La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas de El País a los que previamente habían identificado en la calle. Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación de whatsapp en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso.

Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge: “No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”. Los socialistas recurren directamente en apelación ante la Audiencia Provincial, que ya obligó a la jueza Robles a abrir la causa después de que la magistrada rechazara su admisión a trámite.

Miguel Ángel Rodríguez declaró ante la jueza que había sido González Amador quien le pasó la foto de los dos periodistas mientras hacían su trabajo en las inmediaciones del domicilio que comparte el empresario y comisionista con la presidenta madrileña. Justo antes le había dicho a los periodistas que la foto se la envió un vecino. Ante la magistrada rectificó y aseguró que el vecino hizo la foto y se la entregó al novio de Ayuso y este se la dio a él. Luego, González Amador ratificó esta versión ante la jueza.

Para el PSOE, “el señor González Amador aportó tras su declaración una documentación confusa e inconsistente, con pantallazos de unas supuestas conversaciones en fecha ignorada, con imágenes que no se ven y entre interlocutores desconocidos (...)”. “Ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”, añade el escrito de la acusación popular.

Los socialistas recuerdan a la Audiencia Provincial que los dos periodistas perjudicados por la difusión de sus datos y otro compañero corroboraron “explícitamente” la versión de que los datos procedían de los policías que les habían requerido la documentación e identificado en plena calle. Un documento policial incorporado a la causa reconociendo la identificación se sumaría a la tesis de la acusación, recoge el propio escrito.

El escrito del PSOE asegura que la jueza Robles “ha anticipado el cierre de la instrucción” antes de aclarar nada y que lo ha hecho a través de “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, Miguel Ángel Rodríguez.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

El juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por el señalamiento a dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador. La magistrada ha tomado la decisión sin tomar declaración a los policías nacionales que identificaron a los reporteros y después de escuchar las explicaciones de Rodríguez y de González Amador. El primero reconoció que el segundo le hizo llegar las fotos de los periodistas que después difundió entre los medios. El PSOE, que ejercía la acusación popular del caso, recurrirá el archivo.

La magistrada ya había rechazado abrir diligencias pero fue finalmente obligada por la Audiencia Provincial de Madrid. En su declaración como imputado, Miguel Ángel Rodríguez explicó que la foto de los reporteros se la hizo llegar González Amador y después él difundió la imagen entre los medios de comunicación, añadiendo una información falsa: que los periodistas estaban hostigando y acosando a vecinos, incluso a menores de edad, para obtener información de la presidenta regional.

González Amador compareció como testigo hace unos días en el mismo juzgado para completar esa versión. Reconoció que él fue quien pasó la imagen de los periodistas del grupo Prisa al jefe de gabinete de Ayuso, por ser su “amigo” y el responsable de su “seguridad” dijo ante la jueza, pero él no hizo la foto porque él no estaba en casa: fue un “vecino del quinto” quien se la pasó. Ninguno de los dos conserva los mensajes que intercambiaron: Miguel Ángel Rodríguez reconoció que los había borrado y Alberto González Amador tampoco conservaba esa conversación, en su caso por un hackeo.

La jueza archiva el caso porque entiende que las fotos y los datos de los periodistas no llegaron de los policías que escoltan a Isabel Díaz Ayuso. “Ningún dato de los obtenidos en instrucción permiten mantener que los datos consistentes en el nombre y primer apellido ni la imagen de los dos periodistas hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública”. La foto llegó desde un vecino y los datos de los reporteros era algo “conocido” por Miguel Ángel Rodríguez, que ya los conocía. “Esos mismos datos y su fotografía se encuentran publicados en el propio periódico”, añade.

El mensaje que Rodríguez envió a los periodistas junto con el bulo sobre los reporteros de El País, zanja la magistrada, “no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados”. Tampoco hay pruebas de que fueron obtenidos de manera ilegal. El archivo llega sin que la jueza haya tomado declaración a esos dos policías nacionales ni tampoco a otros agentes y testigos propuestos por la acusación popular del PSOE.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido durante un cuarto de hora ante la jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por señalar a dos periodistas. En su comparecencia, según fuentes del caso, el comisionista ha reconocido que él hizo llegar la foto de los reporteros de El País al jefe de gabinete de su pareja, aunque ha justificado que a él a su vez se la pasó un vecino. Según su versión, le hizo llegar la foto a Rodríguez porque es su amigo y porque es el encargado de la “seguridad” y la comunicación de Isabel Díaz Ayuso.

El empresario fue llamado a declarar por la magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, acusado de difundir a los medios de comunicación la foto y la identidad de dos periodistas de El País que en marzo de 2024 acudieron a las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña. Los dos se encontraban investigando el caso de fraude fiscal de González Amador y la compra de ese piso y Rodríguez difundió la información falsa de que estaban acosando a vecinos del edificio para obtener información.

González Amador ha explicado que ni él ni Ayuso estaban en casa en ese momento y que la foto de los periodistas se la envió un vecino de la quinta planta a quien no ha identificado. El empresario ha reconocido ante la jueza que no conserva su conversación de WhatsApp con Rodríguez, alegando que lo borró todo tras sufrir un hackeo. Sí conserva, sin embargo, las conversaciones de esos días con sus vecinos, también en un grupo de esta aplicación donde se comentó la presencia de los periodistas en las inmediaciones de la casa.

El empresario ha confirmado en algunos puntos la declaración que hizo hace unas semanas el propio jefe de gabinete de Ayuso. Que él fue quien remitió a Rodríguez la foto de los periodistas. Ha rechazado, sin embargo, que fuera él quien le hiciera llegar una tarjeta de visita de esos dos reporteros, tal y como también dijo el jefe de gabinete de Ayuso. Tampoco es cierto que Miguel Ángel Rodríguez, tal y como ha afirmado hoy ante la magistrada, sea el responsable de la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El caso ahora se encuentra a la espera de que la magistrada instructora decida si pone nuevas diligencias en marcha, algunas ya aceptadas y otras planteadas por la acusación que ejerce el PSOE. Una parte del caso se centra en dilucidar si Miguel Ángel Rodríguez difundió información que le llegó a través de los policías que ejercen la escolta de la presidenta madrileña. La jueza debe anunciar si cita a los agentes como testigos o como investigados y si llama a declarar a más policías tal y como han solicitado las acusaciones.

La difusión de la foto y los datos de los dos reporteros de El País acabaron publicados por diversos medios de comunicación junto con las afirmaciones falsas aportadas por Miguel Ángel Rodríguez. Fue en un momento en que la Comunidad de Madrid, tras las primeras exclusivas de elDiario.es sobre el caso, se lanzó a desacreditar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y también a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Al bulo y el señalamiento contra los periodistas de El País se sumó a más bulos difundidos sobre elDiario.es y las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a una periodista de este medio: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, volverá este martes a testificar ante un juez. En este caso el comisionista sanitario lo hará para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que comparte con la presidenta madrileña. El juzgado investiga al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por difundir su imagen y sus identidades entre medios de comunicación que, junto con varios agitadores ultras, acabaron divulgando esos datos.

Los hechos por los que tiene que declarar el comisionista sanitario se remontan a marzo de 2024. elDiario.es había desvelado que la Fiscalía acusaba a González Amador de defraudar más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas. También poco después de que este periódico revelara que la presidenta madrileña y su pareja vivían en un piso comprado por el empresario tras perpetrar el fraude fiscal denunciado por la Fiscalía.

En esas primeras semanas la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno fue salir a defender al empresario, cuestionar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, asumió la defensa de González Amador, tanto de forma institucional como en su papel de enlace con los medios de comunicación, y entre otras acciones amenazó por escrito a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Ayuso redujo estas amenazas a conversaciones con “gente de confianza”.

El jefe de gabinete de la presidenta desarrolló también la estrategia de usar su contacto preferente con decenas de medios de comunicación que siguen la actualidad institucional de Ayuso para atacar a los medios que investigaban el caso. Fue pocos días después de esas amenazas cuando difundió el bulo de que unos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar violentamente su domicilio. También cuando distribuyó entre los medios la foto de dos reporteros de El País que habían acudido a las inmediaciones del inmueble bajo la acusación falsa de haber acosado a los vecinos de la presidenta, incluso a menores de edad.

La información falsa fue publicada en varios medios de comunicación —algunos de los cuales han borrado ese contenido en estos dos años— y algunos agitadores de extrema derecha usaron las fotos que Miguel Ángel Rodríguez puso en circulación para señalar a los dos informadores de El País. Los juzgados, tras una denuncia del PSOE y de los propios periodistas del grupo Prisa, rechazaron en un primer momento abrir una investigación penal por revelación de secretos, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la puesta en marcha de diligencias penales contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

“La Policía no me pasó nada”

Miguel Ángel Rodríguez compareció finalmente como imputado en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid el pasado mes de mayo. Ante los medios, a las puertas de su declaración, dijo que las fotos de los periodistas le habían sido remitidas por “un vecino enfadado” de Ayuso y su pareja. Una vez sentado ante la jueza, el jefe de gabinete reconoció que no fue un “vecino” sino el propio Alberto González Amador el que le remitió la imagen de los dos periodistas que posteriormente difundió acompañada de un bulo para su publicación. Ahora será el comisionista el que explique, como testigo y obligado a decir la verdad, si fue él quien sacó y envió esas fotos al jefe de gabinete de su pareja.

En esa comparecencia pública ante los medios tras declarar en el juzgado Rodríguez reconoció que su primera versión no era cierta y que su fuente era González Amador: “Me he expresado mal”. También añadió que no conservaba los mensajes con los que difundió el bulo y la imagen de los periodistas. E hizo una última precisión: “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”.

Los dos reporteros de El País habían sido previamente identificados por los escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el juzgado también quiere saber si Miguel Ángel Rodríguez pudo obtener esos datos de los agentes, y no solo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada que investigó el caso citó a declarar a los dos policías para averiguar si Rodríguez había usado su contacto con los escoltas para obtener datos de los periodistas y difundirlos, aunque suspendió su comparecencia para decidir si debían ser llamados como testigos o como imputados.

Casarse hacia arriba es una expresión que existía antes para definir el salto económico que daba un cónyuge cuando contraía matrimonio con una persona de estatus económico o social superior. Creo que ya se utiliza menos. Antes, lo más habitual es que quien se casara hacia arriba fuera una mujer. Había muchos más hombres con dinero. Mucho antes, existía la dote, un dinero, en efectivo o en especie, que la familia de la novia abonaba a la nueva pareja o a la familia del novio. Se supone que servía para compensar a la novia por la pérdida de los derechos económicos que hubiera podido tener en su familia. En muchos casos, era un ingreso que se quedaba la familia del novio por dar luz verde al casamiento.

Cuánto hemos avanzado desde entonces. Con el caso de Alberto González Amador, el salto hacia arriba gracias a su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Una de las grandes decisiones de su trayectoria profesional. Esto no se estudia en las escuelas de negocios, pero lo mismo deberían dedicarle un apartado en el programa docente. Alguna asignatura que se llamara: “Emprendimiento y amor: ganancias patrimoniales tras la decadencia del concepto de amor romántico”. 

En su declaración como testigo en el juicio del fiscal general, Amador ofreció una actuación dramática y hasta lacrimógena —pensemos en Meryl Streep en 'La mujer del teniente francés'— con la intención de presentarse como víctima de una abyecta conspiración. Afirmó que le habían presentado como “el delincuente confeso del Reino de España”. Acabó en lo más alto y dijo que solo le quedaban dos alternativas: “O me voy de España o me suicido”. 

Más allá del hecho de que los usuarios de un Maserati raramente optan por la segunda opción, el dilema carecía de sentido. Cómo iba a elegir salidas tan trágicas si se había hecho millonario, si estaba facturando casi al nivel de Shakira (y con la misma mentalidad sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales). 

Gracias a este diario, esta semana hemos sabido que las dos empresas de Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 (la primera noticia de su relación con Ayuso es de mayo de 2021). Aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a un procedimiento judicial. La agencia estaba obligada a enviar al juez estos datos junto a la petición de que certifique que no puede seguir investigando a Amador, porque ya existe una investigación en su juzgado. La ley le impide hacerlo por su cuenta sin el permiso del juez. 

Hemos contado también que el novio de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso. En los negocios de Amador con esa empresa es clave su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, incluido el negocio que le permitió al novio de Ayuso ingresar 1,9 millones por la venta de mascarillas en 2020.

Después, Amador compró a la esposa de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza de muy escasa actividad con una facturación anual anterior de unos 30.000 euros. Le cambió de nombre en uno de los grandes saltos del 'branding' en el campo del marketing. Pasó a ser Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Mucho mejor, sin duda. Qué empresa de cualquier lugar del mundo se negaría a extender una factura improbable a una compañía con un nombre tan fantástico.

Precio de compra: 500.000 euros. Si el precio te parece excesivo, no es que seas un tacaño. Esa compra se está investigando ahora en los tribunales por las sospechas de que se tratara de un soborno o el pago por los servicios prestados.

Preguntaron a Miguel Tellado el viernes qué le parecían estos números. Son cifras muy superiores a las que se manejan en la investigación que afecta a Zapatero. Ya sabíamos que el número dos del PP no se iba a atrever a criticar a Ayuso. Nadie quiere en el PP acabar como Pablo Casado. Tellado prefirió negar la evidencia: “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la Administración que dirige”. Eso supone ignorar la relación económica que existe entre el Gobierno madrileño y el Grupo Quirón. Y, lo que es más sugerente, exige olvidarse que ella misma, en su calidad de presidenta de Madrid, asumió personalmente la defensa de los intereses económicos y judiciales de su novio al afirmar que todo era una conspiración de “los poderes del Estado” y que incluso Hacienda le debía dinero a él (morro nivel XXL).

A eso se dedicó Miguel Ángel Rodríguez desde el primer momento. El jefe de gabinete de la presidenta es el arquitecto de sus estrategias y quien se ocupa de plasmarlas en la realidad. Como vimos en el asunto del fiscal general, filtrando información falsa a los medios de su cuerda. O lanzándose como una hidra contra los medios que critican a la jefa. Cuando supo de ese informe que revelaba los inmensos beneficios obtenidos por Amador, dio a El País su opinión sobre los responsables: “De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada”.

Tranquilos, no pasará nada. Ningún comando yihadista de Nuevas Generaciones pondrá explosivos en la Agencia Tributaria ni Nacho Cano dará un concierto frente a la sede para exigir su eliminación. El PP no denunciará a Rodríguez ni considerará que sus amenazas son un peligro para el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. Tampoco la prensa de derechas que afirma que el Gobierno ataca a la Constitución y la independencia judicial afirmará que la dinamita que Rodríguez quiere utilizar interfiere en la labor de los funcionarios que se ocupan de combatir el fraude fiscal. Se juegan mucho dinero público procedente de la Comunidad de Madrid como para atreverse a tanto. Ellos dicen que hacen su trabajo para fiscalizar al poder y ya sabemos que Díaz Ayuso no tiene más poder que el del presidente de una comunidad de vecinos.

Peinado, una mancha para la justicia

Era previsible que el juez Juan Carlos Peinado finalizara su instrucción del caso de Begoña Gómez con un fin de fiesta espectacular. Uno de esos en los que los protagonistas están muy pasados de rosca después de consumir grandes cantidades de alcohol. El lunes, comunicó a Gómez que va a juicio con una solicitud de penas superior a la de homicidio. El viernes, abrió una pieza separada en la que le imputó más delitos por un caso que no tiene nada que ver con ella. Horas después, tuvo que rectificar.

El sábado, fue la traca final. Ordenó que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte y le obligó a pasar por su juzgado cada quince días. Lo justificó por el riesgo de fuga, pero resultó que tardó cinco días en tomar la decisión. Nunca se ha visto algo parecido en un juzgado. Cuando existe tal riesgo, un juez no permite que el acusado salga del juzgado para decretar la medida. No sea que se fugue.

Como siempre con Peinado, son sus autos los que delatan sus prejuicios y sus delirios. Gómez cuenta con escolta policial, como todas las esposas de los presidentes. En el texto, afirma que “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. 

No es frecuente que un juez diga por escrito que es probable que unos policías cometan un delito antes de haberlo cometido. Pero Peinado tiene respuestas para todo. En otro pasaje, sostiene que “la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”. Las comas están aquí donde aparecen en el auto.

Peinado no sabe escribir y sus escasos conocimientos jurídicos a la hora de redactar un auto le llevan a delatarse. Begoña Gómez se fugaría si contara con escoltas y también si no los tuviera, se supone que dejando a su marido en Moncloa y escondiéndose en algún lugar ignoto del planeta sin tratado de extradición con España. Es todo tan estúpido que es inaudito que esa instrucción haya llegado a este punto. O quizá no es inaudito, sino el colofón que se merece.

Todo en este caso es lamentable, sin pruebas que sustenten la catarata de delitos que penden sobre Gómez, y es una mancha que no se borrará fácilmente de la imagen de la Justicia en España. 

La conexión saudí de Zapatero

Después de conocer que había sido imputado, Zapatero anunció en un vídeo que iba a ejercer su “derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, y que además respondería a las preguntas de los medios de comunicación. Lo segundo tendrá que esperar y de lo primero ya hemos tenido esta semana el primer capítulo con su comparecencia ante el juez Calama. No era realista pensar que podía responder en poco más de dos horas a todas las cuestiones planteadas por el magistrado en su auto. La impresión general es que se limitó a negar las acusaciones sin aportar información nueva que pueda desmentirlas. Desde luego, no convenció a Calama, que es a fin de cuentas la persona más importante en estos momentos para Zapatero. 

No habló de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Dijo que necesita más tiempo para certificar su origen y los documentos que lo prueben. Lo que se sabe por lo que ha contado su entorno a TVE es que que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007. Eso abre la vía a que la defensa alegue que los hechos están prescritos, pero no va a eliminar la mancha que supone para su reputación. 

Todos los presidentes reciben regalos, dijo el viernes Pedro Sánchez. No es una defensa muy convincente. No todos los presidentes se los llevan a casa después de abandonar Moncloa y los guardan en una caja fuerte. Recibir un regalo carísimo del rey saudí, el jefe de Estado de un régimen que es la antítesis de los valores que Zapatero ha defendido en su carrera política, y ocultarlo al fisco es sencillamente imperdonable y sus antiguos votantes deberían considerarlo una afrenta. No es muy distinto a lo que hizo Juan Carlos de Borbón. Lo único que cambia es el valor económico del presente. Con independencia del resultado final de la investigación judicial, Zapatero ya ha perdido.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado a media tarde de este jueves un nuevo tuit para desacreditar a la Agencia Tributaria. Su mensaje llega después de que elDiario.es revelase esta mañana un informe de Hacienda que recoge que Alberto González Amador, pareja Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, cuando Ayuso ya era la presidenta madrileña.

Mencionando a El País, un medio que publicó el informe después que elDiario.es, Rodríguez ha publicado el siguiente tuit: “EL PAÍS lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante”. Además, en conversación con el diario de Prisa, Rodríguez ha asegurado que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”.

Rodríguez contradice así a la propia Agencia Tributaria que, en su informe, recoge que González Amador recibió de Quirón Prevención un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación.

Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.

En su informe, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.

Este mismo jueves se ha conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó durante un mes y medio la información de la causa contra el empresario y comisionista Alberto González Amador y concluyó, de forma provisional, que una de sus empresas “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que facturaba a Quirón Prevención, división de la empresa de la sanidad privada que recibe fondos de la Comunidad de Madrid que alcanzan los mil millones de euros anuales.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha llamado a declarar en calidad de testigo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada entiende, a petición del PSOE, que es una diligencia necesaria para averiguar la “fuente” que proporcionó al jefe de gabinete los datos y la foto de los periodistas de El País que después difundió entre dos decenas de medios de comunicación. La magistrada también rechaza la petición del jefe de gabinete de Ayuso de archivar el caso, precisamente por tener pendientes estas diligencias. “Sin haber finalizado la práctica de estas es improcedente resolver sobre su resultado aún no conocido”.

La citación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como testigo ha sido establecida para el próximo 30 de junio, según ha podido comprobar este periódico.

El juzgado investiga de dónde sacó Miguel Ángel Rodríguez los datos y la foto de los dos reporteros del periódico del grupo PRISA que posteriormente difundió entre medios que publicaron la imagen. Una foto de los dos periodistas en las inmediaciones del domicilio de Isabel Díaz Ayuso acompañada de la acusación falsa de haber acosado a vecinos para conseguir información de la pareja.

El propio jefe de gabinete de Ayuso compareció como imputado hace unos días y dio dos versiones diferentes. Antes de entrar al juzgado afirmó ante los periodistas que la foto se la facilitó un vecino de la urbanización. Ante la instructora, reconoció que la imagen se la había proporcionado el propio Alberto González Amador. Los reporteros fueron identificados por la Policía y la jueza indaga en si Rodríguez obtuvo sus datos de los agentes, algo que negó Rodríguez. La magistrada no cree que la Policía hiciera llegar la foto a Rodríguez porque fue “claramente realizada desde una posición de altura”, no desde la calle.

La magistrada también rechaza otras diligencias solicitadas por el PSOE. Por ejemplo, llamar a declarar a un comisario de Policía Nacional o que se investigue el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez. “Ningún dato aporta la acusación para entender que la fuente de información de don Miguel Ángel sea ajena y distinta a la por él afirmada”.

En una segunda resolución la magistrada también rechaza la petición de Miguel Ángel Rodríguez de archivar el caso contra él. “Procede desestimar la solicitud de sobreseimiento interesada, por no ser el momento procesal adecuado”, explica la jueza.

La jueza Raquel Robles, que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por un posible delito de revelación de secretos, ha suspendido este martes la declaración como testigos de los dos policías nacionales que identificaron a los periodistas de El País a los que luego el jefe de gabinete de Ayuso señaló difundiendo su fotografía e identidad, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

Los dos agentes habían sido citados como testigos pero antes de tomarles declaración la magistrada ha decidido que deber reconsiderar si les vuelve a citar como investigados, acompañados de un abogado para garantizar sus derechos. El pasado 6 de mayo, Rodríguez dijo a la jueza que la fotografía que difundió después de la identificación policial se la había entregado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a quien a su vez se la había facilitado un vecino.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido este miércoles, en menos de una hora, dos versiones distintas sobre cómo obtuvo una fotografía de dos periodistas de El País que trabajaban en la calle y que luego utilizaría para señalarlos en un chat. Al entrar a los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citado como investigado por un delito de revelación de secretos, Rodríguez ha dicho que la instantánea se la facilitó “un vecino enfadado” porque los profesionales habían molestado previamente a su hija. Al salir de la declaración ha vuelto a hacer declaraciones y ha afirmado que la fotografía se la envió Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, a quien se la había pasado previamente un vecino.

“Me he expresado mal”, se ha disculpado Rodríguez cuando una periodista le ha apuntado la contradicción. “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”, ha añadido. Fuentes presentes en la declaración confirman que Rodríguez ha mantenido la segunda versión ante la jueza y ha declarado que la fotografía se la entregó González Amador.

Ante los medios, el jefe de gabinete de Ayuso ha incidido en varias ocasiones en que él no obtiene ninguna información de los agentes que integran el servicio de seguridad de la presidenta y, por tanto, no se da la revelación de secretos obtenido en el ejercicio del cargo.

Al describir sus funciones, Rodríguez ha dicho que se encarga de todo lo relacionado con Presidencia de la Comunidad de Madrid y su titular, Isabel Díaz Ayuso. En el esfuerzo de las partes por determinar hasta donde llegan sus competencias profesionales sobre Ayuso, Rodríguez ha llegado a decir que la presidenta “no tiene vida personal”.

Sobre la identidad de los periodistas, que él hizo acompañar en sus mensajes del chat a la foto, Rodríguez ha dicho que nadie se la facilitó porque él ya conocía a los profesionales y los identificó al ver la instantánea. La fotografía está tomada desde arriba, de lejos, y a uno de los informadores está de espaldas y no se le ve el rostro.

Ambos periodistas habían sido identificados previamente por dos policías del dispositivo de la presidenta. Los agentes les requirieron la documentación y tras una breve explicación de lo que hacían les dejaron continuar con su trabajo. Los dos profesionales estaban en las inmediaciones del domicilio de Ayuso y González Amador trabajando en una información sobre unas obras irregulares en la casa de la pareja.

Las citadas fuentes jurídicas han explicado a elDiario.es que uno de los profesionales ha podido explicar este miércoles en el juzgado que los agentes se acercaron a ellos esgrimiendo supuestas quejas de los vecinos y que cuando se identificaron, uno de los policías se acercó a un vehículo policial y dijo por la radio: “Tenemos a dos periodistas”.

Los periodistas, según han declarado, repartieron una sola tarjeta de visita y no se la entregaron a ningún menor. Los policías que los identificaron tenían esa tarjeta de visita, pero nadie había denunciado los hechos, por lo que no está claro cómo la consiguieron o quién se la entregó.

MAR ha borrado los mensajes

Rodríguez envió varios mensajes por Whatsapp a 18 periodistas, según él mismo explicó en una entrevista con El Mundo. Este miércoles no ha quedado claro si uno a uno, a través de una lista de difusión o en un chat. Solo ha sido taxativo en este apartado en la confirmación de que los ha borrado alegando que no eran importantes.

“Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, decía en los mensajes que envió. En ellos incluyó una fotografía de ambos mientras se encontraban cerca del domicilio y sus nombres. El jefe de gabinete de Ayuso ha declarado ante la jueza que no conserva los mensajes que envió y que los ha borrado.

Rodríguez ha declarado que él envía mensajes a los periodistas para “informar” o para “crear opinión”. Los periódicos digitales El Debate, Vozpopuli, The Objective o Libertad Digital se hicieron eco de los comentarios de Rodríguez atribuyendo los comentarios a “fuentes de Sol”, en alusión a la sede de la Presidencia del Gobierno madrileño. Al tiempo, agitadores ultras como Vito Quiles en sus redes sociales, o la web en la que trabaja, EDATV, comenzaron a señalar a los periodistas. La citada web tituló: “Estos son los dos periodistas de El País que 'acosan' a los vecinos de Ayuso”.

La querella del PSOE apunta a que Rodríguez obtuvo la información a través del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis González Morato, a quien se la habrían hecho llegar los policías nacionales adscritos a la escolta de la presidenta.

González Morato ha declarado que no le facilitó ninguna información a Rodríguez y que él no se encarga de cuestiones operativas de la seguridad de Ayuso, si bien ha reconocido que el mando de la Policía Nacional que dirige el dispositivo le informó de la identificación de dos periodistas.

La jueza Raquel Robles González ha dirigido el interrogatorio a los perjudicados, realizándoles la mayor parte de las preguntas. Les ha requerido por si han sufrido perjuicio económico como consecuencia de la filtración de Rodríguez y ellos han contestado que siguen trabajando en El País. A la pregunta de si les ha afectado personalmente la difusión de la foto, al menos uno de ellos ha precisado que el perjuicio personal lo provocó la difusión de la foto acompañada de “un bulo” sobre lo que estaban haciendo allí.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, comparece este miércoles en calidad de investigado ante un juzgado de Madrid como autor de un presunto delito de revelación de secretos. Rodríguez difundió en un chat de WhatsApp, por el que se comunica con un grupo de periodistas, la identidad y las fotografías de dos profesionales de El País que trabajaban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña. Rodríguez acompañó los datos de los periodistas con falsedades sobre el trabajo que realizaban en la zona. 

Los hechos se produjeron en plena tormenta política y mediática por la revelación que había hecho elDiario.es de los problemas con la justicia del hasta entonces casi desconocido Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña. El 11 de marzo, este periódico desveló que la Fiscalía había presentado una querella contra el empresario y comisionista por dos delitos fiscales y uno de falsificación de documentos. Ocho días después, el 19 de marzo, dos periodistas de El País se encontraban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta elaborando una información sobre unas presuntas obras ilegales en su domicilio. 

Mientras trabajaban, un policía nacional, destinado en la escolta de la presidenta, pidió a los informadores que se identificaran. Tras hacerlo pudieron seguir haciendo su trabajo. Sin embargo, ese mismo día, Rodríguez envió varios mensajes a un grupo de WhatsApp que mantiene con 18 periodistas. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, decía sobre los informadores. En los mensajes incluyó una fotografía de ambos mientras se encontraban cerca del domicilio y sus nombres. 

Los periódicos digitales El Debate, Vozpopuli y Libertad Digital se hicieron eco de los comentarios de Rodríguez atribuyendo los comentarios a “fuentes de Sol”, en alusión a la sede de la Presidencia del Gobierno madrileño. A día de hoy es imposible consultar esas informaciones porque han sido retiradas por los medios. Al tiempo, agitadores ultras como Vito Quiles en sus redes sociales, o la web en la que trabaja, EDATV, comenzaron a señalar a los periodistas. La citada web tituló: “Estos son los dos periodistas de El País que 'acosan' a los vecinos de Ayuso”.

La querella del PSOE apunta a que Rodríguez obtuvo la información a través del director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Luis González Morato, a quien se la habrían hecho llegar los policías nacionales adscritos a la escolta de la presidenta. “Don Miguel Ángel Rodríguez reveló y difundió estos datos reservados y la fotografía que habría obtenido en su condición de jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que debían tener origen en documentos o informaciones policiales”, recoge la querella. 

El escrito incluye las declaraciones que el propio Rodríguez hizo a El Mundo el 30 de marzo en el que reconocía ser autor de la difusión de los datos. “Estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace. Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”, declaró el jefe de gabinete al citado diario. 

La querella de El País y los dos periodistas explica que los informadores se desplazaron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso y González Amador “con la exclusiva finalidad de recabar de primera mano información contrastada sobre la presunta ejecución de una obra ilegal en vivienda, en aquel momento noticia de actualidad”.

Esta misma mañana, antes de entrar en el juzgado, Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que la foto de los periodistas le fue facilitada por “un vecino enfadado porque habían molestado a su hija. Rodríguez ha negado que exista delito de revelación de secretos en los hechos que se le atribuyen porque los dos periodistas ”firman todos los días“ en su periódico y eran personas conocidas anteriormente por él.

También declaran los profesionales afectados

El escrito la querella añade: “Ambos periodistas permanecieron en la calle y se limitaron a consultar con vecinos y comerciantes, siempre en la vía pública y debidamente identificados como periodistas de El País, la posible realización de las referidas obras. A pesar de ello, un agente de paisano les pidió que se identificaran y los dos reporteros tuvieron que mostrar sus documentos de identidad y sus acreditaciones periodísticas”.

El Juzgado de Instrucción número 25 inadmitió la querella del PSOE y El País. Las dos acusaciones recurrieron con el apoyo de la Fiscalía y la Audiencia de Madrid obligó a la magistrada Raquel Robles González a practicar diligencias. Rodríguez está citado este miércoles a las 9.00 horas. A continuación declararán como testigos el director de seguridad de la Comunidad de Madrid y el periodista de El País que informó de la actuación del jefe de gabinete de Ayuso. A las 11.30 horas están citados los dos periodistas señalados por Miguel Ángel Rodríguez. El 19 de mayo prestarán declaración los dos policías nacionales que identificaron a los profesionales de la información.

Tanto la querella de El País como la del PSOE citan los informes publicados por organizaciones internacionales como Commitee to Proyecto Journalist y el Reuters Institute calificando los comentarios de Rodríguez como “amenazas” y describiendo su actitud como “doxing”, en alusión a la difusión no autorizada ni legítima de datos personales buscando el linchamiento digital de los aludidos.  

La filtración de Rodríguez fue parte de la estrategia emprendida por el jefe de gabinete de Ayuso en cuanto supo de la información que iba a publicar elDiario.es sobre la pareja de la presidenta. Incluyó intentos por desacreditar a este medio y a cualquier otro que informara sobre el asunto que, según Díaz Ayuso, afectaba a “un particular”. Miguel Ángel Rodríguez escribió a una periodista de elDiario.es amenazando con “cerrar” el periódico.

“La polarización política impacta en los medios, que difuminan peligrosamente la línea entre información y opinión. La libertad de prensa también se ve amenazada por un aumento de las acciones judiciales abusivas y del señalamiento político contra los periodistas”. Esa es una de las conclusiones de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que este jueves presentó su informe de 2026 sobre la libertad de prensa en el mundo. En su clasificación, RSF señala que la puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y el caso de España no solo sigue esa tendencia general, sino que en términos comparativos desciende seis puestos, del 23 al 29, respecto a 2025.

Preguntada al respecto, la relatora para los ataques contra la libertad de prensa para RSF España, Edith Rodríguez Cachera, sostiene que “en los últimos años” se han multiplicado las “demandas judiciales intimidatorias” contra la prensa española. En conversación con elDiario.es, Rodríguez detalla explícitamente que esas demandas han llegado del “entorno de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también “por parte del juez Juan Carlos Peinado”. Así, la relatora asegura que el hecho de que las actuaciones contra los periodistas provengan del entorno judicial “intimida aún más” a la prensa.

Las presiones y amenazas del entorno de Ayuso han sido constantes en los últimos años. En marzo de 2024, cuando elDiario.es publicó la investigación acerca del fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el jefe de gabinete de esta última, Miguel Ángel Rodríguez, mandó varios mensajes a una de las periodistas de este medio. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo el alto cargo de Ayuso. “¿Es una amenaza?”, preguntó la compañera. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez. Ese mismo día, elDiario.es había publicado en exclusiva que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla y también que González Amador cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. 

El pasado noviembre, durante el juicio que acabó condenando al ex fiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, Rodríguez volvió a descalificar a elDiario.es. Preguntado por el hecho de que no contestara a las preguntas de este medio sobre el fraude de González Amador, él respondió con las siguientes palabras: “Tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a periodistas de línea izquierdista”. Sobre el mensaje que recibió por parte de elDiario.es, añadió: “No le presté más atención porque son unos escandalosos”.

Además, cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones sobre González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso difundió los datos de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales, además de lanzar el bulo de que redactores de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. Tanto el diario de Prisa como el PSOE denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por haber aireado datos privados de los periodistas y el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid le ha convocado para que declare ante el juez el próximo día 6 de mayo.

Amenazas y coacciones de Peinado

El juez Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez que ha propuesto juzgarla por cuatro delitos, amenazó en octubre a elDiario.es con una querella y le exigió 50.000 euros por haber publicado una entrevista con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que cargó con dureza contra la investigación del magistrado contra la esposa del presidente del Gobierno.

Entonces, Peinado presentó una solicitud de conciliación, un escrito previo a la interposición de una querella, contra el político y el director de este medio por injurias y calumnias en la que planteó varias exigencias: que se eliminara la entrevista, que Puente pidiera disculpas públicamente, que no se criticara más su gestión de la causa y, finalmente, ser indemnizado con 50.000 euros. El escrito fue presentado en los juzgados por Guadalupe Sánchez, la misma letrada que ha registrado demandas similares en nombre del rey emérito y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra los políticos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso”. El acto de conciliación se celebró sin acuerdo y este medio, por el momento, no ha recibido ninguna querella de Peinado. El pasado septiembre Peinado también denunció a varios periodistas por criticar en televisión su actuación contra Begoña Gómez.

Desde Reporteros Sin Fronteras consideran que estas actuaciones contra la prensa, tanto la de Rodríguez como la de Peinado, “buscan silenciar e intimidar” a los periodistas, así como generar una “pesadilla ideológica y económica” a los medios de comunicación. La relatora Edith Rodríguez destaca, asimismo, que este tipo de actuaciones intimidatorias se suelen realizar habitualmente contra “medios digitales de tamaño mediano” y no contra grandes conglomerados, con el claro objetivo de que las amenazas influyan en sus respectivas líneas editoriales e intimiden a sus profesionales.

“Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, recoge el informe de RSF que llega a hablar de un clima de lawfare contra la prensa.

El informe de RSF destaca precisamente que “el mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta” en la que “los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE acaparan el mercado”. “A nivel regional, el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es alto”, añade, si bien considera que la prensa (digital y/o en papel) “goza de una mayor diversidad y, por tanto, de mayor pluralidad”.

Este organismo internacional alerta, también, de que “España es víctima de un clima de gran polarización política” de la que “no se libran unos medios en los que la opinión contamina cada vez más a la información”. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido de forma reiterada con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y la lucha contra la desinformación proponiendo medidas relativas a la transparencia (de la propiedad de los medios y sus ingresos publicitarios), el secreto profesional, la creación de un registro de medios, el acceso público a la información, o la reforma del organismo regulador del sector y del modelo de medición de audiencias”, destaca, aunque luego matiza que “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”. 

“Agitadores” de Vox para “sabotear” ruedas de prensa

Entre los deberes, RSF recuerda que “siguen sin derogarse los artículos más polémicos de la 'ley mordaza' y los llamados 'delitos de opinión' del Código Penal, una promesa que el Gobierno parece definitivamente incapaz de cumplir”. También denuncia que “los órganos directivos de la radiotelevisión pública siguen siendo designados sin arreglo a la independencia que promueve la EMFA, con el consiguiente impacto en el sesgo editorial de RTVE”.

“Peligrosamente concentrado y debilitado, el sector ha instalado a la profesión periodística española en una grave precariedad ya cronificada. A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo. Mientras, la erosión de unos medios en grave crisis los vuelve cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”, añade el texto, que destaca que “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas, una de las profesiones peor valoradas por los españoles”.

Reporteros sin Fronteras también sostiene que “el crecimiento de la extrema derecha y de su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso” y “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. “La formación ultraderechista Vox utiliza a agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada. El hostigamiento de estos agitadores dentro y fuera de las redes, con la connivencia de políticos y medios digitales afines, se ceba especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”, zanja.

La organización se refiere al caso de agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo que vulneran cualquier tipo de ética periodística, cargan contra los periodistas y los intimidan a la hora de hacer su trabajo. Ambos están inmersos en un proceso en el Congreso a raíz de que varios profesionales de la información y distintos partidos solicitaran la retirada de su acreditación.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Isabel Díaz Ayuso ha criticado esta mañana al Gobierno durante su intervención en un foro económico, insistiendo en que la situación política actual “hace polvo” al país y a su “credibilidad”, concretamente a los empresarios y las empresas. “Ver a un ministro de Justicia desprestigiando a un juez, a un fiscal general del Estado condenado haciendo lo mismo con los magistrados del Tribunal Supremo es algo que nunca se ha visto en una democracia, que tiene que atraer y dar confianza, y que tiene que decirle a los inversores que no va a cambiar las reglas del juego a mitad de partida”, ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordaba así las palabras de Félix Bolaños, ministro de Justicia, que este lunes cargaba contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

“Ver que salen de las cárceles los que han cometido los delitos más graves, que son aquellos que atentan contra la libertad y la vida, que se indulta a responsables de los peores casos que se han visto en España, que han secado por ejemplo las inciativas en regiones prósperas como Andalucia con los EREs, o los responsables del procés que han dinamitado la convivencia de todos...”, ha declarado Isabel Díaz Ayuso, “o ver que uno decide que no va a los requerimientos del juez, que no atiende a ellos, que el juez es simplemente un elemento a destruir y a desprestigiar en tiempo real, y que hay que, a su vez, juzgar a través de prensa o a través de políticos.. Esto es algo que nunca se ha visto en España, no puede ser”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que esta situación está “haciendo daño a nuestras empresas” y empresarios, ya que son estos los que “están empezando a sufrir ese deterioro reputacional, por ejemplo en Estados Unidos, después de tantos años de duro trabajo allí”. Ayuso cree que las grandes compañias americanas, “nos dicen testimonios españoles”, subraya la presidenta autonómica, “empiezan a alejarse de ellos y niegan colaboración con los nuestros, en foros y en encuentros”. Isabel Díaz Ayuso también ha pedido durante su intervención “que nada destroce” el trabajo de los empresarios, “y menos por culpa de la politica”.

Ayuso ha insistido en que, desde su Gobierno, defienden “todas las alianzas, especialmente aquellas con aquellos países donde hay elecciones que encima son libres, derechos laborales, participación ciudadana… Es decir, sobre todo en el marco occidental y libre”.

Estas declaraciones se han dado solo un día después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también cargara contra los jueces, concretamente contra el Tribunal Constitucional, que juzga al ex fiscal general del Estado.

Poco más tarde, Rodríguez seguía tuiteando: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Estas declaraciones coincidieron este lunes con la solicitud del ex fiscal general del Estado al TC de anular la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. Además, el jefe de gabinete de Ayuso tendrá que declarar como investigado el próximo 6 de mayo por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que escribían sobre Alberto González Amador. Ambos fueron identificados en el domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida aunque dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuanto vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La Audiencia de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de las diligencias abiertas en un juzgado ordinario contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, por haber difundido datos de dos periodistas de El País que elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Ahora, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial considera “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ordena a la jueza que practique “las diligencias que estime pertinentes” ante la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de Miguel Ángel Rodríguez.

La magistrada entendió en su auto de archivo que los mensajes enviados por Rodríguez a grupos de periodistas acusando falsamente a los profesionales de El País de acosar a vecinos de Ayuso no incurrieron en un delito de revelación de secretos al plasmar solo sus nombres y fotografía.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Exponer a los dos reporteros ante otros periodistas acusándoles de acosar a niñas pequeñas, añadía la magistrada, tuvo “escasa o nula relevancia” en cuanto a su intimidad. Fue “su sola identificación, sin referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales, al tratarse de un dato intrascendente”. El señalamiento de Rodríguez culminó con una foto de ambos periodistas, algo que tampoco es punible según esta magistrada al ser tomada “en la vía pública y en una actitud nada comprometedora ni para su esfera privada ni para el desarrollo de su intimidad”.

Miguel Ángel Rodríguez no estuvo allí. En siete años como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y alto cargo de la Comunidad se niega a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid con el respaldo de los diputados del Partido Popular. Tampoco acudió este jueves, cuando la asamblea regional debatía sobre su reprobación por insultar y amenazar a periodistas de elDiario.es y de otros medios. El debate llega dos años tarde porque solo fue posible después de que el Tribunal Constitucional certificase en una sentencia firmada por magistrados conservadores y progresistas que la Asamblea de Madrid estaba vulnerando la Constitución al cercenar los derechos políticos de Más Madrid y el PSOE. Durante todo ese tiempo, la Mesa de la Asamblea, con la mayoría del PP y la presidencia de Ossorio, rechazaron una tras otra las peticiones de la oposición.

Así que 23 meses después de que el jefe de gabinete respondiese a las exclusivas de este medio sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso amenazando con cerrarlo y triturar a los periodistas, la Asamblea de Madrid, pudo debatir por fin sobre el cese del jefe de gabinete.

Y lo que se produjo fue una defensa cerrada del Partido Popular. Su portavoz parlamentario, Carlos Díaz Pache, ensalzó a Rodríguez como pocas veces se había hecho en un parlamento durante sus largos años de experiencia política: “Qué bien les vendría tener a un Miguel Ángel Rodríguez a su favor, pues no lo tienen. [...] Un compañero fiel, un tipo brillante, sagaz, optimista, terriblemente divertido, una de esas personas que te ayudan a mirar lejos y que hacen de la política un lugar más mejor, más bonito y más útil , así que ustedes no se lo van a quitar”. El mismo portavoz había descrito a Rodríguez como una especie de eminencia de la comunicación, citado sus nueve libros y tres obras de teatro, las elecciones que Aznar ganó a Felipe González, su época de portavoz en el gobierno posterior y su supuesta influencia en América [sic]. “Así que hay que tener un poquito más de nivel para tratar a una persona con esa trayectoria”.

Sirvió la respuesta de la oposición en bandeja: ¿por qué una persona con esas altísimas capacidades se ha negado durante siete años a comparecer en la Asamblea Regional. Se lo preguntó Más Madrid, el PSOE e incluso la diputada de Vox Ana María Velasco, con un tono mucho más cariñoso: “No tengan miedo”.

Díaz Pache intentó rebajar los insultos y amenazas que Rodríguez vertió contra este medio a una conversación entre dos conocidos, Miguel Ángel Rodríguez y la periodista Esther Palomera, la tesis desplegada por el jefe de gabinete cuando elDiario.es reveló su intento de intimidación. Palomera explicó entonces en un extenso artículo que no tenía una relación de amistad con el jefe de gabinete y que su cadena de insultos no se produjo en medio de un debate, sino que fue Rodríguez unilateralmente el que envió una sucesión de mensajes telefónicos cuando vio publicada la segunda entrega sobre la investigación a los negocios de Ayuso en la que Palomera ni siquiera había participado.

Más Madrid, responsable de la proposicion no de ley, rebajó los supuestos superpoderes de Rodríguez. Su portavoz, Manuela Bergerot: “No es un genio de la estrategia es un gestor de la propaganda pagado con el dinero de todos”. “Es el 'koldo del PP' y un cobarde que no se atreve a comparecer para las cuatro preguntas que le hagamos”. “Muy valiente para insultar en redes sociales pero muy cobarde cuando se trata de venir donde toca”. La portavoz de Más Madrid insistió en que su partido no pretende solo reprobar a la mano derecha de Ayuso, sino “impugnar una forma de hacer política basada en la mentira, en la intoxicación, en el insulto, la intimidación y la compra de voluntades”. Ayuso y Rodríguez son exactamente lo mismo, dijo la portavoz de Más Madrid durante un debate en el que ni la presidenta ni su asesor quisieron estar presentes: “Rodríguez no es nada sin ayuso, sin los jefes, sin la tupida red del Partido Popular con el poder judicial, el mundo del dinero y los medios de comunicación y no es absolutamente nada sin el dinero de la Comunidad de Madrid con el que compran las voluntades de los periódicos y panfletos que difunden sus bulos”.

Bergerot recordó también que entre las misiones de Rodríguez estuvo también “difamar a las familias de las víctimas de los protocolos de la vergüenza” y recordó algo que el portavoz popular pasó por alto en su panegírico del jefe de gabinete: la doble condena por difamar al doctor Luis Montes, ya fallecido, jefe de Urgencias del Hopistal Severo Ochoa de Leganés, al que Rodríguez llamó “nazi” varias veces en plena campaña del PP de Esperanza Aguirre contra él.

En el turno del PSOE, la diputada Aitana Jiménez Liébana reprochó al PP y a su presidenta que manoseen la palabra “libertad” mientras censuran desde la Asamblea y desde la Presidencia de Madrid. “Venimos a debatir si en Madrid vamos a normalizar que desde el corazón del poder se amenace a periodistas cuando publican una información incómoda para la presidenta”. “Ha tenido que decirles el Constitucional que están vulnerando derechos al impedir el debate y a recordarles que no es su cortijo ni la versión madrileña de Mara Lago”. La parlamentaria socialista censuró que desde su puesto público el jefe de gabinete “planifica y ejecuta la defensa de la pareja de Ayuso”. Y cerró con la pregunta que se hace toda la oposición en la Asamblea: “¿Por qué no permiten que Rodríguez venga a esta asamblea a dar explicaciones, dónde está esa bravuconería en wasap, la épica tuitear, a ver si es verdad lo que dice Vox de la derechita conservadora”. Incluso la portavoz de Vox, con un tono mucho más comprensivo hacia el PP y entre duras críticas a la izquierda y alusiones a ETA, les recomendó a los populares que “no tengan miedo” y permitan a Rodríguez comparecer en el parlamento regional.

Durante todo el debate el PP atribuyó la censura de la oposición al jefe de gabinete a la “envidia”. Vino a decir que todos los partidos querrían contar con alguien así en la sala de máquinas. Incluso reprochó a la oposición “bajar al barro” contra el jefe de gabinete y ejercer contra él una “crítica personal” ya que no pueden cuestionar su “trayectoria profesional”. Su portavoz Díaz Pache asumió en voz alta, desde la Asamblea de Madrid que ese Gobierno, el que supuestamente debería representar a todos los madrileños, “va contra Sánchez”. Y también contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Bergerot desde Más Madrid, le afeó “el papelón” de este debate parlamentario y concluyó: “El mérito de miguel ángel rodríguez es ser la primera línea de defensa cuando el clan Ayuso comete delitos”. “Defienden al matón número uno del Partido Popular, al Koldo del Partido Popular”, clamó desde su escaño.

La respuesta del portavoz de Ayuso, Carlos Díaz Pache, a que el jefe de gabinete no haya pisado la Asamblea de Madrid en estos siete años y no vaya a hacerlo en el futuro es que Rodríguez estaría encantado de acudir pero no lo hace porque el PP no quiere “un circo”. ¿Por qué el PP permite que otros cargos de la Comunidad comparezcan y Rodríguez no alegando que sería un circo (cuando los diputados de la oposición son los mismos)? Es una pregunta que quedó en el aire en el debate. Los votos en contra del PP que festejaron con una ovación y puestos en pie las loas de su portavoz a Rodríguez impidieron que la Asamblea de Madrid reprobase a la mano derecha de Ayuso.