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La Audiencia de Barcelona ordena investigar si la Guardia Civil torturó a un CDR detenido por terrorismo

Registro de la Guardia Civil en el domicilio de Ros

Oriol Solé Altimira

Barcelona —

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“Pésima instrucción”. Así de contundente se muestra la Audiencia de Barcelona sobre la falta de investigación de las torturas que denunció uno de los CDR detenidos por terrorismo en 2019 por parte de la Guardia Civil. Las magistradas ordenan al juez de Sabadell (Barcelona) investigar “con la máxima eficacia y de forma completa” la denuncia de Ros contra once agentes.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, las magistradas de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona ordenan al juez investigar la denuncia de Ros “sin más dilación y con carácter preferente”. Los más de cuatro años que han pasado respecto a los hechos sin apenas pesquisas realizadas, alertan las magistradas, suponen “una vulneración ya producida” del derecho a la tutela judicial efectiva de Ros y a un proceso judicial sin dilaciones.

Ros, al que defiende el letrado Xavi Monge, fue uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en septiembre de 2019 por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Cuatro años después, espera en libertad juicio por terrorismo –la Fiscalía le pide 27 años–, pero confía en ser amnistiado.

El caso de Ros acumula varias dilaciones que, en el pasado, han merecido condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por falta de investigación efectiva de otras denuncias de torturas. Las togadas recuerdan que el juez puede archivar el caso, pero antes debe investigarlo.

El juez de Sabadell decidió limitar las pesquisas a lo ocurrido en esa ciudad durante el registro en el domicilio de Ros y dejó fuera del caso otras vejaciones denunciadas por el independentista en los cuarteles de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid).

Las magistradas corrigen al juez y le ordenan investigar el conjunto de la denuncia. Las denuncias por torturas de Ros en su traslado a Madrid se producen “de resultar acreditadas, en clara continuidad delictiva” respecto al inicio de los registros en Sabadell, por lo que deben investigarse en su conjunto.

Advierte el auto, del que ha sido ponente la magistrada Carme Guil, que, de ser ciertos los hechos denunciados por Ros, “entrañan gravedad al suponer una conculcación de derechos fundamentales de una persona detenida y por ello en situación de clara vulnerabilidad”.

En un comunicado, el colectivo Alerta Solidària ha lamentado que las “trabas” y la “dejadez interesada” del juez de Sabadell “se unen al monumental montaje” que, a su juicio, supone el caso de los 12 CDR acusados de terrorismo y que dificulta a las defensas “acceder a la Justicia efectiva”.

Los agentes, según la querella de Ros, le dijeron que incriminarían a su familia, le llamaron “hijo de puta” y le afearon la “mierda de jubilación” que daría a sus padres. Denunció, además, que los guardias coaccionaron a su hermano, que padece esquizofrenia.

Según Ros, las “coacciones” que sufrió por parte de los uniformados le llevaron a explicar al juez que solo buscaba “experimentar” con las sustancias para fabricar explosivos, pero que no busca generar daños. “Estuve parándolo porque podía implicar vidas humanas”, alegó en septiembre de 2019 en una confusa declaración judicial previa a su envío a prisión. Fue excarcelado después de que la propia Audiencia Nacional sembrara la duda sobre el terrorismo, una acusación que, no obstante, se ha mantenido hasta ahora.

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