'No a la guerra'. El eslogan de hace 23 años contra la invasión de Irak no es solo la frase que define ahora la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que también se ha convertido en el lema electoral de los socialistas. En el cierre de campaña de Castilla y León, el presidente ha arropado al candidato del PSOE junto a Óscar Puente y José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin en el que cientos de personas se quedaron en la calle tras completarse el aforo.

“España hoy, como hace 23 años, defiende el 'no a la guerra'. Y mientras, la derecha a quien defiende es a Aznar”, ha arrancado su intervención Sánchez, que durante varios momentos ha apelado al “patriotismo” delante de una gran bandera de España como una de las razones por las que se opone a los planes de Donald Trump.

“¿Qué interés tenemos nosotros en que se incendie Oriente Medio? ¿En que suba el precio de la gasolina o el gasoil? Decir 'no a la guerra' es decir sí a nuestros empresarios, a nuestros ganaderos. Es muy fácil para ellos decir sí a la guerra a costa de los trabajadores de nuestro país”, ha dicho en referencia al PP y a Vox.

A los de Feijóo y Abascal también ha aludido Pedro Sánchez por su apoyo, ha dicho, al presidente de los Estados Unidos. “Apoyan a quien está incendiando el mundo y luego se quejan del humo. Pero claro que vamos a poner todos los recursos del estado para proteger a la gente de una guerra que no avala el Gobierno de España”, ha advertido.

Antes, tanto Puente como Zapatero han ensalzado la postura de Pedro Sánchez entre gritos de 'no a la guerra'. “Sánchez le ha dicho que no tres veces a Donald Trump. A sus guerras absurdas, a sus planes en Gaza y al gasto en Defensa. Es Pedro Sánchez quien lidera esa respuesta para decirle que no y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos”, ha reivindicado, el expresidente.

Por su parte, el ministro de Transportes ha definido al presidente del Gobierno como una “referencia” en el mundo ante los planes de guerra de Donald Trump. “Sánchez es un líder que no tiene reparos en plantarse delante de un abusón y decirle que no, que así no cuente con España. Por eso Sánchez es el que es”, ha dicho.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha escrito una carta este jueves al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al término de cuyo mandato se produjo el cese del terrorismo de ETA. El socialista, que fue jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, elogió en el Senado a la actual izquierda abertzale, representada por Sortu y por la coalición EH Bildu, y destacó la “convivencia” que se ha instalado en la sociedad vasca. Para la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez, sin embargo, sus palabras fueron “hirientes”. Cree que las víctimas soportan “el coste de una paz construida sobre altas dosis de impunidad”.

Ordóñez, que recalca que su entidad aglutina a 500 víctimas del terrorismo y que es la “mayoritaria” en Euskadi, lamenta que Rodríguez Zapatero usara en la Cámara Alta palabras como “perdón”, “olvido” o “reconciliación” y reivindicara la “contribución” de la izquierda abertzale al actual escenario de paz. “Quienes hemos sufrido directamente el terror de ETA no podemos aceptar ese apoyo moral en el que usted insiste una y otra vez”, escribe la presidente de Covite.

Y añade: “[EH] Bildu será una formación legal, pero la legalidad no equivale automáticamente a legitimidad democrática”. Según Ordóñez, la “calidad democrática” de la formación que aglutina a Sortu, EA (escisión socialdemócrata del PNV), Alternatiba (surgida de IU) e independientes es “como mínimo profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA” y “mientras no asuma la injusticia radical del terror ejercido”. Lamenta, por ejemplo, que considere “presos políticos” a los condenados por delitos de terrorismo. Desde Covite remarcan también que EH Bildu sigue liderada por Arnaldo Otegi, que encarna una “simbiosis” con el pasado de ETA.

Concede Ordóñez que, sin asesinatos, no ha habido tiempo “mejor” en Euskadi. Pero el “legado” de los victimarios “sigue muy presente en el espacio público”, critica. “La libertad sigue condicionada en demasiados ámbitos por los mismos sectores que durante años jalearon, justificaron o encubrieron a los terroristas. Las calles siguen siendo, con demasiada frecuencia, un lugar de legitimación del terrorismo [y de] homenajes a terroristas como si fueran héroes”, le expone a Rodríguez Zapatero.

La hermana de quien fuera parlamentario vasco y portavoz 'popular' en Donostia sostiene que Rodríguez Zapatero propició un final negociado y de “blanqueamiento” para ETA y su brazo político, “sin vencedores ni vencidos”, sin “la foto de la derrota” de la banda. “Los ideólogos y responsables políticos de aquella maquinaria de terror hacen política con alfombra roja y reciben sus elogios, como si ETA no hubiera existido jamás”, opina. Y añade que “lo mínimo que cabría esperar de un expresidente del Gobierno es un actitud de prudencia, respeto y reconocimiento hacia las víctimas de ETA”.

No tiene una mina de oro, no es un narcotraficante, no ha cobrado un duro por su labor como mediador con el gobierno de Nicolás Maduro y tampoco participó en una trama de blanqueo. La Audiencia Nacional ya desmontó algunas de esas patrañas publicadas en varios medios, difundidas por la derecha y utilizadas por la oposición para atacar a José Luis Rodríguez Zapatero y por extensión a Pedro Sánchez. 

Pues aun así el PP las ha incorporado a su acervo político, al que ha añadido otras informaciones difundidas sin base alguna sobre un supuesto chivatazo antes de su detención al empresario Julio Martínez, socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el caso Plus Ultra para la que el expresidente del Gobierno hizo trabajos de consultoría.

Zapatero compareció este lunes, a petición del PP, durante más de tres horas en la comisión del Senado que investiga ya no se sabe qué ni hasta cuándo porque aunque fue creada hace año y medio para aportar luz sobre el caso Koldo, ya han pasado por allí más de 100 comparecientes y lo único que se ha arrojado en todo este tiempo ha sido ruido, furia, confusión y algún que otro espectáculo bochornoso.

El expresidente, que niega haber cobrado comisión alguna por el rescate de Plus Ultra, podría haber estado, no casi cuatro horas, sino hasta doce, y hubiera dado lo mismo porque el senador popular Fernando Fernández Maíllo llevaba las conclusiones escritas de antemano: es un “lobbista de regímenes totalitarios”, está “pringado hasta el cuello”, la empresa de la que cobraba era “una sociedad instrumental” creada para su propio beneficio y los informes por los que facturó 70.000 euros brutos anuales eran “una estafa”. 

Zapatero reconoció cobros de Análisis Relevante por consultorías y que medió para que la misma empresa contratara los servicios de sus hijas, pero negó cualquier tipo de irregularidad en la facturación que percibía como autónomo. Tributaba a través de IRPF un 45% de lo cobrado, y no constituyó nunca sociedad alguna para pagar menos impuestos. “No es ninguna sociedad pantalla ni soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, se defendió.

Ni el PP ni los medios que le han hecho de portadores de la munición contra Zapatero tienen pruebas de que el expresidente haya cobrado una comisión por el rescate de Plus Ultra, ni de que utilizara un Falcon del Estado para viajar a Venezuela -como sugirió Maíllo y también se ha publicado-, ni de que tuviera relación con el delincuente confeso Víctor Aldama que pagaba comisiones a Ábalos y Koldo: “Lo conozco, he estado una hora y media en mi vida con él. No tengo ni su teléfono”, aseguró el expresidente.

Y, sin embargo, con su citación en el Senado el PP le ha situado en el centro de la diana justo cuando el expresidente se dispone a hacer campaña por el PSOE en Castilla y León, como la hizo en las generales de 2023 sacando de la apatía a buena parte del electorado socialista. Ese, y no otro, era el objetivo además del 'difama, que algo queda'. 

Que la imputación de Julio Martínez en el supuesto desvío para fines ilegales de parte de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra ha puesto a Zapatero en una situación delicada no significa que haya cometido ilegalidad alguna. Todos los expresidentes del Gobierno tienen actividades privadas y hasta vinculación con diferentes empresas porque todos renunciaron en su día a formar parte del Consejo de Estado como miembros natos y no tienen, por tanto, asignación pública, más allá de la seguridad, la oficina y los asistentes que les costea el erario público en razón del cargo que en su día ocuparon. 

Salvo Mariano Rajoy, que regresó a su puesto de registrador de la propiedad, el resto hacen labores de asesoría e imparten conferencias por el mundo por las que cobran decenas de miles de euros. José María Aznar incluso ostenta el cargo de consejero delegado en media docena de compañías y hasta constituyó una sociedad junto a su esposa, Ana Botella, para facturar los derechos de propiedad de sus publicaciones. De las actividades de sus hijos nadie pregunta, ni investiga, ni publica. Mucho menos se especula sin pruebas, se les somete al desnudo integral al que se ha obligado a Zapatero y a su familia o se les insulta. ¿No sería justo el mismo trato para los Aznar y sus hijos? ¿O es que esta manera de desenvolverse en política y en el periodismo solo vale para sembrar sospecha sobre la izquierda y no sobre la derecha?

Injuriar, calumniar y difamar sale gratis por mucho que Zapatero sostenga, como hizo este lunes en el Senado, que en democracia no se gana nada insultando “a personas honestas, inocentes y que tienen una trayectoria inequívoca y un servicio a su país incuestionable”. Se equivoca el expresidente. Quienes así se comportan ya han conquistado decenas de titulares y editoriales, además de a una parte de la opinión pública convencida de tanta patraña, tanta manipulación y tanta verdad a medias. Cuando en este mundo en el que nos movemos cada día es más necesario distinguir entre lo que es periodismo y lo que no; lo que es verdad y lo que es embuste o lo que es política y es populismo incendiario es que van ganando. Quien pierde es la democracia y el derecho constitucional a una información veraz.

Al final de su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, José Luis Rodríguez Zapatero resumió la prioridad del Partido Popular en su intento de implicarle en varios delitos: “Ustedes seguirán con la campaña de insultos y difamaciones porque sé lo que buscan, sobre todo desde julio de 2023, y es que no realice el apoyo que hago a este Gobierno. ¿Pero saben qué les digo? Que ganaré”.

El PP ha convertido a Zapatero en una especie de siniestro comisionista internacional sospechoso de incurrir en numerosas ilegalidades. Lo que no ha hecho es presentar una querella en los tribunales, porque sabe que no tendría éxito. La parte fácil es que no necesitas convencer a un juez para sacar un titular.

“Vamos a seguir por la vía política. Sobre la vía judicial, no se ha tomado ninguna decisión”, dijo después Carmen Fúnez en representación del PP. Ni para utilizar al Senado como cámara de eco de tus intereses ni para acusar a Zapatero de “hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles”, estás obligado a contar con indicios sólidos. Incluso puedes comunicar a Zapatero en la comisión que es obligación suya demostrar que es inocente, por ejemplo entregando los mensajes y llamadas del móvil. Es el mundo al revés de la justicia. Él es culpable a menos que demuestre lo contrario.

Fue Alberto Núñez Feijóo, no el Senado, quien decidió que había llegado el momento de convocar a Zapatero. Él fue quien lo anunció y de postre hizo una acusación directa. “Hemos visto publicado que daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas”, había dicho en la fiesta de Navidad del PP de Madrid. Este es el nivel de la oposición. Se acusa a un expresidente de cometer el delito de obstrucción a la justicia y no pasa nada. Lo ha leído en un medio. ¿Qué más necesita?

Zapatero empezó la sesión con energía y la terminó de forma menos convincente cuando el PP le acosó por las características de los informes que escribió para su amigo Julio Martínez, asesor de Plus Ultra, a través de la sociedad Análisis Relevante. Este fue detenido en diciembre y se le investiga en una causa secreta sobre un presunto delito de blanqueo de dinero relacionado con los fondos del rescate de la compañía aérea. Su situación legal es un elemento que afecta a la reputación de Zapatero –eso es innegable–, pero él no está siendo investigado en ningún juzgado.

El grupo ultra HazteOír lo intentó y salió trasquilado. Zapatero recordó que la Audiencia Nacional estableció que lo que se buscaba eran “unas diligencias prospectivas sobre una investigación patrimonial sin la presencia de indicios de criminalidad”. El objetivo era “dañar mi imagen pública, dañar mi honor”.

El expresidente negó haber intervenido en el rescate de Plus Ultra. Negó haber hablado del tema con Pedro Sánchez u otro miembro del Gobierno. Negó haber presionado a José Luis Ábalos. Solo se ha reunido con él una vez y fue después del rescate. Informó de que ha cobrado de la empresa de Martínez 70.000 euros brutos al año desde 2020 hasta 2025. “Soy un autónomo. Nunca he tenido una sociedad ni aquí ni en ningún sitio del mundo, ni aquí ni en Kuala Lumpur”.

Los portavoces de UPN, Vox y el PP se dedicaron a lanzarle titulares aparecidos en medios como OKDiario, The Objective o El Debate. El del PP enseñó copias de páginas enteras de El Mundo. La mecánica era la misma. Presentar titulares y preguntar a Zapatero por ellos. Eso hacía bastante fácil desmentirlos, en especial aquellos basados en especulaciones, como los generados por las fotos de la mañana en que él y Martínez estuvieron corriendo en el Monte de El Pardo tres días antes de la detención del segundo. “Julio Martínez no me dio ningún papel”, dijo. “Fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo”.

Un elemento sospechoso de esa primera información de El Debate fue que contó que corrieron en una zona de la que se decía que no había cobertura de móvil. Como si la hubieran elegido específicamente. Zapatero dijo que desde luego que hay cobertura en esa zona.

La senadora de UPN fue la primera que sacó el tema de Venezuela. Lo hicieron todos los representantes de la oposición. La relación del caso Koldo o Ábalos con Venezuela es muy tenue, pero al PP siempre le interesa ponerla en primera línea. El presidente de la comisión dejó a la de UPN que se explayara con el tema. Solo cuando Zapatero empezó a hablar de que solo viajó a ese país a partir de 2019 para realizar gestiones en favor de la liberación de presos, el presidente, Eloy Suárez, decidió que esa cuestión estaba fuera del objeto de la comisión.

Zapatero admitió que coincidió con Víctor Aldama, el comisionista imputado que acusa a Ábalos, Koldo García y el PSOE, en un vuelo de hora y cuarto de Venezuela a República Dominicana organizado por el Gobierno de Caracas y en el que aceptó que le acompañara. No hubo más contactos entre ambos. “Es una patraña absoluta”, dijo sobre el famoso sobre que Aldama dice tener y que probaría la financiación ilegal del PSOE por Venezuela, y que resulta que aún no ha entregado a la justicia meses después de que se empezara a hablar de él. Es un sobre supuestamente entregado por Delcy Rodríguez que aparece en los titulares cuando Aldama ve que necesita volver a aparecer en escena.

En algunos desmentidos, lo tenía más fácil. Negó que fuera propietario de una mina de oro en Venezuela. La historia surgió de una declaración de 'El Pollo' Carvajal, personaje oscuro de los servicios de inteligencia de Venezuela, de cuando intentaba contar lo que fuera para librarse de la extradición a EEUU. No lo consiguió. Zapatero mostró una carta posterior de Carvajal en la que niega la acusación y pide disculpas.

Fernando Martínez Maíllo, del PP, dio por hecho un largo capítulo de cosas. Afirmó que “se había pasado por la IA” un fragmento de uno de sus informes difundido por El Mundo y ofreció como conclusión que solo era un resumen de documentos publicados por la OMS. Le restó todo valor. “Es un corta y pega. Esto es una estafa”, dijo, haciendo el cálculo de que cada página salía por entre 2.500 y 3.000 euros. Zapatero respondió que él escribió algunos de esos informes, otros los hizo en colaboración con otra persona y que además daba asesoramiento de forma verbal.

Ante algunos de los datos de Maíllo sobre la consultora Análisis Relevante, el expresidente no pudo dar respuestas claras. La compañía solo tenía un cliente, Plus Ultra, y dos proveedores. Maíllo dijo que era “una sociedad instrumental” diseñada para ocultar otros asuntos. Zapatero no tenía ninguna respuesta para esa pregunta ni podía desmentirle.

Al final, la pelea fue degenerando, como es habitual en el Senado. Ante la complacencia del presidente de la comisión, Maíllo le preguntó si Venezuela es una dictadura o si se había reunido con María Corina Machado. El nivel de sus comentarios puede encontrarse en esta frase: “Usted parece que ha cobrado del dinero público del rescate de una empresa”. Y con el 'parece' el PP ya tiene suficiente.

Ya lo había dicho el presidente, Eloy Suárez. Como la comisión no es un tribunal de justicia, “las acusaciones no son lo mismo que en un tribunal”. Hay barra libre para la difamación y lo único raro es que no la haya para las bebidas alcohólicas.

Tras semanas en el foco por sus negocios con uno de los empresarios detenidos en el caso Plus Ultra, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se sometió este lunes al escrutinio de los senadores. Durante casi cuatro horas, el que fuera jefe del Ejecutivo reivindicó su labor como consultor y admitió sus trabajos para ese empresario, Julio Martínez Martínez. También negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

“No soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, dijo Zapatero ante el intento del Partido Popular de caricaturizarle como “un lobbista de regímenes totalitarios”. “No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás”, había dicho en los primeros compases de su comparecencia, cuando negó cualquier relación con el rescate de esa compañía que, a su vez, tuvo contratado a su amigo Julio Martínez Martínez como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. 

Sus explicaciones, en ocasiones acompañadas de documentos dejan, sin embargo, todavía algunos elementos inciertos. Por ejemplo, el hecho de que la cantidad que Martínez Martínez cobró de Plus Ultra es similar a la que, posteriormente, su empresa Análisis Relevante abonó a Zapatero por sus labores de consultoría. Zapatero admitió haber cobrado unos 420.000 euros brutos entre 2020 y 2025 de esa compañía, que también contrató a sus hijas para que realizaran labores de comunicación y marketing. En el mismo periodo, el empresario ingresó casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela. Todo ello, a través de una empresa sin empleados. 

El expresidente admitió que sabía que su amigo tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó en numerosas ocasiones que él tuviera vinculación alguna con la aerolínea. “Es una especulación, una conjetura, una hipótesis”, afirmó Zapatero, que reiteró que sus trabajos de consultoría nada tenían que ver con Plus Ultra. El expresidente también se afanó en defender esos trabajos antes los ataques del PP, que aseguró que la empresa a la que le facturaba como consultor era una sociedad fantasma y que sus informes eran “una estafa”. 

Los informes de consultoría para Análisis Relevante eran redactados de forma conjunta con Sergio Sánchez, quien fue asesor del CNI entre 2009 y 2018 y hoy ocupa un cargo directivo en Movistar+. Sánchez, que tenía el 25% de la sociedad cuando se constituyó en 2020, facturó unos 18.000 euros por esos trabajos, que ha cifrado en un total de 15.

A preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Zapatero rechazó dar cifras y admitió que esos trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales” y que se nutrían de “fuentes abiertas”. “La tarea es mucho más amplia que hacer informes escritos. Es establecer perspectiva, diálogos, seminarios, webinars… Es una tarea amplia que exige un conocimiento”, trató de justificar. También defendió que la contratación de What the fav, la empresa de sus hijas, fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. 

La parte del interrogatorio en la que se mostró visiblemente más incómodo fue justo al final de la comparecencia, cuando el senador del PP quiso llegar hasta el fondo de su relación con esa empresa. Martínez-Maíllo acusó a Zapatero de estar en la “génesis” de la creación de esa sociedad, que definió como una simple “empresa instrumental” para cobrar de la rescatada Plus Ultra: “¿Usted sabía que el único cliente de Análisis Relevante era Plus Ultra? ¿Sabía que no tenía empleados? ¿Sabía que sus dos únicos proveedores eran usted y su empresa familiar?”.

Zapatero negó que fuera una “sociedad interpuesta” y también haber participado en su creación, aunque sí admitió que le comentaron la “posibilidad” de crearla, para regocijo del senador del PP, que buscó en todo momento sembrar sospechas sobre esa compañía haciendo alusión a elementos que como la sede estaba en el domicilio de Julio Martínez Martínez o la ausencia de otros clientes o trabajadores. “Lo único que es evidente es que cuando se consolida el proyecto, cuando se registra o se acuerda por los socios, es cuando yo digo que estoy dispuesto a participar”, trató de argumentar después. 

“Mediador” en Venezuela

Durante la comparecencia, Zapatero también reivindicó su papel como “mediador” en Venezuela entre los años 2016 y 2020. Dio explicaciones pormenorizadas de los viajes realizados al país en ese período y explicó que fue llamado por la oposición al régimen de Nicolás Maduro y que siempre trabajó “pro bono”. Recordó, por ejemplo, su participación “directa o indirecta” en la liberación de más de un centenar de presos. 

Sin embargo, también admitió haber “facilitado” que el expresidente de Venezuela recibiera al empresario Javier Hidalgo, que estaba interesado en el pago de una deuda de 200 millones que el Gobierno de Caracas mantenía con la aerolínea Air Europa por la venta de billetes. El expresidente del Gobierno defendió que fue Hidalgo quien le llamó y que propició que se produjera esa reunión “a cambio de nada, para apoyar a una empresa española”. “Ni se habló de comisiones, por favor”, insistió. 

Durante la comisión también salió a colación el nombre del comisionista poliimputado Víctor de Aldama, con quien Zapatero admitió haber coincidido apenas “una hora y cuarto” en un avión contratado por el Gobierno venezolano que hacía la ruta Caracas-República Dominicana. 

“Yo estaba en Venezuela, en Miraflores, en la Presidencia, y me dijeron: ‘¿Presidente, tiene inconveniente en que le acompañe un empresario español que está aquí hasta República Dominicana?’ Y dije: ‘No, por supuesto’. Fui con él en avión, ni me acuerdo de qué hablé con él. No le he vuelto a ver, no he tenido relación ninguna con él. Cero”, dijo Zapatero sobre el empresario, un corrupto confeso que sobornó con dinero y casas de vacaciones a quienes le enriquecieron con contratos públicos: el exministro Jose Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

El PP no lo llevará a los tribunales

A pesar de las graves acusaciones lanzadas por los populares en el Senado, que llegaron a asegurar que Zapatero “está pringado hasta el cuello” y que “se ha convertido en un lobbista de regímenes totalitarios”, desde la dirección de la calle Génova no tienen pensado llevar a los tribunales a Zapatero por su supuesto papel en el rescate de Plus Ultra. 

“Zapatero será recordado como el expresidente del Gobierno que se valió de su condición para hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles y para rescatar a una compañía aérea”, afirmó la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez. “No ha despejado ninguna de las dudas que estaban encima de la mesa y al contrario, lo que ha hecho ha sido alentarlas”, añadió. Preguntada por si piensan denunciar al expresidente, Fúnez zanjó: “Vamos a seguir por la vía política. Sobre la vía judicial no se ha tomado ninguna decisión”.

El PSOE, mientras, cierra filas con Zapatero. La dirección de los socialistas salió en defensa del expresidente inmediatamente después de acabar su comparecencia. “Talento y talante”, destacaron en un comunicado sobre su actuación en la comisión de investigación que, a su juicio, se les está “indigestando” a los populares. “Frente al ruido, serenidad. Frente al bulo, argumentos. Frente a la provocación, institucionalidad”, proseguía ese mismo comunicado. 

Pero en Ferraz dejan sin responder las preguntas sobre las lagunas en el relato del expresidente. En plena campaña electoral en Castilla y León, la consigna es clara: defender a Zapatero y arremeter contra el PP. Cuesta encontrar voces que lo cuestionen y, en todo caso, están alejadas de la dirección.

El PSOE, además, va a dejar claro su respaldo al expresidente del Gobierno y la decisión es recuperarlo para esa campaña, donde ya tiene confirmado un acto este próximo viernes. “No creo que la comisión de investigación y la comparecencia de Zapatero signifiquen ni un diputado más ni uno menos en Castilla y León. No vamos a ganar ni a perder. El que sale peor parado es Feijóo, porque se precipita”, señala un destacado dirigente, que considera que los ataques de la derecha a Zapatero se incrementaron a raíz de su involucración en la campaña de 2023: “No le perdonan que se implicara tanto”, apostilla.

En su alegato final, Zapatero defendió su honorabilidad hasta el punto de recordar que es “el único presidente del Gobierno” que no ha tenido escándalos de corrupción durante su mandato. “Hace 14 años que dejé la vida pública y toda mi trayectoria ha estado marcada por la decencia y la integridad. Son ustedes los que tienen que demostrar sus injurias y sus calumnias y no lo pueden demostrar, porque no tienen nada”, concluyó el expresidente, que otorgó a su citación en la comisión de investigación del Senado un carácter exclusivamente electoralista que solo busca, aseguró, perjudicar su figura para así dañar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado este lunes en el Senado la carta en la que Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana con Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmentía la existencia de un supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano que él mismo había contribuido a difundir.

El bulo del 'Pollo' Carvajal cumple cuatro años de vida y en él se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. elDiario.es ha tenido acceso a la carta que el 'Pollo' Carvajal envió en 2023 donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas y se comprometía a “subsanar el malentendido”. Esta es la misiva:

Una sociedad instrumental para cobrar de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con fondos públicos. Esa es la grave acusación del PP a José Luis Rodríguez Zapatero en la que los de Alberto Núñez Feijóo han fundamentado la tesis principal de ataque al expresidente durante su comparecencia en el Senado. “Usted está pringado hasta el cuello. Se ha convertido en un lobbista de regímenes totalitarios”, ha llegado a decir el senador popular, Fernando Martínez-Maillo, que ha asegurado que la empresa a la que le facturaba Zapatero como consultor era una sociedad fantasma y que los informes por los que él cobraba 70.000 euros brutos anuales eran “una estafa”.

El expresidente del Gobierno ha llegado a pedir amparo al presidente de la Comisión de Investigación, que ha estado alineado sin complejos con sus compañeros de filas del PP en la gestión de los tiempos y del contenido de las intervenciones y que no ha atendido el ruego del exlíder socialista. “Son acusaciones gravemente incriminatorias”, ha dicho Zapatero, que ha negado todas y cada una de las acusaciones que ha escuchado durante más de cuatro horas de comparecencia.

“No es ninguna sociedad pantalla y yo no soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, se ha defendido. Zapatero no ha detallado el número de informes que realizó, aunque ha admitido que algunos se basaban en “fuentes abiertas” y ha insistido en que también realizó “muchos informes orales” para Análisis Relevante SL, la empresa de su amigo.

La parte del interrogatorio en la que se ha mostrado visiblemente más incómodo ha sido justo al final de la comparecencia, cuando el senador del PP ha querido llegar hasta el fondo de su relación con esa empresa. Martínez-Maillo ha acusado a Zapatero de estar en la “génesis” de la creación de esa sociedad, según ha denunciado el senador popular una simple “empresa instrumental” para cobrar de la rescatada Plus Ultra. “¿Usted sabía que el único cliente de Análisis Relevante era Plus Ultra? ¿Sabía que no tenía empleados? ¿Sabía que sus dos únicos proveedores eran usted y su empresa familiar?”.

“No es ninguna sociedad interpuesta. No estoy en la génesis de esa empresa. Lo comentaríamos varios en su día, pero es cuando se consolida el proyecto por los socios cuando yo les digo que estoy dispuesto a participar como consultor. A mí me comentaron la posibilidad de crear esa empresa, solo la posibilidad. No recuerdo la fecha”, se ha defendido.

El expresidente ha rechazado también cualquier relación, directa o indirecta, ni con la aerolínea Plus Ultra ni con la operación de su rescate. “Todo lo que se ha dicho son falsedades”, ha dicho ya en respuesta a la primera pregunta en la comisión de investigación en el Senado que analiza las derivadas de la Operación Delorme, el conocido como caso Koldo.

El PP decidió citar este lunes al exdirigente socialista en plena campaña electoral de Castilla y León y lo hizo con carácter de urgencia, algo que ha reprochado Zapatero en sus primeras consideraciones. “Una convocatoria por urgencia, sin motivación. La doctrina del Tribunal Constitucional de los actos exige motivación con carácter de urgencia, mucho más en procesos en los que pueden estar en juego los derechos fundamentales”, ha defendido en sus primeras palabras para criticar al PP que ni siquiera haya especificado el tema a tratar en la comparecencia.

El grueso de las preguntas de las primeras senadoras, las de Unión del Pueblo Navarro y de Vox, se han centrado en el rescate de la aerolínea y la supuesta participación que tuvo en ella el expresidente a través de sus labores de consultoría para la empresa Análisis Relevante.

Zapatero ha negado haber sido el “facilitador” de la empresa hispano venezolana, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia. “No, no he tenido relación con Plus Ultra ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra”, ha repetido varias veces. También ha rechazado haber tenido ninguna conversación con alguien del Ejecutivo sobre aquel rescate. “No he trabajado nunca para Plus Ultra en mi vida. Ninguna relación, cero. Los informes eran para Análisis Relevante”, ha explicado Zapatero ante la insistencia de las preguntas de Vox sobre la empresa para la que trabajó como consultor, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez.

La imputación de Martínez en el supuesto desvío para fines ilegales de parte del préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra ha puesto a Zapatero en una situación comprometida. Ante los senadores, el expresidente ha reconocido que conoce “bastante” a Martínez Martínez, para el que trabajó como consultor. Esa compañía, creada en febrero de 2020, también contrató a las dos hijas del expresidente para “trabajos de marketing”, según ha reconocido el expresidente.

Análisis Relevante pagó entre de 2020 y hasta el año pasado 70.000 euros brutos al año a Zapatero por unos trabajos de consultoría que, según el ex jefe del Ejecutivo, hacía “a precio de mercado” teniendo en cuenta su “experiencia, trayectoria y personalidad”. Un dinero que, según ha explicado, Zapatero cobraba “contra factura” y por el que cotizaba el IRPF dado que es autónomo. “No tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad. También le propuse que la empresa de mis hijas, What The Fav, hiciera las tareas de marketing. ”Es mi propuesta y formaba parte del acuerdo“, ha sostenido Zapatero.

A la vez, Julio Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela. A preguntas de los senadores de la oposición, Zapatero ha admitido que su amigo le comentó que tenía “alguna relación” con la aerolínea rescatada, aunque sin darle demasiados detalles. Y ha reiterado que es “una especulación” que él tenga alguna vinculación con Plus Ultra. “Evidentemente, no. No he tenido relación con Plus Ultra, ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra”, ha insistido.

A Zapatero le han preguntado por una información publicada en medios de comunicación de ultraderecha que le atribuía un chivatazo a su amigo. “Estuve corriendo con él en la zona de siempre y se produjo una información tres días después de la detención absolutamente falsa, perversa, indignante, vergonzosa. Feijóo dio por buena esa información y anunció mi comparecencia aquí”, ha lamentado.

“Y es totalmente falso”, ha proseguido. “Corrimos ese día como todos los días. Tengo el registro de mi carrera. De 9 a 10 de la mañana. Ocho kilómetros a un ritmo de 5,59. Puedo acreditarlo. Julio Martínez no me dio ningún papel. Es falso de toda falsedad. No he tenido un móvil prepago, no sé ni lo que es. Lo último era que llevaba mocasines. Llevaba unas zapatillas runners marca Hoka. Y, por cierto, esa zona sí tiene cobertura. Ayer estaba allí y me llamó mi hermano para decirme que ya es abuelo de una niña preciosa”.

Una hora en un avión con Aldama

Zapatero no solo ha negado relación alguna con el rescate de Plus Ultra, sino tener incluso relación con los cabecillas de la trama de corrupción que se investiga, como Víctor Aldama. “Lo conozco, he estado una hora y media en mi vida con él. No tengo ni su teléfono”, ha asegurado el expresidente, que también ha rechazado vínculos con la petrolera estatal venezolana.

“¿Sabe usted algo del famoso sobre de PDVSA que Delcy [Rodríguez] entregó a Aldama y que tendría pruebas de la financiación irregular del PSOE?”, le ha preguntado la senadora de UPN, María del Mar Caballero. “Incluso se ha dicho que yo vehiculaba ese sobre, que yo era el enlace para esa financiación de 200 millones, incluso con cuentas mías en San Petersburgo. Es una patraña absoluta. No existe”, ha respondido Zapatero.

Lo que sí ha reconocido el expresidente es que facilitó una reunión entre Javier Hidalgo, hijo del fundador de Globalia y ex consejero delegado de la compañía, y el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para “ayudar” a una empresa española, según ha dicho. El motivo, según ha explicado, fue para una deuda que el Gobierno venezolano tenía con la aerolínea Air Europa y ha asegurado que no cobró nada por facilitar ese encuentro. Tampoco ha dicho saber si se recuperó el dinero o no.

En plena campaña electoral de Castilla y León, y como ya hiciera también en los comicios de Extremadura y Aragón, la derecha ha intentado utilizar la comisión de investigación para hacer una causa general contra el Partido Socialista. Así, la senadora de UPN le ha preguntado incluso por su relación con Santos Cerdán, el exsecretario de organización de su partido.

Zapatero ha reconocido que tuvo “muy buena relación” con el que fuera compañero de filas, a quien ha dicho que conoció en 2023. Aunque ha añadido que esa relación fue de “muy poco tiempo”. “Respeto a la justicia”, ha dicho el expresidente sobre la situación procesal de Cerdán. Y ha recordado que entrar en “valoraciones personales” nada tiene que ver con el “objeto de la comisión” de investigación en el Senado sobre el ‘caso Koldo’ a la que le ha citado el PP.

“El respeto que tuve al presidente Aznar”

El expresidente Zapatero ha reivindicado el respeto a las “instituciones” y ha recordado la defensa que hizo de José María Aznar durante la Cumbre Iberoamericana en la que el exmandatario venezolano Hugo Chávez cargó contra él. “El respeto que tuve al expresidente Aznar cuando le atacaba el señor Chávez y salí en su defensa, diciendo que no permito que a un expresidente sea del partido que sea se le insulte. Qué curioso, cómo es la vida. Con Hugo Chávez. Porque yo sí le tengo respeto al expresidente”, ha dicho.

Esa reflexión ha venido precedida de una pregunta de la senadora de UPN sobre sus supuestos negocios en Venezuela. Zapatero ha explicado su buena relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con su hermano Jorge Rodríguez, sus interlocutores durante los años que ejerció de mediador.

Zapatero ha rechazado que usase esa relación para influir en la política exterior de España sobre Venezuela y ha rechazado haber cobrado un solo euro por esas labores de mediación durante el proceso en República Dominicana. “He estado en Venezuela a petición de la oposición para una mediación en un país conflictivo. Una mediación que duró del 2016 al 2019. Y que se tradujo en 58 viajes con ocasión del diálogo. 48 a Caracas. 14 a República Dominicana, donde se celebraron negociaciones con Unasur, con el expresidente [panameño Martín] Torrijos, [el expresidente colombiano Ernesto] Samper, una en Washington con ocasión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una en Roma. Viajes sobre todo hasta 2020, el 80%. A partir de ahí, una o dos veces al año fundamentalmente en procesos electorales y a la tarea de liberar presos en Venezuela. He participado directa o indirectamente en la liberación de más de un centenar de presos”m, ha defendido.

El exdirigente socialista ha recordado además la carta en la que Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana con Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmentía la existencia de un supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano que él mismo había contribuido a difundir.

“Hubo un medio hace cuatro años que salió diciendo que el Pollo Carvajal comunicaba a la Audiencia Nacional que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela y otros chanchullos. Me considero una persona afortunada, no me quejo de nada, acepto hasta las injurias. Me gusta el debate público y la libertad de expresión”, ha comenzado, para a continuación leer algunos de los extractos de la misiva que recibió de Hugo Carvajal en 2023, en la que decía que fue un error no desmentir las acusaciones contra el expresidente.

La semana arranca con la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión Koldo del Senado sobre el rescate de Plus Ultra este lunes a las 9:30, que puedes seguir aquí en directo. El PP, con mayoría para decidir quién es convocado, le ha citado para que dé su versión sobre el rescate de la aerolínea, un asunto sobre el que el expolítico no está investigado judicialmente.

Además, una encuesta del Ateneo del Dato muestra que Gabriel Rufián es el favorito de los votantes progresistas para liderar una candidatura de la izquierda plurinacional. Pese a que ya ha anunciado su renuncia, la segunda preferida es Yolanda Díaz, seguida de Irene Montero y Joan Baldoví.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se gana la vida desde hace años con su actividad privada: trabajos de consultoría para distintas empresas y conferencias bien remuneradas. Es autónomo y paga a Hacienda el 45% de lo que factura, según cuenta su entorno. La imputación de su cliente, amigo y empresario Julio Martínez en el caso Plus Ultra —el supuesto desvío para fines ilegales de parte del préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a esta compañía— le ha puesto en aprietos.

La empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, pagó desde su creación en febrero de 2020 y hasta 2025 unos 600.000 euros brutos al consultor Zapatero y a la empresa de sus hijas por trabajos de asesoría y mercadotecnia, según adelantó El Mundo. A la vez, Julio Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela.

El PP sospecha que Julio Martínez puede ser el testaferro de Zapatero para sus negocios en el país latinoamericano y ha citado en el Senado al expresidente del Gobierno para que responda sobre todas las sospechas de corrupción que han difundido contra él en los dos últimos años, entre ellas el supuesto regalo de una mina de oro en Venezuela.

El rescate de Plus Ultra: un préstamo de 53 millones a una compañía con tres aviones y 350 trabajadores. El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que cerró España por la pandemia, Plus Ultra recibió del Gobierno 53 millones de euros en dos préstamos (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones) para evitar su quiebra por inactividad.

El gestor y máximo responsable del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas era Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, nombrado para ese puesto en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lora declaró en el Senado que no había recibido presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a empresas en crisis, entre ellas a Plus Ultra: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”. Hasta el pasado diciembre, Plus Ultra había cumplido con las obligaciones comprometidas en la concesión de los dos préstamos y ya había devuelto nueve millones de euros en intereses.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró a Plus Ultra, con licencia tipo A concedida en 2015, una compañía esencial como las otras 19 del mismo tipo existentes en España. Plus Ultra “tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros, generó empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500. Por tanto, es una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa, y cumple los criterios para recibir ayudas vinculadas al Fondo de Solvencia”, explicó Montero en el Congreso cuando le preguntaron por el rescate.

El PP consideró insultante y sospechosa la ayuda del Gobierno a una compañía con una flota de apenas tres aviones (dos A340-300 y un A340-600) y una cuota de mercado “de un 5,9%, con lo cual queda muy lejos de ser una empresa estratégica y, por tanto, susceptible del rescate concedido”. Plus Ultra realizó 765 operaciones en 2019 sobre un total de 1.155.070 operaciones de pasajeros internacionales desde los aeropuertos españoles; y en el año siguiente, en plena pandemia, hizo 220 de un total de 352.652 operaciones.

La formación conservadora preguntó a distintos ministerios si los accionistas de Plus Ultra estaban siendo investigados por blanqueo de capitales en Andcapital Bank Internacional, o sobre los préstamos que tenían en Gibraltar o Suiza, o sobre los vínculos de una parte de la propiedad con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No obtuvo respuesta.

Zapatero niega ahora que hiciera gestiones con miembros del Gobierno español para el rescate de la aerolínea, y mucho menos que cobrara por nada relacionado con esa operación. La única reunión que mantuvo con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue posterior a la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, según su entorno, y no trató sobre esa cuestión. Los informes que elaboraba para Análisis Relevante, cuentan, no trataron aspectos relacionados ni con este rescate ni con Venezuela.

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos meses una querella por “uso indebido” de una parte del rescate de 53 millones de euros para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. El pasado 12 de diciembre, la policía detuvo al presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; al consejero delegado, Roberto Roselli; y al asesor externo de la compañía y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez. La Policía halló una especie de contrato por el que este empresario que contrató a Zapatero y a sus hijas cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. También se hallaron 300.000 euros en billetes que Martínez Martínez atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda.

Análisis relevante: una empresa sin casi clientes que contrató a la familia Zapatero. Julio Martínez fundó la consultora Análisis Relevante en febrero de 2020, en vísperas de que España entrara en una larga pausa para combatir el coronavirus con un decreto que prohibió la mayoría de actividades económicas y encerró a los ciudadanos en sus casas.

Sergio Sánchez, un cargo relevante en el CNI durante el mandato del general Félix Sanz Roldan (2009-2019), adquirió por 1.000 euros el 25% de Análisis Relevante, una sociedad cuyo objetivo era conseguir clientes a los que vender informes geoestratégicos. Según ha explicado Sánchez a El Mundo y a El País, los clientes nunca llegaron, y él escribió los informes, por los que cobró apenas 18.000 euros mientras la empresa de las hijas de Zapatero se dedicaba a maquetarlos para enviarlos a los potenciales clientes.

Asegura que nunca supo que la empresa de la que era dueño en parte asesoraba a Plus Ultra. El entorno de Zapatero sostiene que Sánchez miente sobre los informes porque el expresidente escribió a mano muchos de ellos. Preguntado por esta circunstancia, Sergio Sánchez evita entrar en polémicas y se ciñe a lo explicado respecto a su participación en una empresa de la que ya no forma parte.

El falso regalo de una mina de oro en Venezuela. Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana durante el mandato de Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmintió desde la cárcel de Estremera (Madrid) un bulo que él mismo ayudó a difundir, que ya cumple cuatro años de vida y en el que se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. El 'Pollo' Carvajal envió en 2023 una carta manuscrita a Zapatero donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas sobre el supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano y se comprometía a “subsanar el malentendido”.

La información publicada por primera vez en octubre de 2021 se basaba en un escrito del propio Hugo Armando Carvajal en el que denunciaba que “el hecho” de que una política colombiana, Piedad Córdoba, fallecida en 2024, señalara a Zapatero como “beneficiario de una mina donde predomina el oro y el diamante, ubicada en el extremo sureste del Estado Bolívar, fronterizo con la República Federativa de Brasil (…)” constituía “una prueba de cómo Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional, a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano”. Una declaración confusa de Piedad Córdoba citando el nombre de Zapatero alentó una teoría conspirativa sobre la que no existía ni una sola prueba.

La asociación ultraderechista HazteOír presentó hace dos meses una querella contra Zapatero que aireaba el bulo de la mina de oro. El magistrado Antonio Piña archivó la denuncia tras pedir opinión a la Fiscalía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”. “Ni se puede afirmar el incremento patrimonial que se indica en la querella, ni que el mismo tenga relación con una actividad delictiva (...). Tampoco puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal”, escribió el juez Piña.

Durante los dos años que Hugo Armando Carvajal pasó en las cárceles españolas trató de evitar su traslado a Estados Unidos para ser juzgado. Su principal instrumento de persuasión consistió en ofrecer al juez información sobre tramas de corrupción en Venezuela que implicaban a dirigentes de Podemos. Carvajal llegó a denunciar sin pruebas que la petrolera PDVSA había pagado cientos de miles de euros a políticos de Podemos y que incluso uno de sus dirigentes, Juan Carlos Monedero, había llegado a recoger en mano en un hotel de Caracas 600.000 dólares que habían salido de la embajada de Cuba en la capital venezolana. Estas maniobras para evitar la extradición a cambio de lanzar acusaciones contra políticos de los partidos que gobernaban entonces España resultaron inútiles.

Unos meses antes de ser extraditado a Estados Unidos, el 'Pollo' Carvajal escribió una carta dirigida a Zapatero en la que empezaba ensalzando “su altura personal y compromiso democrático” y agradeciéndole sus gestiones para lograr la libertad de Miguel Rodríguez, primer ministro del Interior del Gobierno de Maduro (2013-2014) que acabó detenido y encarcelado por el régimen venezolano (2018) y pasó cuatro años preso hasta que fue expatriado a España.

Zapatero lleva más de 10 años negociando con el régimen de Maduro la liberación de presos políticos en Venezuela. Ha conseguido la libertad de más de 100 personas. Uno de los últimos en salir libre el pasado enero, Enrique Márquez, líder opositor venezolano, agradeció así el trabajo del expresidente español: “Cuenta con todo mi amor y cariño. Se portó con mi esposa como un hermano mientras yo estuve preso, la atendió, la consoló y le habló de esperanza y posibilidades. Y hoy si creo que el presidente Zapatero juega un papel aún hoy en Venezuela y espero que el tiempo lo reivindique dentro de una guerra de intolerancia que hay no solo en Venezuela sino también en España”.

Hugo Armando Carvajal señalaba en su carta de 2023 que fue un error no desmentir las acusaciones contra Zapatero y ensalzaba el hecho de que el expresidente calificara “sabiamente” de “surrealista” la información difundida sobre la mina de oro. El 'Pollo' Carvajal explica que las declaraciones de la política colombiana Piedad Córdoba en las que él se basó para sus acusaciones estaban “sacadas de contexto” y se ofreció a aclarar la “situación incómoda” y “subsanar el malentendido”. El exjefe de contrainteligencia militar venezolano admite que “medios de derechas” le llamaron, pero no quiso contestar: “Se nota la mala intención cuando se refieren a usted”.

El 'Pollo' Carvajal, encarcelado en España desde septiembre de 2021 a julio de 2023, rompió en 2019 con el Gobierno de Maduro, a quien acusó de asesinar a cientos de jóvenes en las calles y de matar a otros muchos venezolanos por falta de medicamentos y seguridad. La Audiencia Nacional autorizó en 2023 su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

El pasado 25 de junio, el fiscal estadounidense Jay Clayton anunció que Hugo Armando Carvajal se había declarado culpable de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y de participar en actividades de narcoterrorismo para beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), delitos castigados en Estados Unidos con penas que llegan hasta la cadena perpetua. Clayton acusó al 'Pollo' Carvajal de coordinar en 2006 el envío de 5,6 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela en un DC-9 con matrícula. El avión había despegado en Venezuela y aterrizado en México donde las autoridades frustraron la operación y se incautaron del cargamento de droga.

La última vez que Felipe González pidió el voto para el PSOE fue hace diez años. En medio de un tsunami por la marcha del Reino Unido de la Unión Europea, el expresidente participó en el cierre de campaña de las elecciones generales de 2016 junto a Pedro Sánchez que tuvo lugar en el distrito madrileño de Villaverde. Allí mismo descartó tanto una gran coalición PSOE-PP como una alianza de izquierdas con Podemos, a cuyos dirigentes consideraba unos “irresponsables”, como David Cameron, “por querer fracturar el país”. Defendía antaño un partido que no fuera muleta ni bisagra de nadie y apostaba por un proyecto mayoritario para la sociedad, así como por una regeneración que en ningún caso podía impulsar el PP. 

Luego llegó la fractura del PSOE por la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, unas primarias a cara de perro por el liderato socialista en las que el expresidente apoyó a la sevillana Susana Díaz; la moción de censura que sacó al PP de La Moncloa; el primer gobierno de coalición con Pablo Iglesias de vicepresidente y un cada vez más hondo distanciamiento entre la dirección socialista y González, que no perdía ocasión de declararse “huérfano de representación política”. 

Pese a todo, el presidente del Gobierno que más años ha vivido en La Moncloa aún participaría en dos ocasiones en actos de partido: el congreso federal de 2021 en Valencia, donde los asistentes recibieron a los ex secretarios generales José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González con una ovación de casi dos minutos y la conmemoración del 40 aniversario de la victoria socialista de 1982 que tuvo lugar en Sevilla. Un acto con el que el PSOE ensayó un intento de reconciliación interna que jamás volvió a repetirse. 

Desde entonces, nunca más ha sido invitado y nunca más ha tenido una palabra de apoyo al Gobierno de Sánchez. Todo lo contrario. Críticas constantes, declaraciones con las que ha restado afectos y sumado animadversiones y un sinfín de intentos de acercamiento con la dirección actual, como los que intentó el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, que resultaron baldíos.

El recorrido de José Luis Rodríguez Zapatero, que también fue enviado al purgatorio socialista tras su salida del Gobierno, ha sido distinto. Una desastrosa gestión de la voraz crisis económica sepultaron su figura y su legado durante años y, tras su salida de La Moncloa en 2011, sufrió un largo periodo de ostracismo. Cuando Pedro Sánchez tomó las riendas del partido en 2014 le mandaron directamente al infierno, donde permaneció hasta 2017, después de haber sido uno de los principales impulsores de la candidatura de Susana Díaz para asumir el liderazgo del partido. 

La celebración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de Dependencia, a finales de 2017, sirvió, no obstante, de excusa para tributarle un homenaje y recuperar los logros de sus gobiernos. Desde entonces, ha sido referente indiscutible de la militancia, que no pierde ocasión de demostrarle afecto cada vez que tiene ocasión, además de un valor seguro para las campañas electorales, con la excepción de la reciente de Aragón. Una ausencia que ha tenido más que ver con su deseo de permanecer en barbecho después de las informaciones que le relacionan con el rescate de Plus Ultra y su relación profesional con el empresario Julio Rodríguez, detenido en el marco de la investigación judicial sobre la aerolínea, que con una decisión de partido. 

Desde que en 2023 se le atribuyó, tras una entrevista en Cope con la que levantó la moral de la aliada tropa socialista, parte del mérito del despertar de la izquierda en la campaña de las generales, la derecha y sus terminales mediáticas le han situado en el punto de mira y convertido en el blanco de sus iras. Tanto que la asociación ultraderechista llegó a presentar sin prueba alguna una querella en la que le imputó un delito de narcotráfico y hasta la posesión de una mina de oro en Venezuela.

El PP le ha citado a comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el próximo 2 de marzo, justo el día que arranca la campaña de las elecciones de Castilla y León, previstas para el día 15. La intención, como ya ha avanzado la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, es demostrar que el expresidente “está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas” y que “la huida de Zapatero ha llegado a su fin”.

Una premonición que en el PSOE no solo no comparten, sino que creen que puede favorecer al expresidente, quien acude a la cita con una firme voluntad de “mantener el respeto y la dignidad de la democracia”, según ha avanzado en conversación con elDiario.es. Zapatero sabe que el PP activó la convocatoria dándole carácter de urgencia -el plazo habitual son 15 días para la citación- cuando se hizo público que el día 6 de marzo participaría en un mitin en León y cuenta con que será una orgía de ataques, como lo fue la del presidente del Gobierno.

Lo que no sabe el PP es que con citación o sin ella, Zapatero no solo estará en León durante la campaña, sino que ha sido reclamado por las federaciones socialistas de Segovia, Zamora, Salamanca, Valladolid y Soria para que participe en diferentes actos y que en Ferraz dan por hecho que tendrá al menos cuatro presencias hasta el día 15 de marzo “porque en nada influirá en nuestra agenda la descarnada campaña de difamación contra el expresidente promovida por las derechas política y mediática”.

No todos los socialistas son de la misma opinión porque también los hay que defienden que Zapatero ha debido defenderse de todas las acusaciones que vierten sobre él antes de acudir al Senado, algo que ha preferido no hacer hasta el momento salvo para negar el abultado patrimonio y los ingresos que se le atribuyen, negar cualquier gestión con el Gobierno en favor del rescate de Plus Ultra y afirmar que todas sus actividades han sido conforme a la legalidad. Pero en lo que no hay duda alguna es en que si hay alguien que puede reeditar “el milagro” de la campaña de 2023 es el expresidente, más en un momento en el que entre los cuadros del PSOE han empezado a emitir señales de alarma por las encuestas.

No es el caso de Castilla y León, donde los datos que maneja Ferraz con Carlos Martínez como aspirante a la Junta son mucho más halagüeños que los que se manejaron durante las campañas de Extremadura y Aragón y resultaron ciertos una vez abiertas las urnas en sendos territorios. Esta vez, los socialistas cuentan con una altísima fidelidad de voto respecto a las elecciones de 2022, además de una ligera transferencia de voto del PP al PSOE, además de una subida espectacular de Vox. “Estamos en condiciones de disputar la primera fuerza política a Mañueco”, aseguran desde Ferraz donde los responsables de campaña, a diferencia de lo que ocurrió con la de Pilar Alegría en Aragón, han tomado las riendas de las de Martínez, con quien hay “una absoluta coordinación entre el mensaje y la acción de partido”.

No ocurre lo mismo en Andalucía, cuyas elecciones se prevén para junio y donde las perspectivas de la vicepresidenta María Jesús Montero rozan el desastre. Los últimos datos que maneja Ferraz, muy similares a los de una encuesta publicada esta semana por un digital andaluz, sitúan al PSOE por debajo de 20% del voto, una horquilla de entre 24 y 27 escaños (hasta 6 menos de los actuales) y una valoración de Montero no solo muy por debajo de Juanma Moreno, sino también de la del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Apenas un 15% de los andaluces prefiere a la vicepresidenta del Gobierno como presidenta de la Junta. El PSOE se enfrenta a un resultado por debajo del que obtuvo Juan Espadas hace 4 años y a quedar en tercera posición, por detrás de Vox, en Almería y Córdoba mientras que empataría en escaños con la ultraderecha en Málaga, Cádiz, Granada y Huelva. 

Una radiografía demoledora para la mano derecha de Sánchez y con diagnóstico muy grave para quien fue partido hegemónico en Andalucía durante casi 40 años que ha hecho convulsionar al socialismo andaluz, pero también a una parte de la dirección nacional convencida de que con esos resultados en un territorio clave para el PSOE difícilmente en 2027 se podrá reeditar el resultado de las generales de 2023. Y todo sin que nadie se atreva a plantear a Sánchez ni decisiones disruptivas ni, a estas alturas, un cambio de candidatura que él mismo impulsó desde La Moncloa, pese a que puede tener consecuencias letales para el Gobierno y para el PSOE.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves la citación el próximo 2 de marzo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una de las comisiones de investigación abiertas contra el Ejecutivo en la Cámara Alta. “Está de sospechas de corrupción hasta las cejas”, ha sostenido García sobre Zapatero, quien ha sido señalado por la oposición como posible intermediario del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, que la justicia investiga por haber sido utilizado presuntamente para blanquear dinero.

Su citación será la tercera de una serie relacionada con el rescate público de Plus Ultra. El 25 de febrero será citado el que fuera presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, e investigado por los tribunales precisamente para averiguar si la empresa usó el dinero que le prestó el Gobierno para blanquear dinero que habría salido de Venezuela de forma ilegal.

Un día después, llegará el turno de Julio Martínez Martínez, detenido en la misma operación judicial y que es amigo de Zapatero. Algunas informaciones relacionan a Martínez como intermediario del rescate de Plus Ultra, aunque él lo ha negado, y apuntan a que pagó a Zapatero una comisión por haber intervenido de forma ilegal para que el Gobierno aprobase el préstamo de 53 millones de euros.

“Financiación ilegal del PSOE a través de una dictadura”

En un videocomunicado remitido a los medios este jueves, García asegura que “tras las presiones de Zapatero al Gobierno, Sánchez rescató a Plus Ultra con el dinero de todos los españoles”. “Lo que entonces levantó sospechas se ha convertido en un cúmulo de pruebas que apuntan a un negocio redondo para el PSOE, Pedro Sánchez, [Nicolás] Maduro, Zapatero y su familia”, ha sostenido.

Según García, Sánchez se “rodeó de comisionistas, corruptos y conseguidores” que “tejieron a su alrededor una red de tráfico de influencias”. “Y en el origen de todo, Zapatero, en demasiadas ocasiones un presidente en la sombra. El nexo corrupto entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro”, ha añadido.

García ha dado por cierto que su “amigo” Julio Martínez “cobró una cuantiosa comisión por ese rescate”, que “Zapatero percibía su parte por asesorías fantasmas pagada por ese amigo”, que “la familia de Zapatero también facturaba al amigo” y que, por el camino “las petroleras venezolanas cobraban la deuda de Plus Ultra con ellas”.

Según la portavoz del PP, “Sánchez se aseguraba el favor de Maduro y el silencio de las maletas de Delcy” Rodríguez, actual presidenta de Venezuela después de que Maduro fuera detenido por EE UU.

García prosigue: “Según [Víctor de ] Aldama, se abría así la puerta a la financiación ilegal del PSOE a través de una dictadura”. “Se creyeron impunes”, ha dicho, para asegurar que el “momento ha llegado” y que Zapatero “tendrá que dar explicaciones”.

“La huida del expresidente ha llegado a su fin. Tendrá la obligación legal de decir la verdad, de responder por los posibles benficios obtenidos en el rescate y el botín que pudo obtener Sánchez y el PSOE”, ha zanjado.

El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este viernes, durante su visita a Caracas, que siente una “gran confianza” en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A su juicio, en un tiempo récord, Rodríguez ha dado pasos que “están produciendo una nueva manera de respirar” en el país suramericano, “tras muchos años muy difíciles”. “Veo el mejor ambiente desde los últimos diez años y hablo con personas de la oposición, por supuesto con el Gobierno y, además, si se me permite decirlo, tengo una relación muy de largo alcance, (...) tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez”, ha expresado.

Rodríguez Zapatero, que ha mostrado su satisfacción por poder afirmar que es momento de “una esperanza fundada”, ha dicho no tener ninguna duda de que la sociedad venezolana es consciente del momento histórico que vive.

“Tenemos por delante el horizonte de reencontrar al país, tenemos por delante el horizonte de reconciliar, tenemos por delante el horizonte de reformas institucionales, de diálogo político y debe ser la propia sociedad la que marque el ritmo, el camino de los pasos que nos lleven a una situación que podamos decir ideal”, ha afirmado.

El expresidente del Gobierno español ha señalado que hablará con “mucha gente” durante su visita y dice esperar que en el país haya “perdón y reconciliación”, aunque ha agregado que “el olvido no puede existir”.

Zapatero, invitado a Caracas por el programa para la convivencia y la paz

Rodríguez Zapatero, que ha sido mediador en varios procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, visita Caracas poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

El expresidente del Gobierno español tiene previsto reunirse con la presidenta encargada, tras ser invitado por el programa para la convivencia y la paz del Ejecutivo venezolano.

El pasado 23 de enero, Rodríguez lanzó el programa para convocar un “verdadero diálogo político” en el país que incluya a sectores “coincidentes” y “divergentes” y encomendó la tarea al presidente del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez.

La visita de Zapatero se produce también en medio de un proceso de discusión para la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años, en los que ha gobernado el chavismo.

José Luis Rodríguez Zapatero niega que sus trabajos de asesoría para la empresa Análisis Relevante, de la que era propietario su amigo Julio Martínez, que fue detenido hace unas semanas por presunta corrupción, tuvieran que ver con el rescate a la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno durante la pandemia. El expresidente del Gobierno ha defendido que esos trabajos se desarrollaron “conforme a la legalidad”.

“Ninguna, cero absoluto”, ha contestado el expresidente a la pregunta de si esas labores tuvieron que ver con el rescate a Plus Ultra. El periódico El Mundo publicó este fin de semana que Zapatero cobró 450.000 euros en los últimos años –una media de 75.000 al año– de la empresa Análisis Relevante que dirigía Julio Martínez, que a su vez prestó servicios a la aerolínea Plus Ultra. Los primeros pagos, de acuerdo al periódico de Unidad Editorial, se produjeron en marzo de 2020. También las hijas del expresidente cobraron de Análisis Relevante a través de su empresa, según la misma publicación.

“Realizo en mi actividad privada la prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría”, ha respondido el expresidente a los periodistas antes de participar en la presentación del libro 'Las Huellas de la Transición' (Catarata). Esos servicios los ejerce “absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad” y “nada tiene que ver” con la aerolínea, según ha afirmado.

A su llegada a El Ateneo, Zapatero se ha pronunciado por primera vez sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump y la apuesta por Delcy Rodríguez para pilotar una nueva etapa mandatada por EEUU. El expresidente es optimista respecto al devenir de ese país en los “próximos días y las próximas semanas”.

“Llevo diez años, especialmente los cinco primeros, desde 2015, intensamente vinculado a la situación política de Venezuela, al grave conflicto con momentos muy difíciles. Tras diez años, este es el momento en el que tengo una esperanza más fundada de que vamos a tener un proceso de cambio positivo. Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días –venezolanos de la oposición, del Gobierno–, es que hay un nuevo momento, una gran esperanza para Venezuela, y creo que eso lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas”, ha pronosticado.

También ha aprovechado para reivindicarse por su labor de mediación, que han provocado graves acusaciones por parte de la derecha española, que le acusa de connivencia con el chavismo. “Este es un momento y una oportunidad para que mucha de la tarea que yo he realizado se vaya conociendo más, porque lo permite la situación. Eso será yo creo que útil, positivo, y además se despejarán algunas de las cosas que se han dicho”, ha expresado.

“Cuando uno tiene un compromiso de tantos años, de miles de días dedicados a que no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación, una sustanciación democrática en todos los órdenes, a que muchas personas salieran de la cárcel, que ha sido una de las tareas fundamentales que he hecho, pues, lógicamente, ese vínculo sigue, y yo creo que van a ver ustedes que va a seguir”, ha anticipado.

“Se sabrá todo”, ha contestado Zapatero a una pregunta sobre su papel en las liberaciones de presos que en las últimas semanas ha decretado el Gobierno de Delcy Rodríguez, que han beneficiado a seis españoles. El expresidente ha apelado a la discreción que requerían “temas tan sensibles y delicados, porque está son situaciones de gran trance para las familias”. “No hay nada que dé tanta satisfacción como conseguir que una persona recupere la libertad y que sus familias se reencuentren”, ha apuntado: “Recuperan con una gran fuerza las ganas de vivir y, además, lo que me parece más importante, las ganas de reconciliar, de reconciliarse. Sin duda alguna, si hay un verbo imprescindible por el que tenemos que trabajar en Venezuela es reconciliar”.

El expresidente ha minimizado los ataques que recibe de la derecha un día después de que el juez haya archivado una querella de la organización ultraderechista HazteOír contra él por narcotráfico y blanqueo: “Tengo mucha experiencia en estas cosas. Creo que lo último que me acusaban de narcotráfico y tortura (...). Creo que la democracia, recordando esos valores, exige el respeto, el respeto al Estado de derecho, el respeto a los procedimientos y las reglas”. “A la democracia le sienta muy mal las insidias, las descalificaciones, las insinuaciones. Yo lo llevo con deportividad, incluso con talante. Creo que todos debemos de contribuir a que esa polarización que algunos intentan mantener viva, no se encienda”, ha rematado.

El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, ha inadmitido la querella presentada por la asociación la organización ultra Hazteoir contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con una supuesta vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela.

En un auto, el magistrado razona que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. Pese a ello, Piña no archivó de plano la querella y dio traslado a la Fiscalía para que informase.

El instructor, tras analizar la querella y cada uno de los delitos que atribuye a Rodríguez Zapatero, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de una causa penal. Añade que en el texto de la querella “no se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, o pertenencia a organización criminal y lo mismo cabe decir con la imputación de un delito de blanqueo de capitales”. Por ello, concluye que procede inadmitir la querella al carecer de relevancia típica los hechos denunciados.

En el informe de Antidroga requerido por el juez, el fiscal especialista concluía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirmaba el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El escrito de Antidroga añadía: “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoir dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le bastaba para presentar la querella por narcotráfico contra él.

Podemos anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular. La candidata del partido, Irene Montero, estimó que esta medida beneficiará a en torno a medio millón de personas, una cifra que también ofrece el Ejecutivo y que la situaría como la segunda mayor regularización extraordinaria de la democracia.

Las regularizaciones extraordinarias como esta son una práctica habitual en la gestión migratoria desde los años 80 en España. Desde el primer proceso, lanzado por el gobierno de Felipe González en 1986, el país ha aprobado un total de siete, tres de ellos durante los mandatos de González, dos durante los gobiernos de José María Aznar y uno en 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una ley para poner orden en Extranjería

La primera ocasión en la que se utilizó esta fórmula administrativa arranca durante el primer gobierno del Partido Socialista. En 1985 se aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de ese año, y que sentaba las bases sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en el país. La Constitución llevaba seis años y medio en vigor y esta norma ampliaba a los no nacidos en el territorio español los derechos y deberes fundamentales recogidos en su Título I.

Hasta entonces, España no había tenido una ley que diese forma a la situación de los extranjeros a excepción de un Real Decreto de 1852 aprobado durante el gobierno de Juan Bravo Murillo, del Partido Moderado. Esa norma, que obligaba a determinar por ley sus derechos, añadía a la legislación española el supuesto de las mujeres españolas casadas con extranjeros, la distinción entre “domiciliados y transeúntes”, es decir, entre extranjeros que pasaban por el país y aquellos arraigados en el territorio, y los derechos y obligaciones de los mismos.

Con la aprobación de la ley, se habilitó la posibilidad de regular la situación legal de aquellos “insuficientemente documentados” en un plazo de tres meses, que posteriormente tuvo que ser ampliado. La regularización de estas personas se permitía siempre que no estuviesen implicadas “en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”, que no hubiesen sido condenadas “dentro o fuera de España” por delitos sancionados con más de un año de cárcel o que carecieran “de medios lícitos de vida”, o ejercieran la mendicidad o actividades ilegales. En total, se normalizó la situación administrativa de un total de 38.294 personas no nacidas en el país.

Las primeras regularizaciones extraordinarias

En junio de 1991, ya durante el tercer mandato gubernamental de Felipe González, el Gobierno de entonces utilizó un método diferente para llevar a cabo una primera regularización extraordinaria. Ya en diciembre de 1990, el debate sobre la situación irregular de inmigrantes en el país, que estaba generando “bolsas de marginación”, según afirmó el propio Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados.

El Congreso aprobó después, en abril del 91, una proposición no de ley presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PSOE, del Partido Popular, el grupo catalán (Convergència i Unió), el CDS, el grupo vasco (PNV) y el grupo mixto y que instaba al Gobierno a adoptar medidas para “completar el proceso de regularización” que se había iniciado en 1985. La propuesta no tuvo el apoyo de los 17 diputados de Izquierda Unida, que apostaban por reformar la Ley de Extranjería.

Finalmente, y tras el apoyo mayoritario de las Cortes a esta propuesta, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de junio de 1991 un acuerdo para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que estaban trabajando en España. La medida permitió regularizar su situación a aquellas personas extranjeras residentes en España desde antes de julio de 1985, o de aquellos que, hasta mayo de 1991, habían disfrutado de un permiso de trabajo y residencia en el país, tenían una oferta de empleo estable o habían realizado actividades lucrativas continuadas. Entre 1991 y 1992 se regularizó la situación de 114.423 migrantes.

En 1996, la situación de los inmigrantes sin papeles en el país no había quedado todavía resuelta, por lo que el Ejecutivo, que había puesto en marcha varias medidas relacionadas con las migraciones desde principios de los 90 como la modificación de la ley sobre asilo y refugio, la creación de la Comisión Interministerial de Extranjería, o de diversos programas de promoción e integración social que cristalizaron en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, llevó a cabo una reforma del Reglamento de ejecución de la ley aprobada en 1985.

Esta modificación, que ya inserta la norma en la legislación europea vigente, tras la entrada española en la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en sus disposiciones adicionales el mecanismo para conceder documentación legal a quienes hubieran sido titulares de un permiso de residencia o de trabajo en alguna ocasión así como a sus familiares, siempre que hubieran residido en España con anterioridad al 1 de enero de ese año.

La norma, si bien fue aprobada mediante real decreto el 2 de febrero de 1996, todavía durante el último gobierno de Felipe González, no entraría en vigor hasta dos meses después. Apenas una semana después de su aprobación se convocaron elecciones anticipadas tras la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por Convergència i Unió, por lo que entraría en vigor ya con José María Aznar en La Moncloa, en abril de ese año. Se regularizó la situación de 21.294 inmigrantes.

Las regularizaciones masivas de Aznar

El siguiente proceso fue impulsado cuatro años después por el gobierno de José María Aznar en las últimas semanas de legislatura. El 11 de enero se aprobó una Ley Orgánica que regulaba los derechos y libertades de los extranjeros en España y que establecía, en su primera disposición transitoria, que el Gobierno aprobaría un procedimiento mediante Real Decreto para regularizar la situación de todos los extranjeros que se encontrasen en el país antes del 1 de junio de 1999 y que acreditasen haber solicitado permisos de residencia o trabajo en los últimos tres años o que lo hubieran obtenido.

Esta regularización extraordinaria fue la de mayor alcance hasta la fecha y recibió más de 244.000 solicitudes. En este caso, hubo una gran cantidad de peticiones rechazadas, más de 80.000, y en la segunda mitad del año 2000 se había normalizado la situación administrativa de 163.000 inmigrantes. Este número se ampliaría a lo largo de 2001 en 36.000 más tras revisarse de oficio estos expedientes.

Ese mismo año, el gobierno Aznar llevó a cabo un proceso extraordinario al que solo podían acogerse los ciudadanos ecuatorianos y que benefició a más de 20.000 personas, después de que 12 inmigrantes de Ecuador, que carecían de permisos de residencia y de trabajo, murieran en un accidente en Lorca (Región de Murcia) cuando un tren arrolló la furgoneta en la que se dirigían a su trabajo recolectando brócoli. Además de los 12 fallecidos, también resultaron heridos el conductor de la furgoneta y una niña de 13 años que también trabajaba en la plantación de Puerto Lumbreras.

Este proceso de regularización, el más amplio hasta el momento, fue superado apenas un año después, ya con el segundo gobierno de José María Aznar apoyado por el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso. Se nombró como “regularización por arraigo” y proporcionó documentos a un total de 239.174 extranjeros en España, que tuvieron que demostrar que se encontraban en el país con anterioridad al 1 de enero de 2001 y acreditar su arraigo en el país. Para ello se aceptaban tanto contratos de empleo reales como potenciales, residencia regular en España o vínculos familiares con personas con permisos de residencia.

Finalmente, durante los dos gobiernos de Aznar se regularizó la situación de un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.

La gran “normalización” de Zapatero

Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la vuelta de los socialistas al poder, se volvieron a superar las regularizaciones extraordinarias previas. Mediante un Real Decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2004, el Gobierno sustituía el Reglamento de la Ley Orgánica que había sido impulsada por el gobierno de Aznar en el año 2000, incluyendo novedades respecto de la acogida de las personas que solicitaban asilo en España e iniciando un “proceso de normalización” de las personas inmigrantes residentes en España en situación irregular.

La norma establecía un plazo de tres meses para que los empleadores pudieran solicitar autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para aquellas personas empadronadas durante más de seis meses desde su entrada en vigor, aquellos con contratos de trabajo vigentes de seis meses o más y 40 horas semanales. También se establecía un mecanismo para regularizar a las personas que realizasen trabajos en el ámbito del servicio doméstico.

Esta “normalización” generó un total de 691.655 solicitudes, la gran mayoría en la Comunidad de Madrid (171.321), Catalunya (139.480) o la Comunitat Valenciana (108.496), y de las que terminaron siendo aprobadas finalmente 576.506. La mayor cantidad de solicitudes correspondieron a ciudadanos de origen latinoamericano, especialmente ecuatorianos —se superaron las 120.000 solicitudes—, aunque también destacaron las solicitudes de personas de origen rumano o marroquí.

La iniciativa popular y el acuerdo con Podemos

Después de la pandemia de COVID-19, y tras las regularizaciones de inmigrantes indocumentados realizadas por países europeos como Italia o Portugal en los años 2020 y 2021, los colectivos sociales lanzaron una campaña de recogida de firmas con la intención de que se normalizase la situación de centenares de miles de migrantes en España. La campaña “¡Regularización YA!” logró recopilar desde diciembre de 2021 más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles para impulsar una iniciativa legislativa popular y que fueron entregadas en el Congreso en diciembre de 2022.

La iniciativa ciudadana inició su recorrido parlamentario en 2023 en la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración y los trabajos se extendieron a 2024 tras el adelanto electoral de julio del 23. Tras ello, la iniciativa legislativa quedó bloqueada en el Congreso por la negativa de los grupos de derecha, PP y Vox, a los que se sumaron los independentistas de Junts. Ante este bloqueo, esta semana se ha desbloqueado la situación tras un acuerdo del Gobierno con Podemos que permitirá evitar la vía parlamentaria.

A esta última regularización podrán acogerse tanto solicitantes de asilo que hayan registrado su petición como cualquier extranjero que pruebe haber vivido en España un mínimo de cinco meses hasta la fecha tope del 31 de diciembre de 2025. Tanto Podemos como el Ejecutivo calculan que la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que actualmente ya residen y trabajan en el país de forma irregular.

Hola

¿Cómo estás? Cuesta estos días escribir un boletín económico con el vuelco aún en el corazón que ha provocado el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Todo el pésame y consuelo para las víctimas y mucho ánimo.

Cuando escuché al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciar hace unos días el singular fondo soberano –se parece más a un ICO o al fondo de rescate de la SEPI durante la pandemia que a un fondo soberano clásico, como el del noruego, por ejemplo, creado para gestionar los superávits de un país– inevitablemente me acordé de su predecesor socialista en La Moncloa, José Luís Rodríguez Zapatero. “Nos hemos malacostumbrado a estar entre las economías que más crecen”, (...) “a competir en la Champions League temporada tras temporada”, (...) “España se ha convertido en ‘the place to be’ (el lugar para estar, en inglés), dijo Sánchez a decenas de empresarios, directivos e inversores en el foro ‘Spain Investors Day’. No está mal alardear de vez en cuando, y más cuando los datos –macro– de las grandes instituciones y organismos –también internacionales– te avalan. El último en sumarse ha sido esta semana el FMI, al elevar la previsión de crecimiento de España para este año. 

¿Te acuerdas de lo que dijo Zapatero en 2007? “España está en la Champions League de las economías mundiales: es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada”, se ufanó en septiembre de 2007, a menos de seis meses de las elecciones generales previstas para marzo de 2008. Luego vino lo que vino.

Pocos oráculos económicos, por no decir ninguno, comparan el momento actual con el de hace 18 años, por mucho que los desorbitados precios de la vivienda nos lo recuerden. Sí hay muchas voces que alertan de una burbuja financiera –¿te suena?– hinchada en torno a la IA y agravada por el desbocado e imprevisible torbellino Trump, ahora con sus ansias de anexionarse Groenlandia. Entonces fue la caída de Lehman Brothers, ¿será el final de la OTAN el temible cisne negro que se lleve por delante a la actual coyuntura económica?

El dato

42.671

Son los millones de euros que las empresas españolas que cotizan en Bolsa abonaron a sus accionistas en concepto de dividendos en 2025. Representa un 12,7% más que los pagos de 2024 y un nuevo máximo desde 2014, según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros en España, recogidos por la agencia EFE. El sector financiero vivió un “boom”, aupado por sus beneficios récord. Quién remuneró mejor a los accionistas fue Banco Sabadell, como estrategia para que rechazaran la OPA lanzada por el BBVA, como acabó sucediendo. En términos relativos (lo que recibes en relación al precio de la acción) la rentabilidad del Sabadell se acercó al 21,5%; quién más dinero desembolsó fue Inditex: 5.235 millones de euros.

Está bien que las empresas ganen dinero y que recompensen a sus accionistas, a aquellos que creyeron en su momento en el proyecto y arriesgaron capital propio. Que piensen en atraer a nuevos inversores que les permitan emprender nuevos proyectos. Pero que no se olviden del otro lado de la ecuación: los trabajadores, cuyo poder de compra está estancado. 

El gráfico

¿Agotamiento o calidad? España se ha quedado a las puertas de los 100 millones de turistas, que eran las previsiones para 2025, pero sí ha batido una marca, la de gasto. Vienen menos turistas, pero gastan más. Los viajeros desembolsaron 135.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% en comparación con el ejercicio precedente, según datos del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aprovechando la celebración esta semana en Madrid de Fitur, la mayor feria internacional de turismo. Si echamos la vista atrás y nos fijamos en el periodo 2019-2025, el gasto turístico creció un 20,4%, por encima del +10,9% en las llegadas. Exceltur, la asociación que agrupa a las 30 mayores compañías del sector, como todas las grandes hoteleras y las empresas de transporte como Iberia o Renfe, señala que la propensión de la demanda extranjera a seguir manteniendo e incluso incrementando sus niveles de gasto en destino, aunque, en algunos casos, sea a costa de reducir la duración de sus viajes a España. 

Esta asociación también destaca que la presión media diaria de los turistas en España está bajando, lo que se está traduciendo en menos protestas por la saturación y en menos viviendas de uso turístico, que el absentismo laboral “está desbocado” y que la productividad del sector crece. 

No todo nos parece mal

La española Adam Foods (Cuétara, Aneto, La Piara) entra en Marruecos comprando la galletera Biscoland. El grupo alimentario español Adam Foods, propietario de marcas como Cuétara, Artiach, La Piara, Aneto, Granja San Francisco o Panrico, entre otras, ha alcanzado un acuerdo con el grupo marroquí Holmarcom para adquirir los activos de su división galletera, Biscoland, una operación que incluye la fábrica de esta compañía en Casablanca (Marruecos).

Adam Foods explica que esta operación, de la que no ha trascendido el importe, refuerza su presencia en el norte de África y su diversificación geográfica y de portafolio. El fabricante marroquí está especializado en la producción de galletas, barquillos finos y crujientes, y chocolate (en tabletas y en crema). Destaca en su cartera de productos las marcas de galletas como P'tit Goûter y Rondino; barquillos Rise Up o Grafy; y chocolate en tabletas Fleez o crema Flévy.

La operación, que está pendiente de autorización por parte de las autoridades de la competencia marroquíes, se enmarca en el plan de internacionalización de la compañía, iniciado en 2023. Ese año Adam Foods dio el salto a Polonia, con la adquisición de la empresa galletera Dr. Gerard, para convertirse en uno de los principales actores del mercado centroeuropeo de galletas, con dos plantas de fabricación en Polonia con más de 1.100 empleados.

Adam Foods emplea a más de 3.000 personas. Al millar de Dr. Gerard se añaden otros 2.000 que suma en sus 8 fábricas que tiene en Euskadi, Cantabria, Madrid, Catalunya y Portugal. Factura más de 400 millones de euros.

La creación de Adam Foods se remonta a 2015, cuando las familias catalanas Ventura y Ferrero decidieron rescindir su histórica colaboración empresarial en el grupo Nutrexpa y repartirse las áreas de actividad y los activos. La familia Ventura se quedó el negocio de galletas (Adam Foods) –que con los años y la compra de otras marcas de alimentación ha ampliado sustancialmente– y los Ferrero siguieron con la actividad de productos vinculados al chocolate y crearon el grupo Idilia Foods, con marcas como Cola Cao, Nocilla, Okey o Paladín, entre otras. 

Nos gusta la competencia 

Estos artículos de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejamos por hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

Un abrazo

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que no admita la querella que HazteOír presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, informan fuentes jurídicas. “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”, recoge el escrito que firma el fiscal Francisco Javier Redondo López.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirma el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El pasado 8 de enero, el juez Antonio Piña firmó un auto en el que acordó preguntar a la Fiscalía si es competente para investigar al expresidente. Según HazteOír, el tribunal especial sería competente para investigar estos hechos dado que Zapatero, como ciudadano español, los habría perpetrado “en el extranjero”.

Antidroga se detiene en las características de la querella de los ultras. “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoír dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le basta para presentar la querella por narcotráfico contra él.

Tampoco se explica “mínimamente” el papel de Zapatero en el Cartel de los Soles, ni los hechos cometidos. Los cargamentos de droga que recoge el documento judicial estadounidense ni siquiera se dirigían a España ni a ningún país europeo. “No se puede iniciar una causa penal por afirmaciones vagas en informacioners periodisticas”, afirma el fiscal Antidroga.

Toda Latinoamérica, pendiente de Donald Trump, Delcy Rodríguez y Venezuela. En Europa, los gobiernos miran a Ucrania con la aprensión habitual y a Groenlandia con una alarma renacida. La derecha en España se distingue por su originalidad. En estas fechas tumultuosas, sigue intentando rentabilizar a Ábalos y, con respecto a la crisis venezolana, está muy interesada en saber lo que ocurrirá con Zapatero y desea que alguien le meta mano de alguna manera. ¿Pruebas? No hay que ponerse tan estricto. Que alguien las busque.

Lo que sea con tal de no hablar de Trump. En primer lugar, euforia por lo que llamaron “la caída del régimen”. Después, confusión al comprobar que la vuelta de la democracia a Venezuela no entraba en los planes inmediatos de Estados Unidos. Alberto Núñez Feijóo se puso serio y decidió publicar un texto, no un par de tuits, para consolidar doctrina. María Corina Machado había sido ninguneada por la Casa Blanca y definida como una exaltada sin poder real en las calles venezolanas. Alguien que no podía recibir el poder a menos que los marines de EEUU estuvieran desplegados en el país para atar en corto a los chavistas.

Como esa alternativa estaba de momento descartada, Machado era una rémora. El PP tenía que decir algo. “Dejarla fuera de este proceso es peor que una injusticia personal. Es perpetuar el abuso y la arbitrariedad”, escribió Feijóo. También dedicó un espacio a rechazar la idea de que la nueva presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, pueda jugar un papel en el futuro del país: “No sería más que una operación de continuidad del régimen”.

Siempre dispuestos a señalar con el dedo a los responsables de las fechorías, en esta ocasión a Feijóo y el PP se les congeló el valor. Ninguna acusación a Trump, que ha hecho precisamente todo lo que Feijóo considera intolerable. Parecía que todo había ocurrido por generación espontánea, como si Nicolás Maduro hubiera sido capturado en Las Vegas mientras jugaba en un casino, y no hubiera sido sacado de la cama junto a su esposa por miembros de las Fuerzas Especiales norteamericanas. Como si Trump no hubiera decidido que Rodríguez es la nueva interlocutora de Washington.

Mientras la izquierda denunciaba la violación de la soberanía venezolana, el PP estaba más interesado en cantar victoria. De repente, al ver que Machado había sido postergada, el partido recuperó la pasión por el Derecho internacional y el derecho de los venezolanos a elegir su futuro. Todo esto era compatible con momentos de propaganda, como cuando Elías Bendodo aceptó inmolarse y aparecer en público. Una cosa suele llevar a la otra. “Que Sánchez defienda a Maduro no sorprende a nadie. El régimen venezolano ha sido, durante años, uno de los grandes referentes del sanchismo, con Zapatero como aliado clave”.

Sánchez había recordado que España no reconoció la victoria de Maduro en las últimas elecciones por el fraude electoral cometido. Dio refugio en los últimos años a centenares de miles de venezolanos que habían huido del hundimiento económico. El Gobierno español llegó a reconocer años atrás a Juan Guaidó como presidente interino del país, una iniciativa que no sirvió para nada. En esas condiciones, Sánchez era un aliado muy extraño del chavismo al apoyar reivindicaciones de la oposición en momentos clave.

En términos de desinformación, no hay nada como el comodín de Zapatero para el PP. Aquí cada uno juega su papel. Las Nuevas Generaciones del PP madrileño están en la vía de los macarras digitales. Cuidado, somos pijos y estamos dispuestos a usar la IA. En la foto de Maduro esposado en el USS Iwo Jima, colocaron la cara de Zapatero. En este estilo de los miniayusos, la política solo es una forma de eliminar al adversario o meterlo en la cárcel. El PP anunció después que convocará al expresidente a la comisión de investigación del Senado que se inició dedicada al caso Koldo y ahora ya es una cámara de eco pornográfica en la que caben todas las aberraciones posibles.

En algunos medios de comunicación, se hacía lo posible para continuar con el papel de Zapatero como deus ex machina de todo lo terrible que ocurre en Venezuela. En un momento en que todo el mundo se preguntaba cuáles serán los próximos pasos de Trump, y seguro que el expresidente está entre ellos, resulta que este volvía a dirigirlo todo desde las sombras. “Zapatero pilota el plan político para normalizar a la presidenta encargada Delcy”, decía El Mundo.

Zapatero pasaba a ser el colaborador principal de Washington con la misión de promover la imagen de Delcy Rodríguez. El origen de la información era citado como “fuentes políticas”, lo que al menos descarta al mundo de la cultura y del deporte, pero abarca a miles de personas en Venezuela.

En EEUU, se destaca que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene comunicación directa y permanente con la nueva presidenta. A la espera de que cumpla sus supuestas promesas, Delcy está bastante normalizada por Washington sin necesidad de que Zapatero le eche una mano.

Más madera. En The Objective, se afirmaba que Zapatero había intervenido en las negociaciones para convencer a Maduro de que abandonara el país. Aquí también el expresidente colaboraba con el Gobierno de Trump. La imagen de Zapatero en la prensa de derecha había dado otro salto mortal. De cómplice de Maduro había pasado a colega de Trump y Rubio, dos políticos nada favorables a depender de la opinión de figuras extranjeras a las que nunca van a confiar sus últimas intenciones.

Todo esto sirve para justificar, según ese medio, que si EEUU no entabla acciones judiciales contra el expresidente no es porque no haya pruebas, sino porque existen siniestras componendas que le permiten librarse. Y con esto se pueden llenar un montón de tertulias.

Donde sí ha intervenido Rodríguez Zapatero con frecuencia es en contactos con el Gobierno de Caracas para conseguir la liberación de presos políticos. Sus gestiones fueron vitales para que Leopoldo López fuera excarcelado y pudiera exiliarse a España. También para que Edmundo González pudiera abandonar el país después de que el escrutinio oficial le dejara sin la victoria. González agradeció al Gobierno español esas gestiones. Este jueves, el presidente de la Asamblea y hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número importante de presos, entre ellos varios de nacionalidad española.

Es llamativo que fuera Jorge Rodríguez quien diera la noticia, y no el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Afirmó que se trataba de “un gesto unilateral” para que no pareciera una imposición norteamericana. Rodríguez elogió la intervención de Zapatero en las gestiones que hicieron posible estas salidas de prisión.

Los artículos sobre Venezuela en la prensa española son relevantes en la medida en que sirven de fabricantes de la materia prima que luego utilizará el Partido Popular en sus iniciativas públicas. Es lo que hizo con un artículo de Vozpópuli que sugería que Zapatero estaba siendo investigado en EEUU bajo el novedoso concepto de “un expediente judicial de Nueva York”.

Lo que ocurrió allí fue que un gran jurado aprobó el procesamiento de seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, a petición del Departamento de Justicia, en concreto del fiscal federal Jay Clayton, nombrado por Trump en abril de 2025. Zapatero no aparece en ningún lado en ese auto, lo que fue un detalle menor para los dirigentes del PP que utilizaron la noticia en sus tuits.

Entre los elementos menos sorprendentes de esta red está la querella que el grupo ultraderechista Hazte Oír presentó en la Audiencia Nacional contra Zapatero. Ya tardaba en llegar, porque la tarea de demolición del rival nunca está completa en España hasta que llega la querella de un chiringuito judicial a la búsqueda de un juez comprensivo.

Por suerte para el PP, ahora llega María Jesús Montero y la financiación autonómica a competir en el menú informativo. Lo que sea con tal de que se diluyan los titulares de Venezuela tras el plantón de Trump a Corina Machado. Sobre Zapatero, siempre habrá tiempo para engordar la trama de su novela de espías.