La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Isabel Díaz Ayuso ha criticado esta mañana al Gobierno durante su intervención en un foro económico, insistiendo en que la situación política actual “hace polvo” al país y a su “credibilidad”, concretamente a los empresarios y las empresas. “Ver a un ministro de Justicia desprestigiando a un juez, a un fiscal general del Estado condenado haciendo lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo es algo que nunca se ha visto en una democracia, que tiene que atraer y dar confianza, y que tiene que decirle a los inversores que no va a cambiar las reglas del juego a mitad de partida”, ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordaba así las palabras de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que este lunes cargaba contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

“Ver que salen de las cárceles los que han cometido los delitos más graves, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, que se indulta a responsables de los peores casos que se han visto en España, que han secado por ejemplo las inciativas en regiones prósperas como Andalucia con los EREs, o los responsables del procés que han dinamitado la convivencia de todos...”, ha declarado Isabel Díaz Ayuso, “o ver que uno decide que no va a los requerimientos del juez, que no atiende a ellos, que el juez es simplemente un elemento a destruir y a desprestigiar en tiempo real, y que hay que, a su vez, juzgar a través de prensa o a través de políticos.. Esto es algo que nunca se ha visto en España, no puede ser”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que esta situación está “haciendo daño a nuestras empresas” y empresarios, ya que son estos los que “están empezando a sufrir ese deterioro reputacional, por ejemplo en Estados Unidos, después de tantos años de duro trabajo allí”. Ayuso cree que las grandes compañias americanas, “nos dicen testimonios españoles”, subraya la presidenta autonómica, “empiezan a alejarse de ellos y niegan colaboración con los nuestros, en foros y en encuentros”. Isabel Díaz Ayuso también ha pedido durante su intervención “que nada destroce” el trabajo de los empresarios, “y menos por culpa de la politica”.

Ayuso ha insistido en que, desde su Gobierno, defienden “todas las alianzas, especialmente aquellas con aquellos países donde hay elecciones que encima son libres, derechos laborales, participación ciudadana… Es decir, sobre todo en el marco occidental y libre”.

Estas declaraciones se han dado solo un día después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también cargara contra los jueces, concretamente contra el Tribunal Constitucional, que juzga al ex fiscal general del Estado.

Poco más tarde, Rodríguez seguía tuiteando: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Estas declaraciones coincidieron este lunes con la solicitud del ex fiscal general del Estado al TC de anular la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. Además, el jefe de gabinete de Ayuso tendrá que declarar como investigado el próximo 6 de mayo por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que escribían sobre Alberto González Amador. Ambos fueron identificados en el domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida aunque dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuanto vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La Audiencia de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de las diligencias abiertas en un juzgado ordinario contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, por haber difundido datos de dos periodistas de El País que elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Ahora, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial considera “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ordena a la jueza que practique “las diligencias que estime pertinentes” ante la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de Miguel Ángel Rodríguez.

La magistrada entendió en su auto de archivo que los mensajes enviados por Rodríguez a grupos de periodistas acusando falsamente a los profesionales de El País de acosar a vecinos de Ayuso no incurrieron en un delito de revelación de secretos al plasmar solo sus nombres y fotografía.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Exponer a los dos reporteros ante otros periodistas acusándoles de acosar a niñas pequeñas, añadía la magistrada, tuvo “escasa o nula relevancia” en cuanto a su intimidad. Fue “su sola identificación, sin referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales, al tratarse de un dato intrascendente”. El señalamiento de Rodríguez culminó con una foto de ambos periodistas, algo que tampoco es punible según esta magistrada al ser tomada “en la vía pública y en una actitud nada comprometedora ni para su esfera privada ni para el desarrollo de su intimidad”.

Miguel Ángel Rodríguez no estuvo allí. En siete años como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y alto cargo de la Comunidad se niega a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid con el respaldo de los diputados del Partido Popular. Tampoco acudió este jueves, cuando la asamblea regional debatía sobre su reprobación por insultar y amenazar a periodistas de elDiario.es y de otros medios. El debate llega dos años tarde porque solo fue posible después de que el Tribunal Constitucional certificase en una sentencia firmada por magistrados conservadores y progresistas que la Asamblea de Madrid estaba vulnerando la Constitución al cercenar los derechos políticos de Más Madrid y el PSOE. Durante todo ese tiempo, la Mesa de la Asamblea, con la mayoría del PP y la presidencia de Ossorio, rechazaron una tras otra las peticiones de la oposición.

Así que 23 meses después de que el jefe de gabinete respondiese a las exclusivas de este medio sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso amenazando con cerrarlo y triturar a los periodistas, la Asamblea de Madrid, pudo debatir por fin sobre el cese del jefe de gabinete.

Y lo que se produjo fue una defensa cerrada del Partido Popular. Su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache, ensalzó a Rodríguez como pocas veces se había hecho en un parlamento durante sus largos años de experiencia política: “Qué bien les vendría tener a un Miguel Ángel Rodríguez a su favor, pues no lo tienen. [...] Un compañero fiel, un tipo brillante, sagaz, optimista, terriblemente divertido, una de esas personas que te ayudan a mirar lejos y que hacen de la política un lugar más mejor, más bonito y más útil , así que ustedes no se lo van a quitar”. El mismo portavoz había descrito a Rodríguez como una especie de eminencia de la comunicación, citado sus nueve libros y tres obras de teatro, las elecciones que Aznar ganó a Felipe González, su época de portavoz en el gobierno posterior y su supuesta influencia en América [sic]. “Así que hay que tener un poquito más de nivel para tratar a una persona con esa trayectoria”.

Sirvió la respuesta de la oposición en bandeja: ¿por qué una persona con esas altísimas capacidades se ha negado durante siete años a comparecer en la Asamblea Regional. Se lo preguntó Más Madrid, el PSOE e incluso la diputada de Vox Ana María Velasco, con un tono mucho más cariñoso: “No tengan miedo”.

Díaz Pache intentó rebajar los insultos y amenazas que Rodríguez vertió contra este medio a una conversación entre dos conocidos, Miguel Ángel Rodríguez y la periodista Esther Palomera, la tesis desplegada por el jefe de gabinete cuando elDiario.es reveló su intento de intimidación. Palomera explicó entonces en un extenso artículo que no tenía una relación de amistad con el jefe de gabinete y que su cadena de insultos no se produjo en medio de un debate, sino que fue Rodríguez unilateralmente el que envió una sucesión de mensajes telefónicos cuando vio publicada la segunda entrega sobre la investigación a los negocios de Ayuso en la que Palomera ni siquiera había participado.

Más Madrid, responsable de la proposicion no de ley, rebajó los supuestos superpoderes de Rodríguez. Su portavoz, Manuela Bergerot: “No es un genio de la estrategia es un gestor de la propaganda pagado con el dinero de todos”. “Es el 'koldo del PP' y un cobarde que no se atreve a comparecer para las cuatro preguntas que le hagamos”. “Muy valiente para insultar en redes sociales pero muy cobarde cuando se trata de venir donde toca”. La portavoz de Más Madrid insistió en que su partido no pretende solo reprobar a la mano derecha de Ayuso, sino “impugnar una forma de hacer política basada en la mentira, en la intoxicación, en el insulto, la intimidación y la compra de voluntades”. Ayuso y Rodríguez son exactamente lo mismo, dijo la portavoz de Más Madrid durante un debate en el que ni la presidenta ni su asesor quisieron estar presentes: “Rodríguez no es nada sin ayuso, sin los jefes, sin la tupida red del Partido Popular con el poder judicial, el mundo del dinero y los medios de comunicación y no es absolutamente nada sin el dinero de la Comunidad de Madrid con el que compran las voluntades de los periódicos y panfletos que difunden sus bulos”.

Bergerot recordó también que entre las misiones de Rodríguez estuvo también “difamar a las familias de las víctimas de los protocolos de la vergüenza” y recordó algo que el portavoz popular pasó por alto en su panegírico del jefe de gabinete: la doble condena por difamar al doctor Luis Montes, ya fallecido, jefe de Urgencias del Hopistal Severo Ochoa de Leganés, al que Rodríguez llamó “nazi” varias veces en plena campaña del PP de Esperanza Aguirre contra él.

En el turno del PSOE, la diputada Aitana Jiménez Liébana reprochó al PP y a su presidenta que manoseen la palabra “libertad” mientras censuran desde la Asamblea y desde la Presidencia de Madrid. “Venimos a debatir si en Madrid vamos a normalizar que desde el corazón del poder se amenace a periodistas cuando publican una información incómoda para la presidenta”. “Ha tenido que decirles el Constitucional que están vulnerando derechos al impedir el debate y a recordarles que no es su cortijo ni la versión madrileña de Mara Lago”. La parlamentaria socialista censuró que desde su puesto público el jefe de gabinete “planifica y ejecuta la defensa de la pareja de Ayuso”. Y cerró con la pregunta que se hace toda la oposición en la Asamblea: “¿Por qué no permiten que Rodríguez venga a esta asamblea a dar explicaciones, dónde está esa bravuconería en wasap, la épica tuitear, a ver si es verdad lo que dice Vox de la derechita conservadora”. Incluso la portavoz de Vox, con un tono mucho más comprensivo hacia el PP y entre duras críticas a la izquierda y alusiones a ETA, les recomendó a los populares que “no tengan miedo” y permitan a Rodríguez comparecer en el parlamento regional.

Durante todo el debate el PP atribuyó la censura de la oposición al jefe de gabinete a la “envidia”. Vino a decir que todos los partidos querrían contar con alguien así en la sala de máquinas. Incluso reprochó a la oposición “bajar al barro” contra el jefe de gabinete y ejercer contra él una “crítica personal” ya que no pueden cuestionar su “trayectoria profesional”. Su portavoz Díaz Pache asumió en voz alta, desde la Asamblea de Madrid que ese Gobierno, el que supuestamente debería representar a todos los madrileños, “va contra Sánchez”. Y también contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Bergerot desde Más Madrid, le afeó “el papelón” de este debate parlamentario y concluyó: “El mérito de miguel ángel rodríguez es ser la primera línea de defensa cuando el clan Ayuso comete delitos”. “Defienden al matón número uno del Partido Popular, al Koldo del Partido Popular”, clamó desde su escaño.

La respuesta del portavoz de Ayuso, Carlos Díaz Pache, a que el jefe de gabinete no haya pisado la Asamblea de Madrid en estos siete años y no vaya a hacerlo en el futuro es que Rodríguez estaría encantado de acudir pero no lo hace porque el PP no quiere “un circo”. ¿Por qué el PP permite que otros cargos de la Comunidad comparezcan y Rodríguez no alegando que sería un circo (cuando los diputados de la oposición son los mismos)? Es una pregunta que quedó en el aire en el debate. Los votos en contra del PP que festejaron con una ovación y puestos en pie las loas de su portavoz a Rodríguez impidieron que la Asamblea de Madrid reprobase a la mano derecha de Ayuso.

El Partido Popular de Madrid ha vetado este martes la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid, para dar explicaciones por sus insultos y amenazas a medios como elDiario.es. Según han explicado fuentes parlamentarias, la argumentación de los populares que han frenado la declaración en la Comisión de Justicia, es que “no es oportuno” que Rodríguez comparezca ahora.

Más Madrid decidió a principios de mes presentar una proposición no de ley en el parlamento madrileño para exigir el cese de Rodríguez por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo que encabeza Manuela Bergerot tomó la iniciativa además de pedir su comparecencia tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certificó que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados de la oposición sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo casi unánime del Constitucional, la Asamblea tenía la obligación de tramitar las inicativas y debatirlas, pero en el caso de la petición de comparecencia finalmente el PP ha impuesto su mayoría en la Comisión de Justicia, el primer escalón de la tramitación, para vetarla.

“El Partido Popular ha vuelto a poner la asamblea de Madrid al servicio de los intereses antidemocráticos y autoritarios de Isabel Díaz Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez”, ha considerado el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, tras la decisión. “El Tribunal Constitucional, por unanimidad, dijo que claro que podemos pedir que venga a comparecer Miguel Ángel Rodríguez, y cuando lo hemos hecho, aplicando la sentencia del tribunal constitucional, el Partido Popular nos ha dicho que no, que vuelven a esconder a Miguel Ángel Rodríguez, que no se atreve a rendir cuentas”, ha zanjado.

“Es muy gallito para insultar, para atacar, para mentir en redes sociales, para amenazar a periodistas, pero cuando tiene que rendir cuentas ante el órgano que representa a los madrileños, que son quienes les pagan su sueldo, entonces se esconde y utiliza al Partido Popular para amordazar a la oposición y para decirnos cómo tenemos que hacer la oposición en la asamblea de Madrid”, ha concluido.

Espinar: “Van con todo para que nada se sepa”

“Está claro que por lo civil o por lo criminal Ayuso va a impedir que su jefe de gabinete dé explicaciones a todos los madrileños de por qué está utilizando recursos públicos para defender los intereses privados del novio de Ayuso y de ella misma. Van con todo para que nada se sepa”, ha señalado, por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

En la proposición no de ley Más Madrid solicitando la destitución de Rodríguez, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, pedía que la Comunidad de Madrid comunicara a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete así como su “compromiso con la libertad de prensa”.

Más Madrid justificó esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentaron que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusaban a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

El secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha puesto este viernes el foco directamente en el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, después de que este jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid filtrara los correos electrónicos de la denunciante del presunto acoso por parte del alcalde Móstoles, Manuel Bautista. López ha cuestionado el origen de la revelación de datos personales y ha apuntado a un posible delito, al tratarse de una denunciante que debería haber estado protegida. “Yo quiero saber de dónde salen esas informaciones”, ha asegurado López, “porque otra vez huele todo a Miguel Ángel Rodríguez”.

El dirigente socialista ha apuntado a la gravedad de haber hecho públicos datos personales de una víctima de acoso y ha reclamado explicaciones inmediatas, dejando abierta la vía judicial. “No descartamos ninguna acción”, ha afirmado. “En el día de ayer [por el jueves] se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado sus datos? ¿Está lejos de eso el señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Es muy grave.”

López ve la filtración de los correos como una estrategia de persecución a la víctima, “porque en este caso ha habido una persona que, parece ser, ha sufrido un acoso por parte del alcalde, y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo. Se están filtrando sus datos y se está amparando al acosador”. Por este encubrimiento, el socialista ha reprochado a Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo su “hipocresía” al llevar meses señalando a su partido por el caso Salazar. “Le pido al PP que se aplique todo lo que lleva diciendo durante meses”, ha reclamado.

El líder del PSOE madrileño también ha cargado contra la decisión del PP de dar por cerrado el caso sin escuchar a la denunciante, algo que calificó como un ejemplo de lo que no debe hacerse ante una denuncia por acoso. “Es más, el Partido Popular dice que ha archivado el caso sin haber citado a la denunciante. No la han escuchado a la denunciante. Es que es todo un protocolo de lo que no hay que hacer en un caso de estos. No se escucha a quien denuncia. Se ampara al denunciado”.

Más Madrid ha tomado acción este lunes para exigir el cese de Miguel Ángel Rodríguez, Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo ha registrado por ello una proposición no de ley que llega casi dos años después de que el medio de comunicación denunciara publicamente los mensajes de WhatsApp que dirigió Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

Se produce, también, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora la Asamblea tiene obligación de tramitar esta inicativa y debatirla. El grupo de la oposición ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea madrileña en la que, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, demanda que la Comunidad de Madrid comunique a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete“ así como su ”compromiso con la libertad de prensa“.

Más Madrid justifica esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentan que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusan a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

Mintió en el Tribunal Supremo. Insulta cada semana al presidente del Gobierno. Amenaza con cerrar medios de comunicación. Y sigue en su cargo público como jefe de gabinete de la presidenta autonómica con más poder e influencia en la política española. Se llama Miguel Ángel Rodríguez, aunque amigos y exégetas lo apodan MAR, lleva media vida en política y hoy es la segunda persona con más autoridad en la Comunidad de Madrid. Algunos dicen que la primera, por delante de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la política que lo reclutó para su campaña electoral de 2019 después de que Pablo Casado la designase —para sorpresa de muchos— cabeza de cartel en la Comunidad. La misma que le puso un sueldo público a Rodríguez en enero de 2020, meses después de aterrizar —para sorpresa de muchos más— en la presidencia de Madrid. Sin haber sido la lista más votada, con el peor resultado en décadas del PP de Madrid y tras haber pactado con Vox y Ciudadanos al mismo tiempo.

Miguel Ángel Rodríguez percibe un salario de 100.000 euros como alto cargo de la Comunidad, según el portal de Transparencia. Pero nadie que lo conozca defenderá que fue esa nómina la que motivó su regreso a la política dos décadas después de haber cesado como portavoz del Gobierno de José María Aznar. Aquella salida se vendió como una dimisión y probablemente lo fuese. También es cierto que Jordi Pujol, socio del PP entonces, había exigido a Aznar un cambio de tono en las declaraciones de Rodríguez, en especial sobre las reivindicaciones catalanistas después de que MAR dijese en público que los catalanes acabarían jugando a las canicas.

Habíamos quedado en que Rodríguez no regresó a la primera línea política por dinero. 100.000 euros es calderilla para un experiodista con un patrimonio que ronda los seis millones, con cinco pisos repartidos entre Madrid y Valladolid, una nave industrial en Toledo, acciones en empresas, cuentas corrientes, vehículos de alta gama y picos de alguna herencia.

Con 22 años ya se permitía decirle al director de su periódico en El Norte de Castilla qué partido iba a cubrir en las elecciones regionales de 1987. Eligió Alianza Popular, viajó a mítines en el coche con el candidato Aznar, junto a su esposa Ana Botella, y de aquella campaña que acabó en sorpresa electoral ya no salió como cronista sino como portavoz del nuevo Gobierno de Castilla y León. Al redactor veinteañero el periodismo ya se le había quedado corto y las siguientes llamadas a los directores de medios para contarles cómo enfocar las campañas las haría ya desde sus despachos en la política. A eso se dedicó la siguiente década, primero en Valladolid y después en la Moncloa.

Podría escribirse que su éxito se debe al dominio de las relaciones con la prensa. Sería una frase redonda, y como casi todas, también inexacta. Habría que medir ese talento sin la chequera de la publicidad institucional y los presupuestos millonarios que maneja (primero en el Gobierno de Aznar y ahora en el de Ayuso). Cuando quien llama a un director para abordar cuestiones informativas es el mismo que reparte la tarta del dinero de los anuncios todo se vuelve más sencillo. A Rodríguez se le atribuye la frase de que “no hace falta comprar un medio de comunicación, basta con ser su mejor cliente”. Pudiera ser parte de la leyenda que lo acompaña. Él nunca la ha desmentido.

Medios como Infolibre han hecho aproximaciones sobre el gasto en propaganda de la Comunidad de Madrid, 24 millones de euros el año pasado en 4.284 pagos (más de once al día, incluyendo domingos, festivos y vacaciones). La oposición en pleno, desde Más Madrid hasta Vox, pasando por el PSOE aseguran que es una bolsa para comprar voluntades y algunos diputados que han escrutado las cuentas del Gobierno de Ayuso sostienen que en esa partida de gastos no están todos los que son.

Tanto como sus infalibles dotes para la comunicación, esa partida presupuestaria explica el tratamiento de alguna prensa sobre los escándalos que rodean a Ayuso, las comisiones cobradas por su hermano y el fraude fiscal de su pareja. Sobre todo después de que las tretas de Rodríguez hayan quedado al aire en el Supremo. Su comparecencia ante el tribunal en el caso que acabó condenando al fiscal general por revelación de secretos dejó a la vista de todos las mentiras que contó a medios de comunicación que, sin recibir ninguna prueba, titularon como pedía el jefe de gabinete. La publicación de una supuesta propuesta de negociación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso (que no se había producido) y de las órdenes de arriba para frenarla (que también eran falsas) salieron del teléfono móvil de MAR horas después de que elDiario.es publicase el escándalo de las comisiones millonarias y el fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

El jefe de gabinete urdió su gran bulo y a la vez una de las victorias más contundentes del tándem Rodríguez & Ayuso. Donde Hacienda primero y la Fiscalía después habían visto un fraude fiscal de libro con facturas falsas y empresas pantalla, tan de libro que llegó a confesarlo por escrito el propio investigado a través de su abogado, Ayuso y MAR se inventaron una confabulación de poderes del Estado contra la presidenta de Madrid.

“Lo sé porque tengo el pelo blanco”, dijo en la fase de instrucción en el Supremo, cuando ya habían quedado claras las patrañas que contó a sus medios amigos y que chocan con la verdadera secuencia de los correos electrónicos. “Soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa”, intentó disculpar meses después sus falsedades ya en el juicio cuando se le preguntó de dónde habían salido sus intoxicaciones.

Ningún medio de comunicación ha pedido perdón por publicar las invenciones de Rodríguez. Y eso que las reprodujeron media docena de diarios y alguna radio. La mayoría ni siquiera citó fuentes, asumió como propio el relato falso. Rodríguez sigue en su puesto tras haber mentido a la prensa y al propio Supremo cuando dijo que nadie de elDiario.es le había llamado para pedir su versión sobre el fraude fiscal. En la fase de instrucción y durante el juicio. Su impunidad no se quedó ahí: el más alto tribunal del país le permitió insultar a periodistas de esta redacción, calificarlos de “violentos” y “escandalosos”.

Esos ataques ya habían formado parte de sus maniobras de distracción cuando elDiario.es publicó las primeras exclusivas sobre la pareja de Ayuso, no solo sobre su fraude, también sobre las casas que disfrutaba la pareja. Rodríguez aseguró a varios medios que dos periodistas encapuchados de elDiario.es habían intentado entrar por la fuerza en casa de la presidenta. De otros dos redactores de El País, que realizaban indagaciones sobre la vivienda donde reside Ayuso, dijo que habían estado “acosando a menores” en las inmediaciones de la casa.

Algunas de sus acusaciones (y los datos confidenciales de las identificaciones rutinarias de periodistas que hizo el servicio de contravigilancia de la presidenta) acabaron en la denuncia que presentó González Amador en el juzgado. Cómo llegaron esos datos que solo puede manejar la policía a una denuncia de un particular, precisamente por revelación de secretos, es algo que nadie ha explicado.

Sea por su destreza a la hora de fabricar relatos, por lo cautivos que siguen algunos de los medios por sus campañas de publicidad, o por ambas cosas, a Miguel Ángel Rodríguez apenas le han pasado factura barbaridades que dejarían a cualquier otro cargo público fuera de juego. Ni siquiera cuando amenazó con cerrar elDiario.es y triturar a sus periodistas. Su jefa, Isabel Díaz Ayuso, no solo lo respalda sino que se permite hacer alegatos a favor de “la prensa libre” frente a la dictadura que ella ve en España. En el PP nacional nadie tose a Ayuso y por delegación, tampoco a su jefe de gabinete.

Tienen fresco lo que pasó con Pablo Casado. Ya apenas se recuerda, pero su decapitación se inició con otra mascarada de la factoría Rodríguez & Ayuso. Cuando supieron que circulaba por varias redacciones pero también por la sede nacional de su partido la comisión de 234.000 euros que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, había cobrado de una empresa a la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había pagado millón y medio de euros a cambio de conseguir mascarillas chinas en lo peor de la pandemia, MAR improvisó una película de espías. Aseguró que en el PP nacional alguien había tratado de espiar a Isabel Díaz Ayuso. Con la colaboración de medios y periodistas de su confianza, logró convertir el pago de una empresa al hermano de la misma presidenta que le había adjudicado un contrato público durante lo peor de la pandemia en otra gestapillo interna de las que había antecedentes en el PP de Madrid.

Casado, que mantenía un fuerte enfrentamiento con Ayuso por el control del PP regional, acudió a la Cope y lanzó una pregunta criminal que, paradójicamente, acabó enterrándolo a él y no a la presidenta: “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Yo creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno”.

Enfurecida con el dirigente que le había dado su gran oportunidad política, Ayuso pactó con los barones la caída de Casado y su sustitución por Feijóo. El resto de la historia es conocida: ABC y El Mundo publicaron dos editoriales que daban por muerto al primer líder del PP elegido en primarias, a las pocas horas se montó una manifestación en domingo a las puertas de Génova 13 y uno a uno los miembros de la dirección nacional fueron traicionando a Casado durante un fin de semana. La decapitación de Casado duró menos de siete días.

En el entorno del expresidente del PP se dieron entonces cuenta de que los estatutos del partido están bien, pero no tienen nada que hacer ante quien puede repartir cantidades millonarias en publicidad institucional.

¿Qué fue de aquella trama de espías que el universo Ayuso denunciaba con tanta gravedad? Eso es lo de menos. Muerto Casado, Ayuso, Rodríguez y sus diarios más afines saltaron ya al siguiente capítulo en la serie del PP: que en Madrid solo hubiera una presidenta para todo. Gobierno y partido. Por supuesto, Feijóo dijo que sí. Y desde entonces, por si acaso, se cuida mucho de desairar a la baronesa.

Con el control total del PP y la mayoría absoluta en la Comunidad, Ayuso ya no pide permiso a nadie, ni en el partido y menos aún a su gobierno, y ya solo confronta con Sánchez. Esa máxima la estableció Rodríguez nada más llegar a la Puerta del Sol, eligió el despacho más pegado a la presidenta y dejó claro quién mandaba allí. Dirigentes que se han reunido con él varias veces aseguran que se refiere a Ayuso como “la niña”. Que no muestra demasiado interés por la gestión del día a día, ya que lo que importa es el relato. En más de una ocasión se ha jactado de no conocer el nombre de algún consejero. Todos han ido cambiando de gobierno a gobierno. Del anterior mandato que derivó en la actual mayoría absoluta, no queda ninguno. El mensaje es obvio: la única importante es la presidenta... Y el jefe de gabinete que también sigue y no solo para controlar la comunicación, se ocupa de la política... si es que para él no fueran la misma cosa.

Despreció a Ciudadanos cuando eran socios de Ayuso. Minimizó a Vox. Y publicó algunos tuits que pasaron rozando a Núñez Feijóo. Solo responde ante la presidenta y la presidenta hace seis años que le deja hacer. En su entorno hay personas convencidas de que su objetivo es repetir la misma hazaña de Aznar en 1996 y llevarla hasta La Moncloa. La estrategia es calcada a la que ya empleó en las postrimerías del felipismo. “Paro, despilfarro y corrupción”, “váyase señor González”, clamaba entonces Aznar. Con menos sutilezas aún, Ayuso y su guardia de corps llama directamente “hijo de puta” a Pedro Sánchez usando el eufemismo de “me gusta la fruta” que la fábrica Rodríguez se inventó cuando una cámara captó a Díaz Ayuso llamándoselo al presidente, mientras Sánchez aludía a las comisiones de su familia.

Cada rueda de prensa de cada consejero de Madrid arranca con ataques al Gobierno central. Antes incluso del turno de preguntas. Ya desde la pandemia el jefe de gabinete impuso que la estrategia de Madrid iba a ser el antisanchismo. Mientras el resto de comunidades españolas, incluso Catalunya, gobernada entonces por independentistas, seguía las recomendaciones de Moncloa y su comité de expertos para combatir la Covid, Ayuso desafiaba las restricciones y proclamaba “la libertad” de salir a tomar cañas y de la vida “a la madrileña”.

No le hizo falta mucho más para arrasar en las elecciones. En las primeras, que anticipó, se libró de Ciudadanos. En las segundas, que se celebraron cuanto tocaban, se deshizo de Vox. Cuando se pregunta qué hay detrás de los éxitos de Ayuso, la respuesta más obvia es el antisanchismo: en una región eminentemente conservadora, que acumula tres décadas ininterrumpidas de Gobiernos del PP, Ayuso se presenta como la némesis del presidente, con un discurso provocador capaz de retener a esos votantes aún más a la derecha que en otras elecciones apuestan por Vox. “Para algunos segmentos de población, es una estrella de rock, gusta a los jóvenes, pero también a los mayores”, decía poco después de su mayoría absoluta una socióloga que lleva décadas analizando encuestas.

¿Cómo se explica el fenómeno Ayuso?

Desde luego no es por su gestión, la dirigente curtida en las juventudes del PP apenas había pasado por un par de puestos menores en los gobiernos de Madrid: ejerció unos meses como viceconsejera de Presidencia con Ángel Garrido y tuvo cargos insignificantes en el partido. En los Consejos de Gobierno apenas aprueba proyectos de relevancia, la sanidad está hecha unos zorros y se ha tenido que rescatar a la Universidad Complutense, al borde de la quiebra.

Mientras todo eso sucede en las áreas donde tiene competencias, Rodríguez explota la bronca continua contra Sánchez donde no las tiene con frases que ningún otro dirigente se atreve a pronunciar en el PP. La fórmula se completa con buenas dosis de guerras culturales y un interminable álbum de fotos.

La esclerótica gestión de su Gobierno pivota sobre grandes eventos, con el regreso de la Fórmula 1 a Madrid como gran atractivo y aquellos otros proyectos susceptibles de acaparar focos: la semana de la Hispanidad junto a Gloria Stefan, el partido de la NFL en el Bernabéu, un programa para concienciar contra las drogas y el acoso escolar, que presentó con Ilia Topuria. La estrategia de MAR es inundarlo todo con titulares de Ayuso, ya sea con su atrabiliario discurso o incluso cuando calla, con obsequiosos reportajes fotográficos sobre lo bien elegida que está la blusa, el top, o el abrigo de la lideresa en algún evento al que acuda.

Rodríguez, por el contrario, se resguarda todo lo posible. A diferencia de su sobreexposición en el Gobierno de Aznar, cuando ejercía de portavoz del gabinete y alimentaba todo tipo de polémicas que le valieron un personaje en los famosos Guiñoles de Canal +, el MAR de 2026 opera en la sombra, desde la trastienda del poder. No concede entrevistas y solo ha hecho alguna excepción con medios amigos. Y tampoco rinde cuentas en la Asamblea de Madrid, donde la Mesa, con mayoría del PP, ha vetado una tras otra las peticiones de comparecencias y preguntas que la oposición formula sobre el jefe de gabinete. Diputados del grupo de Ayuso han llegado a alegar que no es alto cargo, pese a figurar así en el organigrama de la Comunidad. El Tribunal Constitucional acaba de concluir que el parlamento regional vulneró los derechos políticos de la oposición con esos vetos. Está por ver si la mayoría del PP rectifica y Rodríguez acude a dar explicaciones a la cámara. En los seis años que lleva a sueldo de la Comunidad de Madrid no lo ha hecho.

Las largas que siempre ha dado a la Asamblea contrastan con su locuacidad en las redes sociales. Desde su perfil de X, donde se presenta con una única frase —“me entristece el cada vez más bajo nivel de la política española”— da rienda suelta a sus obsesiones. Llama dictador a Sánchez y augura que todo su entorno acabará en la cárcel.

Todo vale para defender a su jefa. Así han sido estos seis años. No es algo de ahora. El dirigente político que dice apenarse por “el bajo nivel de la vida pública española” publica tuits de este tenor: “Dije Pá'lante y se cumplió. Digo Tán'cagaos y lo huelo”.

Ya en 2011 fue condenado por llamar nazi al doctor Luis Montes, entonces jefe de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, cesado por la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre, bajo acusaciones falsas de malas praxis y de dejar morir a sus pacientes. Montes fue investigado y el caso se quedó en nada. Rodríguez, que lo había insultado en varios programas de televisión, fue condenado por injurias graves en primera instancia y la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la pena. Para que pagase la indemnización, de 40.000 euros, otro juzgado tuvo que ejecutar un embargo en 2013.

En 2020 cerró durante un tiempo su cuenta de Twitter tras insultar en ella al vicepresidente y compañero de Gobierno de Ayuso, Ignacio Aguado. Sin socios de los que depender, ni más jefa que Ayuso, Rodríguez ya no se para con nada ni con nadie. Tiene todo el poder. La pregunta que se hace alguien que ha vivido muy de cerca sus maniobras es si se va a conformar con manejar la Presidencia de Madrid o si con 62 años recién cumplidos tiene ansias mayores.

El Tribunal Constitucional ha dictado esta semana dos sentencias que dejan por escrito una realidad: el Partido Popular ha usado la Mesa de la Asamblea de Madrid como dique de contención para proteger a Isabel Díaz Ayuso de preguntas y propuestas incómodas de la oposición. Cuestiones sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, sobre la sanidad madrileña o sobre el grupo Quirón que nunca llegaron a debatirse en pleno o comisión porque, afirma el tribunal, la Mesa las tumbó de forma irregular y vulnerando los derechos políticos de PSOE y Más Madrid. Unas preguntas que, después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora tiene obligación de tramitar.

La Mesa no es el organismo con más exposición pública y mediática de un parlamento autonómico, pero constituye el primer cortafuegos de las iniciativas con las que la oposición busca cumplir con su misión política: controlar la labor de un gobierno regional a través de preguntas y propuestas. La holgada mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2023 también dio al PP un plácido control de la Mesa con cuatro de sus siete miembros, entre ellos su presidente Enrique Ossorio, frente a los solitarios representantes de PSOE, Más Madrid y los aliados de Vox.

La oposición, tras conocer las sentencias del Constitucional, ha reiterado sus peticiones de dimisión contra Ossorio, un técnico de la Seguridad Social que empezó en política de la mano de Ignacio González y que se consolidó como consejero, vicepresidente y portavoz de Isabel Díaz Ayuso antes de ser puesto al frente de la Asamblea y su Mesa. Una atalaya desde la que ha sido calificado como “censor” por servir de muro inexpugnable para las preguntas incómodas.

Los partidos de la oposición decidieron llevar a los tribunales esta labor de cancerbero poco después de que elDiario.es revelase que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciado por defraudar 350.000 euros en impuestos así como sus relaciones profesionales con el grupo Quirón, gigante empresarial con un papel protagonista en la sanidad madrileña. También después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, amenazara por escrito a una periodista de elDiario.es con “triturar” al periódico tras las primeras exclusivas del caso.

Tanto PSOE como Más Madrid presentaron casi dos decenas de iniciativas relacionadas con el caso. Algunas de ellas eran anteriores, como la petición de los de Manuela Bergerot de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de compra de material sanitario como el que había reportado una comisión al hermano de Ayuso. Otras, de ambos partidos, eran posteriores: pedir explicaciones y responsabilidades por las amenazas a elDiario.es, auditar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del grupo Quirón o, incluso, avanzar para que las grandes empresas sanitarias fueran expulsadas de los hospitales regionales.

Todas las iniciativas se quedaron en el primer filtro de la Mesa. Las preguntas, las propuestas de comparecencia, las posibles comisiones de investigación y las proposiciones no de ley. El organismo, con el rodillo del PP y la abstención de Vox, expuso todo tipo de razones para que ninguna de estas propuestas llegara al pleno y, en la práctica, no se sometieran a debate público. Las razones fueron variadas: que Miguel Ángel Rodríguez no es miembro del gobierno sino un asesor, que muchas de esas cosas vienen de legislaturas pasadas o, incluso, que en el caso Koldo ya se están investigando contratos de la pandemia.

El Constitucional ha constatado que, en ambos casos, la Mesa vulneró los derechos políticos de la oposición al bloquear estas iniciativas yendo mucho más allá de sus funciones, que deberían limitarse a constatar que las iniciativas parlamentarias cumplen con requisitos formales. Sus decisiones, impulsadas gracias a la mayoría del PP, impidieron el “núcleo básico de la función parlamentaria”. La verificación de la Mesa, recuerda el Constitucional en estas sentencias, “ha de ser siempre formal”, no entrar al fondo del asunto para limitar el control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

De Miguel Ángel Rodríguez a la sanidad pública

Las sentencias tiran por tierra todos los argumentos que usó Enrique Ossorio para descartar estas iniciativas y que después defendió la propia Asamblea en sus alegaciones ante el tribunal. Es cierto que Miguel Ángel Rodríguez no es consejero en el ejecutivo regional, pero las preguntas sobre sus amenazas a elDiario.es “versan sobre asuntos que sin duda afectan a la acción política del gobierno”. Preguntar por él, añade el Constitucional, es “control al gobierno”.

El Constitucional explica a la Asamblea de Madrid que esta jurisprudencia no es precisamente novedosa. El tribunal lleva dictando sentencias en este mismo sentido desde la década de los noventa que han dado la razón a prácticamente todos los partidos en todo tipo de parlamentos: al PP y a CiU en el Senado, a Izquierda Unida y Podemos en Murcia, a Vox en Euskadi, a Compromís en València y al PSOE en Madrid. El mejor ejemplo, de hecho, ocurrió en esa misma Asamblea hace ahora 20 años.

El portavoz del PSOE regional era entonces Rafael Simancas, que tres años después del 'tamayazo' hacía oposición a una Esperanza Aguirre aupada por los votos de los tránsfugas. Los socialistas, junto con IU, pidieron la creación de una comisión de investigación para estudiar si las obras de la ampliación de la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey eran seguras. El PP de Aguirre enterró esta petición con una alegación que ha repetido dos décadas después: que esas obras eran de una legislatura anterior, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La catenaria llegó a caer sobre las vías.

Esa comisión de investigación nunca se abrió. El Constitucional dio la razón a Simancas en 2012 y, para entonces, ni siquiera era diputado en la Asamblea de Madrid. Ahora el tribunal repite aquellos argumentos para reprochar al PP de Ayuso que no podía bloquear una posible comisión de investigación sobre los contratos regionales durante la pandemia con el argumento peregrino de que ya existía una investigación sobre el caso Koldo.

Este punto ha sido el único que ha roto ligeramente la unanimidad del Tribunal Constitucional en su doble reproche a Isabel Díaz Ayuso. Los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han anunciado votos particulares en la sentencia sobre el recurso de Más Madrid porque discrepan en lo que tiene que ver con la petición de crear una comisión de investigación. Pero el criterio ha rozado la unanimidad con progresistas y conservadores votando lo mismo. Arnaldo, de hecho, es el ponente de la sentencia que da la razón al PSOE.

“Nos saca de la anomalía madrileña”

Las sentencias todavía no han sido notificadas y, por tanto, ni PSOE ni Más Madrid han podido examinar la letra pequeña, pero ambos partidos se sienten avalados por el Constitucional en las quejas que vienen desplegando desde hace años contra la actividad de la Mesa en ese sentido. Tanto Mar Espinar (PSOE) como Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) consideran que ahora el organismo debe tramitar sus peticiones y, si no lo hace, exponerse a consecuencias que pueden llegar al ámbito penal de la desobediencia y la prevaricación.

“Nos saca de la anomalía madrileña salvo que decidan desobedecer al Constitucional”, explica Hugo Martínez Abarca. “Con Ayuso todo es posible, pero el sentido común dice que si el Constitucional obliga a Miguel Ángel Rodríguez a comparecer y dar explicaciones, no cabe otra que aceptar”, afirma en ese mismo sentido Mar Espinar. “Pero hablamos de Ayuso, ya sabemos que ha hecho de la Comunidad de Madrid su pequeña Corea del Norte particular y que, en la tierra de la libertad, la única que vale es la suya”, apostilla.

El diagnóstico sobre el uso que Ayuso y Ossorio han dado a la Mesa en estos años es idéntico en ambos partidos. “Es proteger a la presidenta, que tiene muchísimos frentes abiertos, el nivel de vida cañón que lleva sin justificarlo, tiene que protegerse y la Mesa se ha puesto a trabajar. Ponen a trabajar a toda la maquinaria de la Comunidad en defensa del novio”, argumenta Espinar. “Es una aplicación trumpista de las instituciones que lleva practicando desde que empezó: 'la Asamblea es mi chiringuito y no vais a poder hacer democracia en el parlamento', es muy bestia”, afirma Martínez Abarca.

Más Madrid elaboró un informe el año pasado cuyos datos evidencian que la Mesa de la Asamblea ejerce de cortafuegos con mucha más intensidad que en otros parlamentos regionales. A lo largo de buena parte del año pasado, según este informe del grupo parlamentario, hasta un 30% de las iniciativas fueron inadmitidas, diez veces más que en otros parlamentos regionales.

La presidenta regional no ha podido empuñar el argumento habitual de desacreditar al Tribunal Constitucional por su mayoría progresista –las sentencias han tenido también apoyo conservador– y ha optado por alegar que desde la oposición “plantean preguntas absurdas”. En las próximas semanas la Mesa tendrá que reconsiderar sus negativas. Entre ellas, que Miguel Ángel Rodríguez y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que responder por las amenazas explícitas a elDiario.es por revelar el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta.

El Tribunal Constitucional ha asestado un segundo varapalo al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso por usar la Mesa de la Asamblea de Madrid para proteger a la presidenta de iniciativas incómodas de la oposición. El pleno, con el voto en contra de dos magistrados, ha dado la razón a Más Madrid en sus quejas sobre cómo este organismo había bloqueado una decena de iniciativas –desde preguntas parlamentarias hasta la creación de comisiones de investigación– relacionadas con las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, la presencia del grupo Quirón en la sanidad madrileña o los contratos de emergencia durante la pandemia.

La Mesa, que controla el PP a través de su mayoría absoluta, ha actuado según el Constitucional “hurtando la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria”. Con ese bloqueo sistemático, razonan, los casos no llegaban nunca al pleno donde se podrían haber debatido. La Mesa no se detuvo en los “requisitos formales” de las iniciativas de Más Madrid, sino que hizo “un juicio discrecional de fondo sobre la oportunidad de la iniciativa para el que no está facultada, al ser una competencia del Pleno o de las comisiones correspondientes de la Asamblea decidir sobre ella”.

Se trata de la segunda decisión que el Tribunal Constitucional toma en este sentido esta semana. El lunes, tal y como adelantó elDiario.es, los seis magistrados de la sala segunda decretaron por unanimidad que la Mesa también había vulnerado los derechos políticos de los diputados del PSOE al bloquear la tramitación de preguntas e iniciativas relacionadas, sobre todo, con Miguel Ángel Rodríguez y sus amenazas a este periódico. Esta segunda decisión, ya del pleno, se ha adoptado con el voto en contra de los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez.

En este caso, el pleno entiende que la Mesa fue más allá de sus funciones para, gracias a la mayoría absoluta del PP y a veces la abstención de Vox, bloquear iniciativas parlamentarias de la oposición. “Excede de la estricta facultad de control reglado que corresponde a la mesa de la cámara, por realizar, bajo la apariencia del control del cumplimiento de un requisito material para el que sí está habilitada, un juicio discrecional sobre la oportunidad de la aprobación de la iniciativa para el que no está facultada, al ser una competencia del Pleno de la Asamblea decidir sobre ella”.

Que en la Asamblea de Madrid ya exista una comisión para analizar contratos públicos, añade el Constitucional, “no es un argumento” para que la Mesa tapone la posible creación de otra que es “de muy distinta naturaleza”. Tampoco es un argumento, añade, que algunas de estas cuestiones se refieran a legislaturas anteriores.

También critica el Constitucional que se bloquearan iniciativas para revisar el modelo sanitario madrileño público-privado poniendo la lupa sobre el grupo Quirón. Esas iniciativas tienen que ver, recuerda el pleno, con “la eficiencia del modelo de gestión de la sanidad pública de colaboración público-privada y, por tanto, que su objeto no es una empresa privada o su actividad sino el debatir sobre un concreto modelo de gestión del servicio público sanitario”.

El Tribunal Constitucional ha tumbado el veto con el que la Mesa de la Asamblea de Madrid bloqueó varias preguntas de la oposición sobre Miguel Ángel Rodríguez y sus amenazas a elDiario.es tras destapar el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sala segunda, por unanimidad de conservadores y progresistas, estima un recurso del PSOE y entiende que este bloqueo de la Mesa vulneró los derechos políticos de los diputados de la oposición. El pleno tiene pendiente resolver esta semana otro recurso similar de Más Madrid contra otras decisiones de la Mesa que vetaron su petición de constituir una comisión de investigación sobre el caso de Alberto González Amador y sus posibles derivadas.

La Mesa de la Asamblea de Madrid cuenta con una mayoría holgada del Partido Popular que, en la práctica, permite al partido de Ayuso controlar el acceso de cualquier iniciativa. En ese momento gracias a su cuatro miembros encabezados por el presidente Enrique Ossorio y la vicepresidenta primera Ana Millán. El exconsejero Ossorio ha sido acusado en diversas ocasiones por la oposición de ejercer su puesto de presidente del parlamento madrileño de forma partidista a favor de Ayuso, llegando a espetar a los partidos de izquierda: “Mientras ustedes llamen criminales al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tendrán que aguantar que llamen al Gobierno de España ‘banda criminal'”.

El PSOE terminó acudiendo al Constitucional por el veto de este organismo, con los votos favorables del PP y la abstención de Vox, a sus iniciativas sobre las amenazas que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, profirió contra una periodista de elDiario.es después de que este periódico destapara el caso de fraude fiscal de González Amador. Decisiones que salieron de una reunión de la Mesa el 22 de marzo de 2024, poco después de que el medio revelara las amenazas del alto cargo con “triturar” el periódico.

Los socialistas presentaron varias cuestiones, dos de ellas haciendo referencia a estos mensajes. El Tribunal Constitucional, según ha sabido elDiario.es, entiende que el veto de la Mesa a tramitar las preguntas vulneró el derecho de participación política de los diputados de la oposición recogido en el artículo 23 de la Constitución. La Mesa tenía que dar trámite para que eso llegara al pleno, en un debate público, y no convertirse en un muro de contención contra este tipo de iniciativas.

Las quejas y recursos de la oposición contra este veto de la Mesa de la Asamblea regional se han ido sucediendo en los últimos años y mañana el pleno del Tribunal Constitucional, con estos seis magistrados y otros seis más, analizará más alegaciones: las de Más Madrid contra otras negativas similares del organismo a tramitar, por ejemplo, su propuesta de crear una comisión de investigación sobre las derivadas del caso de fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador.

El Tribunal Supremo ha ejecutado la condena de Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para ser fiscal general del Estado. Un movimiento de la Sala de lo Penal que incluye la obligación de pagar una multa de 7.200 euros y abonar una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso –que saldrá de la fianza que ya consignó hace meses– y, en la práctica, pasa la pelota al tejado de la nueva fiscal general, Teresa Peramato: ahora la Fiscalía tendrá que decidir si esta condena implica la expulsión de Álvaro García Ortiz de la Fiscalía.

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de Alberto González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en una nota de prensa. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de la multa y la indemnización, pero dejaba una puerta abierta: si el reglamento interno de la Fiscalía implica que también perderá su condición de fiscal.

La sentencia explicó de forma expresa que no se pronunciaba sobre esa posibilidad, aunque destacaba que ceñir su condena a la inhabilitación para ejercer como fiscal general era ajustada a la gravedad de los hechos. El reglamento de la Fiscalía explica que un fiscal condenado por delito doloso perderá esa condición, pero abre la puerta a que no sea expulsado y solo suspendido temporalmente si su condena, como en este caso, es inferior a seis meses de prisión.

El auto de ejecución, además de instar a la ejecución de su inhabilitación y el pago de la parte económica de su condena, pone la sentencia en conocimiento formal de la Fiscalía General “a los efectos oportunos”. Ahora será Teresa Peramato, la nueva fiscal general que tomó posesión hace pocos días, la que decida el futuro de Álvaro García Ortiz.

El caso está pendiente de que la Abogacía del Estado presente un incidente de nulidad para, una vez sea previsiblemente rechazado, la causa ponga rumbo al Tribunal Constitucional. Los servicios legales del Estado que defienden a García Ortiz trabajan en un recurso de amparo para apoyarse en el voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer y denunciar que tanto la instrucción del juez Ángel Hurtado como su condena ha vulnerado sus derechos fundamentales.

Pueden repetirlo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su estruendoso coro mediático e incluso él mismo ante el Tribunal Supremo. Y seguirá sin ser cierto. Alberto González Amador no es un “ciudadano particular”. Su periplo de año y medio por los juzgados y el tratamiento de algunos medios de comunicación han demostrado que está en las antípodas de eso.

Exactamente, desde el 26 de mayo de 2021, cuando la revista Lecturas anunció el noviazgo con un reportaje fotográfico en Ibiza y el locutor Federico Jiménez Losantos confirmó en Esradio que la relación llevaba meses. Losantos, poco sospechoso de alentar campañas contra Ayuso, reconoció algo más: la fuente de su información era la propia presidenta madrileña. El audio todavía puede escucharse aquí.

Las parejas de los presidentes, ministros y altos cargos, de diputados, senadores y líderes de partidos en España, más en el caso de que convivan, se consideran Personas Políticamente Expuestas (PEP), una figura sometida a controles financieros especiales, tanto en sus movimientos bancarios, compras de inmuebles, transferencias... Todas esas operaciones deben ser monitorizadas por los bancos que están obligados a aplicar una Diligencia Debida Reforzada (DDR). Traducido al castellano: incluso gestiones sencillas como hacer una transferencia al extranjero, comprar una casa o efectuar una donación a un familiar están vigiladas y requieren la aprobación de la alta dirección del banco, obligado a indagar en el origen de los fondos. En caso de movimientos sospechosos, las entidades están obligadas a avisar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Alberto González Amador desde que convive con Ayuso no es un ciudadano particular, sino una Persona Políticamente Expuesta.

Como todos los cargos públicos, la presidenta de Madrid tenía la obligación de comunicar a los bancos y entidades financieras la identidad de la persona con la que convive a través de una declaración jurada. Lo dice la regulación: “cónyuges, familiares cercanos (hasta el segundo grado) y convivientes”. Ni Ayuso ni su equipo de comunicación han explicado nunca si cumplieron con ese trámite. La condición de Persona Políticamente Expuesta que debió adquirir su pareja en el momento en que empezaron a convivir casa mal con las sociedades en Panamá, en Florida y algunas transacciones que González Amador ha realizado en los últimos años. Los bancos y el servicio antiblanqueo suelen estar encima de ese tipo de operaciones.

Pero más allá de eso, ¿es defendible que esté la pareja de un presidente vigilada por los bancos y no por el periodismo? En el universo Ayuso, una parte de los medios defienden que así es. Que no hay nada que mirar en los negocios de González Amador con Quirón, el principal adjudicatario de la Comunidad de Madrid, de la que ha recibido pagos por 5.000 millones de euros desde 2021. Lo escriben editorialistas y lo repiten locutores de radio y presentadoras de televisión por las mañanas.

No es el caso de elDiario.es. Gracias a las investigaciones de esta redacción, hoy sabemos que, lejos de ser aquel “técnico sanitario” que trató de presentarnos el eficaz aparato propagandístico de la Comunidad de Madrid, González Amador es un comisionista que se hizo con dos millones de euros gracias a una empresa donde estaba de consejero Fernando Camino, su jefe en Quirón, que es el mismo grupo sanitario al que Isabel Díaz Ayuso ha pagado en los últimos cuatro años, el doble de lo presupuestado.

Hoy sabemos también que en 2023, antes de que este medio destapase el escándalo del fraude fiscal, las facturas falsas y las empresas pantallas, Quirón y González Amador trataron de camuflar su relación construyendo una identidad falsa: Alberto Burnet González para que pudiera operar dentro del grupo. Y que todavía hoy, pese a estar imputado por corrupción en los negocios por pagar 500.000 euros a la esposa de su jefe en Quirón a cambio de una empresa sin empleados, infraestructura ni apenas facturación, González Amador figura en la intranet del gigante sanitario como Director de Proyectos. Pese a todo lo anterior tampoco se le aplica el código ético de la compañía.

Ni siquiera el Tribunal Supremo, en la controvertida sentencia que condenó sin pruebas directas al fiscal general de haber filtrado la confesión del doble delito fiscal de González Amador, ha comprado la tesis del ciudadano particular en su fallo: “Estamos no ante un estricto ciudadano anónimo, sino ante un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar”.

Tampoco es cierto que a Alberto González Amador le preocupen todas las filtraciones. Unas, como la publicación del correo en el que su abogado confesaba en su nombre un doble fraude fiscal, las denuncia en los tribunales. Otras las utiliza a conveniencia en las demandas que presenta. El juicio en el Supremo ha evidenciado que el primer correo que se publicó lo filtró el propio González Amador, a través del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, a El Mundo, el diario que llevó a su portada una noticia falsa que partía de la manipulación de la cadena de mails entre la pareja de Ayuso y el fiscal.

El Colegio de Abogados de Madrid, que puso el grito en el cielo y presentó una denuncia al ver en algunos medios el mail de la confesión de los delitos, no ha tomado ninguna medida contra el letrado de González Amador Carlos Neira, quien facilitó una parte de sus comunicaciones con la Fiscalía, entre ellas el correo que acabó publicado en El Mundo. Es el mismo Colegio Oficial de Abogados que protestó airadamente por la quiebra de confianza que supone airear las conversaciones entre el Ministerio Público y un letrado y apeló a la vulneración del protocolo firmado con la Fiscalía para las conformidades. Diferentes medios de comunicación han preguntado al colegio profesional si había adoptado alguna medida disciplinaria contra el abogado Carlos Neira por romper ese protocolo. No hay noticias de que lo haya hecho, pero ha aparecido alineado como acusación con la pareja de la presidenta y su abogado llegó a formular preguntas dictadas por el letrado de González Amador durante el juicio.

Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid y de cuyo departamento salió una filtración antes de que el correo de la confesión de González Amador llegase a manos de García Ortiz, se quejó en su día de que el Colegio de Abogados no expedientará a su colegiado tras la filtración original que dio lugar a esta causa. Tampoco porfió en ello a lo largo del procedimiento judicial.

Ahora se sabe que el mismo día que el Colegio Oficial de Abogados de Madrid mantuvo la acusación y pidió cárcel contra el fiscal general, la Comunidad de Madrid autorizaba al Colegio de Abogados de Madrid para convertirse en centro universitario, con el lucrativo negocio que supone. El proceso llevaba varios años en marcha, pero se cerró el mismo día que el juicio al fiscal general quedó visto para sentencia. La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid puede revisarse aquí.

El triángulo se cierra así: la Comunidad de Madrid que preside Ayuso permite al Colegio de Abogados un centro universitario el 14 de noviembre, justo el día en que el mismo colegio profesional ratificaba en su escrito de conclusiones la acusación contra el fiscal general durante la última jornada del juicio. La semana siguiente, ese mismo colegio profesional celebra un curso por el que paga 90 euros por hora a tres miembros del mismo Tribunal ante el que ejercieron de acusación.

El Colegio Oficial de Abogados se ha visto obligado a sacar un comunicado para defender que su posición en el juicio contra el fiscal general del lado de la pareja de Ayuso nada tenía que ver con el centro universitario que la presidenta de Madrid le acababa de conceder.

Por si faltaban indicios sobre si González Amador opera realmente como un ciudadano particular, ahí va otra pista. El novio de Ayuso y su abogado Gabriel Rodríguez Ramos han venido utilizando para sus denuncias material reservado que solo tenía la policía y que también es secreto. Solo así puede entenderse que en una demanda figuren atestados policiales sobre las identificaciones que la escolta de la presidenta realizó en las inmediaciones de su vivienda a periodistas que trataban de averiguar en cuántos pisos vivía la pareja. ¿Cómo llegaron esos datos personales reservados de la policía a la demanda de un supuesto ciudadano particular? Es una vulneración de la protección de datos muy grave por la que nadie ha respondido todavía.

Alberto González Amador tampoco era un desconocido para una parte del Tribunal Supremo que juzgó su denuncia. El abogado que contrató, Gabriel Rodríguez Ramos -hijo del reputado penalista Luis Rodríguez Ramos y empleado en el bufete familiar- había estado preparando su tesis con Antonio del Moral, uno de los cinco magistrados que acabó condenando en la polémica sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fuentes cercanas al bufete admiten que fue Rodríguez Ramos padre quien pidió al magistrado dirigir la tesis de su hijo. Así que el mismo día que el letrado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, leyó la tesis donde agradecía a su mentor, Antonio Del Moral, la “sabia guía” durante los años de investigación, la Sala del Supremo, en la que estaba el propio Del Moral, abría una causa contra la sexta autoridad del Estado por revelación de secretos, tras una denuncia del propio Rodríguez Ramos.

Del Moral fue además la persona que dirigió el curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid al que acudieron él mismo y otros dos magistrados, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y Juan Ramón Berdugo, en medio de la deliberación de un caso que tenía entre las acusaciones particulares, del lado de González Amador, al propio Colegio de Abogados.

Berdugo, Del Moral y Arrieta firmaron los votos a favor de la condena al fiscal general, junto a Manuel Marchena, el magistrado que, según el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había que aupar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo para “controlar desde atrás” la sala segunda, precisamente la que ha juzgado a García Ortiz y por la que pasan la gran mayoría de casos de corrupción. La quinta magistrada que se posicionó del lado de la condena, Carmen Lamela, también fue aupada al más alto tribunal del país por la mayoría del PP, que ha hecho de este sumario una causa general contra el propio presidente del Gobierno.

¿Explica esa maraña de relaciones que el muy particular ciudadano Alberto González Amador, que comparecía como testigo, dispusiese de un alegato final ante el Tribunal Supremo donde se permitió decir que la situación en la que estaba solo le dejaba dos salidas: suicidarse o huir de España (donde sigue acusado por la Justicia en dos procedimientos sobre delitos graves)? El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, permitió al testigo soltar su discurso y lo más que hizo fue replicar con una ironía: “Le recomiendo consultarlo con su abogado”.

Es el mismo magistrado que consideró una amenaza, y así lo hizo saber desde la presidencia del tribunal, el dilema profesional sobre revelar la fuente (y quebrar la primera obligación del oficio, junto a decir la verdad) o permitir la condena de un inocente.

Si alguien cree que a un ciudadano particular se le permiten alegatos de este tipo en el Tribunal Supremo, sirva un consejo de los antiguos concursos de televisión: “No lo intenten en sus casas”. Quien tenga interés en comprobarlo, puede consultar los vídeos del juicio al procés y los interrogatorios del propio Marchena a los testigos independentistas.

Pero la evidencia más clamorosa de que González Amador no es un ciudadano particular fue la actuación de la Comunidad de Madrid desde que estalló el escándalo de sus comisiones millonarias y su fraude fiscal. El primer día, la presidenta trató de convertir una rutinaria investigación de Hacienda que derivó en denuncia, como hay miles, en una operación de “todos los poderes del Estado contra ella”. Y de acuerdo con semejante diagnóstico, puso a trabajar en su defensa a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, un alto cargo de la Administración con un sueldo público de 100.989 euros.

Rodríguez puso en marcha una campaña de intoxicación basada en mentiras, como él mismo tuvo que admitir en el Supremo, utilizando a medios de comunicación bajo su influencia, empezando por Telemadrid y una decena de diarios y radios que publicaron sus inventos sin ningún contraste.

Tras año y medio de ruido y muchísima propaganda, hoy sabemos que González Amador está procesado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental y que en otra causa separada se le investiga por cohecho y corrupción en los negocios. Le hemos visto acudir a los juzgados con peluca y utilizar un alias, Alberto Burnet, para operar con un cargo directivo en el grupo sanitario al que su pareja ha repartido 5.000 millones de euros en el último lustro.

En todo este tiempo ha tenido a su servicio al aparato de la Comunidad de Madrid, al Colegio de Abogados de Madrid y a distintas asociaciones ultras que se personaron como acusaciones en el delito de revelación de secretos. También ha usado en sus demandas información reservada en poder de la policía sobre identificaciones de la escolta de Ayuso a periodistas.

Mientras, Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta de Madrid siguen intentando defender que es “un ciudadano particular”. Y un sector de la prensa que financian le sigue comprando la mercancía.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a Álvaro García Ortiz no solo ha puesto punto y final a su carrera como fiscal general y le ha hecho responsable de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También supone un espaldarazo a algunos de los puntos más polémicos de la investigación: los registros y deducciones de la Unidad Central Operativa (UCO), las órdenes del juez Ángel Hurtado para recabar mensajes y datos telefónicos de García Ortiz y la decisión de juzgar solo al entonces fiscal general aunque la condena final apunte a su “entorno”, el cual compareció en el Supremo casi en su integridad.

Ha sido uno de los puntos que han consagrado el carácter inédito del proceso, juicio y condena al fiscal general. El enfrentamiento directo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado con un juez del Tribunal Supremo y la unidad de la Guardia Civil encargada de numerosas causas de corrupción. Las críticas del Ministerio Público y la defensa de García Ortiz arrancaron con la apertura de diligencias en el Tribunal Superior de Madrid, se afianzaron en el Supremo tanto en la instrucción como durante el juicio y han sido rechazadas por la sentencia con la próxima meta en el Tribunal Constitucional.

El enfrentamiento más abierto y directo con Hurtado llegó de boca del propio fiscal general cuando se sentó ante el juez para declarar como imputado el pasado mes de enero. “El magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad”, dijo García Ortiz. La Abogada del Estado, Consuelo Castro, desarrolló la queja en la primera sesión de juicio: “Ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto”, criticó antes de calificar de “prospectiva” e “inquisitorial” la investigación de Hurtado y su idea “preconcebida” de que García Ortiz era el culpable.

Los dardos también han volado hacia la UCO, antes y después de que la testifical del teniente coronel Antonio Balas se convirtiera en una de las armas más valiosas de las acusaciones. Desde las primeras quejas por los registros ordenados por Hurtado hasta las denuncias de parcialidad porque sus informes clave recortaron mensajes y omitieron, entre otras cosas, el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Todas y cada una de estas quejas –que en unas semanas estarán en manos del Tribunal Constitucional– han sido rechazadas por el Tribunal Supremo.

Del registro de la UCO a las filtraciones

Los jueces de la Sala de lo Penal solo hacen dos pequeñas concesiones a los lamentos de García Ortiz sin ninguna consecuencia. La primera, cuando reconocen que Ángel Hurtado fue poco preciso al ordenar los primeros registros de la Guardia Civil y la incautación de mensajes y correos tanto del fiscal general como de la otra imputada, la fiscal provincial de Madrid. “La acotación temporal fijada inicialmente en verdad podría resultar desmesurada: excedía de lo estricta y prudencialmente necesario”, conceden los jueces. Pero esa posible pesca de arrastre encargada a la UCO por Hurtado, añaden a renglón seguido, “ha resultado totalmente irrelevante”.

Fue uno de los primeros recursos del caso. Cuando Fiscalía y Abogacía denunciaron que Hurtado había habilitado a la UCO para incautar correos y mensajes desde marzo hasta octubre de 2024. El juez tomó nota y, en una resolución posterior, acotó temporalmente la diligencia a los días de la filtración. “Limita el análisis y examen a los mensajes y contenidos producidos en esas estrictas fechas”, avala la sentencia.

El Supremo tampoco ve ninguna irregularidad en la gestión que el juez y la propia UCO hicieron de toda la información telefónica de García Ortiz que recabaron y que, después de ser trasladada a las partes, fue filtrada, con el entonces fiscal general y sus colaboradores recibiendo correos y llamadas no deseados. El registro, dicen los jueces, fue “una medida absolutamente idónea” y la filtración de los datos del fiscal general tampoco es responsabilidad de Hurtado: “Si los datos así trasladados a todas las partes, acusaciones, Ministerio Fiscal y defensa, acabaron conociéndose por el público en general, no cabe atribuir al instructor una actuación de cesión o indebido acceso a tales datos por parte de terceros ajenos a la causa”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue la encargada de ejecutar las diligencias de Hurtado desde la misma apertura de la causa, pero entonces su nombre y el del teniente coronel Antonio Balas, instructor de los informes y registros clave del caso, no estaban en los titulares: la opinión pública no sabía entonces, por ejemplo, que la exmilitante socialista Leire Díez buscaba información sobre la unidad y su responsable para, supuestamente, desacreditar su papel en causas de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

La expresión que Balas –en un juicio público tan tenso como su declaración previa a puerta cerrada en instrucción– usó para hablar del “dominio del hecho” que García Ortiz tuvo sobre la filtración no aparece reflejada en la sentencia, pero sí el mismo argumento que lleva a los jueces a condenar. Y en su sentencia, como ya hizo Hurtado durante la investigación, los jueces de la Sala de lo Penal hacen una defensa cerrada del papel de la UCO en el caso y la gestión del material incautado.

“No podemos arrojar sobre los agentes sospechas de que han podido copiar de forma clandestina esa información no se sabe con qué fines espurios”, dice el Supremo para avalar los registros. “Que agentes policiales hayan tenido una copia de los datos recabados no permite lanzar como sospecha que eso les permitió analizar esos datos sin control alguno”, añaden. “Hay que presumir en principio (lo que no obsta a que se pueda demostrar que se han producido quiebras) que la actuación de los agentes se ha atenido a lo ordenado”.

De la nota al “entorno” del fiscal general

No todos los magistrados del Supremo han suscrito este aval generalizado de la sentencia a Hurtado y la UCO. Las magistradas discrepantes, Susana Polo y Ana Ferrer, entienden que Hurtado no valoró bien que el teléfono que estaba registrando, al principio con pocos límites temporales, era el de un fiscal general: “Se trataba de confirmar una sospecha acerca del filtrado de un correo que como gran secreto albergaba la propuesta de un pacto de conformidad, que ya había sido difundido públicamente, y estratégicamente tergiversado desde el entorno del afectado”.

Estas dos magistradas entienden que no hay pruebas que permitan atribuir a García Ortiz o su “entorno” la filtración, y también discuten que la nota de prensa que la Fiscalía emitió en marzo de 2024 para combatir los bulos del caso sea una revelación indebida de datos confidenciales. Una de ellas, Susana Polo, fue de hecho la ponente del auto que aceptó abrir la causa pero rechazando que esa nota pudiera llegar a ser un delito.

La Sala avala este golpe de timón que Hurtado anunció verbalmente antes de la declaración de García Ortiz en instrucción y que ahora constituye un pilar maestro de su condena de inhabilitación. Y rechaza algo que el ex fiscal general denuncia desde el principio: que Hurtado solo contempló la posibilidad de que él fuera el máximo responsable de la filtración. “Fueron varios los investigados y el proceso, de manera ordenada y paulatina, ha ido avanzando” hasta el juicio, justifica el Supremo.

Los jueces aluden a las imputaciones que fueron archivadas, aunque no siempre por deseo de Hurtado: el fiscal Julián Salto y los mandos de la Fiscalía Diego Villafañe y Pilar Rodríguez. El primero fue exonerado por el Tribunal Superior de Madrid, el segundo por Hurtado y la tercera por la Sala de Apelaciones del Supremo. Lo que entronca con el eje central de la condena: el “entorno” del fiscal general.

La sentencia declara probado que o bien García Ortiz o bien su “entorno”, con la anuencia del primero, filtraron el correo de González Amador a la Cadena SER en la noche del 13 de marzo de 2024. Los jueces no explican quién es ese “entorno” pero sí habla de un “número reducido de personas del entorno próximo del acusado” que lo conocían. Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra, Álvaro García Ortiz “y su entorno” y el abogado Carlos Neira.

Esos eran, según el Supremo, los “potenciales conocedores” de la causa abierta contra González Amador y su confesión escrita de fraude fiscal. La lista que hacen los jueces sirve para descartar, afirman, que muchas más personas tuvieran acceso a ese email por haber llegado a un buzón genérico de la Fiscalía de Madrid un mes antes de su filtración, y se enfrenta a un hecho: todas esas personas han declarado, algunas como testigo y otras imputadas varias veces, a lo largo de la causa. Y otras que conocieron la información del posible pacto esa noche ni siquiera han sido llamadas a comparecer en año y medio de investigación.

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado por revelación de secretos ha supuesto un terremoto político, mediático y judicial sin precedentes. El caso del fraude fiscal se acabó convirtiendo en el caso fiscal general, con una condena rápida, sin sentencia hasta varias semanas después y con dos votos particulares (en contra) de dos magistradas del Supremo. Todo ello ha llevado a Un tema Al día, el podcast de elDiario.es, a preparar un especial de tres episodios para contar esta historia... Una historia que tiene de todo: choque de instituciones, una investigación judicial inédita, mentiras, buen periodismo, mal periodismo y sobre todo… mucha confusión, mucho ruido, muchas contradicciones.

Nosotros le damos orden. Contamos con las voces de Ignacio Escolar, José Manuel Romero, José Precedo, Pedro Águeda, Marcos Pinheiro y Esther Palomera. Hemos dividido esta historia (que en el fondo son varias historias) para entender bien todo lo que ha ido pasando: el fraude, la Operación M.A.R. y la sentencia. En esta serie huimos de la última hora para entender las cosas desde el principio. Porque solo entendiendo el principio, comprenderemos el final.

Ayuso vs. el fiscal general (I): el fraude

El caso dentro del caso. Es un entramado societario fantasma que va de Panamá a un pueblo de Sevilla, son facturas falsas y áticos de lujo, es privatización sanitaria y fraude fiscal. Nos remontamos al inicio de la investigación... que parece olvidado ya.

Ayuso vs. el fiscal general (II): Operación M.A.R.

El caso para tapar el caso. Una maquinaria capaz de construir personajes y de destruirlos. Un toque de silbato al que acuden periodistas, abogados y asociaciones de acusación fácil. Un talento para la intoxicación retroalimentado por la justicia. Abordamos, en cuatro pasos, una operación que pone en marcha el jefe de gabinete Ayuso: Miguel Ángel Rodríguez

Ayuso vs. el fiscal general (III): la sentencia

El final (de momento) del caso. 233 páginas y ninguna prueba directa. Indicios, deducciones cargadas de política, un tribunal dividido y una advertencia de futuro. Una condena histórica. Un golpe para el periodismo. Un año y medio después de que elDiario.es publicara la exclusiva del fraude, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por haber confirmado a los medios que González Amador había confesado ese fraude ante la fiscalía, desmontando las mentiras de Ayuso con “datos reservados”.

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Este es el tercer capítulo de nuestra serie sobre cómo el escándalo del fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso terminó con el fiscal general del Estado juzgado. Y condenado. Llegamos al final. Por ahora. La sentencia. Un año y medio después de que elDiario.es publicara la exclusiva del fraude, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por haber confirmado a los medios que González Amador había confesado ese fraude ante la fiscalía, desmontando las mentiras de Ayuso con “datos reservados”.

Tenemos la sentencia. Son 233 páginas. Pero no hay ninguna prueba directa que efectivamente demuestre que el filtrador de aquel correo de confesión fue el fiscal general del Estado. ¿Qué argumentos han utilizado entonces los jueces del Tribunal Supremo? ¿Qué dicen los votos particulares de las dos magistradas? Lo analizamos con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar. También con la visión de los juristas Victoria Rosell y Joaquín Urías.

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