El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este viernes que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo decreto ley de vivienda asequible, después de que PP y Vox alcanzaran un acuerdo que incorpora el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas para vivienda protegida, pública y de alquiler. El anuncio, realizado a través de su cuenta en X, coincidió en el tiempo con el inicio de la intervención de la portavoz socialista, Carmina Fernández, en la segunda jornada del debate del estado de la Región.

“Estamos decididos a poner soluciones eficaces al problema de la vivienda que ha creado Sánchez. La próxima semana, el Gobierno de la Región de Murcia aprobará un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible. Los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda”, escribió López Miras.

El acuerdo entre populares y la formación de Santiago Abascal se hizo público durante el propio debate. El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, planteó al PP que el decreto podría estar aprobado “la semana que viene” si los populares votaban a favor de tres propuestas de resolución de su grupo: el compromiso de no construir viviendas en polígonos industriales rodeados de chimeneas, la salvaguarda de las zonas comerciales de los municipios y, el punto más controvertido, la aplicación de la prioridad nacional en todas las ayudas destinadas a vivienda protegida, pública y de alquiler.

El portavoz popular, Joaquín Segado, respondió con un escueto “las aceptamos”, despejando así el camino para que el decreto ley sea aprobado por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, convalidado en la Asamblea. Para ello será necesario abrir un periodo extraordinario de sesiones, ya que el ordinario concluye el próximo martes.

El concepto de prioridad nacional ya ha sido incorporado por el PP en los acuerdos de gobierno firmados con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero su encaje constitucional genera serias dudas entre los expertos, puesto que el ordenamiento jurídico impide discriminar a las personas por su lugar de nacimiento.

Un decreto que ya cayó una vez

No es la primera vez que el Ejecutivo de López Miras intenta sacar adelante esta norma. El Consejo de Gobierno aprobó a finales de septiembre de 2025 un primer decreto ley de vivienda asequible, pero la Asamblea Regional lo derogó el 31 de octubre con los votos en contra de PSOE, Vox y Podemos-IU.

Tras la derogación, López Miras anunció que tramitaría la norma como proyecto de ley exprés, acusando a la oposición de formar una “pinza” que impedía la construcción de miles de viviendas para jóvenes y familias. El PSOE, a través de su diputado Miguel Ortega, defendió entonces que el decreto “solo es bueno para hacer negocio”, al no incluir ninguna medida para abaratar los precios.

Ahora, ocho meses después, es Vox -ya sin Antelo al frente del grupo tras su salida de la formación- quien allana el camino al decreto a cambio de la prioridad nacional. El objetivo declarado por el Gobierno regional es promover la construcción de 25.000 viviendas destinadas a jóvenes y clases medias en los próximos cinco años, mediante primas de edificabilidad a los promotores y la simplificación de trámites administrativos.

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha rechopracho que el presidente de la comunidad murciana, Fernando López Miras, ha convertido el Debate sobre el Estado de la Región se ha convertido en “un simple tablón de anuncios”: “Da promesas que sirven para ocupar titulares durante unas horas, pero que después nunca se materializan”.

“Estamos ante un Gobierno Regional agotado, que se puede definir con tres palabras: abandono, parálisis y mentiras. Tengo 37 años y, desde que tengo uso de razón, llevo escuchando los mismos problemas en la Región”, ha apuntado.

Lucas ha hecho estas declaraciones tras la intervención del presidente regional, Fernando López Miras la primera sesión del Debate del Estado de la Región: “Hoy hemos asistido, una vez más, a un ejercicio de ciencia ficción, a una intervención que describe una Región de Murcia que solo existe en la cabeza de López Miras”.

En este sentido, ha indicado que, después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular, se sigue hablando de las mismas necesidades y arrastrando los mismos problemas. “Da la sensación, o eso pretende, de que López Miras acaba de llegar, pero lleva ya nueve años al frente de la Presidencia de la Comunidad Autónoma”.

“Nueve años en los que ha sido incapaz de resolver estos problemas, sin construir ninguna vivienda pública, suspendiendo clases por la falta de aulas climatizadas; nueve años poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los propios bomberos por falta de medios, y aumentando las listas de espera en sanidad; nueve años que terminan con el mayor escándalo en la historia de nuestra Región: la trama de las prótesis”, ha remarcado.

Al hilo, ha afirmado que López Miras ha perdido una magnífica oportunidad para dar explicaciones y, sobre todo, para pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas de la Región, pero no ha dado ni una explicación, ni una disculpa, ni un gesto de empatía. “Ha demostrado, una vez más, que no está a la altura”.

“Después de nueve años como presidente de nuestra Región, cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué será recordado López Miras? ¿Por la sopa verde del Mar Menor? ¿Por los más de 400 altos cargos que se saltaron el protocolo de vacunación en la pandemia? ¿O por la trama de las prótesis?”.

Lucas ha insistido en que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia merecen mucho más, y ha trasladado un mensaje de esperanza: “Estamos preparados para abrir una nueva etapa en la Región de Murcia, para sustituir la parálisis por la acción y cambiar la resignación por la ilusión, para construir, entre todos, una Región de Murcia con más justicia social, con más calidad de vida y con más oportunidades. Somos la alternativa y seremos el futuro gobierno de la Región de Murcia”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado al Debate del estado de la comunidad autónoma con muchos frentes abiertos, pero sacando pecho de cifras y con un capazo de propuestas y promesas. “Confianza”, “certezas” y “estabilidad”, son las palabras que el presidente ha reiterado en un discurso en el que ha rehuido de hacer referencia de los titulares que han asolado a la Comunidad. Un debate que llega justo un mes después de la última sacudida política en la Región con la renovación del Gobierno murciano en plena crisis por el fraude de las prótesis vasculares.

Sin embargo, la única alusión del presidente al mayor escándalo sanitario de la historia murciana ha sido brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércolespor los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”, ha resaltado.

Así ha despachado la alargada sombra de la trama de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Quedará por ver si, cuando llegue el turno de intervenciones de la oposición el próximo viernes, López Miras tendrá que tratar de convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”. Ahora, López Miras ha anunciado la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia: “Un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y Asociaciones de Pacientes”, ha definido.

“Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso. Porque en cáncer ganar tiempo es ganar oportunidades de vida”, ha abundado.

Lopez Miras ha anunciado que la Región de Murcia dejará de ser una de las nueve comunidades autónomas que aún mantienen el copago a las ayudas de la ELA: “La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones de los enfermos es una indignidad, porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma, porque la única y exclusiva responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, de su Gobierno y de su ministra de Sanidad”, ha reprochado. El copago está contemplado por la normativa estatal de la Ley de Dependencia, que prevé la financiación especial de 500 millones para la ley ELA.

“Normalidad democrática”

López Miras ha atribuido a su gobierno una “normalidad democrática”, y ha sacado pecho de las cuentas autonómicas: “Hemos aprobado anualmente los presupuestos generales de la Región de Murcia”, ha presumido. Pendientes todavía de aprobar los presupuestos de este 2026, el Ejecutivo confía tenerlos “antes de agosto”.

El presidente ha presumido también de datos de empleo: “Al inicio de esta legislatura contábamos con 660.000 ocupados y hoy superamos los 711.000 mil murcianos y murcianas más trabajando desde el inicio de la legislatura”. Respecto a la tasa de paro, ha bajado “dos puntos” en los últimos ocho años, de 126.000 personas sin empleo a 72.500.

El presidente ha nombrado, además, la estrategia de impulso al empleo presentada este mayo y que está dotada de 400 millones de euros para alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados en 2029 y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.

Respecto al PIB, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que más ha incrementado su PIB en la última década, un 56%, “solo superados por Madrid y Baleares”. Según López Miras, la economía regional creció un 4,5% en 2025: “La cifra más alta de España, lo que refleja una economía más abierta y competitiva; basado en un modelo basado en la industria, el emprendimiento y la simplificación administrativa”. Y ha cifrado en 13.728 millones de euros las exportaciones el pasado ejercicio, un 30% más que antes de la pandemia. Más de cinco mil empresas de la Región vendieron sus productos en el exterior, ha señalado.

2.000 plazas para FP y secundaria

En educación, López Miras se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Climatización 2026-2030, con una inversión de 89 millones de euros para que “todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia cuenten con la temperatura adecuada”. Se trata de una reclamación histórica por parte de padres y de la comunidad docente: esta semana las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura llevaron el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo, después de no recibir una respuesta “efectiva” por parte de la consejería de Educación.

Al tiempo, López Miras ha anunciado el lanzamiento de 2.000 plazas para “Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos” en la convocatoria de oposiciones de 2027.

Deducciones fiscales

“Hay quienes piensan que los problemas se solucionan con nuevos impuestos y quienes pensamos lo contrario: que las familias saben cómo administrar sus recursos; y ese ha sido el camino seguido por su Gobierno”, ha continuado el presidente en su discurso. López Miras ha destacado que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deducciones fiscales para familias, autónomos y clases medias. Y ha concretado que cerca de 800.000 contribuyentes se han beneficiado en la última campaña de la renta de las 27 deducciones autonómicas existentes, con un ahorro conjunto de 45 millones de euros.

“Conviene detenerse en ello porque hay miles de personas que encuentran en estas medidas una ayuda real para afrontar el día a día”, ha apuntado al tiempo que ha dado un dato: nueve de cada diez contribuyentes beneficiados por estas deducciones tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales.

El presidente regional ha anunciado la extensión de la la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a todo el grupo tercero de parentesco, mediante la incorporación al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad. “Lo haremos progresivamente, empezando con un 25% de esa bonificación con aplicación inmediata”. La medida supondrá, según afirma, un ahorro de seis millones de euros y beneficiará a 3.200 ciudadanos. Una rebaja fiscal que ya se aplica, ha dicho, al impuesto de donaciones. “Avanzamos así en nuestro objetivo de que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida”.

El presidente ha concretado que 160.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones en donaciones y sucesiones en la Región de Murcia. Y ha asegurado que el 97% de los expedientes corresponde a herencias inferiores a 50.000 euros, es decir, “a clases medias y trabajadoras que reciben el fruto de décadas de esfuerzo familiar”.

Con una frase, “libertad frente a intervención, crecimiento frente a conformismo”, ha querido resumir la política económica desarrollada durante los últimos años, “basada en generar confianza, reducir cargas para ciudadanos y empresas y construir una administración más cercana”.

40 millones en extinción de incendios

El Gobierno regional ha reforzado el sistema de emergencias y extinción de incendios con una dotación de 40 millones de euros, ha defendido López Miras, frente a los 28 del pasado ejercicio. Y ha previsto la incorporación de nuevos efectivos en las próximas semanas. El Ejecutivo ha subrayado la importancia de la planificación y la coordinación en la respuesta ante situaciones de riesgo e incendios.

En materia medioambiental, ha defendido la inversión de 306 millones de euros desde 2020 en la recuperación del Mar Menor y ha rechazado su utilización como elemento de confrontación política. Ha anunciado además nuevas actuaciones, como la licitación del Centro de Recuperación de Especies y la culminación de proyectos en El Carmolí.

López Miras ha vuelto a reclamar al Gobierno central mayor implicación en infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, así como la ejecución de obras pendientes en la Confederación Hidrográfica del Segura, la planificación de la red eléctrica y el avance en carreteras y autovías estratégicas para la Región.

“Increíble el nivel de bajeza al que está llegando López Miras”, ha escrito este jueves en la red social X la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín. “Le pregunto por la gravísima trama destapada en el Servicio Murciano de Salud que ha defraudado casi 7 millones de euros y llegó a implantar prótesis caducadas a pacientes y su respuesta es que yo salivo y me excito pensando en la corrupción del PP”, ha continúado Marín, quien ha reflexionado sobre si el presidente “¿respondería así a un hombre?” y ha considerado que “además de por su gestión corrupta, López Miras tiene que dimitir por misógino y machista”.

Marín ha interpelado este jueves al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, para conocer qué actuaciones ha llevado a cabo “frente al escándalo de presunta corrupción destapado por la UDEF en el Servicio Murciano de Salud (SMS)”. En su pregunta parlamentaria, ha hecho referencia a los “sobreprecios en la adquisición e implantación” de prótesis vasculares, que habrían ocasionado un perjuicio de siete millones de euros a los fondos públicos, así como “al extremo” de que estas prótesis, pese a encontrarse caducadas, fueran utilizadas en intervenciones quirúrgicas derivadas a centros de sanidad privada.

“Señor López Miras, dimita, pida perdón y márchese antes de que la UDEF llame a la puerta de la señora Ayala (titular del departamento regional de Salud) y quién sabe si a la suya propia”, ha dicho la diputada de Podemos, quien ha vuelto a referirse a la recién nombrada consejera como “la señora X de la trama de las prótesis”, y ha acusado a López Miras de intentar “taparlo todo” con su ascenso. “Usted se ha convertido en cómplice. La mierda les llega ya por el cuello y rebosa por todas las ventanas de San Esteban, donde hay que entrar a desinfectar urgentemente”, ha manifestado.

“Los únicos excrementos que hay aquí hoy han salido de su boca”, le ha contestado el presidente, quien ha añadido que en el “presunto” fraude e “irregularidades económicas en las prótesis, la policía, los fiscales y los jueces han señalado a los presuntos responsables y no hay ni un cargo público; usted intenta salivar y se excita pensando que pueda haber algún representante del Partido Popular, pero no lo hay”.

La diputada de la formación morada ha señalado que al perjuicio económico detectado “hay que sumarle un millón de euros pagado indebidamente en concepto de IVA”, y ha establecido una comparación con la comisión vinculada al rescate de Plus Ultra “que ha puesto en la diana al expresidente Zapatero”, cuya cuantía ascendió a 530.000 euros. “Si Pedro Sánchez tiene que dimitir, entonces usted tiene que seguir el mismo camino. Tiene que salir hoy mismo de San Esteban y no volver nunca”, ha afirmado.

“Hoy le hemos preguntado”, ha continuado Marín, “por las medidas que ha tomado usted personalmente frente a esta indecencia, pero la única medida real que ha llevado a cabo es nombrar como consejera de Salud a Isabel Ayala, la directora gerente del SMS que permitió este escándalo”.

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

La política en la Región de Murcia está viviendo en este mes de mayo una sacudida detrás de otra. El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado las ondas del terremoto que hacen temblar los centros de poder de la Región para realizar un cambio de Gobierno, tal y como hizo a finales de la legislatura anterior. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, abandonan sus responsabilidades y son sustituidos por Joaquín Buendía, por el momento gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, e Isabel Ayala Vigueras, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, respectivamente. La portavocía la asumirá la hasta ahora consejera de Empresa, Marisa López Aragón, desplazando a Marcos Ortuño, quien retiene la consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias y añade Juventud. López Aragón gana el mayor peso político al asumir también la cartera de Economía, Hacienda, Portavocía Fondos europeos y transformación digital, anteriormente en manos de Luis Alberto Marín, quien se hace cargo de Empresa, Empleo y Economía Social, en lo que supone un intercambio de áreas.

El presidente murciano ha explicado en su alocución el Palacio de San Esteban que la Región se enfrenta a una “etapa clave” y ha subrayado su disposición a proteger el Mar Menor y la agricultura. López Miras ha vuelto a poner sobre la mesa los “problemas” de financiación de la región y el “déficit histórico de infraestructuras”. Frente al ruido, la confrontación y corrupción nacional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la estabilidad. “Gobernar es anticiparse”, ha concluido.

“No ha sido un año corriente”. Con esa frase arrancaba el anuncio de la última remodelación de López Miras hace ya dos años. Tampoco este lo ha sido. El murciano Fernando López Miras ha afrontado este jueves una nueva remodelación de su gabinete. Y lo ha hecho en un momento de especial presión política marcado por las crisis institucionales, la inestabilidad en el equilibrio municipal de ayuntamientos como el Cartagena o el desgaste derivado de la gestión de varios frentes judiciales y sanitarios que han tensado la agenda pública en la Región. No en vano, la reestructuración coincide con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, ha sido una de las integrantes del Gobierno regional apartadas por el presidente Fernando López Miras en la remodelación. Su salida se relaciona con el desgaste generado en torno a la gestión de un informe sobre la calidad de los suelos del Campo de Cartagena. Un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por su departamento en 2023 y en el que se detectan concentraciones muy elevadas de metales pesados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La controversia sobre el tratamiento administrativo del documento, su publicación y las acusaciones de falta de transparencia han intensificado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas, situando la gestión ambiental y agraria en el centro del debate político regional.

Este movimiento de piezas llega dos años después de la última remodelación del Ejecutivo, el 15 de julio de 2024, cuando el presidente Fernando López Miras anunció una nueva composición del Consejo de Gobierno tras la salida de varios consejeros de Vox. Aquella crisis se produjo como consecuencia de la ruptura del partido de Santiago Abascal de los pactos autonómicos a nivel nacional, lo que provocó la salida de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo del Ejecutivo regional. Tras esa crisis, el PP ha gobernado en solitario en la Región de Murcia, con una estructura de gobierno que ahora afronta su primera reordenación de calado desde entonces.

En aquella remodelación de 2024 se incorporaron Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro, al frente de Fomento e Infraestructuras. Ese ajuste buscó estabilizar el Ejecutivo con perfiles técnicos tras la ruptura de la coalición.

Murcia y Cartagena

A nivel municipal, el tablero también se ha movido con fuerza. En Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo ha logrado desactivar una moción de censura tras la fractura interna de Vox y la retirada de apoyo de exconcejales del partido, en un episodio que ha evidenciado la implosión de la formación en la ciudad portuaria. Y en la capital regional, Murcia ha visto cómo Rebeca Pérez tras el fallecimiento del exalcalde José Ballesta.

En paralelo a la remodelación del Gobierno regional, la crisis interna de Vox en la Región de Murcia se ha traducido también este jueves en la salida de José Ángel Antelo del partido, al que acusa de haber abandonado su papel como alternativa política para convertirse en un proyecto controlado por un reducido núcleo de dirigentes. El hasta ahora diputado regional ha justificado su decisión en lo que considera una deriva interna y en la “falta de coherencia estratégica” de la formación, que, según sostiene, “se ha alejado de sus principios fundacionales y ha perdido cohesión orgánica”.

Antelo sí que ha subrayado que mantendrá el apoyo a aquellas iniciativas que considere “beneficiosas” para la Región de Murcia, especialmente en materias como vivienda, inversiones en infraestructuras o proyectos vinculados al desarrollo regional.

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP tienen por primera vez en mucho tiempo una pugna abierta por su presidencia nacional. El congreso, convocado para el próximo 11 de julio, enfrentará al menos a dos candidatos: Ignacio Dancausa, líder de las juventudes del PP de Madrid y candidato con el respaldo explícito de Isabel Díaz Ayuso y la simpatía del secretario general del partido, Miguel Tellado, y Antonio Landáburu, presidente de esta organización juvenil popular en la Región de Murcia, que ha anunciado este martes su candidatura con un discurso de unidad territorial y apoyo a Alberto Núñez Feijóo.

“Es el momento de mojarnos”, ha apuntado Landáburu en un vídeo la publicado en la red social X, donde ha escenificado su anuncio en el Kilómetro 0 y en la fuente bajo la estatua ecuestre de Carlos III de la Puerta del Sol. “Esto va de unir a todos los jóvenes en torno al proyecto de Alberto Núñez Feijóo”, explica en esa misma publicación.

“En este tiempo, muchos compañeros me han animado a dar el paso”, señala el diputado regional aguileño en la red social. Su objetivo, añade, es “construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas, una organización donde cada afiliado cuente, donde todos los territorios sean protagonistas”.

En esta breve alocución repite la palabras “todos” hasta en nueve ocasiones, queriendo reflejar en su propuesta de 'Juntos, vamos a más' una imagen más descentralizada y plural de las Juventudes del PP. La periferia también quiere llegar al centro del tablero político popular, tal y como hizo Feijóo desde Galicia. Landáburu aspira a encarnar, precisamente, esa sensibilidad descentralizada que Génova necesita equilibrar frente al peso específico de Madrid.

Landáburu (Águilas, 1997), con estudios en Derecho aunque sin terminar la licenciatura por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lleva toda su trayectoria política vinculado a las juventudes del PP. Fue secretario general de NNGG en Águilas y concejal en ese municipio costero entre 2019 y 2023, y preside la organización juvenil autonómica desde 2021. Actualmente, es diputado en la Asamblea Regional, donde ejerce como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y defiende las iniciativas de juventud y vivienda.

Respaldos explícitos

El aguileño llegó a la presidencia de NNGG de la Región tras un proceso marcado por las tensiones internas. En octubre de 2021, cuando dimitió el anterior presidente de la gestora, Francisco José García, la dirección nacional de esta organización juvenil del PP designó a Landáburu como su sucesor sin convocar un congreso, lo que provocó una concentración de protesta de militantes críticos frente a la sede del partido, que exigían elecciones democráticas conforme a los estatutos. El nombramiento contó con el respaldo explícito del jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, del que Landáburu se había declarado “fan incondicional”.

Ocho meses después, ya con el congreso convocado, el actual presidente de las NNGG murcianas se presentó como candidato único con 741 avales -cuando solo se necesitaban 85- y ningún rival se atrevió a disputarle el liderazgo. El 15 de octubre de 2022 fue elegido presidente con el 99,2% de los votos en el XIV Congreso celebrado en Murcia, poniendo fin a cuatro años de interinidad en la organización juvenil del PP regional.

Su contendiente, Dancausa, fue elegido presidente de NNGG Madrid en noviembre de 2022 con el 95% de los votos, por designio de Díaz Ayuso, quien vio en él un futuro líder y valoró especialmente su perfil emprendedor y su presencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, uno de los bastiones universitarios de la izquierda.

Afiliado al PP con 18 años, mezcla en su trayectoria la actividad política con experiencias laborales y empresariales y, con 24 años, dirige la estructura juvenil popular más numerosa del país en cuanto a afiliación. Si resulta elegido, se convertiría en uno de los interlocutores orgánicos más próximos a Ayuso en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Presente y futuro

Casi todo el que manda algo en el PP ha pasado por Nuevas Generaciones, la organización juvenil que sirve para formar a los cuadros llamados a ocupar los cargos más relevantes. El caso más ilustrativo es el de Juan Manuel Moreno, que presidió NNGG entre 1997 y 2001 antes de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. Ayuso, por su parte, medró desde la organización autonómica madrileña que entonces lideró Pablo Casado, quien a su vez llegó a la presidencia nacional del partido. La organización juvenil es el primer espacio donde se dirimen las correlaciones de fuerzas que años después aterrizan en los congresos regionales y nacionales.

La capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta (PP), fallecido de cáncer a los 67 años el domingo por la noche, se ha instalado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el lunes a las 10h de la mañana y permanecerá abierta a la ciudadanía murciana hasta las 22h de la noche. Dos policías de gala han flanqueado el ataúd de Ballesta, que estaba cubierto con las banderas de la Región de Murcia y de España. Mientras seguían llegando coronas y ramos de flores a la plaza de la Glorieta, murcianos y murcianas rodeaban en fila el Consistorio para despedirse de su alcalde. El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha sido el primero en presentar su respeto a la familia a las 9.30h y ha sido recibido por la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez. El presidente murciano ha reconocido que la obra de Ballesta se puede comprobar “viendo cómo sus vecinos están rodeando” el Consistorio.

López Miras ha inaugurado el libro de firmas en la Sala de Corregidores que, seguidamente, se ha puesto a disposición de todos los asistentes. “Ballesta ha sido un ejemplo para todos, ha dignificado el servicio público [...] Hizo de Murcia su pasión, su forma de vida y ha luchado hasta el final”, ha expresado Miras tras abandonar la capilla ardiente.

Miras ha reconocido en la figura de Ballesta “un ejemplo a lo largo de su vida”, pero ha puesto en valor especialmente que durante estos últimos meses de enfermedad, ya que “ha sido un ejemplo de compromiso, de trabajo y de vitalidad”. No ha habido comunicación oficial de su dolencia y, de hecho, Ballesta asistió al último Pleno celebrado en la Corporación el pasado 30 de abril. “Ha sido una suerte poder aprender de él cada día: era un maestro de maestros”, ha dicho un presidente murciano circunspecto.

“La ciudad va a despedir a un alcalde que será eterno, cuyo legado ya está en las páginas de la historia de la ciudad de Murcia y de la Región de Murcia”, ha expresado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha agradecido a la prensa su presencia. “Anoche ya estuve con su familia y con su otra familia, que son sus concejales. Son momentos muy duros para todos”, ha concluido.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en memoria del alcalde. Durante ese periodo, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y han quedado suspendidos los actos institucionales previstos. El funeral se celebrará el próximo martes a las 11h de la mañana en la Catedral.

“Un hombre muy querido”

“Don José Ballesta venía muchas veces a escuchar la santa misa. Siempre se ha portado con mucho cariño hacia nosotros. Es un homenaje pasar por la capilla ardiente”, ha señalado el sacerdote de la parroquia de San Miguel, Juan Antonio Alonso Costa, mientras esperaba su turno en el lateral del Ayuntamiento murciano. También su compañero del colegio Maristas Murcia Antonio Almarza ha querido despedirse de él junto a su mujer: “Este año hemos cumplido 50 años de promoción. Tengo amistad con él desde pequeño y mis hijos, también. Hemos venido a darle el último adiós a un gran amigo y una gran persona”.

“Era un hombre muy querido”, ha sido el comentario que más se escuchaba entre los vecinos. Laura Ortín ha venido a darle “el último adiós” al alcalde murciano: “Venimos en representación de una asociación de arquitectura que se llama Open House. El alcalde nos apoyó desde el primer momento”. También la autora Fuensanta Tomás Aldeguer, conocida como Santica, ha querido despedirse de Ballesta junto con sus amigas: “Se va sin ninguna mancha”. Para Yamilé Millares, de origen cubano, Ballesta ha sido “el mejor alcalde de todos los tiempos”. De hecho, cuando se paseaba por la ciudad de Murcia en desfiles y procesiones durante los dos años que llevó el bastón de mando el socialista José Antonio Serrano seguía siendo aclamado como alcalde.

Ballesta llegó a la alcaldía de Murcia en 2015 de la mano del PP y lo hizo sin mayoría absoluta, con 12 concejales, lo que le obligó a apoyarse en Ciudadanos, que había irrumpido en la Corporación con cinco escaños. Aquel primer mandato sentó las bases de una relación algo atormentada con la formación naranja que sí entraría a formar parte del gobierno en el siguiente hasta que en 2021 Ciudadanos, PSOE y Podemos sacaron adelante una moción de censura que le apartó de la alcaldía. Ballesta regresó en 2023 y lo hizo con mayoría absoluta, cerrando así el ciclo que él mismo había abierto ocho años antes.

El Parlamento murciano bien podría ilustrar el 'eterno retorno' de Nietzsche: la vida y sus acontecimientos se repiten infinitamente de la misma manera. De esta forma, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha ido encontrando con distintos 'díscolos' de Vox y de Ciudadanos con los que cincelar una mayoría absoluta que no ha obtenido en las urnas. Los líderes son reemplazables, pero los escaños son insustituibles, y en estos momentos Vox cuenta en la Región de Murcia con dos asientos menos. La salida del partido de extrema derecha por parte de la diputada Virginia Martínez puede suponer un descalabro mayor para los de Abascal que el cese de su antiguo presidente provincial, José Ángel Antelo. Tras su decisión el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitará el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos. Con las nuevas cuentas, Vox ha pasado de ser el mal necesario del Partido Popular.

La dimisión de Virginia Martínez se veía venir desde que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario: “Ha aprovechado para marcharse la ola de dimisiones que ha habido primero en Torre Pacheco y Cartagena”, apunta el politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), Ismael Crespo.

Martínez llegó a Murcia de manos de Ortega-Smith: “nadie la conocía en la Región”. Sabe cómo hacerse con el foco político: en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia y causó un gran revuelo en los medios. La describen como “tremendamente ambiciosa”.

En la carta que escribió para explicar su abandono del grupo parlamentario de Vox, la diputada expuso su desengaño de “un partido que venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares”. Antiguos dirigentes del partido se muestran críticos con su antigua formación: “Después de predicar la meritocracia, al final esta va de colocar a la nuera o a la novia”.

“Estas gotas de agua que van cayendo sugieren que hay alguien detrás marcando los tiempos para desgastar al partido”, opina una fuente próxima a Vox. En el entorno de la formación creen que existen posibilidades de que surjan nuevas iniciativas en torno a Iván Espinosa de los Monteros, por un lado, o a Javier Ortega-Smith y Juan García-Gallardo y que la dimisión de Martínez sea parte de esta estrategia. “Otra posibilidad es que se integren en SALF o negocie para entrar en el PP, que está buscando una imagen más dura”. “Todas las opciones están encima de la mesa. [...] En España Vox tiene mil fuegos y llega un momento en que cuando todo se repite, se ve un patrón”, señalan otros.

Con esta nueva configuración parlamentaria, se le abre al Ejecutivo la posibilidad de ver aprobadas medidas clave, como la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno. La dimisión de Martínez llega en un momento “muy oportuno” para el PP, apunta el diputado por Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos: “Si la Ley se aprueba después de estar atascada desde enero, tendremos la prueba de algodón de que ha tenido lugar una operación por parte del Partido Popular para lograr los votos que le faltan”. 

No es la primera vez que al Partido Popular le caen votos del cielo en el seno de la Asamblea Regional. En el año 2021, una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos amenazó la continuidad del gobierno popular. Pero tres diputados tránsfugas del partido naranja dinamitaron la moción, pasando a formar parte del Ejecutivo murciano: “Al menos Antelo, si quiere seguir en política, va a negociar”, ha señalado Crespo. “Tengo mis dudas sobre qué rédito puede sacar Antelo. Está en una situación comprometida, ni es un gran activo político ni tiene una experiencia estupenda. No tengo muy claro qué puede aportar al PP tras las elecciones autonómicas del 2027”, ha añadido el politólogo.

Queda por ver qué hará el Partido Popular ante estos potenciales socios de gobierno: “Puede pactar con los ex de Vox y sacarlo todo adelante, demostrar que pueden gobernar. También existe la posibilidad de que se mantengan en su parálisis habitual y continúen intentando pactar con Vox”, ha enumerado Crespo, que recuerda que los populares aún tienen pendiente las negociaciones con los de Abascal para formar gobierno en Extremadura. En el caso de que Antelo y Martínez estén considerando sumarse a alguna iniciativa, “van a enrocarse más que nunca en las ideas”, opinan desde el entorno de Vox.

Por su parte, Crespo no descarta que hayan podido influir factores interpersonales: “Con la salida de Antelo, Vox se ha quedado sin referente institucional. Pancorbo es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, por otro lado, el líder parlamentario ha pasado a ser Alpañez, y es sabido que no es un individuo que genere consenso ni siguiera dentro de su grupo”.

“Vox es un partido extremadamente autoritario en sus formas y en su estructura, se dirige absolutamente todo a Madrid, los diputados realmente no pintan nada. Creo que puede despertar cierta frustración cuando alguien ajeno a la política entra a un proyecto y le dicen que solo está para que levanten la mano en las votaciones”, observa Crespo. “A veces vemos la política como una sucesión de cuestiones lógicas, pero en el fondo todos somos humanos. La dinámica del día a día puede llevarnos a decidir en un momento dado sin pensar tanto en cuestiones tácticas o estratégicas”.

El espejo de los díscolos de Vox

No es la primera vez que Vox se encuentra en esta situación. La formación politica sufrió un terremoto político similar en junio de 2020, cuando expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados autonómicos de la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera-, después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

En 2022 Abascal forzó la disolución del grupo parlamentario en la Asamblea Regional y Juan José Liarte, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y Pascual Salvador acabaron en el Grupo Mixto. López Miras supo cabalgar la crisis y consiguió acercar a 'los díscolos de Vox' a sus posiciones. “Se trata de una geometría perfecta”, apunta una fuente próxima al partido de extrema derecha. “Vox quería gente de perfil alto, pero manipulables. Y el problema es que, esencialmente, son dos cosas contradictorias. Ahora, ya, buscan a gente dependiente”, añade.

Estos tres diputados permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo y Martínez no tienen tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Pero, como los díscolos, conservan sus escaños como herramienta negociadora como el PP.

Qué ocurre con el Grupo Mixto

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

Por el momento, Álvarez-Castellanos reconoce que la nueva configuración en el Grupo Mixto pone a IU-Verdes y a Podemos en una situación “compleja”: “A priori todo apunta que va a ser una situación de 50-50, un bloqueo que habrá que desatascar de alguna forma”.

Queda en el aire el papel que tomará Martínez dentro del Grupo Mixto: “Hasta el momento llevamos cinco plenos en los cuales Antelo no ha dicho esta boca mía, no ha pedido intervenir absolutamente para nada. Virginia [Martínez] no sé lo que hará, pero mi impresión es que no la veo muy por la labor de desarrollar una labor furiosa de desarrollo de iniciativas”

“No podemos descartar que esto vaya a ser algo más que que una división del grupo parlamentario Vox y que estén pensando [los ex de Vox] en formar otra formación política de cara al futuro. Si se da el caso, probablemente intervendrán más”, ha concluído el diputado de IU-Verdes.

El electorado murciano

La crisis de Vox, aunque ha hecho temblar a la composición parlamentaria, posiblemente no se haga notar en las urnas: “Al 60% del electorado murciano no le interesa la política, ni nacional ni regional. El otro 40% se maneja en ecosistemas informativos bastante segmentados. Posiblemente, una buena parte del electorado no se va a enterar; no creo que impacte mucho”, explica Crespo.

“Sí es posible que la crisis esté afectando a la idea de que Vox es un partido virgen [de escándalos] como parecía”, añade.

Más de dos décadas después de que cientos de miles de españoles abarrotaran las calles para gritar “¡no a la guerra!” contra la invasión de Irak, la derecha vuelve a situarse del lado de EEUU e Israel. Esta vez, con los papeles cambiados. Es la izquierda la que, desde el Gobierno, ha rechazado el uso de las bases militares compartidas para los bombardeos ilegales contra Irán. PP y Vox, que eran uno en aquel 2003, defienden los ataques y señalan una supuesta soledad internacional de Pedro Sánchez que no es tal.

El presidente del Gobierno compareció este miércoles por la mañana para replicar a Donald Trump, quien unas horas antes había amenazado con cortar los lazos comerciales con España tras la prohibición de utilizar las bases compartidas de Rota y Morón en los bombardeos sobre Irán. “Nuestra posición se resume en cuatro palabras: 'no a la guerra'”, dijo Sánchez. Una apelación directa a la movilización ciudadana de 2003 contra el Gobierno que entonces lideraba José María Aznar, de cuyo ascenso al poder se cumple esta semana el trigésimo aniversario.

Hoy, como entonces, la posición del PP es de respaldo absoluto a EEUU e Israel en su ofensiva militar. “El mundo está mejor sin los ayatolás, sabemos de qué lado estamos”, dijo el pasado lunes la vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección. 

Habían pasado 48 horas desde el inicio de los bombardeos de EEUU e Israel y estas fueron las primeras declaraciones públicas del primer partido de la oposición. Antes, Feijóo se había limitado a publicar un tuit en el que dijo que “España debe estar sin matices junto a las democracias liberales”.

Feijóo no volvió a pronunciarse hasta el martes. Otra vez a través de Twitter, el líder del PP aseguró: “España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes”.

En paralelo, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha respaldado los ataques de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán. Y ha acusado a Sánchez de ser “el mejor amigo de los ayatolás”. “El régimen iraní y Venezuela han estado tras la financiación de la extrema izquierda”, apuntó el lunes, en una referencia a la falsa financiación ilegal de Podemos. “Por eso Pedro Sánchez es el mejor amigo que tienen en Europa los ayatolás y el mejor amigo que tiene Maduro”, dijo.

La realidad es que Vox reconoció en 2019 que pagó el 80% de su campaña a las elecciones europeas de 2014 con dinero de simpatizantes del grupo de oposición iraní Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI). Esas fueron sus primeras declaraciones públicas sobre la guerra contra Irán. Antes y ahora el alineamiento de Abascal con Trump y Netanyahu es total. El líder de Vox estuvo en una de las fiestas que se organizaron en enero de 2024 tras la toma de posesión del presidente de EEUU, quien le dirigió una breve mención expresa.

Escalada tras las amenazas de Trump

Las críticas de PP y Vox han aumentado tras las amenazas expresas de Trump contra España. Derecha y ultraderecha apuntan directamente a que Sánchez y su negativa a colaborar con la guerra ilegal suponen “un riesgo” para la seguridad nacional. 

Este miércoles, Feijóo aseguró en un acto informativo en Bilbao que “la relación con los EEUU debe preservarse”. “España está más aislada internacionalmente que nunca. España no es fiable con EEUU y la UE. España no cuenta para los posicionamientos estratégicos en el mundo”, espetó el líder del PP ante empresarios vascos. Abascal hizo una declaración similar. “Pedro Sánchez ha sido el único líder en toda Europa que ha entorpecido” los bombardeos, dijo el líder de Vox.

Las coincidencias discursivas son absolutas entre la derecha y la ultraderecha. “España no es lo mismo que el Gobierno en precario que tenemos. Que EEUU no confunda al Gobierno con los 50 millones que vivimos en España”, dijo Feijóo. “Ojalá que nuestros países aliados, con los que podemos tener diferencias porque ellos defienden sus intereses, sean capaces de comprender que Sánchez no representa a los españoles”, apuntó Abascal.

Este miércoles, el líder de Vox llegó a exigir que Feijóo registre una moción de censura contra Pedro Sánchez a cuenta de su enfrentamiento con Trump. El PP ha respondido a su supuesto aliado con el silencio.

Abascal ha intentado también ganar eco internacional con mensajes en inglés en Twitter.

La “soledad” de Sánchez

La escalada verbal de la derecha se asienta en el supuesto aislamiento internacional de Pedro Sánchez en su rechazo a que EEUU utilice las bases compartidas de Rota y Morón para sus ataques conjuntos con Israel. Uno de los sustentos de esta afirmación fue la pasiva presencia del canciller alemán Friedrich Merz junto a Trump cuando este lanzó sus amenazas. Un silencio que fue interpretado como asentimiento. 

Merz es uno de los principales referentes del PP europeo. Pero el canciller alemán recordó después que “España es miembro de la UE” y que cualquier acción contra ella sería respondida por los Veintisiete. También dijo que las críticas de Trump tenían que ver con las reticencias españolas a incrementar su gasto militar dentro de la OTAN.

Antes que Merz se había pronunciado otra alemana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también defendió a España de los ataques de Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, telefoneó a Pedro Sánchez para solidarizarse con él. El líder español también habló con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien después le respaldó en público.

Ayuso, Moreno y la CEOE, contra Sánchez

También los principales dirigentes autonómicos del PP se han posicionado contra la decisión de Pedro Sánchez. El Gobierno de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso tildó este miércoles “corrupto”, “paria” y “tonto útil de las dictaduras” por su rechazo a la guerra. Pese a los mensajes públicos de respaldo lanzados por las principales autoridades europeas, los de Ayuso mantuvieron el mantra de que “a la España de Sánchez hoy ya solo la felicitan grupos terroristas como Hamás o teocracias como la iraní”.

Desde Bruselas, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también arremetió contra Sánchez. “Es la primera economía del mundo”, dijo sobre EEUU. En su opinión, un bloqueo comercial que todavía no existe “tiene impacto” en la economía andaluza. “Para Andalucía es malo que la primera potencia del mundo tenga pésimas relaciones con España. EEUU tienen que saber diferenciar un mal Gobierno con los españoles. España merece un respeto. Otra cosa es un mal mandatario que tiene unas pésimas relaciones y otra somos los españoles”, afirmó, sobre Pedro Sánchez.

También estaba este miércoles en Bruselas el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien dijo que “es mucho mejor estar con Alemania que con los dictadores de Irán”. 

“Prefiero estar con Francia, con Alemania, con Italia a estar con los Ayatolás. Prefiero estar con la UE, prefiero estar con la UE que con los iraníes”, aseveró.

El mismo marco patrocinó la CEOE en un comunicado. La patronal de patronales culpa al Gobierno de una situación que le pide “reconducir”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que estos días planteará formalmente en el seno del Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua.

“No se dan las condiciones como para que entre de sopetón en marcha esta nueva estrategia Marco del Agua en Europa porque significaría no acompasarla a las necesidades de sostenibilidad y de transición que requiere también nuestro campo”, ha apostillado.

Desde Palazuelos (Guadalajara), donde ha asistido a la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', García-Page ha afirmado que Castilla-La Mancha no es la única que va a solicitar esta moratoria.

Ha apuntado que “la resiliencia hídrica es uno de los grandes asuntos que están cogiendo forma en Europa”, recordando que “una parte importante de Europa no tiene para nada problemas de agua”, por consiguiente “estamos intentando conseguir consensos para con las regiones y los países que sí tenemos problemas con el agua”.

Coincide con el presidente murciano aunque “sorprenda”

En esta propuesta de moratoria, García-Page --asegura-- coincide con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aunque a algunos “les podrá sorprender”. “Estamos de acuerdo en que si queremos fraguar un consenso en torno al agua en España tiene que ser sobre la base de que estemos también de acuerdo, y en eso lo estamos en la moratoria sobre la estrategia marco del agua”.

García-Page ha admitido que dicha estrategia, hasta ahora, “ha sido muy positiva” y hay aspectos de la nueva que “también pueden ser muy positivos para el conjunto de los países y las regiones que tenemos problemas con el agua”, pero “si no se consigue esa moratoria, se van a precipitar acontecimientos que no están ni con mucho maduros ni son del consenso general hoy mismo en Europa”.

De manera que --ha señalado-- la aplicación de esta moratoria tiene que ir de la mano del nuevo marco financiero de la Unión Europea y con de la nueva definición de la política agraria comunitaria. “Lo contrario sería poner el carro antes que los bueyes. Lo vemos así de claro y en eso coincidimos --espero que todas las comunidades autónomas españolas-- pero también con el grueso de las comunidades o regiones que estamos en el Comité de las Regiones”.

Un órgano que, según ha incidido García-Page, está cogiendo peso específico dentro de la Comisión Europea. “Hay una necesidad de que no sólo los grandes partidos políticos sino la representación local y territorial entre, sea porosa e influya en el conjunto de la marcha de la Comisión Europea”.

“Ese prisma de no tomar decisiones en Bruselas en frío desde los despachos sino acometerlas considerando y siendo sensibles con su implicación y con su extrapolación a los territorios es clave para el Comité de las Regiones”, ha finalizado el presidente regional.

Vino y jóvenes agricultores, también en su agenda en Bruselas

Además de agua, el presidente castellanomanchego aprovechará estos días en Bruselas para intervenir en distintos foros, una “apretada agenda” que le llevará a hacer una defensa del vino frente a las “amenazas” que periódicamente se van planteando “siempre en el seno de la Unión Europea intentando su restricción o su estigmatización”.

También ha recordado que va a encabezar y pilotar en el Comité de las Regiones la ponencia sobre la incorporación de jóvenes a la agricultura, que considera que es “clave”.

Igualmente, ha defendido que los agricultores y los ganaderos, “lejos de ser quienes pueden complicarle la vida al medio ambiente”, son “los que mejor pueden entender el medio ambiente que nos rodea, su sostenibilidad no sólo paisajística o ecológica sino también patrimonial y económica”.

El PP cree que lo que plantea no tiene “efectos jurídicos ni ejecutivos”

El vicesecretario institucional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha asegurado este lunes que el anuncio de Emiliano García-Page de acudir al Comité Europeo de las Regiones para plantear una moratoria en la aplicación de la nueva Directiva Marco del Agua “es una declaración sin efectos jurídicos ni ejecutivos”.

Lucas-Torres ha recordado que el Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo, sin capacidad normativa ni ejecutiva para modificar directivas europeas. “Si Page quiere cambiar la Directiva Marco del Agua, el lugar es el Consejo de la UE, donde está sentado el Gobierno de Sánchez, y el Parlamento Europeo, mediante una enmienda legislativa formal. Todo lo demás son palabras”, ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ya ha trabajado esta cuestión con el Partido Popular Europeo (PPE), donde existe el compromiso de promover una modificación de la Directiva Marco del Agua para acompasar la transición ecológica a la realidad productiva del campo.

Además, ha señalado que la eurodiputada y responsable nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha trasladado personalmente a Núñez su compromiso de impulsar una modificación legislativa en el Parlamento Europeo en ese sentido.

“Lo que plantea Paco Núñez es cambiar la norma. Modificar la Directiva Marco del Agua. No hacer una declaración política en un órgano sin competencias”, ha remarcado.

Tras la dana 'Alice', la normalidad no llega para unas 100.000 personas residentes en la Región de Murcia. Un canal de abastecimiento se ha visto afectado por filtraciones de agua con barro, por lo que el suministro de agua está cortado o restringido en decenas de municipios y pedanías ribereñas. Por el momento, según fuentes de la Maconmunidad de Canales del Taibilla (MCT) los vecinos de las localidades de San Javier, San Pedro y Los Alcázares tienen restituido el servicio, que no se podrá usar para el consumo, la alimentación y la higiene, pero sí para el llenado de cisternas o tareas de limpieza de superficies no sensibles. El proceso para restablecer el servicio se ha visto enturbiado por una batería de acusaciones por parte del Gobierno Regional (PP) contra la MCT, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y responsable del suministro.

Esta mañana, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha reprochado que “100.000 personas se encuentran sin agua potable en la Región de Murcia, y el Gobierno de Pedro Sánchez, que es el competente en la materia, no hace absolutamente nada”. En su ofensiva Segado no ha dudado en teorizar en que, si los cortes de agua se hubieran producido en el País Vasco o Cataluña, “Sánchez les llevaría garrafas de agua en persona”.

El portavoz ha afeado que, mientras los ayuntamientos afectados y el Ejecutivo regional “se vuelcan estos días para garantizar algo tan básico como es el agua a sus vecinos” y en “recuperar la normalidad en los municipios afectados por la dana”, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, está “de ‘tournée’ y haciéndose fotos”. Este martes, Ayala comenzó su ronda de visitas por los 45 municipios de la Comunidad para “conocer el estado de los cientos de proyectos financiados por el Ejecutivo central en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.

“Cada día que pasa sin agua potable es un problema para el bienestar de los vecinos, para los empresarios, para colegios, hospitales y centros de salud”, ha lamentado Segado. “Beber agua o ducharse se ha convertido en todo un lujo en los municipios ribereños y pedanías de Murcia, y el Gobierno central no debería permitirlo por más tiempo, pero por desgracia está en la confrontación y en la política miserable”, ha concluido.

Los alcaldes de la zona han afeado a la Mancomunidad la “falta de información” a la que, dicen, han estado sometidos: “Vemos una falta de previsión y transparencia en cuanto a la información que traslada la MCT en lo referente a esta crisis”, ha criticado el edil de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha deseado que en las próximas horas haya una acción “más contundente” del Ministerio para asegurar a la población, al menos, las labores de higiene personal.

La Mancomunidad continúa las labores de limpieza

Por su parte, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha informado este miércoles de que se ha seguido avanzando con las tareas para restablecer el suministro y han continuado las labores de limpieza y desinfección del canal de abastecimiento. Desde primera hora de la mañana, los operarios se han desplazado a la zona del tramo más afectado por las infiltraciones cargadas de barro y “han logrado habilitar el paso de caudales hasta el depósito de El Mirador, un punto clave en la red, ya que desde aquí se abastecen los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares”, los tres municipios con mayores núcleos de población afectada.

Ya se ha conseguido introducir el agua desde la red de producción, pero los caudales todavía no son aptos para el consumo humano. “Servirán -señalan desde la Mancomunidad- para aliviar las molestias causadas a la población al permitir que los ciudadanos puedan usar el agua para tareas no relacionadas con el consumo, la alimentación o la higiene como el llenado de cisternas o la limpieza de superficies no sensibles”.

El restablecimiento en El Mirador va a permitir un paso intermitente de los caudales hacia las tomas del tramo del canal ubicadas en las pedanías de Torre Pacheco y Murcia, donde se dispondrá de un suministro de contingencia (durante determinadas horas al día) con agua no apta para consumo que minimice las consecuencias de la dana“.

En los próximos días, se seguirá avanzando tramo por tramo en el resto de segmentos afectados, “acelerando el ritmo de las tareas de limpieza y desinfección necesarias para el restablecimiento de la normalidad en el servicio”. Desde la Mancomunidad, además, se ha insistido en que los trabajos se están realizando durante las 24 horas del día, “en condiciones de extrema complejidad, dada la estrechez de la infraestructura, la baja disponibilidad de oxígeno y la presencia de cloro en el ambiente por la propia configuración del canal”.

Sin rastro de contaminación fecal

Los resultados de las analíticas realizadas por el servicio de calidad del agua de la Mancomunidad han descartado la presencia de bacterias como la E.coli y los enterococos, lo que invalidaría que las infiltraciones que se dieron en el canal contuvieran aguas residuales o fecales. Tampoco se han encontrado niveles de otros contaminantes “que comprometan la salud, siendo la turbidez y el bajo nivel de cloro los indicadores que se han visto comprometidos, obligando a declarar el agua como no apta para consumo humano”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha calificado de “impecable” la gestión de la Mancomunidad y ha criticado la postura del PP en esta crisis: “Es vergonzoso que ni siquiera reconozca el trabajo que se está realizando ¿Es que quiere el PP que se suministre agua que no es apta para el consumo a los ciudadanos?”.

Fernández ha recordado que los daños que ha sufrido la red son de “gran dimensión”, pero que desde el primer momento se han movilizado todos los recursos “necesarios” para restablecer el servicio lo antes posible, “con todas las garantías sanitarias imprescindibles”.

“El Gobierno regional, una vez más demuestra que no está a la altura; lo que tiene que hacer es apoyar a los ayuntamientos para garantizar a todos los vecinos y vecinas el acceso al agua potable”, ha reprochado.

“Falta de planificación”

El alcalde de Los Alcázares, el socialista Mario Cervera, ha recordado la “falta de planificación” frente a los riesgos hidráulicos que sufren el Campo de Cartagena y el Mar Menor, por la ausencia de un plan de ordenación del territorio. De acuerdo con la vigente Ley del Suelo Regional, las competencias en materia de Ordenación del Territorio corresponden a la Comunidad Autónoma: “Durante décadas se ha actuado sin una planificación global. Los municipios han construido protegiendo nuevas zonas urbanas y los agricultores han protegido sus propiedades desviando las aguas, y esas decisiones acaban generando graves problemas a los municipios costeros como el nuestro”. Durante su intervención, el alcalde ha recordado que Los Alcázares registró más de 115 litros por metro cuadrado, aunque el verdadero problema, ha recordado, “no es lo que llueve en el municipio, sino lo que llueve en la zona alta de la cuenca, desde donde bajan caudales que terminan afectando a nuestro pueblo”.

Cervera también ha mostrado su preocupación por el proyecto de modificación del puente del AVE Murcia–Cartagena, que pasaría de una capacidad hidráulica de 40 a más de 200 metros cúbicos por segundo. “Si ese puente se modifica sin las obras de contención necesarias, todo ese caudal llegaría directamente a Los Alcázares. No podemos permitirlo. Hemos pedido una reunión urgente con ADIF y con la Delegación del Gobierno porque ese puente no se puede tocar mientras no haya garantías de seguridad”, ha señalado.

El edil también ha apuntado al trasvase Tajo-Segura, que durante episodios de fuertes lluvias “aumenta el caudal de las ramblas y aumentando el riesgo a inundaciones en el municipio”. Cervera ha pedido que el trasvase se adapte a la realidad de los pueblos costeros:“No puede ser que se evacuen excedentes hacia las ramblas que desembocan en nuestro municipio, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”.

En octubre de 2022, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, fue fotografiado tomando café con el líder de Vox en esta Comunidad, José Ángel Antelo. Aún faltaba medio año para las elecciones autonómicas de mayo de 2023, que se saldaron con un tortuoso pacto firmado entre ambos partidos y la posterior salida de Vox del gobierno regional diez meses después. A la ruptura le siguió un acercamiento bronco, una sucesión de ultimátums y amenazas por parte de los de Abascal que vieron nacer los presupuestos regionales, la supresión del programa de lengua árabe y la promesa de cierre del Centro de Menores de Santa Cruz. Ahora, el panorama político ha dado un vuelco: en el barómetro de verano del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), el PP ha perdido tres escaños y Vox ha ganado cuatro, adelantando al PSOE. En ese momento, parecía muy lejana la posibilidad de que Vox rebañara del plato del PP.

“El PP ha llegado solo a este punto, los méritos del demérito son suyos”, apunta Ismael Crespo, codirector del CEMOP. “Todos los partidos a nivel regional beben del discurso nacional, y a los populares les pesa la indefinición. Han concluido que si hay otros a los que, con un tipo de discurso, les va bien, pues ellos tienen que aplicar la teoría de la asimilación”.

“Los electores lo que quieren es un discurso fácil de entender y Vox le está dando una narrativa simplista, culpando a los migrantes de todos los males de la sociedad”, recuerda el también codirector del CEMOP, Juan José Escribano. Precisamente, el último ejemplo de los populares tratando de asimilar parte del discurso de Vox se escenificó en Murcia, en la cumbre de barones del PP. Feijóo desempolvó una antigua propuesta de su programa electoral de 2023, el visado por puntos para migrantes: “Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración”, aseguró, poniendo como ejemplo Canadá, Reino Unido y Australia; que no dependen de la Unión Europea y que tienen unas características geográficas y políticas muy diferentes a España.

Por su parte, la última propuesta del PP de la Región de Murcia para ganar a Vox en materia de migración ha sido anunciar este jueves que el gobierno de la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno de España que regula el reparto de menores migrantes no acompañados: “[El Ejecutivo nacional] sigue de brazos cruzados ante la inmigración irregular descontrolada que sufre nuestro país”, ha denunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño.

“El problema es que uno puede tratar un tema igual que otro, pero en la política de hoy la clave no es el qué, sino el quién, el emisor. Y, en el caso de la extrema derecha, el emisor es Abascal, que es percibido como un político confiable”, ha expuesto el politólogo. De acuerdo con Crespo, no ocurre lo mismo con el PP: “A Feijóo se le percibe así por distintos motivos, no solo por él, sino por una trayectoria que se arrastra desde tiempos de Rajoy. Hay que recordar que Vox nace por una escisión del PP, porque Rajoy no cumple una serie de compromisos políticos”.

“El PP suele apoyarse en un discurso económico y con los datos actuales no puede dar una narrativa catastrofista. Al no poder entrar en este marco que es más cómodo para el partido, se deriva al tema de la batalla cultural”. Tratar de la migración en Murcia o del aborto en Madrid es un traje “incómodo” para los populares que, según el politólogo, contraviene el discurso de corte humanista que tradicionalmente ha ofrecido el Partido Popular: “No se han dado cuenta de que hay un elector moderado que ocupa un espacio muy importante en España. Por un lado, está el moderado del PSOE, que está cansado de Sánchez; por otro, el elector moderado del PP, que está harto de las derivas hacia políticas populistas de derechas”.

La “caza” al migrante para ganar votos

Las encuestas de este barómetro de verano tuvieron lugar entre el 1 y 12 de septiembre. La Región de Murcia acababa de atravesar un verano marcado por episodios antiinmigración, concretamente contra la población magrebí. El más destacado tuvo lugar en julio, con las “cacerías de migrantes en el municipio murciano de Torre Pacheco, de las que Vox obtuvo un gran rédito político. Grupos de extrema derecha movilizaron a cientos de ultras de todo el país para perpetrar lo que denominaron ”caza al inmigrante“, después de que un vecino de 68 años sufriera una agresión en la localidad: ”Vox está siempre muy atento para poder aprovechar en sus discursos sucesos que son puntuales y que, en condiciones normales, no hubieran trascendido. En nuestro país hay decenas de agresiones todos los días, perpetradas por españoles o migrantes, y no salen en televisión“, observa Crespo.

El discurso de odio racista y xenófobo inundó las redes sociales durante los disturbios, con más de 138.000 mensajes de odio entre los días 6 y 22 de julio, la mayoría de ellos dirigidos contra personas del norte de África, según un informe extraordinario del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No es descabellado afirmar que Vox llevaba meses esperando un Torre Pacheco. Las cacerías, los discursos con pancartas racistas de fondo y las publicaciones en redes sociales que diferencian el 'ellos' del 'nosotros', podrían haber tenido como escenario cualquier otro municipio del país con gran densidad de población migrante: “En Murcia hay una fuente de votantes de Vox muy importante, que usan a modo de laboratorio. Utilizaron un hecho puntual [la paliza al vecino de 68 años de Torre Pacheco], que podría haber perpetrado cualquiera, para poner durante días en el centro mediático a la Región de Murcia”, ha apuntado Escribano. 

Cómo se informa la generación Z

Por el momento, la estrategia, de acuerdo con los datos, ha funcionado: “El principal problema para la generación Z [los menores de 28 años] es la inmigración y el diferencial de voto entre VOX y el PP entre la generación Z es de ocho puntos a favor de Vox”, ha recordado Crespo, que opina que la popularidad de los discursos de Vox entre los jóvenes no se debe a un problema generacional, sino a cómo se informan. “La generación Z y parte de la generación millennial se está informando básicamente a través de redes sociales, que funcionan con algoritmos que buscan la política del enfado para generar engagement”.

Un terreno, el de las redes sociales, que los de Vox dominan a la perfección: “Vivimos en dos ecosistemas digitales diferentes: uno, de los medios de comunicación tradicionales y otro, de las redes sociales. Vox se mueve en las redes sociales, no se comunica con el otro mundo”, añade el politólogo.

Al igual que en Europa

Colocar a la migración entre las primeras preocupaciones de los murcianos no ha sido solo mérito de Vox, recuerda Escribano: “Ahora mismo en la opinión pública hay un cierto sesgo por lo ocurrido en Torre Pacheco, pero esto es una cuestión que trasciende a la Región de Murcia y España. En Europa está teniendo lugar un deterioro de las fuerzas conservadoras de manera similar a lo ocurrido en los años 30 del siglo pasado. Eso está llevando a que las fuerzas de extrema derecha estén triunfando porque los conservadores están asumiendo su discurso”.

Algo similar ocurre con los partidos socialdemócratas, que modulan su discurso en función de ese discurso irracional que está planteando la extrema derecha: “El propio Partido Laborista en el Reino Unido está endureciendo sus políticas migratorias”, subraya Escribano.

“Se acumula, por un lado, que los jóvenes sufren problemas reales, como pueden ser el de la vivienda y el de los bajos salarios; por otro, se les está vendiendo soluciones ficticias, como pueden ser la expulsión de los migrantes”, ha observado Escribano.

El politólogo no duda de que si Vox falla en replicar lo ocurrido en Torre Pacheco, impulsar la prohibición del rezo en espacios públicos en Jumilla o conseguir el cierre del centro de menores en Santa Cruz la migración acabará bajando puestos entre las preocupaciones de los murcianos: “En la Región, la migración no es un problema real. Se ha logrado que se perciba como un problema a través del discurso”.

“Algo similar ocurrió con el paro. Hace unos años, en una época de bonanza económica, preguntamos en un colegio de primaria cuáles eran los principales problemas del país. Todos contestaron que el paro, pero ninguno conocía a un parado”, ha ejemplificado.

“Se ven las costuras”

Pese a su popularidad creciente y el éxito de introducir temas propios en la agenda política y mediática, según el barómetro, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, gana puntos en notoriedad, pero pierde apoyo entre sus votantes, donde se deja tres décimas. La causa, apunta Escribano, es que Antelo ha tenido “demasiada presencia pública” este verano. 

“Los líderes políticos, por lo general, cuidan mucho su imagen, lo que dicen está cuidadosamente estudiado y ensayado. Sin embargo, a Antelo cuando le han puesto el micrófono en Torre Pacheco ha hablado con poca preparación, y eso lo ha visto mucha gente. Se le han visto las costuras”, ha analizado.

De haber permanecido en “la trastienda”, ha apuntado Escribano, Antelo habría mantenido sus índices de apoyo: “Es un líder que carece de ciertas cualidades, algo similar le está pasando a Feijóo, tenía una imagen cuando gobernaba en Galicia que no tiene ahora. Cuenta con muchos problemas para ser líder”.

Encontrar un contradiscurso, una asignatura pendiente

“No se puede combatir a la ultraderecha en la Región de Murcia con un discurso sesudo de veinte páginas y en formato PDF, simplemente al electorado no le llega”, incide Escribano. El politólogo ha apuntado a que los partidos opuestos a Vox deben “adaptar el mensaje” a un canal que les llegue a los jóvenes. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación: “Las noticias políticas a los jóvenes no les interesan casi nada y las pocas noticias políticas que les llegan es a través de redes sociales. Hay que buscar allí a los jóvenes porque si no se quedan informativamente aislados. Entonces, el primero que llega los engañan y la ultraderecha ha llegado primero”, ha analizado Escribano.

Un buen paso en la buena dirección, ha apuntado, lo tuvo recientemente nombrado secretario general del PSRM y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas. A principios de septiembre, advirtió a través de sus redes sociales que la concentración que Vox pretendía hacer frente al centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz, bajo el lema ‘Tu seguridad es nuestra prioridad’, era ilegal: “[El tuit de Ayala] me pareció inteligente y lo tenía que hacer. Pero claro, tiene que seguir en esta línea para poder llegar a la gente”, advierte Escribano que recuerda que, por el momento, Lucas tiene la peor nota entre los votantes de su partido, un 5,1.

El fracaso del discurso del agua

Mientras el PP trata de posicionarse en materia de migración, en la Región de Murcia está desempolvando el discurso del agua. La disputa por el Trasvase Tajo-Segura, el 'Agua para todos', ha sido una constante en las intervenciones de López Miras. Sin embargo, parece que no está dando sus frutos: entre las preocupaciones de los murcianos, el agua se precipita al antepenúltimo lugar: “El discurso del agua está amortizado, el agua no es un problema para toda la generalidad de la gente, la mayoría de los murcianos abrimos el grifo y tenemos agua. No activa los resortes del miedo, como puede hacerlo la migración”.

Sobre el agua, muy por encima y escalando puestos, se encuentra la percepción del Gobierno Regional como un problema, en el puesto número cuatro: “La gente busca discursos más genéricos, identificar culpables. Esto significa que pueden señalar al inmigrante como causa de sus problemas, pero también al Gobierno regional”.

Continúa la carrera del Gobierno de la Región de Murcia y los regantes de la zona del Trasvase Tajo Segura contra el descenso de los caudales del Tajo. En un nuevo capítulo por la batalla del agua en la Región, el Sindicato Central de Regantes ha presentado este jueves un informe que, aseguran, calcula el Impacto económico del trasvase Tajo-Segura en Alicante, Almería y Murcia.

Según el estudio, elaborado por PriceWaterHouseCoopers, la aportación al PIB nacional de las actividades económicas desarrolladas en la zona del trasvase Tajo-Segura ascendió a 3.912 millones de euros en el año 2024. Además, ha indicado que las actividades de agricultura, comercialización y transformación en las provincias del trasvase Tajo-Segura mantuvieron un total de 102.894 empleos en el año 2024, lo que supone un 5,8 por ciento más que en 2019. 

De acuerdo con sus cálculos, las hectáreas regadas por el Trasvase representan más del 30% de la superficie total de cultivo en las provincias de Alicante (34,7%) y Murcia (31,4%), mientras que en la provincia de Almería suponen el 1,5%. Del total, el 70% de los productos cultivados con el agua del trasvase se destinan a la exportación, “lo que representa una significativa contribución al PIB nacional”:

Recordemos que en mayo de este año el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas remitió al Gobierno central un cálculo que rebaja el volumen 'trasvasable' cuando los embalses de cabecera caen por debajo de los 1.600 hm3 para cumplir con el flujo mínimo legal en el curso. El volumen de las reservas de agua se puede clasificar en tres niveles: el nivel 1 que garantiza un bombeo automático de 60 hm3 mensuales; para el nivel 2 de reservas se ha rebajado la cantidad mensual permitida de 38 hm3 a 20 hm3; y en el nivel 3, el agua trasvasable pasaría de 20 a 11 hm3. También está prevista la reducción de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se entiende que hay sobreexplotación. “Las nuevas reglas rompen la estabilidad de la agricultura del sureste español”, defienden en el informe.

“Este informe no ha sido elaborado por un organismo público, sujeto a tensiones territoriales, ni un lobby empresarial”, ha defendido el director de la consultora en la Región de Murcia y antiguo consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.

Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción, ha recordado que “ninguna cifra de beneficios o laboral justifica saltarse la Ley o contaminar un espacio protegido y un acuífero”: “Cuanto más se jactan del dinero que mueven y los grandes beneficios, más justifican la necesidad de invertir mucho más en prevenir y en solucionar sus impactos”, ha subrayado. El ecologista ha apuntado al discurso “paradógico” de los defensores del Tajo Segura: “Cuando hablan de pedir agua parece que viven en la indigencia y al borde de la quiebra. Cuando sacan pecho, parece que son el sector principal de la economía murciana”.

“Parece que solo hay cambio climático en Murcia”

A la presentación del informe ha acudido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha asociado principios identitarios entre la agricultura, el Trasvase y la Región de Murcia: “Esto [la defensa de la agricultura] va mucho más allá de los números, es nuestra identidad, es lo que somos y lo que sabemos hacer mejor que nadie. No vemos al País Vasco renunciando a la industria o a Galicia a la pesca”.

Sobre la promesa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de tomar “acciones procesales” si las nuevas reglas de explotación del trasvase no entran en vigor antes del mes de septiembre, Miras ha replicado que “son declaraciones que deberían dar igual si se cumple el estado de derecho. Ni su Comunidad ni la mía tienen competencias sobre el agua”.

El jefe del Ejecutivo se ha preguntado por qué el único caudal ecológico que se ha ajustado es el que afecta al Trasvase Tajo-Segura: “Parece que el cambio climático solo está encima de la Región de Murcia”, ha ironizado. Miras omite que este caudal se revisó porque hasta ahora se estaba incumpliendo la Ley de Aguas. El plan de gestión 2015-2021 –elaborado cuando era ministra Isabel García Tejerina (PP)– establecía caudales mínimos, que copiaban los del plan anterior, pero que no se podían calificar de caudales ecológicos, según dictaminó el Tribunal Supremo en el año 2019. Este año, dictaminó que los caudales ecológicos deben aplicarse “de inmediato” y no de forma progresiva como había proyectado el MITECO. Sobre esto, Miras ha valorado que la decisión del Supremo sea “válida”, no quiere decir que esté “bien”: “Jurídicamente, el gobierno de la Región de Murcia puede cerrar hospitales, pues está en sus competencias, pero eso no significa que esté bien”, ha ejemplificado.

Después de un anochecer convulso con varios conatos de violencia, Torre Pacheco ha amanecido este domingo con una mayor presencia de la Guardia Civil y entre llamamientos a la violencia por parte de unos y a la calma por parte de la mayoría de fuerzas políticas. Mientras la derecha ha insistido en solicitar un refuerzo de los efectivos policiales, la izquierda señala a los discursos de odio como germen de lo sucedido anoche.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha reunido con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y ha pedido —48 horas después de que estallasen los conflictos— que “se movilicen todos los efectivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en el municipio”. “Lo que hemos visto durante las últimas horas no puede volver a repetirse”, ha dicho.

El líder autonómico ha hecho además un llamamiento a la calma: “Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir, como lo han hecho hasta ahora, y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros”. “Las gentes de Torre Pacheco son hombres y mujeres honrados, honestos, trabajadores que llevan muchos años conviviendo en paz en su pueblo, y no quieren que esto pase”, ha insistido.

López Miras ha advertido de que “los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos; comprendo la frustración de todos, pero hay que confiar en la ley y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Antes, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, se ha reunido también con el alcalde junto a los responsables de la Policía Local y la Guardia Civil, el coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil y el comisario de la Policía Local. “El objetivo es anticiparnos a todos los escenarios posibles; por eso, vamos a tener todo el dispositivo policial preparado, para estos días continuaremos con un operativo de cooperación de la Policía Local y la Guardia Civil”, ha señalado este mediodía en rueda de prensa.

En esa comparecencia detalló que los conatos de enfrentamientos de la madrugada acabaron con una detención y tres personas heridas leves y destacó también que la presencia policial evitó situaciones de violencia adicionales, algo que confirmó el alcalde Roca Tornel: “Al haber patrullas toda la noche se evitaron males mayores y se pudo contener el altercado; en cuestión de un par de horas la cosa estaba controlada”. A las dos y media de la mañana, ha apuntado, “ya estaba todo tranquilo”.

Por su parte, el secretario general del PSOE en la región, Francisco Lucas Ayala, condenaba el sábado los “graves hechos” sucedidos en Torre Pacheco así como la agresión grupal a un anciano del miércoles, origen de los llamamientos de los ultras a la violencia contra los migrantes. “Es intolerable que se use para sembrar odio y miedo”, afirmaba Lucas, que considera que estos hechos son “las consecuencias de blanquear a la ultraderecha”, antes de hacer un llamado a la calma y la convivencia.

Lucas ha señalado este domingo al presidente murciano López Miras, de quien ha dicho que “sigue sin condenar los mensajes racistas” ni la “actitud incendiaria” de Vox. “Ante la gravedad de los hechos, no cabe la equidistancia”, ha asegurado, antes de exigir al Partido Popular que rompa con la ultraderecha y frente “esta peligrosa espiral de odio de consecuencias imprevisibles”.

Mientras tanto, las cuentas oficiales de Vox en la Región de Murcia han dedicado los últimos días a incendiar las redes sociales con mensajes contra la inmigración, describiéndose como el partido de “la ley y el orden” o haciendo retransmisiones en directo de los disturbios durante la noche. Hasta el momento, desde el partido de ultraderecha han evitado condenar las persecuciones a personas de origen migrante.

También ha habido reacciones políticas a nivel nacional este domingo. Movimiento Sumar ha vinculado los sucesos violentos de este fin de semana con la petición de deportación de ocho millones de migrantes hecha por varios portavoces de Vox. “Una democracia sólida es incompatible con discursos de odio que se traducen en dolor y ruptura de la convivencia”, señala el partido de Yolanda Díaz en una publicación en la red social BlueSky.

Frente a la violencia, desde Sumar exigen una actuación policial “rotunda” frente a los grupos ultra “que se están organizando para promover la violencia” y una investigación “inmediata” sobre la posible vinculación de los llamamientos antinmigración de Vox y sus cargos públicos y estos episodios de violencia. La formación política también pide acelerar la regulación de migrantes en los términos propuestos por la Iniciativa Legislativa Popular '¡Regularización ya!' y que está estancada en el Congreso desde hace más de un año.

Además, la coordinadora de Movimiento Sumar ha calificado de “cacería racista” los hechos de este fin de semana en Torre Pacheco y ha acusado a la “derecha fascista” de alentarlos. “Frente a su fascismo, antifascismo, democracia y derechos”, ha señalado en esta misma red social.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, decía este domingo en la red social X que lo visto esta noche “con ataques y persecuciones racistas” en la localidad murciana “no es casualidad” y apuntaba como origen de estos hechos de forma directa al “odio que Vox agita” y con el que el Partido Popular, en su opinión, “transige”.

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha cuestionado la hipocresía de quienes “no salieron de caza contra los empresarios” que agredieron sexualmente a varias menores de edad “ni contra los asesinos de Samuel al grito de maricón”, en referencia al joven Samuel Luiz, asesinado brutalmente en julio de 2021. Y se ha sumado a otros líderes de izquierdas en la vinculación del odio y del racismo con “lo que genera violencia y nos pone en peligro” en la red social X, a la vez que denunciaba uno de los bulos difundidos por grupos de extrema derecha con el objetivo de incendiar la situación en Torre Pacheco.

Este domingo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado también a la ultraderecha de encender “la mecha” con “incitación al odio” y ha dicho que el discurso de odio, la xenofobia y la violencia contra los migrantes de la localidad murciana “nos interpelan a todos los demócratas” antes de lanzar un aviso: “Estos días han sido ellos. Mañana podemos ser nosotros”.

Por su parte, Comisiones Obreras ha emitido un comunicado en el que pide “contundencia institucional” contra los propagadores de la violencia en Torre Pacheco y afirma que urge “una reacción inmediata de autoridades policiales y judiciales para perseguir a los promotores” de estos ataques contra migrantes y una política de Estado para hacer frente a las ideas racistas y xenófobas.

Desde el sindicato señalan que la mezcla “falaz y miserable” de inmigración e inseguridad es utilizada por la extrema derecha para propagar discursos de odio en entornos sociales donde la inmigración es “un actor económico y laboral imprescindible y también cotidiano” y hace un llamamiento a aplicar el marco legal vigente “con contundencia y agilidad” contra aquellos sujetos, medios, asociaciones y partidos políticos que promueven “noticias falsas que infunden odio y llaman a la violencia contra personas, grupos o colectivos”.

Ya en la noche del sábado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitaba al Gobierno un refuerzo de los efectivos en la localidad murciana de Torre Pacheco para “frenar la espiral de violencia inmediatamente”.

Así lo afirmaba el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que desvelaba una conversación con el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

“Responsabilidad, convivencia y protección de todos”

Por su parte, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la convivencia y la protección de todos. Y ha condenado “las manifestaciones violentas organizadas en Torre Pacheco, en las que se ha incitado directamente al odio y el enfrentamiento, promovidas por sectores bien conocidos con orientaciones de extrema derecha”, además “del ataque y quema de una mezquita en Cataluña, un acto inaceptable que constituye una agresión contra un lugar de culto y una afrenta a la convivencia, la libertad religiosa en este país y la dignidad de toda una comunidad”.

Y se han mostrado totalmente en contra “de la instrumentalización del dolor”. Se han mostrado “profundamente preocupados”, por “el creciente clima de hostilidad hacia colectivos vulnerables, en particular hacia la comunidad musulmana, con discursos que buscan señalar, dividir y enfrentar”.

Por último, han apelado “al sentido común de la mayoría de la sociedad española, que han demostrado históricamente su eterno compromiso con la convivencia y la diversidad” y han reclamado “una investigación rigurosa de los hechos” y “unidad frente a la intolerancia; no responderemos al odio con odio”.

El obispo de Cartagena apela a la paz

“Buscad siempre la paz y evitar todo tipo de exaltación”. Tras dos días de silencio, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha emitido un comunicado mostrando su “preocupación” por “las noticias que nos llegan desde Torre Pacheco”, donde una turba alimentada por la ultraderecha está llamando a la 'cacería al migrante' en la localidad murciana. En un breve comunicado, Lorca Planes destaca que “la violencia nunca arregla nada ni es una solución de nada, al contrario, crea intranquilidad y más en un pueblo que se ha distinguido siempre porque ha dado trabajo, por la convivencia y por la integración”.

En este sentido, el obispo felicita “de una manera muy especial a la parroquia y también a todos los hombres y mujeres que están trabajando por hacer posible esta llamada a la calma y a la serenidad”. “Me dirijo de una forma especial a vosotros, hombres y mujeres de Torre Pacheco, os animo a que sigáis trabajando por lo que sois; a vivir como cristianos buscando siempre la paz y evitando todo tipo de exaltación, para que recuperéis vuestra esencia”, sostiene el prelado, que finaliza su mensaje insistiendo en que “como los conflictos no ayudan a nadie le pido al Señor que nos conceda a todos la fuerza para ser testigos de la paz y del amor, y que incluso seamos testigos también del perdón”. Informa Jesús Bastante

“La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder”. Con estas palabras la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, no solo ha dejado en el aire el destino de los sesenta menores del centro de acogida Rosa Peñas en la pedanía murciana de Santa Cruz que pretende clausurar a petición de Vox, también ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en la relación entre el Partido Popular y los de Abascal en esta Comunidad.

“[A la consejera] le faltó decir ‘sí, mi amo’”, ironiza Juan José Escribano, codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) de la Universidad de Murcia (UMU). Una rectificación con sabor a “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Mientras el rey emérito se disculpaba por cazar elefantes en Botsuana, la consejera murciana ha pedido perdón por intentar mejorar las condiciones de los niños migrantes que están a cargo del Gobierno Regional.

El pasado martes, Vox lanzó un ultimátum al Partido Popular en la Región de Murcia. Santiago Abascal, a través de sus redes sociales, advirtió al Gobierno Regional de que la Comunidad no tendría presupuestos si procedía a la compra de inmuebles para la acogida de menores. Dicho y hecho: dos horas más tarde la Consejera retiró la orden. Ruiz, que presumía de que cerraba el Rosa Peñas citando recomendaciones hechas por la Unión Europea, Unicef y el Ministerio de Infancia y Juventud en materia de acogimiento, ahora no sabe dar una respuesta sobre cuál será el destino de estos niños. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, sí que ha adelantado que, junto a Política Social, pondrá en marcha un “comité técnico para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados”, a pesar de que las competencias de deportación recaen sobre el Estado. De nuevo, otra petición de Vox satisfecha.

El proyecto de compra de viviendas estaba financiado con fondos europeos y no habría costado ni un solo euro a las arcas regionales, pero los de Abascal lo han utilizado para presumir de que Vox pone a los españoles “primero”: “Invertir es gestionar y priorizar, y saber dónde va cada euro”, ha señalado el portavoz del partido de extrema derecha en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante la votación del debate a la totalidad de la Ley de Presupuestos el pasado jueves. La norma salió adelante con la abstención de Vox, quienes han asegurado a este diario que estarán “vigilantes”.

Chantaje

“Nos estamos acostumbrando lamentablemente a que el PP agache la cabeza”, señala el también codirector del CEMOP Ismael Crespo. “La forma de actuar de Vox está basada en el chantaje. Si no les gusta algo, se enfadan, firman y rompen acuerdos”.

Mientras, los populares consienten. Todo por cerrar las cuentas de este 2025, siete meses después de que comenzase el año: “Es una obsesión de todos los presidentes autonómicos del PP. Si tienen presupuestos, pueden reprocharle a Pedro Sánchez que el Gobierno Central no tiene”, describe Escribano.

Los problemas surgieron cuando, para poder cerrar unas cuentas en Murcia, el único aliado que el PP se planteó fue Vox: “En nuestro barómetro, el 74% de los murcianos estaba de acuerdo en que los presupuestos se hubieran pactado con el PSOE. Pero para el PP eso no era posible, les habría quitado legitimidad para criticar a Sánchez. En estos presupuestos se ha pensado más en política nacional que en la regional”, apunta el codirector del CEMOP.

“Estamos viendo una agenda opuesta a la nacional en muchos sentidos. El Gobierno central no tiene presupuestos, la legislatura continúa. En Murcia tendremos presupuestos a final de julio, pero la legislatura quedará muerta a efectos prácticos. El PP no va a hacer nada y, por tanto, Vox no tendrá que apoyar nada”, vaticina, por su parte, Crespo. “Hay una correlación extraordinaria entre gobiernos de coalición y falta de producción legislativa. Esto ha pasado en otras comunidades. En general, los gobiernos de coalición estables tienen una gobernabilidad escasa”.

La cuestión es que, una vez el PP tenga los presupuestos de la Región de Murcia en la mano, deberá plantearse si ha pagado un precio demasiado alto por ello, y si es posible dar marcha atrás. “En otras comunidades el PP tiene más claro a nivel estratégico que no le interesa estar a las órdenes de Vox porque le puede pasar factura de cara a unas elecciones”, señala Escribano. “Al PP no le está funcionando su estrategia en Murcia. Con ese ‘no volverá a suceder’ de la consejera, el PP se ha puesto a disposición de la extrema derecha. Es una auténtica bajada de pantalones”.

“Nunca he logrado entender por qué el PP quiere ser amigo de alguien que se le quiere merendar”, observa Crespo. Mientras, Vox “busca el conflicto” y mantiene visible su agenda a golpe de titular. “Vox necesita posturas de fuerza porque tiene un grupo de seguidores muy hooligans. Difunde discursos muy sencillos, casi automatizaciones. El populismo es eso: respuestas fáciles a problemas complejos”.

“Van a seguir poniendo en su agenda temas que remueven los sentimientos de la gente, un discurso de amigo o enemigo, blanco o negro. Van a tratar por todos los medios transmitir que el PP no es capaz de hacer lo que tiene que hacer”, abunda Escribano.

En esta línea, el líder de Vox en la Región de Murcia ha convocado una concentración por la agresión sexual de una menor en Alhama de Murcia, presuntamente perpetrada por un migrante. Ha aprovechado la manifestación para repetir uno de sus eslóganes de campaña: “Con Vox ni una menor más desprotegida, ni un criminal más en nuestras calles”. Mientras, nada dice el acuerdo de presupuestos firmado con el PP sobre la violencia contra las mujeres. De hecho, en febrero de este año Vox de comprometió a eliminar las partidas económicas destinadas a lo que llaman “la ideología de género”.

Crespo, por su parte, recuerda que el nivel de conocimiento por parte de la opinión pública sobre la negociación de los presupuestos es “nulo”: “No sabe ni que hay unos presupuestos ni que están pactados con Vox. Sí que saben que Abascal, por así decirlo, se ha plantado contra la inmigración”.

PP y Vox, en pugna por el mismo electorado

De acuerdo con el último barómetro del CEMOP, en la Región de Murcia un 67% del electorado de la formación de extrema derecha es competitivo con los espacios que ocupa el PP: ideológicamente, el 28% de los electores actuales de Vox se ubican en una posición de centro y un 39%, en la derecha tradicional. Solo el resto, el 33%, se sitúa en la extrema derecha. En otras palabras, los de Vox tienen mucho electorado común a los populares.

En los próximos meses es previsible que los de Abascal continúen centrando sus esfuerzos en la Región en difundir mensajes sobre seguridad e inmigración, “la pasta”, como define Crespo, que une a la extrema derecha en España y Europa. “Une a personas que, desde el punto de vista estrictamente ideológico, no podemos considerar de extrema derecha. En un mundo lleno de incertidumbre, mucha gente recurre a este patriotismo trasnochado”.

PSOE, ni reforzado ni perjudicado

Al margen de esta disputa por los presupuestos se ha quedado el PSOE. El secretario general de los socialistas en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha repetido a lo largo de este año que mantenía “la mano tendida” para negociar unos presupuestos con los populares. Llegó a ofrecer votar a favor del techo de gasto “sin líneas rojas ni condiciones”. No surtió efecto, solo consiguió, como el resto de partidos de la oposición, una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que el mismo Lucas calificó de “paripé”.

“Es una estrategia correcta, mostrarse como un partido de estado y colaborar. Podría haber funcionado si no estuvieran batallando con otras sobrevenidas a nivel nacional”, teoriza Escribano, en alusión a los casos de corrupción en los que se ven envueltos los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

“Desde el punto de vista pragmático, podemos decir que la oferta del PSOE era inexistente. Si hubieran querido realmente negociar unos presupuestos, habrían llevado las cuentas a la Asamblea y habrían negociado propuestas”, reprocha Crespo.

Migración: causa y disolución de acuerdos entre PP y Vox

Las acciones de Vox dificilmente pueden considerarse un pulso, pues nunca han llegado a encontrar resistencia por parte de los populares. En septiembre de 2023 ambas partes firmaron un acuerdo de gobernabilidad. La negociación de este pacto, al igual que la de los presupuestos de este año, vino in extremis y coordinada desde Madrid: se cerró a tan solo una semana de terminar el plazo, y entre el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo, solo hubo una conversación a través de la red social X -antes conocida como Twitter-, que duró unas cuatro horas.

El acuerdo no duró ni un año. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció el pasado julio que ponía fin a la coalición que mantenía con los populares en cinco comunidades autónomas por la acogida de menores migrantes: En el caso de la Región de Murcia, se trataba del acogimiento de 16 niños y niñas por parte del Gobierno regional, parte de un acuerdo ya rubricado con el Gobierno central en 2022. “No quieren comunidades autónomas. Si algún día ganase Abascal, las extinguiría. Por eso, no es de extrañar que tome la iniciativa en las interacciones con los Gobiernos regionales”, explica Escribano.

“Si ellos [Vox] mantuvieran las acciones en la Región de Murcia, las noticias morirían en el acto. Pero al trasladarlas a nivel nacional pueden retratarse a sí mismos como guardianes de la patria”, añade Crespo.

Centrándonos estrictamente en el acuerdo de los presupuestos de este año, no es la primera vez que Vox amenaza con su extinción. El pasado 22 de marzo Santiago Abascal condicionó su apoyo a los presupuestos murcianos a la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Días después, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, registraba una moción para dar la “posibilidad” al Partido Popular de “mostrar el rechazo a ese convenio que se ha implementado en la Región de Murcia”.

En funcionamiento desde hace más de una década tanto en la Región de Murcia como en el grueso del resto de Comunidades Autónomas, el Programa nació de un acuerdo entre el Gobierno de España y la Embajada del Reino de Marruecos en vigor desde 1985. Los objetivos del plan son la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros de educación primaria y secundaria.

Pese a la longevidad del programa, Vox confesó que no exigió su retirada antes porque desconocían “el grado de aplicación que estaba teniendo en los centros educativos de la Región de Murcia”. También defendieron que, pese a que el programa no es competencia de la Comunidad, la Región de Murcia “puede o no aplicar el convenio”, lo que contraviene a lo estipulado por el propio programa: “Se trata, (...) de un programa de carácter estatal, no transferible a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, pero cuya aplicación compete a las mismas”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha hecho oficial este miércoles que el Consejo de Gobierno prevé sacar adelante, “pronto”, una “ley de prevención integral de las adicciones” autonómica sin haber hecho, durante su explicación de la misma, ni una sola mención a los locales y casas de apuestas que están repartidos por todo el territorio regional, muchos de ellos muy cercanos a centros educativos. El máximo mandatario regional ha puesto el foco del futuro texto en la “protección de la infancia y la adolescencia”, admitiendo que se va a prohibir la “publicidad de bebidas alcohólicas” a menos de 200 metros de recintos escolares y la “venta de bebidas energéticas a menores de edad”.

La Comunidad murciana, sin embargo, continuará, siguiendo el hilo de la distancia entre focos de adicción y espacios educativos, y a juzgar por las palabras de López Miras, siendo la única autonomía española que no regula la separación que debe haber entre una sala de apuestas y un colegio o un instituto. La Región presenta el mayor índice de casas de apuestas por habitante de toda la Unión Europea, con un total de 22 salones de juegos por cada 100.000 habitantes. La nueva ley anunciada por el máximo mandatario del PP sí que hará hincapié, ha proseguido el líder del Ejecutivo, en las “plataformas digitales”, incluidas todas aquellas relacionadas con el sector de los “videojuegos”.

Tanto de forma previa como posterior a dicho anuncio legislativo sobre las adicciones, el presidente murciano ha construido el relato de su intervención parlamentaria, la primera de este 29º debate sobre el Estado de la Región de Murcia, sin acatar en profundidad los aspectos negativos del territorio que dirige, pues se sabe con un éxito y una credibilidad corroborada cada muy pocos meses en las encuestas y los barómetros del CEMOP, en los que siempre roza, o alcanza, la mayoría absoluta. López Miras ha subrayado una y otra vez que la comunidad, a su juicio, “está mejor que hace un año”. “Crecemos económicamente, invertimos en conocimiento e innovación, atraemos inversores nacionales y extranjeros”.

Protesta paralela del metal a las puertas de la Asamblea

El líder del Ejecutivo del PP ha hecho alarde, acto seguido, del “crecimiento del sector industrial” regional “como motor económico” murciano. Pero esa afirmación ha sido paradójica hoy, porque en paralelo a sus palabras, mientras López Miras hablaba sobre el atril del hemiciclo, se estaba produciendo una protesta frente al edificio de la Asamblea de varios cientos de trabajadores de la industria auxiliar de Navantia, uno de los polos industriales más importantes de la comunidad, que llevan una semana de huelga indefinida denunciando que apenas alcanzan el sueldo mínimo y reclamando un convenio laboral digno.

El resto del discurso de López Miras ha resultado ser una imagen exacta de los últimos once meses de legislatura popular en la comunidad, tras la salida de Vox del palacio de San Esteban en julio: primero, centrado en aspectos económicos, con un marcado carácter tecnócrata en la aplicación de proyectos de impulso a la economía y al comercio —como el señalado crecimiento del PIB regional en “un 4,1%”, las deducciones fiscales o las “adjudicaciones de hasta 7,6 millones de euros de ayudas directas para la modernización de alojamientos turísticos y la construcción de hoteles”, en relación al sector del turismo—.

Sin menciones a las políticas impuestas por Vox

Más adelante, el presidente ya ha estado vinculado de nuevo a la ultraderecha, aunque con cierto disimulo. Tan solo ha hecho un guiño a los de Santiago Abascal durante su intervención, ante la mirada seria de José Ángel Antelo y el resto de diputados. “Gracias al entendimiento de Vox, al que agradezco su predisposición, su capacidad para el diálogo”, ha expresado. López Miras ha desarrollado, a partir de ahí, un reguero de medidas y decisiones que, en ningún caso, han sido las que la extrema derecha ha dictado al Gobierno regional, y que éste ha acatado sin contemplaciones, para la rúbrica del pacto presupuestario que tuvo lugar hace menos de un mes en esta misma Cámara.

El presidente no ha hecho referencia al futuro cierre del centro de menores migrantes de Santa Cruz, que Vox vincula sin pruebas con la delincuencia y la inseguridad, ni a las políticas destinadas a controlar la migración en la Región, como los test diagnósticos y médicos que se van a comenzar a hacer a migrantes que se “autoperciben como menores” cuando lleguen a Murcia.

El Mar Menor, generalizado

El líder del PP murciano solo ha mencionado una vez la violencia de género en todo su discurso —pese a que la comunidad presenta una de las mayores tasas de mujeres víctimas de violencia del país—, y se ha referido al Mar Menor de una manera imprecisa, sin anunciar nuevas medidas ni entrar de lleno en la cuestión que pactó con Vox y que se llevará a cabo antes de octubre: reformar la ley de protección de la laguna del 2020. Sobre el ecosistema lagunar han vuelto a predominar las cifras por encima de los hechos: “estamos más cerca de lograr la recuperación del Mar Menor. Para este 2025 vamos a sumar 125 millones de inversión para continuar con su recuperación ambiental, social y económica”, ha afirmado.

El líder murciano ha obviado que el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al que obliga la actual ley de la laguna lleva ya cuatro años de retraso con la única responsabilidad de su Ejecutivo, y ha anunciado, asimismo, una medida que pondrá más presión sobre la albufera: un “plan estratégico para que el Mar Menor se consolide como centro de alto rendimiento deportivo a nivel nacional, que compatibilizará su actividad con el máximo respecto ambiental”. La medida se ha quedado ahí, en el anuncio, porque no ha entrado en detalles.

Ayudas para la agricultura

Hacer de la laguna una referencia en deportes acuáticos en España concuerda plenamente con el planteamiento de la extrema derecha de Vox, que considera que para la recuperación del ecosistema se debe garantizar la compatibilidad de “todas las actividades económicas” en sus alrededores y en su interior. Ahí entra en juego algo muy importante en la Región: la agricultura y los empresarios que se dedican al sector primario, especialmente en el Campo de Cartagena. Los agricultores, para López Miras, están amenazados por varios frentes, y el presidente ha anunciado un “plan de financiación plurianual” y un “impulso a los sistemas de regadío”, que, ha subrayado, son ya “los más modernos de España”.

López Miras ha proseguido defendiendo los intereses agrícolas a través de su ya múltiples veces vindicada defensa del Trasvase Tajo-Segura, “el único trasvase en España que el Gobierno socialista de la nación se ha dedicado a recortar, comprometiendo la viabilidad de un sector esencial para nuestra tierra, con decisiones políticas sin amparo científico ni técnico y con dramáticas consecuencias”.

Relacionado con el medio ambiente, el dirigente autonómico ha sacado pecho por el comienzo de las “obras de restauración de la balsa minera de San Cristóbal”, ubicada en el municipio de Mazarrón. “Una inversión que se suma”, ha dicho, “a la mayor restauración ambiental de un depósito minero en España, en El Lirio, cuyas obras se están terminando”. Lo cierto es que los trabajos acometidos en El Lirio son ahora objeto de investigación por vía judicial. La magistrada del Jugado de Instrucción 1 de Cartagena ordenó numerosos análisis para determinar si fue sellado con tierra contaminada por metales pesados.

Una situación sanitaria sin datos precisos

Otro tema importante que López Miras no ha tocado demasiado es la sanidad. Siempre que llega el verano, el sector sanitario regional se ve comprometido: un sentimiento de malestar generalizado crece ante la falta de especialistas y el cierre adicional de servicios de urgencias y plantas hospitalarias con motivo de las vacaciones estivales de los profesionales. El presidente ha asegurado en su discurso que la prioridad de su Ejecutivo es “garantizar unos servicios públicos que funcionen” y la “atención a los más vulnerables”.

La Región, ha continuado, es la “tercera con mayor inversión total por habitante en sanidad”. Miras ha anunciado la contratación de más de 6.000 profesionales este verano que “garantizarán la asistencia sanitaria en todo el territorio de la comunidad entre julio y septiembre”, así como el primer plan oncológico de la Región para “mejorar la calidad de vida de los pacientes, la detección precoz, la prevención y la producción de fármacos”.

El máximo mandatario no ha hecho referencia a las elevadas listas de espera para solicitar el grado de dependencia en la Región de Murcia, desde que se pide hasta que se concede la prestación correspondiente.

1º y 2º de la ESO, fuera de los institutos

En el marco de otro servicio público básico de la sociedad murciana, el de la educación, López Miras ha asegurado que se van a ofertar más de 8.700 plazas gratuitas de 0 a 3 años en los colegios de la Región, y ha anunciado una medida pionera, con el objetivo, ha resaltado, de que “nuestros hijos vivan su infancia en plenitud”: los colegios impartirán los cursos de primero y segundo de la ESO. Lo harán, ha proseguido el líder del PP, para así “elevar las tasas de éxito educativo”, y para “reducir”, de paso, los ratios de “los institutos”. La idea es que, hasta los 14 años, el alumnado murciano continúe en el colegio, “un espacio más protegido”, a juicio del dirigente popular.

El presidente no ha hecho referencia alguna a un mandato que surgió del anterior debate sobre el Estado de la Región, el de 2024: poner fin a las altas temperaturas en las aulas murcianas, muchas de las cuales continúan siendo todavía barracones precarios y prefabricados. Precisamente, este mes de junio, numerosos padres murcianos trasladaron al Defensor del Pueblo el problema al que se enfrentan sus hijos a diario en colegios e institutos por la falta de aire acondicionado.

Los males del Gobierno central

A lo largo del resto de su intervención, López Miras ha achacando los males que afectan a la Región de Murcia, como la crisis de la vivienda, para la que ha anunciado un “modelo de vivienda asequible” vía decreto-ley que impulse la construcción y elimine trámites burocráticos, a la gestión del Ejecutivo central.

“La parálisis del Gobierno de Sánchez se extiende como una sombra silenciosa”, ha señalado, acusando al Estado de ningunear a la Región de Murcia en materia de financiación, lo cual afecta, según sus palabras, a los servicios públicos. “Seguimos viendo pasar los años sin que se actualice un modelo que nos sitúa a la cola de la financiación. Es una petición sin color político”, ha concluido el presidente, sin advertir que el propio Partido Popular estuvo al mando del Gobierno central durante siete años desde 2011 y que tampoco acometió una reforma que debería sostenerse, según Miras, “en el principio básico de igualdad entre los españoles”. El presidente se ha marchado de la Asamblea, asimismo, sin hacer mención a las altas tasas de pobreza infantil que asolan la comunidad.

El Debate sobre el Estado de la Región proseguirá este jueves con las intervenciones de los portavoces de los cuatro grupos políticos —PP, PSOE, Vox y Mixto—. Se espera que la habitual tensión política del hemiciclo aumente de forma considerable, con reclamaciones directas, peticiones de rendición de cuentas y fuego cruzado entre Gobierno y oposición.

Con la firma de este viernes en la Asamblea Regional, el PP ha validado el acuerdo de presupuestos con la extrema derecha de Vox. Dicho acuerdo implica que el Gobierno regional adopta formalmente las condiciones impuestas por la ultraderecha, especialmente en lo relativo al rechazo a la migración, el señalamiento de los migrantes, su disconformidad con las políticas verdes europeas, la modificación de la reforma del Mar Menor y la eliminación de las ayudas públicas a sindicatos y patronal.

Vox marca las directrices y las políticas al PP murciano sin necesidad de estar en el Gobierno.

Este es el pacto de presupuestos sellado en la Región de Murcia:

Los presupuestos de 2025 en Murcia al dictado de la ultraderecha son ya una realidad tangible. Vox marca las directrices y las políticas al PP murciano sin necesidad de estar en el Gobierno. Ambas formaciones han tardado solo 24 horas, tras la reunión definitiva entre Fernando López Miras y José Ángel Antelo en que terminaron de juntar posturas, en firmar el documento donde se plasman los postulados, un total de 20, que van a dirigir las cuentas de la comunidad en los próximos meses. Los populares se han plegado a todas y cada una de las exigencias esgrimidas por los ultras en las últimas semanas. Entre ellas destaca la medida estrella, y también la más polémica: el cierre definitivo, que tendrá lugar después del verano, “antes del inicio del curso 2025/2026”, del centro de acogida de menores de la pedanía de Santa Cruz.

Si ayer López Miras comparecía ante la prensa con una media sonrisa y un tono de alivio y agradecía a José Ángel Antelo su predisposición para negociar, este viernes, en la firma, que ha tenido lugar en la Asamblea Regional, el portavoz popular, Joaquín Segado, y su homólogo de Vox, Rubén Martínez Alpañez, han mostrado una satisfacción plena. Especialmente el segundo. En la formación ultra saben, y así lo transmiten fuentes del partido de puertas para adentro, que Antelo ha ganado, que el PP ha cedido, aunque seis meses tarde, y que de ahora en adelante la realidad política en la Región será la que ellos han dibujado. Ahora esperan que el acuerdo hoy rubricado se cumpla en su totalidad, “coma por coma”, señalan. En la formación de Santiago Abascal manifestaban, ya desde el mes de marzo, que querían el “traje a medida”. Ahora, más confiados y con el traje hecho, Alpañez lo vindica: “Con Vox no se juega”.

El compromiso alcanzado por ambas formaciones implica no solo asumir el discurso xenófobo de la extrema derecha y rechazar el reparto de migrantes propuesto por el Ejecutivo central, sino también su desaprobación de las políticas verdes europeas y el impulso a una nueva reforma del Mar Menor, para la que los dos partidos han fijado una fecha límite: octubre de 2025. Asimismo, destaca la voluntad firme de retirar las subvenciones públicas a sindicatos y patronales con la modificación de la ley de Participación Institucional. La frase más repetida en el documento no es otra que “el Partido Popular se compromete a”. El acuerdo es una continuación más extensa del pacto de Gobierno que ambas formaciones suscribieron en septiembre de 2023 y rompieron en julio de 2024, precisamente por la acogida de niños y niñas migrantes que el PP ahora sí repudia.

Alta carga xenófoba

Los puntos que acaparan por encima del resto el contenido del documento están completamente influenciados por el cariz ideológico de Vox en materia migratoria. En primer lugar, en el punto número dos del pacto, el PP manifiesta “su contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España en las Comunidades Autónomas”. Murcia no va a recibir ningún migrante más y así lo expresa el texto. En la Región se pondrá en marcha, “con carácter inmediato”, un “protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores que incluirá pruebas médicas”.

Sin ir más lejos, anoche el presidente López Miras dejaba claro en un post en su cuenta de X, de nuevo, que “Vox ya advirtió hace un año” que la Región no podía “acoger a más migrantes”. Entonces aquella advertencia suscitó que los ultras salieran de forma abrupta del Ejecutivo. “Buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados regresen con sus familias y para que a los inmigrantes ilegales se les aplique la legislación vigente”, escribió el líder popular, satisfaciendo aún más el ego de sus socios.

La clausura del centro de acogida de Santa Cruz viene a continuación, justo debajo. La instalación, que actualmente cubre las necesidades de 60 menores, y que ha estado funcionando desde el año 2019 sin ningún problema, obtuvo cuando comenzaron las negociaciones presupuestarias el foco mediático de Vox, que puso sobre ella la sombra siempre esgrimida y nunca probada de la falta de seguridad y la alta tasa de delincuencia en personas con origen extranjero. Ahora, por compromiso del PP, el centro cerrará “antes del curso 2025/2026”. Joaquín Segado rebaja el tono, y sitúa el objetivo de la decisión en apostar por “un modelo de acogimiento más familiar y no en grandes centros”.

Asimismo, la Región de Murcia eliminará y devolverá “por incumplimiento” todas “las subvenciones que reciban ONG's que colaboren o se lucren con el tráfico ilegal de personas, trata de blancas o explotación infantil”.

El programa de enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí de los centros educativos murcianos también desaparecerá de un plumazo. Al menos en lo que a competencias autonómicas se refiere. El Ejecutivo de López Miras se ha comprometido a “no desarrollar ningún programa de fomento de la lengua árabe, tal y como sucede en otras comunidades autónomas”.

La reforma del Mar Menor, antes de octubre

El siguiente punto del documento deja atrás la carga xenófoba y se centra en el sector primario y en la agricultura. Y con ella, las políticas ecológicas europeas y el propio Mar Menor. Martínez Alpañez ha expresado orgulloso en la rueda de prensa posterior a la firma que “López Miras ha renunciado expresamente al Pacto Verde europeo”. “En los presupuestos de la Región de Murcia”, ha continuado, “no habrá ninguna partida relacionada con dicho pacto”.

“El Pacto Verde Europeo está perjudicando a nuestro sector agrario, a nuestro tejido productivo, y no podemos permitirlo”, sostuvo López Miras ayer, que se refirió a la “excesiva normativa sin sentido” que está teniendo como consecuencia el encarecimiento de los precios de los alimentos. Habló de simplificar esas condiciones y de imponer cláusulas espejo a los productos que lleguen de países extracomunitarios: “No puede ser que a nuestros agricultores se les exija cuestiones que no se les exigen a agricultores de terceros países y también, por supuesto, hay que reforzar el control en fronteras para los productos que entran en España y en la Unión Europea”.

El acuerdo presupuestario incluye partidas específicas para la agricultura y ganadería regionales por valor de ocho millones de euros. El sector primario murciano, y el Campo de Cartagena, tiene un peso específico en el anuncio concreto, y desde luego sorprendente, de una fecha fija para la reforma del Mar Menor. Ambas partes se han comprometido a “desarrollar las modificaciones legislativas necesarias para su protección” y a iniciar “el procedimiento de revisión y reforma de la ley antes de octubre de 2025”.

Vox siempre ha defendido un cambio normativo a la medida del lobby agrario, con el foco puesto en las aguas residuales y urbanas y no en la entrada de nitratos procedentes del campo a la laguna. Dicha reforma siempre suscitó tensiones y recelos entre ambas formaciones. Ahora los malos ratos parecen haber quedado atrás. Martínez Alpañez ha dejado entrever que el inicio real de dicha reforma, ya casi inminente, será bajo sus postulados. “Es perfectamente compatible el uso urbanístico, hotelero y agrícola con la conservación del Mar Menor”, ha expresado el portavoz ultra. Segado ha expresado, por su parte, que ambos se han comprometido a “no dar ni un paso atrás” en la defensa del ecosistema, sin entrar en más detalles.

Los sindicatos, sin subvenciones

La mano de la extrema derecha en el texto del acuerdo atañe también a los sindicatos y patronales empresariales. La voluntad de la formación ultra ha sido siempre suprimir la entrada de dinero público a dichas organizaciones. Así será. La futura modificación de la Ley de Participación Institucional que llevará a cabo el Consejo de Gobierno quitará el carácter imperativo de que los representantes sindicales y empresariales obtengan una inyección de dinero público en forma de subvención.

En concreto, el proyecto de presupuestos contemplará una “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que se suma a la rebaja del 25% que ya ha sido aplicada en el ejercicio 2024”. “PP y Vox se comprometen”, prosigue el texto, “a modificar la ley eliminando la obligatoriedad de consignación de partidas presupuestarias normativas”.

Otras medidas

En otro orden de medidas, muchas tienen que ver con la familia y por la apuesta de que ésta es, según ha expresado Alpañez, “el pilar fundamental de la sociedad”. El PP se ha comprometido a incorporar, en cada modificación normativa que se lleve a cabo en el Ejecutivo o en la Asamblea, “un informe de impacto familiar que evalúe la incidencia económica y social de dichas normas sobre la familia”.

En el contexto de emergencias, se destinarán 1,5 millones de euros a la construcción de un nuevo Centro Integral de Respuesta de Emergencias y Seguridad, y 5,5 millones de euros para la firma de un nuevo Acuerdo Marco en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Asimismo, el Gobierno autonómico, en una de las medidas más esgrimidas por José Ángel Antelo, “perseguirá la ocupación ilegal” y reforzará el compromiso en “la seguridad siudadana”, de manera que los policías locales de los municipios de la Región puedan “acceder a armas largas, pistolas taser y gas pimienta”.

Aquí puedes consultar el texto íntegro del pacto entre populares y ultraderechistas.

Después de seis meses sin presupuestos

Rubén Martínez Alpañez ha sido claro y no se ha dejado nada en la comparecencia posterior a la rúbrica. Con el acuerdo ya firmado, sabe que su formación ha obtenido lo que quería, aunque haya transcurrido para ello medio año. “El acuerdo firmado es prácticamente el mismo borrador de presupuestos que —en Vox— presentamos —al PP— en enero. Podrían haberse decidido entonces. Hemos perdido seis meses”.

Los presupuestos han llegado finalmente de un día para otro y tras un tira y afloja de acercamientos y puntos muertos que no parecía tener fin. El desbloqueo tuvo lugar después de un momento clave: el acuerdo suscrito en Baleares entre los mismos partidos hace justo una semana. Desde el bando de Santiago Abascal expresan que fue el PP murciano quien descolgó al fin el teléfono hace muy pocos días. Ahora, Martínez Alpañez vindica un tono de amenaza: “No nos va a temblar el pulso para acometer las acciones que consideremos oportunas se se incumple el acuerdo”. La formación ultra apela a la dimisión de consejeros si alguna medida no se lleva a cabo como ellos quieren, tal y como manifestó ayer Antelo. Pero ese punto en concreto no está recogido en el acuerdo.

Joaquín Segado, en la cara opuesta, afirma que la responsabilidad del PP era “tener presupuestos” en la comunidad, y claman que el acuerdo con los ultras “aportará estabilidad política y económica a la Región de Murcia”. Ambas formaciones afirman sin ápices de duda que la ley de presupuestos definitiva será aprobada a lo largo del mes de julio.

A partir de ahora espera un calendario extenso y tedioso. Los populares sacarán adelante el techo de gasto en el Consejo de Gobierno la próxima semana, que será de 6755 millones de euros, un 3,5% de incremento con respecto al año pasado. A continuación, comenzará el baile parlamentario: ese techo de gasto se someterá a votación en un pleno ordinario. Una vez aceptado, tendrá lugar la sucesión de comisiones en la Asamblea para acordar cada punto en la redacción de la ley de presupuestos, hasta que en otro pleno, que se celebrará ya en julio, al término de las comisiones, se apruebe la norma definitiva con los votos a favor de populares y Vox.

Hubo un momento, hace no muchas semanas, en que esta situación parecía lejana. La aprobación de los presupuestos otorgará al PP un bálsamo y un balón de oxígeno en una legislatura que se le había complicado tras la ruptura en San Esteban. Con las cuentas pactadas y rubricadas, los populares ya miran de cara a 2026, cuando solo faltará un año para las autonómicas. Ambas formaciones compiten por los escaños del espectro de la derecha murciana: el PP busca hacerse con la mayoría absoluta; Vox ansía seguir teniendo el mismo protagonismo, incluso más, que le está dando influir en las políticas regionales. Y todo sin estar en el Gobierno.

“Algunos quieren hacernos creer que las normas de explotación del trasvase son lo más importante, y no lo son”. Así se pronunciaba el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez hace dos días en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social X.

Lo hacía después de que el Congreso de los Diputados tumbase la proposición de ley de la Región de Murcia que pedía mantener el acueducto y también las reglas de explotación del trasvase, tal y como quedaron fijadas en el año 2014, y sin aplicar los caudales ecológicos al río Tajo avalados por la Directiva Marco del Agua y seis sentencias del Tribunal Supremo.

Hoy el PP que dirige ha votado a favor de cambiarlas durante un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha, a pesar de sus palabras del martes.

Se daba luz verde así a la propuesta del PSOE castellanomanchego que insta al Gobierno de España a elaborar un nuevo borrador del Real Decreto que modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Se pide eliminar la prórroga que aparece recogida en el tercer ciclo de planificación de la cuenca del Tajo para las 19 masas de agua del río sobre los caudales ecológicos y por lo tanto ponerlos en marcha inmediatamente para poder llegar a la previsión de 2027. También se piden “planes justos que regulen el trasvase en favor del cuidado del río en todos sus tramos”, con especial atención a las necesidades de la cuenca cedente.

Ha salido adelante con los votos socialistas y del PP, recibiendo los votos en contra de Vox, que apuesta no solo por que haya más trasvases, sino porque se hagan entre todas las cuencas de los ríos de España, allí donde sea necesario.

El viraje en la postura de Paco Núñez y del PP ha sido llamativo, pero tiene que ver con una nueva sentencia del Tribunal Supremo, y es ya la sexta. No solo dice que el río Tajo debe llevar más agua, sino que el caudal que se considera 'ecológico' para garantizar que siga existiendo no puede esperar hasta 2027, al menos entre el embalse de Bolarque, en Guadalajara y Aranjuez, en Madrid. Es la fecha tope que da por buena el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un sistema 'escalonado' entre 2025 y 2027 para reducir el volumen en el trasvase Tajo-Segura, hasta llegar a un 50% menos del actual.

Ayer el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page dijo, tras conocer la sentencia, que “el trasvase ya es historia”, pero su homólogo murciano Fernando López Miras no interpreta igual la resolución judicial.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular Carolina Agudo ha propuesto hoy un “plan nacional consensuado por todas las comunidades autónomas”, donde “Castilla-La Mancha luche porque sus necesidades sean prioritarias a la hora de elaborar este plan nacional” porque, asegura, “esto no va de ir unos contra otros, de dividir a los ciudadanos a los territorios. Esto va de defender a nuestra tierra, desde la solidaridad de agua para todos y donde las necesidades de Castilla-La Mancha se nos respeten y sean prioritarias”.

Ha cargado contra la gestión de diez años de Emiliano García-Page porque, asegura, “los pozos siguen cerrados, los expedientes siguen sin resolverse, las dotaciones son ridículas y no se ha proyectado ni una sola de las infraestructuras en las que ha tenido que invertir el Gobierno de Castilla-La Mancha”. Después, ha incidido en que el PP regional defenderá el Pacto Regional del Agua y la “prioridad de la cuenca cedente”, pero sin concesiones “ante el ecologismo trasnochado”.

El diputado de Vox Iván Sánchez cree que este debate es “otra excusa más” para “no gestionar el agua ni en España ni en Castilla-La Mancha” amparándose “en continuas excusas entre las reglas de explotación del trasvase y la falsa alternativa”, porque “niegan lo que necesita la región” que es “aplicar y a gestionar un plan nacional del agua”.

A su juicio, “el plan nacional no entiende de ideologías, es una prioridad que necesitan los españoles”. “Lo que hay que hacer es un plan nacional del agua y no estar jugando al gato y al ratón con el tema del agua en función de las regiones”. Ha cargado contra PP y PSOE, “culpables” ambos en materia de agua, que no deberían “dar lecciones”.

La propuesta que ha salido adelante ha sido defendida por el diputado Francisco José Barato, quien ha defendido, que va “en la línea” del Pacto Regional por el Agua firmado en Castilla-La Mancha con el PP y con un amplio espectro de agentes sociales y políticos de la comunidad autónoma a finales de 2020.

“Se acabaron los privilegios a costa de limitar a Castilla-La Mancha y, por ello, entendíamos necesario traer este debate al pleno de hoy, entendiendo que todos los grupos celebraríamos estas buenas noticias para Castilla-La Mancha”. Pese al voto a favor del PP, ha afeado que el pasado martes en el Congreso, “Partido Popular y Vox se retrataron”, votando a favor de la proposición de ley de la Región de Murcia para mantener el trasvase.

Ha reprochado al PP que dicen “una cosa aquí en Castilla-La Mancha, donde prometen defender el agua y los derechos de los agricultores y de los pueblos” y, sin embargo “luego callan y aceptan lo contrario en la calle Génova”. “Por muchos golpes de pecho que vengan a darse desde esta tribuna son el partido que lo que realmente defienden es volver al memorándum de la vergüenza de Rajoy y Cospedal para volver a elevar las cantidades del trasvase Tajo-Segura”.

La consejera de Desarrollo Sostenible: “No hemos pedido anular el trasvase”

En las Cortes de Castilla-La Mancha también ha intervenido la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez para decir que el Gobierno de García- Page no ha pedido “anular el trasvase”, porque siempre ha dicho que sí al agua para beber, “cuando haga falta”.

Sin embargo, ha defendido su 'no' al agua “para desperdiciarla o para hacer lo que les dé la gana a otros”, una posición que conlleva que Castilla-La Mancha no pueda usarla.

El memorándum que se aprobó por Rajoy y Cospedal daba derecho de pernada al Levante español para hacer lo que quisiera con el agua, sin tener en cuenta la cuenca cedente

Mercedes Gómez — Consejera de Desarrollo Sostenible

Tras la demanda del PP y Vox de reclamar un plan nacional del agua, ha señalado que “la última vez” que se sustanció “un plan nacional, pasó algo muy curioso”. “Lo que pasó fue que teniendo una disminución del 38% de los recursos disponibles en los embalses de Entrepeñas y Buendía y más de un 48% de disminución en cuanto a las aportaciones que recibían los embalses, el memorándum que se aprobó por Rajoy y Cospedal daba derecho de pernada al Levante español para hacer lo que quisiera con el agua, sin tener en cuenta la cuenca cedente”.

Castilla-La Mancha no estará “nunca” a favor de un plan nacional del agua cuyo objetivo es “dilapidar los recursos hídricos de Castilla-La Mancha como ya se ha puesto encima de la mesa con otros pactos Nacionales del Agua”. “Ahí no nos van a encontrar. Queremos una planificación hidrológica de las siete cuencas que tenemos en Castilla-La Mancha que contemple siempre nuestros recursos. Y ahí nos encontrarán y seguiremos trabajando”, ha puesto en valor la consejera del ramo.