Una agente de la Guardia Civil ha sido condenada a indemnizar con más de 18.000 euros a un compañero al que pegó varios golpes de porra por la espalda y en la cara al pensar que era un ladrón de teléfonos móviles. El Tribunal Superior de Madrid confirma su condena por un delito de lesiones y también que la Dirección General de la Guardia Civil se debe hacer cargo de forma subsidiaria de la indemnización. Los jueces rechazan el argumento con el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido la absolución de la guardia civil condenada: que había golpeado a su compañero creyendo que estaba cumpliendo con su deber.

Los hechos, según las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron en octubre de 2018, en uno de los días de mayor afluencia a las fiestas del municipio madrileño de Boadilla del Monte. La agente condenada formaba parte del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, que en torno a las tres de la mañana recibió un aviso: un grupo de jóvenes estaba sacando teléfonos móviles del recinto ferial. Unos teléfonos que podrían haber sido hurtados a otras personas durante las fiestas.

Los chicos echaron a correr por un paraje irregular y no dejaron de correr cuando la agente y varios de sus compañeros uniformados gritaron: “¡Alto, Guardia Civil!”. Muchos de ellos saltaron una de las vallas y la agente se acercó corriendo a uno de ellos: sacó su defensa extensible reglamentaria de más de medio metro y le dio un primer golpe por la espalda y en las cervicales. El segundo golpe se lo dio en toda la cara. Cuando el supuesto ladrón cayó al suelo sangrando, se escuchó un grito: “¡Es compañero, es compañero!”.

La agente descubrió entonces que no había agredido a ningún potencial delincuente sino a un compañero que formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias. El caso terminó en los tribunales y en un juicio atípico en la Audiencia Provincial de Madrid: una guardia civil y la Dirección General del cuerpo en el banquillo de los acusados, un compañero como víctima, otros ocho agentes testificando y la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidiendo la absolución.

Según ha sabido elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado su condena: una multa de 1.450 euros por un delito de lesiones y la obligación de indemnizar con algo más de 18.000 euros al agente al que agredió, una cantidad que incluye los perjuicios de las lesiones, el fisio y las operaciones a las que tuvo que someterse. El guardia civil agredido pasó dos veces por quirófano porque el golpe le desvió la nariz y desde entonces, entre otras secuelas, no respira correctamente.

“¡Es compañero, es compañero!”

Tanto en el juicio como en sus recursos ahora rechazados, la agente condenada alegó que nunca supo que estaba persiguiendo a un compañero de la Guardia Civil y que usó la defensa para repeler una situación de peligro contra un potencial delincuente. Los jueces, que finalmente le imponen una multa y rechazan la petición de cárcel de su compañero, explican que esa agresión con la porra y por la espalda no estaba justificada, ni contra un posible ladrón ni contra otro guardia civil. “La actuación agresiva de la agente acusada no se produjo en un contexto de acometimiento a su persona, de desorden o alteración del orden público, y ni tan siquiera de hipotético peligro o riesgo”.

El TSJ recuerda, al rechazar su último recurso, que en esa persecución no había peligro para ella y, por tanto, ningún motivo para golpear a alguien con su defensa reglamentaria: “Ninguna resistencia hubo, ni el escenario podía propiciar a la agente una intimidación ambiental por situación de riesgo, siendo ella la perseguidora y los otros los perseguidos”. En términos similares se había pronunciado, unos meses antes, la Audiencia Provincial de Madrid: hizo un uso “indebido” de la porra. “No hubo agresión ni legítima ni ilegítima por parte de la víctima de la que defenderse ni tampoco de cualquier otra persona”.

El propio agente agredido lo dijo en su declaración en el juicio. Lo primero que sintió fue un golpe en la espalda y se dio la vuelta esperando encontrarse a uno de los presuntos ladrones huyendo a la carrera. Lo siguiente que vio, ya en el suelo y sangrando por la cara, fueron las botas de su compañera. “No se puede agredir a una persona de esa manera”, dijo ante el tribunal. Los hurtos de móviles que perseguían, además, no habían sido robos violentos o con armas, sino sustracciones al descuido, nada que justificara ese uso de la fuerza. Ya el año anterior hubo seis detenidos por este tipo de robos.

Hasta ocho guardias civiles, entre compañeros y mandos superiores implicados en el operativo de esas fiestas de Boadilla, comparecieron sin arrojar muchos detalles sobre lo que había sucedido. Durante el juicio, la agente acusada y la Dirección General de la Guardia Civil fueron defendidas por la Abogacía del Estado, mientras que el agente agredido tuvo que contratar un abogado privado. La Fiscalía también se puso de parte de la acusada: pidió que fuera condenada a indemnizar al agredido, pero eximida de cualquier otro tipo de condena por haber actuado en cumplimiento del deber.

Los jueces entendieron que no era necesario imponer una condena de cárcel a esta agente además de la multa y las indemnizaciones por el delito de lesiones. Una pena de prisión sería “especialmente rígida”, dijo la Audiencia de Madrid, que también tuvo en cuenta los seis años que pasaron desde los hechos hasta la celebración del juicio.

La sentencia también apuntó a la falta de coordinación del operativo policial como factor relevante en la agresión: “No puede olvidarse la descoordinación del dispositivo policial diseñado para el evento como quedó patente en el plenario y que, de alguna manera, pudo influir de forma circunstancial en los hechos”. Y terminó condenando como responsable civil a la Dirección General de la Guardia Civil “pues la acusada, agente de la Guardia Civil, cometió los hechos en el ejercicio de sus funciones como tal”.

La corrupción de la trama Gürtel creció durante décadas a la sombra del Partido Popular y terminó tumbando un gobierno, pero antes de los juicios y las sentencias hubo arrepentidos, denunciantes y testigos que fueron clave para que el mundo supiera lo que se cocinaba en decenas de ayuntamientos. Una de ellas es Ana Garrido Ramos, que en “Ana contra Gürtel” (Alrevés) y de la mano de Javier Bardón, tan escritor como psicólogo en este libro, cuenta cómo pasó de enfrentarse a la corrupción en Boadilla del Monte, el gran epicentro de la trama, a ser acosada y repudiada por sus propios amigos. “Le ha supuesto la muerte en vida”, explica el autor. “Una muerte civil”, apostilla la protagonista de una historia que, esperan los dos, termine ahora con un “cambio de ciclo” para ella. Un libro que sale a la venta el 15 de septiembre.

Trabajabas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuando, un día, empiezas a reunir información sobre el alcalde del PP, Arturo González Panero. ¿Cuándo decides documentar la corrupción del municipio?

Ana Garrido: “Yo empiezo a detectar ciertas directrices para firmar adjudicaciones que parecían irregulares, como todos los técnicos, pero había una especie de consigna: si firmas te va a ir muy bien laboralmente, y si no firmas te vamos a degradar. Yo ya recibía presiones en la época de González Panero para hacer informes favorables a empresas o personas. Y yo decía que no y se cabreaban y llega un momento en que me degradan de una manera muy humillante, entro en baja por depresión. Pero en un momento mi mente hace 'click' y decido que hay que invertir los roles. Estaba llorando por las esquinas por hacer lo que tenía que hacer y negarme a firmar documentos ilegales.

¿Pensabas que una investigación sobre un municipio que entonces no llegaba a 50.000 habitantes iba a tener relevancia nacional?

Ana: “Yo al principio pensaba que mi alcalde era un chorizo, pero tenía un patrimonio infinitamente superior a sus ingresos. Fue un año de investigación puro y duro y voy viendo cómo no era un tema de mi ayuntamiento. Me puse en contacto con periodistas, como si estuviera jugando a los espías. Me saltaban nombres y no sabía quiénes eran. No sabía quién era Bárcenas, ni Correa... No los conocía. Cuando empiezo a investigar empresas y empiezan a saltar alcaldes, me empieza a venir información sobre la presunta implicación en la financiación del PP en campañas electorales, hay un momento que digo: ”De perdidos al río“. Es cuando me doy cuenta de que es una trama a nivel nacional y decidí continuar”.

Y tu información acaba, sin embargo, en Manos Limpias, que entonces no era muy conocido.

Ana: “Quería denunciarlo en Anticorrupción, pero en la Fiscalía no puedes mantener el anonimato. Entonces hay una persona que me dice que hay un sindicato que yo no había oído en mi vida. Me dicen que hay un sindicato que protege a los funcionarios que quieren denunciar corrupción. La primera vez que fui me abre Miguel Bernad y me dice que no me preocupe, que va a llevar mi denuncia a la Fiscalía. A la segunda reunión ya voy con el dossier y cuando me iba me dice que ha hablado con Esperanza Aguirre y Juan José Güemes. ¡Les avisan primero! Y me explica que han dicho que 'para adelante' pero con los medios de comunicación. Yo no soy idiota. Me empezaron a temblar las piernas cuando me dijo que había hablado con Aguirre y me fui de allí preocupada”.

En el libro explicas que te diriges varias veces a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, para darle datos de lo que estaba pasando en Boadilla.

Ana: “La primera vez, antes de ir a este sindicato, es de forma anónima con más funcionarios. Para mí no fue fácil, en aquel momento había concejales que no eran corruptos, pero otra cosa es que tuvieran la valentía de enfrentarse, y yo pregunto a una serie de políticos si le pueden hacer llegar una carta. Ella devuelve la consigna: que lo movamos a través de los medios. Dos años después a Miguel Bernad le dice lo mismo. No hace nada, como mucho dice que se lo ha contado a Francisco Granados, le echa el muerto”.

El libro es una narración en directo de cómo es convivir con la corrupción en un ayuntamiento. ¿Cómo era el día a día?

Ana: “En esa última época apenas tenía relación con el alcalde y no tenía por qué verlo. Apenas tenía relación con los cargos políticos corruptos, pero los concejales tenían una especie de acuerdo y aunque no colaboraban con la trama, tenían sus propios negocios y él hacía la vista gorda. A mí esa gente me daba mucho asco, era la primera vez que trabajaba en un sitio que parecía una obra de teatro: hay personajes, pero nadie es quien es. Utilizaban tácticas, cada técnico tenía una persona encargada de captarnos, uno llegó a llamarme 15 veces en una tarde para invitarme a cenar. Cuando trabajas con políticos tienes que guardar las formas, pero yo era más joven y, lo reconozco, un poco hooligan, pero no me callaba: ”Que no me llames más, que eres un corrupto, no quiero saber nada más de ti“, dije”.

Javier Bardón: “Es una historia que toca tanto la corrupción de titulares como la de baja intensidad, enchufar a tu primo, darte unas entradas. Es lo que en psicología llamamos 'efecto de la violación de la abstinencia', como cuando estás a dieta, te pegas un atracón y dices: ”De perdidos al río“. Los concejales rompen esa barrera ética y ya es solo un problema de escalar. Ana no transigió, no da una batalla por perdida, es parte de su personalidad y eso... la perjudicó”.

Años después, una sentencia firme del Tribunal Supremo reconoció que tú habías sido acosada en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte tras investigar su corrupción y testificar en el caso Gürtel. ¿Cómo recibiste esa resolución?

Ana: “Yo recibo acoso en dos etapas. Una en la época de Arturo, que es cuando me voy a Costa Rica. No estoy dispuesta a que me hagan la vida imposible. Pensaba volver cuando cambiara el alcalde. Si llego a saber lo que me esperaba, no hubiera vuelto. No pude demostrar el acoso durante esa primera época, pero vuelvo cuando Antonio González Terol (PP) dice que va a limpiar lo que tiene que ver con Gürtel. El acoso más brutal que yo he sufrido fue en la época de González Terol, el sucesor de Arturo.

Sufrí mucho. Ese proceso se alargó muchísimo, que es a lo que juegan, a recurrir y recurrir mientras yo no podía rehacer mi vida. Y tengo que decir que el apoyo que tuve de la ciudadanía me dejó perpleja. No sabes cómo la gente se volcó conmigo. Se fundó una plataforma para ayudarme a pagar abogados, yo no tenía dinero. Entonces, cuando llegó la sentencia que reconoció el acoso, dije que esa victoria no era mía, era de todos. Es un papel, un reconocimiento a que llevas razón, pero a pesar de ese papel te hunden la vida por completo. También a nivel laboral. Y mi historia es la de cualquier denunciante de corrupción, de izquierdas y de derechas. Te pasas el día en juicios, ¿de dónde sacas el dinero? Eran pleitos absurdos para el desgaste emocional. Al final tienes satisfacción porque, de cara al mundo, era verdad que yo no estaba mintiendo. Pero tú vas a Boadilla y yo soy una apestada“.

El acoso no ha sido solo político. También ha sido mediático.

Ana: “Los medios locales me dieron hasta en el cielo del paladar. Creaban una noticia contando barbaridades, se hacían eco, lo ponían en Wikipedia, y los medios locales entraban después. Yo no me alegro de que se lo hagan a periodistas y políticos, pero yo en aquel momento quería proteger a los denunciantes de corrupción y no lo veían tan importante hasta que no les ha pasado a ellos. Los periodistas, que sufrís un montón de acoso, estáis respaldados por un medio, pero yo soy una mindundi sola. Yo era David contra Goliat. Me sentía así”.

Javier: “Hay un efecto llamado de la 'oveja negra'. En un endogrupo, una de las personas se anima a denunciar algo de ese grupo y sufre una represalia muchísimo mayor que si fuera un enemigo. Nos has traicionado y vamos a ir a por ti, a hundirte. Yo me especialicé en psicopatologías laborales y dentro del acoso laboral una parte importantísima de las víctimas se quejan del silencio de los testigos, y eso es muy duro. Hay gente que se supone que son tus amigos que se callan o se unen”.

Ana: “Lo que más me costó superar no fue el acoso de un político o de gente que no conocía. Lo que más me costó fue el sufrimiento que me causaron mis compañeras de trabajo que eran supuestamente amigas. Habíamos compartido viajes, comuniones de sus hijos...”.

Más de diez años después llegó el juicio por la trama de la Gürtel en Boadilla y, después, una condena firme de casi 37 años de cárcel para Arturo González Panero. ¿Qué significó esa sentencia para ti?

Ana: “Yo estuve en el juicio. Fui a verlo con mis propios ojos, lo tenía que ver. Llevo 15 años de nómada de un lado para otro y tenía la cabeza en las portadas del caso Malaya, pero mejor me fui a verlos a la Audiencia Nacional. Cuando voy a ver caer a todas esas personas que me han hecho tanto daño, me vestí como si fuera a recibir un Goya. Muy elegante cuando mi vida, en realidad, era una ruina. Me llamó la atención que les pusieran en fila para meterlos en la sala, mereció la pena solo por eso. Durante las declaraciones, me reafirmé en la soberbia de González Panero. Es algo en lo que coincidimos el empresario Francisco Correa y yo: es un avaricioso sin límites.

Javier: “Con este libro hemos pretendido acercar esta historia a gente a la que la política le queda lejos. Humanizar la Gürtel. Era importante contar una historia que pueda llegar al común de los lectores, la gente que quiera entenderlo de forma más humana, porque si no se queda en una pelea política. Y en ese sentido la historia de Ana es brutal. Le ha supuesto una muerte en vida”.

Ana: “Una muerte civil”.

¿Cuál ha sido el precio de enfrentarse a la corrupción?

Ana: “Todo. El precio... No hay nada en la vida que repare esto. Es irreparable. Lo he perdido todo. Familia, amigos y trabajo. Y me encantaría decirte que solo es culpa de lo que ocurrió, a lo mejor yo no he sabido gestionar el después, que no me lo han puesto fácil. Si yo hubiera recuperado mi estabilidad te daría una respuesta más esperanzadora o positiva. Ha tenido un precio muy elevado, más de lo que esperaba, y muy largo en el tiempo. Pero escribirlo ahora tiene un porqué. Es un cierre de ciclo en mi vida. Mi afán era ayudar, me he implicado en demasiados casos, y este libro es un punto de inflexión, un antes y un después. Confío en que a raíz de este libro, y necesito ese cambio en mi vida, salgan muchas opciones de algo que me entusiasme, que pueda ser feliz, conseguir estabilidad laboral”.

Javier: “El libro es un cierre psicológico, dar por cerrada esta historia, es algo que necesita hacer”.

Ana: “Tengo prohibido ver las noticias y he vuelto a las redes un poco por el libro, pero necesito oxigenarme. Ver que hay gente buena en el mundo, ver la vida con optimismo y esperanza, como he sido siempre, en vez de estar sobreviviendo. No quiero ser una superviviente. Quiero vivir, no sobrevivir”.

A cientos de kilómetros de Río de Janeiro, un municipio de 65.000 habitantes sueña con tener su propio Cristo Redentor. Boadilla del Monte (Madrid) se lanza a la aventura religiosa para construir un monumento gigante, inspirado en una de las siete maravillas. Se trata de una imagen de Jesús abierto de brazos, con la llaga del costado orientada a la dirección del sol y tallada principalmente en hormigón armado. Dentro, el Sagrado Corazón más grande del mundo (casi 40 metros de alto y 60 de envergadura) y la promesa de una “experiencia inmersiva y sensorial”: lo más llamativo es que puedes acceder y pasear por el cuerpo de Jesús. De hecho, entras por la parte trasera.

Para hacerlo realidad necesitan 16 millones de euros en donaciones. Es más, el monumento plantea un sistema de engranajes de lo más peculiar: por las mañanas, la luz del sol entre a través de la llaga de Cristo, que recuerda la Resurrección, e ilumine el corazón dorado de 2,5 metros de diámetro que albergará en el pecho. A lo largo del día, el órgano de oro irá descendiendo lentamente hasta la parte baja gracias a un mecanismo de poleas “para que todos puedan acercarse a tocarlo y adorarlo”.

Una vez se haga de noche, el corazón sagrario retomará su posición anatómica original y alumbrá parte del exterior dejando pasar la luz a través de unos agujeros. “Será como una constelación de estrellas”, promete la descripción. Pero, como era de esperar, las redes no han tardado en hacer sus propias interpretaciones: “¿Alguien tiene una explicación sobre por qué el Cristo de Boadilla va a tener el corazón en su sitio durante la noche y en la zona escrotal durante el día?”.

Algunas mofas han tirado de ironía política, alterando el mítico dilema de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que da a elegir entre socialismo o libertad. “Cristos gigantes huecos en terrenos públicos regalados, o comunismo”, publicó otro usuario en Bluesky, aludiendo a que el área sobra la que se alzará el monumento católico forma parte del suelo público. El proyecto parte de la Asociación civil de devotos del Corazón de Jesús de la localidad y la Fundación Vía del Arte. La primera es una entidad local católica que promueve la figura del Sagrado Corazón como símbolo del amor de Jesús. Los segundos, una organización centrada en recuperar el arte sacro en las nuevas obras contemporáneas.

En 2019, se aprobó la propuesta en un pleno municipal e incluso el obispo de Getafe dio su sagrado beneplácito. La obra correrá a cargo del escultor madrileño Javier Viver y, fecha de publicarse este artículo, ha recaudado unos 95.000 euros de los 135.000 euros necesarios, así que el siguiente paso es buscar mecenas por todo el mundo y convencerles de pagar un gran centro de peregrinación entre la M-50 y la carretera del municipio. La idea de un foco mundial del peregrinaje entre carreteras es algo que también extraña a algún usuario en redes: “¿Quién va a ir a ver a un Cristo en Boadilla al lado de una autopista?”

Otros, en cambio, sugieren que el acceso a un monumento que representa a Jesucristo o el poder ver y oír desde su interior un corazón dorado que late puede ser contraproducente. “Me parece algo tan blasfemo y tan obsceno que la propia Iglesia debería denunciar a los circenses que lo han planeado”, señala otro perfil en Bluesky acerca del Cristo de Boadilla.

Su materialización irá por fases. Para costear el anteproyecto arquitectónico necesitan los citados 135.000 euros, que intentan recaudar por crowdfunding, además de cinco millones para desarrollar los aspectos técnicos previos a la construcción o ampliar la campaña de comunicación para captar donantes de todo el mundo. Con 11.865.000 € más podrá empezar a construirse el monumento y el enganche es que, si ofreces al menos cinco euros, se grabará tu nombre en la estatua. El amor de Dios sale gratis, pero convertirlo en escultura no.

Cada una de las heridas de la flagelación, la corona de espinas o las llagas de los clavos han sido mapeadas en el cuerpo monumental de Jesús. Esas heridas abrirán agujeros en el muro de hormigón. Desde el exterior se verá una constelación de puntos negros, pero en el interior serán luminarias que dejen entrar la luz. “Visto lo de Boadilla (toma becerro de hormigón), ya tardamos en hacer el Chicristo en Cuelgamuros”, se ironiza en otra publicación.

En realidad, el propósito es crear un lugar que inspire la fe y se convierta en un centro de peregrinación, como la catedral de Santiago de Compostela en Galicia o el monasterio catalán de Montserrat. Es más, contratarán a un equipo técnico que “reproduzca científicamente” el retrato de la Sábana Santa, la tela de lino en la que se cree que se secó la cara Jesús de camino a la crucifixión, para llevarlo a las tres dimensiones. Si Río de Janeiro tenía el monumento más grande Turín (Italia), la imagen por excelencia del rostro de Cristo, Boadilla del Monte sube la apuesta.

Los jueces del Tribunal Supremo han avalado la condena de casi 37 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al exalcalde del PP en Boadilla del Monte, Arturo González Panero, por encabezar la ramificación de Gürtel en esa localidad. Una sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo por beneficiarse económicamente de 204.198,64 euros de la actividad corrupta del entramado en este municipio madrileño.

Se trata de la segunda sentencia firme que recibe el PP por financiarse con el entramado criminal que creció por todo el país al amparo de su relación con el partido desde la década de los noventa. En este caso, el partido no había recurrido su condena económica.

Esta pieza separada del caso Gürtel de corrupción investigó la actividad corrupta de la trama en uno de sus epicentros: el municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde el PP gobierna desde hace tres décadas. Su alcalde, Arturo González Panero, fue condenado por la Audiencia Nacional a casi 37 años de cárcel por permitir que Francisco Correa y los suyos perpetraran uno de los grandes pelotazos municipales de la trama al amparo de sus buenas relaciones con el partido.

La condena de González Panero es confirmada por el Supremo aunque los jueces estiman los recursos de dos empresarios acusados de pagar un soborno y ayudar a la trama a esconder el dinero y dicta su absolución. Son Gonzalo Naranjo y Rodolfo Ruiz, mientras que rebaja la condena de una funcionaria del consistorio, Alicia V.L, al no considerar probado que colaborase con el alcalde en blanquear el dinero de la trama. Un cuarto condenado ve su condena rebajada de diez a nueve años de cárcel por la aplicación de una atenuante.

Los jueces declararon probado que la trama manipuló diez grandes contratos de obra pública, incluyendo la creación de más de 200 viviendas en varias promociones distintas por un valor cercano a los 100 millones de euros. A cambio, González Panero (PP) cobró un millón de euros entre regalos y comisiones, tal y como confesó de manera tardía.

En este caso el beneficio del partido que preside actualmente Alberto Núñez Feijóo sacado de la actividad de la Gürtel fue a financiar, por ejemplo, un acto electoral de Esperanza Aguirre, la inauguración de la sede de l partido en la localidad o para pagar los megáfonos usados por el PP en una manifestación contra la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos en 2007.

Seis sentencias firmes de Gürtel

La sentencia que acaba de firmar el Tribunal Supremo supone la tercera condena –la segunda declarada firme– que recibe el Partido Popular como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la actividad corrupta de la trama Gürtel. La primera fue la que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy y consideró que el PP se benefició con 245.492,80 euros de la trama en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, una de las piezas principales del caso conocida como 'Época I'. También fue condenada económicamente la exministra Ana Mato.

También fue condenado por la Audiencia Nacional por el caso conocido como la 'caja B' del PP, depósito de dinero opaco oculto a Hacienda cuya existencia ha sido declarada probada ya por varias sentencias de varios tribunales. En ese caso, los jueces condenaron a Luis Bárcenas a dos años de cárcel, su sanción más baja hasta la fecha, por la reforma con dinero negro de la sede central del partido en la calle Génova 13 de Madrid que Pablo Casado amagó con poner a la venta.

Esa sentencia también consideró que el PP debía ser condenado económicamente, esta vez como responsable civil subsidiario por valor de 123.699 euros: el correspondiente al Impuesto de Sociedades que la empresa Unifica, que llevó a cabo la reforma del edificio, tendría que haber pagado en 2007 y no pagó por haber cobrado en negro. Este caso todavía está pendiente de revisión por el Tribunal Supremo pero el propio PP ha rechazado recurrir la sentencia.

Las tres sentencias que, por ahora, han condenado al PP desde el punto de vista económico, no son las únicas del caso Gürtel. Un total de seis resoluciones firmes han declarado probada la existencia de una trama corrupta que creció desde los noventa a nivel municipal, regional y nacional por todo el país al amparo de la relación de sus cabecillas con altos cargos del Partido Popular. Las piezas que afectan a la primera etapa de la trama, a Boadilla del Monte, a su ramificación en la Comunitat Valenciana con contratos de Fitur, en Jerez, la visita del Papa a València en 2006 y la corrupción desplegada en AENA son los casos en los que el Supremo ya ha dejado por escrito y sin posibilidad de recurso que la Gürtel, al contrario de lo que afirmó Mariano Rajoy en 2009, no era una trama “contra” el Partido Popular sino profundamente arraigada en el número 13 de la calle Génova.

Intenta hacer el bien armado de un paraguas y no es Mary Poppins... El alcalde del PP de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Javier Úbeda Liébana, ha decidido difundir en sus redes sociales un vídeo en el que intenta desatascar con un paraguas una alcantarilla cegada. En la grabación aparece en una cuneta junto a una carretera de la localidad, ataviado con botas de agua y acompañado de un técnico de la inspección municipal. El equipo del alcalde ha decidido no solo grabar el vídeo y difundirlo, sino que además lo acompaña con música de una película de superhéroes.

En concreto suena una versión de la banda sonora de la película Spider-Man Homecoming, de la saga de Los Vengadores. En la grabación no se aprecia el resultado de su empeño, y el charco no parece menguar. La publicación va acompañada de un texto en el que el regidor dice que lo de meter el paraguas en la alcantarilla lo ha hecho “encantado”.

El paso del temporal que desde el fin de semana afecta a diversos puntos del país, con lluvias intensas y tormentas, ha dejado este lunes tres fallecidos y tres desaparecidos, así como miles de incidencias por carreteras colapsadas, viviendas inundadas, ríos desbordados y numerosos problemas en el transporte. Las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, donde se encuentran los municipios más afectados, solicitarán la declaración de zona catastrófica.

“Esta mañana también ha habido que salir a echar una mano por las lluvias que nos ha dejado #DANA en Boadilla: encantado lo he hecho. Gracias a todas las personas que formáis parte de los servicios de emergencias, mantenimiento, limpieza y seguridad por vuestro trabajo hoy también. Todo el cariño de nuestro pueblo a aquellos municipios de España que han sufrido, terriblemente, las consecuencias de este temporal: ¡estamos con vosotros!”, reza el texto del mensaje.

Nacido en 1977 y tras licenciarse en márketing y cursar un máster, ambos en instituciones privadas, Javier Úbeda Liébana tuvo su primer contacto con la política a los 26 años, como asesor del Ayuntamiento de Madrid de Alberto Ruiz Gallardón. En la Corporación de Boadilla entró en 2011, tras varios trabajos como asesor y en empresas cerveceras y de bebidas espirituosas. Primero fue concejal de Medioambiente, Servicios a la Ciudad, Festejos y Urbanizaciones, y luego fue pasando por otros cargos. Es alcalde de esta localidad desde 2019, tras sustituir a Antonio González Terol.

Gestiona una presupuesto anual cercano a los 70 millones de euros en una ciudad de 56.000 habitantes. Boadilla es el segundo municipio de España, tras su vecino Pozuelo de Alarcón, con mayor renta neta media anual por habitante (21.976 euros).

Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario de Boadilla del Monte tendrá como plato fuerte la ocasión los conciertos gratuitos de M-Clan, Macaco y Seguridad Social, así como la actuación del grupo Taburete, que hará una parada en la localidad dentro de su gira nacional

En concreto, Willy y Antón pararán en la localidad en el marco de la gira de su quinto álbum, Caminito a Matadero, tras seis años de trayectoria y conciertos por todo el mundo. Será el jueves 29 de septiembre a las 21.30 horas en la carpa municipal del Recinto Ferial.

La entrada para los empadronados en Boadilla costará 10€, mientras que los no empadronados pagarán 20€ por cada localidad. El descuento para el vecino se obtiene introduciendo el DNI en el apartado “Código promocional” de la web en la que se compran las entradas. El número máximo de localidades que se pueden adquirir con descuento es de dos por cada DNI válido. No hay límite para los no empadronados, que podrán adquirir tantas entradas como deseen, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Conciertos gratis y actividades de todo tipo

De manera paralela, el Ayuntamiento ha programado otras conciertos de carácter gratuito, con entrada libre hasta completar aforo (no es necesario sacar entrada), y se ofrecerán también en la carpa municipal.

En concreto, el viernes 30 de septiembre actuará M-Clan, a las 23.00, una actuación que vendrá precedida por la animación de El Pulpo, a las 21.00, y que tendrá como continuidad a Gafapasta a partir de la 1 de la madrugada. El sábado será el turno de Macaco, a partir de las 23.00. Su concierto irá precedido de Flores en Ártico, dos horas antes, y dará paso a Rey Louie a partir de las 00.30 horas. Ese mismo día, The Forteenagers actuarán a las 22.00 en la plaza de la Cruz.

Las fiestas se cerrarán el domingo día 2 de octubre con un concierto de Seguridad Social, a las 21.30 horas, y el tributo Remember Queen a las 23.30 horas. Por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar del festival infantil El Rey León, a las 12.30 horas. Durante todos los días, una vez finalizados los conciertos, habrá animación de DJ hasta las 6.00 horas, excepto el domingo, día en que la carpa cerrará a las 4.30 horas

Para los fanáticos del mundo mágico de Disney hay fabulosas noticias: el famoso castillo de a Bella Durmiente que caracteriza al los parques internacionales de la franquicia va a llegar a Madrid. Y lo hará construido a base de vidrios.

El castillo va a estrenar su réplica en Boadilla del Monte (Madrid) gracias a la nueva colaboración entre Ecovidrio y Disney. Se podrá visitar desde el 6 de junio, en la calle Juan de la cierva, a la altura de su esquina con Infante Don Luis. La elección de esta fecha no es casualidad, y es que el monumento llega a la capital con motivo de la celebración del 30º Aniversario de Disneyland París y los 50 años desde la apertura de Disneyworld Orlando, donde se encuentran modelos de ese castillo que tan capturado ha quedado en las imágenes de sus visitantes.

El vidrio utilizado para la elaboración del castillo proviene del reciclado por las familias en los iglús verdes de Ecovidrio. Los iglús de reciclaje de Disney han quedado repartidos por las calles de Madrid y de diferentes localidades de su comunidad (Alcorcón, Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Rivas Vaciamadrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes).

Además, sus pequeñas réplicas, por primera vez, se pueden adquirir online a 26,95 euros: unos mini-iglús perfectamente tematizados con los personajes Disney (Campanilla, Mickey Mouse, Pato Donald y Daisy). Los beneficios de venta irán destinados a los proyectos de la Fundación Aladina, que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias desde hace más de 15 años.

Condenado a 36 años de cárcel y a pagar más de seis millones de euros por prevaricación, fraude, malversación, blanqueo de dinero o asociación ilícita, entre otros delitos asociados a la operación Gürtel, el alcalde de Boadilla del Monte entre 2000 y 2009, Arturo González Panero, ‘El Albondiguilla’, tenía de plazo hasta el viernes para ingresar en prisión. Entró, efectivamente, a última hora de la tarde. El suceso penitenciario, que sirve de broche simbólico a una de las principales patas de la gran investigación de la corrupción del PP de principios de siglo, ha pasado sin pena ni gloria por la localidad, segundo municipio más rico de España tras el limítrofe Pozuelo, según el INE, y epicentro del terremoto Gürtel. Los populares han gobernado con mayoría absoluta con Panero y después de Panero, cuando la corrupción de Boadilla abría telediarios y ahora que las causas judiciales se acercan a su fin.

“En Pozuelo vivimos en una especie de burbuja”, reconoce el jueves a mediodía Marcelo Serpa, de 19 años, que toma un refresco en una terraza de la avenida del siglo XXI, donde todavía se aprecian las huellas de la corrupción. En esta vía, en la que se concentran varios locales de restauración, siguen tapiados más de 30 bajos comerciales cedidos gratuitamente a la trama, hoy embargados. También pasa por allí el metro ligero, cuya construcción estuvo precedida de intercambio de maletines a cargos populares, aunque en este caso el mangoneo se produjo en el marco de la trama Púnica. Esto Marcelo no lo sabe, en cualquier caso, porque es joven. Tampoco su amigo Adrián González, de la misma edad. Ambos son estudiantes de periodismo en la privada Universidad Europea de Madrid. Dicen que no se acuerdan, pero señalan que en Pozuelo “económicamente y en cuanto a la seguridad se está muy bien”.

Solo el PP gana al PP

La única vez que Boadilla desbancó a un alcalde del PP fue gracias al PP. Corría 1999 y a la regidora Nieves Fernández se le revolvió el edil Panero, que junto a otros cuatro compañeros promovió una moción de censura apoyándose en el partido local Eficiencia Independiente. La dirección regional apostó por los díscolos y se consumó el cambio. Los independientes acabaron peleados entre ellos y desaparecieron. En las elecciones de 2003, Panero arrasó. En 2007, más. De los cinco protagonistas de aquella maniobra han sido condenados dos, además de Panero: Juan Siguero (sustituyó a Panero como alcalde en 2009 por la Gürtel, dimitió en 2011 por la Gürtel) y José Galeote, padre de Ricardo, también condenado en la causa, pero por otra rama por su etapa en Estepona. Los populares perdieron cuatro concejales en los comicios de 2011, pero les siguió sobrando para la mayoría absoluta.

Con Panero de alcalde se aprobó el plan de ordenación municipal que suscitó la explosión demográfica de Boadilla. En 1999 tenía 19.000 habitantes. Cuando el regidor se vio obligado a dimitir, en 2009, eran más del doble. Hoy rondan los 60.000, según el INE. Este crecimiento se aprecia panorámicamente desde la loma en donde vive uno de los insignes habitantes de Boadilla: el excomisario Villarejo, muy agradecido en su día a Panero por evitar que recalificasen los terrenos de su mansión. Desde ahí, en primer término, se ve el palacio del infante don Luis, joya patrimonial que ‘el Albondiguilla’ quiso ceder a la SGAE de Teddy Bautista (no lo logró, por poco). Al lado, el pequeño núcleo urbano original. Y a partir de ahí, los sucesivos ensanches, incluida una promoción de vivienda pública amañada a favor de una de las sociedades de la Gürtel. A lo lejos, las grandes urbanizaciones de lujo.

“Lo malo son los que roban y no hacen nada”

Subiendo un par de minutos por la avenida donde descansaban los estudiantes de periodismo, se da con Francisco, que ha aparcado el Range Rover junto a la mesa de la terraza y ahora disfruta de un agua con gas. “Todo esto lo he visto hacer, aquí antes solo había una pastelería y un bar de pescado frito”, rememora. Francisco tiene 76 años, fue empresario cafetero y su hijo “tiene un dúplex cerca”. “Lo conocía de vista, al Albondiguilla; era un pistolero”, dice, sin quitarse las gafas de sol. Pero relativiza: “Sí, ha robado, pero mira lo que ha hecho; lo malo son los que no roban y no hacen nada”. Cavila sobre la tentación que atenaza al cargo público: “A ver qué haríamos nosotros en su lugar… El que diga lo contrario, miente”.

Quizás sea de agradecer el candor de Francisco, porque lo habitual durante la mañana es que la gente se sacuda la pregunta cuando se le inquiere por Panero, por la Gürtel o lo que representó. “No somos de aquí”, dice poco convincentemente una pareja de mediana edad, vestida de deporte y con dos barras de pan. “No conozco el caso”, despeja una mujer en plena edad laboral, cuyo acompañante se sonríe y dice: “Los políticos deberían ganar más, los constructores quieren que ganen poco”. En el bar de enfrente del consistorio resulta casi ridículo preguntar: “Nosotros trabajamos en el Ayuntamiento y no te vamos a decir nada”, alega una pareja de funcionarios en la pausa del mediodía. Cabe decir que la jefa de Patrimonio del Ayuntamiento sigue siendo Alicia Vallejo, condenada por ayudar al alcalde Panero a ocultar fondos.

Más dispuestas a charlar se muestran Ana y Maty, de 51 años y Marta, de 45, que toman el aperitivo. “De momento, no se oye que estén robando”, celebra la primera. Cuentan que en Boadilla hay buena calidad de vida, aunque faltan comercios y a veces hay atascos. Pero jamás, en los 20 años que llevan viviendo aquí, han notado que ser de Boadilla estuviese mal visto por los vínculos locales con la corrupción: “Nunca he notado un estigma; al contrario”, dice Ana.

La discreta esperanza del arrepentido

Para que la Gürtel estallase y para que, casi 15 años después, Panero entre en prisión, fue indispensable la denuncia de José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda que durante dos años grabó al líder de la trama, Francisco Correa, presumiendo de amaños. Peñas, arrepentido, pero aun así condenado, espera hoy a que se resuelva la petición de indulto que formuló en 2020, y que apoyan la fiscalía y el Tribunal Supremo. Sobre el escaso poso ciudadano que parece haber dejado la Gürtel, apunta, en clave sociológica: “Majadahonda y Boadilla son muy especiales. Hay un índice económico muy alto y un perfil desde el año 2000 de gente que tiene buen estatus económico, que provienen del sur-sureste de Madrid y quieren olvidar su pasado en el cinturón rojo [Boadilla linda con Alcorcón al sur]”. Peñas calcula que son necesarias “un par de generaciones democráticas para que la gente no se deje engañar”.

En el casco original, en un restaurante humilde, de los de a 11 euros el menú del día, dos parroquianos comentan con el cocinero y la camarera la actualidad del día. En la televisión sale el presidente de Ucrania. Uno es trabajador municipal de la zona azul. El otro se identifica como comerciante. “[Panero] ya tenía que haber entrado antes [en prisión]”, critica, aunque entiende que lo que la gente quiere es “que nos dejen trabajar y que Dios nos dé salud”. Apunta que la gente humilde se puede sacar un sobresueldo “en los jardines”, en referencia al cuidado de los chalés de los vecinos más adinerados. “Aquí es que siempre ha salido el PP”, expone, sin más, y señala que el candidato que entró en 2011, Antonio González Terol, fue “uno de los mejores”.

Obligado por la vorágine que supuso la Gürtel, el Ayuntamiento acabó personándose en la causa. Esta semana, conocida la orden de entrada en prisión, el PSOE propuso aprobar una declaración institucional de condena a la corrupción municipal entre 2003 y 2007. El texto reclamaba que los responsables del PP pidiesen perdón y se comprometiesen a que el partido devuelva lo defraudado. También, agradecer a José Luis Peñas que denunciase los hechos. La Junta de Gobierno local que ahora encabeza Javier Úbeda (15 ediles de 25) la rechazó por unanimidad. El portavoz socialista, Alfonso Castillo, asegura que no se lo esperaba: “Me he quedado un poco chafado”.

La Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama de corrupción Gürtel en el municipio de Boadilla, bastión de la formación política en la Comunidad de Madrid. En este caso, el PP deberá devolver 204.198,64 euros de los que se habría beneficiado por la actuación de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa.

Se trata de la tercera condena que recibe el Partido Popular por su relación con la trama corrupta que encabezaba este empresario y que durante años se aprovechó de su relación con altos cargos de la formación conservadora. La primera fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2020 como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la actividad corrupta de la trama en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. La segunda, todavía pendiente de ratificación, fue impuesta por la reforma de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid con dinero de la caja B que manejaba Luis Bárcenas, donde fue condenado como responsable civil subsidiario.

En este caso, el tribunal considera “evidente” el beneficio que obtuvo de la trama de corrupción en Boadilla que obtuvo así un “menor gasto” en las campañas electorales de 2003 y 2007, al abonar Correa con sus empresas gastos que correspondían a la formación política a cambio de los contratos que se le adjudicaban. “No cabe más que señalar que se ha producido un beneficio económico para este partido”, dice el tribunal.

La defensa del PP argumentó en el juicio que el partido desconocía esta dinámica en Boadilla y que se hizo, incluso, contra su voluntad. “La naturaleza de la participación a título lucrativo no se trata de una obligación civil que tiene su origen en la participación del delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito de un tercero que desconoce su procedencia delictiva”, afirma la sentencia, que considera compatible la condena por beneficiarse a título lucrativo con la buena fe. El Partido Popular es mencionado 177 veces en la sentencia, informa Europa Press.

El PP se enfrentó en la vista al reconocimiento de los hechos por parte de un total de 16 acusados, que han sido condenados a las penas solicitadas por la Fiscalía con la atenuante correspondiente. Entre ellos no se encuentra el que fuera alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, de quien la Fiscalía consideró que no estaba colaborando de forma creíble. González Panero ha sido condenado a 36 años y 11 meses de cárcel por 18 delitos de cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

El tribunal recuerda que González Panero “negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando 'un reconocimiento de hechos'”, recuerdan. “No era un funcionario más sino la cabeza del consistorio durante dos legislativas”, aseguran los jueces de la Sala de lo Penal, quienes consideran especialmente grave “la defraudación de la confianza depositada en el mismo y que utilizó para su propio enriquecimiento personal” .

El cambio de actitud de Correa

Por contra, el tribunal aprecia el cambio de actitud de otros acusados, entre ellos los principales responsables de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, en el sentido de que además de reconocer los hechos han devuelto el dinero que escondían en Suiza. Con todo, ambos son condenados a 13 años y 6 meses de cárcel. En. el caso de Correa, destaca el fallo, el condenado explicó todos los detalles de la trama: “dónde se reunían, cómo se agasajaba a los políticos, los pagos al Partido Popular”

El tribunal acuerda también la incautación de todos los beneficios y comisiones obtenidos por los acusados y al pago, a través de la vía de la responsabilidad civil de los perjuicios causados al Ayuntamiento de Boadilla. La actividad de la trama se centra en los años que van desde 2001 a 2009, durante el gobierno municipal de González Panero.

El tercer gran juicio al Partido Popular por las corruptelas de la trama Gürtel quedó este martes visto para sentencia. Durante más de dos meses, la Audiencia Nacional ha enjuiciado la actividad de la red en Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta y feudo histórico de la formación. Un procedimiento con casi 40 acusados y en el que el partido que ahora dirige Pablo Casado se expone a su tercera condena por beneficiarse de la trama corrupta de Francisco Correa. En este caso, como responsable a título lucrativo de las ilegalidades cometidas en el municipio madrileño. 

La tesis de la Fiscalía, que pide que el PP sea condenado al pago de 204.198,64 euros, es que el partido se benefició de las mordidas que empresarios habrían pagado a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento, pues parte de ese dinero se habría destinado a pagar gastos de campañas relacionadas con el municipio. Las pesquisas revelaron que la red de Correa desplegó su actividad en la localidad madrileña al menos entre 2001 y 2009 causando un perjuicio a las arcas municipales de cuatro millones de euros. 

La formación conservadora, cuya defensa pidió este martes su absolución y descargó toda responsabilidad en determinados “servidores públicos” de comportamiento “execrable”, tiene ahora en su contra la catarata de confesiones de excargos del partido y empresarios que han reconocido los hechos por escrito y en el juicio buscando una reducción de sus peticiones de pena. Son los 16 ‘arrepentidos’ —todos menos el exalcalde Arturo González Panero— a cuyo relato la Fiscalía sí da credibilidad. 

Entre ellos, el líder de la trama, Francisco Correa, y el que fuera su número dos, Pablo Crespo, que reconocieron el amaño de adjudicaciones en Boadilla con el beneplácito de los cargos municipales del PP. Ambos cumplen largas condenas por otras ramas del caso y formaban parte de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de esas adjudicaciones. 

La fiscal Concepción Nicolás dio especial relevancia al testimonio de Crespo, también ex secretario de Organización del PP de Galicia, quien reconoció que los pagos al PP estaban en algunas ocasiones incluso escritos en su agenda personal y que admitió que se abonaban “en negro” actos del partido, según se encargó de recordar la representante de Anticorrupción. Y al de César Tomás Martín Morales, antiguo gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla y exjefe de campaña del PP en la localidad, que explicó las “necesidades económicas” del PP en el municipio y cómo la Gürtel sufragaba su “actividad interna”. 

De hecho, Martín Morales incorporó a su confesión un anexo en el que detalló las cantidades recibidas de la red tanto en precampaña y campaña electoral, como para sufragar “comidas, fiestas o viajes”. La fiscal lo interrogó durante su declaración por su escrito de confesión, en el que hacía referencia a que Correa le explicó que recibió instrucciones de la cúpula del PP a través de Pío García-Escudero, entonces presidente regional del PP. “Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Yo cumplí instrucciones”, afirmó ante el tribunal.

La Fiscalía también puso en valor la declaración de empresarios como Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, que ya pactó en el primer juicio de Gürtel una rebaja de la petición de pena a cambio de confesar su implicación en los sobornos. En esta vista reconoció que pactó con Correa una mordida del 3%, el mismo porcentaje del que habló el líder de la Gürtel en aquel primer juicio. “Ha venido a reconocer lo que pagó, que coincide con la carpeta azul, y cómo había hecho llegar cada una de las cantidades”, dijo la fiscal sobre el constructor. 

“A escondidas” del PP

Este martes, en su informe de conclusiones, la defensa del PP, que ejerce el abogado Jesús Santos, insistió en que el partido no podía ser condenado porque “desconocía por completo” esos presuntos “actos” que, de haber tenido lugar, se habrían llevado a cabo “sin su conocimiento ni consentimiento”. A este respecto, el letrado insistió en que esos gastos se habrían realizado “a escondidas o al margen del partido” y por “personas que carecían de poder para comprometer al partido”, cuya intención era “beneficiarse a sí mismos”.

En este contexto, el representante del PP recordó que el partido “contaba con amplio margen de presupuesto” para las campañas electorales de 2003 y 2007 y que tenía “un techo de gasto al que no se llegó”. Así, si se hubiera querido añadir nuevos gastos habría “un amplio colchón” para hacerlo, insistió.

La Fiscalía considera, sin embargo, que los testimonios de otros acusados, de los testigos, de los peritos y la documentación obtenida durante la larga instrucción de este caso ponen de manifiesto que existió un “lucro” para la formación y, en consecuencia, la “obligación” del partido es resarcir ese dinero aunque no tuviera conocimiento de los hechos delictivos que se estaban produciendo. “Todos y cada uno de los pagos están perfectamente acreditados”, aseveró la fiscal, que insistió en que quien se “aprovecha” o “enriquece” como consecuencia de un delito tiene la obligación de devolver esos fondos “aún cuando no tenga conocimiento de una conducta ilícita anterior”. 

En su exposición, la fiscal dejó claro que daba toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que declaró como testigo a propuesta del PP. Según la fiscal Concepción Nicolás, en su interrogatorio afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A juicio de la representante de Anticorrupción, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, insistió la fiscal. 

Esta fue la tesis que intentó rebatir este martes la defensa del PP. Santos —que también se remitió en varias ocasiones a la declaración de este testigo— insistió en que los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer ni realizar gastos en nombre del partido y que ésta es una facultad reservada a los apoderados. “No es que no exista prueba de cargo para acreditar ese uso o ese disfrute [de los supuestos gastos desviados a campañas], es que hay prueba que pone de manifiesto todo lo contrario”, aseveró. 

La última palabra, en todo caso, la tendrán los tres miembros del tribunal de la Audiencia Nacional, un órgano judicial que no ha dado demasiadas alegrías a los conservadores. El partido fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en mayo de 2018, en la primera sentencia que confirmó la existencia de una financiación irregular en el PP. Entonces, el tribunal especial admitió que la “contabilidad paralela” no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un “contexto” necesario para explicar la red de Correa. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. 

Dos años después, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia aunque eliminó las alusiones a la existencia de una caja B. Los jueces justificaron esa decisión —“intrascendente en el fallo”, advirtieron— en el hecho de que no podía haber responsabilidad penal sin que existiera acusación o defensa. El PP aprovechó estos pasajes para afirmar que aquella moción de censura se basó “en la mentira”. Pero la verdad judicial volvió a imponerse apenas doce meses después. El pasado 28 de octubre una tercera resolución, la de la caja B del PP, ratificó que hubo una “contabilidad paralela” en el partido “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.

El Partido Popular ha pedido este martes su absolución en la vista oral por la actividad de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, en la que se expone a su tercera condena por beneficiarse de la red corrupta. En este caso, como responsable a título lucrativo de las ilegalidades cometidas en el municipio madrileño, la quinta ciudad española con mayor renta bruta. En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el abogado del PP, Jesús Santos, ha afirmado que esa responsabilidad a título lucrativo habría prescrito y que, en todo caso, el partido no puede ser condenado porque “desconocía por completo” esos presuntos “actos” que, de haber tenido lugar, se habrían llevado a cabo “sin su conocimiento ni consentimiento”. “Es decir, en contra de la voluntad del Partido Popular”, ha aseverado. 

No lo cree así la Fiscalía, que solicita que el PP sea condenado al pago de 204.198,64 euros al considerar acreditado que parte de las mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en el municipio se destinaron presuntamente a costear gastos de las campañas municipales de los conservadores. A juicio de Anticorrupción, existió un “lucro” para la formación y, consecuencia, la “obligación” del partido que ahora lidera Pablo Casado es resarcir ese dinero. 

A este respecto, el abogado ha insistido en que esos gastos se habrían realizado “a escondidas o al margen del partido” y por “personas que carecían de poder para comprometer al partido”, cuya intención era “beneficiarse a sí mismos”. “Un enriquecimiento personal”, ha aseverado. En este contexto, el representante del PP ha recordado que el partido “contaba con amplio margen de presupuesto” para las campañas electorales de 2003 y 2007 y que tenía “un techo de gasto al que no se llegó”. Así, si se hubiera querido añadir nuevos gastos había “un amplio colchón” para hacerlo.

En el último tramo de su intervención en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, el letrado ha hecho un alegato en defensa de la honorabilidad del PP y ha afirmado que, desde 2008, el partido ha ido reaccionando con los “medios existentes en ese momento” a las diferentes causas de corrupción, que ha enmarcado en la actuación de “execrable” de ciertos servidores públicos que “defraudaron la confianza” del partido y que no pueden “empañar” la actividad de miles de afiliados que desarrollan su actividad de servicio público con “ejemplaridad”. 

Campañas electorales

El pasado 13 de enero, la Fiscalía mantuvo en sus conclusiones la responsabilidad a título lucrativo del PP por los contratos supuestamente adjudicados por el consistorio a cambio de comisiones a las empresas Sufi (24.000 euros), Constructora Hispánica (30.000) y Teconsa (120.000) además de diversos contratos menores (29.000). La tesis de Anticorrupción es que el PP se benefició de esas operaciones consiguiendo que empresas de la trama abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido. 

En su exposición, la fiscal dejó claro que daba toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que declaró como testigo a propuesta del PP. Según la fiscal Concepción Nicolás, en su interrogatorio afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A su juicio, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, insistió la fiscal. 

Esta ha sido la tesis que ha intentado rebatir este martes la defensa del PP. Santos —que también se remitió en varias ocasiones a la declaración de este testigo— ha insistido en que los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer ni realizar gasto en nombre del partido y que ésta es una facultad reservada a los apoderados. “No es que no exista prueba de cargo para acreditar ese uso o ese disfrute [de los supuestos gastos desviados a campañas], es que hay prueba que pone de manifiesto todo lo contrario”, ha dicho el letrado.

En este punto, el abogado se ha referido a las declaraciones de varios de los acusados que han reconocido los hechos de los que le acusa la Fiscalía a cambio de una reducción en la petición de penas. Entre ellos, el líder de la Gürtel, Francisco Correa. Santos recordó que Correa confirmó durante su interrogatorio que, en ocasiones, las anotaciones que reflejaban gastos no se correspondían con verdaderos desembolsos y que solía ordenar anotaciones de campaña con fondos que él mismo disponía. “A lo mejor era un dinero que me lo quedaba yo, puede ser”, dijo Correa, según ha recordado el abogado del PP.

Última palabra

La jornada se ha iniciado con la comparecencia de la defensa de Alicia Vallejo, expareja del exalcalde de Boadilla y funcionaria municipal. Vallejo está acusada de los delitos de falsedad documental y blanqueo por, supuestamente, ayudar al exregidor a ocultar fondos de procedencia ilícita a través de la venta de una vivienda de su propiedad en el municipio madrileño por más de medio millón de euros a una de las empresas del exalcalde. La Fiscalía pide para ella cinco años de cárcel. 

En el trámite de informe, su letrada ha defendido su absolución y ha asegurado que fue víctima de una “maquinaria” tendente a engañarla urdida por González Panero, contra el que ha cargado duramente. Ha asegurado, en este sentido, que vendió ese inmueble “por asfixia económica, violencia de género [por parte de su exmarido] y necesidad de trasladarse de vivienda” y no para “encubrir u ocultar absolutamente a nadie” ni tras la promesa de que recibiría como contrapartida la vivienda de protección pública que le fue adjudicada posteriormente. “Ni ha vehiculado, ni ha recibido absolutamente nada que la vincule con alguna trama”, ha afirmado. 

Tras los informes, seis de los acusados que no han pactado con la Fiscalía han ejercido su derecho a la última palabra y han remarcado su inocencia. Entre ellos, la propia Vallejo. También han intervenido Juan Carlos Rey Rico, ex director técnico de la Concejalía de Deportes de Boadilla; Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo, presunto blanqueador de Gürtel; Juan Siguero, exconcejal de Boadilla por el PP y sucesor de Arturo González Panero en la alcaldía tras el estallido del caso; José Francisco Pastor de Luz, exconcejal y exgerente del Patronato de Cultura; y Jorge Martínez Massa, expresidente de L’Oréal en España. 

Nadie cree a 'El Albondiguilla'. No lo hacen las acusaciones particulares, ni las populares, ni la Abogacía del Estado ni, por supuesto, la Fiscalía, que mantiene la petición de cuarenta años de cárcel para el que fuera alcalde de Boadilla del Monte por el Partido Popular. Arturo González Panero inició el juicio por la corrupción de la trama Gürtel en ese municipio madrileño en el pelotón de ‘arrepentidos’ y lo acaba implorando al tribunal que reduzca una eventual condena tras el fracaso de su estrategia de intento de pacto con Anticorrupción. “Hay un reconocimiento expreso de las comisiones y del cohecho”, intentó justificar esta semana su abogado, Gustavo Galán. 

Pero el exalcalde, también conocido por el peyorativo mote de 'El Albondiguilla' que le puso Francisco Correa, es el único de los 17 acusados que reconocieron hechos por escrito y en el juicio al que el Ministerio Público no da credibilidad. La fiscal Concepción Nicolás fue muy dura en su informe final. Calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la supuesta confesión que hizo apenas unos días antes del inicio del juicio, asediado por las pruebas y los testimonios aportados por otros supuestos miembros de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio a las arcas municipales que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros. La trama también habría sufragado bajo cuerda los gastos de campañas electorales de los conservadores. 

La consecuencia del revés de la Fiscalía es que González Panero, que habría llegado a acumular más de un millón de euros en Suiza gracias a las dádivas por el amaño de contratos en el Ayuntamiento que lideró entre 2001 y 2009, se enfrenta a la petición de pena más alta de un procedimiento con casi cuarenta acusados y en el que el Partido Popular se expone a su tercera condena por beneficiarse de la Gürtel. Cuarenta años y nueve meses de cárcel que su abogado imploró rebajar esta semana en la presentación de sus conclusiones definitivas. 

Durante una hora larga, el letrado se afanó en justificar que su cliente sí había realizado un auténtico reconocimiento de los hechos que le hace merecedor de que se le aplique la atenuante muy cualificada de confesión. Galán recordó que González Panero reconoció que hubo campañas del PP en Boadilla que “se hicieron de manera irregular” y que no debería haberse permitido que empresas de la trama organizaran ese tipo de actos. O que incluso admitió la existencia de un vídeo –en posesión de Francisco Correa, líder de la Gürtel– en el que él mismo aparece “contando dinero” procedente de mordidas. El letrado aludió en este punto a la declaración como testigo de José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó la trama, en la que afirmó que el propio Correa le había dicho que con ese vídeo “tenía cogido por lo huevos” al alcalde. “Correa pretendía una colonización absoluta de Boadilla del Monte”, afirmó Galán. 

El abogado trató de justificar que la supuesta confesión de su cliente tenía todavía más valor teniendo en cuenta las “extorsiones y amenazas” que habría recibido del entramado de Correa a partir de 2005, cuando empezaron a distanciarse, según el testimonio del exregidor. Y se refirió a una carta con unas supuestas “reglas de conducta” que la Gürtel le habría hecho llegar a partir de esa fecha y en la que le decían que no le querían “joder la vida” al tiempo que le advertían de que había que “restablecer” la “situación previa” de favorecer a las empresas que habían ayudado al PP. La investigación, que se inició en 2009, ha sacado a la luz adjudicaciones irregulares a la trama entre los años 2002 y 2008. 

“Tendenciosa, equívoca y falsa”

Con estos argumentos, el abogado de González Panero trató de rebatir la tesis de la fiscal Nicolás, que días antes había sido implacable con su cliente. La representante de Anticorrupción calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión del exalcalde, que afirmó también que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004 o aseguró haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. 

Pero la fiscal recordó que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar o añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, afirmó. En contraposición, la representante de Anticorrupción puso en valor las confesiones de otros implicados. Entre ellas, la de Correa, para quien pasó de pedir 76 años de cárcel a 19 gracias a haberlo reconocido “absolutamente todo”. “Ha reconocido el blanqueo, el dinero, las prevaricaciones e incluso nos ha hablado de su propio negocio con otros empresarios a los que él llamaba el lobby o el business”, dijo Nicolás, que recordó que el líder de la Gürtel explicitó ante el tribunal la actividad de sus empresas, cómo conoció a González Panero e incluso dónde se hacían los “repartos” de dinero. Es decir, nada de escurrir el bulto, como a su juicio sí hizo el exalcalde. 

De hecho, esa fue otra de las premisas que intentó tumbar la defensa del exregidor, que insistió en varias ocasiones en que en ningún caso su cliente trató de “evitar responsabilidades” y sí aportó información nueva y relevante para el esclarecimiento de los hechos. Además, situó el inicio de la colaboración de González Panero con la justicia no unos días antes de que se iniciara este juicio, cuando presentó su escrito de confesión el pasado 3 de noviembre, sino en enero de 2020, cuando contrató a Galán y decidió cambiar de estrategia y empezar a colaborar. 

En su informe, la fiscal había dicho que González Panero solo se avino a confesar cuando ya estaba acorralado por un “tsunami de prueba” tras los escritos presentados por otros acusados. “No tenía defensa. Su estrategia era que, dado que no lo puedo negar, voy a intentar sacar rédito. No podía negar lo evidente, pero no ha colaborado en nada. Salvo aquello que no pudo negar, no veo que haya colaborado en absolutamente nada”, afirmó Nicolás. A este respecto, Galán aseguró que otros acusados para los que la Fiscalía sí pidió aplicar la atenuante muy cualificada de confesión como el contable de la trama, José Luis Izquierdo, o el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales presentaron sus escritos “en fechas posteriores” al de González Panero.

Decida lo que decida el tribunal –el reconocimiento de los hechos no libera a los jueces de tener que valorar las pruebas aportadas–, lo cierto es que con su negativa a dar valor a la supuesta confesión de González Panero, la fiscal asesta un duro golpe a la estrategia del letrado, que también capitaneó la defensa de Luis Bárcenas en el juicio de la caja B del PP. Días antes del inicio de esa vista oral, el extesorero del partido conservador presentó un escrito de confesión –en realidad, un compendio de acusaciones sin soporte documental– que tampoco tuvo efectos. La Fiscalía mantuvo la petición de cinco años de cárcel para él y no recogió esa colaboración en su informe final. Aunque finalmente Bárcenas fue condenado a dos años de prisión, volvió a cambiar de abogado. 

“Cantidades recibidas”

Pero el de la Fiscalía no ha sido el único golpe que ha recibido González Panero en este juicio. También la Abogacía del Estado dio protagonismo al exalcalde en su informe final al recalcar que no había devuelto las “cantidades percibidas” de la trama. “Las disfrutó en el momento de consumación del delito contra la Hacienda Pública, las ha venido disfrutando todos estos años y las disfruta a día de hoy o bien se las ha gastado”, dijo la representante de los servicios jurídicos del Estado, que defendió que González Panero debe ser condenado por delito fiscal además de por cohecho. Su criterio disiente del de Anticorrupción, que defiende una acusación por delito contra la Hacienda Pública solo en el caso de que no se estimara el cohecho. La Abogacía del Estado mantiene, sin embargo, que “ambas condenas pueden y deben coexistir”. 

Las acusaciones que ejercen la acción popular fueron en general muy críticas con los acusados que han reconocido los hechos tratando así de obtener una rebaja en sus condenas. La letrada Gloria de Pascual, que representa a los excargos socialistas Carmen Ninet y Pablo Nieto y a cuyas conclusiones se sumó Adade, afirmó que existe una “absoluta imposibilidad legal” de apreciar la atenuante muy cualificada de confesión en “ninguno de los casos”. A su juicio, las confesiones se han limitado a reconocer lo ya acreditado por otros medios y no han supuesto “un más amplio reconocimiento de los hechos”. Además, siempre según el relato que desplegó ante el tribunal, varias de las declaraciones se han debido a la “insistencia” de la Fiscalía y muchas de ellas han carecido de una “puesta en contexto” que habría permitido dar “una mejor imagen de los hechos” y explicar mejor las relaciones entre los distintos actores. 

La vista en la que se enjuician los supuestos sobornos de la trama de Correa a funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte a cambio de contratos públicos se reanuda este martes en la Audiencia Nacional. Para ese día está previsto que el abogado del PP exponga sus conclusiones finales tras dar la callada por respuesta durante el interrogatorio de la Fiscalía, que tuvo lugar el pasado noviembre. La formación política se enfrenta en este procedimiento a su tercera condena, la segunda como beneficiario a título lucrativo del dinero de la corrupción de Gürtel. También hará su alegato final González Panero, uno de los pocos acusados que han manifestado la intención de ejercer su derecho a la última palabra. 

La defensa de Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte entre 1999 y 2009, ha intentado rebatir este miércoles los argumentos de la Fiscalía, que considera que la confesión que el exregidor realizó en este juicio por la corrupción de la trama Gürtel en el municipio madrileño que se celebra en la Audiencia Nacional no es veraz y mantiene para él su petición inicial de cuarenta años de cárcel. González Panero admitió las mordidas de empresa de la trama y afirmó que el PP le ordenó desviar una parte a campañas electorales.

Durante una hora larga de intervención en el trámite de informe, su letrado, Gustavo Galán, ha tratado de poner en valor el testimonio de su cliente. Ha afirmado, por ejemplo, que González Panero reconoció que hubo campañas del Partido Popular en Boadilla que “se hicieron de manera irregular” y que no debería haberse permitido que empresas de la trama organizaran ese tipo de actos. O que mantuvo hasta 2005 una “colaboración delictiva” con Francisco Correa, líder de la Gürtel, y que el “trato de favor” que se le dispensó fue a cambio de comisiones. 

La semana pasada, la fiscal Concepción Nicolás calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión del exalcalde, que afirmó que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004. El exalcalde aseguró también haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. Pero la representante del Ministerio Público recordó que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar, añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, afirmó. 

También la Abogacía del Estado recalcó que el exalcalde “no ha devuelto las cantidades percibidas” de la trama. “Las disfrutó en el momento de consumación de ese delito y a día de hoy”, dijo este martes la representante de los servicios jurídicos del Estado, que defendió que González Panero debe ser condenado por un delito de cohecho pasivo y, de forma adicional, pon un delito contra la Hacienda Pública.

“Evitar responsabilidades”

Esta son la tesis que ha intentado rebatir la defensa del exalcade, que ha insistido en que en ningún caso su cliente trató de “evitar responsabilidades” y sí aportó información nueva y relevante para el esclarecimiento de los hechos. Además, ha situado el inicio de la colaboración de González Panero con la Justicia no unos días antes de que se iniciara este juicio, cuando presentó su escrito de confesión, si no en en enero de 2020, cuando contrató a Galán y cambió su línea de actuación.

Así, también ha recordado que otros acusados a los que si se habría aplicado la atenuante muy cualificada de confesión como el contable de la trama, José Luis Izquierdo, o el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Tomás Martín Morales presentaron sus escritos “en fechas posteriores” al González Panero.

Galán ha afirmado, en este sentido, que el exalcalde aportó en su interrogatorio “una serie de datos novedosos” sobre algunas de las principales adjudicaciones enjuiciadas. Entre ellas, la de un contrato de basuras y limpieza a la empresa Sufi a cambio de una supuesta comisión de más de 250.000 euros y para lo que él mismo confirmó haber dado “instrucciones” al jefe de servicios técnicos. 

El letrado también se ha referido a las adjudicaciones a Constructora Hispánica, que pertenecía a Alfonso García Pozuelo, quien ya confesó su participación en la trama durante el juicio de la Primera Época de Gürtel. Galán ha recordado que su cliente reconoció que se le adjudicaron tres proyectos en 2003 a través del “favorecimiento” que él ejerció y que se destinaron 30.050 euros a la campaña del Partido Popular de las elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2003 y de las generales de 2004. “Hay un reconocimiento expreso de las comisiones y del cohecho”, ha insistido el abogado para poner en valor la declaración de su defendido.

Respecto a la reparación del daño, Galán ha insistido en la “imposibilidad” de que el expedidor disponga de “un patrimonio que no le queda”, pues los fondos embargados ascienden a “más de un millón de euros”. También ha pedido al tribunal que tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas por la demora en el proceso. Así, ha recordado que González Panero fue imputado en febrero de 2009, por lo que habrán más pasado “más de 13 años” hasta que se dicte sentencia por este caso durante 2022.

Las acusaciones que ejercen la acción popular en el juicio por la corrupción de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte restan valor a las confesiones de los 16 acusados que han reconocido los hechos que les tratando así de obtener una rebaja en sus condenas. En el trámite de informe que tiene lugar en la recta final de la vista oral, las acusaciones populares han admitido este martes que estas declaraciones sirven para apreciar la atenuante simple de confesión que recoge el Código Penal —lo que implica una reducción de penas— aunque no de manera tan amplia como la Fiscalía, que solicitó una rebaja todavía mayor al entender que esa atenuante debería ser “muy cualificada”, lo que supondría una mayor rebaja en las condenas.  

“Parecían alegatos de defensa o echar balones fuera”, ha dicho la letrada Gloria de Pascual sobre los testimonios los acusados que reconocieron los hechos que les atribuye la Fiscalía durante sus interrogatorios en la vista oral. Entre ellos, los principales encausados: el líder de la Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; o el que fuera alcalde de Boadilla entre entre 1999 y 2009, Arturo González Panero, cuya confesión fue la única a la que la Fiscalía no da credibilidad. La letrada, que representa a los excargos socialistas Carmen Ninet y Pablo Nieto y a cuyas conclusiones se ha sumado Adade, ha asegurado que existe una “absoluta imposibilidad legal” de apreciar la atenuante muy cualificada de confesión en “ninguno de los casos”.

A su juicio, las confesiones realizadas se han limitado a reconocer lo ya acreditado por otros medios y aligerar o evitar parte de la prueba, pero no han supuesto “un más amplio reconocimiento de los hechos”. Además, siempre según el relato que ha desplegado ante el tribunal, varias de las declaraciones se han debido a la “insistencia” de la Fiscalía y muchas de ellas han carecido de una “puesta en contexto” que habría permitido dar “una mejor imagen de los hechos” y explicar mejor las relaciones entre los distintos actores. 

Correa y Crespo

En el caso de Francisco Correa, la representante de las acusaciones populares le ha afeado que se limitara a reconocer “estrictamente” los hechos, pero no diera detalles de las “relaciones” entre los acusados o de qué papel asumía cada uno. Respecto a su número dos, Pablo Crespo, la letrada De Pascual ha asegurado que su testimonio puso de manifiesto su amistad o enemistad con determinados coacusados, lo que se manifestó, por ejemplo, en su “protección” de José Luis Izquierdo, supuesto contable de las sociedades de la trama. Para el primero, la Fiscalía pasó a pedir 76 años de cárcel a 19, mientras que para Crespo la rebaja es de 64 a 16.

La tesis de las acusaciones populares difiere de la de la Fiscalía. Según la fiscal Concepción Nicolás, Correa sí “lo reconoció absolutamente todo”. “Ha reconocido el blanqueo, el dinero, las prevaricaciones e incluso nos ha hablado de su propio negocio con otros empresarios a los que él llamaba el lobby o el bussines”, dijo el pasado jueves la representante de Anticorrupción, que recordó como el líder de la Gürtel explicitó ante el tribunal la actividad que realizada con sus empresas de eventos, cómo conoció a González Panero, e incluso dónde se hacían los “repartos” de dinero.

La fiscal anunció en su informe rebajas en su petición de penas para dieciséis de los acusados que han reconocido los hechos. Para todos menos para González Panero, para quien mantiene su solicitud de cuarenta años de prisión. La fiscal calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión del exregidor, que afirmó que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004.

El exalcalde aseguró también haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. Pero la representante del Ministerio Público recordó que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar, añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, afirmó. La defensa del exalcalde tiene previsto hacer su informe este miércoles, donde González Panero también ejercerá su derecho a la última palabra.

La Fiscalía ha hecho definitiva este jueves su petición de condena como responsable a título lucrativo para el Partido Popular por beneficiarse de la actividad de la trama corrupta Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Durante la recta final del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, la representante del Ministerio Público, Concepción Nicolás, ha confirmado la solicitud de que el partido que preside Pablo Casado tenga que abonar 204.198,64 euros. En este caso, el PP se sienta en el banquillo de los acusados por tercera vez, la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.

A juicio de Nicolás, durante la vista ha quedado acreditado que se produjo un “lucro” por parte del PP y, en consecuencia, su “obligación” es resarcir ese dinero. “Todos y cada uno de los pagos están perfectamente acreditados”, ha aseverado la fiscal, que ha insistido en que quien se “aprovecha” o “enriquece” como consecuencia de un delito tiene la obligación de devolver esos fondos “aun cuando no tenga conocimiento de una conducta ilícita anterior”. 

Las conclusiones definitivas de la Fiscalía no modifican, por tanto, la responsabilidad a título lucrativo del PP por los contratos supuestamente adjudicados por el consistorio a cambio de comisiones a las empresas Sufi (24.000 euros), Constructora Hispánica (30.000) y Teconsa (120.000) además de diversos contratos menores (29.000). La tesis de Anticorrupción es que el PP se benefició de esas operaciones consiguiendo que empresas de la trama abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido.

En su exposición, la fiscal ha dejado claro que da toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación conservadora durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que en su declaración como testigo —recordó Nicolás— afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A su juicio, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, ha insistido la fiscal.

Rebajas de penas

Por otro lado, Nicolás ha anunciado rebajas en su petición de penas para dieciséis de los acusados que han reconocido los hechos tratando así de obtener una rebaja en la condena. Para todos menos para el que fuera alcalde de Boadilla por el PP entre 1999 y 2009, Arturo González Panero, para quien ha mantenido su solicitud de cuarenta años de prisión. La fiscal ha definido de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión de González Panero, que afirmó que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004.

El exalcalde aseguró también haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. Pero la representante del Ministerio Público ha recordado que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar, añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, ha dicho ante el tribunal. 

La Fiscalía sí ha adelgazado la petición de cárcel para los otros imputados que han reconocido los hechos en sus confesiones por escrito previas al inicio de la vista oral y a lo largo del juicio. En el caso de Francisco Correa y Pablo Crespo, por ejemplo, ha suprimido el delito de asociación ilícita por el que ya fueron condenados en la pieza llamada Época 1. Para el primero, líder de la trama, ha pasado de pedir 19 años frente a los 76 solicitados inicialmente, mientras que para su segundo la petición se eleva a 16 frente a los iniciales 64. 

El juicio por la actividad corrupta de la trama Gürtel en Boadilla del Monte de la mano del Partido Popular ha venido marcado por un aluvión de confesiones por parte de acusados que esperaban una rebaja en las peticiones de condena a cambio de reconocer los hechos de los que les acusaba la Fiscalía. Correa, por ejemplo, fue explícito a la hora de relatar cómo manejaba la contratación pública gracias a su relación con los líderes locales del partido: “Si conseguíamos la adjudicación, el empresario me aportaba la cantidad o la comisión correspondiente. Yo intentaba que se adjudicara al candidato que yo ofrecía”, dijo.

Según la fiscal, Correa “lo reconoció absolutamente todo”. “Ha reconocido el blanqueo, el dinero, las prevaricaciones e incluso nos ha hablado de su propio negocio con otros empresarios a los que él llamaba el lobby o el bussines”, ha dicho la representante de Anticorrupción, que ha recordado como el líder de la Gürtel explicitó ante el tribunal la actividad que realizada con sus empresas de eventos, cómo conoció a González Panero e incluso dónde se hacían los “repartos” de dinero.

Dos condenas al PP

El juicio por la actividad de la trama corrupta Gürtel en Boadilla del Monte no es el primero que explora la relación del Partido Popular con la trama y cómo se benefició de ella en numerosos territorios y municipios donde gobernaba. El Tribunal Supremo ya condenó al partido en 2020 como responsable a título lucrativo por beneficiarse de su actividad corrupta en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, municipios madrileños cercanos a Boadilla del Monte. En ese caso la condena económica de la formación que ahora dirige Pablo Casado superó los 245.000 euros, dinero con el que financió campañas electorales en ambas localidades.

Su segunda condena, aunque esta como responsable civil subsidiario de los delitos de Luis Bárcenas, llegó hace unos meses con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la 'caja B' y la reforma de la sede central de Génova 13 pagada con dinero negro procedente de dicha contabilidad paralela. En este caso, que todavía no ha sido sentenciado en firme, el PP fue condenado a hacerse cargo de más de 123.000 euros por el delito fiscal cometido por su entonces empleado Luis Bárcenas, que ha decidido no recurrir su condena. En ambos casos, los tribunales han considerado acreditada la existencia de esa 'caja B' de dinero negro en el seno de la formación conservadora.

El investigador principal de Gürtel, el inspector Manuel Morocho, ha completado este jueves su declaración como testigo en el juicio por la actuación de esa trama corrupta en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. A preguntas de la defensa de uno de los acusados, el policía ha asegurado que, en el año 2005, el líder de la red, Francisco Correa, todavía “intervenía directamente en las reuniones con responsables de las constructoras y en las relaciones directas con los cargos y los responsables políticos”, entre los que ha citado a Arturo González Panero, el que fuera alcalde de ese municipio por el PP entre 1999 y 2009. 

Ambos están siendo juzgados en este procedimiento y han reconocido su participación en la trama en la cual se habría producido una transferencia de fondos de dinero negro a la formación conservadora. En concreto, una parte de las mordidas que repartían Correa y su red criminal habrían ido a financiar campañas electorales en 2003 y 2004 en el municipio de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de España, y bastión tradicional del Partido Popular. 

Ante el tribunal, Morocho ha explicado que en la “relación” que se estableció en el municipio madrileño entre González Panero, Correa y el que fuera su número dos en la Gürtel, Pablo Crespo, es “factible” que se abordaran las licitaciones que iba a poner en marcha el Consistorio y que los miembros de la red consideraban “de interés”. “Y en esa sociedad, esa prospectiva de negocios futuros es donde van enmarcando ‘con este me quedo yo, este no porque no me interesa’”, ha ejemplificado el policía, que ha afirmado que Correa era una persona que “tenía prospectiva en el sentido de ver oportunidades de hacer negocio con lo público”. “Es normal que Correa monitorizara el negocio e interviniera en él”, ha afirmado Morocho, que ha reconocido, no obstante, que Correa no aparecía en los “documentos” en primera persona. 

El juicio por la actuación de la trama Gürtel en Boadilla sienta en el banquillo de los acusados a 24 personas y 11 sociedades como presuntas responsables civiles. Completa la lista de acusados el PP, al que el Ministerio Público atribuye haberse beneficiado de 204.198,54 euros de la corrupción. Su abogado, Jesús Santos, no ha formulado preguntas al policía, contra el que el partido ha cargado en diversas ocasiones. El pasado verano, por ejemplo, lo acusó de “mala praxis” por buscar “desesperadamente” indicios contra la formación en la causa pendiente de la caja B y pidió al juez que no tuviera en cuenta el último informe que había aportado a la causa. 

Este miércoles, durante su primera intervención como testigo, el policía acreditó el uso de comisiones para las campañas del PP en el municipio madrileño. A preguntas de la fiscal, Morocho detalló que la estructura liderada por Correa se encargaba no solo de “realizar preparativos” para los eventos, sino también de la “financiación” de los mismos. “Es decir, se convertía en el ejecutor y el canalizador de los fondos, cualquiera fuera el origen, que el partido pusiera a su disposición para poder financiar esos actos”, explicó, según informa Europa Press.

En concreto, se refirió a 60.000 euros que fueron dirigidos al “concepto campaña” y que utilizaron para los gastos generados en los actos electorales en Boadilla del Monte en el año 2003. “De este reparto de fondos, que viene de una comisión por una adjudicación deciden destinar parte para financiar” los eventos de campaña celebrados en el municipio, en el marco de las elecciones municipales.

Y es que, en este caso, “había una relación subjetiva” entre los “cargos públicos y electos de la formación política y temporal, puesto la distribución se produce justo en el momento en que se inician los momentos electorales”. “Y sabemos que las necesidades de fondos para llevar a cabo eventos son un hecho”, afirmó Morocho.

En su declaración, en la que ratificó los informes que elaboró a lo largo de más de diez años de investigación, Morocho también entró al detalle del funcionamiento de Gürtel, que se encargaba de negociar “con el poder adjudicador cómo había que ir ”configurando los pliegos“ para que se adecuasen a las características de la oferta frente a la de terceros, primando de esta forma a las que la trama consideraba como empresas amigas.

La primera jornada del juicio de la pieza Gürtel Boadilla ha deparado pocas sorpresas: 17 de los 24 acusados que reconocen los hechos que les imputa la Fiscalía se ratificarán en la confesión cuando llegue el momento de declarar, tal y como han adelantado sus letrados en la fase de cuestiones previas. Todos ellos renuncian además a la práctica de prueba y piden que su asistencia al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional se limite al momento de su declaración y al último día, cuando podrán ejercer su derecho a decir la última palabra. Entre ellos está el magnate de medios de comunicación en Castilla y León, José Luis Ulibarri, que ha ocupado la tercera fila del banquillo de los acusados.

Ulibarri forma parte del grupo de empresarios que, según la Fiscalía, colaboró con la trama de adjudicaciones amañadas del Ayuntamiento y de la que se considera cabecillas a Francisco Correa, al ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo y al el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como “el albondiguilla”. En la causa figura el PP como partícipe a título lucrativo.

La pieza ahonda en la actividad desarrollada por el grupo de Francisco Correa en la localidad madrileña entre 2001 y febrero de 2009 “de forma ininterrumpida”, según el auto de apertura de juicio oral. En esos años, las personas y sociedades que formaban el grupo delictivo se enriquecieron “de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad”.

En el caso de José Luis Ulibarri, la Fiscalía pide para él 7 años y 1 mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Siempre según la tesis del juez instructor, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron. Sin embargo, el pasado mes de julio, Ulibarri reconoció los cinco delitos que le imputa el Ministerio Público y propuso una sentencia de conformidad que reduciría su pena de cárcel a 19 meses. Además, ha hecho efectiva la consignación en el juzgado de medio millón de euros para el Ayuntamiento de Boadilla en concepto de responsabilidad civil

Ulibarri llegó a mostrar su preocupación por este juicio durante la investigación de otra presunta trama corrupta, el caso Enredadera. En las escuchas autorizadas por el juez instructor el empresario pedía a su letrado, que entonces era el reputado penalista Luis Rodríguez Ramos, hablar con alguien “de arriba” para que las fiscales de la pieza de Boadilla recibiesen “directrices”. De lo contrario, afirmaba el constructor, estarían “perdidos”.

Ulibarri, propietario de varios medios de comunicación en Castilla y León ahora en manos de sus hijos, entre otros el 50% de Televisión Castilla y León, aparece también como investigado en Púnica y en otra pieza de Gürtel, la referente a Francisco Correa. Además ha estado imputado en varias piezas de Enredadera.

La vista se reanudará mañana con la resolución de las cuestiones previas que han planteado tanto abogados de la defensa, como de las acusaciones y la Fiscalía.

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por el Partido Popular entre 1999 y 2009, acaba de reconocer que recibió 1,8 millones de euros de la red de corrupción Gürtel, tal y como había acreditado indiciariamente la Fiscalía Anticorrupción, y que las direcciones “regional y nacional” de su formación política le ordenaron desviar una parte a campañas electorales. Panero se sentará a partir del próximo 16 de noviembre en el banquillo de los acusados de la denominada 'pieza de Boadilla', dentro de la causa Gürtel, en la que el PP debe responder por haberse beneficiado de 204.198 euros procedentes de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 40 años de cárcel para González Panero en esta 'pieza de Boadilla'. Desde hace un año y medio, González Panero ha pasado a estar representado por Gustavo Galán, el letrado que obtuvo una rebaja de condena para Isabel Jordán e intentó seguir la misma estrategia con Luis Bárcenas, aunque este finalmente prescindió de sus servicios.

“Tuve conocimiento y participación en distintas adjudicaciones otorgadas de forma irregular con el fin de facilitarlas a la organización [Gürtel] tal y como se recoge en el presente escrito de reconocimiento de hechos, que persigue aclarar o complementa el relato fáctico del escrito de acusación del Ministerio Fiscal (...) con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y colaborar con la Justicia”, afirma González Panero en su confesión, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El expolítico del PP desgrana las adjudicaciones concedidas a las distintas empresas del entramado para las que Francisco Correa actuaba de intermediario, lo que cobró por cada una de ellas y el sistema por el que el dinero era ingresado en Suiza y regresaba a España a través de inversiones inmobiliarias. En uno de los apartados se refiere a las adjudicaciones a Constructora Hispánica, que pertenecía a Alfonso García Pozuelo, quien ya confesó su participación en la trama durante el juicio de la Primera Época de Gürtel.

A esta empresa, explica en su escrito González Panero, se le adjudicaron tres proyectos en 2003 a través del “favorecimiento” que él ejerció. “Como consecuencia de ello percibí 12.000 euros. Asimismo, de acuerdo con lo convenido, destinamos otros 30.050 euros a la campaña del Partido Popular referida a las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 25.5.2003, así como para la campaña de las siguientes elecciones generales que se celebraron el 14 de marzo de 2004”, describe el exalcalde de Boadilla. Y añade a continuación: “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”. En el momento de los hechos, el PP de Madrid estaba presidido por Esperanza Aguirre y al frente de la formación nacional se encontraba aún José María Aznar.

El Partido Popular ya fue condenado como partícipe a título lucrativo en el juicio de Primera Época que celebró la Audiencia Nacional -sentencia confirmada después por el Tribunal Supremo- por beneficiarse de 255.492 euros de la trama Gürtel en los municipios madrileños de Pozuelo y Majadahonda. Entonces, la representación letrada del PP defendió, sin éxito, que se debía atribuir esa responsabilidad a los grupos municipales de ambas localidades. Según la confesión por escrito, González Panero defenderá en el juicio de la pieza de Boadilla que ese dinero gastado en campañas fue por orden del propio partido a nivel autonómico y nacional. La pasada semana, el Partido Popular volvió a ser condenado, esta vez en la pieza de la caja B, como responsable civil subsidiario.

González Panero, conocido por los otros miembros de la red como 'El Albondiguilla', afirma que conoció a Correa a través del exdirigente del PP José Galeote y cómo el líder de la Gürtel rompió con él bajo acusaciones de que “actuaba por su cuenta”. González Panero no solo desgrana las mordidas en metálico sino también el pago en especie, a través de viajes o compra de ropa.

En uno de los puntos, asegura: “Tal y como se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal se ingresaron entre el año 2005 y 2009 en la cuenta corriente abierta a nombre de la mercantil Longridge, de la entidad financiera HSBC, una cifra que seguramente coincida con los 1.212.819 euros que como comisiones percibía del señor Correa procedente del sistema de compensación que se describe por la Fiscalía”. Posteriormente, González Panero precisa otras cuentas bancarias en Suiza y la percepción de cantidades blanqueadas previamente por la trama.

La decisión de recurrir a los servicios del letrado Gustavo Galán es prueba, según el exalcalde de Boadilla, de que su “decisión de colaborar con la justicia y de reconocimiento de hechos no nace a última hora”. El juicio iba a dar comienzo el próximo 10 de noviembre, pero ha sufrido un retraso de última hora y arrancará el 16 de este mismo mes.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte pagó 2.476 euros al canal de agit prop que dirige el experiodista de El Mundo Javier Negre por realizar inserciones de publicidad en su programa Estado de Alarma, según ha publicado este martes La Marea. El ayuntamiento de la localidad madrileña, gobernada por Jesús Úbeda (PP), contrató ocho inserciones publicitarias a 309,5 euros cada una, según explica el mismo medio. La publicidad se emitió en ocho días diferentes entre el 20 de mayo y el 6 de junio.

Fuentes del consistorio consultadas por eldiario.es han defendido dichas inserciones publicitarias: “Es un programa bastante visto, tiene 255.000 suscriptores y el vecino de Boadilla lo ve”. En la publicidad emitida en el programa no aparece el logo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Fuentes municipales explican que, al ser emitido por Youtube, retiraron el logo “porque la red de vídeos lo podía capar” y aclaran que el presentador, Javier Negre, introducía el anuncio como “una prescripción, más natural, para animar a visitar el pueblo”.

En el espacio Negre ha realizado algunas menciones a los “verdes parajes” y la buena gastronomía del municipio madrileño y ha recomendado a algunos compañeros de tertulia hacer turismo por la zona.

Los anuncios encubiertos del Ayuntamiento se contrataron por decisión del alcalde, que en su cuenta de Twitter, ha agradecido públicamente a Negre la defensa que el tertuliano ha hecho de la gestión del Ayuntamiento madrileño sobre la crisis del coronavirus en otros platós, como el de Ana Rosa Quintana.  

“Hay alcaldes de pequeños municipios que están dando todo un ejemplo que ojalá lo copiasen los grandes gobernantes de este país, el alcalde que hemos visto anteriormente, el alcalde de Boadilla… que están haciendo pequeñas medidas que están evitando la propagación del coronavirus en sus pequeños municipios y olé por ellos, porque hay que reivindicar también la política local”, decía Negre en el programa de Telecinco.

En su canal de Youtube, Negre se ha mostrado siempre en contra de la publicidad institucional, ha repetido que Estado de Alarma no percibe ni un solo euro de los gobiernos y ha arremetido contra los medios “subvencionados”. De hecho, en las últimas horas ha relacionado su despido en El Mundo, donde fue condenado por inventarse una entrevista, con sus críticas a la publicidad institucional que recibía su experiódico. “Me han laminado por criticar la publicidad institucional del Gobierno, una publicidad engañosa”, comentaba desde su propio canal.

Diferentes cuentas no han tardado en recordarle su postura tras conocerse los anuncios del gobierno del PP en Boadilla del Monte. 

Los alumnos de seis colegios del municipio madrileño de Boadilla del Monte se quedan sin talleres preventivos contra la violencia machista. El gobierno municipal, gobernado por el PP con mayoría absoluta y dirigido por Javier Úbeda, canceló en noviembre el contrato con la cooperativa Andaira que iba a impartir diferentes talleres para la prevención de la violencia machista en clases de Secundaria por las quejas de los “profesores, alumnos y padres”, según publica este viernes El País. En el mes de septiembre, la cooperativa consiguió la licitación de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo estos cursos.

La noticia sale a la luz después de que profesionales de este tipo de charlas hayan advertido de que los talleres en centros escolares se han visto reducidos tras la polémica que se ha generado por el veto parental de Vox en Murcia.

Según publica el diario, el proyecto se iba a impartir en tres institutos públicos del municipio y tres concertados. Aunque el comienzo se retrasó varias semanas, los cursos comenzaron en el Instituto de Educación Secundaria Ventura Rodríguez y en el Profesor Máximo Trueba, consiguiendo opiniones positivas tanto por profesores y como alumnos. Sin embargo, la concejal del área de Asuntos Sociales, Inmaculada Pérez Bordejé, llamó a los responsables de Andaira para decirles que los padres de los alumnos del centro concertado Casvi se habían quejado por el contenido del curso.

Tras lo sucedido, los responsables de la cooperativa se iban a reunir con la concejal, pero el encuentro no llegó a producirse puesto que al día siguiente recibieron un correo electrónico en el que le comunicaban la suspensión total del contrato, no solo en ese centro sino también en los demás colegios en los que había sesiones programadas.

El jefe de estudios del colegio Casvi les remitió una declaración firmada en la que les comunicaba la decisión: “Tras las informaciones recibidas por parte de profesores, alumnos y padres sobre la realización del taller de Violencia de Género, les informamos que no deseamos continuar impartiéndolo”.

La educadora que empezó a impartir el curso en el Casvi asegura que aquellos días no ocurrió nada relevante. “Se habló de género, de violencia, todo ello sustentado por datos estadísticos y jurídico”, ha explicado al diario El País y ha añadido que los alumnos fueron “muy proactivos”.

Por su parte, el gobierno municipal indica que canceló el contrato porque no estaba satisfecho con el servicio: “Se evaluó que los talleres no se estaban ajustando al programa presentado en un primer momento por esta institución”. Finalmente, el centro educativo asegura que “los contenidos que se estaban impartiendo no eran acordes a la edad de los alumnos”.

Andaria ha remitido al Ayuntamiento de Boadilla alegaciones porque consideran que la suspensión del contrato es improcedente y que no han recibido ninguna queja de ningún centro ni de la Concejalía. Añaden además que al no conocer las informaciones a las que se refiere el jefe de estudios no han podido dar ningún tipo de explicación.