En el décimo aniversario de la Ley de Dependencia

El 14 de diciembre de 2016 se cumplen 10 años de la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia. Castilla la Mancha fue una de las comunidades autónomas donde se empezó a desarrollar con más entusiasmo, llegando a tener un notable alto en la valoración realizada por el Observatorio de la Dependencia, pero desde entonces ha llovido mucho.

A día de hoy, en nuestra región , más de 84.000 personas se encuentran en situación de dependencia, de las que algo más de 51.000 reciben una prestación o servicio. Con el nacimiento de esta Ley se reconocían derechos a un colectivo que hasta ese momento era considerado casi, ciudadanos de segunda: las personas en situación de dependencia, personas que necesitan de ayuda para desarrollar su vida diaria, y cuya atención había recaído desde el principio de los tiempos en sus familiares (principalmente mujeres).

A partir de 2011, y coincidiendo con el cambio de gobierno autonómico, se empezó a retroceder en la aplicación de la Ley de Dependencia: se endurecieron los criterios de valoración, se prohibió conceder prestaciones de cuidados en el entorno familiar, se realizaron miles de revisiones de oficio de grado y PIA, con la única intención de rebajar las prestaciones y se empezaron a acumular miles de expedientes en los cajones de las Direcciones Provinciales. Todo lo expuesto hasta aquí, dio lugar a la creación de esta Plataforma.

La lucha fue dura, muy dura. Durante los cuatro años del gobierno de María Dolores de Cospedal, murieron en nuestra región casi 5.000 dependientes con una prestación ya reconocida y que jamás llegaron a recibirla. Vimos cómo se retiraban prestaciones de dependencia a niños por el hecho de estar escolarizados, se concedieron prestaciones de prevención de dependencia a grandes dependientes, y a nosotros nos llamaban “francotiradores” por denunciarlo.

Fuimos a los tribunales, y el TSJCM nos dio la razón, declarando nula de pleno derecho la Orden de dependencia de Cospedal. Con la llegada del nuevo gobierno, en mayo de 2015, la situación cambió radicalmente en cuanto a los canales de comunicación; por desgracia, no tanto en cuanto al desarrollo de la Ley de Dependencia. De los cajones salieron miles de expedientes, que aumentaron exponencialmente la lista de espera para recibir una prestación o servicio, muchos de ellos estaban hasta sin mecanizar.

En enero de 2016 se promulgó un nuevo Decreto de Intensidades, que vino a sustituir el anulado anteriormente por la justicia, y se tiene que negociar el de Procedimiento a la mayor brevedad. Hemos contemplado durante el último período cómo aumentaban las prestaciones y servicios profesionales, mientras los cuidadores en el entorno familiar siguen disminuyendo escandalosamente; desde mayo de 2015 hasta hoy hay más de 3.000 prestaciones de cuidados en el entorno familiar menos; disminuyendo a mayor ritmo que en la era Cospedal (en cuatro años se perdieron 10.000 PECEF).

Nuestra plataforma sigue defendiendo que la prestación de cuidados en el entorno familiar (PECEF) debe ser contemplada como una prestación más de la cartera de servicios, y que hay muchos casos en los que es la única que se adecúa a la situación de la persona dependiente, sobre todo en el caso de los menores y en los grado III, ya que no hay ningún servicio profesional (a excepción de la atención residencial) que cubra 24 horas al día los 365 días del año.

Estando así las cosas, no desfallecemos, nuestros familiares se merecen tener una vida y un futuro dignos, y estaremos enfrente de todos aquellos gobiernos que no defiendan los intereses de los más vulnerables, de los que ni tan siquiera tienen la “opción” de robar para poder vivir. Nuestra sociedad debe entender que de las malas rachas debemos salir todos, no unos pocos.