica de Sumar, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG. Esto es, de los aliados de la investidura. No las respaldan ni el PP ni Vox. El acuerdo ha trascendido poco después de que se iniciara el debate en la Comisión de Justicia del Congreso, que finalmente ha aprobado el dictamen que recoge este cambio por 20 votos a favor, 17 en contra —los de PP y Vox— y ninguna abstención.

En la anterior redacción del artículo 2, estaban excluidos de la aplicación de la ley de amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre y cuando hubiera sentencia firme. En el nuevo texto únicamente quedan fuera de la norma los actos de terrorismo que “hayan generado una violación de los derechos humanos” que, además, tiene que ser “manifiesta y con intención directa”.

La otra enmienda pactada por el Gobierno de coalición, los independentistas catalanes, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG trata de blindar los “efectos” de la ley una vez aprobada. Así, modifica el artículo 4 para establecer que la suspensión “por cualquier causa” de un procedimiento relacionado con el procés “no impedirá el alzamiento” de las medidas cautelares acordadas antes de la entrada en vigor de la amnistía. Por ejemplo, una orden de detención. 

La anterior redacción recogía que, en todo caso, “se alzarán las medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones”. El nuevo texto, al no acotar las causas de suspensión que posibilitan levantar medidas cautelares, deja abierta la puerta a que esas medidas también se levanten si se plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ver si la norma es compatible con el derecho de la UE.

“Intencionalidad” y “gravedad”

En lo relativo al terrorismo se trata de un cambio sustancial que fuentes socialistas atribuyen a un intento de “homologar” el régimen de exclusión de este tipo penal al resto de conductas que también quedan fuera de la aplicación de la amnistía, como los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte o las torturas. Para ello, sostienen estas fuentes, se tienen en cuenta dos nuevos parámetros: la “intencionalidad” y la “gravedad” de la conducta realizada.

El nuevo texto, sostienen en el PSOE, recurre a los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con el fin de ofrecer “una referencia clara y de carácter internacional para esta cuestión”. Antes, el terrorismo era el único delito cuya exclusión venía determinada por el momento procesal en el que estuviera la causa en cuestión, pues lo limitaba a la existencia de una sentencia firme.

Con la nueva redacción, la estructura de la excepción cambia y pivota sobre los dos elementos citados: la gravedad, esto es, la existencia de “violaciones graves de derechos humanos”; y la intencionalidad, que tiene que ser “directa” y “de forma manifiesta”. Los socialistas defienden que esta redacción más “homogénea” de las conductas que quedan excluidas de la aplicación de la amnistía también da más “seguridad jurídica” a la norma.

En los últimos días, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se había mostrado abierto a “dialogar” en el Congreso sobre las enmiendas a la ley de amnistía, aunque siempre que se dejaran fuera de su aplicación los “delitos graves”. “Es un principio en el que estamos muy convencidos”, dijo la semana pasada.

Durante el debate en la Comisión de Justicia, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha afirmado que la voluntad de su formación es “seguir mejorando la ley” y “blindarla” para que “incluya todos los casos de persecución sin excepciones” y tenga “efectos inmediatos en su aplicación”. “Una amnistía en diferido no es una amnistía”, ha aseverado. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide hasta 27 años de cárcel para ocho de los 12 activistas de los Comités de la Defensa por la República (CDR) por los delitos de organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas e intento de estragos de terroristas. Para los otros cuatro acusados la pena solicitada es de ocho años de prisión tan solo por el primer delito.

Pese a que la propia Audiencia Nacional sembró la duda sobre el delito de terrorismo al excarcelar a los detenidos que el juez había enviado a prisión preventiva, la Fiscalía viene insistiendo a lo largo de la instrucción en el carácter terrorista que, a su juicio, presenta la organización y las acciones que planeaban los CDR investigados. Su escrito de acusación de este viernes no es una excepción.

En su escrito, la Fiscalía considera que los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un grupo de personas de diferentes Comités en Defensa de la República (CDR), que habrían conformado “una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”.

Según el fiscal Miguel Ángel Carballo, los acusados presentaban una “gran radicalidad” y sus planes se habrían concretado en un intento de ocupación del Parlament de Catalunya coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O “bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros”.

El fiscal describe un reparto de roles entre los acusados, con funciones de liderazgo y ejecución de las acciones. Ocho de los procesados se habrían dedicado a “labores de elaboración de la sustancia denominada termita”, un producto deflagrante empleado supuestamente para fabricar explosivos, mientras otros obtenían “material y financiación” para las actividades.

Los acusados, expone el fiscal, crearon un grupo llamado 'Batcueva' y que sería el encargado de “la fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias” en el domicilio de uno de los encausados. En las casas de tres de los acusados se incautaron abundantes materiales químicos, además de mapas de carreteras sobre posibles objetivos y manuales sobre la confección de explosivos.

“Además de dedicarse a la producción de los elementos componentes del agente incendiario Termita -ahonda el fiscal- los acusados realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias y/o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita”.

El fiscal también destaca la coordinación y el “permanente contacto” de los acusados a través de grupos de la aplicación de mensajería Signal llamados “ball de bastons”, “resistencia”, “las tortugas ninja”, “batman”, “Sociedad Alkoholica”, “GaarRapata” y “no surrender”.

En estos grupos, según la tesis del fiscal, los acusados utilizarían lenguaje en clave y se referirían a una “verbena”, a “fuegos artificiales” y a un “grupo de diablos” cuando en realidad hablaban de acciones violentas.

Según el fiscal, el grupo tenía como objetivos de los que había tomado imágenes o había realizado vigilancias varios edificios, como la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía Superior de Catalunya, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, torres de alta tensión o autopistas y peajes.

Los 12 CDR procesados habían sido uno de los nudos a resolver en las negociaciones sobre la amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas debido a la acusación por terrorismo. En la ley registrada en el Congreso, este caso también estaría incluidos en la futura amnistía, ya que los casos de terrorismo solo se excluyen de la norma si tienen sentencia firme, algo que no ocurre con los CDR, que todavía no han sido juzgados.

Todos los 12 procesados permanecen en libertad a día de hoy. El sumario de los CDR saltó a la palestra pública con la operación que provocó la detención y encarcelamiento preventivo de seis de los investigado en septiembre de 2019 ante la sospecha del juez de que los procesados llevaran a cabo acciones contra la sentencia del procés o por el aniversario del 1-O.

Pese a rechazar archivar el caso, durante la fase de instrucción la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto en duda “la existencia de una organización terrorista”, en referencia a los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), la supuesta célula de los CDR de la que habrían formado parte los procesados para llevar a cabo acciones como la ocupación del Parlament. Las defensas se servirán de estas dudas para intentar la absolución de los CDR si el juicio llega a celebrarse.

Que un juez de la Audiencia Nacional tire de terrorismo para definir las protestas del procés no es nuevo. Lo que está intentando Manuel García Castellón con la imputación de Carles Puigdemont y Marta Rovira en la causa de Tsunami Democràtic tiene precedentes puesto que ya ocurrió hace un lustro con los casos de los jóvenes Tamara Carrasco y Adrià Carrasco (coinciden en el apellido pero no les une parentesco). A ambos se les imputó por los cortes de carreteras y otras acciones de protesta que protagonizaron los CDR, durante la Semana Santa de 2018, tras la detención del expresident Carles Puigdemont en Alemania. 

La primera estuvo más de un año sin poder salir de su municipio, Viladecans. El segundo se escapó a Bélgica para evitar su detención. La inculpaciones por terrorismo cayeron por su propio peso en los dos casos y los jóvenes fueron exculpados de desórdenes públicos. Las acusaciones quedaron en nada.

El periplo judicial de Carrasco arrancó con su detención en abril de 2018. En ese momento la Fiscalía lanzó una acusación por terrorismo y rebelión contra ella y llegó a pedir su ingreso en prisión sin fianza. El juez Diego de Egea rebajó esas acusaciones y dejó la imputación en desórdenes públicos. Para el Ministerio Público, ella había ejercido como coordinadora de cortes de carreteras y sabotajes llevados a cabo por los CDR. La base de la acusación era un audio en el que Carrasco hablaba de este tipo de acciones, que en algunos casos ya habían sido convocadas y en otros nunca llegaron a producirse.

Varios meses después, en noviembre de 2018, la Audiencia Nacional enterró definitivamente la acusación por terrorismo y envió la causa a los juzgados catalanes mientras Carrasco permanecía confinada: por orden judicial no pudo abandonar su ciudad hasta mayo de 2019. En octubre de 2020 fue absuelta por un juzgado de lo penal de Barcelona y en enero de 2021 la decisión fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona. El Supremo ratificó su absolución en mayo del año pasado.

Adrià Carrasco huyó a Bélgica después de que la Guardia Civil se presentara en su casa la madrugada del 10 de abril de 2018 con la intención de arrestarlo por terrorismo y rebelión por haber participado en cortes de carretera y apertura de peajes en las mismas protestas por las que se imputó a Tamara Carrasco. Él optó por escaparse por una ventana de su casa cuando los agentes llamaron a la puerta.

Carrasco no fue localizado por la Guardia Civil ni compareció ante el juzgado y se desconocía su paradero hasta que, en octubre de 2018, compareció en un acto en Bruselas acompañado por Christophe Marchand, uno de los abogados de Puigdemont en Bélgica. La Audiencia Nacional acabó inhibiéndose y su caso pasó a un juzgado de Granollers. Allí se archivó y en diciembre del 2020 se dejó sin efecto su orden de búsqueda y captura. Cuando regresó a Catalunya denunció haber sido víctima de “un montaje policial más”. 

Tanto en el caso de Tamara Carrasco como en el de Adrià Carrasco no se llegó tan lejos solo porque un juez así lo quisiera. Si la Audiencia Nacional pudo imputar por terrorismo a ambos fue gracias a un cambio en el Código Penal pactado por PP y PSOE en 2015 que amplió sobremanera el catálogo de las finalidades terroristas. Se incluyeron no solo los atentados violentos para provocar un estado de terror en la población, sino además “cualquier delito grave” con el objetivo de “subvertir el orden constitucional”, así como para “desestabilizar” el funcionamiento de instituciones políticas o estructuras económicas.

Está por ver qué ocurre con las imputaciones de terrorismo en las causas de Tsunami y los CDR. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá, en el caso de Tsunami, al considerar que tal delito no es atribuible. Pero por lo pronto mantener este delito sirve a los jueces de la Audiencia Nacional para retener la causa, aunque sea solo por unos meses, toda vez que el tribunal especial es el competente para los delitos de terrorismo y si reconocieran que los disturbios son desórdenes públicos tendrían que enviar las causas a los juzgados catalanes.

Tampoco esto es nuevo porque el derecho al juez natural, esto es, el que le corresponde predeterminado por la ley, no siempre se ha respetado en las causas vinculadas al procés. El caso más evidente fue el de Carme Forcadell. A ella se sentó en el banquillo del el Supremo mientras al resto de sus compañeros de la Mesa del Parlament se les juzgó en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Es algo que ella misma denunció en su declaración ante el tribunal presidido por el juez Marchena.

Algunos abogados de los líderes independentistas consideraron que de hecho todos deberían haber sido juzgados en el TSJC porque ninguno de los delitos que se les atribuyeron se habían producido fuera del territorio de Catalunya y su sospecha fue que lo que se pretendió (y consiguió) es que la competencia fuese la de la Audiencia Nacional y después la del Supremo.

Las dos causas de la Audiencia Nacional que afectan a independentistas catalanes, y que serán incluidas en la amnistía al procés si las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez terminan en acuerdo, han experimentado relevantes hitos en las últimas horas, coincidiendo con la aceleración de la negociación política. Antes de que se conociera su contenido, importantes sectores de la judicatura y de las fuerzas del orden habían expresado públicamente su oposición frontal al proyecto de ley con afirmaciones como que su aprobación supondría “el principio del fin de la democracia”.

Este viernes ha sido puesto a disposición de las partes un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil entregado al juez Manuel García Castellón este jueves –tres semanas antes de lo previsto por el propio cuerpo– que supone la recopilación final de indicios contra los implicados en la causa de Tsunami Democràtic, entre los que se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira. 

El documento final de la Guardia Civil –una de las últimas diligencias pendientes del caso– no aporta grandes novedades respecto a informes anteriores. El Instituto Armado ya había analizado varios dispositivos telefónicos incautados en una causa de Barcelona que se incorporaron al sumario de la Audiencia Nacional.

El informe describe a Tsunami Democràtic como “una herramienta que sirvió como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social”, en referencia a las protestas que la plataforma independentista convocó en 2019 contra la sentencia del procés (el bloqueo de los accesos al aeropuerto o el corte de la autopista AP-7 en la frontera con Francia).

Con todo, el informe evita atribuir delitos concretos a los investigados y se limita a describir sus tuits o las conversaciones en redes de mensajería encriptada con las que presuntamente habrían organizado las protestas de Tsunami. De la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien permanece en Suiza por temor a ser detenida en España por la causa de Tsunami, los agentes dicen que “realizó cometidos de coordinación” de la plataforma, sobre todo en relación a la “búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político”.

En manos de García Castellón

Fuentes de las defensas consultadas temen que la entrega del informe antes de lo previsto pueda acelerar las citaciones del juez a los investigados (en la causa todavía no ha declarado ninguno de los nombres que aparecen en los informes).

El desfile de imputados por la Audiencia Nacional pondría de nuevo el foco mediático en la causa de Tsunami, que el juez García Castellón abrió en 2019 por terrorismo y mantuvo secreta más de tres años, hasta que los magistrados que revisan sus decisiones le instaron a justificar por qué mantenía vedado el acceso a las actuaciones a las defensas.

La causa de Tsunami está instruida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Al frente del mismo está Manuel García Castellón, que en el verano de 2023 solicitó una prórroga para permanecer en activo hasta los 72 años, edad que alcanzará en junio de 2024.

La instrucción de García Castellón en casos que afectan a miembros de Podemos –partido que integra el Gobierno de coalición– ha sido corregida en repetidas ocasiones por la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en el caso de su intento de imputar a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno, por el Tribunal Supremo.

Una y otra vez, la Fiscalía y la instancia superior le advirtió de que realizaba una investigación “prospectiva” y que vulneraba los derechos fundamentales de los fundadores de Podemos, a los que ni siquiera había atribuido la condición de investigados. Finalmente, la Sala obligó a García Castellón a cerrar la causa, si bien el juez aprovechó para deducir testimonio y dar pie a otra causa, también secreta, que instruye su juez de refuerzo, Joaquín Gadea, afiliado como él a la Asociación Profesional de la Magistratura.

“Todos los jueces tenemos ideología, pero eso no es un problema; el problema llega cuando se traspasa a la actividad pública”, dijo el pasado 5 de octubre García Castellón en un acto público celebrado en Ourense. El magistrado participaba en el Foro La Región, un periódico de la provincia gallega. El magistrado pasó la velada sentado junto a su amigo Julio Ariza, el empresario mediático referente de la extrema derecha que acaba de ser condenado por el concurso de acreedores de Intereconomía.

García Castellón aprovechó su intervención para referirse a una posible ley de amnistía. Dijo que, como juez, no le era posible pronunciarse sobre el asunto porque instruía causas relacionadas con el independentismo –las citadas CDR y Tsunami– pero adelantó que hablaría “como ciudadano”. “La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón.

Los CDR, a juicio

El otro acelerón en una causa del procés de la Audiencia Nacional es el de los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo –ocho de ellos lo están además por tenencia de sustancias explosivas. El tribunal les ha enviado a juicio este viernes.

El tribunal que juzgará el caso, la sección 3ª, ha desestimado todas las peticiones de las defensas, tanto las cuestiones de fondo sobre la instrucción de García Castellón –que en la instrucción otra sección, la 2ª, sí había estimado– como de forma del sumario (las defensas alegan que la causa no está enteramente digitalizada y mal foliada). 

Los magistrados no ven impedimento en que los preparativos del juicio continúen y han dado cinco días a la Fiscalía para presentar escrito de acusación. Pese a que no esperaban para dentro de unas semanas la apertura de juicio oral, fuentes de las defensas consultadas remarcan que la vista oral todavía tardará, toda vez que todos los investigados permanecen en libertad después de que la Audiencia Nacional sembrara la duda sobre las acusaciones de terrorismo.

Antes del juicio las defensas volverán a reiterar sus quejas por las formas en las que García Castellón instruyó el caso: las pesquisas sobre los CDR arrancaron a partir de otra causa secreta que, denuncian los abogados, el juez no les ha entregado en su totalidad, lo que cercena su derecho a la defensa. 

El instructor sí tardó varias semanas en cumplir con la orden de los magistrados que revisan sus decisiones y entregar dos sumarios hasta entonces secretos a las defensas y que constataron que la causa de los CDR nació de otras pesquisas relativas al entorno de Carles Puigdemont y de la CUP.

Los vocales del CGPJ y la APM

Las novedades procesales en las causas de Tsunami y los CDR se producen tras 48 horas de pronunciamientos públicos de los sectores conservadores de la judicatura contra la amnistía. Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace cuatro años, establecieron el marco de los acontecimientos el pasado miércoles, 1 de noviembre. El Día de Todos los Santos a mediodía, los ocho vocales, todos propuestos en su día por el Partido Popular, anunciaron la petición de una convocatoria de pleno para aprobar una resolución contra un texto desconocido entonces.

Antes de que acabara el día, festivo en toda España, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) lanzó un comunicado de prensa proclamando que el texto que se aprobara provocaría la “quiebra” de la separación de poderes y del principio de igualdad, el ocaso del Estado de Derecho, por tanto. Eran las 23:28 horas del mismo día en que los vocales del CGPJ habían dado el pistoletazo de salida a las iniciativas contra lo que suponían era un acuerdo inminente entre el PSOE y los independentistas catalanes. 

La APM, de tendencia conservadora, es la mayoritaria entre el colectivo de jueces, si bien son superiores en número aquellos togados que no están afiliados a una asociación. Al día siguiente llegó el turno de Jupol, el sindicato más votado en las elecciones sindicales de la Policía, habituado a descalificar a los miembros del Gobierno con el argumento de la demanda de la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra. 

La habitual intromisión en cuestiones políticas de Jupol –incluso en las funciones de del Parlamento, como ocurre con la exigencia de que el representante de la soberanía popular se pliegue a sus exigencias con la Ley de Seguridad Ciudadana– había sido respondida por tibieza desde el Ministerio del Interior durante estos cinco años. Pero un mensaje en redes sociales de su organización hermana en la Guardia Civil, Jucil, acusando de “felonía” al presidente en funciones por su discurso ante el Comité Federal del PSOE animó al departamento de Fernando Grande-Marlaska el domingo anterior a remitir el contenido del tuit a los servicios jurídicos de la Dirección del instituto armado.