Un veterano magistrado del Supremo comentó en mayo de 2025 el estado de la investigación abierta por supuesta revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “La comidilla entre los miembros de la Sala de lo Penal [encargada del caso] es que todos los periodistas que niegan que el fiscal general les filtrase el correo mienten amparados en el secreto profesional”. El comentario del prestigioso magistrado en activo suponía casi la crónica de una condena anunciada al fiscal general.

Si los magistrados encargados del caso (un instructor, tres integrantes de la sala de apelación y siete más miembros del tribunal que juzgaría el caso), situados en lo más alto de la pirámide judicial, creían de manera unánime que los periodistas mentían, el futuro de Álvaro García Ortiz estaba sentenciado. La realidad dejó fuera de esa “comidilla unánime” a uno de los tres miembros de la sala de apelación, Andrés Palomo, que defendió el archivo de la causa; y a dos de las magistradas del tribunal sentenciador, Ana Ferrer y Susana Polo, que apoyaron la absolución del fiscal general.

Aunque ellos (Palomo, Ferrer y Polo) sí creyeron a los periodistas y defendieron por eso la inocencia de García Ortiz, estaban en minoría en la Sala de lo Penal y su criterio fracasó.  

Meses después de aquel comentario del veterano magistrado, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al entonces fiscal general por revelación de datos reservados, despreciando el testimonio en contra de esa tesis que hicieron bajo promesa de decir verdad hasta seis periodistas de cuatro medios de comunicación distintos. La sentencia provocó una dura protesta de una parte del mundo jurídico.

“¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”, se preguntaron las magistradas Ferrer y Polo en su voto particular.

El Tribunal Constitucional deberá responder a esta pregunta ante los recursos de amparo presentados por la Fiscalía del Supremo y por el ex fiscal general donde denuncian la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales y piden anular la condena. 

El recurso de la Fiscalía lo expresa así: “La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal. Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto (…) Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profesionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio. Se genera, con ello, un riesgo grave para la efectividad de la libertad de información, que es, precisamente, el fundamento de la protección constitucional de la cláusula de secreto periodístico”.

Seis profesionales de La Sexta, la Cadena Ser, El País y elDiario.es aseguraron que el fiscal general del Estado no fue quien les reveló el secreto –la información– que ellos difundieron en sus medios. Algunos de esos periodistas señalaron incluso el lugar origen de la filtración, lejos de la Fiscalía General del Estado, sin identificar a sus autores.

Pero daba igual porque “la comidilla en la sala de lo Penal” se convirtió en fundamento jurídico para condenar al fiscal general del Estado.

Los firmantes de la sentencia señalaron en varias páginas del fallo que los periodistas tenían el legítimo derecho a no identificar a las personas que les contaron el secreto y recordaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en defensa del secreto profesional, vital para una sociedad bien informada.

Pese al rotundo aval judicial al secreto profesional, el testimonio de los periodistas no servía como prueba de descargo, según la doctrina que impusieron Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia), José Ramón Berdugo, Antonio Del Moral, Manuel Marchena, y Carmen Lamela.

Estos magistrados deslizaron en el texto del fallo la idea de que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional: “En esa situación el derecho constitucional al secreto periodístico, carente de límites en nuestro ordenamiento en tanto no se proceda a su regulación, también cubre con su manto protector al periodista, autorizándole a otro tipo de manifestaciones, aunque no sean totalmente fieles a la realidad, si les guía la necesidad de mantener oculta su fuente, lo que acentúa sus diferencias frente a otros secretos (como el propio de parientes). Se trataría de una actuación amparada por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional”.

Los magistrados de la condena no ocultaron su desconfianza hacia el testimonio de los periodistas: “No es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios”.

Y para intentar justificar que la condena no restaba credibilidad al testimonio de los profesionales de la información, los firmantes cargaron la culpa sobre el fiscal general por no actuar con la prudencia que si demostraron los periodistas al no publicar la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos: “Tenemos la firme convicción de que, en ningún caso, las respuestas [de los periodistas] se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho [al secreto profesional]. La decisión de no difundir su contenido literal [del correo electrónico], ya fuera por respeto a las indicaciones recibidas de su fuente, ya por planificación secuencial de la información de la que ya disponían, no hace sino marcar un acusado contraste entre su prudencia profesional y la precipitación con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad”.

Este argumento, confuso en su formulación, es contrario al utilizado por el mismo Tribunal Supremo para rechazar una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por declarar el 13 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado que el fraude fiscal de la pareja de Ayuso estaba vinculado al cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Montero hizo esa declaración cuando ese detalle aún no había sido revelado por ningún medio de comunicación.

El Tribunal Supremo, en una resolución firmada por algunos de los magistrados que luego han condenado al fiscal general, inadmitió la querella alegando que cuando Montero hizo esas declaraciones los detalles de los supuestos delitos cometidos por la pareja de Ayuso ya circulaban -aunque no se hubieran publicado aún- por los medios de comunicación. La resolución del Supremo evitó cualquier reproche a la ministra Montero al no apreciar en su conducta ningún tipo de “precipitación” en “hacer posible la difusión pública” de los negocios privados de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

El delito de revelación de secretos cuenta con dos actores principales: quien tiene el deber legal de guardar ese secreto –en este caso, el fiscal general del Estado– y quien lo difunde, en este caso los periodistas que conocen mejor que nadie quién cometió el delito.

Pero la investigación por parte de Ángel Hurtado, el magistrado encargado de la instrucción, avaló desde el principio “la comidilla en la Sala de lo Penal” según la cual los periodistas que se acogen a su derecho de no revelar las fuentes pudieron mentir, protegidos por la Constitución, en defensa del fiscal general.

Hurtado rechazó de un plumazo los testimonios de periodistas que obligaban a archivar la causa. Lo hizo mediante un párrafo de motivación escasa y absurda: “Se trata”, escribió, “de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Ningún testimonio del día 8 negó el relato de los periodistas que declararon ante el juez que ni el fiscal general ni nadie por orden suya les había filtrado el correo electrónico.

La sentencia del Supremo utiliza una cita de la jurisprudencia “anglosajona” para poner en valor el secreto profesional que permite a los periodistas informar en libertad sin temor a represalias que impidan una adecuada fiscalización del poder. “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. Sus fuentes se secarían. No se revelarían las malas acciones. No se podría desenmascarar a los charlatanes. Las injusticias quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, en las empresas o en los departamentos gubernamentales nunca se conocerían”.

García Ortiz fue condenado por difundir el correo electrónico de un abogado a la Fiscalía. El conocimiento de ese hecho permitía desmontar el bulo –envuelto en la filtración de otro correo distinto– difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en defensa del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. El bulo de Rodríguez, publicado por varios medios de comunicación sin contraste alguno, consistía en atribuir a la Fiscalía la perversa intención de ofrecer al supuesto defraudador, pareja de la presidenta Ayuso, un acuerdo para evitarle la prisión a cambio de que confesara los dos delitos fiscales. Era justo al revés.

Conocidos los hechos, la cita anglosajona vinculada al caso del fiscal general español quedaría así: “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. No se revelarían las malas acciones, como la difusión de bulos por parte de un Gobierno a favor de un procesado por fraude fiscal que es pareja sentimental de la presidenta de ese Ejecutivo. No se podría desenmascarar a los charlatanes, como el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien manipuló a determinados medios de comunicación para atacar con mentiras a la Fiscalía. Las injusticias [como la condena a un fiscal general del Estado por combatir un bulo facilitando información ya conocida antes por los medios] quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, nunca se conocerían”.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo decidió que el testimonio de los periodistas carecía de valor probatorio porque se acogieron al secreto profesional que les permite hacer manifestaciones “aunque no sean fieles a la realidad” y las autoriza a utilizar “subterfugios” que se niegan a otros testigos en un juicio.

El derecho constitucional a no revelar la identidad de las fuentes de información se convierte, en manos del Supremo, en una prueba principal de cargo contra el implicado en una supuesta revelación de secretos.

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha reclamado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La Abogacía del Estado, que representa en este proceso al fiscal general, denuncia que en la sentencia que firmaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela se hizo una valoración arbitraria de la prueba, dado que “la imputación de la autoría” se sustentó “en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo”.

“La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria”, dice el escrito, que hace alusión, en este punto a los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

Esos testimonios no fueron tenidos en cuenta en la sentencia, en lo que la defensa de García Ortiz considera “una nueva delimitación del ámbito del secreto profesional” que le permite omitirlos. Y recuerda que la jurisprudencia constitucional se centra en una concepción del secreto como un derecho a no revelar sus fuentes y a guardar silencio que es también una garantía al servicio del derecho a la información. 

Borrado del teléfono de García Ortiz

El escrito denuncia, por otro lado, que el Supremo infringió el derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo de García Ortiz. Así, critica que el tribunal utilizara el borrado del teléfono móvil del entonces fiscal general como un indicio de autoinculpación. “La interpretación que recoge la sentencia vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo, ya que el borrado equivale a un silencio por parte del acusado, más aún cuando no existe ninguna prueba de que la supuesta filtración fuera hecha por alguno de los terminales borrados”, sostiene el recurso. 

El recurso defiende, asimismo, que la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid fue un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Sostiene que su objetivo no era incriminar, sino desmentir una información “absolutamente falsa e infundada” y que representaba una grave descalificación de la neutralidad política y servicio al principio de legalidad que deben caracterizar la actuación de la Fiscalía. 

El recurso también cuestiona el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “desproporcionado”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “de gran ambigüedad en cuanto al material concreto a incautar”. Critica, por ejemplo, que esta ausencia de modulación incrementó la desproporción, al no excluir ni siquiera aquello que claramente estaba protegido, como las comunicaciones privadas familiares, datos médicos o materiales ajenos al caso. 

Interpretación “expansiva y novedosa”

El recurso expone, por otro lado, que el objeto de la acusación “se ha modificado en varias ocasiones” a lo largo de la instrucción: fluctuó entre la filtración del correo, el envío a presidencia del Gobierno y la propia nota de prensa. Y que eso llegó hasta el punto de “no llegar a saberse en concreto qué hechos eran objeto de la investigación y posteriormente de enjuiciamiento e impidiendo su defensa”. 

Por último, la Abogacía del Estado acusa al Supremo de realizar una interpretación “expansiva y novedosa” del delito de revelación de secretos al considerar delictiva la mención en un comunicado oficial de datos que ya estaban en “el centro del debate mediático”, como la pretensión de la pareja de Ayuso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. 

La Abogacía sostiene que solo puede ser delito revelar algo “ignorado o secreto”, y en este caso es imposible revelar jurídicamente una información que ya era de conocimiento público, al haber sido previamente publicada por multitud de medios de comunicación y autodivulgada por el propio investigado. 

“La condena penal del fiscal general del Estado plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”, ha advertido el principal grupo europeo de defensa de las libertades civiles, la Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), formado por 40 ONG de 22 países, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026.

Según esta organización no gubernamental de la sociedad civil que promueve las libertades civiles de todas las personas en la UE, “la prueba clave” de la condena del Tribunal Supremo sobre el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, “no pudo ser recuperada de Google ni WhatsApp”, pero “fue considerado prueba indiciaria, sentando un precedente peligroso”.

“El Partido Popular ha presentado esta victoria como un éxito dentro de su estrategia para acorralar al Gobierno central, el único poder del Estado que no controla”, añade el informe sobre la controvertida condena.

Los autores del documento aseguran que “la condena en noviembre de 2025 no es un hecho aislado, sino un síntoma de la captura estructural del Poder Judicial por la política partidista desde 1986” y que “la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024 no ha revertido la politización del poder judicial”.

“El entorno del Estado de derecho en España en 2025 ha estado dominado por un conflicto creciente entre los dos principales partidos: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). En este conflicto, la oposición al gobierno central parece estar ganando terreno al controlar todos los poderes del Estado, excepto el propio gobierno central. La condena penal del Fiscal General representa la culminación de décadas de captura partidista del poder judicial, ahora en una fase avanzada de consolidación”, insiste el informe sobre la situación del Estado de Derecho en España.

En el mismo sentido, el informe añade que “el enjuiciamiento penal del fiscal general en ejercicio marca un punto de inflexión: la judicatura se ha convertido en un campo de batalla de la guerra partidista, en lugar de ser un poder independiente del Estado. Esta condena sin precedentes del fiscal general de España, Álvaro García Ortiz —inhabilitado para ocupar cargos públicos durante dos años por el Tribunal Supremo por revelar información confidencial en un caso de fuerte carga política— ha profundizado la percepción de fragmentación judicial e instrumentalización política”.

Otros puntos críticos

El informe también apunta que en “el desastre de la DANA” que causó más de 230 muertes en Valencia, “el uso de la inmunidad parlamentaria por parte del presidente regional Carlos Mazón para bloquear la investigación penal sobre la actuación de los funcionarios frente al desastre planteó cuestiones fundamentales sobre la rendición de cuentas”.

También que España “ha ignorado sistemáticamente” las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el sector público, lo que ha provocado que la Comisión Europea suspendiera 626 millones de euros de los fondos NextGeneration EU.

Por otro lado, vuelve a señalar algunas críticas lanzadas en otros informes anteriores como la persistencia de la Audiencia Nacional como “una anomalía jurisdiccional centralizada”, que no se ajusta a los estándares europeos sobre descentralización y el derecho al juez de turno, o que la “Ley Mordaza” cumplió 10 años sin ser derogada y sigue utilizándose como herramienta “para restringir el espacio cívico, las protestas pacíficas, la libertad de expresión y sancionar a periodistas”.

En otros puntos no relativos a la Justicia, el informe señala que “no ha habido reformas estructurales” reales en temas de lobbies, conflictos de intereses o transparencia en la contratación pública, que “existen vínculos opacos” entre partidos políticos, grandes corporaciones y servicios públicos privatizados, en relación al grupo Quirón y la Comunidad de Madrid, con un “riesgo muy alto de corrupción”.

El informe subraya el peor brote de violencia racista organizada en décadas (en Torre Pacheco), el acoso impune a mujeres en clínicas de salud reproductiva debido a que los jueces absolvieron a activistas antiabortistas y fallos que provocaron muertes en la gestión de la sanidad pública en Andalucía relacionados con retrasos de diagnósticos de cáncer de mama.

Finalmente, esta organización no gubernamental denuncia que existe un “grave riesgo de captura económica” de los medios de comunicación por parte de grandes grupos financieros y acreedores, así como “falta de regulación en la publicidad institucional”, lo que compromete la independencia editorial.

La nueva fiscal general del Estado ha afrontado este viernes su primer gran pulso ante la cúpula fiscal con una batería de 17 nombramientos. Teresa Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a Álvaro García Ortiz, ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

Tras oír al Consejo Fiscal, uno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha sido para Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Otro lo ocupará la actual fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, que no está asociada aunque tiene un perfil progresista, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es. 

Además, Peramato ha optado por mantener en la tercera de esas jefaturas a Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. Dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optaban a una de esas jefaturas, pero Peramato ha optado por otros perfiles. 

Del Consejo Fiscal de este viernes también han salido tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. Uno de esos puestos es para Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores del ex fiscal general.

También ascienden al Supremo la actual fiscal jefa de Cuenca, Isabel Gómez, que desde junio de 2022 era vocal del Consejo Fiscal por parte de la conservadora Asociación de Fiscales. Y Antonio Colmenarejo, que estuvo en la Secretaría Técnica con García Ortiz y que está especializado en materias como el medio ambiente y urbanismo. A uno de esos puestos optaba la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz, que no ha resultado elegida.

Al frente de la Fiscalía de Sala de Discapacidad seguirá la ex fiscal general María José Segarra, que era la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado.

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente pasará a manos de Javier Rufino, que actualmente es teniente fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de medio ambiente. Rufino no está asociado, aunque se le atribuye una sensibilidad conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Peramato también ha hecho dos nombramientos en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Una de las propuestas ha sido Raquel Muñoz, que también formó parte de la Secretaría Técnica con el ex fiscal general. El otro es Ignacio Rodríguez, que en la actualidad era letrado del tribunal de garantías y que formó parte del grupo de expertos que hizo un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal durante el mandato del ministro Juan Carlos Campo (PSOE).

Además, en la Audiencia Nacional recalará Beatriz López Pesquera, que también formó parte del equipo de García Ortiz en la Secretaría Técnica y que está asociada a la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió Peramato en el pasado. Por otro lado, logra una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción Virna Alonso, que era decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Tres meses después de tomar posesión tras la histórica sentencia que inhabilitaba a su predecesor, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afronta este viernes su primer gran pulso ante la cúpula del Ministerio Público. El Consejo Fiscal, que ejerce como órgano asesor y tiene mayoría conservadora, se pronunciará sobre la provisión de 19 plazas, si bien la última palabra sobre esas designaciones la tendrá Peramato. Fuentes fiscales dan por hecho que ascenderá a antiguos colaboradores de Álvaro García Ortiz, aunque también nombrará a independientes y miembros de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales. 

Peramato se enfrenta al reto de construir su liderazgo en un escenario complejo y tras una época marcada por la oposición a la cúpula de la Fiscalía por parte de los sectores más conservadores del Ministerio Público. Esa oposición la han encarnado, entre otros, los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. 

Ahora, dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optan a ocupar alguno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Por ese ascenso competirán, entre otras siete personas, con Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Tras su cese, García León fue sustituida por Julio Cano, que ejercía como fiscal superior en Baleares. 

En uno de esos puestos aspira a mantenerse Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés. 

Entre los aspirantes a una de esas jefaturas está también Álvaro Redondo, el fiscal que hizo el informe que descartaba que hubiera base para perseguir por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democrátic. Redondo, que pertenecía a la conservadora Asociación de Fiscales, se dio de baja después de que los seis vocales de esa asociación votaran en contra de otorgarle el amparo por los ataques que recibió de la prensa tras trascender el dictamen en el que descartaba el delito de terrorismo y la imputación de Puigdemont y que fue rechazado por la mayoría de los fiscales de lo Penal del Supremo. 

Esas tres jefaturas han quedado vacantes debido al puesto que dejó Peramato al asumir la plaza de fiscal general, a la próxima jubilación de otro de los fiscales del procés, Fidel Cadena, y a la finalización del mandato de Huete, que opta a la reelección. 

Colaboradores de García Ortiz

Del Consejo Fiscal de este viernes también saldrán tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. A uno de esos puestos aspira Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores de García Ortiz. 

A una de esas plazas también concurre la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz. De hecho, ambos se lanzaron severos reproches durante la vista oral, en la que ella compareció como testigo y afirmó que sospechó desde el principio del entonces fiscal general como autor de la filtración del correo electrónico vinculado al empresario González Amador. 

También se renueva la Fiscalía de Sala de Discapacidad, en la que será renovada su actual titular, la ex fiscal general María José Segarra, que es la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado. También sale a concurso la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente tras la jubilación de su anterior representante, Antonio Vercher. 

En la sesión de este viernes se resolverán, asimismo, destinos en las Fiscalías Anticorrupción, Antidroga, ante el Tribunal Constitucional y en la Audiencia Nacional, además de varias jefaturas provinciales. En la relación de aspirantes aparecen otros tres integrantes de la Secretaría Técnica, lo que evidenciará hasta qué punto la nueva fiscal general opta por ascender a perfiles vinculados a la figura de su predecesor apenas tres meses después de afirmar que su voluntad era contar con “todos” los miembros del Ministerio Público para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a García Ortiz.

Ayer jueves se hizo público el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que rechaza el incidente de nulidad de actuaciones que Álvaro García Ortiz había interpuesto contra la sentencia que lo condenó no se sabe muy bien por qué, pero que lo condenó, poniendo fin con ello a su condición de fiscal general del Estado. 

Nadie tenía la más mínima duda de que la decisión del TS iba a ser la que ha sido, de la misma manera que tampoco la hubo de que la sentencia sería la que fue. La dimisión como fiscal general del Estado previa a la apertura del juicio oral era la única forma que tenía Álvaro García Ortiz de evitar la condena. No quiero decir que, si hubiera dimitido, no habría sido condenado, pero sí que, sin dimisión, la condena era segura. Los avisos de la Sala Segunda del TS no pueden no ser atendidos, pues es la credibilidad de la propia Sala lo que está en juego. Si no atiende el aviso y me obliga a llegar hasta aquí, allá usted. Esa es la manera de proceder de la Sala Segunda del TS. 

Obviamente, una vez que se ha dictado la sentencia, estaba claro que la Sala Segunda no iba a aceptar que la condena se había producido con vulneración de derechos fundamentales, a pesar de que se trataba de un caso para el que el incidente de nulidad de actuaciones viene como anillo al dedo, porque no creo que haya habido ningún otro en el que las vulneraciones de derechos fundamentales hayan sido tan numerosas y tan flagrantes. Con el incidente de nulidad de actuaciones la Sala Segunda podría haberse ahorrado el bochorno por el que va a tener que pasar con la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Constitucional.  

El Auto conocido ayer estaba, en consecuencia, “descontado”, por decirlo en términos de la información propia de las cotizaciones de acciones en la bolsa.

La buena noticia procede de que se haya dictado en un tiempo razonable. El riesgo para Álvaro García Ortiz residía en que la Sala Segunda se demorara en resolver, ya que no tiene fijado un plazo para dar respuesta al mismo. La interposición del incidente no tenía más finalidad que la de que se abriera la puerta al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una vez abierta la puerta, no hay la más mínima duda de que la sentencia condenatoria de la Sala Segunda será anulada por vulneración de los derechos fundamentales que el TS no reconoce en su auto. 

Dada la velocidad con la que ha procedido la Sala Segunda del TS en la instrucción y en el enjuiciamiento del caso, cabe esperar que proceda de la misma manera el Tribunal Constitucional y que el recurso de amparo sea resuelto en un plazo acorde al que ha necesitado la Sala Segunda para dictar sentencia y para resolver el incidente de nulidad de actuaciones. 

La luz al final del túnel empieza a verse. Es una buena noticia para la justicia española. A pesar de todos los pesares, el Estado español va a poder demostrar que es un Estado democrático de Derecho. 

En pocas semanas se conocerá también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía a la que seguirá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación desviada de la misma por la Sala Segunda del TS a Carles Puigdemont. 

Todo parece indicar que esta primavera va a ser primavera en la Justicia española, respecto de asuntos que han generado un dolor inmenso y una desconfianza enorme en nuestro sistema de administración de justicia.   

El Tribunal Supremo rechaza anular la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En un auto, la Sala de lo Penal desestima los incidentes de nulidad promovidos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación de Álvaro García Ortiz y, por tanto, confirma la condena. El auto incluye el voto particular suscrito por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la decisión mayoritaria.

En su recurso, la defensa de García Ortiz argumentó que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denunció siete motivos de nulidad. La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabía solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías, que es el paso que dará ahora García Ortiz.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostenía en su escrito que los jueces de la Sala de lo Penal habían ignorado “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”. Afirmó que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

La mayoría del tribunal responde que sí valoró esa prueba de descargo, pero consideró que los testimonios debían ser “tamizados” por el derecho al secreto profesional de los periodistas y que existía un conjunto de “indicios” suficientemente sólidos como para sustentar la condena.

La Fiscalía también acusó a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Frente a esa queja, la Sala subraya que tanto la filtración del correo como la publicación de la nota informativa formaron parte del objeto del proceso penal desde el principio, por lo que el acusado pudo defenderse plenamente de ambos hechos.

En sus escritos, ambos recurrentes sostenían también que no se puede “revelar” un secreto que ya era público en los medios de comunicación. Su tesis era que como los datos habían sido difundidos previamente por radio, televisión y en prensa escrita habían dejado de ser secretos, por lo que no pueden integrar el delito de revelación de secretos conforme al tenor literal de la norma.

El Supremo rebate, sin embargo, que el deber de “confidencialidad” del fiscal general exigía no divulgar esos datos reservados obtenidos por razón de su cargo, y que hacerlo produjo una “lesión” a la presunción de inocencia del empresario, independientemente de las filtraciones previas.

El voto particular da credibilidad a los periodistas

El voto particular firmado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer expresa su discrepancia con la decisión de la mayoría y afirma que los incidentes de nulidad presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberían haber sido estimados. En esencia, las magistradas se reafirman en los argumentos que ya expusieron en la sentencia condenatoria, en la que consideraron que no había quedado probado que García Ortiz “o su entorno” filtraran el correo en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía el fraude fiscal. Tampoco veían delito en la difusión de una nota de prensa para desmentir informaciones sobre el caso “no ajustadas a la verdad”.

Ambas magistradas denuncian que la mayoría no ha tenido en cuenta las pruebas de descargo. En concreto los testimonios bajo juramento de los periodistas. Subrayan que estos testigos afirmaron tener el correo antes de que se publicara la nota de la Fiscalía y que varios de ellos negaron de forma expresa que García Ortiz fuera su fuente. A juicio de las magistradas, los testimonios de estos informadores fueron “creíbles” por su contundencia, por no incurrir en contradicciones con sus declaraciones anteriores y, en especial, porque contaban con corroboraciones periféricas. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador esgrime la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para solicitar ser absuelto de los dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos a los que se enfrentará en el juicio. Según el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Álvaro García Ortiz actuó con “intensidad delincuencial” contra González Amador desde incluso antes de que se abriera el procedimiento que le ha llevado al banquillo, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa, por lo que debe ser absuelto.

La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos esgrimidos hasta ahora, consistentes en la legalidad de las facturas, para defender la legalidad de sus actuaciones y que no le habían servido para evitar el avance del procedimiento hasta ser enviado al banquillo. Según la pareja de Ayuso, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal” y eso debería anular las acusaciones contra él. Sin embargo, la sentencia del Supremo cerraba la puerta a esta estrategia. En ella, el tribunal concluía que los jueces serán “plenamente conscientes” de que no se puede usar como prueba que hubiera mensajes “indebidamente difundidos”.

Alberto González Amador dejó de pagar a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el concepto de Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello elaboró una trama de facturas falsas con las que aminorar la carga impositivo y engañar a Hacienda, según acredita un prolijo informe de la Agencia Tributaria cuyas conclusiones han avalado tres jueces de instrucción, los fiscales y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario en el principio de la pandemia con la ayuda del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entre los argumentos presentados en su escrito por el abogado Gabrierl Rodríguez Ramos figura que el segundo fiscal del caso, Diego Lucas, fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. Rodríguez estuvo imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz –primer la nota de prensa que desmentía un bulo de El Mundo y después la publicación de un correo que acreditaba esa mentira– pero la causa contra ella resultó archivada. Según la defensa del comisionista, Rodríguez nombró a Lucas después de haberse abstenido fruto de su imputación.

Otro de sus argumentos es que a Pilar Rodríguez la represesntó la Abogacía del Estado, al igual que a García Ortiz, y que ese organismo representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, que es la Agencia Tributaria.

El abogado de González Amador incluye en su escrito declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de Óscar López, ministro de Transformación Digital, para defender que el Poder Ejecutivo también ha interferido en el procedimiento contra su cliente.

La causa, dice el escrito de defensa, es “la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de derecho y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de legalidad (como expresión inversa de la arbitrariedad) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que hamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima de los anteriores don Alberto González, y en relación a este procedimiento sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

De otro lado, la defensa de González Amador reitera los argumentos esgrimidos hasta ahora acerca de la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la que la investigación ha acreditado indiciariamente su falsedad, así como de la venta de vacunas en Costa de Marfil, igualmente cuestionada por la Agencia Tributaria.

“Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”, recoge el escrito.

Para el juicio, la defensa de González Amador solo propone la declaración de su defendido y de los otros cuatro investigados por las facturas falsas, así como de dos peritos de parte que defenderán su tesis de la legalidad de las declaraciones tributarias.

González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra idéntica que presenta la Abogacía del Estado.

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha recibido este jueves el respaldo de parte de la judicatura “indignada” con la decisión del Tribunal Supremo de condenarle por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha sido durante la presentación del manifiesto 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', firmado por más de 150 juristas, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos, muchos de los cuales han arropado al ex fiscal general en este acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

El manifiesto recoge la indignación de parte de la judicatura por una sentencia que creen basada en conjeturas e indicios al no haber ninguna prueba de cargo que incriminara a García Ortiz, propia de “jueces justicieros” que parten de una convicción y buscan una vía para acreditarla, según ha denunciado el abogado y exdiputado en el Congreso y en la Asamblea de Madrid por el PSOE, Manuel de la Rocha. Para éla, la sentencia se ha saltado de manera “irracional” y “exasperante” el principio constitucional de presunción de inocencia. “Es una decisión política”, ha advertido, tras lo que ha lamentado la división “profunda” que existe entre conservadores y progresistas en la justicia y ha incidido en que la Sala 2ª del Tribunal Supremo siempre se sitúa a la derecha.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Pepa Berdugo, ha hablado de numerosas anomalías en el proceso y ha incidido en que todo el procedimiento contra García Ortiz ha sido “inquietante”, desde la instrucción hasta la sentencia y el tiempo pasado hasta conocer los argumentos de la resolución. “Más que inquietante, la sentencia es absolutamente decepcionante”, ha matizado Joaquín Giménez, exmagistrado de la Sala Segunda del Supremo, al considerar que desprestigia al sistema judicial, que es el “último refugio” y la “última esperanza” de la ciudadanía.

Sartorius: “Nunca he visto nada parecido”

Ella ha incidido en que la sentencia no surge de la nada, sino que se encuadra en el “cerco” que, según ha dicho, hay alrededor del Gobierno para hacerle caer. En su opinión, se trata de “un auténtico desafío a la lógica” al haber sacado certeza de unas dudas, de tal modo que García Ortiz “no ha podido acreditar su inocencia”, ha ironizado. Pero además de haberse vulnerado su presunción de inocencia, con esta sentencia se han laminado también, según Giménez, el derecho a una información veraz y el derecho de los profesionales de los medios de comunicación al secreto profesional, dos principios fundamentales en una sociedad democrática.

El exparlamnetario Nicolás Sartorius ha advertido, por su parte, de la politización de la justicia, de tal modo que los jueces de forma consciente o inconsciente introducen en el ejercicio de su actividad elementos que distorsionan al Ejecutivo, al Parlamento y al resto de instituciones democráticas. Según ha dicho, hay algunos grupos minoritarios de jueces, pero bien situados en determinas salas que creen que hay que salvar a la patria de los separatistas y acabar con el Gobierno.

“Nunca he visto nada parecido a lo que está pasando ahora. Es verdaderamente preocupante”, ha asegurado.

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En su escrito, su defensa argumenta que se han vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denuncia siete motivos de nulidad, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

El texto sostiene que la nota informativa sobre el caso de fraude fiscal del empresario era una “respuesta institucional” que tenía como objetivo “evitar que cristalizara ante la ciudadanía la idea de una Fiscalía guiada por 'órdenes de arriba' o con fines prevaricadores”. Y advierte de las consecuencias que esta sentencia puede tener para el futuro: “Es un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada”, recoge el documento.

La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías. 

El escrito alude asimismo al auto por el que el Supremo rechazó investigar al presidente del tribunal por su presencia y expresiones en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid en plenas deliberaciones para apuntar a la pérdida de la apariencia de imparcialidad de los magistrados.

El escrito afirma que en ese auto “se examinan y ponderan una serie de hechos de conocimiento sobrevenido vinculados a determinados miembros del órgano situándolos expresamente en un plano distinto, y señalando que, de haberse conocido con anterioridad, habrían podido ser objeto de valoración plena previa denuncia en el momento previsto legalmente para ello”.

La Abogacía del Estado cuestiona que la sentencia “elude” los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024. “Esta forma de razonar, que dice creer al testigo mientras actúa como si no lo creyera, no constituye una valoración de la prueba compatible con la presunción de inocencia, ya que no pondera la prueba de descargo sino que la elude”, dice el escrito.

elDiario.es informó el pasado lunes de que, además del incidente de nulidad, su defensa iba a registrar otro escrito en el que reclamaría la suspensión de la ejecución de la sentencia. Con esa segunda petición, la Abogacía del Estado pretendía postergar la aplicación del fallo hasta que se resolviera el incidente de nulidad. Finalmente, ese escrito no se ha presentado dado que la actual fiscal general, Teresa Peramato, acordó la incorporación de García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo. 

El Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) responde en un comunicado al escrito de queja presentado por las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, por su actuación en la causa contra el ex fiscal general del Estado por relevación de información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La corporación profesional defiende que actuó al margen de cuestiones “políticas o personales” cuando fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una nota aclaratoria, el ICAM defiende que su actuación en este asunto “debe enmarcarse exclusivamente en su obligación de defender el secreto profesional” y el “derecho de defensa”. “El Colegio actuó ante la existencia de indicios que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, podían afectar a estos principios básicos, con independencia de las personas o cargos implicados. La iniciativa del ICAM no tuvo por objeto valorar conductas políticas o personales, sino preservar garantías estructurales del sistema de justicia cuya protección forma parte del núcleo de las funciones legalmente atribuidas a los colegios profesionales de la abogacía”, añade. 

Ambos colectivos, que cuestionan la “sumisión” de la actual cúpula del ICAM a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, reclamaron a través de un escrito de queja tener acceso al expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso de la pareja de la presidenta madrileña y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. Exigieron, asimismo, “explicaciones” sobre la actuación del decano, Eugenio Ribón, y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. 

Es algo que, a juicio de la actual Junta de Gobierno, carece de sentido porque el procedimiento judicial al que se refiere ya ha sido sentenciado. “Las decisiones de personación y actuación procesal se adoptan en el momento oportuno, conforme a los criterios técnicos correspondientes y dentro de las competencias legalmente atribuidas a los órganos colegiales. Pretender revisar ”políticamente“ una actuación procesal ya concluida ni produce efectos jurídicos ni tiene cabida en el funcionamiento ordinario de una corporación de derecho público”, prosigue el colegio.

La entidad profesional defiende que su actuación en este asunto ha estado guiada en todo momento por los principios de la “total transparencia” y que se ha ido dejando constancia de sus decisiones en los órganos correspondientes y poniendo a disposición de los colegiados la información relevante conforme a los cauces establecidos.

Respecto a la celebración de una asamblea extraordinaria, el ICAM defiende que la convocatoria de ese órgano está regulada de manera expresa en sus Estatutos, que establecen “requisitos formales y materiales claros en cuanto a legitimación, procedimiento y objeto”.

El juicio mediante el cual se condenó a Álvaro García Ortiz el 20 de noviembre de 2025, fue un juicio fake. El juicio fue posible por una maniobra torticera de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) carente de cualquier justificación jurídica digna de tal nombre.

En el origen del juicio está una querella infundada del presidente del Colegio de Abogados de Madrid contra la fiscal jefa de Madrid por la publicación de una nota informativa mediante la que se desmentía una falsedad dada a conocer a través de El Mundo y tres medios digitales por parte de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), respecto de pacto de conformidad propuesto por la defensa de Alberto González Amador mediante correo electrónico de 2 de febrero de 2024 dirigido al servidor general de la Fiscalía de Madrid.

En dicho correo electrónico se reconocía que Alberto González Amador había cometido dos delitos fiscales y se proponía un pacto de conformidad consistente en el pago de la deuda tributaria con los intereses correspondientes y una pena privativa de libertad que no conllevara su ingreso en prisión. En la falsedad que MAR puso en circulación, fue el ministerio fiscal el que propuso a González Amador el pacto de conformidad, propuesta que, según añadían los tres medios digitales, fue torpedeada “desde arriba”, sin que quedara claro si ese “desde arriba” acababa en el fiscal general del Estado o llegaba hasta la Presidencia del Gobierno.

Dada la gravedad de la acusación contra el Ministerio Fiscal que en dicha falsedad se contenía, la fiscal jefa de Madrid, con el conocimiento y aval del fiscal general del Estado, se consideró en la obligación de emitir una nota informativa poniendo los puntos sobre las íes.

Contra la publicación de dicha nota informativa interpuso querella el presidente del Colegio de Abogados de Madrid ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefa por delito de revelación de secreto. Admitida a trámite la querella, el fiscal general del Estado puso en conocimiento de la Sala su responsabilidad en la publicación de la misma, razón por la cual la Sala tuvo que remitir la querella a la Sala Segunda del TS, dada la condición de aforado del fiscal general.

La Sala Segunda del TS consideró que la publicación de la nota informativa no era constitutiva del delito de revelación de secreto, ya que lo que se desmentía en dicha nota había dejado de ser secreto al haber sido publicado en diferentes medios de comunicación.

Aquí se tenía que haber puesto punto final a la querella. Pero no fue así. La Sala Segunda del TS desvió el foco de la nota informativa –que desmentía la falsedad puesta en circulación por MAR– al correo electrónico de la defensa de González Amador de 2 de febrero de 2024, y apuntó la posibilidad de que se habría podido cometer un delito de revelación de secreto mediante la filtración del mismo.

En buena lógica procesal, dado que el correo electrónico no había sido dirigido a ningún fiscal, sino a un servidor general de la Fiscalía de Madrid al que tenía acceso un número indeterminado, pero determinable, de personas, la Sala Segunda debería haber devuelto la querella a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que abriera una investigación para identificar al autor de la filtración. Si de dicha investigación resultara que el autor era presumiblemente el fiscal general del Estado, entonces se tendría que elevar de nuevo la querella a la Sala Segunda del TS.

Pero no fue eso lo que hizo. Retuvo la competencia para investigar la posible autoría de la filtración reduciendo la investigación al fiscal general del Estado, aunque no dispusiera no ya de ninguna prueba, sino de ningún indicio que apuntara en esa dirección. A continuación, designó a Ángel Hurtado como instructor.

Al dar ese paso, la Sala Segunda vulneraba de entrada tres derechos fundamentales:

1. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Dado el número de personas que habían tenido conocimiento del correo electrónico antes que el fiscal general del Estado, la inmensa mayoría de ellos en la Fiscalía de Madrid, no podía ser el TS el que se encargara de la investigación, sino que tenía que serlo la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TS únicamente puede ser juez instructor cuando la causa está dirigida de manera inequívoca contra una persona aforada. Que este no era el caso se pone de manifiesto en la propia sentencia condenatoria, en la que se atribuye la conducta delictiva al fiscal general o a “alguien de su entorno”. Ni siquiera tras la instrucción y tras la celebración del juicio ha podido llegar el TS a la identificación inequívoca del autor de la filtración. ¿Cómo pudo llegar a la conclusión que la investigación tenía que circunscribirse a Álvaro García Ortiz?

2. Pérdida de imparcialidad. Sin ninguna prueba, sin ningún indicio, el TS decide que únicamente el fiscal general del Estado tiene que ser investigado como posible autor del delito de revelación de secreto mediante la filtración del correo electrónico. ¿No supone esa decisión que los cinco magistrados que condenaron tenían preformada ya su opinión sobre la culpabilidad de Álvaro García Ortiz y que, en consecuencia, no podían ser parte del órgano judicial que dictara sentencia?

3. Presunción de inocencia. Sustitución de la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. La decisión de la Sala Segunda del TS de reducir la investigación al fiscal general del Estado en ese momento inicial es incompatible con la presunción de inocencia, que es sustituida por la presunción de culpabilidad. No dispongo de ningún indicio, ni de ninguna prueba, pero tiene que haber sido él. Que demuestre que no ha sido. La Sala Segunda se exonera de la obligación de destruir la presunción de inocencia del fiscal general del Estado mediante la correspondiente prueba de cargo y le impone la obligación de demostrar su inocencia. Caso de libro de la conocida como prueba diabólica.

Con la vulneración de estos tres derechos fundamentales ya es suficiente para viciar de nulidad la sentencia condenatoria, aunque ello no quiere decir que sean los únicos derechos que se han vulnerado. Hay varios otros vulnerados en la instrucción por parte del juez Ángel Hurtado, como el principio de proporcionalidad y de imparcialidad, al invadir la sede de la Fiscalía General y volcar la información en dispositivos de todo tipo durante ocho meses; por el presidente de la Sala, cuando, en clara vulneración del principio de imparcialidad, interrumpió la declaración de José Precedo y afirmó sentirse amenazado por lo que no era más que un ejercicio impecable del derecho a transmitir información veraz; del principio acusatorio, al no quedar claro si la filtración se circunscribía al correo electrónico de 2 de febrero de 2024 o a la nota informativa desmintiendo la falsedad puesta en circulación por MAR; del principio de imparcialidad, de nuevo, en la intervención retribuida del presidente de la Sala Segunda en un curso organizado por el Colegio de Abogados, primer querellante, en el que dejó caer que era el ponente de la sentencia, cuando todavía la Sala no había decidido que no sería la magistrada Susana Polo la ponente; del principio de legalidad, al considerar que el fiscal general del Estado había cometido el delito previsto en el artículo 417. 1 del Código Penal, conclusión que no se puede alcanzar con ninguna de las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho.

Sobre todas estas vulneraciones tendrá que pronunciarse ahora la Sala Segunda al resolver el incidente de nulidad de actuaciones que ha presentado la defensa del fiscal general. Y que, si no es atendido por dicha Sala, será objeto del recurso de amparo sobre el que tendrá que dictar sentencia el Tribunal Constitucional.

Dada la importancia del caso, del que no hay precedente no ya en España sino en ninguno de los Estados que constituyen la Unión Europea, parece razonable la solicitud de que se deje en suspenso la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el incidente de nulidad de actuaciones. La no aceptación de la solicitud supondría una nueva vulneración del principio de imparcialidad y de la presunción de inocencia.

Espero que el lector haya entendido por qué afirmo que el juicio de verdad empieza ahora.

Las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, han registrado un escrito de queja contra la actual Junta de Gobierno del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) por su “sumisión” a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso.

Solicitan que la corporación profesional facilite el expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una rueda de prensa, el presidente de honor de Adade, el letrado José Mariano Benítez de Lugo ha calificado de “insólito” el apoyo del colegio al empresario y comisionista González Amador, que está procesado tras haber reconocido sus deudas con Hacienda. “El ICAM siempre ha sido una institución integradora y respetuosa, nunca se había producido tal sectarismo, polarización y falta de pluralidad”, ha añadido el abogado Javier Ledesma, también vinculado a Adade. 

El escrito muestra la “radical disconformidad” y “crítica” de ambas asociaciones con la actuación del ICAM en la causa contra García Ortiz. Las asociaciones ponen el foco en la actuación del actual decano, Eugenio Ribón, que consideró que la condena de inhabilitación a García Ortiz es “un respaldo decisivo a los principios esenciales del Estado de Derecho” tras la publicación del fallo el pasado 20 de noviembre.

De hecho, reclaman “explicaciones” sobre su actuación y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. “Nos sorprende que celebre y bendiga que puede darse a conocer un fallo sin los argumentos de la sentencia condenatoria, ni de la discrepancia que recojan los votos particulares”, recoge el escrito. 

También exigen que se fijen criterios sobre la conducta a seguir en el futuro en asuntos de alta trascendencia política que “eviten” la “instrumentalización” del colegio y que se ponga al servicio de “intereses particulares o de estrategias políticas ajenas a los intereses de la abogacía”. Las asociaciones muestran su “disconformidad” con el hecho de que el colegio presentara una denuncia contra la Fiscalía sin hacer “la más mínima referencia” a la “campaña de difamación” emprendida contra el Ministerio Público por el entorno de la presidenta regional.

Asimismo, las asociaciones hacen hincapié en la “singular circunstancia” de la simultaneidad de la posición del ICAM como acusación en el juicio contra el ex fiscal general y la autorización del proyecto de creación de un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

A este respecto, el colegio ha mantenido que el proyecto de ICAM Centro Universitario nace, se diseña y comienza a tramitarse entre 2022 y 2023, es presentado a la Comunidad de Madrid en diciembre de 2023 y sigue su curso durante 2024 y 2025, mucho antes de la querella del ICAM y del propio juicio y posterior condena del fiscal general. 

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, va a solicitar al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia que le condenó hace unas semanas a dos años de inhabilitación del cargo por la filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso confesaba un delito fiscal.

Por otro lado, la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el jefe de gabinete de Carlos Mazón, el exsecretario autonómico José Manuel Cuenca, se ven las caras este lunes en una sesión del juicio que investiga la responsabilidad de las 230 muertes que causó la dana de Valencia el 29 de octubre de 2024. La jueza ha citado a ambos responsables para interrogarles y aclarar las supuestas contradicciones en sus declaraciones sobre la gestión de aquella emergencia. Pradas se ha reafirmado en que recibió órdenes de no confinar a la población esa tarde y ha asegurado que no sabía nada de la comida de Mazón en El Ventorro.

Y en Madrid, te contamos que la “libertad” de elegir hospital de la que gozan los pacientes madrileños está saliendo cara para las arcas y centros públicos: unos 1.268 millones de euros extra han ido a parar a la sanidad privada

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que condena a dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado Álvaro García por la difusión de información reservada del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene que los jueces de la Sala de lo Penal ignoraron “sin explicación alguna” las pruebas que exoneraban a García Ortiz y que lo condenaron por una “filtración inexistente”, según un escrito adelantado por El Español y al que ha tenido acceso elDiario.es.

La fiscal defiende que la resolución que firmaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela vulnera derechos fundamentales del que fuera máximo representante del Ministerio Público. En concreto, el derecho a la presunción de inocencia, a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva.

Así, la fiscal afirma que los jueces realizaron una “incompleta selección de los hechos” al omitir los testimonios clave de periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024.

Según la Fiscalía, la sentencia prescinde de pruebas de descargo que demuestran que la información ya era pública cuando llegó a manos de García Ortiz. “Cuando el correo llegó al fiscal general del Estado ya había sido divulgado y ello está acreditado aunque la sentencia lo omite”, dice el escrito, que también cuestiona el hecho de que la sentencia “omita” que el citado correo también “le fue proporcionado” a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.

Sánchez Conde argumenta que las “prisas” de García Ortiz por obtener los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal que lo acusaba de fraude tributario en busca de un acuerdo de conformidad fueron motivadas por la necesidad de redactar una nota informativa para responder “con premura” a las informaciones de diversos medios que cuestionaban la actuación de la Fiscalía y apuntaban a una actuación por “motivos políticos”.

Una “insidiosas y calumniosas informaciones”, en palabras de la fiscal, que “contaban con el apoyo y aportación de medios por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid”. La fiscal también subraya que el “entorno” de González Amador hizo durante ese 13 de marzo de 2024 una “divulgación sesgada y mendaz” de la contestación emitida por la Fiscalía al ofrecimiento de pacto por parte del empresario. Y recuerda que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, lanzó el “bulo” de que la Fiscalía había ofrecido un pacto para después retirarlo.

Condena por la nota de prensa

Sánchez Conde también acusa a la Sala de lo Penal de introducir un “hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso” al considerar delictivo el citado comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que no se debatió ni imputó durante la instrucción y que se introdujo en la sentencia “de un modo deliberadamente ambiguo”. Asimismo, la Fiscalía afirma que el Supremo creó “un tipo delictivo” al castigar la difusión de información que ya no era secreta, lo que excede el Código Penal.

Por otro lado, la fiscal también califica de “difícilmente entendible” y carente de motivación la indemnización de 10.000 euros impuesta, así como la condena al pago de las costas de la acusación particular.

En su escrito, la Fiscalía se apoya en el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo que pidieron su absolución. En ese voto discrepante, ambas magistradas creen que las conclusiones alcanzadas por sus compañeros “implican una vulneración del derecho a la presunción de inocencia”. Ferrer y Polo denuncian que la sentencia condenatoria hace una inferencia de culpabilidad “muy abierta” y que existen otras conclusiones alternativas que no se han tenido en cuenta. 

La sentencia que Sánchez Conde pide anular consideró probado que el entonces fiscal general del Estado “o una persona de su entorno” filtraron a la prensa la confesión de fraude fiscal de la pareja de Ayuso. La sentencia entiende que la nota de prensa de la Fiscalía sobre el caso también reveló datos confidenciales y que “el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”.

Los jueces no cuestionaron que los periodistas pudieron tener acceso a esos datos antes que el propio García Ortiz pero defendieron “que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general”. “El correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado”, zanjó el Supremo.

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que los Comuns pedían investigar penalmente por revelación de secretos al ponente de la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz. Los jueces de la conocida como 'Sala del 61' entienden que su presencia y expresiones en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid en plenas deliberaciones no es punible y que el ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, no adelantó ilegalmente el sentido condenatorio del fallo por decir ante los presentes: “Tengo que poner la sentencia”. Según el Supremo, en esa frase “no se revela una información directa y unívoca”.

Tal y como reveló elDiario.es, tres magistrados de la Sala de lo Penal participaron en unos cursos para abogados organizados por el ICAM apenas unos días después de que el juicio contra Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso quedara visto para sentencia. Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral participaron en el curso y el primero de ellos, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, comentó al final de su alocución: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”, reveló un audio publicado por TVE.

La querella de los Comuns, a través de Jaume Asens, acusaba a Martínez Arrieta de haber anticipado a estos abogados que iban a condenala qr al fiscal general a pesar de que aún quedaban días para conocerse el fallo. Las risas de los asistentes al curso, decía la querella ahora rechazada, “evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia”. En ese momento no era público que la primera ponente, la progresista Susana Polo, se había quedado en minoría con Ana Ferrer y había cedido la ponencia a Martínez Arrieta.

El Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, ha rechazado tanto esta como otras alegaciones y ampliaciones de la querella contra el magistrado. “La frase emitida por el querellado no contenía una anticipación del sentido condenatorio del fallo”, explican los jueces. En la frase de Martínez Arrieta, añaden, “no se revela una información, directa y unívoca” y “no se deduce necesariamente que con tal afirmación se esté desvelando que ha habido un cambio en el magistrado ponente, ya que las sentencias en los órganos colegiados son de todos sus miembros”.

Tampoco acepta el Tribunal Supremo que se cuestione por vía de esta querella la imparcialidad de sus jueces por haber participado de forma remunerada en unos cursos del ICAM cuando este ejercía la acusación popular del caso. “El querellante se aparta del cauce contemplado legalmente para denunciar la falta de imparcialidad de jueces o magistrados”. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado presentaron una recusación en base a la participación de los magistrados en estos cursos que solo fue hecha pública después.

Los cursos del ICAM y la tesis de un abogado

El tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz estuvo formado por siete magistrados pero la sentencia condenatoria no fue unánime. Las progresistas Susana Polo y Ana Ferrer se quedaron en minoría defendiendo que el entonces fiscal general no debía ser condenado y la ponencia pasó a manos de Andrés Martínez Arrieta, que firmó la condena de dos años de inhabilitación y multa junto con Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Manuel Marchena y Carmen Lamela. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) interpuso la primera querella relacionada con el correo de Alberto González Amador y ejerció la acusación popular durante el juicio, pidiendo cuatro años de cárcel para él.

Tres de los magistrados que optaron por la condena –Martínez Arrieta, Del Moral y Berdugo– participaron por 90 euros a la hora en el curso 'Curso de casación y turno especial', tal y como reveló elDiario.es. Protagonizaron varias ponencias en la formación, coordinada desde hace años por Del Moral, y tanto Martínez Arrieta como Berdugo se refirieron a la sentencia. En esos días el tribunal estaba sumido en las deliberaciones y aún faltaban días para que se supiera que el sentido del fallo era condenatorio.

“Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”, dijo Martínez Arrieta al término de su ponencia. La querella entendía que esa expresión daba a entender lo que ya había pasado a puerta cerrada: la ponente original, Susana Polo, se había quedado en minoría defendiendo la absolución y la redacción de la sentencia había cambiado de manos. Berdugo, en su ponencia, también bromeó con la sentencia cuya redacción estaba en marcha: “Mañana tenemos deliberación, hemos dejado el fin de semana de reflexión. Podéis decir que os he dado la conferencia entre deliberación y deliberación”.

La 'Sala del 61' del Supremo, convocada cuando uno de los querellados es presidente de Sala como es el caso de Martínez Arrieta y compuesta por 12 magistrados de varias salas incluida Isabel Perelló, entiende que el cauce para cuestionar su imparcialidad no es una querella. Eso tendría que haber sucedido a través de una recusación que no se presentó. Tal y como reveló este periódico, uno de estos tres magistrados, Antonio del Moral, dirigió durante años la tesis de Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Una cincuentena de entidades en defensa de la memoria democrática han firmado un manifiesto contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque “en democracia no se puede condenar a ningún ciudadano sin pruebas”.

Las entidades califican de “insólito” que el desarrollo de la sentencia se conociera casi tres semanas después del fallo y lamentan la fecha en la que se conoció su condena, el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. “Resulta llamativo que una fecha revestida de una especial significación emocional y simbólica en la memoria democrática de este país haya sido la elegida por el Tribunal para informar a la ciudadanía de la condena impuesta al principal valedor de los derechos fundamentales de los españoles y las españolas”, sostienen.

Las organizaciones firmantes, entre las que están la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía y Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo, critican la “inapropiada elección del Tribunal” por su “falta de sensibilidad democrática” en medio de un escenario “de creciente polarización política y de sospechas de lawfare”. Y añaden: “La perplejidad no abandona a quienes intentamos entender con imparcialidad un caso que comenzó con un bulo filtrado a los medios de comunicación desde el gabinete de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para tapar una verdad incómoda y vergonzosa que apuntaba a la pareja de esta”.

Asimismo, coinciden con la opinión de las dos magistradas que han emitido los dos únicos votos en contra de la condena de los siete integrantes que componen el Tribunal Supremo y consideran que no hay “una sola prueba que demuestre, sin equívocos ni especulaciones, la participación directa del fiscal general”. También critican el “estupor” que produce la escasa relevancia que dio el Supremo a las testificales de los periodistas, entre ellos de elDiario.es, que declararon conocer la fuente que filtró el correo del abogado de Alberto González Amador antes de que llegara a manos del fiscal general.

“Como parte de esa ciudadanía sentimos que se ha abierto una grieta que hace peligrar la credibilidad de unas instituciones democráticas que tanto sufrimiento han costado alcanzar. Necesitamos jueces que apliquen las leyes para resolver conflictos, proteger los derechos de todos y todas y que garanticen el cumplimiento de la Constitución, no para crear en la ciudadanía inseguridades, dudas y debates sobre la independencia y el papel del Poder Judicial, haciendo tambalear el Estado de derecho. La presunción de inocencia y la necesidad de aportar pruebas irrefutables antes de condenar a cualquier persona, garantizando la justicia y protegiendo los derechos individuales, son principios fundamentales de cualquier Estado de derecho democrático”, añaden.

El sábado 13, Jordi Nieva, en un artículo publicado en El País con el título 'Adiós a las armas en la Justicia Española', y tras afirmar que “derrocar a un presidente es un objetivo legítimo de la oposición, pero no debe alcanzar jamás a los jueces”, argumenta que esto último es lo que ha ocurrido en la sentencia mediante la que se ha condenado Álvaro García Ortiz. Se trata de una “sentencia que pasará a la historia como un esfuerzo sobrehumano para justificar lo injustificable”.

El domingo 14, José Antonio Martín Pallín enumeraba y explicaba en Público las “patologías constitucionales y legales” que en ella se contienen, llegando a la conclusión de que existe una “metástasis generalizada en el cuerpo de la sentencia”.

Y el lunes 15, Tomás de la Quadra reprochaba en El País a los autores de la sentencia haber omitido en el relato de hechos probados la acusación calumniosa por parte de Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez al fiscal general del Estado de haber cometido un delito de revelación de secretos imposible, ya que en el momento en que se redacta la nota informativa por la Fiscalía de Madrid con el aval del fiscal general del Estado, no había secreto alguno que pudiera ser revelado. La conducta de Álvaro García Ortiz es un ejercicio de legítima defensa ante la falsedad, que no bulo, puesta en circulación por González Amador y MAR, lo que excluye que pueda ser constitutiva de delito.

Al haber omitido esta circunstancia, la sentencia no puede no ser considerada nula de pleno derecho.

Si los magistrados que condenaron sin explicar por qué condenaban pensaron que con dicha estratagema iban a anestesiar a la opinión pública y conseguir apartar la mirada de la ignominia que habían cometido, estarán comprobando que el tiro les ha salido por la culata. 

Los tres artículos a los que acabo de hacer referencia dejan meridianamente claro que la sentencia que condena al fiscal general del Estado supone un ejercicio tan desviado de la función jurisdiccional que resulta imposible ver en ella “el sometimiento únicamente al imperio de la ley”, que es lo que deben traslucir todas las decisiones judiciales. En lugar de acreditar el sometimiento al imperio de la ley, lo que acreditan es la sustitución de la voluntad del legislador por la de los propios jueces que la dictan. 

Con la sentencia se ha producido la quiebra del principio de legitimación democrática, la sustitución de la “voluntad general” por las “voluntades particulares” de los cinco jueces, que es el peor vicio que se puede cometer en el ejercicio de la función jurisdiccional. Los jueces reciben su legitimación democrática “únicamente de su sometimiento a la ley”. Si no pueden justificar dicho sometimiento con las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho, no estamos ante un ejercicio de la función jurisdiccional, sino ante algo distinto. 

Exactamente es lo que ha ocurrido con la sentencia mediante la que se condena al fiscal general del Estado. Por eso, su presencia resulta literalmente insoportable. Sé que una querella por prevaricación contra los cinco magistrados que han dictado la sentencia tendría muy poca posibilidad no ya de prosperar, sino ni siquiera de ser admitida a trámite. No se podrá pasar de la apariencia de prevaricación que la sentencia trasluce.

Afortunadamente, la Constitución en el artículo 123.1 dispone que el “Tribunal Supremo… es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Será, en consecuencia, el Tribunal Constitucional el que borre la mancha, ya que únicamente él puede hacerlo.

Para la justicia española y para la sociedad en su conjunto sería terrible que tuviera que hacerlo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hay leyes que castigan conductas. Y hay interpretaciones que, sin cambiar una coma, terminan castigando algo distinto. Eso es lo que está en juego cuando se pretende encajar al fiscal general del Estado en el artículo 417 del Código Penal, el precepto que sanciona a la autoridad o funcionario que revela secretos o informaciones reservadas. No es un pleito de nombres propios ni un debate de bandos. Es una cuestión más sobria: qué límites mantiene el Derecho penal cuando un caso es políticamente inflamable y el marco normativo no está diseñado para resistir la presión.

El problema no empieza en el verbo “revelar”. Empieza antes, en el lugar donde el legislador situó la norma. El art. 417 está en el Título XIX, bajo una rúbrica nada inocente: “Delitos contra la Administración Pública”. La sistemática del Código no es decoración; orienta el sentido del tipo y su fundamento. Un delito ubicado ahí se legitima, ante todo, por la protección de la Administración como organización llamada a actuar con objetividad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho, conforme al artículo 103 de la Constitución. Si lo que se castiga no es materialmente administrativo, la invocación de ese bien jurídico se vuelve discutible.

Aquí aparece la dificultad central: el Ministerio Fiscal no es Administración Pública en sentido constitucional. La Constitución lo define en el artículo 124 como órgano de relevancia constitucional encargado de promover la acción de la justicia y defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Su lógica es la del sistema de justicia, no la de la gestión administrativa. Cuando el fiscal general actúa en el núcleo de esa función, resulta forzado sostener que se lesiona el bien jurídico “Administración Pública” como tal.

Se suele replicar con un atajo: “es autoridad a efectos penales”. Es cierto que el Código Penal define quién es autoridad y funcionario público. Pero ese punto de partida no resuelve el problema, lo desplaza. Que alguien sea autoridad no autoriza a borrar las fronteras entre títulos del Código. Si bastara con afirmar “es autoridad”, el Título XIX acabaría funcionando como un contenedor capaz de absorber conflictos constitucionales con solo encontrar un deber y su incumplimiento.

El riesgo aumenta cuando se sustituye el bien jurídico por una finalidad abierta. Se dice: aunque el precepto esté en delitos contra la Administración, aquí lo relevante es proteger derechos fundamentales. La finalidad puede ser legítima; el método es peligroso. Si el criterio de aplicación deja de ser la lesión de la Administración como organización administrativa y pasa a ser una noción amplia de “protección de derechos” o de “credibilidad institucional”, el art. 417 deja de funcionar como tipo tasado y empieza a operar como cláusula de conveniencia. En ese tránsito, el principio de legalidad del artículo 25.1 de la Constitución se erosiona: la previsibilidad del castigo depende menos del texto legal y más de una reconstrucción funcional que varía con el caso.

Hay, además, una frontera que conviene no cruzar a la ligera: la que separa lo penal de lo disciplinario. El Ministerio Fiscal cuenta con un régimen estatutario para sancionar infracciones de confidencialidad. Si ese régimen es insuficiente o presenta huecos, la respuesta coherente es legislativa: reformarlo con precisión. Lo incoherente —y constitucionalmente arriesgado— es usar el Derecho penal como sistema de repuesto. Esa lógica invierte la idea de última ratio y convierte el castigo penal en instrumento para suplir defectos de diseño institucional.

En un Estado constitucional, el Código Penal debería funcionar como un mapa: fija fronteras y permite anticipar consecuencias. Cuando se decide que el mapa estorba y que el rumbo puede improvisarse, el coste es estructural: la previsibilidad se degrada y el control del poder punitivo se debilita.

Aquellos que defienden que el art. 417 no puede aplicarse de manera automática al Fiscal General en el núcleo de su función constitucional no es pedir impunidad. Es exigir que no se castigue en nombre de un bien jurídico que no se ha lesionado: el correcto funcionamiento de la Administración Pública y su dimensión prestacional (servicio público). Si el legislador quiere tipificar penalmente determinadas revelaciones en el ámbito del Ministerio Fiscal —y, especialmente, del fiscal general— debe hacerlo delimitando sujetos, conductas y bienes jurídicos, y encajándolo coherentemente con el régimen disciplinario. Lo contrario equivale a expandir el tipo para resolver el caso, y después llamar “bien jurídico” al resultado.