Familias y docentes rechazan el parche de las clases telemáticas impuestas por Educación

Otro parche al conflicto con el transporte escolar en Extremadura entre la Junta y las empresas que prestan el servicio y otro rechazo. La Consejería de Educación ha dado indicaciones a los directores los centros educativos para que implanten la modalidad telemática, coexistente con la presencial, “para atender a todos los alumnos, puedan asistir o no” a clase, hasta que se normalice el servicio de transporte escolar. Una propuesta que ha tenido el rechazo del sindicato PIDE y de Freampa, la federación de asociaciones de madres y padres de colegios púbicos.

En una carta remitida a las familias, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional también ha anunciado que van a a arbitrar ayudas económicas para los padres que opten por trasladar a sus hijos a los centros con medios propios.

“En este inicio de curso, las mejoras implementadas (más docentes, ratios más bajas, más medidas de atención a la diversidad, mejora en las infraestructuras, más ayudas para facilitar la conciliación y una mayor oferta educativa) se han visto alteradas por una situación sobrevenida, que lamentablemente, y por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ha afectado a vuestros hijos e hijas, y a vosotros, las familias”, indica en la misiva.

A partir de ahí, en línea con los argumentos que ha ofrecido el Gobierno regional los últimos días y hoy mismo, en la Asamblea de Extremadura, la consejera del ramo, Mercedes Vaquera, destaca el acuerdo marco suscrito con el sector en 2024, que actualizaba los precios vigentes desde el 2016. “Dicho acuerdo supuso un incremento de los precios de un 20 de media, más de 16 millones de euros, y en la categoría C, donde están la mayoría de las rutas, del 50%”.

El acuerdo entra en vigor este curso 2025/2026 y “todas las empresas que prestaban el servicio el curso pasado se homologaron, aceptando las condiciones”. Como en la licitación sólo se adjudicaron 230 rutas, de las 579, hubo que licitar nuevamente con contratos de emergencia y hasta en diez ocasiones, “con subidas de precios durante todo el verano, para cubrir el resto de las rutas”. “Pese a ello, en los días previos al inicio de curso, más de 200 rutas seguían sin adjudicarse, indica la carta.

“Velamos por el derecho a la educación y, por ello, pusimos en conocimiento del juez, interponiendo una denuncia por vía penal, una situación intolerable de amenazas, coacciones y alteración de precios en el proceso de adjudicación de las rutas por parte de un grupo minoritario de empresas”.

Para garantizar el derecho a la educación, prosigue la carta, este miércoles dictaron la “Resolución del director general del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios por la que se acuerdan medidas excepcionales para garantizar la prestación del servicio público esencial de trasporte escolar para el curso académico 2025/2026”.

Con ella, adjudicaron de manera directa y obligatoria las 223 rutas desiertas a las empresas que prestaron el servicio el curso pasado, y que no han querido licitar, pero “algunas empresas han incumplido dicha resolución, con las consiguientes consecuencias para las mismas”.

“Compartimos vuestro malestar y preocupación. En nuestra voluntad ha estado siempre la prioridad de garantizar el acceso a la educación de vuestros hijos e hijas, y de proteger a las empresas, que en su mayoría han cumplido con profesionalidad y rigor”, dice a las familias.

Por último, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional señala que sigue trabajando para encontrar alternativas a esta situación y evitar que los inconvenientes se dilaten en el tiempo. 

Protestas en las puertas de los colegios

Los padres y madres ya han mostrado su “asombro e indignación por la decisión unilateral” de la Consejería de Educación. “No podemos estar más en contra”, asegura la presidenta de Freampa, Maribel Rangel.

Las familias recuerdan que “solo en situaciones muy extremas” se contemplan medidas excepcionales“ como es la enseñanza telemática, pero ”lo que esta ocurriendo en Extremadura no es una situación excepcional, es una situación caótica fruto de la falta de entendimiento de la consejería y las empresas de transporte“.

Rangel subraya que con la decisión de la Junta, son las familias y el alumnado extremeño “los más perjudicados” porque “se priva” de un derecho fundamental, como es el derecho a la educación.

Freampa considera que la consejería “dice con su comunicado que hay alumnos de primera y alumnos de segunda, señalando a los niños de entornos rurales”, además de que convierte a las familias “en responsables”.

Los padres y madres advierten de que se trata de un “gravísimo error” y que no se ha tenido en cuenta “el impacto que supone para las familias volver a la modalidad telemñatica”. Por ello, Freampa ha anunciado que convocará concentraciones y protestas en las puertas de los centros educativos contra esta medida.

Una decisión “improcedente”

El sindicato del profesorado PIDE ha considerado “del todo improcedente” la decisión adoptada por la Junta de Extremadura de instaurar la modalidad de la enseñanza telemática para aquellos alumnos que no puedan acudir al centro educativo por los problemas con el transporte escolar.

En una nota, asegura que no entiende cómo se ha llegado a esta situación de falta de cobertura de muchas rutas escolares, que ha dejado en casa a miles de alumnos y recuerda que la administración educativa “tiene la responsabilidad y la obligación de organizar, garantizar y financiar el transporte escolar para asegurar el acceso a la educación” porque de lo contrario “estaría haciendo dejación de funciones y provocando un enorme daño a los alumnos y sus familias”.

El sindicato añade que el transporte escolar “es uno de los derechos más básicos para garantizar el acceso a la educación, especialmente en zonas rurales o vulnerables” y califica “del todo improcedente”, además, que ordene a los centros educativos adoptar la modalidad de enseñanza telemática simultaneada con la presencial“.

Para este sindicato, la medida propuesta por la Consejería no es una solución, dado que un docente no puede tener un grupo de alumnos en el aula y otro en casa conectados telemáticamente. Tampoco cree que sea una opción dejar solos a los niños en casa o que los padres abandonen su trabajo para quedarse con ellos “y todo por la incapacidad de la Consejería de Educación de llegar a un acuerdo que desbloquee esta situación”.

En su opinión, la mala planificación de la consejería “aboca, una vez más, a situaciones indeseables que afectan a miles de ciudadanos y crean un gran problema a los equipos directivos y a los docentes en los centros”.

Para PIDE, la falta de negociación real en este problema, al igual que ocurre en la homologación salarial de los docentes, lleva a este tipo de “situaciones dramáticas” que necesitan de una solución urgente y sin excusas.