Pedraz no prorroga la causa pendiente de la caja B de PP tras las últimas acusaciones de Bárcenas sin pruebas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no prorrogar otros seis meses la instrucción del caso de la caja B que indaga en las adjudicaciones finalistas a cambio de dinero negro durante el Gobierno de Aznar. El plazo de fin de la instrucción está previsto para el próximo jueves, 29 de julio, por lo que en los próximos días se conocerá si el juez decide dictar auto de pase a procedimiento abreviado y encaminar el caso hacia el juicio o si, por contra, opta por archivar las actuaciones.

La decisión del magistrado instructor de no prorrogar la causa se conoce justo una semana después de que tomara declaración al principal testigo, Luis Bárcenas, quien volvió a hablar de algunas donaciones finalistas para la caja B del partido sin aportar ninguna prueba, con la tesis de que las que poseía le fueron sustraídas por la brigada política durante la Operación Kitchen.

De hecho es el propio Pedraz quien alude a la declaración de Bárcenas en su auto, fechado en el día de ayer. “Para el buen fin de la instrucción y una vez celebrada el pasado día 16 de julio la declaración de Luis Bárcenas Gutiérrez , de continuidad con lo informado por el Miniisterio Fiscal y visto el actual estado de la causa no procede acordar la prórroga de la instrucción de la causa en los términos del artículo 324 de la Lecrim, sin perjuicio de la práctica y recepción de las diligencias ya acordadas”.

Una de esas diligencias es un informe del policía investigador Manuel Morocho que el juez ha recibido recientemente y que está a punto de estar a disposición de las partes personadas. Resta conocer si, con los indicios recogidos en los últimos meses, basta para continuar con el caso o si, como ocurriera en 2015, la línea de investigación del cohecho de los empresarios de los 'papeles de Bárcenas' vuelve a ser archivada. Como citaba el auto de Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción se posicionó a favor de cerrar ya la instrucción, a lo que se opusieron las acusaciones populares.

El inspector jefe Manuel Morocho, instructor policial de los casos Gürtel y caja B, es el impulsor de esta nueva vía de investigación. El agente entregó un informe en noviembre de 2020 al juez en el que recopilaba diez años de investigación y cruzaba esa información con revelaciones de otros casos de corrupción del PP, aportando nuevos indicios que permitían inferir que no todas las aportaciones a la caja B del PP eran realizadas por los grandes constructores para estar a bien con el partido sino que algunas se produjeron a cambio de recibir contratos concretos de la Administración.

En este sentido, el juez requirió 23 contratos a organismos dependientes de siete ministerios de la época de Aznar. El resultado de la información obtenida está en el informe del inspector jefe Morocho que trascenderá en próximas fechas. Bárcenas confesó en su declaración de la semana pasada que él y Álvaro Lapuerta actuaban como una suerte de “lobby” entre los empresarios y los ministros, principalmente de Fomento y Medio Ambiente.