Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

El mundo está cambiando y la guerra está cambiando con él. “Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico”, dice Ángel Gómez de Ágreda.

Gómez de Ágreda (Salamanca, 1965) es coronel del Ejército del Aire y del Espacio en la reserva, piloto militar de transporte con más de 4.000 horas de vuelo y paracaidista con 624 saltos. Doctor en Ingeniería, ha sido analista jefe de geopolítica en el Ministerio de Defensa, jefe de cooperación en el Mando Conjunto de Ciberdefensa y agregado de Defensa en las embajadas Corea del Sur y Japón. Especialista en ciberseguridad e inteligencia artificial, acaba de publicar Un mundo falaz. El nuevo orden global en la era de los algoritmos y la manipulación (Ariel).

En esta entrevista con elDiario.es, Gómez de Ágreda profundiza en conceptos como “la guerra cognitiva”, potenciada por la IA. Pero, también, en cómo el poder de las grandes tecnológicas está extendiéndose también hasta los sistemas de defensa de los Estados. A veces, de la mano de empresas mucho más opacas: “Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir”.

De fondo, la carrera de la IA entre EEUU, China y una Europa que necesita actuar “para no perder su voz”. Un mundo en constante cambio y tensión, pero en el que el coronel anima a la sociedad civil a dar “un paso adelante” para “restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos”.

Las herramientas de las grandes tecnológicas son claves en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Se está difuminando la barrera entre la tecnología civil y la militar?

Hasta ahora los ataques se han estado basando en inteligencia procesada en las nubes de Microsoft y de Google, especialmente en la de Microsoft. Con lo cual no solo se han convertido en parte del armamento que está utilizando el ejército, sino que además son una pieza fundamental para la recolección de inteligencia.

Anthropic es el único caso en el que ha habido algo de reticencia por parte de una empresa al uso de su tecnología, pero solo para algunos usos (vigilancia masiva o armas autónomas).

El caso de Anthropic puede haber tenido mucho de escenificación. Al fin y al cabo, en Irán EEUU sigue utilizando sus sistemas junto con Palantir y otras soluciones. Lo que ha supuesto esta maniobra es, por un lado, una campaña propagandística muy rentable para Anthropic, con un gran número de nuevos suscriptores. Por otro lado, creo que también demuestra que el debate sobre la ética de los sistemas civiles empleados con fines militares ha quedado reducido a algo que discuten las grandes empresas y la administración de Estados Unidos, mientras el resto nos quedamos fuera, esperando a ver qué deciden. Nos están apartando de la decisión sobre cómo se van a utilizar unos sistemas que, además, funcionan con nuestros datos: el 70% de los datos de personas, gobiernos y ejércitos del mundo están ahora mismo en las nubes de los hyperscalers (Microsoft, Google y Amazon). Están utilizando nuestros datos en su beneficio y son ellos quienes establecen las reglas sobre cómo podrán usarse.

¿Cree que la gente tiene capacidad de reacción ante esto? ¿O que es demasiado difuso para actuar?

Es tan difuso y aparentemente tan alejado del día a día que resulta invisible, cuando en realidad ocurre lo contrario: está metido tan transversalmente en cada aspecto de tu vida que ya has dejado de verlo. Es como el agua para los peces: es su medio natural. Ahora mismo nuestro medio natural es esta realidad sintética que se está generando, y, por eso, la mayor parte de la gente no solo no se resiste, sino que lo considera una ventaja porque le da comodidad para operar en el día a día.

Es importante que la sociedad civil dé un paso adelante para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos

La única salida, como decíamos, pasa por ese esfuerzo personal de identificar no tanto que te están engañando, sino que te están manipulando; que están actuando sobre tus emociones más que sobre tus percepciones. Y después algo que me parece fundamental: poner en común esas reflexiones individuales. El sentido común se genera en comunidad. Por eso es importante que la sociedad civil dé un paso adelante, probablemente en grupos pequeños al principio, para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y Estados que opera en detrimento de los ciudadanos.

¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué recomendaría a alguien interesado en generar esas comunidades?

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones. Eso puede ocurrir en la familia, en comunidades de vecinos, o, a nivel más amplio, en comunidades de interés. Pero no pueden ser digitales, en el sentido de las actuales redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema. La prensa, por ejemplo, tiene un papel fundamental. Generar grupos de opinión en torno a medios: no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí debemos poder generar ese espíritu crítico. Me comentaba antes de la entrevista que elDiario.es tiene casi 120.000 socios, y eso me parece un modelo estupendo: cada uno de esos socios forma parte de una discusión interna orientada no a generar la realidad, sino a entenderla tal como es.

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones, pero no puede ser en las redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema

En el libro denomina a las grandes tecnológicas como “imperios del silicio”. Teniendo en cuenta esa integración de sus sistemas en la seguridad nacional, ¿le preocupa que los estados estén delegando su capacidad de defensa, de inteligencia, incluso su poder militar en empresas privadas?

Esto ya ocurrió antes. En el Imperio Romano se contrataron legiones enteras de mercenarios bárbaros para defender la frontera, y la cosa no acabó bien. Luego lo vimos con las compañías de Indias Orientales, como la británica, la holandesa o la francesa, que acabaron convirtiéndose en imperios paralelos. En Londres mandaba más la Compañía Británica de Indias que el Parlamento, porque era ella quien controlaba las colonias y de ahí llegaba la riqueza. Al final hubo que reabsorberlas dentro del Estado porque se habían convertido en virreinatos.

Pero el modelo al que parece que tendemos ahora no es el colonialista, sino el inverso: delegar a las empresas el control de las políticas y que esas empresas utilicen a los estados como proxies (apéndices). Es el modelo parecido al de la película RoboCop, no sé si la ha visto.

Me pilla algo lejana.

El trasfondo muestra a una compañía con tanto poder gracias a sus robots de seguridad que acaba usando al alcalde como legislador para favorecer sus propios intereses. Ahora estamos yendo hacia un modelo en el que las grandes tecnológicas utilizan a los estados como herramientas. Los países grandes apenas pueden ya controlarlas y cuando hablamos de países más pequeños, como Sri Lanka, Myanmar o Nepal, donde ha habido revueltas, muertos y caídas de gobiernos relacionadas con las redes sociales, el presidente del país era incapaz de conseguir que alguien de la oficina de Mark Zuckerberg le cogiera el teléfono.

Un ejemplo muy concreto: la base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial y, a partir de esos datos, puede inferir cómo piensas, lo que te hace mucho más fácil de manipular. Estas empresas además controlan las comunicaciones y alimentan las bases de datos de los estados, con lo cual generan el escenario y manipulan a los actores sin contar con ellos. Tener todos esos datos juntos te da mucho más poder que el que tiene Hacienda, Tráfico y cualquier otro organismo por separado, porque aquí está todo integrado y lo que construyen es una imagen en 3D de cada persona.

La base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial

El discurso suele pivotar sobre las grandes tecnológicas, pero como menciona hay actores menos conocidos para el público general que tienen un papel clave en esta militarización de las tecnologías civiles. Uno de ellos es Palantir, clave en los bombardeos de Gaza, en el sistema de deportación de migrantes en Estados Unidos, en el Pentágono, ahora también en Irán.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa. Pasa lo mismo que con Clearview: cuando un agente del ICE se acerca a un coche, no pide documentación, simplemente apunta con el móvil y ya sabe quién es el ocupante gracias a su tecnología. Han conseguido una capacidad de integrar datos y extraer conclusiones en tiempo real que es espectacular. Eso nos permite avanzar en muchísimos terrenos, pero también en los negativos: la manipulación.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa

Y hay que preguntarse en manos de quién estamos dejando todo esto. Los fundadores, Alex Karp y Peter Thiel, son filósofos. Ambos con ideas bastante radicales. Thiel podría calificarse de anarcocapitalista, de extrema derecha. Es coherente con su negocio, por otro lado, porque hace falta una determinada forma de pensar para montar estas empresas.

Esto se relaciona con otro de los conceptos centrales de su libro: la guerra cognitiva. ¿Podría explicar cómo es esa batalla que se libra en nuestras cabezas?

Es una se ha librado siempre. Desde la aparición del lenguaje, este se ha utilizado para sustituir, de alguna manera, a la realidad. Los conceptos no son la realidad; son lo que nosotros entendemos de ella. Son las sombras del mito de la caverna de Platón. El problema es que, desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese.

Desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese

¿Qué es lo que estamos haciendo? No hemos dejado de librar la guerra, pero sí hemos trasladado buena parte del conflicto del campo de batalla a la mente. En lugar de destruir cosas, las presentamos como destruidas. Generamos emociones. Por ejemplo, el bombardeo de Donald Trump durante su primer mandato contra una base en Siria: avisó dos días antes para que la evacuaran. Lanzó decenas de misiles Tomahawk, con un coste de millones de dólares cada uno. No hubo víctimas. ¿Para qué sirvió ese bombardeo? No para destruir la base, ya que no era necesario destruirla, sino para construir un relato: que Estados Unidos estaba implicado en esa guerra y tenía capacidad de acción.

Es decir, hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones. Lo vemos en los discursos políticos del propio Trump, pero también en ámbitos como la publicidad. Si a eso le añadimos las enormes capacidades de la inteligencia artificial para manipular percepciones, lo que estamos haciendo es facilitar que los humanos desarrollen empatía hacia las máquinas; en última instancia, para beneficiar a las empresas que las construyen.

Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones

¿Ve el mismo patrón en los asesinatos selectivos de la cúpula iraní? ¿Un mensaje de “el régimen tiene las horas contadas”?

Ése es un error de cálculo, porque la cadena de mando en Irán está muy bien establecida: después del dos viene el tres, después del tres el cuatro. Eso no va a hacer caer al régimen. Lo que sí se está mandando es un mensaje a la población: “estamos eliminando los obstáculos que teníais”. Pero eso es propaganda tradicional, no guerra cognitiva en sentido estricto. Lo que sí se está viendo mucho es la batalla de relatos: yo estoy destruyendo todo, a mí no me están destruyendo nada. Como cuando Irán intentaba vender que había alcanzado un portaviones americano y los americanos lo negaban. Deepfakes, vídeos manipulados de alta calidad, jugar con los objetivos para afectar al comercio y la economía mundial, mucho más allá de lo que realmente esté ocurriendo sobre el terreno. Todo es manipulación, todo es guerra dentro de las emociones de la gente.

¿Hay alguna estrategia para protegerse de esa propaganda tan quirúrgica?

Para el ciudadano de a pie: confiar más en los propios sentidos y menos en los sensores; quedarte con lo que realmente estás viendo tú. Hay poco más que podamos hacer. Y el problema es que, desde el punto de vista institucional, la forma más cómoda y eficiente de combatir la desinformación del adversario es con desinformación propia o con censura, ninguna de las cuales favorece el juicio individual de las personas.

¿Como, por ejemplo, la censura de los medios rusos en Europa que vimos tras el comienzo de la guerra de Ucrania?

Exacto, y lo curioso es que fuimos nosotros los primeros en aplicarla. Fue el Occidente libre el que censuró los medios rusos, y el que tiene varias agencias de la OTAN y de la Unión Europea en ciudades clave como Helsinki o Riga con el único encargo de vigilar y contrarrestar la desinformación procedente de Rusia. EUvsDisinfo, el Centro de Excelencia de Guerra Híbrida de la OTAN... Son organismos específicamente creados para eso. Pero no son actores neutrales, no son árbitros: son protagonistas. Con lo cual lo que te cuenten puede ser tan falso como lo que están contrarrestando.

Otro de los temas clave del libro es la explicación de las diferentes estrategias de EEUU y China en la carrera de la inteligencia artificial. Hay una estadística muy llamativa que indica que la población china es la más optimista del mundo respecto al avance de la IA...

Cierto, y con bastante diferencia respecto a los países occidentales, además.

A pesar de que aquí no dejamos de advertir de que el Partido Comunista está utilizando esta tecnología para construir un aparato de vigilancia estatal orwelliano.

Es más parecido al de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es más amable.

¿Por qué cree que está ocurriendo esto?

La explicación me parece clara. En Estados Unidos hay grandes empresas desarrollando modelos de negocio basados en inteligencia artificial, con muchísima inversión cruzada entre ellas, generando tecnología que muchas veces no llega al ciudadano más allá de los modelos de lenguaje que la gente usa para hacer un meme o echarse una novia digital. En China, en cambio, están utilizando tanto los desarrollos propios como los americanos para crear aplicaciones que el ciudadano ve cada día en su móvil y que le facilitan la vida. WeChat es desde hace años mil veces mejor que WhatsApp, no hay comparación. Las empresas chinas trabajan para llevar a la sociedad un producto y al Estado una herramienta, o un arma. Son dos modelos completamente distintos: uno tecnológico-económico y otro tecnológico-social, enfocado directamente en lo que usa el ciudadano. Y por eso en China la inteligencia artificial se percibe como mucho más útil: está ayudando a la gente todos los días en multitud de tareas.

Ha dado una clave: en China, cualquier desarrollo de IA puede ser tomado por el Estado para aplicación militar. ¿Cree que la actuación de Trump con Anthropic pretende ser ejemplarizante para corregir esa desventaja estratégica? ¿El hecho de que en EEUU las empresas sí pueden vetar el uso de su tecnología al Gobierno?

Tengo mis dudas. Lo que el caso Anthropic señala es una excepción, no la norma. Ha sido ejemplarizante precisamente porque ha sido noticia que una empresa no coopere sin restricciones con el gobierno, no al revés. No demuestra que haya una separación real entre los intereses de las grandes empresas y los del Estado, sino que en general son convergentes, y ha habido una que ha decidido salirse. Pero han sido los únicos: ¿qué está pasando entonces con todas las demás?

En China tuvimos el caso de Jack Ma, que en un momento se salió de la disciplina del partido y fue purgado, exiliado en Japón. Pero más allá de la retórica de la fusión cívico-militar en China frente a la teórica no-fusión en Estados Unidos, estamos viendo cómo las fuerzas armadas estadounidenses utilizan las nubes de los hyperscalers o Palantir con muy poca diferencia práctica respecto al modelo chino. La distinción real es esta: en China el Estado entra en la toma de decisiones de una empresa en cuanto es lo suficientemente grande. En Estados Unidos la empresa desarrolla modelos que después vende al Estado, con más libertad en la generación del negocio. Pero la utilización final por parte de los estados no se diferencia tanto, lo cual deja a los países que no tienen grandes empresas tecnológicas propias en una situación muy vulnerable.

¿Cree que China puede ganar la carrera de la inteligencia artificial?

A corto plazo, Estados Unidos sigue por delante en desarrollo de IA. Pero China está varias generaciones por encima en campos muy importantes: centrales nucleares —que aprendió de Francia y de Estados Unidos y ya los supera—, baterías, imanes permanentes, materiales críticos donde mantiene un oligopolio que Washington está intentando romper con acuerdos puntuales. Algunos campos los tiene muy desarrollados, y además cuenta con algo que Estados Unidos no tiene: una política coherente a largo plazo. De Trump a Biden y a Trump de nuevo, lo único en lo que se ponen de acuerdo es en que China es una amenaza. La forma de afrontarla cambia con cada administración. Xi Jinping lleva al frente desde 2012 o 2013, consolidando cada vez más su poder y dando continuidad a una estrategia.

Dicho esto, creo que nos queda muchísimo por ver de lo que tienen tanto China como Estados Unidos, tanto en desarrollos aplicados a defensa como a la sociedad. La mayor parte no han salido a la luz. Con lo cual, es muy difícil saber quién está realmente por delante. Lo que sí está claro es que China no es un rival lejano, sino, como dicen los mismos estadounidenses, un competidor cercano.

Están guardando sus cartas.

Exacto, y esto es algo que ya ocurre mucho, por ejemplo, en ciberseguridad, con la atribución de los ataques. Si tú me atacas, para poder señalarte necesito herramientas de atribución, pero si las revelo, pierdo la ventaja porque tú estudiarás como evitar que te detecte. Entonces lo que se hace es decir: “sé que has sido tú, confiad en mí”, pero sin explicar cómo lo sé. Aquí está pasando algo parecido. Estamos viendo ovnis cognitivos, de alguna manera: cosas que suceden y no sabemos cómo porque nadie nos está contando todos los adelantos que tienen. Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer.

Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer

En medio de todo esto se encuentra Europa. ¿Cree que puede encontrar su hueco basándose en la regulación de la IA, como ha intentado hasta ahora?

No. Si Europa no es un actor relevante industrial y tecnológico, tampoco le van a dejar serlo jurídicamente. Ya lo estamos viendo: hay enormes presiones desde Estados Unidos para impedir que la regulación europea se aplique en toda su extensión a las empresas americanas. Sin autonomía estratégica, industrial y tecnológica, Europa cae en la irrelevancia también en el ámbito regulatorio.

Para ser relevante, Europa primero tiene que diseñar y fabricar sus propios sistemas. Y la clave son los estándares: esa es la gran batalla entre Estados Unidos y China, la misma que se libró con Huawei y el 5G. Quien establece los estándares, manda. Europa tiene muchísimo talento y, a diferencia de Estados Unidos o China, genera menos animosidad en el Sur Global. Tenemos que aprovechar esa posición para ser nosotros quienes fijemos esos estándares. Si lo conseguimos, podremos regular de verdad. Si no, podremos escribir normas, pero el estándar seguirá siendo el de otros y el funcionamiento por debajo seguirá siendo el mismo.

El clima de guerra a nivel internacional ha hecho que por primera vez en la UE se empiecen a vincular los discursos de soberanía tecnológica y de defensa, con nuevos fondos para desarrollar estas capacidades.

El gobierno aprobó el paquete de 1.300 millones recientemente [finalmente fueron 1.129 millones]. Es muchísimo. Pero ¿sabe cuánto vale una fábrica de semiconductores?

Por las cifras de la que iba a construir Intel en Alemania, unos 30 o 40.000 millones.

Exacto. 1.300 millones es una salvajada, pero estamos a varios órdenes de magnitud de lo necesario. Draghi hablaba de 800.000 millones de inversión para Europa, no de 1.300. Lo que tenemos que hacer es cambiar absolutamente de registro y dejar de pensar en términos de los últimos 80 años, porque ese mundo ya no existe. No es que esté cambiando: ya ha dejado de ser así. Estamos en una transición hacia un nuevo orden global, y si queremos tener algo que decir en su diseño, tenemos que ser relevantes. Para eso necesitamos nuestros propios estándares y nuestra propia voz. Sin ella, seremos incapaces de defender nuestros propios valores.

¿Defender nuestra propia voz significa más inversión en defensa?

Significa más inversión en autonomía tecnológica e industrial, que después deriva en mayores capacidades de defensa. Pero no sirve de nada aumentar el gasto en defensa si no se hace sobre una base tecnológica e industrial propia que te dé autonomía real a la hora de utilizar esos medios.

Gente sin escrúpulos haciéndose millonaria en la pandemia, con el negocio de las mascarillas; payasos psicópatas gobernando el mundo; guerras entre países, que se perpetúan; treguas sin paz; acuerdos internacionales, que se tambalean; urgencias climáticas; deportación de migrantes sin derechos….

¡Paren el mundooo, que me quiero bajaaar! (frase que se suele atribuir a mi admirada Mafalda) 

En palabras recientes de Luis García Montero, “todo invita a encerrarnos en nuestros miedos, por eso conviene animarse, no escondernos en el silencio… vamos a contarnos la vida, las ilusiones, los asuntos del trabajo, las alegrías, porque la alegría es una forma de resistencia”.

Y es que hasta en las circunstancias más adversas el ser humano no renuncia a la alegría. Lo vivimos con el confinamiento en el 2020, cuando todos los días a las 20:00 salíamos a aplaudir con gozo y entusiasmo, como muestra de gratitud y apoyo al personal sanitario, pero también porque nos gustan los rituales colectivos, que conducen a emociones compartidas.

Los bares y las cafeterías cumplen una función social esencial: en ellos se baila, se canta y hasta se hace terapia de grupo

En el pódcast 'Diario de Ucrania' de RTVE que dirigen Sara Blanco y Aitor Sánchez, una persona, aludiendo a las pasadas fiestas navideñas manifestaba que “en estos días oscuros y fríos de diciembre han aparecido nuevos bares, nuevos locales. Un extranjero podría tener la sensación de que no hay una guerra… Ahora la gente va más a los teatros y a los museos que antes de la guerra porque eso también ayuda a subir el ánimo”.

Porque, admitámoslo, los bares y las cafeterías cumplen una función social esencial: en ellos se conspiran brindis, risas, confidencias, se baila, se canta y hasta se hace terapia de grupo. Yo desde hace mucho tiempo practico el desayuno terapéutico con una gran amiga. A veces decimos que si nuestros desayunos terapéuticos hablaran, el mundo temblaría, pero que nos quiten lo bailao, el ahorro en psicólogos que llevamos hecho no está pagado.

Desde que escuché por primera vez el término “soberanía de la alegría” pareciera como si hubiera estado ahí esperándome para que yo lo adoptase como propio. Ocurrió preparando materiales para un curso que abordaba, entre otras muchas cuestiones, los distintos conceptos de soberanía (política, alimentaria, financiera, energética, digital, sanitaria, tecnológica…).

Entre el diverso material descubrí un proyecto de la Universidad rural Paulo Freire del Cerrato, situada en un pequeño pueblo palentino. Las universidades rurales trabajan por el rescate de las soberanías y la dinamización del mundo rural, pero, concretamente, la del Cerrato reivindica la soberanía de la alegría como, la necesidad de los seres humanos de juntarse, de mirarse a los ojos, de crear en comunidad o, dicho de otra forma, la capacidad de empoderarse del ocio.

La alegría se convierte en un desafío para el poder establecido porque nos acciona, nos motiva, nos enreda en proyectos ilusionantes

Sus promotores Carlos Herrero y Héctor Castrillejo (un músico y un poeta, respectivamente), y las personas que han conseguido atraer a lo largo de más de 20 años, consideran que la música, la comunidad, el encuentro, la metáfora, la danza, el juego, la palabra, la celebración, el rito… son un patrimonio, un tesoro intangible que sostiene, cohesiona y hace posible la vida en comunidad. Y es tan necesario como el alimento que nos nutre o el agua que bebemos. 

Resulta curioso conocer que el término “negocio” deriva de las palabras latinas nec y otium, es decir, lo que no es ocio. Para los romanos, el ocio era lo que se hacía en el tiempo libre, sin ninguna recompensa, por lo que el negocio para ellos, era lo que se hacía con alguna contraprestación. Lo triste es que en nuestra sociedad, sobre todo urbana, hemos llegado a un punto en el que el ocio también es negocio, dando pábulo a las teorías económicas reduccionistas que dicen que el tiempo que no dedicas a trabajar, lo dedicas a consumir. No hay más. Y de esta forma, “salir de compras” los centros comerciales, se han convertido en auténticos lugares destinados al ocio. 

Y es que el poder, ya sea el económico, el político, el eclesiástico, nos quiere consumiendo y tristes, porque, en palabras del filósofo francés Gilles Deleuze, “a la tristeza se le domina mejor” a través del miedo. Miedo a quedarte en paro, miedo a no poder pagar la hipoteca, miedo al inmigrante… La alegría, sin embargo, es resistencia, porque no se rinde, impulsa a la acción y a la esperanza, se convierte en un desafío para el poder establecido, nos acciona, nos motiva, nos enreda en proyectos ilusionantes. La alegría mueve montañas.

El 25% de los empleados en España sienten tristeza diaria, solo un 9% está comprometido con su empleo y 7 de cada 10 creen que España no es un buen lugar para buscar trabajo

Una de las manifestaciones más subversivas de esa resistencia son los carnavales. Tanto el poder civil como religioso han intentado siempre controlarlo, pero ahí siguen las “ilegales” de Cádiz, esas agrupaciones carnavaleras que no participan en el concurso oficial, pero que pasean todos los años por sus calles, sus coplas de humor y sátira, sin más jurado que el público callejero y sin más objetivo que pasar un buen rato.

Me llamó la atención una anécdota que Fernando Trueba refirió en el programa que Jordi Évole dedicó al 30 aniversario del Óscar a la mejor película de habla no inglesa, 'Belle Époque' (1992). Cuando preparaba el guion, junto a Rafael Azcona, se lo estaban pasando tan bien, se reían tanto, que este último le dijo: “Vamos a hacer como que trabajamos, porque a la gente no le gusta que te rías mientras trabajas”. Parece ser que en los centros de trabajo tiene que reinar la sobriedad y la tristeza, cuando está comprobado que un buen clima laboral contribuye a generar un mayor compromiso de los trabajadores con sus responsabilidades, una mayor predisposición a cooperar y el ambiente idóneo para que aflore la creatividad.

Según el último informe de la consultora internacional Gallup (junio de 2024) –dedicado a conocer aspectos relativos en los empleados como su compromiso con el trabajo, la evaluación de la vida, el clima laboral y el estrés, la ira, la tristeza y la soledad diaria– el 25% de los empleados en España sienten tristeza diaria, solo un 9% está comprometido con su empleo y 7 de cada 10 creen que España no es un buen lugar para buscar trabajo.

Cuenta el escritor Salvador de Madariaga en su ensayo titulado 'España' (1931), que en Andalucía, en días de latifundios y república, uno entre tantos caciques congregaba a sus braceros, y con la intención de comprar sus votos y sus conciencias, repartía monedas para todos. Sin embargo, uno de ellos, con intrepidez y decisión, arrojó las monedas al aire y sentenció: “En mi hambre mando yo”.

Parafraseando a Madariaga y aplicándolo al tema que me ocupa en este texto: no es optimismo ingenuo, no es frivolidad, no es ser irresponsable, no es jiji jaja, es que “en mi risa mando yo”.

¡Buenos días!

¿Cómo estás? ¿Echándote ya las manos a la cabeza por la cuesta de enero? Este mes ha empezado con una decepción. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha avisado este miércoles de que la primer bajada de los tipos de interés se retrasa hasta verano. A la institución monetaria de la eurozona parece que no le influye que la economía de Alemania se haya contraído un 0,3% en 2023 o que el riesgo de recesión se extiende a toda la eurozona, con la excepción destacada de España. Ahora la crisis en el Mar Rojo con un fuerte impacto en las cadenas de suministro ha dado nuevos argumentos en su temor a un repunte de la inflación.

Pero como en todas las crisis, hay gente que no se despeina. Blackrock, el mayor inversor del mundo, ha anunciado la compra del fondo Global Infrastructure Partners (GIP) por 12.500 millones de dólares (unos 11.400 millones de euros). Hasta ahí nada anormal, otra operación financiera más de concentración. Ahora bien, la compra de GIP le llevará a tener el 20% de Naturgy, una empresa estratégica para los intereses de España.

La cuestión no solo se queda ahí. Con la entrada en Naturgy, Blackrock participará en 20 de las 35 compañías del Ibex. Sumando todas estas participaciones, la empresa norteamericana alcanzaría los 24.800 millones de euros de valor de sus acciones en el Ibex 35. Aunque parezca una cantidad enorme es una minucia comparado con los 10 billones de dólares en activos que controla con sus inversiones en decenas de países. Es el gran nombre de los mercados en cualquier punto del planeta. 

En España está prácticamente omnipresente en sectores importantísimos de la economía: está en cuatro de los seis bancos españoles cotizados en el Ibex 35, siendo el primer accionista en BBVA o Santander. En el sector energético cuenta con un 5,39% en Iberdrola, el 5,475% de Repsol, el 5,42% de Enagás o el 4,995% en Redeia (antigua REE). Y también tiene presencia en empresas relevantes como Telefónica (4,98%) o ACS (5,83%), entre otras.

El presidente de Blackrock, Larry Fink (en la foto), ha tratado de dirigir las inversiones de la compañía hacia empresas sostenibles lo que le puso en el punto de mira de lobbies negacionistas del cambio climático y partidos de derechas, que lo han llevado a los tribunales. Fink llegó a decir que “la transición climática es una oportunidad de inversión histórica”, aunque una cosa son las palabras y otra, las inversiones. Por ejemplo, la petrolera saudí Amraco es una de las empresas que más se beneficia del fraude de los fondos sostenibles gracias a una compleja red de estructuras financieras donde participa Blackrock. Está dividida en dos subsidiarias, la del crudo y sus oleoductos y la del gas y sus gaseoductos, de las que vendió el 49% de sus respectivos accionariados a EIG y Blackrock, que crearon dos Special Purpose Vehicles en Luxemburgo para vender bonos que no tenían vínculos con la industria fósil, en teoría. El pasado 18 de julio Blackrock anunció que incorpora a su junta directiva al presidente y consejero delegado de Aramco, Amin Hassan Ali Nasser, como miembro independiente.

La cuestión es: ¿quién le pone un cascabel a un gato como Blackrock? Sumar y Podemos han pedido al Gobierno que frene la entrada de la gestora en Naturgy. ¿Hay competencia cuando un solo inversor está presente en las principales empresas de un país y de un determinado sector? Pero, si el Gobierno decidiera frenar la operación, ¿cuáles serían las consecuencias para las empresas si Blackrock decide abandonar sus inversiones en España? ¿Por qué se le ha permitido crecer tanto? Demasiado grande para caer pero un problema sistémico de calado.

El Dato

80% de las sicav

Han desparecido en España tras el cambio en la ley contra el fraude fiscal que se aprobó en 2021. Para pagar solo el 1% del Impuesto de Sociedades, las sicav tenían que tener un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 accionistas. En la práctica, estas sociedades contaban con un único accionista que aportaba la mayor parte del capital y decenas de inversores ficticios, conocidos como 'mariachis'. Así las grandes fortunas podían beneficiarse de una tributación ínfima por la gestión de su patrimonio. El cambio legislativo consistió en que cada accionista debe aportar al menos 2.500 euros. Se acabó. Otra muestra de que una adecuada regulación permite acabar con la desigualdad y los privilegios de las grandes fortunas con los impuestos. En esta información te lo explicamos.

El Gráfico

La 'excepción ibérica' -lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó como “timo ibérico”- ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de la producción industrial en España. Sin ningún precedente en los últimos 15 años, las fábricas españolas duplican el crecimiento de la industria germana desde 2019, como se observa en el gráfico. Según los datos de Eurostat, hasta el tercer trimestre de 2023, el VAB (valor añadido bruto) de la industria de nuestro país ha aumentado un 22,5% desde la pandemia, frente al 12,6% que lo ha hecho la alemana.  “La producción industrial en España ha tenido un mejor comportamiento que la de Alemania desde que se produjo el incremento en el precio de la energía a mediados de 2021”, concluyeron en un informe reciente los analistas de BBVA Research, Miguel Cardoso y Diana Pérez. En este enlace tienes muchas más información sobre cómo el peso de la gran industria alemana cae en la eurozona desde 2019 y las fábricas españolas duplican su crecimiento.

Cada vez que habla sube el pan

¿Ahora cuál es el salario mínimo? Porque si reducimos también esa jornada, es otra subida implícita del salario mínimo. Yo creo que esto en cierta medida es engañar a las empresas, y lo digo con toda claridad

Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE

El año empezó bien con la patronal. La CEOE propuso una subida del SMI del 3% en lo que parecía una forma de retomar la iniciativa de una manera constructiva. Se podría haber llegado a un acuerdo -los números no estaban muy alejados en las negociaciones, sobre el 4%, y la petición de que el aumento se vincule a los contratos públicos es razonable- pero se torció. El Ejecutivo llegó a un acuerdo solo con los sindicatos y, desde entonces, los empresarios solo ven con malos ojos la agenda laboral de este Gobierno. Por cierto, Hacienda ha decidido elevar el mínimo exento de IRPF a 15.876 euros para adecuarlo al salario mínimo.  

Pedro Sánchez trata de jugar con las dos barajas. Por un lado, el presidente busca normalizar relaciones con los grandes empresarios con reuniones cara a cara. Por otro lado, en Davos les pide que “se impliquen” en “elevar el poder adquisitivo de los trabajadores”. Por las palabras del presidente de la CEOE no parece que haya excesiva implicación. Antonio Garamendi responde así al anuncio de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, de que emprende “una de las grandes reformas de nuestro país, que tiene que ver con el tiempo de vida y de trabajo, es decir, con la reducción de la jornada laboral. Este es el siguiente paso que vamos a dar desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social”.

Para ello, Díaz ha anunciado que su Ministerio pretende incorporar a la negociación de la reducción de jornada un refuerzo legal del registro horario diario. Aunque es obligatorio en todas las empresas desde 2019, en la práctica en muchos casos no se cumple como debería, según denuncian los sindicatos.

No es el único tema que va a estar sobre la mesa de discusión. La reforma del subsidio de desempleo también se volverá a negociar pero con más asuntos. Tras decaer el decreto en el Congreso por el voto en contra de Podemos, Trabajo citará a los sindicatos y empresarios para reabrir el debate de asuntos como los subsidios que proceden del tiempo parcial, los beneficiarios a menores de 45 años y las cuotas de los mayores de 52 años, entre otras. Aquí te explicamos todo lo pendiente de negociar sobre el subsidio de desempleo.

Además, el Ministerio de la Seguridad Social ha planteado las primeras reformas que negociará con los agentes sociales: la reforma de la jubilación parcial que quedó comprometida en la última fase de la reforma de pensiones; la revisión del retiro anticipado de las profesiones consideradas “penosas” y se abordará el papel de las mutuas en procesos traumatológicos pactada por patronal y sindicatos en mayo. Además, hay que revisar el seguimiento del ingreso mínimo vital.

Demasiados temas en juego para que la patronal se suba al monte.

Entrepreneur

Esta semana se la dedicamos a los grandes entrepreneurs. Los cinco hombres más ricos del mundo han visto duplicarse sus fortunas desde 2020, a pesar de la pandemia, la inflación y las guerras. Así lo revela un informe de Oxfam sobre desigualdad que se publica coincidiendo con la reunión del elitista Foro de Davos. Esos cinco 'superricos', entre los que se encuentran Elon Musk; el jefe del imperio del lujo LVMH, Bernard Arnault y su familia; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el magnate tecnológico Larry Ellison y el inversor Warren Buffet, han incrementado su riqueza a un ritmo de 14 millones por hora, según ese informe, que cifra en 5.000 millones las personas que se han empobrecido aún más. Otro dato: las 25 personas más ricas vieron aumentar su patrimonio en 401.000 millones de dólares entre 2014 y 2018, según la lista Forbes. Con los datos del Fisco estadounidense pagaron 13.600 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta en esos cinco años, lo que equivale a una tasa impositiva real de solo el 3,4%. Esto se llama desigualdad.

Por cierto, algunos lectores (muy pocos) se han quejado del tratamiento informativo que hemos hecho con Grifols aduciendo pocas pruebas sobre su mala praxis. La última información que hemos publicado posterior al anterior boletín: Grifols fichó como directivo a un exsocio de KPMG que auditó sus cuentas durante seis años. La multinacional nombró Global Compliance Officer (el ejecutivo de la compañía que debe velar por las buenas prácticas contables y empresariales) al responsable de firmar las auditorías desde 2005 hasta 2010; fue directivo del grupo catalán hasta 2017. KPMG ha auditado a la multinacional catalana de manera ininterrumpida durante 33 años. Como mínimo hay dudas éticas sobre la relación de Grifols con KPMG, en un momento en el que la compañía está en el foco por el informe de Gotham City Research, la firma especulativa que hundió a Gowex, contra la que Grifols ha anunciado acciones legales. Aquí tienes más información sobre la relación entre Grifols y KPMG.

Letras que son un Tesoro

“La masa de gente arrojada a la miseria en todo el mundo está resistiendo, a pesar de que no hay un proyecto de izquierdas viable”. Es el potente mensaje de William I. Robinson, sociólogo, profesor de la Universidad de California Santa Barbara y activista, en su libro Mano dura. El estado policial global, los nuevos fascismos y el capitalismo del siglo XXI, publicado por Errata Nature. Robinson admite que “una parte de la élite transnacional reconoce que para salvar al capitalismo de sí mismo se necesita realmente reestructurar el sistema, reimponer la regulación al mercado a nivel internacional, una mayor redistribución de la riqueza, hasta una renta básica”, pero recuerda que “estas voces son una minoría” cuando “no hay mucho tiempo por la emergencia climática”. En esta entrevista a William I. Robinson puedes leer muchas más ideas y propuestas sobre la izquierda y la respuesta al capitalismo. 

Bien público

Tecnología puntera para todos y desarrollada desde el ámbito público europeo. Sargantana (lagartija, en catalán y aragonés) es la tercera generación de procesadores de la familia Lagarto que acaba de presentar el Centro Nacional de Supercomputación, en Barcelona. Se trata de una tecnología de código abierto: cualquier persona o empresa con los conocimientos y recursos necesarios puede acceder al diseño del chip, estudiarlo, modificarlo y potencialmente fabricarlo, sin tener que pagar por licencias o derechos de autor. Es una alternativa que no implica dar miles de millones en ayudas para que empresas estadounidenses se instalen en el continente, ni para que las empresas europeas paguen por copiar su modelo privativo. El proyecto se llama RISC-V y “podría suponer una revolución tecnológica en el mundo del hardware como la que supuso Linux para el mundo del software”. Aquí puedes leer un amplio reportaje de Carlos del Castillo sobre cómo el chip de código abierto pretende “conseguir la soberanía tecnológica europea y reducir la dependencia de las grandes corporaciones multinacionales”.

Nos gusta la competencia

Ahora te mostramos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

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Cuando los expertos hablan de la “soberanía tecnológica” se refieren a esto. Aunque los procesadores se han convertido en un recurso indispensable en las sociedades digitalizadas, el mundo depende de una empresa para abastecerse de los semiconductores con los que se fabrican. Es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que controla el 60% de la producción global y el 90% del mercado de microchips avanzados, según los cálculos de Bain&Company. Casi todas las tecnológicas la subcontratan y ella presume de ser “la fundición de todos”. Pero es otro de los emperadores desnudos que la pandemia ha señalado: la fuerte demanda de dispositivos a raíz de los confinamientos ha sobrepasado las capacidades de producción de TSMC, provocando una escasez mundial de microchips que ha parado líneas de producción de todo tipo de productos, desde móviles y videoconsolas hasta camiones y neveras.

En España el sector automovilístico es uno de los más afectados. “Casi todos los fabricantes han pactado ERTE o medidas de flexibilización de la producción por la escasez de microchips”, confirma Jordi Carmona, secretario del sector de industrias automovilísticas de UGT. “Hay algunos modelos más afectados que otros dependiendo de la tecnología que lleven, pero en general todos lo están porque no es que falte un solo tipo de microchip. Es que faltan todos”, añade. La sequía es global y ha obligado a gigantes como Ford o General Motors a parar. Este primer trimestre la industria podría dejar de vender 1,3 millones de vehículos, pronostica la consultora IHS Markit.

Los ordenadores, teléfonos móviles, tabletas o televisiones inteligentes son obviamente los dispositivos más afectados, pero la escasez se está notando “en todos los ámbitos”, avisa el gran fabricante de chips para móviles Qualcomm. Con el avance del Internet de las cosas y los aparatos conectados, la necesidad de chips se ha universalizado y desde neveras a aspiradoras inteligentes acusan la crisis de componentes. Los fabricantes que les suministraban los procesadores que otorgan cierta autonomía a estos aparatos se abastecen en “la fundición de todos” de TSMC. El director ejecutivo de Intel ha avisado esta semana que “se necesitarán un par de años para volver a retomar la capacidad”.

TSMC coincide en el pronóstico. Las cuarentenas y la crisis logística han jugado un papel, pero la principal causa del desabastecimiento ha sido la enorme demanda de dispositivos electrónicos. Solo en España el 24% de los ciudadanos ha adquirido nuevo equipamiento informático desde que comenzaron los confinamientos, según el CIS. La empresa taiwanesa ha prometido invertir 100.000 millones de dólares en los próximos tres años para abrir nuevas plantas y ampliar su capacidad de producción. C.C. Wei, su director ejecutivo, promete que para el próximo trimestre empezarán a relajarse las tensiones en las cadenas de producción, aunque reconoce que la situación no se normalizará hasta, al menos, 2022. Actualmente el tiempo medio para recibir un pedido de chips supera las 16 semanas, recoge Bloomberg.

Taiwán se ha comprometido a hacer lo posible para que una de sus multinacionales más importantes pueda acometer el reto. “El gobierno está dando preferencia al uso de agua para la refrigeración de las plantas de microchips antes que para los campos de cultivo”, apunta Carlos Guadián, consultor tecnológico. “Los consumidores en Europa estamos notando un problema en la disponibilidad de aparatos electrónicos o por cómo aumentan los precios de determinados dispositivos, pero es que para los agricultores de Taiwán está suponiendo incluso quedarse sin agua para sus cosechas”.

Guadián expone que es posible que la situación acabe derivando en un ascenso generalizada de precios. “Ya está empezando a pasar en muchos modelos de móviles y de ordenadores ya han subido. Al final es la ley del mercado y la alta demanda podría provocar un aumento del precio. TSMC también puede terminar dando prioridad a aquellos que paguen más, porque además están haciendo una importante inversión en nuevas plantas”, recuerda.

Quedar relegados en la cola para recibir microchips también preocupa a Jordi Carmona, de UGT. “Nosotros llevamos mucho tiempo avisando al Gobierno de que algo así podía pasar. La industria del automóvil utiliza muchos componentes de nueva generación y casi todos están externalizados, no solo a nivel nacional sino también Europeo. Eso conlleva un riesgo lamentablemente al final se ha cumplido”, recalca. “Es muy importante volver a traer la cadena de valor a territorio español”.

Más ecos de la guerra comercial de EEUU y China

La disponibilidad de semiconductores y la fabricación de chips es un asunto de importancia geoestratégica. Los mercados han comenzado a acusar la carestía estos meses, pero los pesos pesados del sector lo vieron venir mucho antes. Muchos de las plantas de ensamblado de microchips, que los ensamblan en los dispositivos tras recibirlos de la fundición de TSMC, se encuentran en China. Desde que estalló la guerra comercial estas empresas empezaron a hacer acopio de microchips para cubrirse las espaldas ante un posible veto de Donald Trump.

La pandemia terminó de desatar la compra del pánico, explica Guadián. “Lo que nos pasó a nosotros al principio de la pandemia con el papel higiénico es lo que les ha pasado a muchas empresas chinas con los chips. Han acumulado este tipo de componentes para asegurarse la producción y eso también ha contribuido a la escasez en el mercado”.

Los cortes en las cadenas de producción han aumentado la tensión, y algunos senadores de EEUU han presentado propuestas para restringir la venta de la maquinaría y herramientas necesarias para la fabricación de chips a las empresas chinas. Y Huawei, que fue el primer objetivo de los vetos de Trump, echa la culpa de la crisis a esa política agresiva de EEUU por ser la causante del pánico de las empresas chinas.

eldiario.es adelanta uno de los capítulos del último libro de Xavier Domènech, historiador y exdirigente de Catalunya en Comú, sobre las relaciones nacionales y el debate de la soberanía en España

¿Reforma o ruptura? Los futuros (im)posibles

Pedro Sánchez fue defenestrado de la Secretaría General del PSOE en la noche de autos del 2 de octubre, y el 29 de octubre Mariano Rajoy fue elegido otra vez presidente de España, con 68 abstenciones del PSOE. La estrategia de Rajoy de sentarse y esperar mientras crujía el sistema político acabó con un éxito absoluto y el PSOE prácticamente de rodillas pidiendo compasión. Pero había poca gloria en esa victoria hecha de hiel. Empezaba la legislatura del bloqueo. El bloqueo a un parlamento donde el Gobierno no tenía una mayoría clara, practicado desde la Mesa del Congreso, donde sí que la tenía; el bloqueo de un Gobierno sin capacidad de sacar adelante iniciativas en ese mismo parlamento que mantenía bloqueado, y el bloqueo también con Cataluña. Pocas semanas después de la investidura de Rajoy, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi llegaban a un acuerdo para formar un nuevo Gobierno en el País Vasco. Ese acuerdo incluía abrir el debate sobre el derecho a decidir en el marco de una nueva reforma estatutaria. En ese caso, tras un año de bloqueo, presiones y crujidos, aquello que según el PSOE hacía imposible un acuerdo con Podemos y la confluencias en España, no fue un problema en el caso vasco.

Tampoco el retorno de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE el 21 de mayo cambió sustancialmente la situación a pesar de lo épico que fue ese proceso. Un Pedro Sánchez que ahora afirmaba que Cataluña era una nación, que hablaba de plurinacionalidad y del pacto con Podemos que no hizo en su etapa anterior, fue aupado por la militancia contra el aparato del partido en las primarias contra todo pronóstico. Para muchos socialistas, fue su particular 15M. Pero él, que ya no tenía acta de diputado, y el nuevo núcleo dirigente decidieron instalarse en el tiempo de espera una vez conseguido el poder interno en el partido: según decían, antes de hacer nada, tenían que ganar el conjunto de congresos regionales socialistas. Cierto que se intentaba hacer reuniones, algunas con el propio Pedro Sánchez, en las que se parecía anunciar un nuevo ciclo, pero la verdad es que él no controlaba un grupo parlamentario que, en puridad, en parte era el mismo que lo había defenestrado de la Secretaría General, y tampoco en aquello que se refería a Cataluña o la plurinacionalidad, como en muchos otros temas, se apreciaban pasos más allá de un nuevo discurso. Patxi López, que, por lo demás, se había enfrentado con Pedro Sánchez por la Secretaría General preguntándole qué entendía por nación (una pregunta que hizo precisamente para criticar sus nuevas posiciones), era ahora el nuevo responsable de la plurinacionalidad y de la propuesta de modelo territorial en el PSOE. Tal como se había aprobado en junio de 2017, durante su 39 Congreso, los socialistas se comprometían a «perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado», lo cual, por lo que se ve, era algo ya reconocido que solo cabía «perfeccionar», en el marco de una reforma federal, pero sin tocar el tabú de la soberanía indivisible. En la medida que era yo mismo quien se ocupaba de los temas de la plurinacionalidad en el grupo confederal, quise hablar con Patxi López para intentar encontrar un lenguaje común con ellos que permitiera poner las bases para empezar a hablar de soluciones en el contexto catalán. En un breve encuentro, que ya no se repitió más, previo a una reunión que debíamos mantener con el PSOE sobre el tema territorial, y que creo que al final tampoco se llegó a celebrar, le comenté la posibilidad a López, dado el problema que generaba la palabra «soberanía», de que en vez de ese término utilizáramos el de demos, el demos catalán, vasco, gallego o andaluz, pues estos existían para decidir de forma separada y refrendataria sobre su propio Estatuto. Me dijo que sí, pero se quedó pensativo y, al cabo de nada, exclamó: «¡Me estás haciendo trampa!». Yo le contesté que no, que estaba tratando de encontrar un lenguaje común. Poco después le envié un prudente mensaje a un dirigente socialista catalán diciendo que no había encontrado al nuevo responsable del tema territorial muy puesto en el tema, pero que quizás no era más que una impresión. Su respuesta fue clara: «Creo que tu impresión es correcta». Habíamos hecho una moción de censura al PP en julio de 2017 que ofrecimos primero al PSOE, pero, a pesar de dibujar muchos futuros (im)posibles en ella, no fructificó, y ahora faltaban solo cuatro meses para el 1 de octubre. En España nada se movía, mientras que en Cataluña miles de voluntarios actuando en la clandestinidad (hasta el punto de devenir indetectables para el Centro Nacional de Inteligencia), entre los cuales había gente insospechada que se comprometía después de años e incluso algunos que no habían militado nunca, estaban creando las condiciones para el fracaso del Estado.

A finales de agosto, Pere Portabella, que había retomado hacía pocos años la tradición del suquet que inauguraba el curso político en la década de 1980, nos convocó a todos a esa cena en su masía de Palau-sator, en el Empordà. En esa extraordinaria comida se encontraban reunidos desde el president Puigdemont hasta Pedro Sánchez, pasando por Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez o Carles Mundó (si no me equivoco, ese año Carme Forcadell no fue). En Barcelona se acababan de producir los atentados terroristas en La Rambla, lo que había llevado a una enorme tensión entre los representantes del Estado y la propia Generalitat con el mayor Josep Lluís Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra y nuevo héroe popular en una Cataluña necesitada de héroes como agua. En esa cena, Puigdemont le ofreció a Pedro Sánchez su apoyo si presentaba una moción de censura al PP —lo cual podría haber abierto un escenario completamente nuevo antes del 1 de octubre—, oferta que el secretario general del PSOE rechazó. Cuixart y yo nos lanzábamos puyas de broma en una mesa que compartíamos, y también tuve un intenso intercambio con Jordi Sànchez y un comentario con Oriol Junqueras sobre por qué Josep Benet, que pensaba que llegaría a ser presidente de la Generalitat, nunca lo fue y sobre la necesidad de resguardarse las espaldas de los compañeros de viaje. Una vez que hubo acabado la cena, pensé que allí se encontraban casi todos los protagonistas del drama que se iba a desatar en los próximos meses. Faltaban los del PP, que iban afirmando día sí y día también que todo estaba controlado y que no había urnas. Faltaba, además, el protagonista principal de lo que vendría: una parte importante del pueblo de Cataluña que, con su determinación, iba a llevar a cabo el 1 de octubre. También pensé: «A ver cuántos vamos estar aquí el año que viene…». Al año siguiente, la mitad de los protagonistas de esa cena estaban en prisión o en el exilio. Fue la última cena antes de la crisis más profunda del Estado español desde 1978. Una crisis que tomó la forma de la afirmación de las soberanías.

¿Decimos entonces que hay que abandonar al sector platanero con toda la economía directa e indirecta que representa? No, aquí planteamos llevar el debate del reparto hídrico al grueso de la población.

Cuando hablamos del agua atendemos directamente a agricultoras/es del plátano, como colectivo diferenciado dentro del sector agrario, agricultoras/es de otros recursos agrícolas y consumidoras/es. Y desde el inicio de cualquier debate tenemos que entender esta dimensión global.

Recientemente nos hemos levantado leyendo titulares muy alarmantes que ponen en peligro la agricultura de Isla de La Palma. Datos muy preocupantes con el anuncio del peor invierno vivido en los últimos 40 años, nivel de lluvias ya por debajo del 70% del valor normal de lluvias, y el Ejecutivo estudiando declarar la emergencia por sequía en Canarias.  

A esta realidad añadimos que el propio Cabildo reconoce que pierde millones de metros cúbicos en el canal Barlovento-Fuencaliente. Sin embargo, no podemos saber el porcentaje de pérdidas porque no existe una gestión eficaz de aguas en La Palma, ni han hecho auditorías para ese fin tampoco.  Es decir, la transparencia hacia la ciudadanía, que es finalmente la afectada por la sequía, no existe. 

El verano está a las puertas y la sequía ya ha dejado a muchas familias agricultoras de la isla sin riego. Ejemplo de las medianías sin agua de Barlovento, cortes en Fuencaliente desde hace ya dos años. Los Llanos y El Paso con grandes dificultades para hacer efectivo el abasto de aguas. Ante esta situación, la posición del Consejo Insular de Aguas en el reparto del agua disponible para la agricultura es la de priorizar el agua hacia el sector platanero.

Si bien el Consejo Insular de Aguas de La Palma tiene potestad para la priorización del agua disponible, ¿la comunidad de agricultores, los vecinos afectados, no tienen derecho a participar en estas decisiones? La Ley 12/1990 de 26 de julio, la que rige actualmente el agua de Canarias, y cuyo objetivo es “cerrar en Canarias un período polémico y difícil en materia hidrológica, abriendo una nueva etapa en la que el agua no debe ser un obstáculo para la convivencia de todos los canarios, cuyas diferencias deben dejarse a un lado ante la tarea común de ordenar y aprovechar racionalmente un recurso vital para todos, en cada isla con sus especialidades”. Entendemos entonces que, si se trata de un aprovechamiento racional y para todos, dedicar toda el agua a un producto de exportación, genera, cuanto menos, cuestionamiento moral, sobre todo en este tiempo en el que una pandemia nos ha mostrado la total dependencia del exterior en cada una de las islas Canarias.

¿Realmente queremos mantener esta dependencia tan extrema de productos del exterior? ¿no tenemos miedo a los peligros especulativos del petróleo y cómo afecte a la entrada de alimento en las Islas? En la historia, cercana y pasada, encontramos múltiples ejemplos de conflictos territoriales por el control de fuentes de petróleo y gas, a ello añadimos unos altísimos niveles de contaminación mundial que nos están llevando a una deriva habitacional sobre el planeta (duras condiciones climatológicas, sequías, incendios y, ya, un emerger de nuevas epidemias que, según expertas/os, se repetirán cada pocos años por la cantidad de nuevas cepas de bacterias, nocivas para el ser humano, que se están descongelando debido a los deshielos). 

Es importante conocer un concepto que nuestros abuelos manejaban con una maestría envidiable. La soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de manera ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Por lo tanto, podemos entender que la pérdida de las medianías, por una decisión jerárquica no consensuada, nos lleva a la pérdida de la posibilidad de una soberanía alimentaria en La Palma. La soberanía alimentaria asegura el alimento de calidad y de cercanía, además del crecimiento de la economía local. Depender del exterior, siempre será estar en la puerta del muelle esperando que esta vez no lleguen papas de Israel.  

¿Decimos entonces que hay que abandonar al sector platanero con toda la economía directa e indirecta que representa? No, aquí planteamos llevar el debate del reparto hídrico al grueso de la población. Por supuesto no se pretende dejar sin trabajo y sustento a miles de familias de nuestra isla.

De hecho, no son los colectivos que defienden la transparencia y la eficiente gestión de aguas de La Palma los que hacen daño a las agricultoras y agricultores del plátano. Recordemos que durante el confinamiento por el estado de alarma, el kilo de plátanos se pagaba al productor/a entre 3 y 30 céntimos, cuando el coste de producción es de 60 céntimos por kilo. Sin nombrar la famosa pica, que ha llevado a miles de kilos de plátano al barranco. Conociendo estos datos, y conociendo la fuerte dependencia de alimento del exterior ¿no es alarmante que se hayan gastado millones de metros cúbicos de agua en detrimento de fruta y verdura de cercanía que podíamos estar disfrutando en la Isla?

Es otra manera de mirar a las tensiones territoriales y nacionalistas en Europa. Una encuesta de Pew Research Center ayuda a dibujar el mapa de los ciudadanos de un país que piensan que el territorio de otro Estado debería pertenecer al suyo. Es el mapa de los “Gibraltar, español” más cercanos, aunque los contextos históricos y políticos son diferentes en cada caso.

Por ejempo, un 67% de los húngaros considera que hay territorios de países vecinos que deberían ser (o son) parte de su soberanía. Tres de cada cinco griegos y la mitad de los polacos coinciden en que otros territorios cercanos realmente les pertenecen. Por el contrario, en Europa occidental los resultados siguen la dirección opuesta. En Países Bajos no existen estas reivindicaciones en tres de cada cuatro ciudadanos, un dato parecido se registra en Reino Unido (72%).

En España, un 37% respectivamente afirman que hay zonas de otros países que deberían estar bajo su control. En el caso español, como en otros, hay una importante brecha generacional. Un 59% de los votantes de Vox españoles apoyan estos discursos, según la encuesta, con el ejemplo de Gibraltar encima de la mesa, frente al 32% del resto de la población española.

Entre Rusia y Ucrania, donde la anexión de la península de Crimea en 2014 provocó un conflicto en la región y la condena internacional, la afirmación de que otros territorios vecinos forman parte de su soberanía ronda el 50%.

Suecia es el país donde la sociedad está más conforme con sus fronteras; solo un 13% tiene este tipo de inquietudes.

Julio Guinea Bonillo, profesor de Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, afirma que es un resultado de la propia historia de los países. “Los procesos de expansión, conquista y colonización han dejado, no solo una huella generacional, también literaria, económica, política y de relaciones internacionales”, explica.

Respecto a Rusia, apunta que la “absorción” de Crimea por parte de Rusia tiene que ver con una política por parte de Vladimir Putin en la que “se está volcando en líderes históricos, no tan lejanos que han tratado de engrandecer Rusia y que los estados cercanos les pertenecen”. Además los países del entorno son los que mayores porcentajes de afinidad muestran respecto a la OTAN porque consideran que podría defenderlos de posibles invasiones, “es un seguro de vida”, pero que no tienen aspiraciones mucho mayores, “con el mero hecho de estar en el mapa se dan por satisfechos.

En el caso de Turquía, donde según la encuesta un 58% de los ciudadanos afirma compartir este tipo de reivindicaciones, la partición del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial ha provocado que territorios que ahora son países independientes tengan voz propia –como Siria o Líbano–, lo que ha provocado, explica Guinea Bonillo, que sectores ultraconservadores quieran volver a esa época, lo han trasmitido entre generaciones.

Por el contrario, en Estados Unidos el apoyo no supera el 20%. Esto se debe, según Guinea Bonillo, a que ya no pretende adquirir territorios. EEUU es imperialista pero de manera indirecta, a través del apoyo a ciertos gobiernos o intervenciones militares para obtener un beneficio del país. Europa sí que vive bajo la “ensoñación” de que puede volver a ser un imperio, argumenta.

La extrema derecha, más favorable

Como ocurre en España, también en el resto de Europa son los partidos de extrema derecha los que tienen una visión más favorable a afirmar que territorios vecinos son parte de su soberanía. Mientras que un 76% de los votantes del húngaro Fidesz se muestran favorables, la mayor diferencia (27 puntos porcentuales) entre los que apoyan integrar territorios vecinos a su país.

Patrick Utz, investigador en Ciencias Políticas de la Universidad de Edimburgo, explica que “los simpatizantes de extrema derecha se muestran más receptivos a discursos irrendentistas” –de reivindicación de territorios vecinos como propios– se debe al “hincapié que estos partidos hacen respecto a las identidades unidimensionales y en una idea de soberanía absoluta”.

En el caso de Hungría, apunta a que el partido Viktor Orbán, Fidezs, aunque no tenga un discurso oficial de reivindicación en zonas con población mayoritaria húngara, como Transilvania en Rumania o Vojvodina en Serbia, sí que ofrece pasaportes a población húngaro-parlante en países vecinos. Por lo que Utz considera que la pregunta de la encuesta estaría simplificada y no mostraría el valor real del problema.

El profesor de la Rey Juan Carlos explica que Fidezs sitúa su discurso en la retórica de la “grandeza de Hungría” del Imperio austrohúngaro “porque no siente que pertenece a la Unión Europea, se ve insignificante”. Pero detalla que un país se hace grande cuando pertenece a un bloque fuerte, que defiende libertades individuales o de movimiento“, pero los 'perdedores' en los repartos se ven insatisfechos ”y recurren a este tipo de reivindicaciones“.

La cámara baja del Parlamento de Marruecos aprobó este miércoles, con varios minutos de aplausos por parte de los diputados, las dos leyes que amplían las fronteras marítimas del país y que se solapan con las aguas de las Islas Canarias.

Esta maniobra del país norteafricano responde, según explicó tras la votación su ministro de Exteriores, Naser Burita, al derecho del país a determinar su espacio a partir de las líneas de base, los estudios y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Así, con estas dos leyes Marruecos va a delimitar las 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de la plataforma continental para armonizar sus leyes internas con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar que el país magrebí aprobó en 2007.

Cada país puede ejercer su soberanía sobre las doce millas de mar desde su costa. Desde ahí, las 200 millas siguientes conforman la llamada Zona Económica Exclusiva (ZEE), en la que el país propietario puede conservar y administrar los recursos naturales del mar y el subsuelo y, como máximo, cada Estado puede ampliar su plataforma continental hasta las 350 millas para ejercer derechos sobre el subsuelo marino

Sin embargo, para que sea efectiva la ampliación que pretende hacer Marruecos es preceptiva la aceptación y negociación con los países colindantes, en este caso, España, Argelia, Mauritania y las autoridades del pueblo saharaui, a quien Rabat no tiene en cuenta porque considera suyas las aguas del Sáhara Occidental. Esto supone una cuestión mucho más delicada, en concreto para España, pues es el país que debe gestionar la descolonización del Sáhara Occidental, antigua colonia española, y que no ha frenado la expansión de Marruecos en esa zona, que la tomó como suya en los años 70 y explota sus recursos naturales como propios. Aunque España no ha reconocido la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental tampoco ha actuado en contra. Ahora bien, como la expansión marítima pretendida por Rabat no solo afecta a aguas saharauis, sino también a aguas canarias, España tendrá que actuar.

Reunión de la ministra española en Rabat

Este viernes, la ministra de Exteriores, Arancha González, se reunirá en Rabat con su homólogo marroquí. De momento, la ministra se ha limitado a decir que el país alauí sabe que las aguas colindantes deben delimitarse de mutuo acuerdo.

Este miércoles el ministro marroquí de Exteriores quiso lanzar un mensaje tranquilizador diciendo que su país “no tiene ninguna intención de imponer hechos consumados a España” sobre esa cuestión, pues este país es “más que un vecino, es un socio estratégico y un aliado de confianza”.

Palabras que la ministra González Laya tomó al vuelo para escribir inmediatamente en su cuenta de Twitter: “Tal como hemos conversado con Marruecos en contactos estas última semanas, no habrá política de hechos consumados ni acciones unilaterales”.

Mientras, el Frente Polisario rechaza la iniciativa marroquí y señala a España, a quien culpa de la situación por su inacción para frenar la ambición expansionista de Rabat sobre territorio y aguas saharauis.

“Este acto se produce en el marco de la campaña desesperada que lleva a cabo Marruecos para legitimar su ocupación ilegal de partes del Sáhara Occidental mediante los sobornos y la implicación de entidades extranjeras en su aventura colonial”, afirmó el secretario nacional y responsable del Comité de Relaciones Exteriores del Polisario, Mohamad Jadad.

El telurio, la clave de las pretensiones

Marruecos defiende que está en su derecho de definir sus fronteras marítimas, pero no lo había hecho hasta que se ha descubierto que bajo las aguas al sur de Canarias se encuentra un monte llamado Tropic, un antiguo volcán que constituye un verdadero tesoro por su alto contenido en telurio y otros minerales y metales. Ya en 2009 el Gobierno de España presentó la petición de ampliar su plataforma continental para obtener la titularidad de los recursos que esconde Tropic, reservas que serán claves para una futura revolución verde por su valor en la fabricación de paneles solares y coches eléctricos.

Un primer intento en 2017

El Gobierno de Marruecos ya aprobó en julio de 2017 la proposición de dos iniciativas legislativas que tenían como objetivo incluir las aguas del Sáhara Occidental en su propiedad y delimitar su frontera marítima con Canarias. En ese momento, el portavoz del Ejecutivo, Mustafa Jalfi, insistió en la voluntad de que nadie pusiera en cuestión la soberanía marroquí sobre su “territorio”. De este modo, la posibilidad de que el país entrara en el juego por la titularidad de los recursos del monte Tropic pusieron ya en sobreaviso a España hace dos años.

Reacciones en Canarias

Desde que el pasado mes de diciembre se anunciaran los planes del Parlamento marroquí, en Canarias se sucedieron las reacciones a las dos leyes. Todos los partidos han pedido que tanto el Gobierno de Archipiélago como el de España se pronuncien con contundencia ante lo que algunas formaciones han descrito como una “pretensión unilateral de anexión” de aguas canarias.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha insistido en diversas ocasiones en que España “elevará la voz” si Marruecos toca “un milímetro de aguas canarias”.

Coalición Canaria ha ido más allá y ha pedido que España eleve una queja ante las Naciones Unidas. Nueva Canarias ha exigido que sea el Gobierno central quien frene las aspiraciones marroquíes; el Partido Nacionalista Canario se suma a la petición de CC; también Sí Podemos rechaza la iniciativa marroquí y pide firmeza ante estas pretensiones.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Alicia Vanoostende, pone de manifiesto la importancia de aumentar los índices de autoconsumo en Canarias a través de una herramienta fundamental que sentará la base del trabajo de la Consejería en los próximos años: El Plan Estratégico de Soberanía Alimentaria del Archipiélago, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional.

Vanoostende explica que “2020 será el punto de partida del Plan de Soberanía Alimentaria de Canarias, una apuesta firme de la Consejería como clave del cambio ambiental y social, y motor de nuestro sector con los verdaderos protagonistas en el centro de la política agraria”.

Este programa, se añade en la nota, que se encuentra en su fase inicial, buscará la obtención de productos de cercanía, saludables y de calidad, con especial énfasis en la agricultura ecológica. “Con la elaboración del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias fomentaremos la competitividad de las explotaciones, la mejora de la calidad de vida de las personas del sector y el incremento de las rentas agrarias”, destaca. Además, incide en “la apuesta por el relevo generacional y la revalorización del producto local”.

En esta línea, asegura que el plan (con una partida de más de 300.000 euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para la elaboración de estudios y líneas de acción) “nos determinará qué hoja de ruta seguir para reforzar el autoconsumo, sirviéndonos de guía para trabajar con garantías los próximos años; apostamos por actuaciones a nivel interno y externo que permitan aumentar el numero de hectáreas cultivadas potenciando el mercado interno y distinguiendo el producto local del foráneo, reduciendo así la incertidumbre que afrontan el productor a la hora de planificar sus cosechas”.

Alicia Vanoostende apunta que “es esencial que el consumidor final tenga claro de dónde procede el producto que llega a su mesa, y por esta razón trabajaremos para identificar el producto local, porque la etiqueta de trazabilidad debe llegar hasta el consumidor final; queremos que los productores primarios se conviertan en los mejores vendedores del fruto de su trabajo”.

De repente fue sencillo notar cómo el miércoles marcaba un punto y aparte en este camino que llamamos Procés. La noche anterior me despedí de una cena entre bromas sobre el tema, pero de buena mañana la radio me despertó con tono alarmado por las detenciones de los cargos de las distintas Conselleries y las redes sociales iban llenas de una histeria propia de lo que con tanta facilidad denominamos días históricos, aunque esta vez la cosa sí iba de verdad.

Viví la jornada con mis ocupaciones laborales, alejado del centro y con un ojo pegado al móvil. En la zona de Sagrada Familia nada se identificaba con el alboroto del centro. A las cuatro de la tarde, sentado en el jardín de Can Framis, escuché unas distantes sirenas en la Diagonal con probable destino a la sede de la CUP.

De vez en cuando el maldito helicóptero, un clásico de las jornadas repletas de movilizaciones, me alertaba de lo sucedido, como la presencia de coches de la Guardia Civil en demasiadas esquinas.

Pensé en cómo viviría un día parecido alguien del siglo XIX, seguramente con la misma inercia y sin tanto nerviosismo tóxico. En el tren pude pensar más calmado y deduje lo de siempre. En la situación creada tiene una importancia fundamental el dominio del relato sobre la cuestión. En este sentido, y así ha sido desde 2012, la voz cantante la llevan los dirigentes catalanes por la inmensa venda en los ojos de Moncloa y allegados.

Estamos ante dos poderes enfrentados. En otros artículos comentamos su enroque, demasiado persistente y dañino por su perpetua negativa al diálogo. El catalán violó el marco jurídico a principio de septiembre y habla de Democracia, tras excluir de sus decisiones a la mitad del país, con mucha alegría. Nadie le tose porque las acciones emprendidas desde Madrid, tendientes a cumplir la ley, se pasan de rosca, pero si uno se excede no significa que el otro tiene razón.

El problema, como bien comentaba Josep Carles Rius en estas mismas páginas, es que han transformado su obcecación en una cuestión de dignidad para muchos catalanes que han dicho basta a unos métodos demasiado brutales hasta el punto de considerarlos un ataque personal que atenta directamente contra el autogobierno. Esto es lo que ha llevado a la gente a las calles, en algunos casos al son de otra palabra usada impropiamente. Hablan de revolución mientras el govern y las asociaciones soberanistas capitalizan el desaguisado a su favor, con impunidad, porque si bien es cierto que el PP atesora infinitos casos de corrupción, bien podría decirse lo mismo de sus homólogos catalanes.

Estos puntos parecen olvidarse ante la presencia policial salvaje, con los Mossos de nuevo en el papel de villanos, y su desmedida actuación, porque si cargan se lo cargan. Puede oler a Maidan, no lo sé, pero lo que está claro es que se ha llegado tristemente a un punto de no retorno donde quien propugna Razón puede ser tildado de cualquier cosa porque lo emocional ha ganado la partida al matiz que algunos llaman equidistancia y que, poco a poco, de manera acelerada, se ha transformado en un profundo hartazgo hacia cualquiera de los dos bandos enfrentados por su cerrazón y nula voluntad de pensar en las virtudes del término medio.

Entre otras cosas el bando soberanista podría pensar que no está bien aferrarse a un clavo ardiendo y que con tanto fuego esparcido lograría mucho con su renuncia al referéndum, pues, y aquí entran los otros, una reforma constitucional quizá podría posibilitarlo en un futuro. La palabra Procés es exacta y curiosa. De hecho, todas las evoluciones históricas obedecen a eso, a procesos, y estos requieren tiempo, negociación y un pacto. Hablar de revoluciones a lo siglo XIX, y si me apuran a lo estado báltico, en nuestra época es, por desgracia, una quimera, como también lo parece esa expresión magnífica tan italiana: fare política.

¿La han practicado los implicados durante estos años? No, rotundamente no porque no les interesa. Puigdemont y sus socios no parecen estar muy disgustados por la escalada de tensión porque les lleva a un punto idóneo, donde hasta muchos no independentistas han decidido levantar el culo del sofá para tuitear entre manifestantes. Por su parte Rajoy y Compañía observan el desastre desde una perspectiva parecida. A más ruido menos oposición a su gobierno por decreto, a veces se olvida que apenas tienen 137 diputados, y mayor rédito electoral entre la derecha de toda la vida, porque en este país, de un lado y de otro, nunca se ha gobernado para mejorar la situación del ciudadano, sólo se ostenta el bastón de mando para machacar al adversario.

Ambos han perdido por completo la razón y los principales perjudicados somos todos nosotros, unos contagiados por este virus enfermizo, otros con ganas de pedir un pasaporte apátrida. Hablan de dialogar tras el dos de octubre, cuando quizá el uno no se vote y la movilización aspire a su paroxismo. ¿No pueden todos plegar velas y hacerlo ya mismo? No es un capricho. Es una urgencia.

Las leyes aprobadas la semana pasada por el Parlamento catalán exigen algo inaudito para una ley: suponer que la ley puede ser vulnerada apelando a la soberanía popular. En efecto, en el mismo acto de aprobar las leyes de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica, los diputados de JxSí y la CUP (que son quienes en exclusiva han votado a favor de estas leyes) conscientemente vulneraron entre otras la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley Electoral, las leyes que regulan el funcionamiento de la Justicia (del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional) y las leyes de organización local y territorial. Adviértase que no se trata de leyes que reformen leyes previas (algo normal en cualquier sistema constitucional), sino que se trataba, como advirtieron los letrados de la cámara, de quebrantar deliberadamente leyes adoptadas tanto por las Cortes como por el propio Parlament de Catalunya.

La manera que el President Puigdemont ha tenido de explicar semejante actuación ha sido apelar a la soberanía del pueblo de Cataluña. El único límite que existe según él, su gobierno y la mayoría parlamentaria actual es la soberanía de ese pueblo que se sustancia en ese parlamento en el que, junto a la CUP, tienen casualmente mayoría. Es un lenguaje tan claro y evidente que parece hasta mentira que no nos adhiramos todos inmediatamente a él: ¿cabe algo más democrático que convertir en ley la voluntad del pueblo? Es tan tentador que hasta Ada Colau y Podemos están ahí a un tris de entrarle a la idea y ceder a la evidencia. Si no lo ha hecho ya la primera es porque quiere seguir siendo alcaldesa y si no lo hace Podemos es porque le puede salir la cosa poco rentable más allá del Ebro.

Sin embargo, me temo que pocas afirmaciones se pueden hallar menos democráticas que la sostenida por Puigdemont y compañía para justificar el quebrantamiento constitucional, estatutario y legal de la semana pasada. Por decirlo con absoluta claridad: afirmar la soberanía ilimitada del pueblo (de Cataluña o de Segovia) es el primer paso para afirmar un poder irrestricto e ilimitado de quienes decidan que ostentan la representación del pueblo soberano.

Que esto es así se ha visto en esas mismas sesiones del Parlamento catalán cuando los diputados de los partidos que han votado estas leyes han decidido que su mayoría representa la voluntad del pueblo y que ello les faculta para alterar en 48 horas todo el ordenamiento catalán. El Parlamento de Cataluña, las Cortes españolas y el pueblo de Cataluña en referéndum establecieron (artículos 222 y 223) que la reforma del Estatuto requiere siempre como primer paso su aprobación por dos tercios de la cámara catalana (90 diputados). Han bastado 72 diputados para aprobar una ley, la de referéndum, que supone una alteración sustancial del Estatuto. El artículo 16 de la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias señala claramente como objeto de su dictamen las leyes que afecten a reformas del Estatuto.

Esa misma mayoría de 72 diputados decidió sobre la marcha eludir ese trámite y pasar directamente a votar, en lectura única y sin debate, una ley que se dice de Transitoriedad. Ahí puede verse ya el peligro de apelar a la voluntad del pueblo: esa ley tiene siete títulos y cerca de cien artículos o, dicho de otra manera, es una constitución (más bien una carta otorgada), que ha estado en el parlamento una tarde y con la que se quiere regular la vida política catalana. ¿Hasta cuándo? Pues “hasta la constitución de las nuevas instituciones”, así de preciso.

La democracia, en efecto, requiere que aceptemos que no hay más soberanía que la del pueblo o la de la nación. A renglón seguido, sin embargo, requiere también que quienes expresan esa soberanía a través de la representación parlamentaria tengan claramente marcados los límites que no pueden ignorar sin quebrantar la propia democracia: por ejemplo, alterar el ordenamiento con una mayoría no cualificada para ello y sin el debido proceso. Los parlamentos son soberanos en el sentido de que representan la soberanía, pero son democráticos solamente cuando respetan los límites a su poder.

En un texto breve, dirigido a sus estudiantes y titulado Contra la tiranía, el historiador norteamericano Timothy Snyder advierte sobre la importancia de respetar las instituciones y las leyes democráticamente establecidas. Lo hace para prevenir de quienes, en nombre del pueblo, comienzan por saltarse leyes, continúan cuestionando principios constitucionales y terminan afirmando que su voluntad –es decir, la del pueblo- es la nueva ley. Snyder ha estudiado con detalle el nacimiento de los regímenes totalitarios en los años treinta en Europa, pero la advertencia la hace a sus estudiantes para que estén vigilantes sobre vulneraciones actuales de las instituciones y las leyes: también Donald Trump apela al pueblo norteamericano cuando quiere saltarse las leyes del pueblo norteamericano. Ha sido la Justicia norteamericana, haciendo valer su condición de poder independiente, quien ha logrado frenar alguna de esas vulneraciones constitucionales. Por ello es un error pensar, como afirma también la alcaldesa de Barcelona, que la justicia no es la solución. Al contrario, ante lo ocurrido la semana pasada en el Parlament los demócratas deben exigir la actuación de la justicia para preservar la democracia. Luego tendrá que venir, sin duda, la política y dar paso a esa comisión parlamentaria propuesta por Pedro Sánchez para tratar de la reforma constitucional en materia de organización territorial de España, pero si no preservamos primero la democracia, la política ya estará de entrada desarmada.

El debate sobre las soberanías –municipal, regional, estatal, transnacional...– está vigente en todo el mundo. Expertos internacionales han acudido a Barcelona para debatir sobre ello en las jornadas #ReshapingSovereignty, que terminan este sábado en el auditorio del MACBA.

Charlamos con uno de los participantes en las jornadas, el profesor de derecho de la SOAS University of London, Paul O'Connell (Dublin, 1981). Muy crítico con la Unión Europea, O'Connell cree que, pese a perder las elecciones, Jeremy Corbyn ha transformado la escena política británica, y pide un esfuerzo a la izquierda para no tildar fácilmente de “racistas” a todos los votantes del Brexit o de Trump y debatir sobre soberanía sin considerarlo algo anticuado.

¿Cómo ve la situación política en el Reino Unido tras las elecciones?

Hay que enmarcar las elecciones en un contexto marcado por las consecuencias de la votación del Brexit y de la crisis que empezó en 2008. El resultado de la elección es un cambio en las perspectivas de futuro que la gente tenía tras el Brexit, en especial entre la izquierda. Hubo cierto estado de opinión tras el Brexit que consideró que la mitad de Gran Bretaña era sencillamente racista y reaccionaria y que los conservadores lograrían mayorías masivas durante décadas que les permitirían destruir lo que quedaba de Estado del Bienestar. Ahora creo que esto ha cambiado.

¿Jeremy Corbyn es el responsable de este cambio?

Corbyn no ha ganado las elecciones pero ha logrado transformar la escena política. Y esto pese a que el partido conservador se ha quedado muy cerca de la mayoría absoluta. El programa de Corbyn no es para nada radical si se compara con la socialdemocracia tradicional, pero sí es radical si se compara con lo que hemos tenido en los últimos 30 años.

¿La receta del éxito estaba en la socialdemocracia clásica?

A lo mejor a una persona que hubiera vivido la edad dorada del capitalismo en los 50 y los 60 le sonaba el discurso de Corbyn, pero cualquier persona menor de 25 años no ha conocido otro país que la Gran Bretaña neoliberal que dejó el thatcherismo. De ahí que el hecho de que un político propusiera la nacionalización del ferrocarril o hacer gratuita la universidad fuera casi inimaginable para toda una generación.

En Barcelona ha venido hablar de soberanía y de su transferencia entre los estados y la UE. ¿El Brexit fue una votación por una soberanía ultraconservadora y nacionalista?

El Brexit fue, en primer lugar, un ejercicio de arrogancia de David Cameron. Es verdad que la campaña estuvo marcada por el nacionalismo y el racismo, pero fue tanto para los que estaban a favor como en contra del Brexit. No obstante, no se puede decir que el Brexit haya convertido a la gente en racista. El problema son los 25 años de desindustrialización, gobernanza neoliberal y un sistema en el que la gente cree que puede votar u opinar, pero que no sirve para nada.

¿La izquierda puede sacar algo en positivo del Brexit?

Hay que enmarcar el Brexit en un contexto histórico de fracaso de la socialdemocracia. El referéndum fue una oportunidad para la gente cabreada a la que se había dejado en la estacada durante 25 años y castigado todavía mas en los últimos ocho años de austeridad. Nadie les ofrecía una alternativa desde la izquierda, por lo que apostaron por una de reaccionaria.

Pese al optimismo de Theresa May, parece que salir de la UE implica entrar en una especie de dimensión desconocida.

Hay cierta opinión instaurada basada en que el mundo lo constituyen estructuras transnacionales y solo se puede avanzar por ahí. Pero aún estando en la etapa de la globalización, asuntos políticos fundamentales todavía se deciden a nivel nacional. El estado sigue siendo un centro para la transformación política.

¿Ve posible una reforma de la UE impulsada por sus propios estados miembros?

Pretender reformar la UE implica pasar por alto la naturaleza de la propia institución y también los elementos de poder político que hay en juego. Para empezar, que Alemania no está interesada en acometer la más mínima reforma que convierta la UE en algo mas democrático. El cambio social o económico progresista no es posible en la Unión Europea. La UE ha institucionalizado y constitucionalizado las lógicas del neoliberalismo.

¿No hay reforma posible, ni desde dentro ni desde fuera, pues?

Si la UE insiste en los últimos años en flexibilizar el mercado de trabajo o en la austeridad no es porque sean malos. Se trata de los resultados de su proyecto político: servir a los intereses del capital. El neoliberalismo es estructuralmente antidemocrático y autoritario. Lo tiene que ser porque es un proyecto político para que una minoría que controla la propiedad imponga sus intereses a la mayoría. Para eso quita el poder a los gobiernos, por ejemplo como ha pasado con el Banco Central Europeo. ¿Quién ha elegido a Mario Draghi?

Hace diez años habría dicho que la UE se podía reformar, pero ahora lo veo imposible. Es estructuralmente antidemocrática, lo hemos visto en Grecia con el referéndum y antes con las votaciones sobre la Constitución Europea.

El debate sobre las soberanías, ya sean nacionales, regionales o transnacionales es inevitable.

Hay que enfocar debate sin premisas preestablecidas. La izquierda debe abordar la cuestión de la soberanía y la soberanía nacional caso por caso de forma concreta. Nos equivocamos si partimos de la base que la soberanía nacional siempre implica nacionalismo, exclusión o es algo reaccionario. Igual que tampoco creo que volver al estado nación sea una solución a todos los problemas. Cada caso tiene sus especificidades.

Tampoco creo que seguir en esta senda de estructuras transnacionales como la UE sea positivo. Se puede llevar a cabo un proceso de democratización del estado nacional al mismo tiempo que se tejen redes de solidaridad y alianzas internacionales, que de hecho el proyecto de la UE ha truncado.

Se suele asociar, no obstante, el debate sobre la soberanía con el egoísmo y la insolidaridad. ¿Cómo puede la izquierda cambiarlo?

El internacionalismo es solidaridad entre personas, no la homogeneización de la globalización neoliberal. Habría que preguntarse también por qué la solidaridad en la UE no se extiende a los refugiados ni a la gente que quiere entrar en sus fronteras, e incluso dentro de la UE existe una desigualdad muy importante entre el norte y el sur.

¿La era del conformismo se ha acabado?

Es temprano para decir que se ha acabado. Pero está en camino, habrá que ver que pasa. La gente joven y otros colectivos tradicionalmente marginados tienen claro que quieren tener algo que decir, quieren ser protagonistas, tener un papel activo. Cualquier tipo de organización que busque un cambio social puede aprovechar este estado.

Delante tendrá múltiples obstáculos.

Hay que ser consciente que esto es contrario al sistema imperante y que hay fuerzas conservadoras opuestas al cambio que pueden coartarlo. Es un ejemplo extremo, pero el ayuntamiento de Newcastle, conservador, introdujo presupuestos participativos como había hecho el ayuntamiento progresista de Porto Alegre. Sin embargo, en Newcastle a la gente le daban a escoger qué servicio público quería recortar. Pero no hay que dejar de abordar estos debates por esto.

¿Cuál sería la mejor manera de enfocar estos debates?

La izquierda no puede ser tan vaga para llamar racistas a todos los que votaron por Trump o por el Brexit y quedarse tan ancha. En especial porque parte de estos votantes lo hicieron por un fracaso de la izquierda. Hay que ir a buscar a esos votantes y recuperarlos para la izquierda, instar a que se afilien en un sindicato y llamarles a participar de la vida política de la que el poder les expulsó.

El Cabildo de Gran Canaria destinará 233.000 euros a actuaciones municipales de mejora en Soberanía Alimentaria y a la participación de los ayuntamientos y de profesionales en el Concurso Exposición de Ganado de este año 2017 en La Granja, medidas aprobadas este martes en el Consejo de Gobierno.

La Administración insular explica en un comunicado que esta subvención tiene como objetivo el aumento en la cantidad y calidad de las producciones agrícolas y ganaderas para reducir la dependencia del exterior y la ayuda a las representaciones municipales e individuales que asistan al certamen que se celebrará los días 27 y 28 de mayo.

El consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, indica que de los 233.000 euros, 179.000 estarán destinados a los 21 ayuntamientos grancanarios: el 35% será distribuido en partes iguales, el 25% en función del número de explotaciones ubicadas en cada municipio y el 40% restante según la superficie agrícola y las cabezas de ganado.

De esta forma, el ayuntamiento que recibirá una mayor dotación será La Aldea, con casi 20.000 euros, seguido por Guía con 13.000 euros y Moya con 12.700 euros.

33.000 euros para participantes en el Concurso de Ganado

El Cabildo también ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este martes una ayuda de 33.000 euros para facilitar el transporte de los ejemplares participantes en el XXV Concurso Exposición de Ganado 2017.

La ayuda supone un incentivo para incrementar la participación de los ganaderos en el evento, por lo que será otorgada a todos los participantes.

El importe de la ayuda depende de la lejanía del municipio de procedencia de los animales, tanto vacunos como caprinos y ovinos, de la cantidad de ejemplares que serán trasladados para participar, del uso de boyeros que precise cada cuadra y de los días de permanencia en el recinto de La Granja del Cabildo.

“La salida de la crisis pasará por dotar de significado a la palabra soberanía. ¿Qué significa para usted la palabra soberanía?”. La pregunta se la lanzó Pablo Iglesias a Mariano Rajoy el pasado miércoles en el Congreso en el debate sobre el reciente Consejo Europeo. No es la primera vez que el líder de Podemos y otros dirigentes aluden a este concepto o a otros que tradicionalmente se han asimilado, como patria o patriotismo, y que la izquierda tradicional había desistido de utilizar en su favor. Algo que cambió con la llegada de Podemos, cuya estrategia ha pasado por reapropiarse de significantes para rearmar su significado.

“No mandan los parlamentos y no mandan los gobiernos. Mandan los mercados y sus representantes supranacionales como el FMI”, aseguraba Iglesias en una entrevista a una radio argentina en noviembre de 2016. La soberanía, para Podemos, no tiene tanto que ver con las fronteras como con la capacidad de decisión de quienes se encuentran dentro de dichas fronteras.

Un ejemplo que siempre utiliza el secretario general de Podemos es el de Grecia. El país celebró un referéndum para reforzar su posición negociadora ante la UE que ignoró el resultado, por lo que pasó a ser “un protectorado” sin ninguna capacidad de acción, en opinión de Iglesias. Sus fronteras permanecen intactas, pero cada movimiento bancario que el Gobierno de Alexis Tsipras quiere hacer debe ser aprobado por la troika.

La cesión de soberanía por parte de los Estados comenzó en 1992 con el Tratado de Maastricht, como recordaba Iglesias a Rajoy el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso. “Había ‌un interés común por la prosperidad. Un consenso del antifascismo tras la II Guerra Mundial que se manifestó en una generación de constituciones que establecían que los derechos sociales eran la base para sostener la democracia”. Después, proseguía, llegó “la contrarrevolución neoliberal” del Tratado de la Unión Europea, que consagró la cesión de los Estados de parte de su soberanía a una organización supranacional.

El problema, argumenta Podemos, es que las decisiones de la UE cada vez son menos democráticas. “El Parlamento Europeo es una mera cámara colegislativa”, suele decir del lugar donde tuvo su primera responsabilidad institucional.

Esa pérdida de soberanía es lo que ha impedido a los países del euro luchar contra la crisis, en opinión de Iglesias. Ahí es donde Podemos engancha sus apelaciones a la patria. El ejemplo más paradigmático fue la Marcha del Cambio del 31 de enero de 2015, cuando cientos de miles de personas escucharon a Iglesias repasar algunos hitos como el levantamiento del 2 de mayo o la Constitución de 1812. Unas fechas que coinciden, además, con el nacimiento de las naciones y los estados modernos.

El patriotismo para Podemos tiene que ver con la democracia y el Estado del bienestar. Aquél 31 de enero, Iglesias declamaba en la Puerta del Sol: “Nuestra patria no es una marca, nuestra patria es la gente. Han querido humillar a nuestro país con esa estafa que llaman austeridad. Nunca más España sin sus gentes, nunca más España como marca para que hagan negocios los ricos. (...) Hoy decimos patria con orgullo y decimos que la patria no es un pin en la solapa, no es una pulsera. La patria es esa comunidad que asegura que se protege a todos los ciudadanos, que respeta la diversidad nacionalidad, que asegura que todos los niños, sea cual sea el color de su piel, van limpios y calzados a una escuela pública, la patria es esa comunidad que asegura que a los enfermos se les atiende en los mejores hospitales con los mejores medicamentos”.

Un estado que debe ser “democrático”, que respete los “servicios sociales” y “plurinacional”. O como resumieron en enero de 2016 cuando prometieron su cargo como diputados: “Nunca más un país sin su gente y sin sus pueblos”.

En ese mismo discurso, Iglesias daba también su noción de soberanía: “La soberanía europea es de los ciudadanos. Basta ya de secuestra la soberanía, basta ya de Gobiernos cobardes que no defienden a sus pueblos”. ¿Y qué tipo de soberanías? La soberanía tecnológica, la militar (lo que implica salir de la OTAN), alimentaria, energética y un largo etcétera.

En el plano militar Podemos cuenta con una voz autorizada, la del general Julio Rodríguez, antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien en una entrevista con eldiario.es este mismo sábado aseguraba: “Nosotros hablamos de la soberanía como la toma de decisiones que beneficie a todos, sin dobles velocidades ni hablar de periferias. El concepto de soberanía en la toma de decisiones hay que mantenerlo”. Y apuntaba a la necesidad de que Europa se desligue de EEUU: “La OTAN es una organización obsoleta que se creó para un escenario determinado y no ha sabido evolucionar”.

También Íñigo Errejón ha apelado a estos conceptos con mucha frecuencia.

El actual secretario de Análisis Político de Podemos hizo un paralelismo en la campaña del 26J entre “la soberanía de España” y “la soberanía de Panamá”, en referencia al abuso de los paraísos fiscales por las grandes fortunas para evadir impuestos.

El cofundador de Podemos siempre ha defendido la necesidad de que el partido se convierta en una fuerza “nacional-popular”, con referencias a Antonio Gramsci: “Una política patriótica, radicalmente democrática, que hace coincidir los intereses del país real con los de sus mayorías subalternas”. Tras el 26J, pedía que Podemos no fuera “expresión política de nada preexistente –ni siquiera de nosotros mismos-, derrotado o caduco, sino hacer política popular, patriótica, plurinacional, de radicalización democrática”.

La soberanía que defiende Podemos no está enfrentada con Europa como concepto, aunque sí con la actual arquitectura de la UE, que impide a los ciudadanos tomar sus propias decisiones. ¿Es reformable la UE? No todos en Podemos tienen la misma opinión. El eurodiputado de la formación morada y secretario para Europa de la ejecutiva, Miguel Urbán, cree que no. “¿Cómo vamos a plantear reformar algo si en el único sitio en el que los ciudadanos pueden votar de forma directa no tiene apenas ningún tipo de poder?”, se planteaba en una entrevista en junio de 2016.

Esto no implica volver a una Europa de Estados nación. La apuesta es construir otra Europa, lo que diferencia a Podemos de las formaciones extremistas y xenófobas con quienes a veces les comparan, como el Frente Nacional de Le Pen, que aboga por salir de la UE.

Mariano Rajoy respondió a Pablo Iglesias en el debate del Congreso: “La soberanía es que un pueblo pueda decidir su futuro”. El secretario general de Podemos cogió el guante en su réplica: “Exactamente lo contrario que hicieron ustedes y el PSOE cuando aprobaron la reforma del artículo 135 de la Constitución”.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido este miércoles durante su discurso de despedida de este puesto -cesa tras tomar posesión los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado- que problemas como “el llamado proceso soberanista” catalán “no pueden ser resueltos” por este órgano. Ha añadido que, “por desgracia”, esto es lo que ha ocurrido con las resoluciones dictadas desde que en marzo de 2014 se acordó anular la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlamento catalán. Por ello, considera “urgente inexcusable” hacer un llamamiento al diálogo político.

Pérez de los Cobos ha realizado estas contundentes afirmaciones tras la toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados designados la pasada semana por el Senado -Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer- y ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y numerosos integrantes de la cúpula judicial y diputados de las Cortes.

A juicio del aún presidente del TC la citada resolución de 2014 y las que la han seguido en relación con el proceso soberanista de Cataluña pretendieron dos cosas que “por desgracia no se han conseguido”, que son la de “salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional” y reconducir el denominado “derecho a decidir a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución”.

“Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuyo función es velar por la observancia estricta de la Constitución”, ha añadido, para insistir en que los poderes públicos “y muy especialmente los territoriales” son quienes están “llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en ese ámbito”.

“Desde aquel pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado”, ha reconocido el presidente del TC, para añadir que por ello la llamada al diálogo político sigue siendo válida. “Diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente -ha afirmado-. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles”.

Este diálogo, según Pérez de los Cobos, debe practicarse desde el respeto a la Constitución y a la Ley, “porque cuando éstas no se respetan el primer deber del Estado es el de garantizar su observancia”.

Ha recordado en este punto que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sostiene que el respeto a la preeminencia del derecho es uno de los fundamentos mayores de nuestras democracias y un elemento esencial del patrimonio espiritual común europeo que, por tanto, nadie que se diga o se sienta europeo puede ignorar.

Sobre los objetivos que buscaban sus resoluciones, Pérez de los Cobos ha señalado en su discurso que no haberlos conseguido “no desmerece un ápice ni la solvencia jurídica de su texto ni la vigencia de su planteamiento”.

Cataluña no es soberana

En relación con la restauración de la legalidad constitucional, el presidente de TC ha recordado que las resoluciones dictadas han salido al paso de la atribución de la condición de soberano “a quien de acuerdo con nuestro texto fundamental y con el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña no la tiene”.

En este punto ha incidido en que si en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano “y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano”. Por ello, ha subrayado que el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano resulta incompatible con el artículo 2 de la Constitución.

Por otro lado, ha incidido en que el Tribunal quiso poner de relieve que si la Constitución es un límite, “también es un marco de integración y de convivencia abierto a todos en el que todas las aspiraciones caben siembre y cuando se formulen y postulen de acuerdo con los principios y reglas que nos hemos dado”. En este punto ha admitido que el texto de la Constitución “es reformable” aunque “siempre y cuando se observen los procedimientos previstos al efecto”.

La llegada de los nuevos magistrados supone la salida, entre otros, del actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, cuyo sustituto se elegirá en un Pleno del tribunal ya renovado que aún no tiene fecha pero que podría celebrarse el próximo viernes, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Esta deliberación estará presidida por quien es ahora la presidenta en funciones, Encarnación Roca.

GRan CaEl Cabildo de Gran Canaria anima a la población a aprovechar su programa de formación de 166 cursos gratuitos que serán impartidos por treinta técnicos insulares en La Granja y también por todos los municipios de la Isla.

Podar viñedos, desecar fruta, elaborar cerveza artesanal, el riego por goteo, iniciación a la agricultura ecológica, a afrontar plagas e incluso a cultivar nísperos son solo algunas de las múltiples oportunidades de aprendizaje previstas para 2017.

El Cabildo destina un millón de euros a esta formación y a las investigaciones puestas en marcha con el objetivo de transferir los resultados a los cultivos de Gran Canaria, así como a convenios con diversas organizaciones para programas de inserción laboral, formación a personas con diversidad funcional y lucha contra la exclusión social a través de la cesión de tierras, entre otros.

El Cabildo de Gran Canaria destinará un millón de euros a formación e investigación del sector primario en 2017 a través de 166 cursos gratuitos de los que se beneficiarán 5.000 personas, más otros 5.000 escolares que aprenderán a plantar y recolectar en La Granja.

Esto, señaló el consejero insular de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, busca transferir los conocimientos a las plantaciones, ya que el objetivo “es mejorar la competitividad del sector, fomentar la sostenibilidad y materializar el compromiso social del Cabildo con el desarrollo de la soberanía alimentaria” porque la isla “apenas produce un 10 por ciento de lo que consume”.

Según Hidalgo Gran Canaria ofrece condiciones “inmejorables” para diversificar su economía basada en el sector primario y producir alimentos de alta calidad para autoconsumo.

Los cursos serán impartidos por 30 técnicos insulares por toda la isla que prestarán especial atención a la formación práctica, todos gratuitos. Además, cuentan con homologación por parte del Gobierno de Canarias.

Estos versarán sobre podar viñas, elaborar frutas desecadas y sales aromatizadas, hacer cerveza artesanal, catar vinos, cultivar plantas medicinales, hacer compost y producir semillas. Así, los interesados pueden inscribirse a través de un formulario en la página web.

Además, se desarrollarán los programas educativos 'Conoce La Granja' y 'Huertos escolares', prácticas de empresa para ciclos formativos, proyectos de fin de máster, la iniciativa 'Inserta' para jóvenes titulados y formación para monitores que guíen a los escolares que visitan La Granja.

En este sentido, se prevé que más de 4.500 alumnos participen este curso escolar en el programa 'Conoce La Granja', dotado con 60.000 euros, para que aprendan a cultivar plantas aromáticas y hortalizas, hacer semilleros y el funcionamiento del compostaje y la lombricultura, entre otras experiencias.

Por otra parte, destacan en el marco del plan de formación las actividades de experimentación agrícolas donde se prevén 17 experiencias en horticultura, ocho en fruticultura y cinco en floricultura, todas con el objetivo de transferir los conocimientos a los cultivos grancanarios.

Sobre las investigaciones resaltan el estudio del virus meridional del tomate, los ensayos de métodos de control de plagas en cítricos, avances en el manejo de la polilla de la papa y la influencia del arte del cazonal en las especies marinas. También los técnicos trabajan en el compostaje de los lodos de depuradoras y su aprovechamiento agrícola, entre otros.

Asimismo, el plan recoge 68 cursos de agricultura, 37 de ganadería, 4 de pesca y acuicultura, 9 especializados en diversas materias, 27 de manipulación de productos fitosanitarios básico y cualificado, 21 de gestión empresarial y 9 de producción ecológica, siendo una de las novedades la impartición de cursos en las queserías, a las que un técnico experto acudirá para instruir in situ a los productores de forma personalizada en cuestiones como el manejo de la materia prima, el salado, el cuajado y la maduración.

En estas acciones podrán participar ciudadanos desempleados, personas con diversidad funcional o en situación de precariedad y exclusión social por los acuerdos firmados con asociaciones como Asaja y la Red Solidaria.

El Régimen Especial de Abastecimiento de Canarias es una herramienta económica que forma parte, junto con las medidas de apoyo a la producción local, del POSEI, y que a su vez se engloba en la Política Agraria Comunitaria de la UE de las regiones ultraperiféricas, que tiene como objetivo paliar las dificultades por la lejanía e insularidad de Canarias frente al continente.

Garantizar el suministro a las regiones ultraperiféricas de productos esenciales para el consumo humano, paliando los costes adicionales derivados de esa lejanía e insularidad, sin perjudicar la producción local y su desarrollo, es, como digo, uno de los objetivos del POSEI. Por ello, me pregunto si realmente estamos alcanzando ese objetivo, y llego a la conclusión de que evidente no es así.

Hace tan sólo unos días, en una comparecencia que planteábamos en el Parlamento de Canarias sobre el REA, analizábamos cómo afecta esta herramienta a nuestros agricultores y ganaderos y a nuestras industrias agroalimentarias, porque el REA permite importar productos de la UE y de terceros países, es decir de fuera de la UE.

Los beneficios del REA son la exención de los derechos de aduana a los productos originarios de terceros países y la concesión de ayudas a la introducción cuando se tratan de productos originarios de la Unión Europea. Solo se acogen unos determinados productos como las carnes de pollo, ternera, cerdo, mantequilla, leche concentrada y sin concentrar, cereales, preparados para la industria a base de frutas, cereales, forraje, papas de siembra, queso, etc. Son productos para el consumo directo, productos que son materia prima de nuestras industrias agroalimentarias e insumos o medios de producción para nuestro sistema agrario.

Las cantidades que se benefician del REA deben ser únicamente las que resultan necesarias para el suministro regular de estos productos en Canarias, por lo que este sistema no debería obstaculizar el buen funcionamiento del mercado interior. Es decir, se debe conciliar las ayudas al consumo de productos básicos de importación con el apoyo a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales.

El objetivo, por tanto, es claro. El REA debe paliar el sobrecoste en la economía canaria por la condición territorial y social. Estos sobrecostes son varios, entre ellos el transporte pero también el almacenamiento, las instalaciones múltiples, gastos en energía, agua, etc.

Es evidente que la aplicación del REA debe paliar este sobrecoste en los precios de venta de los productos. Es decir, que debe repercutir sobre los precios al consumidor. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2013, constata que no es así realizando un trabajo comparativo de precios de tres productos básicos: el pollo, la lecha entera y la mantequilla.

Este estudio arroja que durante los años 2006-2011 el precio que pagaban los consumidores por la carne de pollo era similar en Tenerife y en Sevilla, oscilando entre los 2,5 y 3 euros el kilo. Pero, para Las Palmas el precio siempre ha sido superior. En el caso de la mantequilla, también sucede algo similar, no así en la leche entera.

El REA representa y significa un modelo de desarrollo que debe mantener un equilibrio razonable entre el sector agrícola, el industrial y el comercial establecidos en Canarias bajo la premisa de tener un nivel de precios razonables y con un respeto escrupuloso a la libre competencia en el mercado canario. Sin embargo no es así. Las industrias canarias no pueden competir con los precios de los productos subvencionados. ¿Cómo pueden competir los productores de las islas con los precios de, por ejemplo, las mermeladas importadas? ¿cómo es posible que importemos quesos que somos capaces de producir?

Canarias es dependiente desde el punto de vista agroalimentario de casi el 90%, es decir producimos poco más de un 10%. ¿No creen que tenemos potencial para producir más en las islas y por tanto diversificar nuestra economía? Hay que hacer un esfuerzo por conciliar las ayudas al consumo de productos básicos de importación con el apoyo a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales. Sólo así avanzaremos hacia la soberanía alimentaria en Canarias.