La directora Escénica y Dramaturga Nuria Hernando se dio cuenta de que ella también era parte del problema del turismo masivo cuando tras querer escapar de su día a día tomó el vuelo más barato que partiera aquel día desde Bilbao aterrizó en Lisboa. “Allí alquilamos una vivienda turística en uno de los barrios más gentifricados e hicimos todo lo turístico. Hasta que cogiendo un autobús de línea una mujer nos gritó que otra vez iba a llegar tarde al trabajo por culpa de los turistas. Algo en mi cabeza hizo 'click' al darme cuenta de que aquello que me molestaba en mi ciudad, yo también lo estaba haciendo. Cuesta ver que al viajar también somos parte del problema”, explica a este periódico.

Con el objetivo de reflexionar sobre ello y tratar de darle una solución, que no pasa solo por lo individual, Hernando ha creado 'Free Tour-X', una obra de teatro relacional que convierte el Casco Viejo de cualquier ciudad en un escenario. Este sábado y domingo, 18 y 19 de abril Bilbao será el escenario de la obra. “El recorrido se ha creado tras una investigación exhaustiva acerca de las heridas del turismo masivo en la ciudad. Comienza como uno de tantos 'free tours' que parten de la Plaza del Teatro Arriaga y recorre las calles con ejemplos concretos: una zapatería histórica que ahora es un café de especialidad o una tienda de disfraces que ahora es una consigna para maletas”, detalla.

La obra ha sido desarrollada a través de residencias artísticas en Madrid (Esquina Nua), Pamplona (Teatrodix) y ahora recala en Bilbao, la ciudad de la dramaturga, con el programa de Artistas en Residencia de BilbaoEszena. “Es importante que la obra cuente con la participación de vecinos afectados y también de artistas y performers locales, en el caso de Bilbao a actriz Juana Lor o la artista Haizea F. Allika. Me parece más valioso que la ciudad la explique alguien que ha vivido su transformación de cerca y hable desde lo que le hace sentir esta situación”, reconoce Hernando.

Para participar, el público necesita llevar consigo un teléfono y auriculares. A través de una aplicación web, los asistentes reciben audios, vídeos e instrucciones que guían la experiencia. “En el caso de Bilbao, encontramos 60 viviendas de uso turístico en tan solo cuatro calles. Queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre con los habitantes de una ciudad cuando esta se convierte en un producto”, sostiene la creadora, cuya obra, a medio camino entre la performance y el teatro, presenta las limitaciones legales al turismo o las estrategias de resistencia vecinal contando con la participación de los habitantes de los barrios, que se han visto desplazados por la compra de edificios por parte de fondos de inversión o la proliferación de negocios orientados a los visitantes vacacionales.

El estreno se realizará en el marco del Festival BLV ART 2026 del Ayuntamiento de Bilbao, el sábado 18 a las 17:00h y el domingo 19 de abril a las 11:30h. Las entradas pueden adquirirse en la web Kultura Bilbao. Esta obra es la última producción de la compañía de teatro y danza emergente Perpetûa Vastarda. Se trata de una compañía de Artes Vivas creada por Nuria Hernando (Bilbao) y María Pizarro (Barakaldo) en el año 2024, con el objetivo de producir, investigar y promover espacios creativos híbridos. Su nombre es 'Free Tour-X' porque, con la aplicación web y el formato de teatro relacional se puede extrapolar a otras ciudades afectadas por la misma problemática. “Se trata de un problema que afecta a prácticamente todas las ciudades y, si desde las instituciones no se pone solución, no sabemos cómo podrá acabar”, reconoce Hernando, que sostiene que aunque la responsabilidad no sea únicamente individual, es importante realizar una reflexión sobre la situación que están viviendo las ciudades por el turismo masivo.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

“Aquesta barriada s’ha tornat infernal”. Antoni, de 79 anys, ho diu sense embuts, recolzat a la vorera d’un carrer on ja gairebé no reconeix ningú. Ha viscut tota la vida a Santa Catalina, antic barri pesquer que ara descriu com a irreconeixible: “Mallorquins en queden pocs ja”. Als voltants, façanes acabades de rehabilitar i aparadors en anglès, alemany... i en suec. En aquesta barriada de Palma, es multipliquen els negocis i les immobiliàries escandinaves que anuncien habitatges amb preus que arriben a les set xifres mentre, a pocs metres, els darrers veïns de tota la vida observen com el barri canvia de mans. L’idioma varia segons la taula. El preu, sempre a l’alça. “Aquí no s’hi pot viure, aquí no s’hi pot dormir”, lamenta Antoni, que assenyala el renou constant, els conflictes nocturns i una sensació d’abandonament que, diu, ningú no ha sabut frenar.

La transformació no és només perceptiva. El preu de l’habitatge a Santa Catalina se situa ja entorn dels 6.200 euros per metre quadrat —fa una dècada, rondava els 2.500—, amb pujades de més del 14 % només en el darrer any, segons Idealista. Pel que fa al lloguer, el més barat que s’ofereix en aquest portal immobiliari ascendeix a 1.100 euros: un pis de 50 metres sense moblar. El gestiona MallorcaByrån Real Estate, una de les nombroses immobiliàries sueques implantades a la zona. I és que aquestes agències actuen com a intermediàries clau en aquest circuit, connectant compradors del nord d’Europa amb un mercat local cada vegada més inaccessible. El resultat, visible al carrer, és un desplaçament progressiu: contractes que no es renoven, lloguers que es disparen i veïns que se’n van. Antoni és un d’ells: “Estic esperant anar-me’n d’aquí ben aviat, a una altra zona més tranquil·la”.

A pocs metres apareix Tomeu, que ha sentit fragments de la conversa i s’hi afegeix. “És que és un tema que em bull la sang”, justifica. Per a ell, la transformació no és una dada, sinó una pèrdua personal. “Allà els meus padrins tenien una botiga, Casa Paco”, explica, assenyalant una cantonada. En aquell mateix lloc es varen conèixer els seus pares. Avui, però, el local ha canviat de mans i de funció: “Ara és el típic bar de torrades d’alvocat”. El contrast li fa mal. El seu relat dibuixa amb precisió el canvi de model: del comerç de proximitat al consum global. En un local pròxim, recorda, hi havia una papereria on la seva padrina li comprava “cotxets”. Ara és un establiment de vins “de deu euros la copa on no hi entra cap mallorquí”. Al seu voltant, el que queda del barri original és ja residual: “Només queden alguns negocis de sempre, i poca cosa més”.

Només queden alguns comerços dels de sempre. Aquí hi havia una papereria en la qual la meva àvia em comprava cotxets. Ara és un lloc de vins de deu euros la copa on no entra cap mallorquí

Tomeu — Veí de Santa Catalina

'Lilla sverige' (o la 'petita Suècia')

Aquest “poca cosa més” és el rastre d’un barri que durant dècades va funcionar com una comunitat: un entramat d’habitatges assequibles, famílies treballadores i una identitat profundament arrelada a la mar i al port. En el seu lloc ha emergit un altre espai, cada vegada més globalitzat, on l’habitatge s’ha convertit en un producte d’inversió. La transformació ha estat tan intensa que alguns mitjans i immobiliàries el descriuen directament com 'lilla sverige' -'la petita Suècia'-. No és una exageració ni una etiqueta casual. És la conseqüència visible de més d’una dècada d’inversió estrangera —principalment escandinava— que ha alterat no només el preu de l’habitatge, sinó també la composició social i cultural del barri.

Durant dècades, Santa Catalina era un entramat d'habitatges assequibles, famílies treballadores i una identitat profundament arrelada a la mar i al port. En el seu lloc ha emergit un altre espai, cada vegada més globalitzat, on l'habitatge s'ha convertit en un producte d'inversió. La transformació ha estat tan intensa que alguns mitjans i immobiliàries ho descriuen com 'la petita Suècia'

El punt d’inflexió se situa després de la crisi de 2008. A partir de 2013, amb la recuperació del mercat, la inversió sueca va trobar a Santa Catalina un enclavament ideal: cèntric, proper a la mar i amb un parc immobiliari antic susceptible de revalorització. El que per a molts era la seva llar, per a altres es va convertir en una oportunitat. Edificis sencers començaren a canviar de mans. El patró es repeteix: compra a preus relativament baixos, rehabilitació integral i posterior venda com a producte de luxe dirigit a compradors internacionals. En paral·lel, els antics residents van desapareixent: contractes que no es renoven, lloguers que es disparen, obres que s’allarguen durant anys. El desplaçament no sempre és abrupte, però sí constant.

El negoci immobiliari

En aquest procés, les agències immobiliàries exerceixen un paper clau. No només intermedien en la compravenda d’habitatges, sinó que actuen com a pont entre el capital estranger i el mercat local, identificant propietats amb potencial, assessorant inversions i gestionant actius. Un dels pilars d’aquest fenomen ha estat precisament la implantació d’agències escandinaves especialitzades en compradors del nord d’Europa.

Una d’elles és BO Mallorca, fundada per l’empresària Vivian Grunblatt, que reivindica el seu arrelament al barri davant la percepció d’una immobiliària vinculada exclusivament a capital estranger. “He nascut i crescut aquí i he viscut aquí la major part de la meva vida”, subratlla en declaracions a elDiario.es. La seva relació amb Santa Catalina es remunta a més de quatre dècades: “Els meus pares sempre han tengut despatx i després casa a Santa Catalina, així que fa més de 40 anys que estic en aquest barri”. Des de fa dues dècades dirigeix la seva pròpia immobiliària a la zona, cosa que, assegura, li ha permès observar de primera mà la seva transformació.

Pel que fa a l’escalada de preus, Grunblatt rebutja que es pugui explicar únicament per l’arribada de compradors internacionals: “En termes generals, el principal factor darrere la manca d’habitatge a preus assequibles a Palma és l’escassetat d’oferta, especialment d’obra nova. Durant els darrers deu anys, la creació de nous habitatges ha estat limitada, fet que ha generat una pressió constant sobre els preus”. En el cas de Santa Catalina, afegeix, l’encariment respon també a la seva evolució com a barri: “Avui dia compta amb una oferta gastronòmica, cultural i esportiva molt atractiva, fet que ha incrementat notablement la seva demanda”. Aquest atractiu, sosté, no només ha captat compradors estrangers —principalment suecs i alemanys—, sinó també residents locals amb alt poder adquisitiu. “L’augment de preus no es pot atribuir únicament a la demanda estrangera, sinó a una combinació de factors”, insisteix, en un context en què, a més, els habitatges amb terrassa o vistes a la mar són els que assoleixen els valors més elevats.

En termes generals, el principal factor darrere de la falta d'habitatge a preus assequibles a Palma és l'escassetat d'oferta, especialment d'obra nova. Durant els últims deu anys, la creació de nous habitatges ha estat limitada, la qual cosa ha generat una pressió constant sobre els preus

Vivian Grunblatt — Propietària de l'agència inmobiliària BO Mallorca Real Estate

Una altra de les empreses que s’han establert a la ‘petita Suècia de Palma’ és Fastighetsbyrån, presentada com la major xarxa immobiliària de Suècia. Des de la seva oficina al carrer Protectora de Palma comercialitza habitatges que arriben a preus de fins a 17,5 milions d’euros. Al capdavant d’aquesta estructura hi ha Mattias Rosenlund, un dels perfils clau en la implantació del negoci immobiliari escandinau a Palma. La seva activitat no es limita a la intermediació: forma part d’una xarxa que acompanya tot el procés d’inversió, des de la recerca de propietats fins a la gestió posterior de l’actiu. La seva figura exemplifica com el capital estranger accedeix de manera directa al mercat residencial local.

A aquesta xarxa s’hi afegeixen altres firmes com Svensk Fastighetsförmedling Real Estate: “Hem portat el model immobiliari suec a Espanya i l’acompanyarem durant tot el procés fins que gaudeixi del sol, la calor i la seva llar espanyola”, es pot llegir al seu web, on apareixen suggerents recomanacions com “desperti’s amb vistes a la serra i a la mar”. També SkandiaMäklarna, que va obrir oficina a Palma per captar clients escandinaus interessats en zones cèntriques amb alt potencial de revalorització.

Altres mirades: entre la crítica i la resignació

Davant el malestar generalitzat, un altre veí, Raúl, introdueix una mirada diferent sobre el que està passant a Santa Catalina. Nascut al barri i amb tota la seva família vinculada als seus carrers, recorda un passat molt diferent de l’actual: “Fa 25 o 30 anys això era un autèntic desastre. Ningú volia viure aquí. Era un suburbi”. Segons el seu relat, aquesta degradació va ser precisament el que va devaluar el barri i va permetre que, anys després, es convertís en un objectiu atractiu per a la inversió. A diferència d’altres veïns, Raúl no assenyala només els compradors estrangers. “El problema no és del que compra, el problema és del que ven”, afirma. I ho explica amb cruesa: “Et ve un suec i et paga quatre vegades més del que val... i què fas?”. En la seva opinió, la pujada de preus i la transformació del barri responen també a la decisió de qui va vendre les seves propietats quan el mercat es va començar a disparar. “De tots els meus amics de quan érem petits no en queda cap”, reconeix.

El problema no és del que compra, el problema és del que ven. Si et ve un suec i et paga quatre vegades més del que val... què fas?”

Raúl — Veí de Santa Catalina

La seva pròpia història reflecteix aquesta contradicció. Raúl vivia en un pis amb lloguer antic —“pagava 117 euros”— quan la propietària va decidir vendre l’edifici per més de mig milió d’euros. No obstant això, en el seu cas va aconseguir una sortida excepcional: un acord de lloguer amb opció de compra que li va permetre adquirir l’habitatge i, posteriorment, tota la finca. “Ara tot és molt car, està enfocat als estrangers, sí”, admet. Però insisteix en el seu diagnòstic: el canvi del barri no s’explica només per qui arriba, sinó també per qui decideix marxar.

A prop d’un dels bars de sempre, el Isleño, dos argentins, Francisco i Gustavo, observen la transformació de Santa Catalina amb una barreja de resignació i anàlisi. Francisco ho resumeix de manera directa: “Cada vegada hi ha menys residents perquè els pisos estan buits o comprats per a ús vacacional”. Després de tres dècades a Mallorca, assegura que el canvi ha estat progressiu, però evident: “Palma ja està una mica envaïda. Ja no és la Palma que m’agradava”. I en el cas concret del barri, ho descriu amb ironia: “Santa Catalina és l’ambaixada sueca”. La conversa deriva ràpidament cap als preus. “Ja ni la compra pots fer, i els cafès costen tres, quatre, cinc euros”, comenta Gustavo. Fins i tot sortir a dinar s’ha convertit en una excepció: “L’altre dia vàrem anar tres a menjar menú i ens vàrem gastar 90 euros”. Per a ells, el problema no és només la presència estrangera, sinó un canvi de model més ampli: “Això ja és tot luxe”.

Francisco, que treballa en el sector turístic, amplia la mirada i situa el fenomen en un context més ampli. “S’està portant tot cap al luxe, menys gent però de més qualitat”, explica, en referència a una estratègia que, segons ell, s’està replicant a tot Balears. No obstant això, adverteix de les seves contradiccions: manca de treballadors, precarietat en el servei i dificultats per sostenir aquest model. Tot i així, ambdós coincideixen en el diagnòstic final: “Aquí ja no hi ha marxa enrere”.

Residents suecs: “És la millor zona”

A més de les agències immobiliàries, a Santa Catalina també s’hi han implantat altres negocis com una fleca sueca, Palma Brand, que reflecteix el canvi del barri i l’arribada de residents estrangers. A l’interior gairebé no s’hi parla espanyol. Molt menys català. Dues clientes, Christin i Ebba, conversen en suec mentre esperen una comanda. Viuen a la zona i no dubten a explicar per què aquest barri s’ha convertit en un dels més atractius per als seus compatriotes. “És la millor zona”, assegura Christin. Destaca la seva ubicació —“és a prop del centre, però sense ser al centre”— i el seu estil de vida: “Els restaurants, l’ambient… és preciós”. També menciona la connexió amb la resta de l’illa i la mar: “Tens tot el que necessites aquí”.

Tanmateix, el seu relat introdueix un matís revelador. “Molts suecs se’n van de Santa Catalina”, diu. El motiu és el mateix que els va atreure: “Hi ha massa suecs”. Segons explica Ebba, la concentració ha arribat a un punt incòmode: “No pots sortir a sopar sense vigilar el que dius, perquè tothom t’entén”. Sobre els preus, apunten a una idea clara: “Els espanyols venen perquè reben molts de doblers”. I conclouen: “Al final, tot depèn dels doblers”.

Sobre la pujada de preus, la seva explicació barreja factors. D'una banda, Christin relativitza el pes dels suecs enfront d'altres compradors: “Els alemanys o els britànics són molts més”. Però també apunta a la dinàmica del mercat: “Els espanyols venen perquè reben molts diners”. En la seva opinió, si els propietaris locals romanguessin en els seus habitatges, el barri seria més divers. “Podria haver-hi una comunitat amb espanyols, suecs, alemanys…”, assenyala. Però conclou amb una idea clara: “Al final, tot depèn dels diners”. En el mateix carrer, un rètol és l'única cosa que queda de Swedish Stuff, un altre forn que va florir a Santa Catalina, però va acabar tancant les seves portes.

A Thomas Bakeshop, Michelle atén els seus clients entre pans i pastissos, però també entre llibres en diversos idiomes. Fa una dècada que viu al barri i defensa el caràcter internacional del lloc. “És el meu somni viure en una ciutat on hi hagi gent de tot el món”, explica. Per a ella, aquesta barreja és precisament l’atractiu: “Aquí ve gent d’Espanya, de Mallorca, d’Amèrica Llatina, d’Alemanya, d’Àsia… tothom és benvingut”. Davant les crítiques veïnals, Michelle, que juntament amb el seu marit regenta Thomas Bakeshop, relativitza el focus sobre el barri i assenyala: “El problema de l’habitatge no és només d’aquí, és de tota Mallorca”. En el seu cas, assegura no haver tengut dificultats, però reconeix la complexitat del context: “És molt complicat”. El seu discurs reflecteix una altra de les mirades presents a Santa Catalina: la d’aquells que entenen la transformació com a part d’una dinàmica global i no exclusivament com un conflicte local.

El problema de l'habitatge no és només de Santa Catalina, sinó de tota Mallorca

Michelle — Copropietària del forn Thomas Bakeshop

La pèrdua de negocis històrics

Durant dècades, els negocis van pertànyer a famílies locals o van allotjar lloguers assequibles, transformats ara en promocions d'alt standing, reduint el nombre d'habitatges i multiplicant el seu valor. El Bar Progreso, obert en 1920 a la Plaça Progrés, va ser durant gairebé un segle un dels símbols del Santa Catalina popular. Regentat durant dècades per la mateixa família, va tancar en 2016 després de la jubilació dels seus propietaris, posant fi a 96 anys d'història. En el seu lloc s'han succeït nous negocis de restauració internacional, reflex del canvi comercial del barri, on els antics bars de tota la vida han estat substituïts per locals orientats a un públic global.

L'impacte de la xarxa immobiliària en Santa Catalina ha adoptat formes que van des del subtil fins al conflictiu. En 2024, veïns van denunciar noves estratègies de captació: immobiliàries que deixaven publicitat en les bústies oferint taxacions gratuïtes acompanyades de brioixos de canyella, una imatge que il·lustra com el desembarcament de capital estranger es filtra fins i tot en els gestos més quotidians. Les actuacions poden aconseguir formes més agressives, com l'assetjament o assetjament psicològic immobiliari: actuacions destinades a forçar la sortida d'un resident mitjançant pressió, fustigació o deterioració de les seves condicions de vida. El Codi Penal, en el seu article 172, les reconeix com a delicte quan es dirigeixen a “impedir a un altre amb violència o intimidació fer el que la llei no prohibeix o compel·lir-li a realitzar el que no vol”, mentre que la Llei estatal d'Habitatge l'identifica com una vulneració del dret a l'habitatge.

Diversos estudis acadèmics coincideixen a assenyalar Santa Catalina com un dels casos més clars de gentrificació a Palma. Recerques de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el col·lectiu Palma XXI documenten com l'arribada d'inversió estrangera i els processos de rehabilitació urbana han anat acompanyats d'un augment sostingut del preu de l'habitatge i del desplaçament de la població resident. En el seu Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina, des de l’Observatori de Gentrificació de Palma XXI descriuen amb claredat el procés que ha viscut la zona en la darrera dècada, marcada per una intensa pressió immobiliària i una transformació social accelerada.

El document parla d’una “revalorització del barri associada a l’arribada de nous residents amb major poder adquisitiu”, una dinàmica que ha convertit un dels antics barris populars de Palma en un espai cada vegada més inaccessible per als seus propis veïns. El canvi no és només una qüestió de preus, sinó de qui es pot quedar. L’informe adverteix d’un procés de substitució progressiva: “La població resident tradicional és substituïda per nous perfils amb major capacitat adquisitiva”. Un fenomen que ja no és puntual, sinó estructural. Comprar és cada vegada més difícil, però quedar-se de lloguer tampoc és una opció realista per a molts. El resultat és un desplaçament silenciós: veïns que se’n van sense titulars, sense desnonaments visibles, però empesos per un mercat que ja no poden assumir.

Per part seva, un estudi de l'investigador Ismael Yrigoy Cadena, inclòs en el llibre El món vist de les ciutats, analitza la transformació de Santa Catalina com a resultat de la interacció entre conversió en zona de vianants i inversió estrangera, vinculant-la amb processos de desplaçament poblacional.

“Esta barriada se ha vuelto infernal”. Antoni, de 79 años, lo dice sin rodeos, apoyado en la acera de una calle donde ya no reconoce a casi nadie. Lleva toda la vida en Santa Catalina, antiguo barrio pesquero que ahora describe como irreconocible: “Mallorquines quedan pocos ya”. En los alrededores, fachadas recién rehabilitadas y escaparates en inglés, alemán... y en sueco. En esta zona de Palma se multiplican los negocios y las inmobiliarias escandinavas que anuncian viviendas cuyo precio alcanza las siete cifras mientras, a pocos pasos, los últimos vecinos de toda la vida observan cómo la barriada cambia de manos. El idioma varía según la mesa de cada bar. El precio, siempre al alza. “Aquí no se puede vivir, aquí no se puede dormir”, lamenta Antoni, quien, en su caso, apunta al ruido constante, los conflictos nocturnos y a una sensación de abandono que, dice, nadie ha sabido frenar.

La transformación no es solo perceptiva. El precio de la vivienda en Santa Catalina se sitúa ya en torno a los 6.200 euros por metro cuadrado -hace una década rondaba los 2.500-, con subidas de más del 14% solo en el último año, según Idealista. En cuanto al alquiler, el más barato que se oferta en este portal inmobiliario asciende a 1.100 euros: un piso de 50 metros sin amueblar. Lo administra Mallorcabyrån Real Estate, una de las numerosas inmobiliarias suecas implantadas en la zona. Y es que estas agencias actúan como intermediarias clave en ese circuito, conectando compradores del norte de Europa con un mercado local cada vez más inaccesible. El resultado, visible en la calle, es un desplazamiento progresivo: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan y vecinos que se marchan. Antoni es uno de ellos: “Estoy esperando irme de aquí enseguida, a otra zona más tranquila”.

A pocos metros aparece Tomeu, quien ha escuchado ecos de la conversación y se suma a la misma. “Es que es un tema que me hierve la sangre”, justifica. Para él, la transformación no es un dato, sino una pérdida personal. “Ahí mis abuelos tenían un colmado, Casa Paco”, explica, señalando una esquina. En ese mismo lugar se conocieron sus padres. Hoy, sin embargo, el local ha cambiado de manos y de función: “Ahora es el típico bar de tostadas de aguacate”. El contraste le duele. Su relato dibuja con precisión el cambio de modelo: de comercio de proximidad a consumo global. En un establecimiento próximo, recuerda, había una papelería donde su abuela le compraba “cochecitos”. Ahora es una vinoteca “de diez euros la copa donde no entra ningún mallorquín”. A su alrededor, lo que queda del barrio original es ya residual: “Solo quedan algunos negocios de siempre, y poco más”.

Solo quedan algunos comercios de los de siempre. Ahí había una papelería en la que mi abuela me compraba cochecitos. Ahora es un sitio de vinos de diez euros la copa donde no entra ningún mallorquín

Tomeu — Vecino de Santa Catalina

'Lilla sverige' (o la 'pequeña Suecia')

Ese “poco más” es el rastro de un barrio que durante décadas funcionó como comunidad: un entramado de viviendas asequibles, familias trabajadoras y una identidad profundamente arraigada al mar y al puerto. En su lugar ha emergido otro espacio, cada vez más globalizado, donde la vivienda se ha convertido en un producto de inversión. La transformación ha sido tan intensa que algunos medios e inmobiliarias lo describen directamente como “la pequeña Suecia”. No es una exageración ni una etiqueta casual. Es la consecuencia visible de más de una década de inversión extranjera –principalmente escandinava– que ha alterado no solo el precio de la vivienda, sino también la composición social y cultural del barrio.

Durante décadas, Santa Catalina era un entramado de viviendas asequibles, familias trabajadoras y una identidad profundamente arraigada al mar y al puerto. En su lugar ha emergido otro espacio, cada vez más globalizado, donde la vivienda se ha convertido en un producto de inversión. La transformación ha sido tan intensa que algunos medios e inmobiliarias lo describen como "la pequeña Suecia"

El punto de inflexión se sitúa tras la crisis de 2008. A partir de 2013, con la recuperación del mercado, la inversión sueca encontró en Santa Catalina un enclave ideal: céntrico, cercano al mar y con un parque inmobiliario antiguo susceptible de revalorización. Lo que para muchos era su hogar, para otros se convirtió en una oportunidad. Edificios enteros comenzaron a cambiar de manos. El patrón se repite: compra a precios relativamente bajos, rehabilitación integral y posterior venta como producto de lujo dirigido a compradores internacionales. En paralelo, los antiguos residentes van desapareciendo: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan, obras que se prolongan durante años. El desplazamiento no siempre es abrupto, pero sí constante.

El negocio inmobiliario

En este proceso, las agencias inmobiliarias desempeñan un papel clave. No solo intermedian en la compra y venta de viviendas, sino que actúan como puente entre el capital extranjero y el mercado local, identificando propiedades con potencial, asesorando inversiones y gestionando activos. Uno de los pilares de este fenómeno ha sido precisamente la implantación de agencias escandinavas especializadas en compradores del norte de Europa.

Una de ellas es BO Mallorca, fundada por la empresaria Vivian Grunblatt, quien reivindica su arraigo en el barrio frente a la percepción de una inmobiliaria vinculada exclusivamente a capital extranjero. “He nacido y crecido aquí y he vivido aquí la mayor parte de mi vida”, subraya en declaraciones a elDiario.es. Su relación con Santa Catalina se remonta a más de cuatro décadas: “Mis padres siempre han tenido despacho y luego casa en Santa Catalina, así que hace más de 40 años que estoy en este barrio”. Desde hace dos décadas dirige su propia inmobiliaria en la zona, lo que, asegura, le ha permitido observar de primera mano su transformación.

Sobre la escalada de precios, Grunblatt rechaza que pueda explicarse únicamente por la llegada de compradores internacionales: “En términos generales, el principal factor detrás de la falta de vivienda a precios asequibles en Palma es la escasez de oferta, especialmente de obra nueva. Durante los últimos diez años, la creación de nuevas viviendas ha sido limitada, lo que ha generado una presión constante sobre los precios”. En el caso de Santa Catalina, añade, el encarecimiento responde también a su evolución como barrio: “Hoy en día cuenta con una oferta gastronómica, cultural y deportiva muy atractiva, lo que ha incrementado notablemente su demanda”. Ese atractivo, sostiene, no solo ha captado a compradores extranjeros –principalmente suecos y alemanes–, sino también a residentes locales con alto poder adquisitivo. “El aumento de precios no puede atribuirse únicamente a la demanda extranjera, sino a una combinación de factores”, insiste, en un contexto en el que, además, las viviendas con terraza o vistas al mar son las que alcanzan los valores más elevados.

En términos generales, el principal factor detrás de la falta de vivienda a precios asequibles en Palma es la escasez de oferta, especialmente de obra nueva. Durante los últimos diez años, la creación de nuevas viviendas ha sido limitada, lo que ha generado una presión constante sobre los precios

Vivian Grunblatt — Propietaria de la agencia inmobiliaria BO Mallorca Real Estate

Otra de las empresas que se han asentado en la 'pequeña Suecia de Palma' es Fastighetsbyrån, presentada como la mayor red inmobiliaria de Suecia. Desde su oficina en la calle Protectora de Palma comercializa viviendas que alcanzan precios de hasta 17,5 millones de euros. Al frente de esta estructura se sitúa Mattias Rosenlund, uno de los perfiles clave en la implantación del negocio inmobiliario escandinavo en Palma. Su actividad no se limita a la intermediación: forma parte de una red que acompaña todo el proceso de inversión, desde la búsqueda de propiedades hasta la gestión posterior del activo. Su figura ejemplifica cómo el capital extranjero accede de forma directa al mercado residencial local.

A esta red se suman otras firmas como Svensk Fastighetsförmedling Real Estate: “Hemos traído el modelo inmobiliario sueco a España y le acompañaremos durante todo el proceso hasta que disfrute del sol, el calor y su hogar español”, se lee en su web, en la que asoman sugerentes recomendaciones como “despiértese con vistas a la sierra y al mar”. También SkandiaMäklarna, que abrió oficina en Palma para captar clientes escandinavos interesados en zonas céntricas con alto potencial de revalorización.

Otras miradas: entre la crítica y la resignación

Frente al malestar generalizado, otro vecino, Raúl, introduce una mirada distinta sobre lo que está ocurriendo en Santa Catalina. Nacido en el barrio y con toda su familia vinculada a sus calles, recuerda un pasado muy diferente al actual: “Hace 25 o 30 años esto era un auténtico desastre. Nadie quería vivir aquí. Era un suburbio”. Según su relato, esa degradación fue precisamente lo que devaluó el barrio y permitió que, años después, se convirtiera en un objetivo atractivo para la inversión. A diferencia de otros vecinos, Raúl no señala solo a los compradores extranjeros. “El problema no es del que compra, el problema es del que vende”, afirma. Y lo explica con crudeza: “Te viene un sueco y te paga cuatro veces más de lo que vale... ¿y qué haces?”. En su opinión, la subida de precios y la transformación del barrio responden también a la decisión de quienes vendieron sus propiedades cuando el mercado empezó a dispararse. “De todos mis amigos de cuando éramos pequeños no queda ninguno”, reconoce.

El problema no es del que compra, el problema es del que vende. Si te viene un sueco y te paga cuatro veces más de lo que vale... ¿qué haces?

Raúl — Vecino de Santa Catalina

Su propia historia refleja esa contradicción. Raúl vivía en un piso con alquiler antiguo –“pagaba 117 euros”– cuando la propietaria decidió vender el edificio por más de medio millón de euros. Sin embargo, en su caso, logró una salida excepcional: un acuerdo de alquiler con opción a compra que le permitió adquirir la vivienda y, posteriormente, toda la finca. “Ahora es todo muy caro, está enfocado a los extranjeros, sí”, admite. Pero insiste en su diagnóstico: el cambio del barrio no se explica solo por quienes llegan, sino también por quienes decidieron marcharse.

Junto a uno de los bares de siempre, el Isleño, dos argentinos, Francisco y Gustavo, observan la transformación de Santa Catalina con una mezcla de resignación y análisis. Francisco lo resume de forma directa: “Cada vez hay menos residentes porque los pisos están vacíos o comprados para uso vacacional”. Tras tres décadas en Mallorca, asegura que el cambio ha sido progresivo, pero evidente: “Palma ya está un poco invadida. Ya no es la Palma que me gustaba”. Y en el caso concreto del barrio, lo describe con ironía: “Santa Catalina es la embajada sueca”. La conversación deriva rápidamente hacia los precios. “Ya ni la compra puedes hacer, y los cafés cuestan tres, cuatro, cinco euros”, comenta Gustavo, comparando el coste de la vida actual con el de hace años. Incluso salir a comer se ha convertido en algo excepcional: “El otro día fuimos tres a comer menú y nos gastamos 90 euros”. Para ellos, el problema no es solo la presencia extranjera, sino un cambio de modelo más amplio: “Esto ya es todo lujo”, señala uno, describiendo una evolución que ha llevado a sustituir la cantidad por la exclusividad.

Francisco, quien trabaja en el sector turístico, amplía la mirada y sitúa el fenómeno en un contexto más amplio. “Se está llevando todo hacia el lujo, menos gente, pero de más calidad”, explica, en referencia a una estrategia que, según él, se está replicando en toda Balears. Sin embargo, advierte de sus contradicciones: falta de trabajadores, precariedad en el servicio y dificultades para sostener ese modelo. Aun así, ambos coinciden en el diagnóstico final: “Aquí ya no hay vuelta atrás”, una frase que resume la sensación compartida de que la transformación del barrio es ya irreversible.

Residentes suecos: “Es la mejor zona”

Además de agencias inmobiliarias, en Santa Catalina también se han implantado otros negocios como una panadería sueca, Palma Brand, que refleja el cambio del barrio y la llegada de residentes extranjeros. Apenas se habla español en su interior. Mucho menos catalán. Dos clientas, Christin y Ebba, conversan en sueco mientras esperan un pedido. Viven en la zona y no dudan en explicar por qué este barrio se ha convertido en uno de los más atractivos para sus compatriotas. “Es la mejor zona”, asegura Christin. Destaca su ubicación –“está cerca del centro, pero sin estar en el centro”– y su estilo de vida: “Los restaurantes, el ambiente… es precioso”. También menciona la conexión con el resto de la isla y el mar: “Tienes todo lo que necesitas aquí, buenas comunicaciones y estás cerca de la ciudad y del mar”.

Sin embargo, su relato introduce un matiz revelador. Según percibe, “muchos suecos se están yendo de Santa Catalina”. El motivo, paradójicamente, es el mismo que atrajo a tantos: “Hay demasiados suecos”. Según describe Ebba, la concentración ha llegado a un punto incómodo incluso para ellos: “No puedes salir a cenar sin tener cuidado con lo que dices, porque todo el mundo te entiende”. A su juicio, el barrio ha alcanzado un nivel de saturación que está empujando a parte de esta comunidad a buscar otras zonas.

Sobre la subida de precios, su explicación mezcla factores. Por un lado, Christin relativiza el peso de los suecos frente a otros compradores: “Los alemanes o los británicos son muchos más”. Pero también apunta a la dinámica del mercado: “Los españoles venden porque reciben mucho dinero”. En su opinión, si los propietarios locales permanecieran en sus viviendas, el barrio sería más diverso. “Podría haber una comunidad con españoles, suecos, alemanes…”, señala. Pero concluye con una idea clara: “Al final, todo depende del dinero”. En la misma calle, un letrero es lo único que queda de Swedish Stuff, otra panadería que floreció en Santa Catalina, pero acabó echando el cierre.

En Thomas Bakeshop, Michelle atiende a sus clientes entre panes y pasteles, pero también entre libros en varios idiomas. Lleva una década viviendo en el barrio y defiende el carácter internacional del lugar. “Es mi sueño vivir en una ciudad donde hay gente de todo el mundo”, explica. Para ella, esa mezcla es precisamente el atractivo: “Aquí viene gente de España, de Mallorca, de América Latina, de Alemania, de Asia… todo el mundo es bienvenido”. Frente a las críticas vecinales, Michelle, quien junto a su marido regenta Thomas Bakeshop, relativiza el foco sobre el barrio y señala: “El problema de la vivienda no es solo de aquí, es de toda Mallorca”. En su caso, asegura no haber tenido dificultades, pero reconoce la complejidad del contexto: “Es muy complicado”. Su discurso refleja otra de las visiones presentes en Santa Catalina: la de quienes entienden la transformación como parte de una dinámica global y no exclusivamente como un conflicto local.

El problema de la vivienda no es solo de Santa Catalina, sino de toda Mallorca

Michelle — Propietaria de la panadería Thomas Bakeshop

La pérdida de históricos negocios

Durante décadas, los negocios pertenecieron a familias locales o alojaron alquileres asequibles, transformados ahora en promociones de alto standing, reduciendo el número de viviendas y multiplicando su valor. El Bar Progreso, abierto en 1920 en la Plaça Progreso, fue durante casi un siglo uno de los símbolos del Santa Catalina popular. Regentado durante décadas por la misma familia, cerró en 2016 tras la jubilación de sus propietarios, poniendo fin a 96 años de historia. En su lugar se han sucedido nuevos negocios de restauración internacional, reflejo del cambio comercial del barrio, donde los antiguos bares de toda la vida han sido sustituidos por locales orientados a un público global.

El impacto de la red inmobiliaria en Santa Catalina ha adoptado formas que van desde lo sutil hasta lo conflictivo. En 2024, vecinos denunciaron nuevas estrategias de captación: inmobiliarias que dejaban publicidad en los buzones ofreciendo tasaciones gratuitas acompañadas de bollos de canela, una imagen que ilustra cómo el desembarco de capital extranjero se filtra incluso en los gestos más cotidianos. Las actuaciones pueden alcanzar formas más agresivas, como el acoso o mobbing inmobiliario: actuaciones destinadas a forzar la salida de un residente mediante presión, hostigamiento o deterioro de sus condiciones de vida. El Código Penal, en su artículo 172, las reconoce como delito cuando se dirigen a “impedir a otro con violencia o intimidación hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle a realizar lo que no quiere”, mientras que la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda lo identifica como una vulneración del derecho a la vivienda.

Diversos estudios académicos coinciden en señalar Santa Catalina como uno de los casos más claros de gentrificación en Palma. Investigaciones de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el colectivo Palma XXI documentan cómo la llegada de inversión extranjera y los procesos de rehabilitación urbana han ido acompañados de un aumento sostenido del precio de la vivienda y del desplazamiento de la población residente. En su 'Informe sobre la gentrificació al barri de Santa Catalina', desde el Observatori de Gentrificació de Palma XXI describen con claridad el proceso que ha vivido la zona en la última década, marcada por una intensa presión inmobiliaria y una transformación social acelerada.

El documento habla de una “revalorización del barrio asociada a la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, una dinámica que ha convertido uno de los antiguos barrios populares de Palma en un espacio cada vez más inaccesible para sus propios vecinos. El cambio no es solo una cuestión de precios, sino de quién puede quedarse. El informe advierte de un proceso de sustitución progresiva: ”La población residente tradicional es sustituida por nuevos perfiles con mayor capacidad adquisitiva“. Un fenómeno que ya no es puntual, sino estructural. Comprar es cada vez más difícil, pero quedarse de alquiler tampoco es una opción realista para muchos. El resultado es un desplazamiento silencioso: vecinos que se marchan sin titulares, sin desahucios visibles, pero empujados por un mercado que ya no pueden asumir.

Por su parte, un estudio del investigador Ismael Yrigoy Cadena, incluido en el libro El mundo visto de las ciudades, analiza la transformación de Santa Catalina como resultado de la interacción entre peatonalización e inversión extranjera, vinculándola con procesos de desplazamiento poblacional.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Expectantes, decenas de empresas, promotores e inversores aspiran a obtener una de las 500 nuevas plazas de alquiler turístico ofertadas en edificios protegidos o catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) de Mallorca. Siguen de cerca la convocatoria, conscientes de que estas autorizaciones, convertidas hoy en un activo codiciado, pueden determinar la rentabilidad de sus proyectos en un mercado limitado que ha disparado el valor de este tipo de licencias. Despachos de abogados y gestorías aprovechan la ocasión para publicar guías sobre cómo participar en el procedimiento y ofrecerles su asesoramiento: “Se trata de un hito especialmente relevante, ya que durante los últimos años la posibilidad de obtener nuevas plazas ha estado condicionada por una moratoria en materia de establecimientos turísticos”, señala uno de los bufetes en su web. Una consultora de alto standing pone incluso precio a cada una de estas plazas: 3.500 euros.

Sin embargo, la decepción no tarda en llegar: los fallos técnicos registrados en el sistema telemático del Consell de Mallorca, responsable de la convocatoria, obligan a suspender y finalmente anular el procedimiento, frustrando las expectativas de quienes confiaban en obtener una de las codiciadas plazas del sector del alquiler vacacional. El sistema telemático de la Bolsa de Alojamientos Turísticos ha colapsado y, con ello, se han abierto las puertas a la batalla judicial.

La primera promotora en recurrir la anulación, producida el pasado mes de septiembre, no ha sido un pequeño propietario. Tras el recurso, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), figura una sociedad aparentemente domiciliada en Palma, Sa Talaia Gestión SL, que está a su vez participada al 100% por un holding patrimonial con sede en Ludwigshafen (Alemania), 4L4M Beteiligungen GmbH. Se trata de una estructura empresarial dedicada a la gestión de activos con el foco puesto, sobre todo, en la explotación de bienes raíces. No es un caso aislado. En Mallorca, numerosas empresas operan como filiales operativas de grupos alemanes, suizos o británicos, un modelo habitual en la inversión inmobiliaria transnacional dado que permite canalizar capital hacia territorios con alta rentabilidad turística.

Una sede 'fantasma'

En concreto, 4L4M Beteiligungen GmbH responde a un esquema habitual en la inversión inmobiliaria alemana. Beteiligungen significa participaciones: su objeto social no es operar hoteles ni anunciar viviendas al consumidor final, sino poseer y gestionar activos a través de filiales. La fórmula GmbH -el equivalente germano de las sociedades limitadas- permite a los empresarios optimizar la fiscalidad de dividendos, gestionar el posible riesgo patrimonial de sus sociedades y agrupar inversiones fuera del país donde se explotan los activos. En el caso de Sa Talaia Gestión SL, esta figura en los distintos registros empresariales como filial operativa de 4L4M Beteiligungen GmbH, cuyo administrador, Joachim Frank Franz Hermann Lampert, aparece vinculado a ambas. En el Registro Mercantil (Borme), Sa Talaia Gestión SL está inscrita desde 2021 como empresa dedicada a la actividad de promoción y alquiler de bienes inmobiliarios

Al no contar con web propia ni con teléfonos o correos electrónicos visibles, elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con esta sociedad personándose en la dirección en la que aparece domiciliada, en pleno casco histórico de Palma, una de las zonas más tensionadas por la expansión del alquiler turístico en paralelo al imparable encarecimiento de la vivienda para residentes. Tras llamar al timbre en varias ocasiones, nadie responde. El domicilio social de Sa Talaia Gestión SL coincide con un despacho jurídico en el que ejercen profesionales que figuran como administradores concursales, apoderados o representantes en distintas sociedades radicadas en las islas -ninguna de ellas Sa Talaia-. Tampoco nadie contesta al llamar a los teléfonos que aparecen en la placa de este bufete colocada en la fachada.

En agosto de 2024, Sa Talaia Gestión figuraba, además, como promotora de una vivienda unifamiliar aislada con piscina en suelo rústico en Sant Llorenç des Cardassar, según los planos técnicos del proyecto analizados por este medio. Se trata de una villa con lámina de agua de más de 34 metros cuadrados, anexo, sótano y garaje: un perfil de inmueble que encaja plenamente en el mercado de alquiler vacacional de gama media-alta. CompanyHouse muestra, además, otras empresas integradas en la red de los Lampert (como WHH Hotel-und Gaststättengesellschaft mbH o Immola Verwaltungs-GmbH) que componen un conglomerado integrado por varias sociedades patrimoniales y hoteleras. No todas tienen presencia en Mallorca, pero confirman que el holding opera a través de múltiples vehículos.

Puerta de entrada del capital extranjero

En declaraciones a elDiario.es, Eduard Vila, abogado especializado en materia de vivienda y mercado inmobiliario, subraya que el auge del alquiler vacacional ha abierto una nueva vía de entrada para inversores internacionales que, décadas atrás, tenían más difícil acceder al sector turístico, dominado por las grandes cadenas hoteleras locales. A diferencia del modelo hotelero tradicional, que exige grandes inversiones y una presencia empresarial visible, la explotación de viviendas permite operar mediante sociedades limitadas y estructuras patrimoniales más flexibles, a menudo con menor exposición pública. “Muchas veces se montan empresas locales como pantalla para que sea más complicado saber si detrás hay una familia que tiene 50 pisos o es una empresa que con 50 accionistas”. Cuando esto ocurre, incide, “ya no estamos hablando de vivir del alquiler turístico, sino de un negocio empresarial con reparto de dividendos”.

Muchas veces se montan empresas locales como pantalla para que sea más complicado saber si detrás hay una familia que tiene 50 pisos o es una empresa que con 50 accionistas. Ya no estamos hablando de vivir del alquiler turístico, sino de un negocio empresarial con reparto de dividendos

Eduard Vila — Abogado especializado en vivienda

El abogado apunta, asimismo, a la desventaja competitiva que esto supone para los operadores locales, al tratarse de inversiones extranjeras de alta capacidad económica con las que “es muy difícil competir”. Y subraya: “Lo que no consiguieron al intentar comprar y gestionar hoteles, ahora lo están haciendo con el alquiler vacacional”, aludiendo así al desembarco del capital internacional en el negocio del alquiler vacacional, un ámbito más accesible y menos concentrado que el sector hotelero tradicional.

La impugnación de la convocatoria del Consell no es un gesto menor: las plazas turísticas son un recurso limitado en Balears y su asignación determina la posibilidad de explotar legalmente viviendas en alquiler de corta duración. En un contexto de contención debido a la creciente saturación turística, cada plaza equivale a un goloso activo económico. El recurso presentado por Sa Talaia Gestión SL introduce un elemento relevante: la defensa judicial de intereses inmobiliarios respaldados por capital extranjero frente a decisiones regulatorias insulares. No se trata solo de una discrepancia administrativa, sino de un pulso entre política pública y estructuras de inversión.

A diferencia del modelo hotelero tradicional, que exige grandes inversiones y una presencia empresarial visible, la explotación de viviendas permite operar mediante sociedades limitadas y estructuras patrimoniales más flexibles, a menudo con menor exposición pública

La judicialización como herramienta empresarial

La utilización de sociedades extranjeras como titulares formales de bienes no es nueva en los tribunales españoles. A través de distintas resoluciones consultadas por este periódico, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo han analizado el papel de mercantiles constituidas bajo la firma alemana Beteiligungen GmbH que reclamaban la propiedad de participaciones sociales y varios inmuebles embargados en España. Los magistrados examinaron si tales mercantiles eran propietarias reales de los bienes o si actuaban como estructuras interpuestas para ocultar al titular efectivo.

En una sentencia de 2009, la Audiencia de Madrid desestimó la demanda interpuesta por Waldimmob Beteiligungen GmbH e Ibhan Handels & Beteiligungs GmbH, que alegaban ser propietarias de la mayoría de participaciones de una empresa española y, junto a esta, reclamaban la titularidad de varios inmuebles embargados para cubrir responsabilidades derivadas de un proceso penal. La sentencia, sin embargo, determinó que no habían probado la adquisición real de los bienes y que las operaciones podían constituir “meras apariencias jurídicas creadas para ocultar la titularidad real” de los activos. Posteriormente, el Supremo aplicó la doctrina del levantamiento del velo societario, un mecanismo que permite ocultar la personalidad jurídica del beneficiario cuando se utiliza para encubrir fraude o abuso.

Aunque estos procedimientos no guardan relación directa con Sa Talaia Gestión SL ni con 4L4M Beteiligungen GmbH, ilustran un criterio consolidado: las estructuras societarias internacionales son legales, pero pueden convertirse en instrumentos de opacidad cuando separan la titularidad formal del control económico real.

El debate sobre quién controla el modelo

En los últimos años, el alquiler turístico se ha convertido en una pieza central del modelo turístico balear. El Consell de Mallorca fijó hace varios años, a través del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), un techo de 430.000 plazas turísticas, de las cuales unas 115.000 corresponden a viviendas vacacionales. El objetivo de establecer este límite pasaba por hacer frente a la creciente masificación que afecta a la isla, golpeada en los últimos años por la sobreconstrucción y la degradación del entorno. El año pasado, el entonces conseller de Turismo, Marcial Rodríguez, planteó la posibilidad de rebajar el tope a las 412.000 plazas (308.000 tradicionales y 104.000 de alquiler turístico). Sin embargo, la institución insular, gobernada por PP y Vox, descarta ahora proceder a esa disminución.

El pasado mes de agosto, con Rodríguez aún como conseller, un análisis pionero del Consell de Mallorca detectó que el 39,5% de la oferta turística en estancias vacacionales que se oferta en plataformas comercializadoras no está registrada ni cuenta con número de licencia en los registros oficiales de la institución insular, por lo que opera de forma ilegal. El estudio arrojaba que, de un promedio mensual de 20.204 publicaciones analizadas, 7.978 (de entre 42.342 plazas turísticas) se corresponden con inmuebles que no cuentan con ningún tipo de control ni garantías y funcionan en competencia desleal con quienes sí cumplen la normativa.

La asociación Habtur, que agrupa a propietarios de viviendas turísticas en Balears, ha denunciado en reiteradas ocasiones un trato desigual respecto a otros operadores del sector. La organización critica el endurecimiento de las limitaciones al alquiler vacacional frente a otras modalidades turísticas, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y reduce el valor económico de las licencias.

Las entidades sociales, por su parte, recriminan que el auge del alquiler vacacional, junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre, ha disparado los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación. No en vano, muchos propietarios prefieren alquilar a turistas a corto plazo para obtener mayor rentabilidad, lo que ha agravado la escasez de vivienda disponible para los ciudadanos locales y ha provocado la pérdida de identidad de las barriadas.

Expectants, desenes d'empreses, promotors i inversors aspiren a obtenir una de les 500 noves places de lloguer turístic ofertades en edificis protegits o catalogats com a Béns d'Interès Cultural (BIC) de Mallorca. Segueixen de prop la convocatòria, conscients que aquestes llicències poden determinar la viabilitat dels seus projectes en un mercat limitat que ha disparat el valor econòmic d'aquest tipus d'autoritzacions. Despatxos d'advocats i gestories aprofiten l'ocasió per publicar guies sobre com participar en el procediment i oferir-los el seu assessorament: “Es tracta d'una fita especialment rellevant, ja que durant els últims anys la possibilitat d'obtenir noves places ha estat condicionada per una moratòria en matèria d'establiments turístics”, assenyala un dels bufets a la seva web. Una consultora d'alt standing posa fins i tot preu a cadascuna d'aquestes places: 3.500 euros.

Tanmateix, la decepció no triga a arribar: les fallades tècniques registrades en el sistema telemàtic del Consell de Mallorca, responsable de la convocatòria, obliguen a suspendre i finalment anul·lar el procediment, frustrant les expectatives dels qui confiaven a accedir a una de les cobejades llicències del sector del lloguer vacacional. El sistema telemàtic de la Borsa d'Allotjaments Turístics ha col·lapsat i, amb això, ha obert les portes a la batalla judicial.

La primera promotora a recórrer l'anul·lació, produïda el passat mes de setembre, no ha estat un petit propietari. Després del recurs, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), figura una societat aparentment domiciliada a Palma, Sa Talaia Gestión SL, que està al seu torn participada al 100% per un holding patrimonial amb seu a Ludwigshafen (Alemanya), 4L4M Beteiligungen GmbH. Es tracta d'una estructura empresarial dedicada a la gestió d'actius amb el focus posat, sobretot, en l'explotació de bens immobles. No és un cas aïllat. A Mallorca, nombroses empreses operen com a filials operatives de grups alemanys, suïssos o britànics, un model habitual en la inversió immobiliària transnacional atès que permet canalitzar capital cap a territoris amb alta rendibilitat turística.

Una seu 'fantasma'

En concret, 4L4M Beteiligungen GmbH respon a un esquema habitual en la inversió immobiliària alemanya. Beteiligungen significa participacions: el seu objecte social no és operar hotels ni anunciar habitatges al consumidor final, sinó posseir i gestionar actius a través de filials. En ocasions, els empresaris empren la fórmula GmbH -l'equivalent germànic de les societats limitades- per optimitzar la fiscalitat de dividends, gestionar el possible risc patrimonial de les seves societats i agrupar inversions fora del país on s'exploten els actius. En el cas de Sa Talaia Gestión SL, aquesta figura en els distints registres empresarials com a filial operativa de 4L4M Beteiligungen GmbH, l'administrador de la qual, Joachim Frank Franz Hermann Lampert, apareix vinculat a ambdues. El Registre Mercantil (Borme) la reflecteix com a empresa dedicada l'activitat de promoció i lloguer de béns immobiliaris.

En no comptar amb web pròpia ni amb telèfons o correus electrònics visibles, elDiario.es ha intentat posar-se en contacte amb aquesta societat personant-se en l'adreça en la qual apareix domiciliada d'acord al Borme, en ple casc històric de Palma, una de les zones més tensionades per l'expansió del lloguer turístic en paral·lel a l'imparable encariment de l'habitatge per a residents. Després de cridar al timbre en diverses ocasions, ningú respon. El domicili social de Sa Talaia Gestión SL coincideix, a més, amb un despatx jurídic en el qual exerceixen professionals que figuren com a administradors concursals, apoderats o representants en distintes societats radicades a les illes –cap d'elles Sa Talaia–. Tampoc ningú contesta en cridar als telèfons que apareixen a la placa d'aquest bufet col·locada a la façana.

A l'agost de 2024, Sa Talaia Gestión figurava com a promotora d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina en sòl rústic a Sant Llorenç des Cardassar, segons els plànols tècnics del projecte analitzats per aquest mitjà. Es tracta d'una vil·la amb làmina d'aigua de més de 34 metres quadrats, annex, soterrani i garatge: un perfil d'immoble que encaixa plenament en el mercat de lloguer vacacional de gamma mitjana-alta. CompanyHouse mostra, a més, altres empreses integrades a la xarxa dels Lampert, com WHH Hotel- und Gaststättengesellschaft mbH, Immola Verwaltungs-GmbH, Rala GmbH & Co. KG, que composen un grup amb diverses societats patrimonials i hoteleres. No totes tenen presència a Mallorca, però confirmen que el holding opera a través de múltiples vehicles.

Porta d'entrada del capital estranger

En declaracions a elDiario.es, Eduard Vila, advocat especialitzat en matèria d'habitatge i mercat immobiliari, subratlla que l'auge del lloguer turístic ha obert una nova via d'entrada per a inversors internacionals que, dècades enrere, tenien més difícil accedir al sector turístic, dominat per les grans cadenes hoteleres locals. A diferència del model hoteler tradicional, que exigeix grans inversions i una presència empresarial visible, l'explotació d'habitatges permet operar mitjançant societats limitades i estructures patrimonials més flexibles, sovint amb menor exposició pública. “Moltes vegades es munten empreses locals com a pantalla perquè sigui més complicat saber si darrere hi ha una família que té 50 pisos o és una empresa que amb 50 accionistes”. Quan això ocorreix, incideix, “ja no estem parlant de viure del lloguer turístic, sinó d'un negoci empresarial amb repartiment de dividends”.

Moltes vegades es munten empreses locals com a pantalla perquè sigui més complicat saber si darrere hi ha una família que té 50 pisos o és una empresa que amb 50 accionistes. Ja no estem parlant de viure del lloguer turístic, sinó d'un negoci empresarial amb repartiment de dividends

Eduard Vila — Advocat especialitzat en habitatges

L'advocat apunta, així mateix, al desavantatge competitiu que això suposa per als operadors locals, en tractar-se d'inversions estrangeres d'alta capacitat econòmica amb les quals “és molt difícil competir”. I subratlla: “El que no van aconseguir en intentar comprar i gestionar hotels, ara ho estan fent amb el lloguer vacacional”, al·ludint així al desembarcament del capital internacional en el negoci del lloguer vacacional, un àmbit més accessible i menys concentrat que el sector hoteler tradicional. I sentencia: “El que no van aconseguir en intentar comprar i gestionar hotels, ara ho estan fent amb el lloguer vacacional”.

La impugnació de la convocatòria de places no és un gest menor: les places turístiques són un recurs limitat a les Balears i la seva assignació determina la possibilitat d'explotar legalment habitatges per a llogar de curta durada. En un context de contenció a causa de la creixent saturació turística, cada plaça equival a un golós actiu econòmic. El recurs presentat per Sa Talaia introdueix un element rellevant: la defensa judicial d'interessos immobiliaris amb el suport de capital estranger enfront de decisions regulatòries insulars. No es tracta només d'una discrepància administrativa, sinó d'un pols entre política pública i estructures d'inversió.

A diferència del model hoteler tradicional, que exigeix grans inversions i una presència empresarial visible, l'explotació d'habitatges permet operar mitjançant societats limitades i estructures patrimonials més flexibles, sovint amb menor exposició pública

La judicialització com a eina empresarial

La utilització de societats estrangeres com a titulars formals de béns no és nova als tribunals espanyols. A través de distintes resolucions consultades per aquest periòdic, l'Audiència Provincial de Madrid i el Tribunal Suprem han analitzat el paper de mercantils constituïdes sota la forma alemanya Beteiligungen GmbH i que reclamaven la propietat de participacions socials i diversos immobles embargats a Espanya. Els magistrats van examinar si tals mercantils eren propietàries reals dels béns o si actuaven com a estructures intermèdies per ocultar el titular efectiu.

En una sentència de 2009, l'Audiència de Madrid va desestimar la demanda interposada per Waldimmob Beteiligungen GmbH i Ibhan Handels & Beteiligungs GmbH, que al·legaven ser propietàries de la majoria de les participacions d'una empresa espanyola i, juntament amb aquesta, reclamaven la titularitat de diversos immobles embargats per cobrir responsabilitats derivades d'un procés penal. La sentència, tanmateix, va determinar que no havien provat l'adquisició real dels béns i que les operacions podien constituir “meres aparences jurídiques creades per ocultar la titularitat real” dels actius. Posteriorment, el Suprem va aplicar la doctrina de l'aixecament del vel societari, un mecanisme que permet ocultar la personalitat jurídica del beneficiari quan s'utilitza per encobrir frau o abús.

Tot i que aquests procediments no guarden relació directa amb Sa Talaia Gestión SL ni amb 4L4M Beteiligungen GmbH, il·lustren un criteri consolidat: les estructures societàries internacionals són legals, però poden convertir-se en instruments d'opacitat quan separen la titularitat formal del control econòmic real.

El debat sobre qui controla el model

En els últims anys, el lloguer turístic s'ha convertit en una peça central del model turístic balear. El Consell de Mallorca va fixar fa diversos anys, a través del Pla d'Intervenció d'Ambients Turístics (PIAT), un sostre de 430.000 places turístiques, de les quals unes 115.000 corresponen a habitatges vacacionals. L'objectiu d'establir aquest límit passava per fer front a la saturació que afecta l'illa, colpejada en els últims anys per la massificació, la sobreconstrucció i la degradació de l'entorn. L'any passat, el llavors conseller de Turisme, Marcial Rodríguez, va plantejar la possibilitat de rebaixar el sostre a les 412.000 places (308.000 tradicionals i 104.000 de lloguer turístic). Tanmateix, la institució insular, governada per PP i Vox, descarta ara procedir a aquesta disminució.

El passat mes d'agost, amb Rodríguez encara com a conseller, una anàlisi pionera del Consell de Mallorca va detectar que el 39,5% de l'oferta turística en estades vacacionals que s'oferta en plataformes comercialitzadores no està registrada ni compta amb nombre de llicències en els registres oficials de la institució insular, per la qual cosa opera de forma il·legal. L'estudi projectava que, d'una mitjana mensual de 20.204 publicacions analitzades, 7.978 (relatives a 42.342 places turístiques) es corresponen amb immobles que no compten amb cap mena de control ni garanties i funcionen en competència deslleial amb qui compleixen la normativa.

L'associació Habtur, que agrupa propietaris d'habitatges turístics a les Balears, ha denunciat en reiterades ocasions un tracte desigual respecte a altres operadors del sector. L'organització critica l'enduriment de les limitacions al lloguer vacacional enfront d'altres modalitats turístiques, la qual cosa, a parer seu, genera inseguretat jurídica i redueix el valor econòmic de les llicències.

Les entitats socials, per la seva banda, recriminen que l'auge del lloguer vacacional, juntament amb l'especulació immobiliària, la compra massiva per part d'estrangers d'alt poder adquisitiu i l'aviditat dels fons voltor, ha disparat els preus de l'habitatge, provocant que nombrós resident es vegin expulsats dels seus barris a conseqüència de la imparable gentrificació. No en va, molts propietaris prefereixen llogar a turistes a curt termini per obtenir major rendibilitat, la qual cosa ha agreujat l'escassetat d'habitatge disponible per als ciutadans locals i ha provocat la pèrdua d'identitat dels barris.

Esporles torna a anar a contracorrent. Aquest poble mallorquí emplaçat en plena Serra de Tramuntana, alguns veïns del qual lluiten des de fa més de dos anys per la desclassificació dels sondejos que el 1976 hauria encarregat Adolfo Suárez per conèixer si l'opinió pública preferia un Estat monàrquic o republicà, ha decidit desafiar les polítiques del Govern de Marga Prohens (PP) en matèria d'habitatge. El ple municipal ha aprovat aquest dijous a darrera hora l'autodeclaració simbòlica de la localitat com a zona tensionada, una figura prevista en la llei estatal d'habitatge que l'Executiu autonòmic, amb el suport de Vox, es nega a aplicar malgrat la creixent pressió immobiliària i de l'imparable encariment dels lloguers. Esporles és, de fet, un dels municipis que de forma més acusada ha vist transformat el seu equilibri social com a conseqüència de l'escalada de preus, la irrupció d'inversors estrangers d'alt poder adquisitiu i el desplaçament gradual dels seus veïns.

“L'Ajuntament està obligat moralment a fer tot el que sigui possible per defensar el dret a l'accés a l'habitatge dels veïns del nostre poble”, subratlla el batle d'Esporles, Josep Ferrà, representant de la coalició ecosobiranista PAS-Més. En declaracions a elDiario.es, assenyala que l'autodeclaració com a municipi tensionat és “un acte d'autodefensa com a poble” i de protecció “dels drets d'aquelles persones que no arriben a final de mes per poder pagar un lloguer”.

Encara que les competències quant a la regulació de l'habitatge corresponen al Govern, el gest permet convertir un problema estructural en un conflicte polític visible. No en va, l'acord aprovat pel ple no es limita a l'autodeclaració com a mercat tensionat, sinó que traça un full de ruta institucional i jurídica: l'Ajuntament traslladarà formalment a l'Executiu la sol·licitud perquè inicii el procediment oficial de declaració de zona tensionada i l'instarà a emetre una resolució motivada basada en dades objectives. Així mateix, impulsarà l'elaboració d'una memòria municipal específica sobre la situació del mercat residencial i, a més, es reservarà el dret d'estudiar accions jurídiques contra la negativa del Govern a desenvolupar a Balears la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge -més coneguda com a llei d'habitatge.

El Consistori també es compromet a continuar desplegant polítiques locals d'accés a l'habitatge i a reforçar l'arrelament de la població resident, i traslladarà els seus acords al Govern, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. La proposta precisa que la declaració de zona tensionada “no és únicament un mecanisme de limitació de preus”, sinó “un instrument integral de política pública”, i llisca que la “negativa genèrica” del Govern a aplicar la llei estatal “pot suposar una vulneració del principi de bona administració”. Així mateix, aclareix que la declaració és compatible amb les polítiques d'augment de l'oferta d'habitatge. L'Ajuntament preveu traslladar els seus acords a l'Executiu balear, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Finques de luxe, veïns desplaçats

Esporles, com altres pobles de la Serra --el pulmó verd de Mallorca declarat en 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO-, ha passat en menys d'una dècada de ser un refugi discret a convertir-se en objectiu del capital internacional i els compradors estrangers d'alt poder adquisitiu. Alguns adquireixen finques per transformar-les en una més de les seves múltiples i luxoses residències; altres, per maximitzar-ne la rendibilitat mitjançant la seva reconversió en hotels boutique o altres negocis vinculats al turisme d'alt nivell. Un procés que no només ha disparat els preus de l'habitatge amb la consegüent expulsió de la seva població resident, sinó que també ha accelerat la privatització progressiva de l'entorn degut al tancament de camins i les restriccions d'accés a espais que durant generacions van ser d'us comú, agreujant amb això el procés de segregació social del municipi.

En aquests moments, el lloguer més barat és el d'un “exclusiu pis” que, segons l'anunci que el publicita a Idealista, destaca pel seu “disseny”, “tranquil·litat” i les seves “vistes a la muntanya”. El preu: 1.500 euros.

Tal com subratlla la moció de PAS-Més, la situació d'emergència habitacional s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat i expulsió residencial tant a Esporles com a la resta de Balears. “El nostre municipi ha experimentat en els últims anys un increment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de la compra. Aquest augment, juntament amb la pressió especulativa, l'escassetat d'oferta residencial i la conversió d'habitatges en usos turístics, ha provocat que moltes famílies es trobin en una situació límit”, prossegueix el text. El resultat, segons el propi document, és un procés d'expulsió residencial que afecta especialment joves i famílies treballadores, obligades a destinar “una part inassumible dels seus ingressos al lloguer”, o bé a abandonar el municipi “en el qual han crescut, treballen o mantenen els seus vincles socials i familiars”.

L'Ajuntament va sol·licitar formalment al Govern la declaració oficial de zona tensionada, però la resposta va ser negativa. La Direcció General d'Habitatge va argumentar que la mesura és una potestat, no una obligació, i va sostenir que la limitació de preus podria reduir l'oferta de lloguer al mercat balear.

El Consistori rebutja aquest raonament. La moció s'empara en la llei estatal d'habitatge, que estableix que un municipi pot ser declarat zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars, els preus hagin crescut de forma sostinguda per sobre de l'IPC, i hi hagi un risc acreditat d'exclusió residencial. L'Ajuntament considera que Esporles compleix aquests indicadors i que la declaració és necessària per protegir la població resident i garantir el dret a l'habitatge. L'autodeclaració simbòlica és, en aquest sentit, un acte de pressió institucional: una forma de forçar el Govern a motivar la seva negativa amb dades concretes o a assumir el cost polític d'ignorar la situació.

Esporles, símbol de resistència municipal

No és el primer cop que Esporles adopta decisions institucionals que el situen en el centre del debat polític, en oberta contradicció, a més, amb el rumb polític del Govern de Prohens. Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica que preveuen materialitzar populars i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes del cop d'Estat de 1936 i la dictadura franquista: d'acord amb les investigacions memorialistes, entre l'aixecament feixista i 1939, els sublevats es van endur, de forma directa o indirecta, la vida d'almenys 21 persones: deu d'elles van ser executades, nou van ser víctimes de desaparició forçada -tres de les quals han estat localitzades i exhumades-, i dues més es van suïcidar.

El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles -constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca- eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats “per tenir unes idees diferents de qui es van sublevar contra la Segona República”. Entre altres mesures, l'ordenança preveu el reconeixement institucional de les víctimes, la instal·lació de plaques i elements commemoratius en espais públics, la revisió dels carrers i dels honors municipals per eliminar referències contràries als valors democràtics, i la creació d'un registre local dels qui van ser perseguits o van patir la confiscació dels seus béns.

També a Esporles, un grup de 74 persones va emprendre fa més de dos anys una insòlita batalla: que el Govern faci públiques les enquestes que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública si preferia un Estat monàrquic o republicà, com el propi mandatari d'UCD confessaria dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. La iniciativa va convertir el municipi en un actor inesperat en el debat històric i polític de la Transició.

Estefanía contempla en el cuadro cómo era su vida hasta hace unos meses: su sombra se proyecta desde el marco de la puerta de su antiguo taller a uno de los patios de los corralones de la calle Castellar. En pleno centro de Sevilla, logró un espacio donde impartía clases y daba rienda suelta a su creatividad, pero la decadencia ha entrado en el recinto industrial. El último lustro ha estado marcado por los desahucios y las pérdidas de varios negocios, mientras las asociaciones implicadas en reivindicar su valor patrimonial y etnológico intentan frenar la especulación y la gentrificación que azota al casco histórico.

“Cuando me dieron el golpe en la puerta, se eclipsó todo. No sabía qué hacer”, relata en conversación con este medio Estefi Yeah, sobrenombre artístico de la afectada. Continúa viviendo en el edificio con la convicción de proteger lo poco que queda, a pesar del ataque, pero el miedo ha hecho mella. La tarde del 28 de agosto llegó al número 48 de la calle Castellar, donde reside con un contrato de alquiler —primero, por escrito y, luego, verbal— y, una vez frente a la puerta, recibió un golpe por la espalda. Se trataba de uno de los vigilantes puestos por la gestora de la propiedad que le exigía, a gritos, la llave de acceso. En mitad del desconcierto, varios hombres arrancaron los portones de madera del zaguán del bloque, sin importar que se estuvieran grabando los hechos, hasta que la policía llegó y paró el conflicto.

Con un parte médico en donde se determina que la agresión provocó una policontusión y una denuncia presentada ante la Policía Nacional, la también organizadora cultural mantiene que a partir de aquel suceso decidió volver a reactivar el tejido asociativo, sin embargo, hay varias voces de los corrales que prefieren el anonimato. A raíz de la entrada de los nuevos administradores de la propiedad, siendo Garajes Santa Inés S.A. la empresa mayoritaria, se han sucedido los desalojos, la pérdida de negocios, las grietas en las paredes y las pintadas como Fuera okupas en las paredes blancas llenas de humedades. El temor que tiene es ser víctima de un desalojo ilegal, apunta, o que “cumplan alguna de sus amenazas”, como abrirle la puerta con un radial, o que el edificio quede inutilizado con tal de “echar” por completo a los residentes.

A la sombra del Palacio de las Dueñas, se suceden las amenazas y varios procesos judiciales que ha ido ganando en distintas sentencias: “No paran de pintar las paredes de afuera y la situación real que hay es que hay inquilinos y también moradores que puede que hayan dejado de pagar, pero han hecho atrocidades humanas”, sostiene en referencia al contexto de algunos vecinos. “Yo creo en este espacio”, afirma.

Abandono de los artesanos

Uno de los últimos altercados registrados tuvo fecha el pasado 21 de enero. La Policía Nacional detuvo a un hombre por un presunto delito de amenazas al increpar a un habitante del inmueble a que desocupara las instalaciones. Este episodio y tantos otros han creado un clima de crispación que ha calado entre los artesanos que intentan sobrevivir a duras penas con sus negocios, destaca la artista junto a los testimonios recogidos por este medio. Estefi Yeah, que aterrizó en la calle Castellar inspirada por el ambiente de compañerismo y posibilidades que se ofrecían, toma como punto de inflexión julio de 2025 tras más de diez años marcados por el deterioro y la dejadez.

La canícula andaluza aplastaba cualquier ánimo contra las piedras. Con las altas temperaturas imperantes en la ciudad, de repente, se produjo una desconexión del suministro eléctrico a principios de mes que afectó a varios locales durante días. Uno de los afectados fue Antuán Martínez, quien perdió cientos de litros de cerveza artesanal que necesitaban una refrigeración constante. Tras la inspección municipal, la propiedad lo acusó a él y a los arrendatarios circundantes de tener la luz pinchada, se desentendió de los problemas ocasionados y no indemnizó a ninguno de los afectados, pese a que ingresaban los suministros mes a mes.

Con una denuncia presentada ante los juzgados y una reclamación interpuesta a la asociación de consumidores Facua, Martínez dejó el taller. La marca BrewFuckers nació con el fin de dar rienda suelta a una de sus pasiones, para experimentar, crear bebidas originales y, de vez en cuando, tomar el sobrante con las amistades que se juntaban alguna tarde. Un recorrido que logró varios reconocimientos en certámenes de cerveza artesanal gracias a la calidad y el singular aroma de sus composiciones. A su vez, se encargó de formar al alumnado del módulo superior de dietética y nutrición, por lo que ya no solo se trataba de un desempeño personal, sino de la educación para decenas de jóvenes.

A caballo entre una actividad en la que invertía tiempo, esfuerzos y expectativas, y maniobrar en unas dependencias desgastadas, describe que el ambiente era cada vez más “desagradable” con respecto a las maneras en que los gestores de la finca trataban a los artesanos que se mantenían en sus puestos y, al mismo tiempo, exigían mejoras en las infraestructuras. Sin llave para las nuevas puertas de acceso metálicas, que habían sustituido a las antiguas de madera, los techos de uralita seguían encima de sus cabezas y, como única respuesta a las reclamaciones, le ofrecieron un cambio de local.

Una propuesta que perjudicaba al artesano, dado que se cambiaban las condiciones del alquiler drásticamente: de 150 euros al mes con suministros aparte, se pasaba a un montante de 600 euros sin agua ni luz. Una subida de precios que iba acompañada de cubículos más estrechos y sin servicio de lavabo, entre otras cuestiones. Por tanto, rechazó la oferta y, tras casi veinte años, se marchó. El procedimiento para reclamar las pérdidas ocasionadas por el desabastecimiento de luz queda en manos de la justicia, a la espera que se resuelva lo más pronto posible con tal de recuperar la fianza y el costo de los últimos meses.

Lucha de décadas

La Asociación Salvemos los Corralones, operativa entre 2015 y finales de la pandemia al igual que la plataforma Trompeta Verde, se movilizó en su momento para favorecer las actividades culturales y de divulgación patrimonial con el fin de que no cayera en el olvido este espacio industrial y lo que había significado para la sociedad andaluza. En un reportaje para la revista El Topo y en varios artículos científicos, la investigadora de la Universidad de Sevilla (US), María Barrero, divulga los orígenes del enclave en una metrópoli donde las barriadas obreras vivían atravesadas por los procesos industriales del siglo XIX y XX. Compuestos de talleres, espacio libre interior y un edificio tapón, los corralones se protegieron individualmente y también a partir del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006.

En la actualidad, quedan los corralones de Castellar, número 48, 50 y 52; Pelícano, nº 4; Pasaje Mallol, nº 8; Bustos Tavera, nº 26, y Pasaje Mallol, nº 11. Ubicados en la zona norte, entre la basílica de la Macarena, la Alameda de Hércules y el Metropol Parasol, los oficios se hicieron hueco en las dependencias y se habilitaban viviendas en las plantas altas para facilitar la vida de los moradores. En contra de la lógica del mercado, esta dinámica permitía alquileres asequibles a los emprendedores que aportaban riqueza del barrio. Sin embargo, la disputa entre los actuales propietarios y los artesanos y los programadores culturales tiene un largo recorrido, mientras que el mercado inmobiliario y la presión turística ejercía presión para hacer un nuevo uso del suelo.

En 2006, la Plataforma de Artesanos y Artistas del Casco Antiguo (PACA) denunciaba el desalojo de varios propietarios que habían desempeñado sus labores durante toda una vida. En paralelo, la popularización de Sevilla y su apuesta como destino turístico dejó titulares llamativos, entre ellos, el de Ryanair recomendando la calle Castellar como un enclave en el que convivían ocio y arte. Una apuesta por revitalizar el inmueble que produjo una serie de denuncias por parte de los vecinos de la zona, produciéndose en septiembre de 2012 el precinto tras la intervención de un dispositivo de las fuerzas de seguridad por la proliferación de bares clandestinos en el interior del inmueble.

Construcción de viviendas

Más allá de ese episodio, la transformación de la apariencia de los corrales ya era imparable. En 2017, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla sancionó por tercera vez consecutiva a los dueños por utilizar los patios como aparcamiento. El acuerdo alcanzado en 2012 era erradicar este tipo de uso y se procedió a multar tanto en octubre de 2013 como junio de 2015 a la propiedad. Pese a las advertencias, se hizo caso omiso y, en la actualidad, tanto los antiguos artesanos como los actuales habitantes, coinciden en que continúan con la misma práctica.

La propiedad, que ha ido pasando de mano en mano, fue adquirida por Manuel Betanzos, quien, en una entrevista grabada en 2013, admite que el proyecto ideal era mantener el tejido asociativo, cultural e industrial, a la vez que se reestructurarían los solares con la construcción de 20 viviendas y un colegio concertado. Pese a las intenciones, desaparece del mapa y queda a cargo como administradora judicial Rocío Hernández, sin mayor explicación.

Pasado el tiempo, los inquilinos dejaron de tener contacto con la recién nombrada y en el año de la pandemia aparecieron en escena los hijos del patriarca, Manuel (hijo), Rocío e Inés, según señalan las personas consultadas por este medio, produciéndose el desencuentro final entre las partes implicadas. Esta cabecera ha intentado ponerse en contacto con la familia, sin respuesta al cierre de esta edición.

Una de las históricas reclamaciones de los colectivos es que el área de Castellar - Dueñas, protegido por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Sevilla y el ARC (Área de Rehabilitación Concertada), pase a ser gestionado por la administración pública con motivo de su importancia patrimonial, urbanística y social. A preguntas de este medio, el Ayuntamiento hispalense afirma que no tienen constancia de ninguna queja formal en el último periodo y que, en cualquier caso, actuarían en caso de que se dañara el patrimonio. En este sentido, cabría destacar que unas dependencias del inmueble sufrió un incendio hace unos meses y se procedió a su derrumbe.

Incendios y derrumbes

Por sorpresa, la propiedad, según los testimonios recogidos, procedió a derruir los habitáculos circundantes para evitar que volvieran las dos personas que habían sido desahuciadas en las semanas anteriores por un grupo de hombres vestidos de negro y sin mediar autoridad competente, siendo uno de los desalojados una persona en silla de ruedas. Hay contabilizados cuatro desalojos en el último periodo, pero sin que se cuente con el apoyo de Servicios Sociales del Ayuntamiento, tal y como le ocurrió a Jimy en el año 2021. En la azotea, llena de escombros, siguen desperdigados los enseres dentro de la habitación con los accesos inutilizados. Además, el tren de borrascas que ha asolado a Andalucía entre enero y febrero ha provocado goteras y destrozo de materiales dentro de los locales. Unas filtraciones que se dan con motivo del precario estado de conservación del complejo.

“Llevamos años reclamando reparaciones mientras cumplíamos con nuestras obligaciones: pagamos el alquiler y la respuesta siempre ha sido que no había forma de hacer nada”, critican dos de los comerciantes afectados que prefieren mantenerse en el anonimato, “es insostenible”.

Tras la inversión realizada en las instalaciones para acomodar el espacio, de repente, es imposible continuar con las actividades que eran su sustento económico. Las desavenencias con la propiedad se acumulan y el paso del tiempo hace cristalizar el abandono de los patios: “Aquello estaba absolutamente lleno de gente y, al final, queda un torneador y algún que otro local más”, lamenta uno de ellos. “Era una cosa de ir empujando, de empeñarse, de ir poco a poco, en un sitio que estaba cerca de casa, con una ubicación cómoda y en donde no se molestaba a nadie”, rememora. En un callejón que parece cada vez más estrecho, los implicados han comenzado a reunirse y definir cuáles serán las siguientes líneas de actuación para dar vitalidad, una vez más, a los corralones.

Cuando un proyecto une la calidad a unos valores que representan a quienes los hacen se produce una alineación de planetas. Se nota que eso ocurre en Ravalear. La serie de Pol Rodríguez basada en la historia real del restaurante de sus padres en el Raval, que fue adquirido por un fondo buitre, se ha convertido en una ficción que mira de forma clínica el problema de la vivienda. Lo hace con ritmo, fuerza, sin maniqueísmos y contando lo que no se suele contar.

Y se nota que todo el mundo cree en el proyecto y está contento con lo que han hecho. Los primeros, sus intérpretes. En la Berlinale estuvieron todos como una familia (lo son en la ficción), disfrutando de ser la primera serie española en estar en el certamen. Se notaba también en las entrevistas. Enric Auquer y María Rodríguez Soto son dos de los protagonistas —y dos de los mejores actores de su generación—, y ellos mismos encarnan el compromiso que se desprende de la serie con esta problemática. Auquer está afiliado al Sindicat de Llogateres y, cuando recogió el año pasado el premio Gaudí, pidió solidaridad para pasar un desahucio.

¿Sabían cuando leyeron el guion que estaba basado en la historia del director Pol Rodríguez?, ¿cómo cambió eso su percepción?

María Rodríguez Soto: A mí me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo había comido en Can Lluís y me lo había pasado superbién allí, pero no sabía que había pasado esto después de la pandemia. Y cuando me llegó la serie y lo leí, dije, “guau, qué fuerte y qué bien que lo ha explicado”. Pensé que qué suerte formar parte de esto, la verdad.

Enric Auquer: Sí, yo lo fui entendiendo cada vez más. Tú vas oyendo en las noticias no sé cuántos desahucios y ya parece que es como si ayer llovió. Pero de repente te pones pragmático y dices, pobre gente, que ha perdido un restaurante. Pero vas entrando y entrando, y vas viendo, y es lo que fui entendiendo. Ha sido un viaje muy bonito porque Pol lo explica muy bien, es muy sensible, se va abriendo poco a poco, y vas viendo el dolor que ha generado todo eso.

La serie muestra las interioridades y todas las aristas que acompañan a un desahucio y en un proceso como este. ¿Este trabajo les ha hecho ser más o menos optimista con lo que está pasando con la vivienda?

M.R.S.: Creo que nuestra cara lo dice todo. Hay algo que nos está comiendo y que es muy incontrolable, que no tiene nada que ver seguramente con la clase de la que nosotros formamos parte, que es una cosa llamada capitalismo y que está por encima de nosotros y que no tiene nada que ver ni con Barcelona, ni con Madrid, ni con Berlín, que está en el mundo entero. Y luego también hay algo muy bonito, de comunidad, y hay una esperanza en eso. Y aunque el monstruo sea tan grande, que siga habiendo esperanza es muy importante, y no nos podemos desconectar de ahí.

E.A.: Yo veo que hay organizaciones. Yo estoy afiliado al Sindicat de Llogateres (el Sindicato de Inquilinas) y veo lo que se va haciendo y creo que hay esperanza si la gente hace cosas. Pero la cosa es tan perversa que hay esa sensación, estas lógicas aplastantes del relato que nos damos, que parece que si una persona ofrece más dinero por algo, tiene más derecho porque así funciona el sistema y el mercado. Y esto es un drama. Es que parece que aunque tú hayas contribuido desde hace casi 100 años a la comunidad con un establecimiento que tiene un valor sentimental, personal y colectivo, eso no tiene ningún valor porque solo tiene valor el dinero, y eso es perverso. 

Creo que tendríamos que ir cogiendo conciencia, porque está ese discurso de que el mercado se regula a sí mismo y eso es el dogma del capitalismo. Pero pensemos, ¿qué comunidades queremos generar?, ¿qué ciudades de futuro? Tanto tú, persona millonaria que tienes 15 pisos, como yo. Creo que el capitalismo, desde que yo estoy vivo, ha ido avanzando tanto que o cogen conciencia los que tienen poder o no sé.

Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitre

María Rodríguez Soto — Actriz

M.R.S.: Es que es heavy cómo han conseguido que nos dé más miedo que nos puedan okupar la casa que los fondos buitres. Hay una disociación muy heavy entre la realidad que está pasando y quien está haciendo de la vivienda un bien de mercado. Hay algo que han conseguido hacer muy bien, y es que han cambiado el foco del miedo.

E.A.: Es que no hay un interés colectivo. Es que cómo pueden ser tan perversos que generáis algo no sostenible, que ya no se puede sostener ni para ti ni para mí ni para nadie. Estiráis tanto el chicle, hijos de puta. Lo estiráis tanto, que lo reventáis todo. Hay que ir con cuidado, y si no tendría que haber un estado responsable, un gobierno que sea responsable y que regule la vivienda. Es que cabrea mucho. Yo veo una de sufrimiento a mi alrededor y un mal vivir que es como…

M.R.S.: Y la impunidad de seguir haciendo eso y que les dé igual.

Sus personajes hacen un acto de rebelión porque no les están protegiendo, pero también están en una situación de privilegio frente a otras muchas personas que no pueden ni siquiera plantearse esa rebelión.

M.R.S.: De eso va la serie en el fondo, de ver todos los sustratos de la sociedad y cómo ellos se aprovechan de nosotros, pero nosotros nos podemos aprovechar de gente que está por debajo de nosotros. Es que es como funciona el mundo, o como nos han hecho creer que funciona el mundo. Y aquí está el debate y hay que ponerlo sobre la mesa y ser consciente siempre del privilegio que tienes. Es difícil, pero creo que es un deber.

E.A.: La familia de Pol tuvo esa situación y perdieron. Hay un momento en que aceptas y dices: pues ya está. Y ahí hay un desastre familiar, un duelo, una tristeza. Esta serie plantea qué pasaría si no te rindes, si llevas esto hasta sus últimas consecuencias. Ahí está la chispa de la serie. Y luego preguntarnos hasta dónde somos capaces, qué legitimamos en esa lucha contra una persona que tiene más poder que tú. Y cómo, como espectador, también no eres muchas veces consciente del privilegio que tienes. Nos pasa mucho en Occidente, que te puedes sentir oprimido por unas élites, pero luego hay personas con menos privilegios y tú estás ejerciendo el tuyo. Es lo que plantea la serie.

Creo que han participado muchas asociaciones del Raval, mucho tejido social, ¿cómo ha sido introducirles, se han sentido parte de una serie que estaba también apostando por formas distintas de trabajar?

M.R.S.: Pues ha sido superenriquecedor. Creo que también es uno de los grandes aciertos de esta serie, que todo el mundo forme parte de ella. A veces pasa que cuando juntas actores profesionales y actores no profesionales hay un decalaje, pero aquí ha habido una escucha muy recíproca, muy sencilla y que nos hemos puesto todos en un tono. Y eso tiene mucho que ver también en cómo ruedan. Es que las cámaras a veces ni las veíamos.

E.A.: Al final es una serie con una voluntad política muy grande y creo que está bien incorporar voces distintas, disidentes o que incluso no están del todo de acuerdo con la serie. Intentar escuchar a todos. Hay también una voluntad política en, si estamos hablando de esto, pues pasar el guion a sindicatos distintos, hablar con organizaciones del barrio… y creo que esto era importante. Seguramente no ha sido perfecto y seguramente habrá gente que se sentirá marginada o que no se sentirá representada.

¿Con qué les gustaría que se quedara la gente de Ravalear?, ¿puede generar algo en la sociedad?

M.R.S.: Ojalá genere un cambio. Es complicado, pero yo creo que poner este tema encima de la mesa y que trascienda más allá de ver la serie con tus amigos o con tu pareja o con quien sea, y que quizá una conciencia se abra. Yo con eso ya me quedo un poco contenta, la verdad.

E.A.: Yo creo que las series no cambian nada. Que la gente se lo pase muy bien y que tenga un referente de algo, que sepa que existen cosas y que cuando sienta la injusticia en su propia carne, diga, voy a volver a ver esa serie, me voy a reunir con alguna asociación que tenga recursos como para poder acompañarme. A veces en la militancia la gente no sabe muy bien dónde acudir o están muy individualizados o el colectivo ha dejado de estar en su vida o se siente solo. 

Entonces, sobre todo, que se lo pasen bien y que cojan un cabreo. Hay algo muy triste en esta serie, y es que acabas y dices joder, todo este lío por esta mierda, por cuatro duros. Hay algo de un poco de asco. No quiero ser nihilista, creo que es una serie que tiene su luz también, y eso me gusta, porque no es un relato derrotista ni nihilista.

Entrevista completa

El director Pol Rodríguez (codirector junto a Isaki Lacuesta de Segundo Premio) creció entre fogones. Los del restaurante familiar en el que durante 90 años toda su familia trabajó dando de comer a la gente que se acercaba por un sitio que se convirtió en emblema del Raval. Por allí pasaba desde cualquier vecino del barrio hasta círculos intelectuales del entorno barcelonés, como José Luis Guerín o Joaquim Jordà. Lo que pasó a aquella casa de comidas podría haber sido una trama de En construcción, el documental de Guerín que en 2001 mostró el comienzo de la gentrificación en aquel barrio.

Un fondo buitre compró el edificio y logró que la familia de Rodríguez tuviera que dejar aquel lugar en el que habían crecido y pasado toda su vida. Aquella historia, que funciona como ejemplo paradigmático de la turistificación de Barcelona y de otras ciudades y del problema de la vivienda en España, se ha convertido en una serie creada y dirigida por el propio Pol Rodríguez junto a su amigo Isaki Lacuesta. Una serie con la que, además, se cierra un círculo. Fue en esa casa de comidas donde conoció a Jordá, comenzó a trabajar de ayudante de dirección con él, y ahí se encontró con Isaki Lacuesta, con quien ahora firma la serie.

Ravalear, que así se llama la serie, se ha proyectado en el Festival de Berlín, donde ha desvelado sus dos primeros episodios. Dos capítulos que apuntan a que estamos ante una de las series del año. Una ficción donde la realidad se cuela, donde incluso parece que hay partes grabadas con cámara oculta en el Raval, y con un toque de guerrilla que se cuela en este ejercicio de estilo creado a golpe de montaje, banda sonora y unas interpretaciones excelentes de un cast comandado por tres de los mejores actores de su generación: Enric Auquer, María Rodríguez Soto y un Quim Ávila al que le deberían empezar a llover los papeles.

Auquer se convierte, de alguna forma, en un trampantojo del propio Rodríguez en la serie. Un joven que ve cómo el sueño de sus padres de comprar por fin el restaurante que durante décadas han alquilado y han regentado se desvanece por el engaño de un fondo buitre que les deja tirados, y vende el local (y todo el edificio al mejor postor). Ravalear muestra la realidad del mercado inmobiliario, las tretas de las empresas para echar a los inquilinos y las consecuencias en el tejido social y en los barrios de todo ello. Podría, de hecho, ser la secuela espiritual de aquella En construcción que citábamos.

Hasta Berlín ha venido la familia de la ficción y Pol Rodríguez, que se mostraba emocionado y nervioso por compartir una historia que, de alguna forma, es la suya. De hecho, también ha venido su familia real, sus padres, que confesaban que cuando vieron la serie terminada se emocionaron al ver tantos recuerdos allí plasmados. Rodríguez cree que en esta serie hay algo de “venganza”, pero también de “sanación”.

Lo que hay es una clara mirada a un problema que nos atañe a todos y que expulsa a la gente de las ciudades para ponerlas al servicio de fondos buitre y turistas. Aclara también que está “inspirado” en lo que pasó en su familia. “Tuvimos un restaurante en el barrio del Raval durante 90 años, y en el 2021 tuvimos que cerrar con un desahucio y tuvimos ese proceso de lucha contra un fondo de inversión que duró más o menos unos cinco años. Yo estaba ya escribiendo una historia sobre la falta habitacional en la ciudad. De repente me di cuenta de que la realidad estaba entrando ya en la ficción directamente. Entonces fue cuando decidí introducir toda la trama de la familia e, investigando sobre fondos de inversión, me di cuenta de la complejidad y de la profundidad del asunto”, explica desde Berlín. 

La complejidad del asunto le hizo ver que no podía ser una película, sino una serie donde abordar todas las aristas y complejidades de un tema con el que le cuesta ser optimista. “A nivel político, es muy obvio que no hay un interés en regular una problemática que nos afecta a todos, pero también nosotros mismos, como clase media, nos hemos convertido todos en turistas. Al final ahora somos dos tipos de personas: o somos turistas o gente sin casa. Es así de claro. Los que tenemos una casa podemos viajar y viajamos. Entonces, ¿cuánto de culpabilidad tenemos nosotros mismos en todo ello?”, analiza, y espera que la serie abra el debate que haga “ponerse las pilas a los políticos”.

La serie muestra cómo esa lucha que se da en el barrio del Raval, entre mantener su esencia o rendirse a las nuevas modas, también se produce dentro del restaurante, donde uno de los hijos quiere apostar por un menú más caro y pijo mientras que el otro apuesta por mantener la esencia popular del local. En palabras de Rodríguez, “la serie va sobre cuánto necesitamos el progreso y a qué precio”. “Pasa en las ciudades y pasa en la cocina. Me interesa muchísimo esta contradicción de cómo el pasado a veces te ata y qué lastre tienes que dejar para poder avanzar, pero al mismo tiempo, muchas veces arrasas con cosas que no deberías arrasar por ese progreso”, opina.

Con Ravalear quiso que también hubiera una coherencia, que “el Raval entrara a cucharadas en la serie”. Eso se nota en la puesta en escena, con esas tomas lejanas y esos zooms que captan la esencia del barrio, pero también en cómo han trabajado introduciendo a las ONG y asociaciones que trabajan en sus calles. “En este caso, en el que hablábamos de una problemática social, yo quería conocerla de primera mano. No quería hablar desde mi pequeño despacho, mi pequeña oficina, sino trabajar con ellos. Nos abrieron sus puertas. Nos enseñaron sus dinámicas”, recuerda. Entre todos han construido una de las series que, sin duda, va a marcar el 2026 en el audiovisual español.

Aunque la saga Animal Crossing cuenta desde su debut con apasionados seguidores, atraídos por la estética adorable y la experiencia de juego relajada, era imposible prever el éxito mundial que cosecharía debido a la pandemia de covid. New Horizons se publicó menos de una semana después del confinamiento y, rápidamente, supuso un oasis de paz, un refugio donde encontrar rutina en una situación de excepcionalidad y desde el cual generar vínculos, ya fuera con los adorables animales antropomórficos que pueblan ese universo o con otros jugadores. Tras seis años de su lanzamiento, el título acaba de recibir una actualización gratuita, que ha reavivado el interés por la obra a la vez que las conversaciones acerca de su mensaje. ¿El motivo? Entre las novedades de la versión 3.0 se incluye un hotel, cuya apertura deviene en turistificación.

New Horizons sigue a un aldeano que se muda a una isla desierta, a la que van llegando vecinos y servicios, como una tienda, una mercería o un museo. Sin objetivos marcados ni rutas predefinidas, la libertad creativa y la tranquilidad que emanan de la experiencia han hecho las delicias de los casi cincuenta millones de personas que lo han comprado. Por eso, muchos usuarios se quejan de cómo la irrupción del turismo está trastocando su manera de jugar. Cuando la familia del Capitán —una tortuga marina inspirada en los kappa japoneses— abre un alojamiento en el muelle, empiezan a aparecer nuevos personajes, que se alojan en una de las nueve habitaciones disponibles y pululan a su ritmo por los terrenos. Como consecuencia, las redes se han llenado de carteles de “Tourist go home” plantados por los usuarios en la entrada del polémico establecimiento.

Para un gran seguidor de la saga como Eric Rodríguez, de Leyendas & Videojuegos, “la nueva actualización altera el juego”. “Es una sensación muy extraña estar en tu isla, con los vecinos con los que has creado relaciones, en las calles que has pavimentado, haciendo lo que después de años ya se ha convertido en una rutina, pero con cuatro o cinco turistas deambulando en todo momento”, relata. De esta forma, se reproduce la dinámica del turista que, con su presencia, transforma los procesos sociales dentro del territorio que visita. Esta sensación entronca con los comentarios de Nerea Pérez de las Heras en el programa de Saldremos mejores dedicado a la turistificación, en el cual argumentaba que en el madrileño barrio de Malasaña “ya no hay personas, solo NPC [personajes no jugables]”, “relleno de videojuego”. El malestar que identificaba la comunicadora tiene ahora su reflejo en un entorno virtual que era considerado un espacio seguro.

“Hay demasiados turistas, no aportan nada y hablar con ellos es un rollo porque las personalidades se repiten”, explica a este diario Alicia, una jugadora que no está conforme con los cambios. Añade que, aunque suene superficial, encima estos suelen ser “modelos de personaje feos”. No es la única para quien esta cuestión ornamental importa, pues muchos se quejan de que la aparición de turistas rompe con la estética que habían creado, en la que, por ejemplo, un viajero de aspecto estridente como la oveja payaso Kikolor no encajaba con su cuidada atmósfera otoñal de tonos neutros. La videoensayista FlurryMoon señala en su canal que este malestar se debe a que es el único elemento sobre el que los usuarios no tienen control en un juego que te convierte en un “dictador en un entorno limitado”.

Esa es la razón por la cual estima refrescante la aparición de animales que añaden aleatoriedad. De la misma opinión es el streamer Salva Gamer, quien, aunque bromeó en sus redes creando una habitación de hotel que emulase una cárcel para “dar voz a las quejas”, en realidad disfruta “conociendo otros vecinos diferentes a los de tu isla”. Al mismo tiempo, es consciente de que, a diferencia de lo que sucedía en el título para Wii Animal Crossing: City Folk, donde había visitantes externos al foco de la acción en una zona comercial, las interacciones en esta ocasión resultan demasiado efímeras, lo que impide conectar con estos personajes tan “independientes”.

Omnipotencia decorativa

Animal Crossing nace con la vocación de generar comunidad, primero local al fomentar compartir la experiencia entre integrantes del núcleo familiar, y después global, con la inclusión de modos de juego o intercambio online, algo que terminó de explotar durante la pandemia, cuando se celebraban reuniones grupales digitales en un espacio libre de carga vírica. Pese a la importancia que tuvo el encuentro en su lanzamiento, las actualizaciones han otorgado mayor relevancia al diseño, algo en sintonía con los últimos videojuegos de la franquicia, con spin-offs como Happy Home Designer o la versión para móviles Pocket Camp, donde la acumulación de objetos y el colocarlos se convierten en el gran foco. Para Rodríguez, “la saga ha dejado atrás las raíces sociales y de convivencia compartida, para centrarse en la personalización y la decoración”.

Parece lógico el cambio, dado que la decoración cautiva a muchos jugadores. Alicia asegura que disfruta “ese aspecto de ir desbloqueando y descubriendo muebles, suelos o paredes nuevos”. Ella, que se considera una jugadora que va bastante a su aire, reconoce que “ver otras islas a veces inspira o da rabia”, dependiendo de las decisiones tomadas por esos otros usuarios. Salva, por su parte, opina que la saga fomenta más compartir que competir, pues “la comunidad de Animal Crossing se divierte precisamente compartiendo sus creaciones”. “Me encanta enseñar en mi canal cómo evoluciona mi isla o cómo construyo desde cero, para que todo aquel que piensa que es muy difícil hacer zonas chulas sepa que no lo es tanto, vea cómo hacerlo paso a paso y pueda coger ideas”, expresa. 

Pero potenciar la decoración implica primar la acumulación de enseres —que incluyen de manera más habitual colaboraciones con marcas, con la reciente aparición de muebles o vecinos inspirados en otras franquicias de Nintendo como Splatoon o The Legend of Zelda que normalizan el merchandising dentro del juego como algo aspiracional— y permitir al jugador controlar cada vez más elementos, desde cómo es la orografía de la isla hasta cómo son los hogares de sus vecinos, quienes se convierten en meros elementos del escenario, como destaca la periodista Paula García en Eurogamer. También Eric Rodríguez comentaba en un reciente videoensayo que, al poner la isla entera a disposición del jugador, New Horizons va en contra de la esencia original de su creación. Lejos queda esa primera entrega, donde una fuente mágica revelaba si el pueblo estaba equilibrado con la naturaleza y la vida seguía sin la presencia del jugador. Ahora, esa naturaleza queda supeditada a la voluntad del usuario que, pese a su poder infinito, no es capaz de controlar el turismo. 

Fantasía capitalista o escapista

Mucho se ha discutido sobre si Animal Crossing propone modelos organizativos alternativos o solo proporciona una vía de escape capitalista. Su propio punto de partida parte de esta disyuntiva: el jugador siempre contrae una hipoteca con el mapache Tom Nook, quien, sin embargo, nunca presiona para recuperar el dinero. Animal Crossing encapsula así muchas de las contradicciones de los cozy games y, como bien resumía Pablo Algaba en su ensayo La aldea feliz, un viaje a través de Animal Crossing, la franquicia es “medicina para un desencanto”, pero “producida, empaquetada y vendida por una multinacional que responde ante sus accionistas”. Desde su perspectiva, estas mecánicas demuestran que “resulta más sencillo imaginarnos nuestra utopía como un capitalismo guay que como un paradigma completamente nuevo”.

Con esta nueva actualización, queda patente que el progreso en la isla pasa necesariamente por el intercambio económico. Alicia afirma que la apertura del hotel “apoya el discurso de que un lugar solo puede desarrollarse a través del turismo”. De ahí que, pese a que le parece “genial alargarle la vida a un juego de forma significativa sin tener que gastar dinero en expansiones”, cavila que “normalizar la gentrificación resulta bastante peligroso”, en especial para jugadores jóvenes.

Salva Gamer indica que, como simulador, es normal que Animal Crossing presente similitudes con la realidad, aunque matiza que “no se están eliminando recursos de nuestros residentes para dedicarlos a los turistas”, así que no le parece que “el turismo se haga de una manera ‘agresiva’, permitiendo que los residentes sigan conviviendo de la misma manera agradable que antes”. Bad Bunny no cantará sobre lo que le pasó a esta isla, pero es relevante que haya surgido un debate que dialoga con cómo el videojuego ha explorado la crisis de la vivienda.

Para Eric Rodríguez, que inició su canal precisamente para “utilizar los videojuegos como forma de hablar de temas variados”, esta actualización “está revelando a mucha gente lo que se siente al vivir en un lugar masificado”. En su caso, que dejó “una ciudad que vive casi completamente del turismo” para mudarse a un pueblo pequeño donde atesora el ambiente “íntimo y familiar”, cavila que, “si de la noche a la mañana empezase a ver a turistas dando vueltas sin respetar las costumbres locales”, probablemente le “molestaría de una forma muy parecida a cómo a los jugadores les está molestando encontrarse a NPC en sus construcciones de New Horizons”. Termina reflexionando sobre cómo hay gente que ha dedicado mucho tiempo a sus islas, “por lo que verlas ahora convertidas en atracción turística, y sin forma ninguna de gestionar por dónde se desplazan esos personajes o cómo interactúan con ella, es comprensible que genere resentimiento y divida a la comunidad”. 

José Luis Guerín habla con calma. Despacio. Piensa sus respuestas. Hay algo en su forma de hablar que parece que se vincula con su cine. Un cine que se toma su tiempo. Que en un momento donde corren las prisas, donde todo es fórmula y algoritmo, se toma la molestia de mirar sin prejuicios. De pararse y reposar cada plano, cada frase. Que deja espacio para que el espectador se emocione y piense.

No es una novedad. Su cine siempre ha sido así. Y por eso, mientras que casi todas las películas que llegan cada fin de semana se olvidan en un santiamén, las suyas permanecen en el recuerdo, crecen y se reivindican. Solo hay que volver a ver algunas de sus obras maestras como Innisfree y En construcción, que habló de la gentrificación en los barrios hace 25 años, cuando la palabra casi ni existía. Dos películas que parecen las precuelas espirituales de su nuevo filme, Historias del buen valle —por la que ganó el Premio Especial del Jurado en San Sebastián—, donde pone su mirada en otra comunidad en los márgenes, el barrio de Vallbona, para sacar la dignidad de una comunidad amenazada por los procesos urbanísticos que destrozan las ciudades. 

¿Cuándo es la primera vez que descubrió Vallbona?, ¿hay algo instintivo cuando ve a una persona o un sitio que le hace sentir que quiere captarles con su cámara?

En todas partes hay algo. Yo no establezco ninguna diferencia entre aquellas películas que han partido de una fantasía inicial mía o si me han propuesto hacer algo. Porque lo único importante es si te implicas o no te implicas. Cuando me hacen una propuesta para hacer algo, deben garantizarme que puedo hacer lo que me dé la gana en cuanto a libertad de mirada. No hay temas buenos y temas malos, sino que todo es una cuestión de perspectiva, de mirada, para encontrar dónde está lo revelador. Incluso cuando visito lugares que diría que me desagradan, tiendo a pensar que el problema no es del lugar, sino que es mío, porque no le he dedicado el tiempo para mirarlo.

En ese sentido, las primeras visitas a Vallbona fueron un poco desalentadoras, pues es un espacio que a primeras yo creo que resulta muy inhóspito, sin espacio, sin vida en el espacio público. Era lo más opuesto al barrio En construcción, donde todas las historias y personajes estaban muy a la vista, a pie de calle. Aquí había que hacer otro tipo de trabajo mucho más introspectivo para ir encontrando las formas de mirar a través de los personajes que querían colaborar con nosotros.

Suele decir que el cine suele estar demasiado vinculado a la importancia del tema del que habla la película. 

En eso a veces discuto mucho con cineastas jóvenes, con estudiantes, cuando tengo mis pinitos en la docencia. Porque casi que lo proyectan todo en la importancia de un tema. Hay muchas películas que hablan de lo que conocen, de la proximidad. Ahora está muy de moda esa introspección hacia lo propio y hacia el entorno más inmediato, que no me parece nada mal, pero corre el riesgo de hacer del cine algo muy endogámico. Eso es algo también que está en la sociedad en general. El problema del ombliguismo, del narcisismo. A veces incluso te acusan de si quieres ponerte en relación con otras realidades que no son la tuya.

Curiosamente eso lo menciona Lucrecia Martel en una de las charlas que se han recogido en su último libro: que no hay que tener miedo a que te digan que es apropiación cultural, porque si uno se acerca de una forma honesta, eso no pasa.

Claro, es que entiendo sobre todo el cine como una forma de tender puentes. Imagínate lo triste que sería la historia del cine si cada cineasta se limitara a filmar su entorno inmediato y su realidad inmediata. Es un fenómeno también reciente el de indagar en el entorno más próximo y ha dado cosas extraordinarias. También el cine en primera persona, por ejemplo, que es algo que conoce su eclosión con la cultura digital, sobre todo con la proliferación de cámaras y equipos muy ligeros. Antes era muy difícil. Jonas Mekas fue uno de los pioneros en eso, Chantal Akerman también. Y ahora constato cuando estoy en algunos talleres de cine documental que es lo que mayoritariamente atrae a los jóvenes.

¿Puede que sea también por la precariedad del cine, que sea más fácil rodar con poco dinero algo pequeño y que esté cerca?

Sí. Es interesante lo que planteas. Seguro que sí. Y hay algo muy bueno en la democratización de la tecnología. En principio es algo muy bueno, pero comporta inevitablemente una vulgarización también. Pasa en cualquier medio. Pero, en la medida en que se democratizan más los medios, hemos de imponer un plus de disciplina formal, de tensar la escritura para devolver una cierta gravedad, una cierta fuerza a nuestras imágenes, porque si no, todo acaba en el vertedero de YouTube.

Imagínate lo triste que sería la historia del cine si cada cineasta se limitara a filmar su entorno inmediato y su realidad inmediata

José Luis Guerín — Cineasta

La importancia de las formas es algo que siempre dice Jonás Trueba —productor de Historias del buen valle—, que es tan político lo que dice la película como la forma en la que se hace.

Absolutamente. Es así. No solo ahora, sino que yo siempre lo he pensado así. Es la manera de mirar y de tratar al espectador. Y cómo te relacionas con él. Pensar la película bien creo que es también una consideración de respeto hacia el espectador al que te diriges. Todo lo contrario a las redes sociales, donde hay gente que pone emoticonos de vómitos según se levanta por la mañana o insultos. Mensajes sin ninguna elaboración. En la medida en que piensas en las formas, en la forma entendida no como ornamento sino como el vehículo para comunicar los sentimientos y las ideas, eso es lo que visibiliza tu relación con el mundo. 

Yo veo películas a veces con un carácter o una voluntad muy social, pero que firman al otro como si fuera… No sé. A mí me importa que la calidad de sonido con la que habla un personaje de mi barrio tenga la misma calidad que si fuera Marlon Brando. También el cómo relacionas a esa persona que filmas con el espectador. Y vuelvo a las redes, porque cuando tengo algunas dudas pienso, ¿qué harían las redes? Y yo hago lo opuesto. Digamos que en las redes se alimentan de un esquematismo atroz donde un ser humano queda reducido a una única categoría: maricón, 'indepe', machista… Frente a eso, el cine debe restablecer la complejidad de lo real.

¿Qué le parece la etiqueta de cine social?

Es una etiqueta que me preocupa porque tantas veces lo que denominamos cine social es un cine donde la realidad queda completamente limada para ilustrar un discurso, donde lo discursivo prevalece sobre lo real y la realidad se simplifica hasta tal punto que no la reconoces. La realidad tiene complejidades, contradicciones, zonas de ambigüedad. Entonces, cuando se instrumentaliza eso como simple ilustración obvia para un discurso, me parece que estamos faltando al respeto al espectador y lo estamos tratando de bobo. Eso es política también. Tratar al espectador de idiota, eso es política. Hay que tratar al espectador con una cierta madurez, dejarle que juzgue.

Ha mencionado que no piensa en el tema previamente, pero pienso en Historias del buen valle e imagino que el tema en algún momento se revela.

Sí. Tengo claro que el tema es el barrio. Al elegir a mis personajes no solo estoy valorando la cualidad individual de cada uno de ellos, sino la significación que tienen en la morfología humana de ese barrio. Que esté presente desde la payesía catalana, la emigración andaluza, la nueva emigración global de Latinoamérica, la que llega por motivos como la contienda rusa ucraniana… Que esté presente también el desahucio. A ese barrio llegan desahuciados, jóvenes que no pueden pagar el alquiler. Es decir, que todos estos distintos estratos representen y den una mirada justa del barrio. Caben muchísimos temas, pero siempre delimitados o cohesionados por esa geografía que es un valle que en algún momento fue percibido como bueno.

Muchos ven un hilo entre En construcción e Historias del buen valle por cómo las políticas urbanísticas afectan a las relaciones. ¿Entiende que la gente establezca ese vínculo?

Lo entiendo muy bien. Me sorprendió advertir una relación casi causa-efecto entre las dos películas, porque en En construcción asistíamos a la construcción de un edificio y eso implicaba la destrucción de los viejos edificios de vecinos que fueron desalojados. ¿Y adónde fueron a parar esos vecinos desalojados? Pues a la periferia, y hay algún personaje en Vallbona que había conocido filmando En construcción. Como en casi todas las ciudades europeas, la vida popular se va desplazando hacia los barrios periféricos. El centro queda ocupado por las franquicias comerciales, los turistas, y es muy difícil encontrar el gusto por la vida cotidiana popular.

Tratar al espectador de idiota, eso es política. Hay que tratar al espectador con una cierta madurez, dejarle que juzgue

José Luis Guerín — Cineasta

En construcción podría haberse rodado ayer…

¿Se mantiene bien?

Muy bien…

Yo me preguntaba, por ejemplo… en En construcción una cosa que pasaba mucho es que la gente se encuentra en la calle y habla con los vecinos. Yo me pregunto si eso sería posible hoy en día en ese barrio. Esa idea de vecinos que se reúnen y charlan en el espacio público, que es algo tan natural, pues es más raro de encontrar en los bares donde ponen las palabras lunch, brunch, café, mojitos o en los Starbucks Coffee.

Ha mencionado antes que no hay temas malos, sino que depende de la mirada, y me da curiosidad. Si llega una plataforma como Netflix y le da libertad absoluta para mantener esa mirada y en el tema que quiera, ¿qué haría?, ¿tiene alguna línea roja?

No me lo creería. Sería una línea roja de confianza. Me he encontrado con ese problema. Quizás es feo decirlo, me propusieron un documental sobre una casa de cuidados paliativos donde me daban toda la libertad, pero patrocinado por ellos, por una investigación para cuidados paliativos y por un banco. Sé que mienten, que no tendré la libertad que necesito para hacerlo, así que mejor decir que no y te evitas problemas. También me propusieron un documental sobre el PSUC, por el que tengo todas las simpatías. Pero por mucho afecto y respeto que le tengo, yo no estoy hecho para hacer vidas de santos. Sería triste decepcionarles. Entonces esas cosas las evitas.

A primera hora del matí, a Son Xigala, el silenci es cola entre els gruixuts murs i els patis de pedra d'aquest barri de Palma. En un dels seus carrers hi ha un dels nous símbols del luxe immobiliari a la ciutat: pisos de fins a 2,4 milions d'euros aixecats a l'interior d'una antiga possessió, avui reconvertida en promoció exclusiva amb piscina, zona wellness amb spa integrada a l'històric aljub de l'edifici i accés privilegiat a una torre medieval. Allà on durant segles la finca va marcar el paisatge i l'activitat agrícola de l'entorn, el mercat ha trobat una altra forma de colonitzar el patrimoni: reconfigurar-lo com un actiu immobiliari d'alt valor només a l'abast de les butxaques més benestants. “Aquesta finca històrica, els orígens de la qual es remunten al segle XIII, encarna l'essència dels grans latifundis que durant segles van marcar la vida de la noblesa i l'economia agrària mallorquina”, subratlla el dossier comercial del projecte, consultat per aquest peròdic.

Malgrat que durant aquests anys els col·lectius conservacionistes han alertat del risc de banalitzar el valor patrimonial de la possessió, l'operació ha avançat sense fre embolicada en un relat d'exclusivitat i confort: la promoció es presenta com un conjunt de 14 habitatges high-end -gamma alta- amb superfícies d'entre 78 i 250 metres quadrats, piscina comunitària, jardins mediterranis, 16 places d'aparcament i un espai de benestar a l'antic dipòsit d'aigua de l'edifici. El text promocional insisteix en la idea que el projecte “revaloritza” el llegat de la finca i promet una convivència harmònica entre autenticitat i confort contemporani. “Una llar amb ànima, on viure el luxe en harmonia amb la història i el paisatge mallorquí”, assenyala l'anunci que promociona un dels habitatges més cars de la promoció: un dúplex amb jardí i piscina privada en una finca que “ofereix la combinació perfecta entre el repòs d'un entorn natural, la proximitat a Palma i l'accés a una de les zones més exclusives de Mallorca, reconeguda per la seva sofisticació, privacitat i estil de vida únic”. El preu: 2,23 milions d'euros.

Darrere del projecte es troba la promotora Vibelba, una peça de l'ecosistema empresarial lligat al turisme d'alt nivell i al desenvolupament immobiliari de luxe a Mallorca. Fundada el 1963, la mercantil pertany al grup Arabella Hospitality, un conglomerat d'origen alemany que explota diversos camps de golf a Mallorca, entre ells el Golf Son Vida i el de Son Muntaner, així com 16 “selectes” establiments hotelers -com indica la seva web corporativa- en diverses ciutats europees, “des d'exclusius hotels boutique fins a hotels de disseny o de llarga estada, resorts alpins o mediterranis i hotels molt especials d'ultralux”. A l'illa explota el Castell Hotel Son Vida, The St. Regis Mardavall i el Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel, propers a la promoció recentment posada a la venda a Son Xigala. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'empresa -vía telefònica i de forma directa per correu amb el seu CEO Francisco Vila- per conèixer els criteris que han guiat la rehabilitació del conjunt històric, però no ha obtingut resposta.

Darrere del projecte es troba la promotora Vibelba, una peça de l'entramat empresarial lligat al turisme d'alt nivell i al desenvolupament immobiliari de luxe a Mallorca: l'empresa pertany al grup Arabella Hospitality, un conglomerat que explota diversos camps de golf a Mallorca així com 16 "selectes" hotels -com indica la seva pàgina web- en diverses ciutats europees

Connexions amb el capital immobiliari alemany

Arabella Hospitality opera estretament amb Bayerische Hausbau, integrant del Schörghuber Gruppe, un poderós grup familiar bavarès fundat als anys cinquanta per Josef Schörghuber amb interessos en el sector immobiliari, l'hostaleria, l'alimentació i la gestió d'actius. Figura clau del desarrollisme immobiliari de l'Alemanya de postguerra, Schörghuber va posar les bases d'Arabella, que va prendre el seu nom d'una de les seves filles. La trajectòria del grup es va veure entelada per l'anomenat 'Bauland-Affäre' (escàndol del sòl urbanitzable), un dels grans conflictes de l'Alemanya occidental dels anys vuitanta: l'empresa va ser acusada d'adquirir terrenys a Zamdorf (Munic) a preus molt per sota del valor de mercat i sense concurs públic, cosa que va generar una àmplia polèmica, va alimentar el debat sobre l'opacitat de les grans operacions urbanístiques, l'impacte del gran capital immobiliari a les ciutats i la pressió sobre el sòl i va donar peu a una àmplia investigació recollida sota el títol Moloch München, de Karl Stankiewitz, qui analitza com Munic es va convertir en una de les ciutats més cares d'Europa a través de les xarxes d'influència teixides entre grans promotors, bancs, propietaris de sòl i responsables polítics.

Arabella Hospitality opera amb Bayerische Hausbau, integrant del Schörghuber Gruppe, un poderós grup familiar bavarès marcat per un dels grans conflictes de l'Alemanya occidental dels vuitanta: l'empresa va ser acusada d'adquirir terrenys a preus molt per sota del valor de mercat i sense concurs públic, cosa que va alimentar el debat sobre l'opacitat de les grans operacions urbanístiques y l'impacte del gran capital immobiliari

Ara, la venda de pisos de luxe en una possessió amb arrels al segle XIII -i amb una torre defensiva documentada del XIV- ha tornat a posar sobre la taula, als ulls dels col·lectius conservacionistes, el debat sobre què es protegeix realment quan es rehabilita el patrimoni: si l'arquitectura i els seus elements simbòlics o també el sentit col·lectiu d'aquests espais, la seva memòria i el seu accés. Son Xigala, que en altres temps va ser explotació agrícola vinculada a l'orde dominic i més tard objecte de plets i canvis de propietat, es converteix ara en un producte residencial ofert com a experiència en què -com resa el dossier d'Arabella- “cada amanecer està ple d'història i cada capvespre ve acompanyat del suau aroma de la naturalesa propera”. Això sí, per als clients més adinerats.

L'Associació per a la Revitalització dels Cascos Antics (ARCA), dedicada a la defensa del patrimoni històric de Mallorca, es va posicionar en contra del projecte quan aquest va començar a tramitar-se en asseverar que l'edificació comptava amb el nivell de protecció A2, que, d'acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), engloba les edificacions, els elements o els espais de valor històric o arquitectònic que per la seva qualitat, antiguitat, escassetat o raresa s'han de conservar en les seves característiques fonamentals, tant exteriors com interiors. A parer de l'entitat conservacionista, es tracta d'un elevat grau de protecció que obligava a extremar les cauteles. Per al col·lectiu, el cas de Son Xigala il·lustra una tendència cada vegada més estesa a Mallorca: la de les que, sota un relat comercial no només basat en l'exclusivitat i el patrimoni, sinó també en la posada en valor d'aquestes edificacions, acaben convertides en productes immobiliaris d'alt standing, on la història es preserva només en la mesura en què pot ser venuda. Un model que, alerten, corre el risc de sentar un perillós precedent difícil de revertir.

“La bogeria és que s'hagi autoritzat”

En declaracions a elDiario.es, el vicepresident de l'entitat, Josep Masot, retreu que la compartimentació portada a terme per adaptar la possessió a habitatges de luxe, especialment al voltant del claustre i el pati interior, no s'adapta a la tipologia preexistent. “No ens semblava una opció adequada per a l'edifici”, subratlla l'activista i advocat, qui porta més de tres dàcades defensant el patrimoni històric i els béns públics de Mallorca des dels tribunals, les institucions i l'activisme cívic, participant en òrgans tècnics de protecció i en la redacció de lleis clau en matèria de patrimoni i camins públics.

Masot alerta que aquest tipus de divisions, encara que s'acompanyin de prescripcions, acaben derivant amb el temps en barreres físiques i apropiacions que desnaturalitzen el conjunt històric, si bé reconeix que el debat no és nou ni senzill: “És un tema sempre polèmic, perquè edificis d'aquestes dimensions necessiten un ús”, admet, advertint, amb tot, que no tots els usos ni totes les solucions arquitectòniques són compatibles amb la conservació del bé.

La seva crítica s'estén, així mateix, al tractament dels elements més singulars de l'antiga possessió. Entre ells, l'aljub, avui transformat en zona d'spa d'acord amb la documentació comercial del projecte consultada per aquest peròdic. “La bogeria és que s'hagi autoritzat”, subratlla Masot, qui deriva responsabilitats tant en la part política com en la tècnica. En la seva opinió, són precisament els tècnics de les administracions els qui haurien d'exercir un major control sobre aquest tipus d'intervencions, especialment quan afecten peces clau del patrimoni construït. Aquest peròdic s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Palma per conèixer el context en què es va autoritzar la reconversió del conjunt malgrat el seu grau de protecció patrimonial, però fins al moment de la publicació d'aquest reportatge no ha obtingut resposta.

ARCA rebutja, no obstant, una lectura simplista que oposi conservació i ús residencial. Masot insisteix en que l'habitatge privat no és incompatible per definició amb la protecció patrimonial, sempre que respecti la lògica i l'estructura original de l'edifici. “Si els habitatges s'adaptessin a la tipologia preexistent, no hi hauria res incorrecte”, assenyala. El problema, afegeix, sorgeix quan la finca és tractada com un simple “contenidor” les parts del qual són redistribuïtes en funció de criteris comercials, pensats per maximitzar l'atractiu del producte de luxe, encara que això suposi alterar la configuració històrica de l'immoble.

"Si els habitatges s'adaptessin a la tipologia preexistent, no hi hauria res incorrecte”, assenyala l'activista Josep Masot. El problema sorgeix quan la finca és tractada com un simple "contenidor" les parts del qual són redistribuïtes en funció de criteris comercials pensats per maximitzar l'atractiu del producte de luxe, encara que això suposi alterar la configuració històrica de l'immoble

Amb tot, admet que tampoc veu en la compra pública una solució automàtica. No en va, l'activista recorda que les administracions no sempre garanteixen una millor conservació i que, en molts de casos, les rehabilitacions públiques es limiten a mantenir les façanes mentre l'interior es buida. “No és una garantia”, incideix, encara que això no eximeixi -precisa- les institucions d'exigir el màxim rigor quan s'autoritza una transformació privada d'aquest calíbre.

Lleis que aplanen el camí de la mercantilització

L'orientació del territori cap a productes d'alt valor (resorts, golf i habitatge de luxe) forma part d'un debat que experts i col·lectius locals vinculen amb la mercantilització del patrimoni i la pèrdua d'accessibilitat per a la població resident, un procés que, denuncien, s'ha vist accelerat pel marc normatiu impulsat per PP i Vox l'actual legislatura mitjançant l'aprovació de lleis i modificacions urbanístiques que flexibilitzen la protecció del sòl, faciliten grans operacions immobiliàries i prioritzen els interessos del mercat enfront de l'ús social del territori, aplanant amb això el camí legal per a l'expansió del luxe immobiliari en detriment de l'accés a l'habitatge i de la protecció del patrimoni.

L'orientació del territori cap a productes d'alt valor (resorts, golf i habitatge de luxe) forma part d'un debat que experts i col·lectius locals vinculen amb la mercantilització del patrimoni i la pèrdua d'accessibilitat per a la població resident, un procés que, denuncien, s'ha vist accelerat pel marc normatiu impulsat per PP i Vox en l'actual legislatura

En aquest context, el cas de Son Xigala no és una excepció en el mapa immobiliari de la illa. En els últims anys, altres grans finques històriques i edificis singulars han seguit una trajectòria similar: rehabilitacions d'alt impacte orientades al mercat de luxe que han transformat antics espais agrícoles, conventuals o residencials en productes exclusius. Des de la compra embolicada en una narrativa de recuperació de l'agricultura, el paisatge i el patrimoni arquitectònic d'alguns dels llocs més emblemàtics de la Serra de Tramuntana fins a convents, fortaleses militars i casals urbans transformats en hotels boutique o residències d'alt standing a Palma, el patrimoni s'ha convertit en un dels principals reclams del negoci immobiliari premium. Un procés que, si bé sol presentar-se com una forma de “salvar” edificis històrics de l'abandonament, desperta un creixent rebuig social pel seu efecte excloent i per la pèrdua de l'ús col·lectiu d'espais que formen part de la memòria comú.

A Palma, barris com Santa Catalina o El Terreno, així com zones històricament obreres com Pere Garau, pateixen des de fa anys les conseqüències de la turistificació, l'especulació immobiliària i el consegüent desplaçament dels veïns, que, incapaços de fer front als desorbitats preus de l'habitatge, han acabat sent expulsats i reemplaçats per estrangers d'elevat poder adquisitiu, mentre grans grups inversors s'expandeixen a la recerca del màxim rendiment. Col·lectius veïnals i conservacionistes alerten que aquestes operacions no només alteren la fisonomia arquitectònica dels entorns, sinó que contribueixen a la gentrificació, a l'encariment del sòl i a la consolidació d'un model urbà cada vegada més dependent del capital exterior i del turisme d'alt poder adquisitiu. Son Xigala és tan sols una baula més d'una cadena que redefineix la relació entre territori, història i accés a l'habitatge a la illa.

A primera hora de la mañana, en Son Xigala, el silencio todavía aguarda entre los gruesos muros y los patios de piedra de esta barriada de Palma. En una de sus calles asoma uno de los nuevos símbolos del lujo inmobiliario en la ciudad: pisos de hasta 2,4 millones de euros levantados en el interior de una antigua possessió, hoy reconvertida en promoción exclusiva con piscina, zona wellness con spa integrada en el histórico aljibe del edificio y acceso privilegiado a una torre medieval. Allí donde durante siglos la finca marcó el paisaje y la actividad agrícola del entorno, el mercado ha encontrado otra forma de colonizar el patrimonio: reconfigurarlo como un activo inmobiliario de alto valor solo al alcance de los bolsillos más pudientes. “Esta finca histórica, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, encarna la esencia de los grandes latifundios que durante siglos marcaron la vida de la nobleza y la economía agraria mallorquina”, subraya el dossier comercial del proyecto, consultado por este periódico.

Pese a que durante estos años los colectivos conservacionistas han alertado del riesgo de banalizar el valor patrimonial de la possessió, la operación ha avanzado sin freno envuelta en un relato de exclusividad y confort: la promoción se presenta como un conjunto de 14 viviendas high-end -gama alta- con superficies de entre 78 y 250 metros cuadrados, piscina comunitaria, jardines mediterráneos, 16 plazas de aparcamiento y un espacio de bienestar en el antiguo depósito de agua del edificio. El texto promocional insiste en la idea de que el proyecto “revaloriza” el legado de la finca y promete una convivencia armoniosa entre autenticidad y confort contemporáneo. “Un hogar con alma, donde vivir el lujo en armonía con la historia y el paisaje mallorquín”, como señala el anuncio que promociona una de las viviendas más caras de la promoción: un dúplex con jardín y piscina privada en una finca que “ofrece la combinación perfecta entre el sosiego de un entorno natural, la proximidad a Palma y el acceso a una de las zonas más exclusivas de Mallorca, reconocida por su sofisticación, privacidad y estilo de vida único”. El precio: 2,23 millones de euros.

Tras el proyecto se encuentra la promotora Vibelba, una pieza del ecosistema empresarial ligado al turismo de alto nivel y al desarrollo inmobiliario de lujo en Mallorca. Fundada en 1963, la mercantil pertenece al grupo Arabella Hospitality, un conglomerado de origen alemán que explota varios campos de golf en Mallorca, entre ellos el Golf Son Vida y el de Son Muntaner, así como 16 “selectos” establecimientos hoteleros -como indica su web corporativa- en varias ciudades europeas, “desde exclusivos hoteles boutique hasta hoteles de diseño o de larga estancia, resorts alpinos o mediterráneos y hoteles muy especiales de ultralujo”. En la isla explota el Castillo Hotel Son Vida, The St. Regis Mardavall y el Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel, próximos a la promoción recientemente puesta a la venta en Son Xigala. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa -vía telefónica y de forma directa por correo con su CEO Francisco Vila- para conocer los criterios que han guiado la rehabilitación del conjunto histórico, pero no ha obtenido respuesta.

Tras el proyecto se encuentra la promotora Vibelba, una pieza del entramado empresarial ligado al turismo de alto nivel y al desarrollo inmobiliario de lujo en Mallorca: la empresa pertenece al grupo Arabella Hospitality, un conglomerado que explota varios campos de golf en Mallorca así como 16 "selectos" hoteles -como indica su página web- en varias ciudades europeas

Conexiones con el capital inmobiliario alemán

Arabella Hospitality opera estrechamente con Bayerische Hausbau, integrante del Schörghuber Gruppe, un poderoso grupo familiar bávaro fundado en los años cincuenta por Josef Schörghuber con intereses en el sector inmobiliario, la hostelería, la alimentación y la gestión de activos. Figura clave del desarrollismo inmobiliario de la Alemania de posguerra, Schörghuber sentó las bases de Arabella, que tomó su nombre de una de sus hijas. La trayectoria del grupo se vio empañada por el llamado 'Bauland-Affäre' (escándalo del suelo urbanizable), uno de los grandes conflictos de la Alemania occidental de los años ochenta: la empresa fue acusada de adquirir terrenos en Zamdorf (Múnich) a precios muy por debajo del valor de mercado y sin mediar concurso público, lo que generó una amplia polémica, alimentó el debate sobre la opacidad de las grandes operaciones urbanísticas, el impacto del gran capital inmobiliario en las ciudades y la presión sobre el suelo y dio pie a una amplia investigación recogida bajo el título Moloch München, de Karl Stankiewitz, quien analiza cómo Múnich se convirtió en una de las ciudades más caras de Europa a través de las redes de influencia tejidas entre grandes promotores, bancos, propietarios de suelo y responsables políticos.

Arabella Hospitality opera además con Bayerische Hausbau, integrante del Schörghuber Gruppe, un poderoso grupo familiar bávaro marcado por uno de los grandes conflictos de la Alemania occidental de los ochenta: la empresa fue acusada de adquirir terrenos a precios muy por debajo del valor de mercado y sin mediar concurso público, lo que alimentó el debate sobre la opacidad de las grandes operaciones urbanísticas y el impacto del gran capital inmobiliario

Ahora, la venta de pisos de lujo en una possessió con raíces en el siglo XIII -y con una torre defensiva documentada del XIV- ha vuelto a poner sobre la mesa, a ojos de los colectivos conservacionistas, el debate sobre qué se protege realmente cuando se rehabilita el patrimonio: si la arquitectura y sus elementos simbólicos o también el sentido colectivo de esos espacios, su memoria y su acceso. Son Xigala, que en otros tiempos fue explotación agrícola vinculada a la orden dominica y más tarde objeto de pleitos y cambios de propiedad, se convierte ahora en un producto residencial ofrecido como experiencia en la que -como reza el dossier de Arabella- “cada amanecer está lleno de historia y cada atardecer viene acompañado del suave aroma de la naturaleza cercana”. Eso sí, para los clientes más adinerados.

La Asociación para la Revitalización de los Cascos Antiguos (ARCA), dedicada a la defensa del patrimonio histórico de Mallorca, se posicionó en contra del proyecto cuando éste comenzó a tramitarse al aseverar que la edificación contaba con el nivel de protección A2, que, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), engloba las edificaciones, los elementos o los espacios de valor histórico o arquitectónico que por su calidad, antigüedad, escasez o rareza deban ser conservados en sus características fundamentales, tanto exteriores como interiores. A juicio de la entidad conservacionista, se trata de un elevado grado de protección que obligaba a extremar las cautelas. Para el colectivo, el caso de Son Xigala ilustra una tendencia cada vez más extendida en Mallorca: la de las grandes 'possessions' históricas que, bajo un relato comercial no solo basado en la exclusividad y el patrimonio, sino también en la puesta en valor de estas edificaciones, acaban convertidas en productos inmobiliarios de alto standing, donde la historia se preserva solo en la medida en que puede ser vendida. Un modelo que, alertan, corre el riesgo de sentar un peligroso precedente difícil de revertir.

“La locura es que se haya autorizado”

En declaraciones a elDiario.es, el vicepresidente de la entidad, Josep Masot, recrimina que la compartimentación llevada a cabo para adaptar la possessió a viviendas de lujo, especialmente en torno al claustro y el patio interior, no se adapta a la tipología preexistente. “No nos parecía una opción adecuada para el edificio”, subraya el activista y abogado, quien lleva más de tres décadas defendiendo el patrimonio histórico y los bienes públicos de Mallorca desde los tribunales, las instituciones y el activismo cívico, participando en órganos técnicos de protección y en la redacción de leyes clave en materia de patrimonio y caminos públicos.

Masot alerta de que este tipo de divisiones, aunque se acompañen de prescripciones, acaban derivando con el tiempo en barreras físicas y apropiaciones que desnaturalizan el conjunto histórico, si bien reconoce que el debate no es nuevo ni sencillo: “Es un tema siempre polémico, porque edificios de estas dimensiones necesitan un uso”, admite, advirtiendo, con todo, de que no todos los usos ni todas las soluciones arquitectónicas son compatibles con la conservación del bien.

Su crítica se extiende, asimismo, al tratamiento de los elementos más singulares de la antigua possessió. Entre ellos, el aljibe, hoy transformado en zona de spa de acuerdo a la documentación comercial del proyecto consultada por este periódico. “La locura es que se haya autorizado”, subraya Masot, quien deriva responsabilidades tanto en la parte política como en la técnica. En su opinión, son precisamente los técnicos de las administraciones quienes deberían ejercer un mayor control sobre este tipo de intervenciones, especialmente cuando afectan a piezas clave del patrimonio construido. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palma para conocer el contexto en el que se autorizó la reconversión del conjunto a pesar de su grado de protección patrimonial, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no ha obtenido respuesta.

ARCA rechaza, no obstante, una lectura simplista que oponga conservación y uso residencial. Masot insiste en que la vivienda privada no es incompatible por definición con la protección patrimonial, siempre que respete la lógica y la estructura original del edificio. “Si las viviendas se adaptasen a la tipología preexistente, no habría nada incorrecto”, señala. El problema, añade, surge cuando la finca es tratada como un simple “contenedor” cuyas partes son redistribuidas en función de criterios comerciales, pensados para maximizar el atractivo del producto de lujo, aunque ello suponga alterar la configuración histórica del inmueble.

"Si las viviendas se adaptasen a la tipología preexistente, no habría nada incorrecto”, señala el activista Josep Masot. El problema surge cuando la finca es tratada como un simple "contenedor" cuyas partes son redistribuidas en función de criterios comerciales pensados para maximizar el atractivo del producto de lujo, aunque ello suponga alterar la configuración histórica del inmueble

Con todo, admite que tampoco ve en la compra pública una solución automática. No en vano, el activista recuerda que las administraciones no siempre garantizan una mejor conservación y que, en muchos casos, las rehabilitaciones públicas se limitan a mantener las fachadas mientras el interior se vacía. “No es una garantía”, incide, aunque ello no exime -precisa- a las instituciones de exigir el máximo rigor cuando se autoriza una transformación privada de este calibre.

Leyes que allanan el camino de la mercantilización

La orientación del territorio hacia productos de alto valor (resorts, golf y vivienda de lujo) forma parte de un debate que expertos y colectivos locales vinculan con la mercantilización del patrimonio y la pérdida de accesibilidad para la población residente, un proceso que, denuncian, se ha visto acelerado por el marco normativo impulsado por PP y Vox en la actual legislatura mediante la aprobación de leyes y modificaciones urbanísticas que flexibilizan la protección del suelo, facilitan grandes operaciones inmobiliarias y priorizan los intereses del mercado frente al uso social del territorio, allanando con ello el camino legal para la expansión del lujo inmobiliario en detrimento del acceso a la vivienda y de la protección del patrimonio.

La orientación del territorio hacia productos de alto valor (resorts, golf y vivienda de lujo) forma parte de un debate que expertos y colectivos locales vinculan con la mercantilización del patrimonio y la pérdida de accesibilidad para la población residente, un proceso que, denuncian, se ha visto acelerado por el marco normativo impulsado por PP y Vox en la actual legislatura

En este contexto, el caso de Son Xigala no es una excepción en el mapa inmobiliario de la isla. En los últimos años, otras grandes fincas históricas y edificios singulares han seguido una trayectoria similar: rehabilitaciones de alto impacto orientadas al mercado de lujo que han transformado antiguos espacios agrícolas, conventuales o residenciales en productos exclusivos. Desde la compra de antiguas possessions envuelta en una narrativa de recuperación de la agricultura, el paisaje y el patrimonio arquitectónico de algunos de los lugares más emblemáticos de la Serra de Tramuntana hasta conventos, fortalezas militares y casales urbanos transformados en hoteles boutique o residencias de alto standing en Palma, el patrimonio se ha convertido en uno de los principales reclamos del negocio inmobiliario premium. Un proceso que, si bien suele presentarse como una forma de “salvar” edificios históricos del abandono, despierta un creciente rechazo social por su efecto excluyente y por la pérdida de uso colectivo de espacios que forman parte de la memoria común.

En Palma, barriadas como Santa Catalina o El Terreno, así zonas históricamente obreras como Pere Garau, sufren desde hace años las consecuencias de la turistificación, la especulación inmobiliaria y el consiguiente desplazamiento de los vecinos, que, incapaces de hacer frente a los desorbitados precios de la vivienda, han acabado siendo expulsados y reemplazados por extranjeros de elevado poder adquisitivo, mientras grandes grupos inversores se expanden a la búsqueda del máximo rendimiento. Colectivos vecinales y conservacionistas alertan de que estas operaciones no solo alteran la fisonomía arquitectónica de los entornos, sino que contribuyen a la gentrificación, al encarecimiento del suelo y a la consolidación de un modelo urbano cada vez más dependiente del capital exterior y del turismo de alto poder adquisitivo. Son Xigala es tan solo un eslabón más de una cadena que redefine la relación entre territorio, historia y acceso a la vivienda en la isla.

“Empezamos 2026 con una mala noticia: las dueñas del local han puesto La Libre en venta y nos han dado un estrecho margen de maniobra. La Libre quiere seguir existiendo y para ello va a necesitar todo tu apoyo”. Así arrancaba el correo que le mandó en enero el colectivo sociocultural y librería La Libre, en Santander, a diversos colectivos sociales de la ciudad para buscar alternativas.

Los colectivos de dos centros sociales autogestionados en Santander, Smolny y La Libre, enfrentan la finalización de los contratos de alquiler de los locales donde llevan 8 y 15 años, respectivamente. Los caseros de Smolny se lo anunciaron a inicios de 2025 y los sacarán del barrio santanderino del Carmelo en septiembre de 2026. A los de La Libre se lo dijeron en diciembre, y la finalización de su alquiler aún no tiene fecha cerrada.

Además de la extinción de estos alquileres, hay otro centro sociocultural -cuyos gestores prefieren no dar su nombre-, al que los propietarios le suben “hasta casi el doble” el arrendamiento este año, en una zona en proceso de gentrificación como es el entorno de la calle San Simón. Aunque están en negociaciones y no les habían subido el alquiler en 16 años, la subida es inminente.

La presión inmobiliaria tiene efecto rebote: no son tres colectivos los afectados, cada centro social es punto de encuentro de decenas de organizaciones más. La Libre ha convocado una asamblea, que se celebrará el próximo 30 de enero, para evaluar opciones, como recaudar fondos para comprar el local o ampliar la cuota de socios, y afrontar un panorama crítico porque un local de sus características hoy cuesta el doble “necesitando reforma”, advierten desde La Libre.

Junto a la Oficina de Vivienda

La Libre -que funciona de forma autogestionada igual que Smolny- es un local de 100 metros cuadrados, en el número 1 de la Rampa de Sotileza. Es una de las calles más antiguas de Santander, la última que mantiene el empedrado, a 62 metros de distancia exactamente de la Oficina de Vivienda de Cantabria.

Las caseras de La Libre, cuentan desde el colectivo, les han cobrado 550 euros desde que llegaron al local en 2009. Pero 2026, cuando cumplen 25 años de existencia, lo afrontan sin certezas. Deben asumir una probable salida del local en el que el colectivo sociocultural y librería está desde 2009.

“Es un proyecto militante y la casa de muchos colectivos más”, describen. “No hay nada oscuro, los propietarios querrían que nos quedaramos el local, pero es el problema de la gentrificación y de la burbuja, porque es imposible encontrar un local en las mismas condiciones”, explican desde el colectivo, que aglutina alrededor de 300 socios y en cuyo local se reúnen una docena de organizaciones sociales de todo tipo.

En Smolny sospechan que el local en el que están hasta junio pasará también a tener uso turístico. Su barrio, El Carmelo, ha sufrido una mutación en los últimos tres años, entre antiguos comercios reconvertidos en locales cerrados sin uso y plantas bajas destinadas al turismo.

Smolny está en un local, en la calle Santa Teresa de Jesús, de 160 metros cuadrados. Desde ahí hacen recogida y reparto de comida a familias en situación vulnerable y, cada tarde, dan clases de apoyo a niños del barrio El Carmelo. La relación con sus caseros, a los que pagaban 600 euros más IVA, siempre ha sido cordial.

Hasta que, en 2025, les contactaron para hacerles un anuncio: “No os vamos a renovar”, le dijo por WhatsApp la propietaria a Luis de la Mata, de Smolny. “Véndenoslo”, le propuso a la casera, cuya familia posee más locales en el entorno. La respuesta fue negativa. “Nos echan, pero en general no culparía a los dueños de los locales. ¿Cuántos locales tiene cerrados el Ayuntamiento”, se pregunta Luis de la Mata.

Hace ocho años que Smolny está en este espacio a pie de calle. Antes estaban en la misma zona, pero en otro local que, irónicamente, pasó a tener uso turístico. “En los últimos tres años, el barrio suena a trajín de ruedas de maleta”, cuenta Luis, que se ha criado en El Carmelo, como toda la junta directiva.

“Tenían ofertas”

Los colectivos afectados están en espacios amplios y céntricos de Santander, en pleno proceso de gentrificación de las ciudades medianas españolas, como Santander. “No nos querían echar, pero tenían ofertas para pagarles más de 1.000 euros de alquiler”, dice una de las portavoces de un tercer colectivo sociocultural, que pide no dar su nombre. Llevan más de 15 años en la misma sede, en el entorno de Entrehuertas. Cuenta que tienen buena relación con los caseros y nunca les habían subido el alquiler, que hasta ahora era de 450 euros.

El problema es que son una asociación sin ánimo de lucro e -igual que sucede con Smolny y La Libre- organizan actividades de muchos otros colectivos, aunque en su caso, sí piden subvenciones para conciertos, charlas y talleres, además de ser la sede permanente de otra organización de carácter social. “Tenemos relacion con la vecindad: algunos vienen a nuestros intercambios de esquejes, los locales de alrededor nos cuidan y hemos apoyado en intentos de desahucio”, describe.

Dicen que esperan encontrar una fórmula justa y ampliar el contrato otros tres años, ya que hasta ahora renovaban cada año. Sobre qué ha cambiado, la portavoz del colectivo que no se identifica, es clara: “Al final, ellos (los propietarios) ven que ahora pueden y ahora piden”.

Encontrar un piso de alquiler en Zaragoza no depende solo del nivel de ingresos. Para muchas personas migrantes o racializadas, el acceso a la vivienda se ve además atravesado por lo que el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza define como “un problema estructural que en muchos casos se une al racismo inmobiliario, presente en Zaragoza capital, en los demás municipios de Aragón o el resto del Estado”. Según la organización, “las familias migrantes racializadas con rentas bajas, o profesionales precarios de segunda generación, jóvenes racializados ya nacidos en nuestro país, sufren a diario este racismo inmobiliario con trabas, negativas o problemas por parte de los propietarios una vez alquilados los pisos”. Incluso cuando el contrato ya está firmado, añaden, “las personas racializadas sufren negligencias por parte de los propietarios e incluso, en casos más extremos, acoso para que abandonen la vivienda según la conveniencia del arrendador o situaciones peores”.

Junto a estas situaciones, otro fenómeno cada vez más frecuente son los llamados “desahucios silenciosos”, provocados igualmente por subidas repentinas del alquiler imposibles de asumir para los inquilinos. El sindicato explica que “los denominamos desahucios silenciosos porque no se pide ayuda y se quedan fuera de nuestra organización”. Estas personas acaban trasladándose cada vez más lejos hasta viviendas que pueden costearse, “sin contactar con asociaciones, el sindicato o plataformas que puedan ayudarles, abandonando los barrios donde han estado residiendo durante bastante tiempo y perdiendo arraigo”.

En paralelo, desde el Sindicato de Inquilinas observan con preocupación la gentrificación del Casco Histórico de la capital aragonesa en los últimos años, con barrios como El Gancho, donde existen viviendas en mal estado sin reparar que en muchos casos “la propiedad reforma tras muchos años de abandono para pedir precios mucho más elevados”. También les inquieta “la proliferación de pisos turísticos en zonas como San Pablo o La Magdalena, pues muchos de los edificios que se reparan o de nueva construcción en los solares de los antiguos se destinan a esta finalidad y ya no están disponibles para vecinos jóvenes de estos barrios”.

Este proceso se reproduce también, según denuncian, en manos de grandes tenedores como Blackstone, Sareb o entidades bancarias como Caixabank, que por un lado “compran edificios donde van presionando a los vecinos con subidas de alquiler u otros métodos para que los vayan abandonando hasta llegar a tener casos de desahucios que nos llegan al Sindicato”. Además, “gestionan sus préstamos sin tener en cuenta la vulnerabilidad habitacional, situaciones que ante los impagos acaban igualmente en la pérdida de la vivienda”.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza, que también asesora y realiza gestiones, aseguran haber “podido comprobar que las crisis de vivienda son cíclicas y que, cuando aumentan los alquileres, también aumenta la compra de vivienda, planteada para que la mayoría de compradores deban endeudarse y, en el caso de los trabajadores más precarios, provocar una alta probabilidad de no poder pagar la hipoteca ante una pérdida de capacidad económica”. Consideran que la vivienda sigue siendo “una mercancía de gran valor que, lejos de proporcionar un hogar a los compradores, es usada como un activo que puedan rentabilizar quienes tengan varias unidades más y decidan colocarlas en el mercado inmobiliario para beneficiarse económicamente de otras personas que las alquilen o intenten comprarlas”.

Ambas organizaciones analizan ahora las medidas anunciadas por el Gobierno central en los últimos días. Para PAH Zaragoza, “la medida de aplazamiento de algunos desahucios en la práctica no garantiza la alternativa habitacional una vez que se producen, y depende de pactos parlamentarios coyunturales y no de las necesidades de las familias trabajadoras”. Sobre la exención del IRPF que beneficiará a propietarios con viviendas alquiladas, la Plataforma entiende que “es un regalo fiscal a los propietarios de varios pisos que pueden enriquecerse más, y que no hace nada por el derecho a la vivienda de quienes no poseen alguna como fuente de ingresos, dejando de lado a personas en riesgo habitacional y vulnerabilizadas”.

La preocupación se extiende también a la situación de la provincia de Huesca y a las viviendas de protección oficial en la capital oscense —en el caso de Harineras, objeto de polémica—, donde PAH alerta de la “proliferación de vivienda turística y alquileres temporales, también en el Pirineo, que impide que muchos trabajadores tengan un hogar normal, pues falta tanto vivienda asequible como vivienda protegida”.

En paralelo a esta labor, la Plataforma denuncia que, por protestar durante el desahucio de una persona con una hipoteca contratada con Caixabank, “19 compañeras de la PAH Zaragoza nos enfrentamos a más de 100.000 euros de multa con cargos de desorden público y coacciones continuadas, a la espera de sentencia”. Para la organización, se trata de un castigo a su labor “plantando cara a los abusos bancarios, al poder financiero, a los especuladores grandes o pequeños, personas o entidades, y a las instituciones que lo permiten. Nuestra actividad no solo no ha parado, sino que nos ha impulsado a seguir luchando todavía con más firmeza y convicción”.

“Varios” desahucios al día

Mientras tanto, ambas asociaciones afirman que el número de desahucios de los que tienen conocimiento es de “varios al día”. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdan que “los desahucios son competencia de los jueces, que son quienes pueden avisar tanto a la DGA como a nosotros para que actúen en caso de urgencia los Servicios Sociales”. El consistorio también reconoce que “no hay registro de desahucios todavía, pero ya tenemos procedimientos para hacerlo y los tendremos próximamente”, y mantiene que “se nos comunica a Servicios Sociales cuando está judicializado; el juzgado avisa por si puede haber situación de vulnerabilidad”. Las asociaciones, sin embargo, sostienen que tanto en Zaragoza como en otros municipios, sobre el terreno, en muchos casos “no hay trabajadores sociales municipales o presencia de Servicios Sociales, en una situación extrema y traumática para las personas que la sufren, incluidos menores”.

Los datos oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón apuntan a un aumento sostenido de los desahucios. En el caso de los “lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos”, es decir, de personas inquilinas, se registraron “121 en el primer trimestre de 2024, 121 en el segundo trimestre de 2024, 113 en el tercer trimestre y 162 en el cuarto trimestre de 2024”. En 2025, las cifras provisionales son de “147 lanzamientos en el primer trimestre, 142 en el segundo y 85 en el tercer trimestre de 2025 de los procedimientos contabilizados hasta el momento”, a falta aún de los datos del cuarto trimestre.

En cuanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, “comparando el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025 se pasa de un 1,0 a un 2,1”, lo que refleja un aumento de los desahucios por impago de hipotecas.

El cierre de Tipos Infames, uno de los espacios culturales más característicos de Malasaña, ha pillado a muchos por sorpresa. Y la sensación que sobrevuela ahora es de decepción. “Madrid no puede permirse avanzar hacia un modelo de ciudad donde la cultura independiente quede desplazada sistemáticamente”, denuncia en un comunicado la Asociación de Librerías de Madrid, horas después de que los dueños del local de libros y vinos anunciaran la clausura del negocio a raíz del encarecimiento del barrio, hasta ahora caracterizado por ser uno de los más bohemios del centro de la capital.

En los últimos años, el precio del metro cuadrado en esta y otras zonas de Madrid crece a pasos agigantados, lo que ha expuesto a muchos comerciantes o inquilinos a tener que abandonar sus inmuebles por la subida del alquiler. Es lo que han explicado Gonzalo Queipo Lisón y Alfonso Tordesillas, dos de los socios fundadores, en el vídeo que difundieron este miércoles por la noche a través de Instagram.

“Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”, refería la publicación de esta librería independiente, con 15 años de historia a sus espaldas y un séquito de parroquianos que han salido en masa a lamentar su clausura. Una de las críticas más contundentes ha venido de la conocida editorial española Capitan Swing, fundada en la capital.

“Un escenario de cartón y piedra para turistas, un erial cultural, un conjunto de edificios y coches para hacer negocio. La gente sobra; ese es el proyecto de ciudad de la derecha madrileña”, arremetieron después del anuncio a través de una publicación en redes. En su comunicado, la Asociación de Librerías de Madrid ha lanzado una advertencia similar: “Este es un problema estructural que no afecta únicamente a un barrio o un tipo de librería, sino al conjunto del ecosistema cultural de proximidad”.

Reacciones desde el sector cultural, gastronómico o político

Desde el sector claman a las administraciones públicas el impulso de políticas urbanas y culturales que “protejan de forma efectiva” a estos espacios con “medias de apoyo específico, marcos más estables para los alquileres comerciales o estrategias que reconozcan a las librerías como infraestructuras culturales básicas”. Pero los alegatos a favor de Tipos Infames no surgen solo solo entre comerciantes o lectores empedernidos.

En una de las respuestas a la publicación en X con la que la librería se despedía de sus seguidores, el chef José Andrés –conocido por su difusión de la cocina española en EEUU y su labor en la ONG World Central Kitchen– reaccionó a la noticia sugiriendo una mano amiga. “¿Qué necesitáis? ¿Para cubrir y aguantar?”, preguntó sin más detalle el empresario culinario. También críticos de cine como Alejandro G. Calvo o escritores como Jorge Carrión han mostrado su aprecio al negocio y lamentado el cierre en sus cuentas personales.

Incluso la ministra de Sanidad, Mónica García –que antes fue portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional– se ha pronunciado al respecto en su perfil de X. “Madrid tiene que ser para las vecinas pero también para quienes deciden arrancar un comercio que crea comunidad con cariño y con esfuerzo. No podemos ver cómo los alquileres y la gentrificación nos echan de nuestros barrios”, ha sentenciado la máxima responsable de las políticas sanitarias en España.

Desde las filas de su partido han emanado más críticas. “La librería echa el cierre no por falta de lectores, sino por la gentrificación. Lo hace porque las políticas del PP están poniendo una alfombra roja a quienes especulan con la vivienda o los locales comerciales, que están convirtiendo algunas zonas de Madrid en parques temáticos donde los vecinos o el pequeño y mediano comercio, simplemente, estorban”, ha declarado la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre.

La edil se confiesa “asidua” de Tipos Infames y señala que el problema se extiende más allá de su negocio, aludiendo a la compra de un edificio en la calle Valverde 42 (también en Malasaña) por un fondo de inversión que ahora trata de expulsar a sus inquilinos. No han pasado ni 24 horas desde que los libreros confirmaron que echarían las persianas, pero la cascada de reacciones ya se expande fuera de sus muros.

En 1994, el Albaicín, uno de los barrios más importantes de Granada, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles, sus vistas a la Alhambra, su encanto, su vida y su magia, han hecho de este lugar un espacio obligatorio de visita. Sin embargo, desde hace ya más de 20 años, su belleza, como mayor virtud, se ha convertido también en su mayor enemigo porque ha atraído tanto turismo que la gentrificación y la pérdida de identidad y servicios está ahogando a los lugareños. Una pérdida de servicios que está a punto de cobrarse lo que para muchos sería su “golpe mortal”: el cierre del centro de salud más accesible del barrio.

La Junta de Andalucía tiene previsto clausurar el ambulatorio de Fortuny-Velutti, situado en la calle Tinajilla precisamente desde 1994 y que da servicio a más de 8.000 vecinos del Albaicín. Se trata, junto con el ambulatorio ubicado al lado del mirador de San Nicolás, del edificio que da cobertura sanitaria a un barrio notablemente envejecido y que necesita de este recurso. Paradójicamente, su ubicación actual era temporal porque se trasladó a la espera de buscar un nuevo emplazamiento, que ahora directamente se desecha. Además, a diferencia del de San Nicolás, el de Fortuna-Velutti, se sitúa a las faldas del barrio del Albaicín, por lo que para llegar a él no es necesario subir y bajar las cuestas que sí rodean al ambulatorio de San Nicolás. Algo relevante teniendo en cuenta la edad y los problemas de movilidad de quienes suelen recurrir a un centro de salud.

No obstante, la Consejería de Salud lo cerrará para trasladar a sus 8.000 pacientes a otro centro situado en Gran Capitán, a pocos minutos a pie del actual consultorio, pero lo suficientemente lejos y desconectado por transporte público como para suponer un problema de desplazamiento para los usuarios. El argumento oficial de la Junta es que el traslado se realiza porque el actual centro de salud está en un edificio alquilado y que no está adecuado a las necesidades de los usuarios por haberse quedado pequeño. Pero la realidad que describen pacientes y asociaciones difiere de esa hipótesis.

Un cierre sin vuelta atrás

Desde la Junta de Andalucía dan por hecho el cierre antes de verano. En respuesta a las preguntas planteadas por elDiario.es Andalucía, el Ejecutivo autonómico evita hablar de alternativas y presenta la clausura como un mero “traslado” inevitable. “El consultorio Fortuny Velutti se traslada al centro de salud Gran Capitán para mejorar la atención sanitaria en condiciones más adecuadas”, señalan desde el Distrito Sanitario de Atención Primaria Granada-Metropolitano, que asegura que no habrá cambios en los profesionales de referencia ni en la continuidad asistencial.

Según la Consejería, el local de Tinajilla, de 442 metros cuadrados, “no permite cumplir adecuadamente con los estándares asistenciales actuales” debido a la falta de espacio, las consultas compartidas y la ausencia de servicios complementarios. Frente a ello, el centro de Gran Capitán ofrece “instalaciones amplias, equipamiento renovado, servicios diagnósticos, una zona materno-infantil humanizada y un SUAP operativo las 24 horas”. Un relato de mejora que choca con la percepción de quienes viven en el barrio.

Las asociaciones vecinales del Albaicín y del Bajo Albaicín llevan meses alertando de que el problema no es la calidad del centro de destino, sino la pérdida de un servicio esencial dentro del propio barrio. “No se trata sólo de dónde te atienden, sino de poder llegar”, señalan desde el movimiento vecinal, que recuerda que el Albaicín es uno de los barrios con mayor índice de envejecimiento de la ciudad. Para muchas personas mayores, bajar hasta Gran Capitán implica recorrer tramos largos, mal comunicados y, en algunos casos, impracticables sin ayuda.

Ese es el caso de Belén López, una vecina del Albaicín desde hace más de 20 años. Vive en pleno Paseo de los Tristes y a sus 63 años está teniendo que acudir más de lo deseable al centro de salud de Fortuna-Velutti. Niega el argumento de la Junta de que el ambulatorio no pueda dar el servicio que necesita el barrio: “Es un centro pequeño, pero funciona bien. Normalmente está tranquilo, no hay aglomeraciones ni colapsos, y las citas van mucho mejor que en el centro al que nos quieren trasladar”.

“Nunca he visto la sala de espera llena. Voy bastante al centro de salud y tengo fotos de distintas horas del día en las que está prácticamente vacío”, explica Belén. Esta vecina, que pertenece también a la asociación Albayzín Habitable, que lucha por acabar con la gentrificación del barrio, considera que la Junta ha optado por un planteamiento que ignora los problemas de movilidad y el envejecimiento de los lugareños. “Dicen que el centro de Gran Capitán está a siete minutos andando, pero no tienen en cuenta a las personas con movilidad reducida, a la gente mayor o a quienes van enfermas. Para nosotras no es un centro de salud operativo”.

Problemas asociados

Además, denuncian que la Junta obvia propuestas alternativas trasladadas formalmente, como la adecuación del actual espacio, la búsqueda de otro local dentro del barrio o una reforma que permita mantener el servicio en una zona accesible. “No se ha estudiado ninguna opción real para que el Albaicín no pierda su centro de salud”, insisten. Desde la Mesa por la Sanidad Pública de Granada, Marta García va más allá y entiende que falta voluntad política porque los traslados previstos no tienen en cuenta distintas problemáticas.

Sin ir más lejos, el hecho de que los usuarios de Fortuny-Velutti pasen a estar en Gran Capitán no solo supone el cierre del centro de salud, sino que se olvida que la ubicación estratégica del primero es una ventaja. Además, como la Junta pretende trasladar parte de los pacientes de Gran Capitán al futuro centro de salud que también se plantea en La Rosaleda, García no tiene tan claro que muchos usuarios vayan a querer marcharse. “Deberían mirar mejor los cupos y mantener al menos Fortuny como un consultorio asociado a Gran Capitán”, propone. Por otro lado, denuncia la “opacidad” con la que se han tomado las decisiones: “No nos ofrecen información y se ignoran nuestras propuestas”.

No obstante, el cierre del consultorio Fortuny-Velutti no es un hecho aislado. Para muchos vecinos se enmarca en un proceso más amplio de vaciado del barrio, donde cada vez es más difícil encontrar comercio de proximidad, vivienda residencial o servicios públicos básicos. La presión turística y el auge de los pisos turísticos han transformado el Albaicín en un escenario cada vez más orientado al visitante y menos pensado para quien lo habita. La desaparición de un centro de salud histórico se suma así a una cadena de decisiones que empujan a los residentes a marcharse.

“Sin centro de salud, el mensaje es claro: este barrio no está pensado para envejecer en él”, lamentan los vecinos. Un mensaje que contrasta con el discurso institucional de planificación y mejora, pero que conecta con una realidad cotidiana de escaleras, cuestas, autobuses inexistentes y servicios que se alejan.

Mientras la Junta defiende que el traslado forma parte de una reorganización “progresiva y dialogada”, en el Albaicín crece la sensación de que la decisión está tomada y que el diálogo llega tarde. Para un barrio que ya ha visto cómo su vida cotidiana se diluye entre souvenirs y apartamentos turísticos, el cierre de su centro de salud más accesible se vive como algo más que una reorganización sanitaria: como otro paso hacia un Albaicín sin vecinos.

Els tecnòcrates del tardofranquisme van ser els ideadors d'un gran projecte que canviaria la ciutat de Palma ja entrats els anys seixanta. El propòsit era unir l'aeroport, ja convertit en un punt emergentment bulliciós, amb les zones turístiques de l'est de Mallorca, descarregar el passeig marítim i millorar la circulació dels camions que arribaven al port carregats de mercaderies cap a l'interior de l’illa. La Via de Cintura es va estrenar en 1990 amb aquest late motiv, però el seu impacte va anar més enllà de la mobilitat: l'anell asfàltic va acabar fracturant la ciutat i deixant al marge barris obrers com Son Gotleu, que van créixer a l'altre costat de l'autopista a la calor de la migració peninsular i d'un urbanisme desigual.

En paral·lel, començava a construir-se el polígon de Llevant, a l'antiga carretera de Manacor, convertint-se en un d'aquests grans pols de Palma que no sols albergava a ciutadans de la península que s'havien desplaçat a l'illa cercant treball, sinó també mallorquins d'altres àrees insulars que havien trobat ocupació en la indústria o la construcció. Es van conformar barris obrers que, amb el pas de les dècades, van anar acumulant dèficits estructurals i una qualitat d'infraestructures inferior a la d'altres barris rics de la ciutat. Fins ara, han quedat relegats i marginats de la vida palmesana. Especialment, els situats a l'est i al nord-est de la ciutat. No sols Son Gotleu: també Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit o Rafal Vell, en els que la proximitat a la via s'ha vist acompanyada de mancances com la falta de connexió per als vianants.

Ara, el PSIB-PSOE ha ressuscitat en el Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma una vella (i reiterada) proposta -inclosa en el seu programa electoral-, per a estudiar el soterrament d'aquesta frontera física i social. La moció, que ja ha estat aprovada -amb el vot en contra de Vox- en el ple de la institució insular i es debatrà a finals de gener en el Consistori de la capital balear, planteja realitzar un estudi tècnic per a analitzar la viabilitat d'enterrar el traçat i aprofitar la superfície alliberada per a crear un gran corredor verd, amb espais públics, equipaments comunitaris i recorreguts per a vianants i ciclistes.

La moció, aprovada amb el vot en contra de Vox, planteja la realització d'un estudi tècnic per analitzar la viabilitat d'enterrar el traç i aprofitar la superfície alliberada per crear un gran corredor verd, amb espais públics, equipaments comunitaris i recorreguts per a vianants i ciclistes

La moció reclama, per a dur a terme el projecte, la implicació conjunta de totes les administracions competents: l'Ajuntament, el Govern balear i el Govern d'Espanya i obre les portes a explorar vies de finançament europeu. Tot això enmig del crític escenari que travessa l'habitatge a l'illa, marcat per l'absència de grans anuncis d'inversió per part de les institucions en Vivenda de Protecció Limitada (VPL) ni en Vivenda de Protecció Oficial (VPO).

El text fixa com a prioritat una primera fase del projecte centrada en “cosir” una ciutat partida i revertir una desigualtat territorial que ha tingut efectes directes sobre les oportunitats de milers de residents, tal com assenyalen els socialistes. La presentació de la iniciativa va comptar amb les associacions veïnals del Rafal Vell i Rafal Nou i de Son Gotleu per a aconseguir que el disseny del projecte respongui a les necessitats reals del seu entorn. En declaracions a elDiario.es, el conseller socialista Joan Ferrer subratlla que els veïns estan a favor de la connexió: fa diversos mesos, aquesta va quedar interrompuda després que un camió col·lidís contra una passarel·la de transeünts sobre la Via de Cintura, el que ha provocat que ara hagin de donar una important marrada per a arribar a la zona cèntrica de Palma.

Perill de gentrificació

La materialització del projecte podria desencadenar, no obstant això, un procés de revaloració similar al viscut a l'entorn del Parc de ses Estacions: el resultat? La pujada del preu del sòl en les zones beneficiades per la millora urbanística. “Haurien de suggerir-se mesures complementàries perquè no es derivi en l'especulació immobiliària”, observa el geògraf i expert en Mobilitat Iván Murray: “Un projecte i una inversió d'aquest calat condueixen al final a dinàmiques de gentrificació”. 

La materialització del projecte podria desencadenar un procés de revalorització similar al viscut a l'entorn del Parc de ses Estacions, amb la consegüent pujada del preu del sòl a les zones béneficiades per la millora urbanística. "Haurien de suggerir-se mesures complementàries perquè no derivi en l'especulació immobiliària", observa el geògraf i expert en Mobilitat Iván Murray

El soterrament és una de les majors transformacions projectades en el nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Palma, aprovat en 2023 i cridat a establir les bases del desenvolupament urbanístic de la capital balear durant les pròximes dues dècades. El PGOU cerca dur a terme, mitjançant l'obra en la circumval·lació, operacions d'integració similars a la de la Ronda de Dalt a Barcelona o la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat.

En concret, l'actuació urbana proposa, entre altres coses, la remodelació del nus de comunicació previst a Son Bordoy (que enllaça l'autopista de Llevant amb la via de cintura) amb la finalitat de reduir el trànsit en el passeig marítim i fins i tot la creació d'una estació intermodal. No era l'únic nus planificat en un punt clau de la ciutat: també es van idear d’altres a l'altura de Portopí, a ses Calafats i a la zona nord en un espai situat entre sa Indioteria i Son Cladera.

També permetria -segons el pla general aprovat en 2023, durant l'últim mandat progressista- l'obtenció d'almenys 413 habitatges de protecció pública i dotacions públiques amb 20.000 metres quadrats de zones verdes i amb 18.000 metres quadrats d'equipaments, així com la remodelació dels voltants de l'estadi de l'Atlético Baleares. A més, s'eliminarien els usos industrials prevists en el PGOU de 1998 i s'impediria la construcció de nous centres comercials per a fomentar el comerç local a la ciutat. Un altre de les propostes clau del projecte és la creació d'eixos cívics o superilles verdes: sis radials i altres transversals per a augmentar els espais “per a la vida” mentre els cotxes podrien circular en un submon separat.

La iniciativa permetria l'obtenció d'almenys 413 habitatges de protecció pública i dotacions públiques amb 20.000 metres quadrats de zones verdes, a més de 18.000 metres quadrats d'equipaments. S'eliminarien els usos industrials i es impediría la construcció de nous centres comercials nous per fomentar el comerç local

El conseller socialista considera, en ser preguntat per elDiario.es, que, per evitar una revalorització, la solució no és frenar un projecte d'aquestes característiques, sinó utilitzar els mecanismes de la Llei d'Habitatge per posar topall als preus de lloguer. La urgència d'aquesta intervenció s'ha tornat a posar sobre la taula quan està a l'horitzó la inauguració de la futura macro-urbanització de Son Güells, amb més de tres mil habitatges projectats i una població potencial d'unes 10.000 persones. Per la seva banda, un portaveu del PP considera, en declaracions a aquest mitjà, que el PSIB-PSOE ha tornat a jugar aquesta carta ara per interès polític tot just sis mesos després que el Consell acabés unes obres a la Via de Cintura el pressupost de les quals va rondar els 12 milions d'euros, i que han estat criticades per l'oposició.

Una proposta reiterada

Els candidats de Més a l'Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca, Neus Truyol i Jaume Alzamora, van presentar a les eleccions de 2023 la proposta per soterrar el tram de la Via de Cintura que abasta des de la rotonda de Can Blau, a l'alçada del barri de Son Bordoy, i el carrer Aragó. Aleshores, la iniciativa ja s'havia posat anteriorment sobre la taula: el 2021 i el 2007. Retrocendint encara més, Joan Fageda (PP), durant la seva època al capdavant de l'alcaldia de Palma (1991-2003), ja somiava amb aquest colossal projecte. 

La reforma pretenia -abans i també ara- donar a la via un traçat similar al que té al seu pas per sota del carrer Manacor, que creua els barris palmesans de Pere Garau, Foners i la Soledat (nord i sud). Ara, cadascun dels partits de l'oposició dona la seva pinzellada al projecte de Via de Cintura, que s'ha frenat sempre per la inversió milionària que suposa i els problemes de trànsit que amb tota seguretat implicaria. Més per Palma defensa el soterrament total o parcial, una alternativa més econòmica que estava inclosa en el Pla General aprovat amb Neus Truyol al capdavant d'Urbanisme fa dos anys. 

Per part seva, Unides Podem reitera el seu lema dels “cotxes a baix, la vida a dalt”, promogut pel llavors conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano. La seva proposta combina soterrament amb la creació de zones verdes, espais de trobada i carrils bici a la superfície. Segons Murray, el que tindria més sentit seria soterrar tan sols els trams per a vincular la perifèria i no tota la Ma-20, sempre que es prioritzin abans altres mesures més necessàries per a la classe treballadora, com controlar els preus de l'habitatge per a no convertir aquests barris perifèrics en víctimes d'un procés de gentrificació que només els perjudicaria.