El PP carga contra el policía que destapó la Gürtel y pide al juez que no tenga en cuenta su último informe

El Partido Popular ha acusado de “mala praxis” al investigador principal de Gürtel, el inspector Manuel Morocho, por aportar al juez de la Audiencia Nacional que indaga en las adjudicaciones finalistas al partido a cambio de dinero negro durante el Gobierno de José María Aznar un informe que la formación considera plagado de “valoraciones subjetivas” y sin relación con esa causa, por lo que ha pedido al magistrado Santiago Pedraz que expulse ese dossier del procedimiento judicial, informa Europa Press.

El documento, que analiza el contenido de las declaraciones realizadas en 2019 y 2020 por Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), por otro asunto, la 'Operación Kitchen', describe una dinámica en tres niveles —partido, poder ejecutivo y estructura policial— mediante la que se habría consumado el presunto espionaje parapolicial a Bárcenas para robarle la documentación comprometedora que pudiera tener el extesorero del PP y “desactivar” así el caso Gürtel.

“Estamos ante un informe policial que incurre en una manifiesta 'mala praxis' de su autor, quien 'de facto' ha atentado forma palmaria contra los principios rectores que, conforme a nuestra Ley de Ritos Penales, han de regir la elaboración de los atestados policiales”, dice el abogado del PP, Jesús Santos, en el escrito. Y ello porque, según esgrime la defensa del partido de Pablo Casado, el inspector habría enviado este informe a Pedraz sin que el instructor se lo solicitara, lo cual critica como una “inaudita y censurable proactividad” de Morocho. 

Añade asimismo que “a través de este informe se incorporan valoraciones subjetivas [...] con las que se pretende suplir la labor de valoración exclusiva del juez instructor”, atribuyendo a Morocho “un claro sesgo incriminatorio” que le habría empujado a buscar “desesperadamente” indicios ajenos a la investigación dirigida por Pedraz. “No ha tenido ningún reparo en dilapidar los escasos recursos públicos con los que cuenta la Policía Judicial que, lejos de destinarse a tratar de esclarecer la verdad material de los hechos objeto de investigación en estos autos, se han dedicado a la elaboración de un informe con finalidades espurias”, remacha el Partido Popular.

Por eso, reclama al magistrado que, además de expulsar de la causa este último informe, advierta “expresamente” a Morocho “para que, en lo sucesivo, se abstenga de la presentación de informes no solicitados y totalmente ajenos al objeto de la instrucción”.

Más de una década 

El PP hace hincapié en que el contenido del informe no es relevante para esta causa, recordando que “durante todo este tiempo” no se ha considerado necesario interrogar a García Castaño, ni como investigado ni como testigo, en este caso, y razonando que, en consecuencia, un documento que analiza sus manifestaciones sobre la 'Operación Kitchen' “adolece de la misma falta de utilidad”.

Avisa además de que con este dossier, que —insiste— “no guarda ninguna conexión ni objetiva ni subjetiva” con la investigación sobre las llamadas comisiones finalistas, “'veladamente' se pretende ampliar por parte de la UDEF los hechos a los que se circunscribe esta instrucción”, advirtiendo de que hacerlo sería “una decisión desproporcionada e injustificada” que transformaría la causa en “una investigación prospectiva”, “totalmente” prohibida en el derecho español.

Instrucción acabada 

La petición del PP llega después de que Pedraz acordara el pasado 22 de julio no prorrogar las pesquisas sobre los 'papeles' de Bárcenas, dejando así que finalizara días después, el 29, conforme a los nuevos plazos legales. El magistrado debe decidir si dicta un auto de procesamiento o la archiva. 

La investigación sobre las comisiones finalistas comenzó en 2013 con el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que la archivó dos años después al encontrar únicamente indicios de que la reforma de la sede del PP en la madrileña calle Génova se habría pagado con la 'caja b'. Sin embargo, el caso se reabrió tras las revelaciones que hizo el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta.

Posteriormente, Bárcenas, que en ese mismo juicio negó que las donaciones que distintos empresarios hicieron al PP tuvieran carácter finalista, afirmó en un escrito enviado a principio de año a la Fiscalía Anticorrupción que sí perseguían adjudicaciones. Y, en una reciente declaración del pasado 16 de julio, el ex tesorero implicó en estas supuestas corruptelas a todos los ministros de Medio Ambiente y Fomento del PP.