Las dos causas judiciales por revelación de secretos que afectan a cargos del Partido Popular en Madrid evidencian la excepcionalidad que empleó el Tribunal Supremo en la investigación al anterior fiscal general del Estado y que acabó en una condena de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. El juez Ángel Hurtado envió a la unidad anticorrupción de la Guardia Civil a requisar por sorpresa todos los dispositivos móviles del entonces fiscal general del Estado. El pasado 2 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó por “desproporcionada” la incautación del teléfono de la alcaldesa de Alcalá de Henares, procesada por filtrar una nota interna de la Policía, mientras que otra jueza de la capital se niega a tomar declaración a los policías que presuntamente le entregaron los datos de dos periodistas que luego Miguel Ángel Rodríguez difundió junto a una fotografía de los profesionales.

El 30 de octubre de 2024, un grupo de agentes de la Guardia Civil, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, permaneció más de 10 horas en el despacho del fiscal general del Estado, al que habían accedido con un auto firmado por el juez Hurtado. En la resolución se detallaba todo cuanto debían incautarse para el esclarecimiento de un presunto delito de revelación de secretos, en relación con la aparición en medios de comunicación de un correo electrónico enviado por el abogado del empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. En el mensaje el letrado ofrecía un pacto para dentro de la investigación por fraude fiscal contra él, justo lo contrario de lo que estaban informando El Mundo y otros medios.

En resumen, el juez autorizaba a la UCO a llevarse del despacho de García Ortiz cualquier documentación en soporte físico o digital que pudiera tener relación con los hechos. Destacaba el siguiente párrafo: “En cuanto a los servidores, servicios de correo electrónico (en el periodo comprendido desde el 8 de marzo hasta la materialización de la diligencia), redes sociales y otros repositorios se autoriza el volcado...”. El magistrado del Tribunal Supremo ordenaba a los agentes copiar toda la información del teléfono de una de las más altas autoridades del teléfono almacenada durante siete meses.

El exceso fue tal que el propio magistrado tuvo que rectificar, advertido por sus colegas. Hurtado redujo la incautación a los días próximos a la comisión del presunto delito de revelación de secretos, entre el  8 y el 14 de marzo de 2024. En cualquier caso, el magistrado había intervenido los dispositivos del máximo responsable de la institución encargada de hacer cumplir la legalidad por una presunta revelación de secretos que afectaría al derecho de defensa del presunto defraudador Alberto González Amador. García Ortiz fue condenado a una pena de inhabilitación de dos años. La irrupción en el despacho del fiscal general fue uno de los hechos que integran la lista de anomalías en el procedimiento sobre las que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional.

Una condena similar a la que recibió García Ortiz solicita la Fiscalía para la alcaldesa de Alcalá de Henares por el mismo delito de revelación de secretos, dos años y medio de inhabilitación en su caso. El caso se resume en que Judith Piquet, la regidora, ordenó al jefe de la Policía Municipal que le entregara una nota interna sobre la denuncia de una presunta agresión sexual en el municipio. El objetivo era dar argumentos a la afirmación gratuita que la presidenta Díaz Ayuso había hecho horas antes vinculando delitos sexuales en Alcalá con la presencia de migrantes en un centro de acogida del municipio. “Hay que salvar a la jefa como sea”, llegó a decir Piquet, según consta en las actuaciones.

La instrucción ha permitido acreditar el flujo de la información reservada y apuntalar la acusación contra Piquet y su jefe de comunicación entonces. Sin embargo, ha quedado un cabo suelto que la justicia se ha negado a investigar. Quien publica en X la nota interna es el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano. El PSOE, que actúa como acusación popular, propuso la diligencia de incautación de los correos y mensajes entre los dos investigados y Serrano para constatar que Serrano recibió la nota del Ayuntamiento alcalaíno. Pero la magistrada se negó y la Audiencia Provincial ha confirmado esa decisión.

“La intervención de los teléfonos móviles (...) supone una restricción grave al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución española, pero constituye igualmente una restricción del derecho a la intimidad del artículo 18.1 de la Constitución española”, recuerdan esta vez los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideran que la gravedad del delito investigado no resulta proporcional a una medida de tal calado.

Borrar mensajes es un indicio depende quien lo haga

El caso de Alcalá presenta otra reminiscencia respecto del caso del fiscal general. Los agentes de la UCO encontraron que Álvaro García Ortiz había borrado los mensajes de su teléfono móvil dentro de lo que él arguyó como un protocolo de seguridad por el contenido de lo que había en su terminal sobre causas muy relevantes para la seguridad del Estado. El juez Hurtado siempre consideró ese borrado un indicio de su culpabilidad y la sentencia recogió: “La causa explicativa del borrado no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, García Ortiz”.

El número dos del PP madrileño, Alfonso Serrano, compareció como testigo en la causa contra la alcaldesa y aseguró que a él le había llegado el mensaje con la nota interna de la Policía municipal de Alcalá a través del correo y por un anónimo. Y que ya había borrado ese mensaje. A raíz de esa declaración, el PSOE pidió la intervención de comunicaciones y que volviera a declarar. Se denegó.

El borrado de los mensajes del fiscal general, más allá de las consideraciones en el procedimiento, fue argumento político y mediático para denostar la defensa de Álvaro García Ortiz durante meses, también por el Partido Popular. Ahora es una práctica recurrente entre los dirigentes de la formación política cuando son ellos los investigados por revelación de secretos.

Miguel Ángel Rodríguez está investigado por revelación de secretos al haber difundido en un chat la identidad de dos periodistas de El País junto a sus fotos mientras trabajaban en las inmediaciones de la anterior residencia de Díaz Ayuso. Tras ofrecer una versión distinta a los medios, Rodríguez dijo a la jueza del caso que la foto se la había facilitado Alberto González Amador. El comisionista fue también llamado a declarar y aseguró que él la obtuvo de un vecino, pero que no conservaba el chat porque había sido víctima de un “hackeo”. El jefe de gabinete de Ayuso también declaró que ha borrado el intercambio de mensajes.

Cuando trascendió el informe de la UCO que certificaba el borrado de mensajes del fiscal general, Ayuso dijo: “Es algo que no me sorprende. Ya vi cómo el presidente se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes y, sobre todo, por eso no me esperaba otra cosa. Llevamos más de un año con este asunto de una posible multa de Hacienda estirado hasta una operación de Estado”. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses cárcel a González Amador por haber defraudado 350.951 euros en dos ejercicios fiscales y haber creado una trama de facturas falsas.

La magistrada ha archivado la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, que tuvo que instruir obligada por la Audiencia Provincial, sin llegar a tomar la declaración a los policías que habían identificado a los periodistas en la calle, presunto origen de la información que luego difundió el jefe de gabinete de Ayuso. El PSOE ha recurrido apelando a la sentencia del Tribunal Supremo, encargado de fijar doctrina, y está pendiente que la instancia superior a la magistrada resuelva.

“No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”, recoge el recurso de los socialistas.

La versión que mantuvieron Rodríguez y González Amador en el juzgado descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado a última hora de la tarde un nuevo tuit en el que augura un complejo horizonte judicial para el PSOE en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre. “Atención: hasta donde sé, Leyre va pá’lante, Cerdán va pá’lante y el PSOE va pá’lante… Así comienzan la campaña electoral. Por eso intentan quemar las calles”, ha escrito, en su perfil de X.

Además de ser uno de los hombres fuertes de Ayuso y el encargado de su estrategia política, Rodríguez suele utilizar su perfil de X para lanzar sus propios augurios respecto a procesos judiciales en curso, siempre asegurando que van a ir “pa'lante” todos aquellos involucrados en causas judiciales que afectan al Gobierno, a la Fiscalía o a los socialistas. Justamente el PP acaba de pedir al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que impute al PSOE en la causa que instruye sobre la exmilitante socialista Leire Díez. De ahí sus nuevas perspectivas para Díez, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el propio partido.

Además de su actividad en las redes, son especialmente notorias las salidas de Rodríguez con algunos periodistas en los últimos años. El ejemplo más claro es el de sus amenazas a elDiario.es en marzo de 2024, la misma fecha en la que este periódico informaba sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta autonómica. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den, idiotas”, dijo el jefe de gabinete por escrito a una periodista de elDiario.es. “A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”, justificó Ayuso tras la polémica.

Una semana después de su amenaza, Rodríguez difundió el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de la presidenta autonómica. Algunos medios llegaron a publicar la versión del jefe de gabinete sin contrastarla con este periódico. También llegó a acusar falsamente a periodistas de El País de acosar a vecinos o tratar de entrar por la fuerza en la vivienda, un extremo que también negó el periódico de Prisa.

El jefe de gabinete de la líder madrileña difundió la identidad y la imagen de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Amador. La pareja de Ayuso compareció como testigo y reconoció que fue él quien pasó la imagen de los periodistas al jefe de gabinete. Dijo que lo hizo porque era su “amigo” y el responsable de su “seguridad”, pero que no fue él quien hizo la foto. Finalmente, la jueza archivó el caso porque entendió que los datos no llegaron de los policías que escoltan a Ayuso. La oposición ha tratado en diferentes ocasiones de activar la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez en la Asamblea, por el momento sin éxito.

Escándalo tras escándalo, se aprecia una forma de afrontar polémicas por parte del PP de Isabel Díaz Ayuso, especialmente cuando estas salpican a la presidenta, su gabinete o a sus afines. Una estrategia que consiste, por lo general, en que si un escándalo te salpica, hay que intentar acallar y aislar al denunciante más que intentar desmontar los argumentos. Una estrategia que se puede resumir en “os vamos a triturar” y que se produce de manera cada vez más habitual para apartar los asuntos incómodos para el Gobierno regional.

El último ejemplo de estas prácticas se produjo hace dos semanas, cuando la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, tuvo que responder ante las denuncias del doctor Luis Martos sobre la manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal, unas acusaciones que no sentaron nada bien en la Consejería del Gobierno de Ayuso. Matute rechazó que en Madrid se maquillaran las cifras y decidió cargar públicamente contra el cirujano. Llegó incluso a decir que fue él quien manipuló los expedientes.

La consejera madrileña decidió salir en rueda de prensa y señalar públicamente, con la bandera de la Comunidad de fondo, a Martos: “El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera”, dijo. ¿El objetivo, según Matute? “Trabajar menos y operar casos menos complejos”. No solo eso. Llegó a deslizar que tenía “expedientes disciplinarios abiertos” por “pinchar” las “ruedas” del jefe de servicio, acusaciones que se llegaron a publicar en varios medios y que el doctor niega. En el corrillo posterior a la rueda de prensa, la consejera no quiso explicar en qué consistían las diligencias previas que se habían abierto sobre lo ocurrido en el Ramón y Cajal y no aclaró si lo que se iba a investigar era al doctor o un posible mal funcionamiento de las listas.

Ayuso salió luego a resumir la situación: “El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal un señor está manipulando las citas sanitarias, las suyas, y encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventar el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios, y ahora resulta que nos da lecciones de listas de espera en la tele sanchista”, dijo.

Martos ya ha anunciado que presentará una querella contra la consejera y, posiblemente, contra más personas, por injurias. Independientemente del fondo del caso, de lo que se denuncia o incluso de si pueden existir disputas internas en el servicio del Hospital, llama la atención ese señalamiento público por parte del gobierno autonómico, que prefiere desacreditar a un profesional en lugar de investigar lo que denuncia. El haberlo expuesto así públicamente, ahora, tiene sus consecuencias: Martos asegura que sus propios compañeros rechazan hablar con él y afirma que existe “miedo” entre los sanitarios por posibles represalias. Una situación que saca a la palestra a un ciudadano particular enfrentado a un Ejecutivo regional, pero que no es la única.

Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, además de ser uno de los hombres fuertes de Ayuso y el encargado de su estrategia política, es también, en ocasiones, quien se encarga de llevar a cabo estas técnicas de solución de problemas. Son especialmente notorias sus salidas con algunos periodistas. El ejemplo más claro es el de sus amenazas a elDiario.es en mazo de 2024, la misma fecha en la que este periódico informaba sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta autonómica. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den, idiotas”, dijo el jefe de gabinete por escrito a una periodista de elDiario.es. “A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”, justificó Ayuso tras la polémica.

Una semana después de su amenaza, Rodríguez difundió el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de la presidenta autonómica. Algunos medios llegaron a publicar la versión del jefe de gabinete sin contrastarla con este periódico. También llegó a acusar falsamente a periodistas de El País de acosar a vecinos o tratar de entrar por la fuerza en la vivienda, un extremo que también negó el periódico de Prisa.

El jefe de gabinete de la líder madrileña difundió la identidad y la imagen de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Amador. La pareja de Ayuso compareció como testigo y reconoció que fue él quien pasó la imagen de los periodistas al jefe de gabinete. Dijo que lo hizo porque era su “amigo” y el responsable de su “seguridad”, pero que no fue él quien hizo la foto. Finalmente, la jueza archivó el caso porque entendió que los datos no llegaron de los policías que escoltan a Ayuso. La oposición ha tratado en diferentes ocasiones de activar la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez en la Asamblea, por el momento sin éxito.

Las presiones a la concejala de Móstoles

Quizá uno de los casos más sangrantes es el de la concejala del PP de Móstoles que denunció por acoso sexual y laboral a su jefe, el todavía alcalde Manuel Bautista. La exconcejala denunció internamente al primer edil y se dirigió en distintas ocasiones a su partido, en persona y por escrito, para que la escucharan. “¿Pero dónde está el caso de acoso?”, fue lo que le dijo Ana Millán, alto cargo del PP de Madrid y una de las personas de confianza de Ayuso. Millán cuestionó el acoso denunciado y la amenazó con un expediente por “pasar información al PSOE”.

La exconcejala no fue recibida por Ayuso, aunque esta sí que se vio con el alcalde, a quien le mostró todo su apoyo, un respaldo que continúa siendo férreo a día de hoy, mientras la investigación continúa abierta. Las reuniones que mantuvo fueron con Ana Millán y con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y diputado de la Asamblea. Según explicó el diario El País, en esas reuniones le dijeron que se tenía que “quitar de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”, le llegaron a decir.

Según relata la exconcejala en su denuncia, cuando la información de sus acusaciones internas llegó a Bautista, el alcalde llamó a los concejales y eso acabó con el aislamiento de la denunciante. “Recibí un trato denigrante”, relata en su querella contra el alcalde.

Por ahora, se desconoce si se aplicarán también estas prácticas en otra de las grandes polémicas de este año que persigue al Gobierno de Ayuso: el escándalo del ático de lujo comprado en Chamberí con dinero público. El consejero de Presidencia tuvo que salir a dar explicaciones porque fue Planifica Madrid, la empresa de la que es presidente, la que se encargó de la operación. Lo hizo después de que la propia Ayuso señalara a su Consejería. Por el momento, lo que sí ha ocurrido es que el PP ha impedido comparecer en la Asamblea a Pedro Corbalán, el CEO de Planifica. Tanto PSOE como Más Madrid intentaron activar su intervención, pero finalmente el partido de Ayuso impidió que se produjera.

Cuando estalló la polémica, aunque Alberto Núñez Feijóo dijo que el Gobierno de la Comunidad tendría que explicar por qué compraron un ático que no podía ser destinado a oficinas, después la estrategia se tornó en apoyar públicamente a su baronesa. Nada que ver con lo que hizo en su momento el defenestrado Pablo Casado, que vivió en primera persona esas prácticas al enfrentarse públicamente a la líder del PP de Madrid: “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”. Esa fue posiblemente la frase que marcó su epitafio político.

Esta historia no comienza en julio de este año, cuando descubrimos que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de más de 400 metros. Empieza en la primavera de 2024, cuando elDiario.es destapa que Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, tenía una trama de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar a Hacienda… y que la presidenta y su pareja viven juntos en un ático, pagado por él, a su nombre, y de más de un millón de euros. En ese momento, Ayuso dice esto: yo no vivo en una vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes.

A raíz de la crisis de este verano, el ático que paga la Comunidad de Madrid se pone a la venta, porque se descubre que solo puede ser, legalmente destinado a vivienda, no a oficinas. Esta historia sobre viviendas, áticos de lujo, inmuebles que cuesta una millonada al erario público acaba donde empezó. Es circular, porque volvemos al primer ático, el que compró su pareja después del fraude fiscal… Está ahora a la venta.

¿Será este caso un punto de inflexión en las aspiraciones políticas de Ayuso? ¿O simplemente será una historia de verano? Lo analizamos con los periodistas de elDiario.es África Gelardo y Aitor Riveiro.

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Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de mentir sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. Rodríguez ha dicho, en un mensaje de X, que el Gobierno autonómico “nunca compró una residencia para la presidenta”.

“Así que no la han pillado, como él dice. A quien sí han pillado es a su mujer haciendo sucios negocios. Y por eso será juzgada. Eso sí es brutal: van pa'lante”, ha dicho Rodríguez.

El presidente del Gobierno había cargado esta mañana en la Cadena Ser contra la líder madrileña asegurando que había “querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños” pero que se le había “pillado”, en referencia al ático que la Comunidad compró por 6,3 millones de euros y que iba a ser destinado, según indicó el equipo de Ayuso, para “reuniones” mientras durasen las obras de la sede de la Presidencia en Sol.

Esta operación se produjo el pasado mes de abril, aunque ha salido a la luz este verano. Un día después de que se publicase en prensa, el Ejecutivo regional anunció que se pondría en venta para hacer frente a la reconstrucción tras los incendios de julio. Posteriormente, se ha conocido que durante la compra se exigió confidencialidad a la vendedora y que la Comunidad de Madrid trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble de “entre 250 y 400 metros y gran terraza”.

Dudas por el uso del ático

El caso ha dado de qué hablar durante todo el verano y ha hecho que tanto la presidenta como su equipo hayan salido a responder a las preguntas de la prensa. Un ejemplo es el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, que a su vez es presidente de la empresa pública Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia y a través de la cual se llevó a cabo la compra del ático. A principios de este mes, García Martín —después de ser señalado por la propia Ayuso— acusó a la izquierda de “buscar fantasmas” y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

Estas declaraciones, junto a la falta de explicaciones del equipo autonómico sobre cuestiones como quiénes formaron parte de la operación o por qué se seleccionó un inmueble ubicado cerca de la casa familiar de la presidenta, aumentaron las dudas sobre la polémica. Además, en mitad del escándalo, la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, puso a la venta el piso en el que vivía con ella por 1,79 millones de euros, el doble del precio por el que lo compró.

Después de que se conociese el anuncio, Ayuso cargó contra quienes intentaban “mezclar” ambos hechos: “Se han dado dos circunstancias a la vez”, dijo en rueda de prensa. Esto, sumado a las informaciones que apuntan a que la presidenta se ha mudado a una urbanización de Puerta de Hierro, ha alimentado las elucubraciones sobre si todavía mantiene una relación con Alberto González Amador, teniendo en cuenta además que en 2027 se le juzgará por presunto fraude fiscal.

En este contexto, elDiario.es ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez sobre si Ayuso y González Amador siguen o no en una relación: “Ventanilla prensa del corazón no respondo”, ha replicado el jefe de Gabinete.

A lo largo de este verano hemos recuperado el serial que hicimos tras la sentencia contra el fiscal general del Estado. Este es el tercer y último capítulo. Un año y medio después de que elDiario.es publicara la exclusiva del fraude, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por haber confirmado a los medios que González Amador había confesado ese fraude ante la fiscalía, desmontando las mentiras de Ayuso con “datos reservados”.

La sentencia constaba de 233 páginas. Pero no hay ninguna prueba directa que efectivamente demuestre que el filtrador de aquel correo de confesión fue el fiscal general del Estado. ¿Qué argumentos utilizaron entonces los jueces del Tribunal Supremo? ¿Qué dicen los votos particulares de las dos magistradas? Lo analizamos con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar. También con la visión de los juristas Victoria Rosell y Joaquín Urías.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 12 de diciembre de 2025***

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Ayuso vs. el fiscal general, escucha la serie completa

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Recuperamos el segundo capítulo de nuestra serie de tres entregas sobre cómo el fraude fiscal del novio de Ayuso terminó en condena al fiscal general del Estado. Asistimos al despliegue de una operación… que acaba con una condena al fiscal general del Estado.

Abordamos una operación que pone en marcha el jefe de gabinete Ayuso: Miguel Ángel Rodríguez. Una operación que tiene cuatro pasos. El primero son las amenazas a elDiario.es y, en concreto, a la periodista Esther Palomera. El segundo son los bulos: tanto que periodistas de elDiario.es encapuchados habían asaltado la casa de Ayuso y su pareja como el bulo que da comienzo a la bola de nieve que acaba con la condena a Álvaro García Ortiz. Que había sido la fiscalía, y no Alberto González Amador, pareja de Ayuso la buscó un acuerdo de conformidad.

El paso número tres es la vía judicial. Acusar al fiscal general del Estado de haber expuesto datos privados del novio de Ayuso. El paso número cuatro es que, lo que se vendía desde la Comunidad de Madrid como un ataque a un ciudadano particular, termina por ser la defensa de varios poderes del Estado en defensa de ese ciudadano particular. Analizamos cada uno de estos pasos con el jefe de política y director adjunto de elDiario.es José Manuel Romero.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 11 de diciembre de 2025***

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Ayuso vs. el fiscal general, escucha la serie completa

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Este es el primer episodio de una pequeña serie de tres entregas donde ponemos en orden la que ha sido la gran historia política del año: el caso del fiscal general del Estado tras el fraude de la pareja de Ayuso.

Nos remontamos al inicio de la investigación y al primer titular del elDiario.es en 2024: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Ahí comenzó todo. A lo largo del verano te dejaremos con las otras dos entregas de esta serie.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 10 de diciembre de 2025***

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Ayuso vs. el fiscal general, escucha la serie completa

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Primero comenzó con ataques a los medios de comunicación y críticas a una supuesta “campaña de desprestigio”. Ahora, Isabel Díaz Ayuso y su equipo se escudan en la reconstrucción tras los incendios en la Comunidad de Madrid para evitar hablar del elefante en la habitación: los nuevos escándalos que rodean a la presidenta después de que su gobierno comprase un ático de lujo para que la baronesa del PP lo utilizara como oficina temporal por unas supuestas obras en la Real Casa de Correos de Sol. Una compra posteriormente rectificada.

Ayuso tenía todo preparado el pasado miércoles 29 de julio en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para explicar las medidas que está tomando su equipo después de uno de los peores fuegos que ha vivido la región en su historia. Sin embargo, la información publicada por El País sobre que la compra de una vivienda de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí por parte del Ejecutivo autonómico salpicó su intervención.

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondía así a las preguntas sobre la información publicada en prensa: “Yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta”. Ayuso, que no aclaró ni el coste de la operación ni por qué se escogió ese inmueble en concreto, muy próximo a la casa de su familia, aseguró que existe una “agencia que se dedica a estas cosas”, en alusión a Planifica Madrid. “No es mi casa, no es para mí, yo no he comprado nada”, aseguró ante la prensa.

Tras la polémica, un día más tarde, el gobierno regional decidió rectificar y aseguró que venderá el ático de lujo y que el dinero que se obtenga irá destinado a financiar la recuperación por los incendios, aunque sin especificar cómo se pretende hacer esa operación. Ese mismo día, el jueves, se conoció que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, había puesto a la venta el piso en el que vive con la presidenta y que el comisionista compró tras defraudar más de 350.000 euros a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla sobre la que informó en exclusiva elDiario.es. La presidenta regional permaneció unos días sin hacer declaraciones públicas y no volvió a hablar hasta el domingo.

El Gobierno autonómico mantiene el silencio

El Gobierno autonómico se mantiene escudado en la recuperación y evita dar explicaciones públicas pese a que las nuevas informaciones de los últimos días suman más leña a la polémica. Este lunes, que además coincide con el primer día laborable de agosto —un mes en el que se paraliza la actividad institucional—, lo único que la Comunidad de Madrid tenía en agenda era la visita del portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, al servicio de orientación jurídica gratuita para los afectados por los fuegos en San Lorenzo de El Escorial, en el que ha preguntado “qué sabe el Gobierno de Marruecos” para tener “maniatado” a Pedro Sánchez.

Este martes, según las previsiones del Ejecutivo autonómico, Ayuso no tiene ningún acto en agenda y el portavoz de nuevo visitará un centro de servicio de asesoramiento laboral para personas afectadas por los incendios.

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la baronesa madrileña, también se ha referido a los incendios para desdeñar las críticas sobre la operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid. Rodríguez ha cargado contra “todos esos que gritan por un ático”, de quienes ha asegurado que “están de vacaciones”: “No les veo recorrer como Díaz Ayuso los pueblos devastados”, escribía en X este domingo por la tarde, sin ofrecer explicaciones desde que saltó la polémica.

La última vez que Ayuso habló públicamente sobre el tema fue este domingo, después de haber desaparecido desde la rueda de prensa del miércoles. Y, de nuevo, para hablar sobre la gestión tras los incendios desde la localidad de Pelayos de la Presa, además de la trágica situación vivida en Ceuta y Melilla con la entrada de miles de personas desde Marruecos, que deja ya al menos 72 personas muertas.

En esta intervención, preguntada por si tenía previsto comparecer próximamente para dar más información sobre la polémica o enseñar el expediente de compra, Ayuso se limitó a repetir las palabras de García Martín: que han puesto en venta el ático y que pretenden destinar el dinero que obtengan a la “reconstrucción en la Sierra Oeste”, además de hacer referencia a “otros cuatro” inmuebles que también estarían en venta, según el gobierno regional. Sin respuesta a la pregunta de si pretende enseñar en algún momento el expediente. Dedicó más tiempo a hablar sobre Ceuta y llegó a acusar a Marruecos de tratar de “quitar” las dos ciudades autónomas a España.

Por ahora no está previsto que en un futuro próximo la líder del PP de Madrid intervenga públicamente o vaya a ofrecer entrevistas para dar más detalles tras la polémica compra y posterior rectificación de su gobierno. Tampoco el resto de consejeros del equipo de la presidenta dan declaraciones sobre el tema públicamente, más allá de las palabras del consejero portavoz. La oposición de PSOE y Más Madrid ha pedido reunir de urgencia la Asamblea para que la Comunidad explique por qué compró el polémico ático.

Mientras, las críticas se suman dentro de su propio partido y hay quien incluso ya habla de una posible “caída” como la de Cristina Cifuentes.

El día que elDiario.es contó la denuncia por el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid compareció ante los periodistas para defenderse. Lo hizo con mentiras y ataques al medio de comunicación que publicó esa información. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, amenazó antes con “triturar” a elDiario.es, mientras Ayuso mentía después entre titubeos contando que era la Agencia Tributaria quien debía dinero a su pareja, “600.000 euros” llegó a decir. De paso, la dirigente popular deslizó la idea de que aquel asunto era fruto de una cacería organizada por inspectores de Hacienda y fiscales contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por un doble fraude fiscal e imputado por un delito de corrupción en los negocios y administración desleal. Con los beneficios del pelotazo de dos millones de euros logrado por la intermediación en una compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, González Amador compró un piso y alquiló el ático superior para vivir allí con su pareja. Desde que estalló el escándalo, Ayuso no ha dejado nunca de defender a su novio utilizando para ello un variopinto catálogo de desinformación, mentiras y ataques a los pocos medios que informaban del supuesto fraude fiscal de González Amador.

Fiel a su estilo, Ayuso respondió con más ataques a la prensa y mucha desinformación frente a una noticia de El País sobre la adquisición con dinero público de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo destinado a uso temporal de la presidenta y de un equipo mínimo de colaboradores, obligados al traslado por unas obras en el edificio de la Puerta del Sol.

“Lamento tener que defenderme de pretendidas campañas de desprestigio. Se ha hecho de mala fe, tanto en la forma como en el momento en que se hizo”. Ayuso acusó en falso a El País de montar una campaña de desprestigio a su persona por la información publicada sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. “Es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta”, declaró. El País publicó la información una vez que la contrastó con el propio Gobierno de Ayuso, pese a que la adquisición del inmueble con el dinero público de los presupuestos de la Comunidad de Madrid se hizo hace tres meses sin que el Ejecutivo regional informara sobre ese gasto. “Cuando la gente ha perdido sus casas, resulta que a mí me compran un inmueble”, declaró ayer Ayuso. La información nunca hablaba de un inmueble comprado para la presidenta madrileña, sino para uso temporal como oficina de Ayuso y un “equipo mínimo” de colaboradores ante las obras que iban a comenzar en el edificio de la Puerta del Sol, que fue la explicación dada por un portavoz de su propio Gobierno.

“No sé si me quedaré en Presidencia o en Transportes, no sé quién irá allí. Tenemos que hacer una reforma integral que no se hacía en décadas”. “Vamos a llevar a cabo una reforma integral del edificio: empezamos por esta sala, seguimos con la planta de la Real Casa de Correos y ahora vamos a remodelar por completo la segunda planta. Hacía décadas que no se realizaba ninguna reforma, por lo que ahora existen daños estructurales que obligan a empezar de cero en muchos aspectos: climatización, aislamiento térmico y otras muchas cuestiones”. La mayor reforma de la Real Casa de Correos se hizo entre enero de 1996 y febrero de 1998, cuando se renovaron en profundidad tanto su interior como parte de la arquitectura original exterior. La reapertura de Real Casa de Correos se hizo en un acto solemne al que asistieron rey Juan Carlos y la reina Sofía. Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente autonómico, tuvo que abandonar temporalmente el edificio pero no adquirió para ello ningún ático de lujo, sino que utilizó las dependencias de una entidad pública autonómica, IMADE, en la llamada Casa Rosada de la calle de Miguel Ángel. En 2017, el Gobierno regional encargó más obras de rehabilitación en la fachada que concluyeron un año después.

Después de que su propio equipo informarse de que el ático de lujo se utilizaría como oficina temporal de la presidenta con un equipo mínimo, Ayuso lo desmintió ayer: “También les digo que no sé cómo nos organizaremos. No sé si seguiré en... Prepárese, consejero, porque no sé si me quedaré en la presidencia o pasaré a la Consejería de Transportes —que es un área enorme—; no sé quién irá allí.

¿Puede utilizarse un edificio residencial como oficinas? “La agencia que planifica Madrid compra, alquila y también vende inmuebles”. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid define el inmueble donde se sitúa el ático comprado por la Comunidad de Madrid como de uso residencial y por tanto impide el uso del mismo como oficinas. Cuando le preguntaron a Ayuso por esta dificultad, la presidenta no contestó. Se limitó a explicar que existe una agencia pública que compra, alquila y vende inmuebles. “Esto se reorganiza el patrimonio constantemente a lo largo del año y también me consta que ha habido venta de otros muchos (...) Sobre la cuestión, no depende de mí porque yo no realizo la operación personalmente; no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me han comprado nada (...) Los inmuebles se compran y se venden, se alquilan y se desocupan; lo que esta Administración no puede hacer es desprenderse de su patrimonio —perder todos sus activos—, ya que soy consciente de que en estos mismos meses también se están produciendo muchas ventas de inmuebles, de otras propiedades y de otras oficinas”. El edificio de 485 metros cuadrados que la Comunidad quiere destinar a oficinas tiene una terraza de 200 metros cuadrados.

¿Cuánto ha costado? “Sé que la compra es reciente, desconozco como se contabiliza”. A la pregunta de cuánto dinero público se ha destinado a esta operación, Ayuso contestó: “Sé que la compra es reciente, pero desconozco cómo se contabiliza o cómo se comunica, porque yo ni contabilizo ni comunico todo lo que Planifica Madrid compra o vende, y mucho menos en este caso, ya que no es mío ni es para mí”. Bastaría con una pregunta al consejero de Presidencia, máximo responsable de Planifica Madrid, para que Ayuso hubiera podido contestar a la pregunta sobre el dinero público gastado por su Gobierno en esta compra.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas de El País a los que previamente habían identificado en la calle. Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación de whatsapp en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso.

Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge: “No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”. Los socialistas recurren directamente en apelación ante la Audiencia Provincial, que ya obligó a la jueza Robles a abrir la causa después de que la magistrada rechazara su admisión a trámite.

Miguel Ángel Rodríguez declaró ante la jueza que había sido González Amador quien le pasó la foto de los dos periodistas mientras hacían su trabajo en las inmediaciones del domicilio que comparte el empresario y comisionista con la presidenta madrileña. Justo antes le había dicho a los periodistas que la foto se la envió un vecino. Ante la magistrada rectificó y aseguró que el vecino hizo la foto y se la entregó al novio de Ayuso y este se la dio a él. Luego, González Amador ratificó esta versión ante la jueza.

Para el PSOE, “el señor González Amador aportó tras su declaración una documentación confusa e inconsistente, con pantallazos de unas supuestas conversaciones en fecha ignorada, con imágenes que no se ven y entre interlocutores desconocidos (...)”. “Ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”, añade el escrito de la acusación popular.

Los socialistas recuerdan a la Audiencia Provincial que los dos periodistas perjudicados por la difusión de sus datos y otro compañero corroboraron “explícitamente” la versión de que los datos procedían de los policías que les habían requerido la documentación e identificado en plena calle. Un documento policial incorporado a la causa reconociendo la identificación se sumaría a la tesis de la acusación, recoge el propio escrito.

El escrito del PSOE asegura que la jueza Robles “ha anticipado el cierre de la instrucción” antes de aclarar nada y que lo ha hecho a través de “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, Miguel Ángel Rodríguez.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

El juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por el señalamiento a dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador. La magistrada ha tomado la decisión sin tomar declaración a los policías nacionales que identificaron a los reporteros y después de escuchar las explicaciones de Rodríguez y de González Amador. El primero reconoció que el segundo le hizo llegar las fotos de los periodistas que después difundió entre los medios. El PSOE, que ejercía la acusación popular del caso, recurrirá el archivo.

La magistrada ya había rechazado abrir diligencias pero fue finalmente obligada por la Audiencia Provincial de Madrid. En su declaración como imputado, Miguel Ángel Rodríguez explicó que la foto de los reporteros se la hizo llegar González Amador y después él difundió la imagen entre los medios de comunicación, añadiendo una información falsa: que los periodistas estaban hostigando y acosando a vecinos, incluso a menores de edad, para obtener información de la presidenta regional.

González Amador compareció como testigo hace unos días en el mismo juzgado para completar esa versión. Reconoció que él fue quien pasó la imagen de los periodistas del grupo Prisa al jefe de gabinete de Ayuso, por ser su “amigo” y el responsable de su “seguridad” dijo ante la jueza, pero él no hizo la foto porque él no estaba en casa: fue un “vecino del quinto” quien se la pasó. Ninguno de los dos conserva los mensajes que intercambiaron: Miguel Ángel Rodríguez reconoció que los había borrado y Alberto González Amador tampoco conservaba esa conversación, en su caso por un hackeo.

La jueza archiva el caso porque entiende que las fotos y los datos de los periodistas no llegaron de los policías que escoltan a Isabel Díaz Ayuso. “Ningún dato de los obtenidos en instrucción permiten mantener que los datos consistentes en el nombre y primer apellido ni la imagen de los dos periodistas hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública”. La foto llegó desde un vecino y los datos de los reporteros era algo “conocido” por Miguel Ángel Rodríguez, que ya los conocía. “Esos mismos datos y su fotografía se encuentran publicados en el propio periódico”, añade.

El mensaje que Rodríguez envió a los periodistas junto con el bulo sobre los reporteros de El País, zanja la magistrada, “no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados”. Tampoco hay pruebas de que fueron obtenidos de manera ilegal. El archivo llega sin que la jueza haya tomado declaración a esos dos policías nacionales ni tampoco a otros agentes y testigos propuestos por la acusación popular del PSOE.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido durante un cuarto de hora ante la jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por señalar a dos periodistas. En su comparecencia, según fuentes del caso, el comisionista ha reconocido que él hizo llegar la foto de los reporteros de El País al jefe de gabinete de su pareja, aunque ha justificado que a él a su vez se la pasó un vecino. Según su versión, le hizo llegar la foto a Rodríguez porque es su amigo y porque es el encargado de la “seguridad” y la comunicación de Isabel Díaz Ayuso.

El empresario fue llamado a declarar por la magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, acusado de difundir a los medios de comunicación la foto y la identidad de dos periodistas de El País que en marzo de 2024 acudieron a las inmediaciones del domicilio de la presidenta madrileña. Los dos se encontraban investigando el caso de fraude fiscal de González Amador y la compra de ese piso y Rodríguez difundió la información falsa de que estaban acosando a vecinos del edificio para obtener información.

González Amador ha explicado que ni él ni Ayuso estaban en casa en ese momento y que la foto de los periodistas se la envió un vecino de la quinta planta a quien no ha identificado. El empresario ha reconocido ante la jueza que no conserva su conversación de WhatsApp con Rodríguez, alegando que lo borró todo tras sufrir un hackeo. Sí conserva, sin embargo, las conversaciones de esos días con sus vecinos, también en un grupo de esta aplicación donde se comentó la presencia de los periodistas en las inmediaciones de la casa.

El empresario ha confirmado en algunos puntos la declaración que hizo hace unas semanas el propio jefe de gabinete de Ayuso. Que él fue quien remitió a Rodríguez la foto de los periodistas. Ha rechazado, sin embargo, que fuera él quien le hiciera llegar una tarjeta de visita de esos dos reporteros, tal y como también dijo el jefe de gabinete de Ayuso. Tampoco es cierto que Miguel Ángel Rodríguez, tal y como ha afirmado hoy ante la magistrada, sea el responsable de la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El caso ahora se encuentra a la espera de que la magistrada instructora decida si pone nuevas diligencias en marcha, algunas ya aceptadas y otras planteadas por la acusación que ejerce el PSOE. Una parte del caso se centra en dilucidar si Miguel Ángel Rodríguez difundió información que le llegó a través de los policías que ejercen la escolta de la presidenta madrileña. La jueza debe anunciar si cita a los agentes como testigos o como investigados y si llama a declarar a más policías tal y como han solicitado las acusaciones.

La difusión de la foto y los datos de los dos reporteros de El País acabaron publicados por diversos medios de comunicación junto con las afirmaciones falsas aportadas por Miguel Ángel Rodríguez. Fue en un momento en que la Comunidad de Madrid, tras las primeras exclusivas de elDiario.es sobre el caso, se lanzó a desacreditar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y también a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Al bulo y el señalamiento contra los periodistas de El País se sumó a más bulos difundidos sobre elDiario.es y las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a una periodista de este medio: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, volverá este martes a testificar ante un juez. En este caso el comisionista sanitario lo hará para explicar si fue él quien mandó a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de dos periodistas de El País que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que comparte con la presidenta madrileña. El juzgado investiga al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por difundir su imagen y sus identidades entre medios de comunicación que, junto con varios agitadores ultras, acabaron divulgando esos datos.

Los hechos por los que tiene que declarar el comisionista sanitario se remontan a marzo de 2024. elDiario.es había desvelado que la Fiscalía acusaba a González Amador de defraudar más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas. También poco después de que este periódico revelara que la presidenta madrileña y su pareja vivían en un piso comprado por el empresario tras perpetrar el fraude fiscal denunciado por la Fiscalía.

En esas primeras semanas la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno fue salir a defender al empresario, cuestionar tanto a Hacienda como a la Fiscalía y atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso. Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, asumió la defensa de González Amador, tanto de forma institucional como en su papel de enlace con los medios de comunicación, y entre otras acciones amenazó por escrito a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Ayuso redujo estas amenazas a conversaciones con “gente de confianza”.

El jefe de gabinete de la presidenta desarrolló también la estrategia de usar su contacto preferente con decenas de medios de comunicación que siguen la actualidad institucional de Ayuso para atacar a los medios que investigaban el caso. Fue pocos días después de esas amenazas cuando difundió el bulo de que unos periodistas de elDiario.es habían intentado asaltar violentamente su domicilio. También cuando distribuyó entre los medios la foto de dos reporteros de El País que habían acudido a las inmediaciones del inmueble bajo la acusación falsa de haber acosado a los vecinos de la presidenta, incluso a menores de edad.

La información falsa fue publicada en varios medios de comunicación —algunos de los cuales han borrado ese contenido en estos dos años— y algunos agitadores de extrema derecha usaron las fotos que Miguel Ángel Rodríguez puso en circulación para señalar a los dos informadores de El País. Los juzgados, tras una denuncia del PSOE y de los propios periodistas del grupo Prisa, rechazaron en un primer momento abrir una investigación penal por revelación de secretos, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la puesta en marcha de diligencias penales contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

“La Policía no me pasó nada”

Miguel Ángel Rodríguez compareció finalmente como imputado en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid el pasado mes de mayo. Ante los medios, a las puertas de su declaración, dijo que las fotos de los periodistas le habían sido remitidas por “un vecino enfadado” de Ayuso y su pareja. Una vez sentado ante la jueza, el jefe de gabinete reconoció que no fue un “vecino” sino el propio Alberto González Amador el que le remitió la imagen de los dos periodistas que posteriormente difundió acompañada de un bulo para su publicación. Ahora será el comisionista el que explique, como testigo y obligado a decir la verdad, si fue él quien sacó y envió esas fotos al jefe de gabinete de su pareja.

En esa comparecencia pública ante los medios tras declarar en el juzgado Rodríguez reconoció que su primera versión no era cierta y que su fuente era González Amador: “Me he expresado mal”. También añadió que no conservaba los mensajes con los que difundió el bulo y la imagen de los periodistas. E hizo una última precisión: “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada. La Policía no entra en casa de los vecinos para hacer fotos”.

Los dos reporteros de El País habían sido previamente identificados por los escoltas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el juzgado también quiere saber si Miguel Ángel Rodríguez pudo obtener esos datos de los agentes, y no solo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada que investigó el caso citó a declarar a los dos policías para averiguar si Rodríguez había usado su contacto con los escoltas para obtener datos de los periodistas y difundirlos, aunque suspendió su comparecencia para decidir si debían ser llamados como testigos o como imputados.

Casarse hacia arriba es una expresión que existía antes para definir el salto económico que daba un cónyuge cuando contraía matrimonio con una persona de estatus económico o social superior. Creo que ya se utiliza menos. Antes, lo más habitual es que quien se casara hacia arriba fuera una mujer. Había muchos más hombres con dinero. Mucho antes, existía la dote, un dinero, en efectivo o en especie, que la familia de la novia abonaba a la nueva pareja o a la familia del novio. Se supone que servía para compensar a la novia por la pérdida de los derechos económicos que hubiera podido tener en su familia. En muchos casos, era un ingreso que se quedaba la familia del novio por dar luz verde al casamiento.

Cuánto hemos avanzado desde entonces. Con el caso de Alberto González Amador, el salto hacia arriba gracias a su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso es espectacular. Una de las grandes decisiones de su trayectoria profesional. Esto no se estudia en las escuelas de negocios, pero lo mismo deberían dedicarle un apartado en el programa docente. Alguna asignatura que se llamara: “Emprendimiento y amor: ganancias patrimoniales tras la decadencia del concepto de amor romántico”. 

En su declaración como testigo en el juicio del fiscal general, Amador ofreció una actuación dramática y hasta lacrimógena —pensemos en Meryl Streep en 'La mujer del teniente francés'— con la intención de presentarse como víctima de una abyecta conspiración. Afirmó que le habían presentado como “el delincuente confeso del Reino de España”. Acabó en lo más alto y dijo que solo le quedaban dos alternativas: “O me voy de España o me suicido”. 

Más allá del hecho de que los usuarios de un Maserati raramente optan por la segunda opción, el dilema carecía de sentido. Cómo iba a elegir salidas tan trágicas si se había hecho millonario, si estaba facturando casi al nivel de Shakira (y con la misma mentalidad sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales). 

Gracias a este diario, esta semana hemos sabido que las dos empresas de Amador facturaron 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 (la primera noticia de su relación con Ayuso es de mayo de 2021). Aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a un procedimiento judicial. La agencia estaba obligada a enviar al juez estos datos junto a la petición de que certifique que no puede seguir investigando a Amador, porque ya existe una investigación en su juzgado. La ley le impide hacerlo por su cuenta sin el permiso del juez. 

Hemos contado también que el novio de Ayuso multiplicó por siete sus ingresos procedentes de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización sanitaria puesta en marcha por el Gobierno de Ayuso. En los negocios de Amador con esa empresa es clave su relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, incluido el negocio que le permitió al novio de Ayuso ingresar 1,9 millones por la venta de mascarillas en 2020.

Después, Amador compró a la esposa de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza de muy escasa actividad con una facturación anual anterior de unos 30.000 euros. Le cambió de nombre en uno de los grandes saltos del 'branding' en el campo del marketing. Pasó a ser Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. Mucho mejor, sin duda. Qué empresa de cualquier lugar del mundo se negaría a extender una factura improbable a una compañía con un nombre tan fantástico.

Precio de compra: 500.000 euros. Si el precio te parece excesivo, no es que seas un tacaño. Esa compra se está investigando ahora en los tribunales por las sospechas de que se tratara de un soborno o el pago por los servicios prestados.

Preguntaron a Miguel Tellado el viernes qué le parecían estos números. Son cifras muy superiores a las que se manejan en la investigación que afecta a Zapatero. Ya sabíamos que el número dos del PP no se iba a atrever a criticar a Ayuso. Nadie quiere en el PP acabar como Pablo Casado. Tellado prefirió negar la evidencia: “Es una cuestión personal que en nada afecta a Isabel Díaz Ayuso porque no afecta a la Administración que dirige”. Eso supone ignorar la relación económica que existe entre el Gobierno madrileño y el Grupo Quirón. Y, lo que es más sugerente, exige olvidarse que ella misma, en su calidad de presidenta de Madrid, asumió personalmente la defensa de los intereses económicos y judiciales de su novio al afirmar que todo era una conspiración de “los poderes del Estado” y que incluso Hacienda le debía dinero a él (morro nivel XXL).

A eso se dedicó Miguel Ángel Rodríguez desde el primer momento. El jefe de gabinete de la presidenta es el arquitecto de sus estrategias y quien se ocupa de plasmarlas en la realidad. Como vimos en el asunto del fiscal general, filtrando información falsa a los medios de su cuerda. O lanzándose como una hidra contra los medios que critican a la jefa. Cuando supo de ese informe que revelaba los inmensos beneficios obtenidos por Amador, dio a El País su opinión sobre los responsables: “De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada”.

Tranquilos, no pasará nada. Ningún comando yihadista de Nuevas Generaciones pondrá explosivos en la Agencia Tributaria ni Nacho Cano dará un concierto frente a la sede para exigir su eliminación. El PP no denunciará a Rodríguez ni considerará que sus amenazas son un peligro para el Estado de Derecho o las instituciones democráticas. Tampoco la prensa de derechas que afirma que el Gobierno ataca a la Constitución y la independencia judicial afirmará que la dinamita que Rodríguez quiere utilizar interfiere en la labor de los funcionarios que se ocupan de combatir el fraude fiscal. Se juegan mucho dinero público procedente de la Comunidad de Madrid como para atreverse a tanto. Ellos dicen que hacen su trabajo para fiscalizar al poder y ya sabemos que Díaz Ayuso no tiene más poder que el del presidente de una comunidad de vecinos.

Peinado, una mancha para la justicia

Era previsible que el juez Juan Carlos Peinado finalizara su instrucción del caso de Begoña Gómez con un fin de fiesta espectacular. Uno de esos en los que los protagonistas están muy pasados de rosca después de consumir grandes cantidades de alcohol. El lunes, comunicó a Gómez que va a juicio con una solicitud de penas superior a la de homicidio. El viernes, abrió una pieza separada en la que le imputó más delitos por un caso que no tiene nada que ver con ella. Horas después, tuvo que rectificar.

El sábado, fue la traca final. Ordenó que la esposa del presidente del Gobierno entregue su pasaporte y le obligó a pasar por su juzgado cada quince días. Lo justificó por el riesgo de fuga, pero resultó que tardó cinco días en tomar la decisión. Nunca se ha visto algo parecido en un juzgado. Cuando existe tal riesgo, un juez no permite que el acusado salga del juzgado para decretar la medida. No sea que se fugue.

Como siempre con Peinado, son sus autos los que delatan sus prejuicios y sus delirios. Gómez cuenta con escolta policial, como todas las esposas de los presidentes. En el texto, afirma que “lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”. 

No es frecuente que un juez diga por escrito que es probable que unos policías cometan un delito antes de haberlo cometido. Pero Peinado tiene respuestas para todo. En otro pasaje, sostiene que “la condición de actual Presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”. Las comas están aquí donde aparecen en el auto.

Peinado no sabe escribir y sus escasos conocimientos jurídicos a la hora de redactar un auto le llevan a delatarse. Begoña Gómez se fugaría si contara con escoltas y también si no los tuviera, se supone que dejando a su marido en Moncloa y escondiéndose en algún lugar ignoto del planeta sin tratado de extradición con España. Es todo tan estúpido que es inaudito que esa instrucción haya llegado a este punto. O quizá no es inaudito, sino el colofón que se merece.

Todo en este caso es lamentable, sin pruebas que sustenten la catarata de delitos que penden sobre Gómez, y es una mancha que no se borrará fácilmente de la imagen de la Justicia en España. 

La conexión saudí de Zapatero

Después de conocer que había sido imputado, Zapatero anunció en un vídeo que iba a ejercer su “derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, y que además respondería a las preguntas de los medios de comunicación. Lo segundo tendrá que esperar y de lo primero ya hemos tenido esta semana el primer capítulo con su comparecencia ante el juez Calama. No era realista pensar que podía responder en poco más de dos horas a todas las cuestiones planteadas por el magistrado en su auto. La impresión general es que se limitó a negar las acusaciones sin aportar información nueva que pueda desmentirlas. Desde luego, no convenció a Calama, que es a fin de cuentas la persona más importante en estos momentos para Zapatero. 

No habló de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Dijo que necesita más tiempo para certificar su origen y los documentos que lo prueben. Lo que se sabe por lo que ha contado su entorno a TVE es que que el collar más caro fue un regalo del rey saudí Abdalá en 2007. Eso abre la vía a que la defensa alegue que los hechos están prescritos, pero no va a eliminar la mancha que supone para su reputación. 

Todos los presidentes reciben regalos, dijo el viernes Pedro Sánchez. No es una defensa muy convincente. No todos los presidentes se los llevan a casa después de abandonar Moncloa y los guardan en una caja fuerte. Recibir un regalo carísimo del rey saudí, el jefe de Estado de un régimen que es la antítesis de los valores que Zapatero ha defendido en su carrera política, y ocultarlo al fisco es sencillamente imperdonable y sus antiguos votantes deberían considerarlo una afrenta. No es muy distinto a lo que hizo Juan Carlos de Borbón. Lo único que cambia es el valor económico del presente. Con independencia del resultado final de la investigación judicial, Zapatero ya ha perdido.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado a media tarde de este jueves un nuevo tuit para desacreditar a la Agencia Tributaria. Su mensaje llega después de que elDiario.es revelase esta mañana un informe de Hacienda que recoge que Alberto González Amador, pareja Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, cuando Ayuso ya era la presidenta madrileña.

Mencionando a El País, un medio que publicó el informe después que elDiario.es, Rodríguez ha publicado el siguiente tuit: “EL PAÍS lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante”. Además, en conversación con el diario de Prisa, Rodríguez ha asegurado que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”.

Rodríguez contradice así a la propia Agencia Tributaria que, en su informe, recoge que González Amador recibió de Quirón Prevención un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación.

Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.

En su informe, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.

Este mismo jueves se ha conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó durante un mes y medio la información de la causa contra el empresario y comisionista Alberto González Amador y concluyó, de forma provisional, que una de sus empresas “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que facturaba a Quirón Prevención, división de la empresa de la sanidad privada que recibe fondos de la Comunidad de Madrid que alcanzan los mil millones de euros anuales.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha llamado a declarar en calidad de testigo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada entiende, a petición del PSOE, que es una diligencia necesaria para averiguar la “fuente” que proporcionó al jefe de gabinete los datos y la foto de los periodistas de El País que después difundió entre dos decenas de medios de comunicación. La magistrada también rechaza la petición del jefe de gabinete de Ayuso de archivar el caso, precisamente por tener pendientes estas diligencias. “Sin haber finalizado la práctica de estas es improcedente resolver sobre su resultado aún no conocido”.

La citación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como testigo ha sido establecida para el próximo 30 de junio, según ha podido comprobar este periódico.

El juzgado investiga de dónde sacó Miguel Ángel Rodríguez los datos y la foto de los dos reporteros del periódico del grupo PRISA que posteriormente difundió entre medios que publicaron la imagen. Una foto de los dos periodistas en las inmediaciones del domicilio de Isabel Díaz Ayuso acompañada de la acusación falsa de haber acosado a vecinos para conseguir información de la pareja.

El propio jefe de gabinete de Ayuso compareció como imputado hace unos días y dio dos versiones diferentes. Antes de entrar al juzgado afirmó ante los periodistas que la foto se la facilitó un vecino de la urbanización. Ante la instructora, reconoció que la imagen se la había proporcionado el propio Alberto González Amador. Los reporteros fueron identificados por la Policía y la jueza indaga en si Rodríguez obtuvo sus datos de los agentes, algo que negó Rodríguez. La magistrada no cree que la Policía hiciera llegar la foto a Rodríguez porque fue “claramente realizada desde una posición de altura”, no desde la calle.

La magistrada también rechaza otras diligencias solicitadas por el PSOE. Por ejemplo, llamar a declarar a un comisario de Policía Nacional o que se investigue el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez. “Ningún dato aporta la acusación para entender que la fuente de información de don Miguel Ángel sea ajena y distinta a la por él afirmada”.

En una segunda resolución la magistrada también rechaza la petición de Miguel Ángel Rodríguez de archivar el caso contra él. “Procede desestimar la solicitud de sobreseimiento interesada, por no ser el momento procesal adecuado”, explica la jueza.