“Todavía sigo esperando”. Ya no son tres meses, si no, en total, cinco meses desde que la Junta de Andalucía mantiene su silencio ante los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones. Tras la apertura de la investigación de oficio derivada de la crisis de los cribados, Jesús Maetzu confirma que se reiteró la petición en diciembre al gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, la disolución del Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones ha dejado un vacío tras de sí: “No se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en Andalucía volvieron a salir a la palestra a lo largo de la semana pasada después de que desvelara, a través de una investigación de El País, que la Junta ya era conocedora de la obstrucción que había en el sistema con dos alertas realizadas por el servicio de Radiodiagnóstico en 2023 y, posteriormente, en 2025. En este sentido, el material que remitió la administración al Defensor del Pueblo el pasado diciembre era “claramente insuficiente”. Así, pesa la indiferencia. “Hemos reiterado una respuesta, de manera urgente y preferente”, señaló Maetzu durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de 2025 de la institución, donde hay un apartado específico para esta crisis.

“No duden de que, en cuanto esté la información, se informará a la ciudadanía”, reiteró en la casa del pueblo andaluz, ya que las pacientes “tienen inapelablemente el derecho a la información”. Hay un total de 2.317 mujeres que fueron afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y, pese a la gravedad de la situación, el informe remitido conjuntamente por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la defensoría fue poco esclarecedor. “Decían que unas llamadas se hicieron y otras no, unas notificaciones se hicieron por carta y otras al correo electrónico... Era insuficiente, y la defensoría tiene que ser muy seria con esto, porque es un caso muy grave”, aseveró.

“El problema real no es de forma sino de fondo”

Las respuestas demandadas son relativas a tres ejes fundamentales, tal y como se cita en el balance de la defensoría: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial analizando el cumplimiento de los plazos clínicos recomendados y la evaluación global del propio programa, en particular, de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz. En el informe enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, se reconoce haber identificado “una falla de comunicación” o “incidencia comunicativa”, que afectó a las mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS 3, especialmente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero se expresa que tal incidencia “no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial”.

Además, se especifica que el programa de cáncer de mama incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que, en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), se genera directamente la derivación hospitalaria, aunque la comunicación depende parcialmente de los circuitos de cada hospital. En este punto, se especifica que existían diferencias en las formas de contactar con las mujeres, haciéndolo algunos por vía telefónica y otros mediante envío directo de la citación por correo postal.

No obstante, la defensoría, a la hora de estudiar las respuestas de la Junta, entiende que el enfoque para justificar las respuestas es “parcial”, ya que se reduce la “falla de comunicación” a una mera cuestión de forma, es decir, “una simple diferencia en la práctica de los medios empleados”, pero “no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por la ausencia misma de contacto dirigido a informar del resultado incierto del cribado, ni del estudio adicional preciso, ni de la derivación a su centro hospitalario”.

“El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación autónoma de los resultados del Programa de Cribado a las afectadas”, en donde no se clara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera. A su vez, se omiten datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera. Tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado, aunque sí determina que se inició en octubre de 2025 la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz. “Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario”, determina la evaluación de la defensoría.

Balance de 2025

A lo largo de 2025, el Defensor del Pueblo Andaluz incrementó su actividad y desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día. En comparación con el periodo anterior, hubo un 30% más de quejas presentadas, con un total de más de 13.000 nuevas quejas iniciadas. Además, se atendieron 17.494 consultas atendidas y se realizaron 53 actuaciones de oficio, viéndose que hay una mayor incidencia en Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad.

En dependencia, advirtió que “Sevilla está colapsada”, ya que hay unas 100 quejas diarias en la materia dentro de la provincia. Hay escritos que quedan grabados en su memoria, como el de un hombre de 49 años, con ELA, y cuyos dos hermanos, que sufrían la misma enfermedad, habían fallecido sin que les llegara respuesta por parte de la administración, “me preguntaba, ¿usted cree que también me moriré sin la ayuda?”. “Las listas de espera y los retrasos en dependencia merman la confianza de la ciudadanía en el sistema público: no hay mayor desafección”, subrayó. En vez de hablar de retrasos y demoras, el término que usó fue “desprotección”, desprotección para las familias con personas mayores, las que esperan por el bono de alquiler, aquellas que necesitan unos ingresos mínimos, es decir, las que no pueden esperar un día más ante los desmanes de la vida.

En cuanto a la vivienda, fue tajante: “Es el termómetro más visible de la desigualdad”. Con 2.423 expedientes gestionados, es una de las mayores preocupaciones de la población andaluza. La carrera de obstáculos, tal y como definió, incluye la falta de oferta, los precios desmedidos del mercado inmobiliario, sobre todo en el alquiler, la amenaza de las viviendas de uso turístico o la “especial crudeza” de las zonas costeras. “Hay una avaricia patrimonial”, determinó a tenor de la visión especulativa que se mantiene sobre la vivienda. Una realidad en la que la defensoría se posiciona “con la exigencia de que este derecho subjetivo sea cada vez más preponderante”. Para ello, pidió una planificación estructural en el sistema, en vez de las construcciones a mansalva que afloran en esta nueva burbuja inmobiliaria y que, de una forma u otra, tiene una repercusión en la infancia y la adolescencia, como ha analizado con asociaciones del sector.

“La vivienda acelera procesos de sustitución social”, añadió, siendo él mismo uno de los afectados. Oriundo de Cádiz, admitió que en el centro de su ciudad apenas reconoce a los vecinos y a los pequeños comercios de los que disfrutaba hasta hace apenas una década. Por tanto, pide leyes autonómicas que “alivien” la presión sobre aquellos que intentan acceder a una propiedad. Ampliar y proteger el parque público, así como la coordinación efectiva de los servicios sociales y la mejora de la gestión de las ayudas son alguna de las claves que ofreció para intentar paliar la situación.

Jubilación

El informe anual, concebido como una hoja de ruta, da un decálogo de buenas prácticas para las instituciones, ya sea en materia de vivienda como dependencia y sanidad, en el que se reitera que el marco común debe ser la defensa y el robustecimiento del espíritu democrático.

Maetzu vio como positivo el aumento de casos a atender, que significaría un mayor conocimiento del organismo entre la sociedad, pero, de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan, advirtió: “Se van a empezar a pelear todos los grupos, pero tiene que haber un suelo democrático”, donde el compromiso sea con “la igualdad, la no discriminación, los derechos laborales, la migración, los ingresos suficientes, la sostenibilidad ambiental, así como la memoria democrática”. Valores por los que construir una sociedad mejor, más rica y diversa, en donde la convivencia sea la prioridad frente a los discursos de odio y xefonobia, comentó, sobre todo en el entorno de las redes sociales. Todo ello, con tal de evitar la erosión de la convivencia social, deseó.

A sabiendas de la importancia de su cargo, insistió en que su deseo es jubilarse cuando se forme un nuevo gobierno en Andalucía. “Después de las vacaciones, que se sienten todos los grupos que quieran a la institución a negociar”, con tal de llegar a los tres quintos que se requieren para su sustitución. En las dos últimas décadas, ha desempeñado esta labor en tres períodos diferentes, estando desde septiembre de 2024 hasta la actualidad en funciones. “Quiero una soledad deseada”, sonrió. A la espera de lo que ocurra tras el 17 de mayo, Maetzu protegerá el cargo que le confía el pueblo andaluz.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado este martes en el Defensor del Pueblo una queja formal en relación con la enajenación, el pasado 15 de enero de 2025, de seis parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo destinadas a la construcción de 104 viviendas de protección oficial, al considerar “que el procedimiento de adjudicación podría vulnerar principios básicos de publicidad, igualdad y concurrencia”.

Así lo ha declarado ante los medios de comunicación el portavoz del Grupo, Luis Alonso, quien ha solicitado al Defensor del Pueblo que exija al Ayuntamiento y al Gobierno regional “la remisión del expediente completo y la acreditación del cumplimiento de los principios legales en la adjudicación”.

Asimismo, Alonso ha instado a que se “restablezca el control administrativo directo y a implantar sistemas objetivos y transparentes de selección”. El concejal del PSOE ha indicado que al ser “vivienda protegida construida sobre suelo público”, el Ayuntamiento “no puede desentenderse del procedimiento de adjudicación ni dejarlo en manos exclusivas de promotores privados sin garantías públicas suficientes”.

El Patrimonio Municipal del Suelo tiene carácter finalista y está destinado a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, lo que obliga al Ayuntamiento de Logroño a ejercer un control efectivo sobre el proceso de adjudicación.

Sin embargo, ha denunciado Luis Alonso, “el pliego de condiciones atribuía a las empresas adjudicatarias la selección de compradores que estuvieran inscritos en el IRVI, sin establecer un proceso de adjudicación, estructurado y garantista”.

El portavoz del PSOE ha criticado que “no hubo convocatorias oficiales ni apertura de plazos, publicación de listados, criterios objetivos de baremación ni sorteo público supervisado”. Esto “supone un cambio respecto a la práctica anterior del propio Ayuntamiento, que asumía directamente la adjudicación garantizando transparencia y objetividad”, ha recordado Alonso.

Además, la normativa autonómica y estatal exige que la adjudicación de viviendas protegidas se rija por los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Algo que en Logroño no ha habido.

Por otro lado, el concejal ha denunciado el hecho de que las propias empresas promotoras “hayan aplicado sistemas propios de adjudicación sin que conste un control municipal efectivo ni acreditación pública del cumplimiento de los cupos de reserva legalmente establecidos”.

Así, el PSOE reclama y exige “transparencia, reglas claras y las mismas oportunidades para todas las personas inscritas”, ha subrayado Alonso ya que “la función social del suelo público no se cumple solo construyendo viviendas protegidas, sino garantizando que su acceso se produzca con pleno respeto a los principios de igualdad y publicidad”.

El Defensor del Pueblo, tras investigar la realización de un evento taurino que involucraba a personas con acondroplasia en Santo Domingo de la Calzada el pasado 19 de septiembre de 2025, ha reprendido al Ayuntamiento a través de un “recordatorio del deber legal”.

El texto remitido por el Alto Comisionado recuerda al Ejecutivo local su deber: «De cumplir y hacer cumplir el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social disposición adicional tercera 2, que prohíbe la celebración de espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana»

Esta advertencia se produce después de la queja impulsada por la Fundación Franz Weber en el que advertía la participación de varias personas con acondroplasia y el incumplimiento de la normativa estatal que, de facto, veta este tipo de espectáculos “cuyo objetivo gira alrededor de la moda de personas por su simple condición física”, según señala la fundación.

El documento también alertaba sobre la posible vulneración de los Derechos Fundamentales de las personas con discapacidad y donde todas las administraciones públicas deben mostrar un compromiso ineludible con los derechos de las personas con diversidad funcional, incluyendo la inmensa mayoría del colectivo de personas con acondroplasia. Además, recalcan que el evento se difundió a través de redes sociales previamente, “contribuyendo a esparcir estos estereotipos negativos, asociando una condición genética a un marco de humor inexistente, fomentando la mofa humillante”.

Las ONG representativas de este sector humano, como ADEE España, Fundación Alpe Acondroplasia o plataformas como CERMI, han advertido en numerosas ocasiones acerca de estas actividades y desde 2022 varias de estas entidades promueven un programa de mejora de la empleabilidad con el objetivo de ayudar a las personas que todavía toman parte de estos mal llamados festejos.

FFW considera “muy grave” que el propio Ayuntamiento colaborara con este evento, “contribuyendo a perpetuar estereotipos” y recuerda que también solicitó a la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja la apertura de un expediente sancionador.

La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.

“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.

Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.

Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.

Un documental de TV3 pone en contacto a las familias

Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.

Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.

“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.

Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.

El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.

Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.

“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.

El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.

“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.

Opacidad sobre las causas y el número de muertes

Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. 

“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.

La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. 

En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. 

Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. 

En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.

Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tomen medidas para evitar los sobrecostes en transportes alternativos al tren en un momento en el que el sistema ferroviario español se está viendo afectado tras el accidente en Adamuz (Córdoba).

En concreto, Gabilondo ha abierto una actuación de oficio ante el Ministerio y la CNMC para que informen acerca de las medidas que pretenden adoptar para evitar la existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías.

Esta situación podría estar afectando a los viajeros que se ven en la necesidad de utilizar transportes alternativos a las líneas de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía o entre Madrid y Catalunya, principalmente, y que habrían de pagar sobrecostes para poder viajar, sobre todo, en avión, en autobús, o en coche de alquiler, según el Defensor del Pueblo.

Por eso, pide a estas dos instituciones que, a través de los órganos reguladores, actúen en el ámbito de sus competencias para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales, “en algunos casos significativamente”.

Gabilondo considera que, ante estas circunstancias, “no parece que sea procedente” que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas.

Topes en los precios de Iberia

Precisamente, este martes, en la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se habló se esa tituación de los precios. En concreto, Podemos reclamó al titular de Transportes desarrollar mecanismos legales para topar los precios de viajes de avión ante situaciones de esta magnitud.

Puente aseguró que, tras lo ocurrido en Adamuz, se barajó esa opción, pero finalmente no fue necesario, porque hubo “un comportamiento bastante responsable del sector, especialmente el sector aéreo y muy concretamente de Iberia”, que ha puesto más aviones desde Sevilla y desde Málaga.

El ministro señaló que la aerolínea también ha decidido de forma “unilateral” topar los precios, tanto en los billetes ordinarios de clase turista como en los 'business'. “Creo que el sector se ha comportado razonablemente bien y no nos hemos visto obligados a intervenir”, afirmó.

Iberia anunció, también el martes, que también limitará a 99 euros el vuelo entre Madrid y Barcelona tras la cancelación de varios trenes de alta velocidad.

No obstante, el ministro adelantó que el Ejecutivo intervendría si se observara algún comportamiento abusivo: “Si es necesario, lo haremos, pero no lo hemos visto necesario y quiero también en este aspecto romper una lanza por las empresas que han adoptado un comportamiento a la altura. Yo creo que de lo que cabe esperar en un momento como este”.

La pregunta se repite cada año: ¿quiere marcar la casilla para la Iglesia Católica o para las actividades de interés social? En la declaración de la renta cada uno decide a dónde destina el 0,7% del IRPF. Un impuesto que recauda millones de euros en todo el país con el fin de mejorar la red asociativa mediante los proyectos sin ánimo de lucro. En el caso de Andalucía, la última convocatoria salió con más de 56 millones de euros, de los que 6,5 millones estaban destinados a las entidades de ámbito provincial. Sin embargo, el proceso ha despertado la crítica de varias asociaciones de pequeño y mediano tamaño que han sido descartadas por no cumplir con el requisito de un presupuesto mínimo.

¿Cuál era la cantidad establecida? La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, publicó las instrucciones a cumplir de la convocatoria en mayo del año pasado e indicaba que en los programas de ámbito provincial el dinero mínimo a gastar era 15.000 euros, a excepción de los ámbitos de igualdad de género, LGTBI e intervención del voluntariado, con 5.000 euros.

Esta medida provocó que siete asociaciones formaran la Coordinadora Andaluza del Tercer Sector, entre las que se encuentran Nexo, Zaqueo, Adhara, Asaenes, el Comité Español de Cooperación al Desarrollo, la Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y Lubna. Con el ánimo de recabar apoyos, publicaron un manifiesto que hicieron circular por los canales de mensajería instantánea al que, aseguran, ya se han adscrito unas 40 asociaciones. En busca de respuestas, se dirigieron al Defensor del Pueblo Andaluz y, tras el período navideño, han retomado el diálogo con la parte responsable de la Junta de Andalucía.

Al respecto, Amparo Morillo, psicóloga de la asociación Zaqueo, asegura en declaraciones a este medio que “hay una falta de transparencia en los criterios de adjudicación”. Sin respuesta desde la resolución definitiva de la convocatoria en diciembre, indica que, pese a que su proyecto obtuviera 63 puntos, como recoge el documento provisional pasando por encima de otros grupos sociales, quedó eliminado por aportación mínima. “El presupuesto parece pequeño, pero el año pasado era el mismo y sí se aprobó, por lo que nos destinaron 23.000 euros que ayudaron a contratar a una trabajadora social”. Esta cantidad suponía el 33% de los ingresos del ente y, ahora, no podrán cubrir los gastos de la trabajadora y deberán prescindir de ella. “Es una frustración, porque hemos visto muchas injusticias y esta es la definitiva: las entidades pequeñas nos vemos fuera de cualquier posibilidad de réplica”, manifiesta.

Inflar los presupuestos

El documento de la convocatoria fue publicado el 28 de mayo del año pasado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y supera los 56 millones de euros que están distribuidos en cuatro vías de financiación. Dos de ellas dependen del área de actuación de las asociaciones, por lo que se distingue entre área provincial, con más de 6 millones, y área supraprovincial —aquellas asociaciones que actúen en más de una provincia—, con 39,2 millones. Cada ámbito tiene diez líneas de actuación, según a lo que se dedique la entidad social, como, por ejemplo, los programas dedicados a la infancia, adolescencia y juventud, a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad, a la comunidad gitana, al igual que los proyectos dedicados a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres o para las personas migrantes y la garantía de los derechos del colectivo LGTBI.

A tenor de lo sucedido, Ana Cirera, técnica de Asaenes, asevera que someten a las entidades a una difícil diatriba: “Te obligan a presentar proyectos con presupuestos inflados. Por ejemplo, si contratas a una persona, ya son 20.000 euros, pero, ¿y si en la resolución te dan menos dinero de lo que has presupuestado? Lo reformulas y desinflas. Por tanto, no es un presupuesto real, sino inventado”. Ante la falta de financiación, señala que este año se quedarán en un cajón cuatro proyectos, “así que el impacto es, por un lado, los despidos y, por otro, no prestar el servicio a las personas que atendemos”, subraya, “todos eran relacionados con colectivos vulnerables, tanto para aquellas personas con trastorno mental grave, que se encuentran en la calle o dedicados al apoyo de las familias cuidadoras, con las que trabajamos para descargar el peso emocional y físico que sufren día a día”.

El último encuentro que se ha producido entre la administración y la plataforma se dio el pasado lunes 12, donde se le requirió a la Secretaría General de Inclusión Social, dirigida por Ana Vanessa García, que se acordaran criterios claros, públicos y equitativos, aparte de una transparencia “total” en los procesos de evaluación, con acceso a los informes correspondientes. La Coordinadora resalta que “la decisión final de adjudicar la financiación no se basa únicamente en la valoración técnica de los proyectos, sino en una fórmula matemática que considera datos ajenos al conocimiento de las asociaciones, lo que limita su capacidad de planificación presupuestaria y reduce las oportunidades de acceder a financiación”.

A raíz de la movilización de esta plataforma, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad respondió a esta cabecera que las bases reguladoras de la convocatoria fueron “ampliamente trabajadas” por la Mesa del Tercer Sector, teniendo su trámite de audiencia pública y alegaciones. Además, destacan que, por primera vez, se logró sacar la línea 4, destinada a las entidades de ámbito provincial, “una queja histórica” de los afectados dado que “no podían competir” con aquellos grupos de mayor músculo financiero. “Hay un número muy grande de asociaciones que entran en estas subvenciones en concurrencia competitiva, pero es una cuestión que se ha consensuado”, defienden las fuentes consultadas de la cartera de Loles López.

Más autofinanciación

En representación de la Mesa del Tercer Sector, habla Guillermo Bellouard, su secretario técnico, quien destaca el papel de su organización al ser el interlocutor de la Consejería en la Comisión permanente de diálogo con la Mesa. Un papel desempeñado durante largo tiempo y que ha dado ido dando sus frutos, como la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector en Andalucía.

“Llevamos años presentando alegaciones en cada proceso de modificación de bases por las vías legales pertinentes y reuniéndonos con la Consejería en el espacio propiamente adecuado, pero pero ante muchas de nuestras reivindicaciones, propuestas o reclamos, recibimos como excusa final la falta de presupuesto”, indica. Si bien lamenta que la nueva plataforma no se haya puesto en contacto con ellos, admite que el reclamo más urgente es aumentar la cuantía económica de las partidas a través de los recursos autonómicos: “Los fondos del IRPF corresponden a los fondos estatales, no son los propios de la Consejería, por lo que venimos pidiendo en la comisión permanente que se incrementen las subvenciones autofinanciadas por la Junta”, sostiene Bellouard.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final

Otras entidades deciden prescindir del dinero público ante el reiterado rechazo en este tipo de subvenciones y optan por mantenerse en virtud de la aportación de sus socios, aunque el campo de acción disminuya considerablemente, como ocurre en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Diego Boza, coordinador general, critica que esta situación se ha agravado desde la entrada del Gobierno de Juanma Moreno: “El resultado provoca, y así lo ven otras entidades, que el dinero no llegue a los proyectos medios y pequeños, los que tienen una potencialidad de ayudar a la ciudadanía, mientras que muchas de las beneficiadas están participadas por la Iglesia”.

Cáritas, la Fundación Don Bosco, la Caridad de San Vicente de Paúl o el Patronato Santo Domingo, entre otras, son algunas de las entidades de carácter religioso que concurren en estas convocatorias y se ven beneficiadas en la adjudicación final, “lo que genera una situación paradójica, porque el contribuyente no marca el 0,7% que se destina a la Iglesia Católica y, al final, parece que lo hace”.

La APDHA se mantiene a través de los mil socios que tienen repartidos por la comunidad y diferentes acuerdos y colaboraciones con algunos municipios, como en Cádiz o Córdoba, detalla el representante, así que gozan de cierta “tranquilidad” al no depender directamente de las líneas de apoyo de la Junta de Andalucía. “Esto no quita que, al presentarnos a las convocatorias, veamos que hay una preferencia clarísima a proyectos asistencialistas, aquellos que lo que hacen es sustituir a la administración donde no llega. Además, con la exigencia de un determinado tamaño de proyecto, habrá entidades que no podrán alcanzarlo nunca porque no tienen esos fondos previos, por lo que se discrimina la capacidad de acceder a fondos públicos”, añade. El asunto está ahora en manos del Defensor del Pueblo Andaluz, quien pidió a la plataforma un plazo razonable para que la administración respondiera a sus peticiones.

Más de dos meses después, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha salido a la palestra para criticar la gestión de la Junta de Andalucía a la hora de responder el requerimiento que emitió en función de la investigación de oficio que inició tras los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía. El material recibido “es claramente insuficiente” y ha añadido que “todavía no sabemos qué paso ni qué medidas están poniendo”.

“No hemos recibido la información de la Junta y nos remiten a la auditoría”, ha declarado este martes en una entrevista concedida a la Cadena SER de Sevilla, por lo que “no podemos ahora proponer medidas que solucionen este grave problema”. “Esta institución tiene un deber de colaborar con carácter urgente y preferente”, ha defendido, “necesitábamos medios y teníamos que barajar qué ha pasado, cuál había el fallo y, sobre todo, cómo se soluciona”. Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, ha sido eludir su responsabilidad ante el ente independiente.

“No quiero pensar que no es transparencia”, ha sostenido el defensor, pero “la respuesta no obedece a los elementos pedidos”, por ejemplo, se desconoce el protocolo que se instauró a la hora de no comunicar los fallos en los cribados o tan siquiera el número total de integrantes de la plantilla que hay habilitada para atender a los miles de diagnósticos que se producen cada año. Al respecto, ha determinado que, lo más seguro, es que haya “que pedir de nuevo los datos” para ofrecer garantías a la ciudadanía sobre el proceso que ha desatado una crisis en la sanidad pública andaluza.

Cuatro peticiones ignoradas

Amama, la asociación que destapó el fallo en los cribados de cáncer de mama que han afectado a un total de 2.317 mujeres, estima que hay 336 mujeres que han desarrollado el tumor. En unas declaraciones realizadas en Málaga este martes, la presidenta de la entidad, Ángela Claverol, ha afirmado que se han constatado 30 nuevos casos de afectadas por la crisis sanitaria en la provincia. Por ello, han pedido que revisen todas las reclamaciones patrimoniales que se están presentando en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En vista de lo ocurrido, cabe recordar que en octubre el Defensor pedía a la Junta cuatro cuestiones: la primera, el número total de mujeres afectadas y aclarar el criterio por el que no se comunicaron los resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, si era por un protocolo o a causa de instrucciones internas y si se aplicaba en todo el sistema público o solo en algunos centros.

También, la operatividad de la atención mediante el conocimiento de la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico, los tiempos de respuesta o la cantidad de profesionales disponibles; el tercer bloque se refería a la gestión y autoevaluación del programa; y, por último, los informes de evaluación desde 2022, además de indicar la función de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz.

Primera investigación general en 30 años

En aquel momento, el Defensor recalcaba que era la primera vez en 30 años de funcionamiento del programa de cribados que iniciaban una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales. Es decir, había razones suficientes, a causa de la alarma social generada, para iniciar el proceso y realizar un reconocimiento público de las deficiencias, además de que consideraba que había una necesidad de reparación por los daños sufridos. Así, recordaba que las pacientes tienen derecho a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica, en función de lo establecido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.

La investigación del Defensor, autoridad independiente nombrada por el Parlamento andaluz, se suma a las ya abiertas en sede judicial sobre este programa que está activo desde 1995 y que, cada año, realiza alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años con el fin de mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los errores tienen relevancia penal, en cuyo caso presentaría la correspondiente denuncia. Asimismo, tanto IU como Adelante han presentado querellas por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de prestar asistencia sanitaria.

El presidente de Castilla-La Mancha ha trasladado sus condolencias tras conocer el fallecimiento del histórico dirigente socialista de Francisco Fernández Marugán, que ha muerto a los 79 años.

Tras conocer la “triste noticia”, según ha publicado en su perfil de la red social X, se ha referido al cacereño como “un gran político y un excelente diputado con una trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social”.

Además, ha comentado su labor como Defensor del Pueblo. “Hizo una extraordinaria labor en beneficio de los ciudadanos, sobre todos de los más desfavorecidos”.

“Mi más sentido pésame a sus seres queridos”, concluye el mensaje.

El histórico dirigente del PSOE Francisco Fernández Marugán ha fallecido este martes a los 79 años, según han informado distintos miembros de la formación socialista. Nacido en Cáceres en 1946 era economista, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico de la Administración Civil de Estado e Inspector Financiero Tributario.

Marugán desempeñó su labor profesional en el Ministerio de Hacienda, en la Secretaría General de Tributos y más tarde en la Jefatura de Servicios de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales. Militó desde muy joven en el PSOE, primero dentro de la organización socialista clandestina de Madrid desde 1974.

También fue miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) desde 1980 a 1982. Ese año fue elegido diputado del PSOE por Sevilla y desde junio de 1986 a diciembre de 2011 fue diputado por Badajoz.

Asimismo, fue miembro del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la que desempeñó los cargos de: vocal (1984-1986); secretario de Asuntos Económicos, Sociales y Sindicales (1986-1994) y secretario de Administración y Finanzas (1994-1997). También era patrono de la Fundación Pablo Iglesias desde 1994. Y de julio de 2012 a noviembre de 2021 ejerció como adjunto primero del Defensor del Pueblo (Soledad Becerril) y desde la dimisión de esta en julio de 2017, como Defensor del Pueblo en funciones.

“Nos ha dejado Paco Marugán, un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte. Hasta siempre, querido Paco”, ha escrito en su cuenta de X Eduardo Madina, exdiputado del PSOE.

Representantes de la Asociación de Docentes d’Asturianu y Eonaviego/gallego-asturiano (ADAE) han llevado este lunes su protesta a Madrid. La razón: la negativa del Ministerio de Educación a modificar los Reales Decretos que permitirían la creación de las especialidades para el profesorado que imparte la enseñanza de estas lenguas.

Con una queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo, los docentes han escenificado no solo su malestar por la falta de compromiso del Gobierno, sino también la necesidad de que la institución que dirige Ángel Gabilondo realice una labor de mediación que permita poner fin a la discriminación que sufren.

No descartan una huelga

Esta no será, sin embargo, la única acción que va a emprender la asociación. Los miembros de ADAE tampoco están satisfechos con el Gobierno asturiano ya que aseguran que el Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón “no se está tomando en serio este conflicto laboral” que lleva enquistado tras más de 40 años de presencia de las lenguas propias de Asturias en el sistema educativo.

Por ello, tienen previsto convocar una junta abierta a todo el profesorado de ambas especialidades el próximo mes de enero. El objetivo es consensuar las siguientes movilizaciones, sin descartar incluso la convocatoria de una huelga si no se producen avances reales.

Una interinidad “perpetua”

ADAE ha denunciado la situación que vive este colectivo en un comunicado de prensa donde explica que, el pasado 26 de noviembre, la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, volvió a rechazar esta modificación normativa.

Esta decisión está abocando a 332 docentes en Asturias a una situación de “interinidad perpetua”, según señala.

La asociación denuncia que esta situación entra en clara contradicción con la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público.

La petición al Defensor del Pueblo

“La normativa educativa de mayor rango, la LOMLOE, permite expresamente la enseñanza de estas lenguas incluso sin estatus de cooficialidad. Por ello, corresponde al Gobierno estatal garantizar que el profesorado que las imparte tenga los mismos derechos laborales que el resto de especialidades docentes, con independencia del reconocimiento jurídico de las lenguas objeto de enseñanza”, advierten desde la asociación.

Además de dar a conocer el conflicto laboral al Defensor del Pueblo, los representantes de ADAE tenían como objetivo al desplazarse expresamente a Madrid solicitar su mediación ante la necesidad de que se adopten medidas que “aseguren el cumplimiento de la legalidad vigente”.

Las críticas al Gobierno asturiano

Además, denuncian la falta de comunicación por parte del Gobierno del Principado de Asturias y la Consejería de Educación, ya que la respuesta del ministerio no se conoció hasta tres semanas después del encuentro con la ministra, “sin que se trasladara hasta entonces información oficial ni al profesorado afectado ni a las organizaciones sindicales”, lamentan.

La asociación ha solicitado en numerosas ocasiones una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, con el objetivo de trabajar conjuntamente con los sindicatos en la búsqueda de soluciones, sin que hasta el momento se les haya facilitado una fecha concreta para poder exponer su situación y consensuar una salida a este conflicto.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio por las “graves disfunciones” reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La institución ha expresado su “consternación” y “honda preocupación” por los retrasos en los diagnósticos, que han generado una crisis sin precedentes en el Gobierno de Moreno, obligado a prescindir de su Consejera de Salud a pocos meses de las elecciones autonómicas. La intención de Maeztu, ha dicho, es “contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo”.

En una nota, el Defensor enfatiza que “es la primera vez” en 30 años de funcionamiento del programa que “nos vemos obligados a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales”. Jesús Maeztu considera que “concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos”.

La investigación del Defensor, una autoridad independiente que nombra el Parlamento andaluz, se suma a las ya abiertas en sede judicial. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los errores tienen relevancia penal, en cuyo caso presentaría la correspondiente denuncia. Y tanto IU como Adelante han presentado sendas querellas por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de prestar asistencia sanitaria. Los abogados de la asociación Amama, que destapó el caso, están valorando si presentan una denuncia colectiva o muchas individualizadas.

“Especialmente grave”

El Defensor explica en su nota que el “detonante” han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama, unido a la “confirmación” por parte de responsables de la Consejería de Salud de que, “al menos”, 2.000 mujeres con resultados “no concluyentes” desconocían su situación al no haberles sido trasladada la información obtenida en sus mamografías de cribado.

El cribado de cáncer de mama, activo desde 1995, realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años. El objetivo es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones mutilantes. Sin embargo, para Maeztu, “lo ahora conocido pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma”.

La institución califica de “especialmente grave” que las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones “dudosas” o no concluyentes “no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo”. “Esta situación podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica”, apostilla.

El Defensor del Pueblo andaluz subraya que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está recogido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La ausencia de comunicación, además de lesionar derechos, puede suponer “una pérdida de oportunidad asistencial y genera daños evitables”.

Pide información sobre la carga asistencial del servicio

Hasta ahora, el Gobierno de Moreno ha sido incapaz de perimetrar el alcance de la crisis: no ha acotado el origen del problema, ni siquiera puede cuantificar con certeza a cuántas mujeres afecta, y hay dudas de que no se extienda a otros programas de cribado. Este miércoles, Moreno anunció una inversión extra de 100 millones de euros y la contratación de 700 sanitarios. También puso al frente de Salud a su mano derecha, Antonio Sanz, un consejero de marcado perfil político para embridar una crisis que, según entienden en San Telmo, no es solo sanitaria sino también comunicativa.

El Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS “información precisa” en tres bloques, y un cuarto punto que consistiría en conocer el resultado de la investigación y de la auditoría.

En primer lugar, el Defensor pide que se aclaren las razones que han llevado a no comunicar determinados resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Quiere saber si esta práctica responde a un protocolo, a instrucciones internas o a otro tipo de criterios; si se aplica en todo el sistema sanitario público o sólo en algunos centros --indicando cuáles--, y cuántas mujeres se han visto afectadas, tanto en número como en porcentaje, ya sea por falsos positivos o por resultados que no se han considerado comunicables.

En segundo lugar, el Defensor requiere datos sobre la atención prestada a las mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. Para ello solicita conocer la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios --incluidos los radiólogos-- y cuántas mujeres están aún pendientes de completar su estudio diagnóstico, tanto las derivadas del propio programa como las que proceden de otros circuitos asistenciales.

El tercer bloque de información se refiere a la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución quiere saber si existen “mecanismos establecidos” para “revisar” sus resultados y procedimientos, con qué periodicidad se han aplicado desde 2022, qué actualizaciones o mejoras se han introducido y en qué aspectos.

El Defensor también solicita el acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y a los indicadores básicos y complementarios registrados. Además, pregunta por la actividad desarrollada hasta ahora por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, si cuenta con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos y, más recientemente, la Constitución Española de 1978, proclamaron la prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ambos momentos, de notorio conocimiento y repercusión nacional e internacional, constituyen fechas esenciales para la defensa de los Derechos Humanos.

Por su parte, Aragón, en uno de los momentos más hermosos de creación de su derecho,  suprimió el tormento judicial, entendido como obtención de información mediante la aplicación de dolor físico a un reo, hace 700 años.

Fue Jaime II 'El Justo' quien, ante una petición expresa del reino, lo prohibió el 10 de octubre de 1325 en una sesión de las Cortes celebrada en Zaragoza, estableciendo: “…que turment ni inquisición no sian en Aragon, como son contra fuero”.

Sólo podían ser atormentados los falsificadores de moneda que fueran extraños al reino y los vagabundos sin bienes, de vil condición, vida o fama.

Para comprender en sus justos términos la inmensa relevancia jurídica de la prohibición aragonesa, debe recordarse el momento histórico y el contexto en el que se prohíbe el tormento: Baja Edad Media, Siglo XIV.

En aquellos tiempos, la mentalidad en relación al delito estaba fuertemente condicionada por una combinación de derecho de costumbres, religión, miedo social y una visión del mundo en la que el orden era decisivo y debía restablecerse cuando se rompía.

El delito no se veía sólo como una ofensa contra la persona o el poder secular, sino también como una ruptura del equilibrio moral y religioso de la Comunidad.

La justicia, ejemplarizante y pública, tenía una función moral y expiatoria: castigar al culpable era necesario para restaurar el orden social y espiritual, y la penitencia pública y la humillación eran elementos habituales en la sanción.

El castigo, por tanto, debía ser visible para generar temor y reforzar la autoridad del poder. Las ejecuciones públicas, mutilaciones, picotas o paseos infamantes no eran sólo castigos, eran rituales de purificación social.

Para una persona que ha dedicado su vida al Derecho, esta fecha de la historia de Aragón provoca, en igual medida, una profunda emoción por lo que hicimos, por lo que fuimos y, a la vez, una enorme admiración al constatar la continua inclinación aragonesa por la búsqueda de la justicia y la libertad.

Al margen de las ideas imperantes en la época, Aragón, en fecha tan lejana, atisba las bases de nuestro derecho penal moderno en el que no se concibe una condena sin culpabilidad.

Esta prohibición, tempranísima frente a las que luego vinieron, suscita al jurista actual una gran curiosidad por determinar cuáles serían sus razones.

Sin excluir la especial sensibilidad aragonesa frente a los métodos utilizados para arrancar confesiones, lo que evitó la aplicación del tormento en muchos ámbitos de su justicia (no la aplicó el Justicia de Aragón y, en general, salvo ámbitos concretos, Aragón se mostró reticente a su aplicación), debe reconocerse que esa benevolencia, esa clemencia, no llegó a todos los ámbitos, según se ha dicho, ni a la imposición y ejecución de las penas.

Por tanto, parece que el motivo final tenía unas premisas más amplias y hace pensar en un ejercicio muy temprano de protección de la inocencia, derecho fundamental hoy amparado constitucionalmente.

En 1325, Aragón fue consciente de que, frente al tormento, frente a la tortura, sólo algunos seres absolutamente extraordinarios pueden resistir y cuando lo prohíbe, en la fase de investigación del delito, está impidiendo la obtención de confesiones forzadas que, como efecto inmediato, podían suponer la condena de inocentes.

Con ello, vino a introducir la necesidad de la existencia de medios probatorios más sólidos, lo que hoy podríamos denominar “prueba racional”, protegiendo al acusado antes de Sentencia.

El Derecho Aragonés se convertía en un modelo de equilibrio entre orden y garantías, al contrario de lo que ocurría en el resto de Europa, donde se utilizaban instrumentos de tortura para obtener confesiones.

En este contexto, el Justicia de Aragón fue una figura institucional clave para asegurar que los procesos respetasen el fuero y los derechos del acusado. No podía impedir penas severas, pero sí podía frenar abusos o detenciones arbitrarias, concretamente a través del Derecho de Manifestación, a su vez precedente del Habeas Corpus o remedio jurídico actual frente a detenciones ilegales.

Puede decirse que los Fueros de Aragón, el conjunto de leyes del reino, constituyen un precedente jurídico pionero en la defensa de los derechos humanos.

Estoy convencida de que Aragón seguirá manteniéndose firme en su protección, firme en nuestros valores, en nuestras fortalezas, confiando en nuestra sensibilidad y en nuestra intuición jurídica; porque Aragón es así: es Justicia, es Derecho, es Pacto, es Libertad y es Perseverancia en su defensa. Esta es su esencia.

* Concepción Gimeno García es Justicia de Aragón

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra la modificación por la llamada 'Ley Trans' de la Comunitat Valenciana al considerar que puede “vulnerar el libre desarrollo de la personalidad” y el derecho a la intimidad personal de las personas transexuales menores de edad.

El Defensor del Pueblo recurrió la modificación llevada a cabo por la Generalitat Valenciana, tras la llegada al Gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox, en relación con el párrafo segundo del artículo 16.2.b) de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, incorporado mediante el artículo 136 de la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

En concreto, la institución se refiere en su demanda a que, “para iniciar el tratamiento farmacológico contarán con el apoyo y acompañamiento de profesionales de la salud mental, infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías”.

El organismo que dirige Ángel Gabilondo alegaba que se podría “vulnerar” el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución Española) y el derecho a la intimidad personal (artículo 18.1 de la Carta Magna) de las personas trans menores de edad.

Las quejas por el ruido que desde hace años impide vivir tranquilos a cientos de vecinos del barrio madrileño de Delicias han llegado al Defensor del Pueblo. Por primera vez desde que el espacio polivalente comenzó a funcionar en 2022, el organismo, liderado por Ángel Gabilondo, se ha pronunciado sobre el polémico recinto y ha advertido al Ayuntamiento de Madrid de una posible lesión de los derechos fundamentales como consecuencia de la superación de los objetivos de calidad acústica.

En un escrito emitido el pasado 21 de agosto por el defensor público en respuesta a una queja enviada por una vecina del barrio a finales de 2024, Gabilondo reprocha al Gobierno de Almeida la concesión de autorizaciones para el Espacio Ibercaja Delicias que han permitido durante meses superar los límites legales de ruido. Según el dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, los residentes han visto vulnerados derechos fundamentales como la salud y la intimidad domiciliaria, además de ser apartados de la participación efectiva en los procesos administrativos como parte interesada. En este sentido, Gabilondo insta a evaluar “la incidencia que dicha decisión pueda tener, para adoptar las medidas necesarias dirigidas a atenuar las molestias y garantizar el descanso de los vecinos”.

El Defensor del Pueblo también critica que a ningún vecino se le permitió participar como parte interesada en los procedimientos administrativos, vulnerando así los derechos reconocidos por los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Esto habría garantizado el derecho a audiencia y la posibilidad de recurrir decisiones que afectan directamente a la comunidad.

Además, no se abrió un período de información pública, lo que, según el dictamen, limita la transparencia y la participación ciudadana, elementos esenciales en un entorno urbano donde las decisiones sobre ocio y eventos afectan a numerosos residentes. “Siendo tantas las personas afectadas por la autorización de la superación de los objetivos de calidad acústica, sería razonable que al menos se sometiera el procedimiento al segundo de esos trámites, y que tampoco pueda negarse automáticamente la legitimación de una persona afectada en potencia que quiere recurrir esa decisión”, indica Gabilondo.

Otro de los puntos cuestionados por el Defensor es la utilización prolongada de licencias temporales. Las autorizaciones, inicialmente concebidas como excepciones eventuales, se han prorrogado de manera continuada durante más de un año, convirtiendo lo excepcional en habitual. Según el escrito, el Ayuntamiento no ha justificado de manera adecuada el interés general que motivaría la superación de los límites de ruido, incumpliendo el principio de proporcionalidad que debe regir este tipo de decisiones y que garantiza que los derechos de la mayoría no se vean afectados de manera injustificada por intereses particulares o por la presión de determinados sectores económicos.

Según explica el portavoz de la plataforma vecinal Delicias Para Tod@s, Manuel Díaz, en conversación con Somos Arganzuela, es la primera vez que un organismo público de carácter estatal respalda las quejas de los vecinos. “El defensor no se limita a analizar los ruidos, sino que va mucho más allá, reconociendo vulneraciones de derechos fundamentales y la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”, subraya. Para los residentes del barrio supone una victoria que Gabilondo confirme lo que llevan denunciando desde hace años: la administración municipal “ha sido cómplice” de LetsGo, la organizadora de eventos que explota el Espacio Delicias, permitido que opere sin cumplir la normativa vigente.

A pesar de que el Espacio Delicias comenzó a funcionar en 2022, las inspecciones por parte del Ayuntamiento no se llevaron a cabo de manera inmediata. Las primeras visitas llegaron en 2023 y 2024, cuando constataron que el espacio no cumplía la normativa vigente en materia de contaminación acústica, por lo que llegaron a operar durante dos años completos sin respetar los límites establecidos. “El Ayuntamiento ha permitido que se superen los permisos sin tomar medidas efectivas durante todo ese tiempo”, denuncia Díaz, recordando que, mientras tanto, los vecinos sufrían molestias continuadas que afectaban su vida cotidiana y su salud.

La cercanía del recinto con la Residencia de Mayores Ballesol, ubicada en el número 15 de la calle Amaltea, también ha sido señalada como un incumplimiento legal. La instalación se encuentra a menos de 150 metros de la residencia, lo que contraviene lo establecido en el punto 3 del artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) y en las prescripciones de la resolución del Director General de Sostenibilidad y Control Ambiental. Este aspecto es especialmente sensible, ya que afecta directamente a personas vulnerables, como los mayores residentes, que se ven expuestos a niveles de ruido perjudiciales, con riesgo de alteraciones del sueño, ansiedad y otros efectos sobre la salud, por lo que el Defensor considera que “la consecuencia del incumplimiento del régimen establecido en la OPCAT no es menor, y no puede ser considerada una cuestión a corregir sin más.

Gabilondo se centra además en los procedimientos administrativos seguidos por el Ayuntamiento. Si bien se llevaron a cabo inspecciones, se levantaron actas y se impusieron medidas correctoras, incluyendo limitadores de sonido, control de generadores y distancia mínima de equipos, estas actuaciones no han sido suficientes para proteger el descanso y la salud de los vecinos. Algunas sanciones se cerraron después del reconocimiento voluntario de responsabilidad y el pago de multas, mientras que en otras ocasiones no se abrió procedimiento al estar los niveles dentro de los límites autorizados, lo que a la vista de la oficina evidencia una aplicación desigual de la normativa y una falta de vigilancia efectiva.

En relación con los recursos presentados por la vecina a la que responde el escrito, el Defensor recuerda que sus quejas fueron inadmitidas bajo el argumento de que no tenía la condición de “interesada” en los procedimientos, a pesar de que su legítimo interés estaba claramente vinculado al impacto acústico en su vivienda y en la comunidad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, citada por el Defensor, establece que las administraciones públicas deben garantizar la protección de derechos fundamentales frente a contaminaciones acústicas, y que los vecinos afectados deben poder participar en los procesos administrativos para asegurar la proporcionalidad y legalidad de las decisiones adoptadas.

El Defensor del Pueblo concluye que, aunque formalmente el Ayuntamiento cumplió con los trámites administrativos, de fondo se ha producido una aplicación laxa del régimen excepcional de ruido. La autorización reiterada de superación de límites, sin motivación suficiente ni consideración de entornos sensibles como residencias de mayores, supone una vulneración de los principios de proporcionalidad, temporalidad y participación ciudadana. “La excepción no puede convertirse en la regla general”, enfatiza Gabilondo en el escrito, subrayando que la continuidad de estas prácticas puede sentar precedentes negativos para la gestión de eventos y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

El Defensor también establece que la contaminación acústica afecta directamente a derechos constitucionales como la salud (artículo 43 CE), el medio ambiente (artículo 45 CE) y la intimidad domiciliaria (artículo 18 CE), recordando que la jurisprudencia española y europea reconoce la responsabilidad de las administraciones públicas en estos casos. Gabilondo insiste en la necesidad de aplicar criterios de proporcionalidad y motivación suficiente antes de permitir excepciones a los límites de ruido, así como garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana y transparencia.

El portavoz vecinal subraya que estos argumentos servirán para reforzar la batalla judicial abierta con el Ayuntamiento por la modificación de la normativa que prohíbe la privatización del parque Tierno Galván y otras autorizaciones similares, al demostrar que “las actuaciones municipales pueden generar vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales cuando no se aplican criterios de proporcionalidad, justificación y control efectivo”.

Cinco años de polémica y una licencia anulada

El Espacio Delicias lleva generando controversia desde que se puso en funcionamiento en 2022. El último giro en la trama judicial tuvo lugar el pasado mes de enero. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid anuló la licencia que el Ayuntamiento de la capital había concedido al complejo de ocio, al considerar que la actividad desarrollada no podía considerarse temporal. La sentencia atiende al recurso presentado por Ecologistas en Acción, que había denunciado “molestias y ruidos” en el distrito de Arganzuela y cuestionaba la prórroga de la licencia temporal otorgada por el Consistorio en 2022.

El Espacio Delicias lleva operando durante cinco años mediante concesiones sucesivas de licencias temporales. Todo comenzó en 2018, cuando el Ayuntamiento, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Adif firmaron un protocolo para el desarrollo del uso dotacional de los suelos de la antigua estación, destinado a equipamientos y servicios públicos para los vecinos. Con el paso del tiempo, el Consistorio permitió la instalación de varias carpas sobre soleras de hormigón destinadas a actividades de ocio y espectáculos, que se mantuvieron a través de autorizaciones temporales reiteradas.

La sentencia emitida el pasado mes de enero señalaba que el Ayuntamiento “ha incumplido palmariamente” el plazo máximo de seis meses que establece la normativa para este tipo de licencias temporales, un aspecto que el Defensor del Pueblo reitera en el escrito. El dictamen judicial subrayaba que la concesión sucesiva de permisos “no es acorde con la temporalidad de las mismas y menos con la temporalidad de seis meses”. De hecho, la solicitud de nueva licencia de julio de 2022 ya reconocía que la actividad no podía considerarse temporal, al estar vinculada a expedientes anteriores. Según el juez, esta práctica de prórrogas continuadas vulneraba la normativa vigente sobre temporalidad y convertía en permanente una actividad que debía ser excepcional.

Tanto el Consistorio como LetsGo, la empresa que gestiona el espacio, presentaron un recurso de apelación contra esta sentencia. Por ello, desde Ecologistas en Acción lanzaron un crowdfunding para conseguir la financiación necesaria para afrontar los gastos judiciales y consiguieron llegar el objetivo fijado. La sentencia supuso una importante victoria para el grupo ecologista y los vecinos y podría poner fin a la actividad privada promovida por Adif y permitida por el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2020.

Por su parte, los promotores del Espacio Ibercaja Delicias y LetsGo mantienen que la actividad “sigue operando con normalidad” a pesar de la anulación de la licencia. En el último año el recinto ha acogido la exposición Harry Potter: The Exhibition y una experiencia inmersiva de El Juego del Calamar. Actualmente, el espacio se encuentra ocupado por la muestra interactiva Jurassic World: The Experience, que ha ampliado su estancia hasta el 2 de noviembre. Además, también se celebran otros eventos privados para marcas. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital tramita una reforma del entorno para facilitar el acceso de los clientes de este espacio de ocio privado.

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a varias organizaciones internacionales de defensores y a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para solicitarles que se inste al Gobierno de Israel “al cese de las hostilidades contra la población palestina en Gaza”. 

Gabilondo ha recurrido a la Defensora del Pueblo de Europa, al Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), a la Asociación de Defensores del Pueblo del Mediterráneo (AOM), a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GAHNRI), así como a la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) para pedirles que desde sus instituciones y organizaciones de ámbito internacional “se impulse y promueva una toma de posición compartida con la comunidad internacional, y se inste al Gobierno de Israel al cese de las hostilidades contra la población palestina en Gaza”.

Ángel Gabilondo hace este llamamiento, también como Institución Nacional de Derechos Humanos en España, “ante la gravedad de la situación que ha sido recientemente subrayada en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU”, que concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y reclamó a los Estados “actuar para pararlo”. El Defensor del Pueblo subraya, además, que la situación se está viendo agravada con el inicio de una nueva ofensiva por parte del Ejército de Netanyahu que “amenaza con la desaparición total de Ciudad de Gaza”.

“Lo hago –apunta Gabilondo–, desde la convicción de que están en juego los derechos fundamentales y singularmente el derecho a la vida, pues como señala Chris Sidoti, miembro de esa Comisión Independiente, ‘las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza’”. 

Continúa Gabilondo citando a Sidoti, que recalcó: “La destrucción de residencias, casas, hospitales, universidades, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sitios arqueológicos, carreteras, instalaciones agrícolas, la industria pesquera… Nuestro informe ha dibujado la imagen completa durante dos años de la destrucción. Y la destrucción es tal, unida a la política de hambruna, que las condiciones para la vida son insostenibles”.

El PSOE ha afeado este lunes a la presidenta extremeña, María Guardiola, de “estar escondida” ante el “desastre” del transporte escolar, una situación que “atenta” contra el derecho del acceso a la educación y a la que el Gobierno regional quiere dar solución con “auténticas chapuzas”.

Como “Guardiola no tiene un chaleco de emergencias que ponerse” para una fotografía, “se esconde”, ha añadido en rueda de prensa la portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, quien ha tildado de “caradura” al Ejecutivo regional por “irse de vacaciones cuando las rutas del transporte escolar no estaban resueltas”.

La portavoz socialista ha afirmado que “la incapacidad” del Gobierno de María Guardiola ha supuesto “un ataque al mundo rural sin precedentes” y al derecho esencial al acceso a la educación de miles de niñas y niños de la región.

“Siempre que gobierna la derecha se destruyen los derechos de los ciudadanos que viven en zonas rurales”, ha afirmado Gil Rosiña, quien ha tildado de “disparate” las medidas anunciadas por la Consejería de Educación para dar solución al curso escolar, entre ellas las clases temáticas y “pagar 0,26 euros por kilómetro” a las familias que lleven a sus hijos al colegio con sus propio vehículos.

Como respuesta, el PSOE se ha dirigido al Defensor del Pueblo para dar cuenta de “este ataque” a los derechos fundamentales“ y ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ante ”la decisión unilateral“ de la Junta de fijar clases telemáticas.

A juicio de la portavoz socialista, al Gobierno de María Guardiola se “le ha terminado la inercia, el trabajo que ya estaba hecho y los contratos” del Ejecutivo socialista anterior. 

El PSOE de Extremadura denunciará la situación del transporte escolar extremeño ante el Defensor del Pueblo y estudia además emprender otras acciones legales “dado que se conculca un derecho fundamental como es la educación”.

El líder regional de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, ha recordado que más de 5.000 escolares de la región continúan sin solución para poder acudir a sus centros, vulnerándose de este modo el derecho a la educación, pero también la igualdad entre ciudadanos. En este sentido, ha denunciado que la “caótica situación” generada por el Gobierno de María Guardiola fomenta la brecha entre el medio urbano y rural.

“Tenemos una situación tremenda ante este nuevo curso político y un reto fundamental”, ha dicho durante su participación en un acto de partido en Malpartida de Plasencia, “y es acabar con el desastre del Gobierno de Guardiola y su incompetencia, pues la educación y la igualdad están en serio riesgo en Extremadura”.

Gallardo ha afirmado que la ayuda al kilometraje para las familias que se vean obligadas a trasladar a sus hijos hasta los centros educativos afectados por la falta de transporte demuestra que “para Guardiola la educación se mide en cantidades económicas”. “Eso le puede servir para la educación privada, pero no para la educación pública”, ha aseverado el dirigente socialista, que ha tildado de “ocurrencia” la ayuda de 0,26 euros por kilómetro anunciada por el Ejecutivo regional, y ha manifestado que “no se puede permitir que el derecho constitucional a la educación sea laminado para 5.000 niños y niñas que viven en el mundo rural”. “La educación por primea vez en Extremadura está en riesgo, y la igualdad”, ha subrayado Gallardo.

El secretario regional del PSOE ha reconocido que negociar “no es fácil”, pero lo que no se puede consentir, ha añadido, “es imponer, porque ante la imposición y la denuncia las empresas y personas se rebelan”.

Según ha indicado, “malo” es el problema que ha creado el Gobierno extremeño, y que no hayan servido resolverlo a tiempo, pero peor es que “a cada solución que ponen acrecientan el problema”, ha dicho en relación a las clases telemáticas planteadas a los alumnos que no pueden llegar a sus centros educativos.

Líderes locales del PSOE en Cáceres

Gallardo ha hecho estas declaraciones en un acto de presentación de secretarios y secretarias locales, junto al secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. Unas jornadas que ha valorado como necesarias no solo para la formación de los mismos, sino como espacio de ocio y reflexión entre la militancia para salir más fuertes de cara a las elecciones de 2027.

“Tenemos la fuerza de un partido que hasta en las peores circunstancias ha tenido una militancia activa”, ha declarado y ha planteado dos retos fundamentales como son la educación y la sanidad, pues, ha apuntado, esta última vive también una “situación caótica” con los extremeños protestando a las puertas de los centros de salud.

“Todo como consecuencia del gobierno de la nada y la política de foto y foco de Guardiola, que se encuentra escondida y sin dar la cara ante la grave situación generada en el ámbito educativo”, ha aseverado. 

Conocer los datos reales y actualizados de las batidas de lobos que se llevan a cabo en el Principado. Ese es el objetivo que persigue la proposición presentada este miércoles por el PP en la Junta General y que ha salido adelante con el respaldo de PSOE, Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares. Convocatoria por Asturies-IU y la parlamentaria Covadonga Tomé la han rechazado.

La proposición también insta al Gobierno del Principado a personarse contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la rebaja de la protección del lobo, que salio del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en abril a través de la aprobación de la ley contra el desperdicio alimentario. La semana pasada el ejecutivo ya había anunciado esta medida.

Criterios científicos y técnicos

Además, en la emienda presentada por los populares, se pide al Ejecutivo asturiano que presente alegaciones para que se mantenga al lobo ibérico fuera (LESPRE), “como instrumento de gestión poblacional que garantice la compatibilidad entre su conservación y la viabilidad de la ganadería extensiva en el Principado de Asturias”.

La iniciativa popular aprobada pide al Principado que asegure su “compromiso con una política de gestión del lobo basada en criterios científicos, técnicos y de equilibrio territorial, que proteja el modelo ganadero y evite más abandono del medio rural”.

El Gobierno valenciano que dirige el presidente Carlos Mazón incrementa su estrategia de confrontación con el ejecutivo central a cuenta de la reubicación de los menores no acompañados que han llegado en los últimos meses a las Islas Canarias.

Como ha informado elDiario.es, diversos alcaldes y alcaldesas han recibido una carta de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por medio de la que se les pregunta si tienen disponibilidad para acoger a alguno de los 571 menores que llegarán a la Comunitat Valenciana. Una de las receptoras de la misiva, la alcaldesa socialista de Altura, Rocío Ibáñez, se mostró crítica al considerar que supone una delegación de responsabilidades en los municipios.

Al respecto, desde Servicios Sociales han explicado que han enviado estas cartas para que colaboren indicando las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en sus municipios, en los que se pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados. Sin embargo, no han especificado si las han enviado a todos los ayuntamientos y, de no ser así, los criterios que han seguido a la hora de elegir a qué localidades se remitían.

“Abrimos una vía de diálogo con los municipios, con carta a alcaldes cuando se ha confirmado el reparto, y les explicamos la gestión de estos repartos, les trasladamos la información para conocer su disponibilidad de recursos. Al contrario que el Gobierno, que nos impone a las comunidades autónomas repartos invadiendo nuestras competencias”, han comentado.

Las mismas fuentes han informado de que han enviado cartas “al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo para informar sobre las actuaciones del Gobierno para el traslado de menores sin contar con capacidad y alertar del riesgo de ruptura del el sistema de protección de la Comunitat”.

Además, han recordado que han recurrido el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo ante el Tribunal Constitucional, así como las diferentes normas que lo desarrollan, como la del decreto de capacidad con la que se va a solicitar la suspensión cautelar,

Desde Servicios Sociales han lamentado que se han reunido “con las entidades sociales que se ocupan de la atención a menores las cuales han mostrado su preocupación ante la incapacidad para atender a más jóvenes en el sistema” y han recordado que “la Generalitat lleva semanas pidiendo colaboración a distintos organismos dado los pasos que va dando el Gobierno para cumplir su amenaza, sin atender a razones, sin diálogo y sin recursos”.

Al respecto, han vuelto a cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez al asegurar que “incumple su obligación legal y la sentencia del Tribunal Supremo durante 5 meses, para atender a 1.200 menores que piden asilo, y al mismo tiempo amenaza y chantajea a las comunidades autónomas con el traslado de 4.000 menores”. Un traslado que “pretende romper el sistema de acogida que tenemos en la Comunitat Valenciana y que ofrece recursos para una atención integral y de calidad, después de aumentar en un 62% las plazas en los últimos años, hasta 319, y tener el sistema ya tensionado, al 160% de su capacidad”.

Sobre la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas, Diana Morant ha destacado que la vicepresidenta Camarero ha admitido que estamos en menos “del 30% de la capacidad que debería asumir la Comunitat Valenciana” y le ha exigido “que haga su trabajo, que se dejen de excusas y que cumplan con su responsabilidad”: “Los gobiernos estamos para poner soluciones a las distintas crisis que van apareciendo, y ahora ante la crisis migratoria lo que se exige es solidaridad en la acogida y responsabilidad en la asunción de sus competencias”, ha señalado Morant.

“La Comunitat Valenciana es una tierra solidaria, tenemos por población capacidad de sobra para asumir la acogida de estos niños y estaríamos hablando de solo cubrir el 60% de las capacidades que le tocaría a la Comunitat Valenciana”, ha dicho Morant.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha llamado la atención al Gobierno regional por excluir a la Asociación Unión de Consumidores de España (UCE) del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y ha reclamado que se pongan en marcha las actuaciones oportunas para que pueda ser designado “en el puesto correspondiente a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, ya sea como vocal único o en alternancia con otras asociaciones más representativas”.

El Gobierno regional argumenta que UCE “no tiene representación en este organismo porque no cuenta con los requisitos ni cumple las obligaciones que contempla el decreto en su artículo número 10, para poder pertenecer al Registro y desde la Dirección General se debe cumplir con la normativa”. Sin embargo, desde esta asociación aseguran que su salida del registro es posterior a la investigación del Defensor del Pueblo y que sí cumplían con todos los requisitos para formar parte de la elección al CES en el último proceso.

El escrito del Defensor del Pueblo, de 24 de julio, da respuesta a las denuncias de la UCE por su exclusión por parte del Consejo de Gobierno en la representación del Consejo Económico y Social, “vulnerando todos los preceptos legales para imponer a Juana Pérez, presidenta de la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, THADER CONSUMO”, explica a elDiario.es Región de Murcia, Pedro Valera Duque, presidente de UCE.

No es la primera vez que Juana Pérez se ve envuelta en una polémica. En diciembre de 2022, su nombramiento como presidenta del ya extinto Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) fue denunciado ante la Justicia al considerar algunos de los vocales del Consejo que se había cometido un delito de prevaricación durante el proceso de su elección.

En el registro de organizaciones de consumidores de la Región de Murcia están inscritas dos organizaciones: la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Thader Consumo, con 26.240 socios y la UCE, con 102.223, según la información facilitada por la Dirección General de Consumo al Defensor del Pueblo,.

Al contar con más socios, el Defensor del Pueblo entiende “que esa condición le da derecho a ostentar un puesto en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia”. A pesar de ello, “y de haberlo reclamado en varias ocasiones”, la vocalía correspondiente a los representantes de los consumidores y usuarios le ha sido atribuida en las últimas renovaciones a la representante de Thader Consumo.

Del Defensor del Pueblo, a la Fiscalía

“Llevamos años tratando de corregir lo que entendemos que es prevaricación”, se queja Pedro Valera Duque, quien adelanta que el escrito del Defensor del Pueblo “nos abre la puerta para llevar al Consejo de Gobierno ante la Fiscalía”. El presidente de UCE insiste en que desde la Consejería de Economía se ha vulnerado “conscientemente” la normativa, que marca que los mandatos (son de cuatro años) sean rotativos: “Todas las organizaciones se van turnando, porque estar un año fuera de juego es mucho tiempo”.

La UCE lleva casi una década al margen. El Consejo de Gobierno ha designado a Thader Consumo “unilateralmente” tres mandatos seguidos, sigue Pedro Valera Duque: “Nunca nos han contestado a ninguno de los escritos que les hemos mandado hasta que hemos llegado al Defensor del Pueblo; están tomando decisiones injustas a sabiendas para perjudicarnos”, valora.

Según la respuesta del Servicio de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Consumo al Defensor del Pueblo, en dicho departamento no tienen constancia de ninguna queja, reclamación o solicitud de información de la UCE. Sin embargo, esta asociación “asegura haberse dirigido entre los años 2020 y 2021 al propio Consejo Económico y Social, al consejero de Presidencia y al consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, y aporta copia de sus escritos, interesándose en participar en el Consejo Económico y Social y proponiendo la búsqueda de un acuerdo para alternar su participación con otras asociaciones más representativas”, señala el Defensor en su escrito.

Por lo que concluye que “a pesar de sus reclamaciones la citada asociación no ha visto siquiera contestadas sus solicitudes, ni ha sido tenida en cuenta en la última renovación del Consejo llevada a cabo en el mes de febrero de 2024”.

El requisito “innecesario” de una certificación

Según la información aportada por Hacienda al Defensor del Pueblo, con fecha 15 de mayo de 2023 se remitió por la secretaria general de la citada Consejería la designación de Thader Consumo, “acompañando una certificación de la Dirección General de Consumo y Artesanía”. Y según la Dirección General de Consumo: “En las dos últimas renovaciones, el certificado fue solicitado por la Vicesecretaria de la Consejería de Hacienda (2021) y por la Federación THADER CONSUMO (2023), mientras que la Asociación UCE no solicitó certificado alguno”.

Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, las actuaciones procedimentales llevadas a cabo “no han servido para asegurar la máxima representatividad de las asociaciones, ya que la propuesta iba acompañada de una certificación de la Dirección General de Consumo en la que se afirma que al tener la condición de Federación de consumidores más representativa le corresponde (a THADER CONSUMO) formar parte del Consejo Económico y Social, obviando la existencia de la otra asociación inscrita en la sección primera del registro de organizaciones de consumidores y usuarios, dotada aun de mayor representatividad”.

El Defensor del Pueblo concreta que no se comprende el motivo por el que la designación como miembro del Consejo Económico y Social dependa de que las asociaciones soliciten a la Dirección General de Consumo un certificado, que no se prevé en la normativa, para constatar una información que es pública. “Con el fin de asegurar la máxima representatividad de todas las asociaciones, lo razonable habría sido que, desde la propia Consejería de Empresas, Empleo y Economía Social, se hubiera trasladado a todas las asociaciones más representativas inscritas en el registro, información sobre la próxima renovación del Consejo Económico y Social, a fin de que estas pudieran manifestar su interés en ser designado”.

Es decir, concluye el Defensor del Pueblo, “no parece que el Decreto haga depender los derechos de representación de las organizaciones inscritas, de ningún certificado expedido al efecto; un certificado que parece un requisito innecesario en la medida que el registro se encuentra adscrito a la propia Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social que ha de proponer a la organización de consumidores más representativa”.

En opinión del presidente de UCE, esta actitud “se debe a que no estamos dentro de su esfera de amigos, de su élite de confianza”. Y se queja de que el presidente regional, Fernando López Miras, lleva sin recibirles una década. “Somos una asociación con 40 años de historia, independiente y somos incómodos”.

Pedro Valera va más allá y denuncia que la intervención del Defensor ha provocado que les hayan abierto un expediente desde el Gobierno regional para dejarles fuera del registro de asociaciones y, por tanto, fuera también del Consejo Asesor de Consumo. “Hemos recurrido porque argumentan que durante la pandemia no presentamos un documento, pero la decisión ha sido manifiestamente prevaricadora y tenemos plena confianza en que la Fiscalía va a restaurar esta indefensión”. Desde la UCE, además, van a acudir al Ministerio de Consumo.

A este respecto, fuentes del Gobierno regional argumental que actualmente, UCE no está en la lista de asociaciones más representativas, motivo por el cual no forma parte del Registro de Asociaciones. “La decisión no es arbitraria ni injusta, se debe exclusivamente al cumplimiento del decreto 1/2006, que regula el funcionamiento del registro, las obligaciones y los requisitos; cuando se creó el registro, UCE cumplía todos los requisitos como asociación mas representativa, con lo cual podía estar en el registro”, señalan.

Sin embargo, “en la actualidad, UCE no cuenta con los requisitos ni cumple las obligaciones que contempla el decreto en su artículo número 10, para poder pertenecer al Registro y desde la Dirección General se debe cumplir con la normativa”. Aun así, continúan desde el Ejecutivo regional, antes de la exclusión del Registro, “se dieron a UCE todas las facilidades para que subsanaran lo necesario para reunir los requisitos, incluso alargando plazos estipulados para ello”.