Llogar un habitatge al costat del mar costa avui fins al doble que fa cinc anys. L'escalada de preus ha situat les Balears com el principal exponent de la tensió del mercat residencial a la costa espanyola: Sant Josep de sa Talaia, Calvià i Santa Eulària des Riu ocupen els tres primers llocs del rànquing nacional de municipis amb el lloguer de platja més car, segons l'Índex Immobiliari de Fotocasa corresponent el juny de 2026.

El municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia encapçala la classificació amb un preu mitjà de 25,56 euros per metre quadrat al mes, seguit de Calvià (24,64 euros) i Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Després d'ells figuren Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) i Badalona (19,32 euros).

Segons el portal immobiliari, quatre de cada deu municipis costaners analitzats ja superen el preu mitjà del lloguer a Espanya, que al juny es va situar en 14,79 euros per metre quadrat al mes. L'informe atribueix aquesta evolució al creixent atractiu de les zones litorals no només com a destinació vacacional, sinó també com a lloc de residència permanent, en un context marcat per una oferta insuficient per absorbir l'augment de la demanda.

La directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, sosté que el mercat del lloguer a la costa travessa “una de les majors tensions de la seva història”. Al parer seu, la combinació entre l'auge del turisme residencial, el creixent interès per viure al costat del mar durant tot l'any i l'escassetat d'habitatge disponible ha convertit aquests municipis en alguns dels mercats més tensionats del país.

“Aquest augment del preu no només encareix les estades vacacionals, sinó que també dificulta l'accés a l'habitatge per a la població resident”, assenyala Matos.

Les dades reforcen la pressió que des de fa anys suporta el mercat residencial balear, on l'increment dels lloguers s'ha convertit en un dels principals factors que dificulten l'accés a l'habitatge per a treballadors i residents, especialment en els municipis amb un atractiu turístic més elevat.

Alquilar una vivienda junto al mar cuesta hoy hasta el doble que hace cinco años. La escalada de precios ha situado a Baleares como el principal exponente de la tensión del mercado residencial en la costa española: Sant Josep de sa Talaia, Calvià y Santa Eulària des Riu ocupan los tres primeros puestos del ranking nacional de municipios con el alquiler de playa más caro, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondiente a junio de 2026.

El municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación con un precio medio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes, seguido de Calvià (24,64 euros) y Santa Eulària des Riu (23,53 euros). Tras ellos figuran Barcelona (21,71 euros), Mogán (21,55 euros), San Bartolomé de Tirajana (21,49 euros), Sitges (21,43 euros), Palamós (20,72 euros), Laredo (20,53 euros), La Oliva (19,94 euros), Arona (19,93 euros), Adeje (19,87 euros), Estepona (19,59 euros), Llucmajor (19,52 euros) y Badalona (19,32 euros).

Según el portal inmobiliario, cuatro de cada diez municipios costeros analizados ya superan el precio medio del alquiler en España, que en junio se situó en 14,79 euros por metro cuadrado al mes. El informe atribuye esta evolución al creciente atractivo de las zonas litorales no solo como destino vacacional, sino también como lugar de residencia permanente, en un contexto marcado por una oferta insuficiente para absorber el aumento de la demanda.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, sostiene que el mercado del alquiler en la costa atraviesa “una de las mayores tensiones de su historia”. A su juicio, la combinación entre el auge del turismo residencial, el creciente interés por vivir junto al mar durante todo el año y la escasez de vivienda disponible ha convertido estos municipios en algunos de los mercados más tensionados del país.

“Este aumento del precio no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente”, señala Matos.

Los datos refuerzan la presión que desde hace años soporta el mercado residencial balear, donde el incremento de los alquileres se ha convertido en uno de los principales factores que dificultan el acceso a la vivienda para trabajadores y residentes, especialmente en los municipios con mayor atractivo turístico.

Una joven holandesa aterriza en Barcelona para trabajar en una agencia creativa. Descubre la ciudad, se enamora, encuentra su lugar en el mundo y termina construyendo una nueva vida bajo el sol mediterráneo.

La premisa podría pasar por una comedia romántica más dentro del catálogo de plataformas de streaming. Sin embargo, antes incluso de que el primer episodio haya visto la luz, esa historia ya ha desencadenado un intenso debate sobre turismo, vivienda, identidad y el futuro de Barcelona. No son pocos los vecinos que consideran que representa exactamente el modelo de ciudad contra el que llevan años movilizándose.

El primer foco mediático llegó a comienzos de julio, cuando El Periódico de Catalunya publicó un amplio reportaje desde el rodaje de la serie. La pieza describía La vida Barcelona como una posible heredera de la exitosa Emily in Paris.

La serie aspira a seducir al público joven a través de una Barcelona luminosa, cosmopolita y aspiracional. Entre las localizaciones figuran el Born, la Ciutadella, Montjuïc o el día de Sant Jordi, mientras que el reparto combina intérpretes neerlandeses con nombres conocidos en España como Greta Fernández, Martiño Rivas o Priscilla Delgado.

Los responsables de la producción defienden una mirada optimista sobre la ciudad. La directora Katina Medina Mora habla de una Barcelona “viva” y “encantadora”, pero las críticas en redes sociales no han tardado en aparecer.

La sinopsis supone, a ojos de muchos usuarios, la representación perfecta de un fenómeno que lleva años transformando Barcelona: la llegada de trabajadores internacionales con mayor poder adquisitivo, la presión sobre el mercado inmobiliario y la progresiva expulsión de los residentes de sus barrios.

En Instagram, la cuenta @lavidabarcelona, creada por el activista Tommy Blanco, dirigida a llamar la atención sobre la gentifricación, suma casi seis mil seguidores. “La serie no es el problema, es el síntoma”, apunta Blanco, que reconoce que creó la cuenta desde la rabia profunda.

“Esta rabia nace de ver cómo los barrios se vacían de vida real para llenarse de pisos turísticos, comercios tradicionales que cierran y vecinos que tienen que marcharse. Esta serie no es la causa de todo eso, es la gota que confirma un patrón que llevamos años sufriendo”, explica el activista.

Su mensaje ha conectado con un sentimiento ampliamente compartido entre muchos barceloneses. “La respuesta ha sido muchísimo mayor de lo que esperaba”, confiesa. “Creo que demuestra el agotamiento que existe con el modelo turístico y económico que ha terminado imponiéndose en la ciudad”.

Blanco también relativiza el impacto real que pueda tener una sola producción audiovisual. “El problema es quién nos ha llevado hasta aquí. Es el lobby turístico y determinados intereses económicos”, apunta. “La ficción simplemente llega en un momento en el que la situación ya resulta insostenible para mucha gente”.

Una ciudad convertida en producto

Entre las voces más críticas figura también la periodista, humorista y guionista Ana Polo, que interpreta la polémica como una consecuencia lógica del momento que atraviesa Barcelona.

“Mi reacción al saber de la serie fue de hartazgo e indignación”, explica. “Tenemos la sensación de que nos están expulsando de nuestros barrios y ahora, además, vamos a verlo romantizado en una serie. Esa es la parte que provoca todavía más rabia”.

“Barcelona no es una marca. Es la ciudad donde vivimos, y no necesita más promoción”, continúa. El discurso de Polo cuestiona uno de los argumentos más habituales utilizados para justificar este tipo de proyectos: el supuesto retorno económico para la ciudad. “Se habla mucho de atraer riqueza, pero esa riqueza no llega a quienes trabajan atendiendo turistas o intentando pagar un alquiler”, apunta. “Los beneficios se concentran siempre en los mismos sectores”.

Polo considera que las administraciones deberían revisar el tipo de producciones que reciben apoyo institucional, permisos de rodaje y subvenciones. “Quienes gobiernan tendrían que proteger la ciudad y a quienes viven en ella”, señala. “Si una producción contribuye a reforzar un modelo que agrava estos problemas, debería existir una reflexión antes de facilitar ese tipo de proyectos”.

La ciudad como decorado

La portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona, Carme Arcarazo, cree que el problema de La vida Barcelona no es que venga gente de fuera a vivir a Barcelona, sino que se presenta un perfil muy concreto: “Personas con trabajos mucho mejor remunerados que los de la mayoría de la población local”.

En su opinión, la serie convierte la ciudad en un escenario donde desaparecen las tensiones sociales que forman parte de la realidad cotidiana. “Barcelona acaba funcionando como un decorado donde no existe ningún conflicto”, resume. “Todo parece pacificado, como si la llegada de estas personas no tuviera consecuencias para quienes ya viven aquí”.

Arcarazo también cuestiona el modelo de ciudad que, a su juicio, proyecta la ficción. “Se transmite la idea de que puedes vivir en cualquier parte del mundo sin implicarte en nada, completamente desarraigado”, sostiene. “Hay una fuerte despolitización de lo que significa vivir en un lugar y formar parte de una comunidad”.

Desde su punto de vista, este tipo de ficciones contribuyen a reforzar un imaginario con efectos nefastos sobre el mercado inmobiliario. “Funcionan como un imán para atraer más turistas y más nómadas digitales. Después hay que preguntarse dónde se aloja toda esa gente. No viven en alquileres regulados, sino en alquileres de temporada o en colivings que alimentan nuevas formas de especulación y siguen empujando los precios al alza”, explica.

Arcarazo recuerda además que Barcelona ha sido la ciudad española donde más Golden Visa [permiso de residencia que se otorga a extranjeros a cambio de una inversión significativa en el país] se han concedido durante los últimos años, una política que, en su opinión, ha favorecido la llegada de inversión inmobiliaria especulativa orientada al mercado internacional.

El humor, la indignación y las redes como altavoz

Si Tommy Blanco impulsó el movimiento de protesta, otras voces muy conocidas en redes sociales han ayudado a amplificar el debate. Una de ellas fue la de Carlos Ramírez, más conocido como Calva Tatuada, creador de contenido que lleva mucho tiempo divulgando sobre vivienda, desigualdad y gentrificación.

Su primera reacción al conocer la serie, asegura, fue una mezcla de enfado y preocupación. “Sentí mucho miedo por lo que puede venir”, confiesa. “La serie vuelve a presentar Barcelona como un oasis donde cualquiera puede venir a vivir una experiencia maravillosa, cuando la realidad de muchos vecinos es muy distinta”.

Ramírez ha convertido el humor en su principal herramienta para abordar cuestiones sociales. Cree que el lenguaje de internet permite abrir conversaciones que, de otra forma, apenas tendrían recorrido. “Es una forma de compartir estas preocupaciones sin convertirlas en un sermón”, afirma. “Los memes y los vídeos ayudan a que el debate llegue a mucha más gente y permiten expresar una rabia que existe desde hace mucho tiempo”.

Su propuesta para luchar contra iniciativas como La vida Barcelona pasa por mantener viva la conversación pública y expresar el rechazo social al proyecto. Respecto al papel de las administraciones, el activista opina que deberían preguntarse qué tipo de producciones autorizan y qué retorno real generan para la ciudad y para quienes viven en ella. “El beneficio no puede medirse únicamente en términos económicos”, apunta. “También debería tenerse en cuenta el impacto social”.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los actores?

Una de las cuestiones que más división ha generado en los últimos días tiene que ver con la participación de intérpretes españoles y catalanes en la producción. Las críticas señalaban la falta de sensibilidad ante los problemas de una Barcelona sofocada por el turismo masivo y el aumento de los precios de la vivienda, producido, entre otras cosas, por la llegada de miles de expats.

Las respuestas, sin embargo, están lejos de ser unánimes. Polo admite comprender las dificultades económicas del sector audiovisual, aunque reconoce que personalmente le costaría mucho aceptar un proyecto con estas características. “Todo el mundo necesita trabajar y pagar las facturas”, explica. “Pero a mí no me gustaría que mi nombre quedara asociado a una producción que, en mi opinión, puede contribuir a agravar un problema que ya sufrimos. Creo que cada uno debe reflexionar sobre dónde decide poner su granito de arena”.

Ramírez comparte parte de esa reflexión, aunque introduce matices con respecto, por ejemplo, al personal técnico. “No señalaría a quienes trabajan en departamentos muy precarizados porque todos necesitamos sobrevivir. Otra cuestión son las caras más visibles del proyecto”, señala. “Ahí sí creo que existe un mayor margen para decidir y para plantearse si merece la pena participar en una historia que parte de un imaginario tan problemático para quienes vivimos aquí”.

Frente a esas posiciones aparece otra visión muy distinta. La periodista Noelia Ramírez, que recientemente publicó una columna en El País sobre este fenómeno, considera que centrar el foco sobre los actores puede desviar la atención del verdadero problema.

“El sector está muy mal pagado y no voy a criticar a quien acepta un trabajo para poder pagar el alquiler. Ojalá les hayan pagado muy bien. En una profesión tan precaria resulta complicado exigir a los intérpretes que asuman ese coste individual”, explica.

Este periódico se ha puesto en contacto con los representantes de Greta Fernández y Martiño Rivas para darles la oportunidad de dar su opinión. Los representantes de Rivas han comunicado que el actor está actualmente inmerso en otros proyectos y que por ahora no dará declaraciones al respecto de esta serie. Al cierre de este artículo, no se ha recibido contestación de los de Greta Fernández.

Cuando el rechazo también se convierte en publicidad

Paradójicamente, la enorme repercusión que ha tenido la polémica podría acabar beneficiando a la propia serie. La periodista Noelia Ramírez recuerda que, según la información publicada por medios especializados, la distribución inicial de La vida Barcelona parecía bastante limitada y estaba prevista, principalmente, para una plataforma neerlandesa.

“Con todo el boicot y todo el ruido que se ha generado, la serie ha conseguido una publicidad enorme”, apunta. “Tengo la impresión de que ahora es mucho más probable que alguna plataforma internacional termine comprándola”.

La periodista introduce además una reflexión que amplía el foco del debate. Durante décadas, explica, buena parte de la cultura occidental ha consumido relatos protagonizados por europeos o norteamericanos que viajaban a otros lugares para reinventarse. Novelas, películas y series ambientadas en Marruecos, Tailandia o Bali construyeron una mirada romántica sobre esos destinos sin prestar demasiada atención a quienes vivían allí.

Ahora, sostiene, Barcelona ocupa ese mismo lugar en el imaginario internacional. Quizá por eso la reacción haya sido tan intensa. Muchos vecinos sienten que, por primera vez, les toca ocupar el papel de quienes observan cómo su ciudad aparece retratada como el escenario perfecto para cumplir los sueños de otros.

Un total de 84 entidades y colectivos sociales han emitido un comunicado conjunto contra la “extrema violencia” vivida el pasado 7 de junio en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, a la que se añade la presión y los meses de acoso que han sufrido los artesanos que aún quedan en la instalación. “Lo ocurrido es un ataque directo al derecho a la vivienda y a la vida en nuestros barrios”, han trasladado después del allanamiento de morada que causó la detención de tres individuos de la empresa de seguridad contratada por la propiedad.

Después de lo ocurrido, EFE ha informado que se ha interpuesto una orden de alejamiento contra los individuos que fueron detenidos en la tarde del pasado martes. No se podrán acercar a menos de 300 menos del edificio ni de la inquilina a la que echaron a la calle y que luego provocaría una serie de altercados en la vía pública.

“Denunciamos la impunidad con la que operan estas empresas, al servicio de la especulación inmobiliaria, así como la pasividad de quienes tienen la obligación de proteger a las vecinas”, critican en el manifiesto conjunto. La artesana y gestora cultural Estefi Yeah denunció el miércoles 8 de julio en los juzgados sevillanos a varios miembros de la propiedad Garajes Santa Inés S.L. y, también, de los miembros de la compañía de desokupación por un delito de allanamiento, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas. En el escrito se recogen las vejaciones e insultos contra la artista, a la que han amenazado de muerte y con la quema del edificio.

Ante la gravedad de los hechos, los 84 colectivos exigen cumplir con “la garantía efectiva de la integridad física y los derechos de las vecinas”, además del “cese de cualquier forma de acoso inmobiliario” y, por último, “la paralización de esta operación especulativa”. Por ello, llaman “a la solidaridad del conjunto de la ciudad”, porque, advierten, “defender los corralones es defender el derecho a la vivienda, el patrimonio común y la vida digna de nuestros barrios”.

“Normalización de la violencia”

Todo esto sucede en un clima tenso entre las partes a causa de la oferta de compraventa de los corralones de Castellar que comprenden los números 48, 50 y 52 a la promotora onubense Arenas de la Bellida S.L. por 12 millones de euros para la construcción de un hotel de cuatro estrellas y 29 viviendas libres, tal y como adelantó esta cabecera.

Una operación que de contar con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Sevilla borraría del mapa el pasaje histórico junto al colegio Calderón de la Barca, como ya ha sucedido con dos de los cinco corralones que hay registrados en la ciudad desde el siglo XIX en el pasaje Mallol número 8 y Bustos Tavera número 26. Al hilo de lo sucedido, los partidos políticos de la oposición y el propio gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) se han pronunciado, por una parte, reclamando soluciones, y por otro, anunciando que se estudiaría la expropiación mientras se señalaba a la ocupación como el origen de los problemas de este corralón.

Al respecto, los colectivos sociales piden una solución “urgente” para que la propiedad se expropie y pase a titularidad pública. “No es aceptable que se tarde en intervenir ante las reiteradas agresiones”, declaran los colectivos sobre la pasividad de la administración, ya que las presiones contra los artesanos se viven desde hace tiempo con numerosas denuncias ante los juzgados, donde se relatan los daños causados o la clausura de los locales sin previo aviso.

“Señalamos también el trasfondo de esta violencia extrema: una operación especulativa millonaria que pretende expulsar a las vecinas, talleres y espacios comunitarios para imponer un modelo de ciudad excluyente”, mantienen, “resulta inaceptable que la violencia y el negocio prevalezcan sobre la vida y los derechos de quienes habitan y construyen el barrio”. Reclaman: “Frente al acoso inmobiliario, organización y respuesta colectiva”.

Entre las entidades firmantes, se encuentra el Sindicato de Inquilinas, la Oficina de Okupación, APDHA Sevilla, Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Comunidad Palestina, Entrepueblos, PAH Sevilla Este, Barrios Hartos, así como CGT, Asociación Trans de Andalucía, CNT, Facua, Oxfam Intermón, Federación Liberación, Fundación Triángulo, la CNT y Macarena Solidaria, entre otras. Una larga lista, hasta llegar a las 84 entidades, que muestran su rechazo a la “normalización de la violencia contra quienes defienden su hogar”.

“Denunciam la violència de la destrucció del territori, de l'expulsió dels veïns, de no poder accedir a un habitatge, de veure com s'esgoten l'aigua i el sòl en benefici de les indústries turística i immobiliària, que viuen de fer negoci amb un patrimoni que és de tothom”. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha respost d'aquesta manera a la polèmica suscitada per la difusió d'un manual d'acció contra la turistificació que proposa actuacions com fer pintades, bloquejar panys d'habitatges de lloguer turístic amb silicona o llançar pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic.

En un comunicat, l'organització emmarca aquestes accions en una llarga tradició de mobilitzacions ecologistes i recorda com a precedents l'ocupació de sa Dragonera o les protestes contra projectes urbanístics a la costa mallorquina. “No ens hem inventat res”, subratllen, reivindicant l'acció directa i la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

Després de les crítiques rebudes per part del sector polític i empresarial -la Delegació del Govern espanyol adverteix que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investigaran els fets que puguin ser constitutius d'infracció o delicte, mentre que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violència”-, l'entitat afirma que “la violència és executada des de dalt” i assegura que mai no ha defensat la violència física.

“No advocam per la violència; al contrari, la denunciam”, sosté, abans d'enumerar com a formes de violència la destrucció del territori, l'expulsió de veïns per l'augment del preu de l'habitatge, la impossibilitat d'accedir a un habitatge o la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest context, Menys Turisme defensa expressament una de les accions recollides en el manual en afirmar que “fer pintades o posar silicona als panys d'habitatges de lloguer turístic il·legal que incompleixen la llei no és violència”.

La plataforma considera que la controvèrsia generada respon a una voluntat de “tergiversar” el contingut del document i de “deslegitimar i dividir” el moviment contra la massificació turística. Segons explica, la publicació del manual pretén orientar accions de protesta que, sosté, ja s'estaven produint, fent-ho des dels paràmetres de “l'acció directa no violenta”, tal com consta expressament en el manual.

Els impulsors del text insisteixen, a més, que el document no està vinculat a la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma contra la massificació turística, tot i que sí que fan una crida a participar en aquesta mobilització, que arribarà després de la cadena humana celebrada el cap de setmana passat a Es Trenc i d'altres protestes desenvolupades durant els darrers mesos.

Menys Turisme sosté que la publicació del manual respon a la “nul·la actuació institucional” davant les conseqüències de la turistificació i assegura que, malgrat haver presentat propostes i haver reclamat diàleg, cap institució s'ha posat en contacte amb la plataforma després de fer públic el seu llistat de demandes.

La resposta arriba un dia després que la Delegació del Govern a les Balears advertís que les crides a causar danys en béns públics o privats “no poden compartir-se ni justificar-se”, tot i que va reconèixer la legitimitat del debat social sobre l'impacte del turisme en l'accés a l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat de l'arxipèlag.

La difusió del manual ha reobert el debat sobre els límits de la protesta en un moment de creixent contestació social al model turístic a les Balears. Els col·lectius convocants sostenen que l'augment continuat del preu de l'habitatge, l'expulsió de residents de nombrosos barris i la pressió sobre el territori justifiquen intensificar les mobilitzacions, mentre que les administracions insisteixen que qualsevol reivindicació s'ha de desenvolupar dins el marc legal i sense causar danys a persones o béns.

Denúncia per suposada pertinença a grup criminal

Per part seva, un bufet balear ha presentat una denúncia penal en un jutjat de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' i Arran, a les quals atribueix presumptes delictes de pertinença a grup criminal, coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys arran de la difusió del manual.

El despatx sol·licita a més la intervenció de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional per a investigar les recomanacions contingudes en el document sobre tècniques de contravigilancia, ocultació del rostre i ús de disfresses durant les accions de protesta. Segons el parer de la signatura, aquestes indicacions evidencien una planificació d'actuacions dirigides a intimidar a empresaris, immobiliàries i propietaris.

En l'escrit, recollit per Europa Press, el bufet sosté que les actuacions promogudes pel manual excedeixen l'exercici legítim del dret de manifestació i les equipés a “tàctiques coercitives típiques de la kale borroka de carrer”, en considerar que busquen acoquinar a empreses i particulars que desenvolupen una activitat econòmica lícita.

El despatx rebutja així mateix l'argument que l'emergència residencial tingui el seu origen en l'activitat turística. En el seu lloc, atribueix la reducció de l'oferta de lloguer residencial a la “extrema inseguretat jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesi que ja va defensar setmanes enrere amb la presentació en el Parlament d'una proposició legislativa per a endurir la resposta enfront d'aquest fenomen.

“Denunciamos la violencia de la destrucción del territorio, de la expulsión de los vecinos, de no poder acceder a una vivienda, de ver cómo se agotan el agua y el suelo en beneficio de las industrias turística e inmobiliaria, que viven de hacer negocio con un patrimonio que es de todos”. La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha respondido de este modo a la polémica suscitada por la difusión de un manual de acción contra la turistificación que propone actuaciones como realizar pintadas, bloquear cerraduras de viviendas de alquiler turístico con silicona o lanzar pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turística.

En un comunicado, la organización enmarca estas acciones en una larga tradición de movilizaciones ecologistas y recuerda como precedentes la ocupación de sa Dragonera o las protestas contra proyectos urbanísticos en la costa mallorquina. “No nos hemos inventado nada”, subrayan, reivindicando la acción directa y la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

Tras las críticas recibidas por parte del sector político y empresarial -la Delegación del Gobierno advierte de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigarán los hechos que puedan ser constitutivos de infracción o delito, mientras que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violencia”-, la entidad afirma que “la violencia” es ejecutada desde arriba“ y asegura que nunca ha defendido la violencia física.

“No abogamos por la violencia; al contrario, la denunciamos”, sostiene, antes de enumerar como formas de violencia la destrucción del territorio, la expulsión de vecinos por el aumento del precio de la vivienda, la imposibilidad de acceder a un hogar o la sobreexplotación de los recursos naturales. En ese contexto, Menys Turisme defiende expresamente una de las acciones recogidas en el manual al afirmar que “hacer pintadas o poner silicona en las cerraduras de viviendas de alquiler turístico ilegal que incumplen la ley no es violencia”.

La plataforma considera que la controversia generada responde a una voluntad de “tergiversar” el contenido del documento y de “deslegitimar y dividir” al movimiento contra la masificación turística. Según explica, la publicación del manual pretende orientar acciones de protesta que, sostiene, ya se estaban produciendo, haciéndolo desde parámetros de “acción directa no violenta”, tal como consta expresamente en el manual.

Los impulsores del texto insisten además en que el documento no está vinculado a la manifestación convocada para el próximo 26 de julio en Palma contra la masificación turística, aunque sí llaman a participar en esa movilización, que llegará después de la cadena humana celebrada el pasado fin de semana en Es Trenc y de otras protestas desarrolladas en los últimos meses.

Menys Turisme sostiene que la publicación del manual responde a la “nula actuación institucional” frente a las consecuencias de la turistificación y asegura que, pese a haber presentado propuestas y reclamado diálogo, ninguna institución se ha puesto en contacto con la plataforma tras hacer público su listado de demandas.

La respuesta llega un día después de que la Delegación del Gobierno en Balears advirtiera de que los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados “no pueden compartirse ni justificarse”, aunque reconoció la legitimidad del debate social sobre el impacto del turismo en el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad del archipiélago.

La difusión del manual ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta en un momento de creciente contestación social al modelo turístico en Balears. Los colectivos convocantes sostienen que el aumento continuado del precio de la vivienda, la expulsión de residentes de numerosos barrios y la presión sobre el territorio justifican intensificar las movilizaciones, mientras las administraciones insisten en que cualquier reivindicación debe desarrollarse dentro del marco legal y sin causar daños a personas o bienes.

Denuncia por supuesta pertenencia a grupo criminal

Por su parte, un bufete balear ha presentado una denuncia penal en un juzgado de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' y Arran, a las que atribuye presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones agravadas, provocación a los desórdenes públicos e inducción a los daños a raíz de la difusión del manual.

El despacho solicita además la intervención de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para investigar las recomendaciones contenidas en el documento sobre técnicas de contravigilancia, ocultación del rostro y uso de disfraces durante las acciones de protesta. A juicio de la firma, estas indicaciones evidencian una planificación de actuaciones dirigidas a intimidar a empresarios, inmobiliarias y propietarios.

En el escrito, recogido por Europa Press, el bufete sostiene que las actuaciones promovidas por el manual exceden el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y las equipara a “tácticas coercitivas típicas de la kale borroka callejera”, al considerar que buscan amedrentar a empresas y particulares que desarrollan una actividad económica lícita.

El despacho rechaza asimismo el argumento de que la emergencia habitacional tenga su origen en la actividad turística. En su lugar, atribuye la reducción de la oferta de alquiler residencial a la “extrema inseguridad jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesis que ya defendió semanas atrás con la presentación en el Parlament de una proposición legislativa para endurecer la respuesta frente a este fenómeno.

La artesana y artista Estefi Yeah interpuso en la tarde de este miércoles una denuncia por allanamiento de morada, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas contra los dueños de los corralones de Castellar, Garaje Santa Inés S.L., tras los hechos ocurridos en el casco histórico. En un escrito presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, la inquilina ha relatado los pormenores de lo vivido el martes cuando varios miembros de la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral entraron en su domicilio para echarla junto a las personas que había en él. Igualmente, ha presentado pruebas de las intimidaciones que ha vivido en los días anteriores al incidente, donde se le llegó a decir “te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”.

El altercado se saldó con la detención de tres personas de la empresa de seguridad, mientras que otros tres miembros del colectivo que se arremolinó en las calles en apoyo a la inquilina tuvieron que recibir atención sanitaria después de haber sido agredidos “con palos” y, también, “gas pimienta”. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, la afectada indica que el principal objetivo de la empresa de desokupación es “coaccionar y amenazar, hasta el punto de sufrir varias agresiones por parte de M. G. G. y varios de sus supuestos trabajadores”, como quedó reflejado en la denuncia por un ataque físico que recibió a las puertas de su casa en agosto del año pasado.

En cuanto al día de los hechos, Estefi Yeah describe en la denuncia, presentada en compañía del abogado Javier García, que seis personas asaltaron su casa a la una de la tarde cuando había tres conocidos suyos dentro. “Entraron por la fuerza trepando por un patio interior” y, una vez lograron entrar en el piso, “golpearon” a las personas que se encontraban, al mismo tiempo que les “robaron sus DNI y dispositivos móviles”. Después, soldaron una de las puertas para evitar la entrada y salida de cualquier persona, dejando en el interior a una mujer y a una niña con la intención de crear una estrategia que confundiera a los agentes policiales una vez y acudieran al lugar de los hechos.

Gas pimienta

Después de echar a empellones a los habitantes del inmueble, se produjeron varios altercados en la calle Castellar que llegaron a cortar el tráfico debido a la concentración de gente. Entre ellos, la agresión con gas pimienta a un periodista del ABC y a otras personas que protestaban en contra del desalojo ilegal. Con la presencia de la Policía Nacional se logró apaciguar el conflicto que ha terminado en una denuncia formal ante los juzgados. Además, los supuestos agresores sustrajeron varios objetos de valor y documentación personal de la inquilina, como el carnet de conducir o las tarjetas bancarias, al igual que dinero en metálico, según consta en el documento.

A tenor de lo sucedido, la propiedad declinó hacer valoraciones sobre el asunto este mismo martes. En todo caso, comentaron que la situación “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”, atribuyendo la debacle a la ocupación ilegal del inmueble.

Estefi Yeah reside desde hace más de una década en los corralones y su contrato de alquiler continúa vigente, requiriéndosele en el 2015 que cambiara de inmueble dentro del espacio con las mismas condiciones contractuales. Tras el episodio vivido en las últimas jornadas, junto al corte de suministros de agua y luz y al presunto incendio provocado del contador eléctrico, la afectada ha estado abierta al diálogo. Sin embargo, defiende que la propiedad no le ha ofrecido ninguna opción viable y que, en todo caso, se le ha amenazado con llevar la causa a los juzgados, una cuestión que acepta. En este sentido, la inquilina advierte que el intento de desahucio que se produjo este martes es ilegal y que, en ningún momento, asegura que le haya llegado una orden judicial para abandonar su casa.

“Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”

Antes de que se produjera el conato de desalojo de este martes, la gestora cultural ha presentado en los juzgados varios testimonios, vídeos e imágenes sobre lo ocurrido en días anteriores. Entre ellos, el pasado 21 de junio hubo un trabajador de la empresa que se dirigó hacia ella impidiéndole la entrada en el edificio, mantiene, y diciéndole textualmemte “tengo ganas de gresca”. Al día siguiente, los representantes de Garaje Santa Inés S.L. comenzaron a “amenazarla” en el portal del edificio mientras que uno de los trabajadores de la empresa de seguridad “sujetó y chocó” a la víctima “contra la puerta de entrada”, dándole “varias patadas en la espalda”.

Al cabo de dos días, el 24 de junio, hay otro vídeo en el que se recoge cómo M.A.G., parte de la propiedad, se acerca a la afectada y le dice, literalmente, “droga la que te voy a meter a ti en la boca después de matarte, perra”, motivo por el que se mantiene la acusación por un delito de amenazas.

Seguidamente, un acompañante (D.) se une a la conversación y , en varios vídeos continuados, se destaca una amenaza de muerte: “Tú vas a salir hoy de aquí, porque te voy a coger de los pelos. Violencia, vas a ver la violencia, tú no sabes nada todavía de la violencia”. A lo que sigue: “Te voy a tortear, perra. (...). Nada más que te vea aquí abajo te torteo la cara. (...). Te voy a rajar. (...). Ahora no me voy a mover de aquí, ni hoy ni todos los días. No vas a poder ni sacar a los perros. (...). Te voy a fusilar hoy la cabeza. Baja pa bajo, ven, puta. (...). Nada más que te vea aquí abajo te rompo. Me da igual que seas una mujer, te rompo”. (...). “Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”.

Junto a este hombre, se unen M.A.G., A.V., T.P. y D., que continúan con los improperios verbales: “Ya tienes la guerra declarada”. (...). “Te voy a meter una patada en la boca del estómago que te voy a encharcar los pulmones de sangre. Te voy a dejar como una perra mal parida tirada ahí, perra”. (...). “Te vas a tener que ir de aquí, que lo sepas, y te vas a ir hoy porque me sale de la punta de mi polla a mí, te vas a ir hoy. Porque voy a subir para arriba y te voy a partir la puerta en dos”. (...). “Que venga, que venga la policía que me cago en los muertos de toa la policía también”.

“Te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”

En este momento, D. advierte de lo que ocurriría unos diez días después: “(...). Voy a coger una escalera y voy a subir para arriba y te voy a sacar de los pelos yo, a ti y a todo el que haya ahí que venga. Ya verás y no voy a subir yo solo, tú no te preocupes que te acabas de buscar la mayor ruina ahora mismo”. A continuación, hay más amedrentamiento: “Te voy a ahorcar. Te voy a ahorcar. Que lo sepas que te voy a ahorcar, puta. Te voy a coger y te voy a descuartizar, perra. A cachitos. Graba, graba que te voy a coger y vas a ver lo que te va a pasar, prima”.

En este punto, D. también amenaza con agredirla sexualmente: “(...). Te voy a clavá toa mi polla, te la voy a meter ahí en la boca apestosa esa que tienes”; terminando con la idea de incendiar el edificio: “(...). Que le voy a meter fuego a tu edificio, perra. Tú te acabas de buscar la mayor ruina que hay aquí hoy”.

Tras este intercambio, la denunciante describe que el 25 de junio se produjo un incendio en el contador de los suministros eléctricos. Doce días más tarde, se produciría el allanamiento de morada por el que fueron detenidas tres personas por la Policía Nacional y por el que se ha interpuesto la denuncia. En declaraciones dadas a los medios, Estefi Yeah detalló que en el corralón quedan varias personas viviendo, cuyas circunstancias son similares a la suya: contratos vigentes que continúa pagando mensualmente, pese a la decadencia de las infraestructuras o las clausuras de los locales. Sin una orden judicial de por medio, el ataque de la compañía contratada por la propiedad a la inquilina ha sumado un episodio de extrema violencia en los corralones de Castellar.

Una situación que viene a dar de bruces con la oferta de compra por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que desea adquirir las fincas de los números 48, 50 y 52 por 12 millones de euros, siempre y cuando sea viable el proyecto económico que presentaron en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla para la edificación de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, eliminando de la ecuación los corralones industriales y el colegio Calderón de la Barca. Una oferta que expira este verano, según las condiciones estipuladas en el contrato, y para lo que los activistas culturales y los partidos políticos exigen una solución, como la expropiación del terreno para que pase a manos públicas.

La Delegació del Govern a les Balears ha advertit que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investigaran els fets que puguin ser constitutius d'infracció o delicte després de la difusió d'un manual que, des de l'acció no violenta, anima a sabotatge d'habitatges vacances, immobiliàries i altres negocis vinculats al turisme.

En un context de creixent malestar social per l'encariment de l'habitatge, la turistificació i la pressió sobre els recursos naturals, el document, distribuït per la plataforma Menys Turisme, Més Vida com a avantsala de la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol, proposa des de pintades i bloquejos de panys fins a recomanacions per evitar ser identificats durant les accions. “Justifiquem i defensem l'acció directa no violenta contra un sistema que ens ofega”, assevera el manual.

En els últims anys, desenes de milers de persones han sortit als carrers per denunciar un model econòmic que, assenyalen, ha disparat el preu de l'habitatge, ha expulsat residents de nombrosos barris i ha intensificat la pressió sobre els recursos naturals i els serveis públics. La mateixa plataforma convocant defensa un decreixement turístic i reclama mesures com reduir les places turístiques, limitar els vols o restringir la compra especulativa d'habitatges.

En aquest escenari, la Delegació del Govern ha llançat un comunicat en què apel·la a distingir entre la legitimitat de les reivindicacions i els mètodes emprats. “Som plenament conscients de la preocupació existent en la societat balear per l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat de les nostres illes. Es tracta d'un debat legítim que mereix respostes des de les institucions i el diàleg democràtic”, assenyala.

Tanmateix, afegeix que “no poden compartir-se ni justificar-se les crides a causar danys en béns públics o privats ni a desenvolupar accions que excedeixin l'exercici pacífic del dret de protesta”. A parer de la institució, “les reivindicacions socials guanyen força quan s'expressen de forma cívica i respectuosa amb els drets dels altres”.

El cartell difós a les xarxes socials identifica com a objectius de les accions habitatges de lloguer turístic, immobiliàries, negocis que considera “gentrificadors” i cartells de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). També aconsella planificar les actuacions, controlar la presència de càmeres de seguretat, ocultar la cara i altres trets identificatius i repartir funcions entre els participants. En línia similar, habitatges turístics de Madrid es van despertar recentment amb caixetins sabotejats i grafits en contra de la turistificació dels barris.

Davant d'això, la Delegació del Govern subratlla que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat “actuaran, en el marc de les seves competències, per garantir l'exercici dels drets i llibertats de tota la ciutadania, protegir les persones i els béns i investigar aquells fets que poguessin ser constitutius d'infracció o delicte”.

El Govern d'Espanya conclou reiterant el seu compromís amb un model turístic “més sostenible, compatible amb el dret a l'habitatge, l'ocupació de qualitat i la protecció del territori, sempre des del respecte a l'Estat de dret i a la convivència democràtica”.

Les Balears s'ha consolidat com un dels territoris on més s'encareix l'accés a l'habitatge en un context de forta pressió del mercat i escassetat d'oferta. Trobar una habitació assequible s'ha convertit en una carrera impossible en una comunitat on els lloguers no deixen de disparar-se i on moltes famílies destinen gran part del seu sou únicament a pagar un sostre.

A Palma, els residents de la capital balear han de destinar gairebé el 70% del seu salari brut mensual al lloguer d'un habitatge mitjà de 90 metres quadrats, el preu del qual arriba als 1.767 euros al mes, segons les últimes dades publicades per pisos.com. Mentre els preus continuen marcant màxims històrics i accedir a un pis resulta inabastable per a àmplies capes de la població, centenars de persones -moltes d'elles treballadores- s'han vist abocades a viure aclaparades en infravivendes, caravanes i edificis abandonats.

“Un manual d'instruccions de kale borroka turística”

Per la seva banda, el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, ha expressat la seva “condemna absoluta” davant el manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma 'Menys turisme més vida', que ha qualificat com a “manual d'instruccions de kale borroka turística”. “No podem tolerar aquest missatge, aquesta incitació a la violència i anar en contra de l'empresa privada”, ha declarat, asseverant que les patronals podrien adoptar accions legals al respecte i que els serveis jurídics de l'administració ho estan valorant.

Bauzá, qui ha recordat que fa al voltant d'un any ja van fer pintades a la seva Conselleria i van cremar imatges d'empresaris i polítics, entre ells la presidenta del Govern, Marga Prohens, o el propi conseller, ha assegurat que, si en algun moment es produeixen accions que vagin en contra de la seva integritat o de l'edifici, estan “disposats a denunciar”.

El conseller ha expressat el seu respecte per les manifestacions o protestes que es duguin a terme “des de la tolerància” i ha reiterat el seu “rebuig absolut” a “aquesta incitació a la violència”. Així mateix, ha assenyalat que els sindicats es “manifestaran pacíficament” juntament amb 'Menys turisme més vida', asseverant que “aquests companys de viatge no són bons”, en al·lusió a aquesta plataforma. “Sé que hi ha col·lectius com sindicats que des d'una discrepància amb el Govern es manifestaran pacíficament i no podem fer més que respectar-ho i prendre nota”, ha manifestat.

La Delegación del Gobierno en Balears ha advertido de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigarán los hechos que puedan ser constitutivos de infracción o delito tras la difusión de un manual que, desde la acción no violenta, anima a sabotear viviendas vacacionales, inmobiliarias y otros negocios vinculados al turismo.

En un contexto de creciente malestar social por el encarecimiento de la vivienda, la turistización y la presión sobre los recursos naturales, el documento, distribuido por la plataforma Menys Turisme, Més Vida como antesala de la manifestación convocada para el próximo 26 de julio, propone desde pintadas y bloqueos de cerraduras hasta recomendaciones para evitar ser identificados durante las acciones. “Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga”, asevera el manual.

En los últimos años, decenas de miles de personas han salido a las calles para denunciar un modelo económico que, señalan, ha disparado el precio de la vivienda, ha expulsado a residentes de numerosos barrios y ha intensificado la presión sobre los recursos naturales y los servicios públicos. La propia plataforma convocante defiende un decrecimiento turístico y reclama medidas como reducir las plazas turísticas, limitar los vuelos o restringir la compra especulativa de viviendas.

En este escenario, la Delegación del Gobierno ha lanzado un comunicado en el que apela a distinguir entre la legitimidad de las reivindicaciones y los métodos empleados. “Somos plenamente conscientes de la preocupación existente en la sociedad balear por el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad de nuestras islas. Se trata de un debate legítimo que merece respuestas desde las instituciones y el diálogo democrático”, señala.

Sin embargo, añade que “no pueden compartirse ni justificarse los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados ni a desarrollar acciones que excedan el ejercicio pacífico del derecho de protesta”. A juicio de la institución, “las reivindicaciones sociales ganan fuerza cuando se expresan de forma cívica y respetuosa con los derechos de los demás”.

El cartel difundido en redes sociales identifica como objetivos de las acciones viviendas de alquiler turístico, inmobiliarias, negocios que considera “gentrificadores” y carteles de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). También aconseja planificar las actuaciones, controlar la presencia de cámaras de seguridad, ocultar el rostro y otros rasgos identificativos y repartir funciones entre los participantes. En línea similar, viviendas turísticas de Madrid amanecieron recientemente con cajetines saboteados y graffitis en contra de la turistificación de las barriadas.

Ante ello, la Delegación del Gobierno subraya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “actuarán, en el marco de sus competencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, proteger a las personas y los bienes e investigar aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción o delito”.

El Gobierno de España concluye reiterando su compromiso con un modelo turístico “más sostenible, compatible con el derecho a la vivienda, el empleo de calidad y la protección del territorio, siempre desde el respeto al Estado de derecho y a la convivencia democrática”.

Balears se ha consolidado como uno de los territorios donde más se encarece el acceso a la vivienda en un contexto de fuerte presión del mercado y escasez de oferta. Encontrar una habitación asequible se ha convertido en una carrera imposible en una comunidad en la que donde los alquileres no dejan de dispararse y en la que muchas familias destinan gran parte de su sueldo únicamente a pagar un techo.

En Palma, los residentes de la capital balear deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com. Mientras los precios continúan marcando máximos históricos y acceder a un piso resulta inalcanzable para amplias capas de la población, centenares de personas -muchas de ellas trabajadoras- se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados.

“Un manual de instrucciones de kale borroka turística”

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha expresado su “condena absoluta” ante el manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma 'Menys turisme més vida', que ha calificado como “manual de instrucciones de kale borroka turistica”. “No podemos tolerar este mensaje, este incitar a la violencia e ir en contra de la empresa privada”, ha declarado, aseverando que las patronales podrían adoptar acciones legales al respecto y que los servicios jurídicos de la administración lo están valorando.

Bauzá, quien ha recordado que hace alrededor de un año ya hicieron pintadas en su Conselleria y quemaron imágenes de empresarios y políticos, entre ellos la presidenta del Govern, Marga Prohens, o el propio conseller, ha asegurado que, si en algún momento se producen acciones que vayan en contra de su integridad o del edificio, están “dispuestos a denunciar”.

El conseller ha exoresado su respeto por las manifestaciones o protestas que se lleven a cabo “desde la tolerancia” y ha reiterado su “rechazo absoluto” a “esta incitación a la violencia”. Asimismo, ha señalado que los sindicatos se “manifestarán pacíficamente” junto a 'Menys turisme més vida', aseverando que “estos compañeros de viaje no son buenos”, en alusión a esta plataforma. “Sé que hay colectivos como sindicatos que desde una discrepancia con el Govern se manifestarán pacíficamente y no podemos hacer más que respetarlo y tomar nota”, ha manifestado.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas este martes en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, por un delito de allanamiento de un piso alquilado con contrato vigente, según ha podido confirmar este medio. Los individuos pertenecen a la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral, contratada por los dueños de la propiedad, que actuaron al mediodía, cuando los gritos y forcejeos en el número 48 hicieron que corriera la voz y se concentraran varias personas en apoyo a los afectados. Una disputa que acabó con otras tres personas recibiendo atención médica. Esto es un episodio clave dentro del contexto consulvo que atraviesan los que quedan en el edificio, ya que la fecha límite para la compraventa por 12 millones de la totalidad de la finca es este verano, tal y como adelantó este periódico.

Cerca de la una y media de la tarde, Estefi Yeah, la artista que denunció el pasado 26 de agosto un ataque físico a las puertas de su casa con el fin de amedrentarla y ha alzado la voz en multitud de ocasiones junto al colectivo Defiende Los Corralones y otros artesanos, pidió apoyo a través de sus contactos y redes sociales, aparte de llamar a la Policía Nacional a causa del delito. Entre empujones y amenazas, los presuntos agresores echaron a la calle a la inquilina junto a otras personas, provocando una pelea en la calle. En este sentido, desde Subdelegación del Gobierno han confirmado a este medio que quedan pendientes la entrega de los partes médicos de las personas supuestamente agredidas y, también, de la interposición de las denuncias.

El hostigamiento ha alcanzado su punto álgido este martes con el asalto a la casa por parte de “seis miembros” de la empresa de desokupación que, a partir de lo relatado por las personas que había en la concentración a las puertas del corralón, “han echado a palos a todo el mundo” y han utilizado “gas pimienta” para herir a los inquilinos y a periodistas del ABC, como se muestra en los vídeos. Las imágenes recopiladas serán presentados este mismo miércoles ante los juzgados, asegura el abogado del colectivo, por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de robo con fuerza.

“Hay denuncias puestas con anterioridad y la semana que viene hay otro juicio por coacciones por un local habiendo un contrato legal, aparte de otro juicio por agresiones y hay otro caso en fase de investigación”, detallaron las fuentes conocedoras de las decenas de demandas contra la propiedad. “Esto es la película de nunca acabar”, lamentaron. En esta línea, los afectados denunciaron que llevaban días sufriendo cortes de luz y, también, les afectó el presunto incendio provocado del contador eléctrico, acusaron, lo cual redobla la presión sobre las condiciones precarias en las que viven dentro del espacio.

“Esto es un Estado ilegal paralelo”

Además, quienes contemplaban la escena mantienen que la empresa de desokupación, con ayuda de la propiedad, metió “a una mujer con una menor en la casa para así llamar a la policía y hacer creer que la casa era suya”. Una “estrategia” con la que pretendían confundir a los agentes y provocar la detención instantánea de todos los presentes. Sin embargo, la Policía Nacional tardó hasta tres horas en acudir al lugar de los hechos, según el relato de los presentes, momento en el que la madre y la hija salieron del piso sin mayor repercusión.

A causa de la aglomeración de gente en el casco histórico, se interrumpió el tráfico de la calle Castellar y, seguidamente, los agentes acordonaron la zona para impedir el tránsito. Una vez calmadas las aguas, la artista y el resto de afectados pudieron acceder de nuevo a su casa. En cambio, los individuos allí reunidos frente al número 48 en señal de apoyo fueron identificados por la Policía Nacional, advirtiéndoles que serían multados en caso de no dispersarse —al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza—. “Nos dijeron que nos iban a acusar de concentración ilegal”, agregó un miembro del grupo.

“Soy vecina del barrio y todos los días paso al lado de los corralones: tienen a unos nazis en la puerta”, criticó otra de las personas, que prefiere no ser identificada como el resto de los que acudieron a protestar. “Esto es un Estado ilegal paralelo”, aseveró otro joven, “y la policía hoy ha actuado porque esto se ha pasado de castaño a marrón oscuro”, en referencia a la actuación de García Seguridad Integral, la empresa contratada por la propiedad Garajes Santa Inés S.L. para la protección del inmueble.

En un momento dado, dos miembros en representación de la propiedad hablaron con la Policía Nacional y, de forma acalorada, con la inquilina afectada. Preguntados por este medio, la pareja declinó hacer valoraciones sobre lo ocurrido y comentaron que la situación en la que se encuentran “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”. Esta es la premisa que han utilizado los dueños a lo largo de estos años de dejadez en las instalaciones y conflictos con los artesanos, aunque muchos de ellos, tal y como ha podido comprobar este medio, mantenían en vigor sus alquileres de renta antigua tanto para en las viviendas como en los locales industriales.

Hotel de cuatro estrellas o que pase a manos públicas

Los corralones de Castellar están en el punto de mira de los propietarios debido a la posible compra por valor de 12 millones de euros que ha ofrecido la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. El acuerdo de compraventa fue firmado en junio del año 2023 y está en vigencia hasta este 2026. Todo ello, a expensas de que se apruebe el Plan de Reforma Interior (PRI) presentado a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, en donde se planea la construcción de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, con el consecuente derrumbe del colegio Calderón de la Barca.

El revuelo que ha levantado la operación urbanística, que se saldaría con una nueva promoción de viviendas a precios desorbitados como ocurrió en Pasaje Mallol 8 y Bustos Tavera 26, ha posicionado a los partidos políticos. Por una parte, las izquierdas han pedido que el corralón quede en manos públicas, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP, ha avanzado que estudia la expropiación, sobre todo para proteger el centro educativo. Una medida que casaría con el reclamo de los artesanos, ya que, como pidieron hace dos décadas, el espacio centenario podría catalogarse como Bien de Interés Cultural (BIC) y quedar bajo el amparo de la administración pública. Un acuerdo que todavía no está encima de la mesa mientras el expediente urbanístico avanza.

En la tarde de ayer, Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, acudió a la calle Castellar y tildó de “pelotazo urbanístico” el planeamiento que hay en los corralones, donde “el único inconveniente que tiene la empresa es que siguen viviendo algunas artesanas y les están haciendo la vida imposible”. A su vez, acusa al PP de ser “conocedor” de todo el entramado, al igual que manifestó el PSOE en un comunicado. El portavoz municipal de los socialistas, Antonio Muñoz, pidió “garantizar la salud” de los afectados ante una situación “límite”, aparte de describir como “acoso inmobiliario” este tipo de acciones que “nunca debería permitirse en una ciudad como Sevilla”.

El casco histórico de Sevilla muta bajo la mirada de los paseantes bajo la influencia de la afluencia turística y la gentrificación de los barrios, como ha sucedido con los corralones. El vestigio del pasado industrial de la ciudad, refugio y lugar de trabajo para decenas de artesanos que preservan el oficio siglos después, es una sombra de lo que fue. De los cinco identificados en la calle Castellar 48, 50 y 52, también, Pelícano 4, Pasaje Mallol 8 y 11, y Bustos Tavera 26, solo quedan en activo tres, habiendo en Castellar un proyecto para construir un hotel y varias viviendas. Pero Arenas La Bellida S.L. planea nuevas incursiones en el centro, muy cerca: en la Fábrica de Sombreros.

Así se desprende del Plan de Reforma Interior que ha presentado la empresa a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, tal y como ha podido consultar esta cabecera. En uno de los apartados del documento se especifica que el Plan General de Ordenación Urnaba (PGOU) de 2006 delimitaba hasta 6 ARIs dentro del Distrito Casco Antiguo. El más cercano a Castellar es el ARI-DC 04 Fábrica de Sombreros, en el que “tampoco se ha desarrollado” las actuaciones de reforma interior contempladas en la planificación, “pero que desde aquí podemos avanzar que también va a ser impulsado contemporáneamente por este por el mismo promotor”. Por tanto, se deduce que la propuesta se realizará más pronto que tarde para sacar rendimiento económico a la zona.

A continuación, el documento expone que el desarrollo del área Castellar-Dueñas en las condiciones actuales “es claramente disfuncional y antieconómico”. El PGOU contempló en las fichas que el desarrollo del ARIs de la zona (actuaciones de reforma interior) fuera “preferentemente público”, pero denominan la operación como inviable según las exigencias del artículo 105 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, “circunstancia sobradamente acreditada por el simple transcurso del tiempo”.

“Van a desarrollarse contemporáneamente”

Es decir, tras 20 años no se ha operado ningún cambio en las fincas, pese a que los dueños expresaran en el pasado su deseo de rehabilitar el espacio y que, de otra parte, se intentara llegar a un acuerdo con la Junta y el Consistorio para que pasara a manos públicas.

A ese intento frustrado le siguió la degradación y expulsión de los artesanos que trabajaban en su interior, sufriendo hoy presiones y daños por parte de la propiedad que representa Garajes Santa Inés S.A., que los acusa de ocupación. Unos dueños a los que ya se suma la empresa Arenas de la Bellida S.L., que posee el 66% del inmueble y ha ofrecido 12 millones de euros por la totalidad, siempre y cuando el plan urbanístico sea viable para construir un hotel de cuatro estrellas de 90 habitaciones y otras 29 viviendas libres, para lo que necesita la aprobación en pleno municipal.

El Plan de Reforma Interior presentado por la compañía onubense procede a “establecer nuevas condiciones de aprovechamiento que habiliten el efectivo desarrollo urbanístico, jurídico y físico del ámbito de manera autónoma, pero considerando además la relación de complementariedad que Castellar-Dueñas tiene con el aledaño Fábrica de Sombreros, pues como sabemos van a desarrollarse contemporáneamente”. Dando por sentado, así, la operación.

Ante el malestar vecinal y la amenaza de derribo del colegio concertado Calderón de la Barca, la solución de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Sevilla pasa por pasar las parcelas a manos de la administración pública. En respuesta a la oposición, el pasado jueves el gobierno de José Luis Sanz admitió que se podría plantear una expropiación con tal de garantizar la viabilidad del centro educativo y en pos de la convivencia vecinal. A preguntas de este medio sobre la Fábrica de Sombreros, las fuentes municipales se han remitido al comunicado.

El Calderón: “Una suerte de ejercicio de concentración educativa”

En el documento que aborda la remodelación de Castellar se plantea la paulatina pérdida de alumnado en el colegio Calderón de la Barca, ya que, como justifican, el número de matriculaciones ha descendido hasta las 236 en el curso 2023/2024. A la Gerencia de Urbanismo le explican que “el centro ha pasado de tener listas de espera hace una década a ver cómo se quedan cada vez más plazas vacantes en Infantil, aventurando una paulatina reducción en su oferta por falta de alumnos”.

A tenor de lo comentado, la memoria del Plan de Reforma Interior insiste en que “a la vista de esta tendencia, sería plausible que la propia Consejería se adelantase para plantear una suerte de ejercicio de concentración educativa para finales de esta misma década, reorganizando líneas entre toda la comunidad educativ concernida por este escenario. En este caso, la reorganización conllevaría el traslado de algunas líneas a otros centros, situación que ya es innata en el Calderón para sus alumnos de Bachillerato, quienes deben trasladarse al IES Velázquez o el IES San Isidoro”, sugiriendo su desaparición. Pero, más allá de los números 48, 50 y 52, ¿qué ocurre con el resto de corralones que hay en el casco de Sevilla?

Pasaje Mallol 8 y 11

Manuel Fernández, coordinador del Distrito Centro en Izquierda Unida, muestra los restos de un patrimonio industrial que data de los siglos XIX y XX, tal y como reseñan varias publicaciones científicas que dan cuenta del origen obrero de estas barriadas que hoy en día, por su ubicación y la expansión del turismo, son carne de especulación. El grupo municipal Podemos - Izquierda Unida registró el pasado 1 de junio una propuesta a debatir en la Junta municipal del Distrito Casco Antiguo para que se tomaran medidas relativas a los corralones de la calle Castellar, al igual que adelantó el PSOE que realizaría un seguimiento en las próximas semanas para abordarlo en el pleno municipal.

Los corralones registrados en Sevilla son los de calle Castellar 48, 50 y 52, también, Pelícano 4, así como Pasaje Mallol 8 y 11, y Bustos Tavera 26. La primera parada en el camino es el Pasaje Mallol número 11, cuya fachada blanca no recoge en ninguna planca o seña que fuera patrimonio industrial. La web de La Cooperativa de Arquitectos muestra el diseño del proyecto de rehabilitación y ampliación del edificio plurifamiliar: 10 viviendas-taller, nueve viviendas y 49 garajes que comprenden los números 11, 13 y 15.

No obstante, los vecinos consultados por la zona comentan que en el interior no se produce ninguna actividad y, en todo caso, hacen referencia a los corrales próximos, del número 11. “En su momento se vendieron por 400.000 euros”, comenta una lugareña. En vista de la transformación de la edificación, el movimiento activista denunció durante la remodelación el alto coste de estas propiedades que va contra el espíritu primigenio de los corralones: alquileres de bajo coste, comunitarios, que permitan la actividad artesanal.

Además, en este tramo también se preveía que los restos de una vivienda tardoislámica del siglo XI pudieran contemplarse a través de una cristalera en el sótano de la propiedad y, pese a que las obras estaban proyectadas para acabar en 2021, no hay señalización que permita apreciar este hallazgo. En frente, se encuentra Pasaje Mallol 8, cuyas puertas aún se mantienen abiertas y deja a los paseantes contemplar el interior de la actividad a pequeña escala. Es la única referencia que toman los artesanos de su vecino más próximo, el corralón de Pelícano número 4.

El corralón de Pelícano 4

Una placa da la bienvenida a las calles empedradas, llenas de árboles y coches aparcados a un lado y a otro. Colgado en la pared están los azulejos que datan de septiembre del año 2000, y reza: “Dios bendiga este patio de artesanos de plaza Pelícano nº 4 para que Dios les dé trabajo, salud y paz”.

En el taller hay una cabecilla que intenta encajar las piezas. La artesana cuenta su experiencia a este medio, aunque prefiere reservar su identidad. En el espacio rectangular conviven los ritmos dispares de los artistas, hay materiales desperdigados por las mesas de trabajo, lienzos de pintura, caballetes, tornos para limar los metales. Cientos de piezas que une desde hace más de una década. Confía en que la propiedad, que ha pasado a manos de los herederos, no ponga ningún obstáculo y permita que sigan con sus labores, ya que nadie ha comunicado ningún cambio en el uso de las infraestructuras. “Aquí somos cuatro artesanos y, en total, hay como 20 personas trabajando”.

El proyecto urbanístico que se planea sobre el corralón de la calle Castellar ha tenido otro efecto en la comunidad: la movilización. En redes sociales, a través de asambleas con los afectados, la cuestión es mover ficha antes de que haya una nueva desaparición y reactivar el tejido asociativo que se dio hace 20 años. En el barrio de San Julián crecen las posibilidades y la artesana cuenta el transcurso de los acontecimientos: “Hay iniciativas para revitalizar el barrio, como el mercado y la ruta artesana, porque reivindicamos los espacios del barrio. Esto no deja de ser un doble lastre: aparte de hacer tu trabajo diario tienes que estar ojo visor de lo que ocurra en los otros corralones”.

En busca de figuras de protección

En el año 2006 se intentó modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla y que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento asumieran la gestión pública de los corralones. Con la crisis económica de por medio, no llegó a fructificar ninguna medida que blindara el futuro de las parcelas. “Llegamos a ser 90 artesanos trabajando en la calle Castellar en aquel año y, al poco tiempo, empezaron a echar a la gente y subieron los alquileres, que pasaron de 180 a 500 o 600 euros”, menciona, “aparte, hubo quien aprovechó para montar bares ilegales, por lo que le dieron argumentos a la propiedad y supuso la expulsión de al menos la mitad de los que estaban allí”.

“Hay miedo”, lamenta. La única opción a la que ve posibilidades es retomar el curso de 2006 y la gestión pública del recinto. “El PGOU tiene 20 años y a saber si cambiar los usos del suelo... Se iría todo a tomar por culo”, pero nota el hastío o la desesperanza del colectivo social. Hace dos décadas se reunían en aras de conseguir mejoras conjuntas, pero los obstáculos se encadenan: a la presión urbanística se le añade la precarización del oficio y el aumento de las responsabilidades personales, ya sean familiares o el pago de la hipoteca o el alquiler. “Unir a todo el mundo es muy difícil, pero si ves el movidón en Castellar... No es solo allí, es todo. Hay que resistir”.

“El pasaje Mallol y Pelícano no tienen un peligro real, por ahora, pero queremos adelantarnos y declararlos Bien de Interés General y Etnológico”, consiguiendo así reforzar su protección. Un paso antes de que cualquier otro proyecto urbanístico haga temer por la pervivencia del enclave sociocultural.

Bustos Tavera, 26

La última estación de este recorrido se encuentra en Bustos Tavera, número 26. Habría que remontarse al 2007 para conocer qué pasó en este recodo hispalense. Una información del día 6 de noviembre de aquel año en el ABC Sevilla, y de otros blogs locales, relata el desalojo de los últimos artesanos después de que la propiedad resolviera los contratos de alquiler. En aquel entonces, la Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo de Sevilla (PACA) denunció los hechos y alertaba sobre la especulación que presionaba la zona norte. Ya se pedía el amparo de la administración pública y la organización llegó a entrevistarse con la Consejería de Cultura para que se declarara el inmueble como Bien de Interés Cultural. Una iniciativa ahora rescatada a contrarreloj.

El futuro de Busto Talavera ya estaba sentenciado, pero no fue hasta septiembre de 2024 cuando las obras hicieron aparición y alertaron a la oposición. Fernández, representante del grupo municipal Con Podemos - Izquierda Unida, registró una pregunta a la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que asegura que sigue sin responderse. En ella, cuestionaba la demolición “completa” del edificio “sin respetar el deber de conservación de los elementos de la fachada y la primera crujía de la finca”. Al asomarse a las obras, apenas quedan restos de la infraestructura original.

La promotora Puntal de Dueñas ha desarrollado ya el 50% de las obras que supondrán la construcción de 12 viviendas y 10 viviendas-taller, describe en la página web y dossier adjunto, en el que no hay imágenes de los espacios dedicados a oficios, como ocurría en Pasaje Mallol número 8. La propuesta va encaminada a convertirse en un lujoso edificio residencial con “loft de alta gama” que contará con pisos, patios interiores y piscina en su azotea en el marco de un diseño “minimalista contemporáneo e industrial”. El único vestigio que quedará de los corralones industriales en el recinto será esa descripción.

“Todo podría ser diferente”. Esa es la idea con la que se invita a entrar a un pequeño apartamento del corazón del barrio barcelonés del Raval. Es, en realidad, un bajo comercial, pero funciona como apartamento aunque no tenga cédula de habitabilidad. Es un piso turístico sin licencia que se oferta en Airbnb.

Al entrar, un pequeñísimo espacio diáfano se abre ante el visitante. Cafetera de cápsulas, cactus de plástico, algún libro y muebles de cadena sueca. Pocos cubiertos en los cajones. “Todo podría ser diferente”. Y, al menos esta vez, lo es. Porque los enseres impersonales están arrinconados tras una cortina. El resto del espacio se ha convertido en una exposición temporal.

El investigador en historia Miquel Hernández y la artista Iris Verge han instalado esta muestra de arte conceptual en un piso turístico ilegal durante 48 horas. La propuesta es simbólica y concisa: tenía que contener todo el peso de la turistificación y la crisis de la vivienda en los escasos 50 m² que mide el apartamento. Y que, con todo, se alquila a más de 200 euros la noche.

Cuesta moverse por el piso, que está ocupado por una especie de andamios de madera, recubiertos de fibra de vidrio y demás materiales aislantes. Sobre ellos hay impresos diversos mensajes. Hay fotografías en blanco y negro que muestran la historia de la vivienda en España; desde las barracas en la playa del Somorrostro, hasta los edificios cebra, pasando por las casas baratas o los edificios colmena.

“El problema de la vivienda es estructural y tiene muchos frentes. El primero de ellos es que se haya contemplado, desde el principio, como una mercancía para sacar provecho”, explica Hernández.

El hacinamiento de las familias obreras en los edificios enormes de las periferias es la otra cara de la moneda de la expansión de los pisos turísticos. “Hay que entenderlo como un todo porque, si no, por mucho que se intente regular, no cambiará nada”, sostiene.

La exposición recoge diversos titulares que, en su momento, se hicieron eco de la decisión de Barcelona de no renovar licencias y acabar con los pisos turísticos de la ciudad para 2028, del aval de la Justicia a esa iniciativa y de la lucha del consistorio contra los que operan sin permisos. “Hecha la ley, hecha la trampa”, insiste el historiador, que recuerda que cerca del 18% de los alojamientos que se ofertan en Barcelona carecen de licencia.

Sin ir más lejos, el piso que acoge la muestra es un piso ilegal. “La podríamos haber hecho aquí o en cualquier otro, porque hay muchos”, apunta Hernández, que insiste en que las normas tienen que venir acompañadas de recursos y voluntad para hacerlas cumplir.

La escasez de profesionales que rastrean pisos sin licencia es un lastre a la hora de encontrarlos y clausurarlos. Pero el principal problema se encuentra en la falta de cooperación de las plataformas.

Ahora hace justo un año, se aprobó una Ventanilla Única para registrar todos los apartamentos turísticos en Europa. El objetivo es crear una sola catalogación que ayude a las plataformas a identificar anuncios fraudulentos, pero ese mecanismo no sirve de nada si las empresas no ponen de su parte.

Barcelona fue una de las ciudades pioneras en la persecución de los pisos ilegales y, si bien explican que muchas de las plataformas ponen facilidades, lamentan que Airbnb dilate y dificulte los procesos. El consistorio firmó hace años un acuerdo de cooperación con la empresa, mediante el cual esta se compromete a eliminar los anuncios ilegales que el Ayuntamiento detecte.

Sin embargo, los anuncios tardan en descolgarse porque la empresa que la comunicación sea vía correo postal desde Barcelona hasta Irlanda (donde Airbnb tiene su sede en Europa). Además, no garantiza que los anuncios no se vuelvan a colgar y tampoco facilita información clave a los técnicos municipales encargados de detectar los pisos ilegales.

Por ejemplo, no les permite conocer la dirección para contrastarla con el registro de licencias. Así que, cuando el consistorio tiene sospechas de que un apartamento opera de manera ilegal, debe intentar encontrarlo haciendo de “detective de Google maps” mediante detalles que se puedan encontrar en las fotos de los anuncios, tal como explicaron a elDiario.es.

“Por mucho que haya leyes, siempre encontrarán maneras de pasar los controles y lucrarse con la vivienda. Aunque los prohíban, los pisos turísticos no desaparecerán”, pronostica Hernández. Él mismo ha podido comprobar, mientras buscaba el apartamento ideal para acoger la exposición, que los anuncios eliminados poco después vuelven a colgarse con otro nombre y otros detalles. Y sospecha que el propietario de este piso posee diversos apartamentos turísticos más en el mismo bloque.

Una exposición discreta y fugaz

La muestra, que se ha podido visitar el domingo y el lunes, ha sido breve por diversos motivos; primero, por el precio. Reservar el piso estas 48 horas les ha costado casi 500 euros. Y, luego, para evitar conflictos con el propietario. Los responsables han sido asesorados por abogados que les han recomendado ser discretos a la hora de compartir la ubicación para evitar una denuncia por daños y perjuicios, así como posibles reclamaciones por daños en la vivienda.

Por eso, la dirección, el día y la hora de la inauguración se ha compartido por un grupo de Telegram en el que hay menos de 80 personas y algunos pocos periodistas a quienes se ha pedido la misma discreción. Pero la muestra pronto seguirá su camino y se podrá visitar libremente en la Casa Orlandai.

La exposición de Miquel Hernández e Iris Verge es sólo una parte de un amplio proyecto que les ha valido el Premio Miquel Casablancas y una Beca Barcelona Crea. Todo podría ser diferente es el resultado de un proceso de investigación histórica y artística, así como de una mediación con vecinos del barrio de Sant Andreu de Barcelona que se han visto afectados por la crisis de la vivienda y cuyos testimonios se pueden oír en bucle mientras se visita la muestra.

“Los desahuciados no sienten rabia, sino culpa”, dice una de las voces que habla. Y esa es otra de las reflexiones de la exposición: la responsabilidad que cae sobre quienes no han podido proteger su hogar de la especulación o la gentrificación. “Las leyes solo van a mejorar nuestra situación mínimamente. La única solución es la organización de toda la sociedad, no sólo de los que nos hayamos visto afectados por esta crisis”, remacha Hernández.

El nuevo proyecto en los corralones de Castellar traerá consigo un hotel de cuatro estrellas con un rango de entre 75 y 90 habitaciones y 29 viviendas libres, por lo que se incrementaría la edificabilidad del solar en un 150%. Estos nuevos detalles sobre el reordenamiento del espacio los ha dado el grupo municipal del PSOE, que tilda de “pelotazo urbanístico” al trámite iniciado por la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. en enero tras registrarlo en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. Ante el peligro que entraña para el patrimonio industrial, la oposición pide que se pare la “operación de especulación urbanística” y pase a titularidad pública.

A escasos metros de los números 48, 50 y 52 de Castellar, tramo vigilado por los trabajadores de la propiedad de los corralones, se encontraba Antonio Muñoz, portavoz socialista en el Consistorio. En la esquina de la calle Heliotropo que conduce a la antigua Fábrica de Sombreros se dio cita con los medios para explicar que la transacción prevista de 5 millones de euros pasará a ser de 12 millones de euros siempre y cuando se cumplan con la viabilidad económica del proyecto, es decir, que se modifique el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), tal y como avanzó elDiario.es. “El modelo del PP pasa por sacrificar los espacios culturales, también un centro educativo cuando no sobran plazas escolares, y esta seña de identidad”, aseveró, en referencia al centro educativo Calderón de la Barca.

El Plan de Reforma Interior, presentado por la oferta procedente de Huelva a fecha de 27 de enero de 2026, vendría a modificar el Plan Especial de Protección que fue aprobado en noviembre de 2013 por el Consistorio hispalense. Para ello, la memoria de la propuesta determina la necesidad de modificar el PGOU, ya que se calificaba el abordaje de las obras en las condiciones actuales de los corralones como “claramente disfuncional y antieconómico”, como comprobó esta cabecera. Además, resaltó el portavoz socialista, todas las viviendas pasarían a ser libres y ninguna se contemplaría bajo el paraguas de protegida, al contrario de lo que determina el PGOU con un mínimo de cuatro VPO, por lo que pasaría a ser una zona exclusiva en el centro histórico.

Asimismo, el socialista avanzó que se suma la eliminación de un total de 1.848 metros cuadrados de techo que el planeamiento destinaba a Servicios Avanzados. Esos metros cuadrados se trasladan íntegramente al uso residencial, permitiendo aumentar la superficie destinada a vivienda y “mejorando así las perspectivas de rentabilidad privada de la operación”, una práctica que ya se realizó en el canal de la Expo, comentó.

La seguridad de los vecinos y la continuidad del colegio

En un comunicado, Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Consistorio hispalense, rechazó las palabras de Muñoz sobre la actuación en los corralones. “No se va a permitir ninguna actuación que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos ni la continuidad del colegio Calderón de la Barca”, a lo que añadió que “cualquier decisión urbanística que afecte a esta parcela tendrá como condición innegociable garantizar que el Calderón de la Barca siga funcionando con normalidad”.

En cuanto al trámite, la Gerencia de Urbanismo está valorando en estos momentos “la posibilidad de expropiar los corralones” como vía para garantizar tanto la seguridad del entorno como la continuidad del centro educativo. Junto a ello, achacó la situación actual como resultado de “ocho años de abandono y dejadez por parte del PSOE”: “Es una herencia que nos hemos encontrado y de la que nos haremos cargo”. No obstante, señaló “la complejidad” en la manera de abordar el entorno de los corrales, afirmando que “se han producido ocupaciones irregulares completamente ajenas al colegio que generan problemas de convivencia” y culpando a la Ley de Vivienda del Gobierno central, pese a que varios de los artesanos entrevistados por este medio demostraban tener su alquiler en regla.

Queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz

Por su parte, Muñoz reiteró que “la mejor manera de quitar esa espada de Damocles es que los corralones se conviertan en un espacio público”, criticando que la transacción “vaya a contar con el visto bueno de Sanz”. Por ello, exigen paralizar el expediente, evaluar económicamente el terreno que comprenden las tres fincas y proceder a la compra o expropiación para pasarlas a titularidad y gestión pública. No obstante, el tiempo corre en contra. El acuerdo de compraventa entre Arenas de la Bellida y la propiedad se dio en junio de 2023 y tiene un periodo de tres años de vigencia, momento en el que la compañía ha presentado el Plan de Reforma Interior al Ayuntamiento para valorar si, finalmente, se podrá ejecutar el proyecto urbanístico.

En la actualidad, la propuesta debe pasar primero por la Junta de Gobierno, una vez aceptado este trámite estará en exposición pública y, finalmente, se habría de aprobar en el pleno municipal. Antes de dar cualquiera de estos pasos, Muñoz pide que el Gobierno de Jose Luis Sanz no admita las tramitaciones y se deje “morir” el expediente que afecta al ámbito Castellar-Dueñas, incluido en el sector San Andrés-San Martín del conjunto histórico. En paralelo, el socialista aseguró que se ha reunido con alguno de los vecinos afectados, con quienes presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y, también, escalarán a Bruselas. Además, en septiembre presentarán una moción para que el alcalde “no esté de perfil” frente a la degradación del complejo industrial.

La polémica viene de muy atrás. En 2006 fue cuando la Plataforma de Artesanos y Artistas del Casco Antiguo (PACA) denunciaba el desalojo de varios propietarios, una práctica que continúa a día de hoy en los corralones de Castellar, donde las amenazas y los desalojos han motivado las denuncias por parte de varios trabajadores que estuvieron en los talleres desempeñando su oficio durante décadas. El movimiento intentó negociar un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, justamente para que la propiedad pasara a manos públicas, pero la crisis económica y la pérdida del interés en la reformulación del espacio hizo que la propuesta quedara en agua de borrajas.

Preguntado por estas conversaciones infructuosas, Muñoz ató su elección como alcalde en las elecciones municipales de 2027 al futuro de los Corralones: “Esperamos que esta culminación no se dé antes del mes de mayo” y se comprometió a dar este “equipamiento cultural” al barrio para que permanezca “como una seña de identidad”. La presión política llega casi un año después de que la artista y programadora cultura Estefi Yeah denunciara a la Policía Nacional una agresión a las puertas de los corralones .

La propiedad, a día de hoy, está dividida entre 62 propietarios y, fruto de las herencias, tienen porcentajes de reparto que oscilan entre el 0,6% y el 2,8%. Es decir, cantidades que, aunque parezcan irrisorias, son significativas a la hora de acordar la venta completa del inmueble. En este entramado, cabe destacar que Arenas de la Bellida ya entró en el reparto en el año 2023, cuando adquirió el 66% de la propiedad.

Cuando Pere tomó la decisión de vender su piso llevaba décadas en el Raval. Antes había vivido de alquiler, pero en 2001 se compró un apartamento y fue quince años presidente de la comunidad de su finca. “Era un barrio donde los vecinos eran intocables”, señala hoy desde Vic, su ciudad natal y a la que regresó hace poco más de un mes.

Pere, de 69 años, reconoce que dejar su casa ha sido un proceso muy doloroso, pero aun así continúa visitando con frecuencia este céntrico barrio en el que habitan 45.000 barceloneses. A menudo señalado el Raval por episodios de delincuencia, Pere asegura que no fue este el causante de su adiós. “El turismo y la especulación inmobiliaria trajeron consigo la delincuencia y, en consecuencia, la degradación vecinal”, argumenta este ex vecino. 

Esta transformación no ha sido repentina, sino un proceso sostenido a lo largo de años, incluso décadas, que ha alterado la composición social del barrio, según señala el demógrafo Toni López Gay. La presión inmobiliaria, añade, no siempre se traduce en expulsiones directas de vecinos, pero sí en un escenario de subidas de alquiler, contratos temporales y proliferación de pisos turísticos que hacen imposible establecer lazos en el barrio. 

A veces, como ha retratado Ravalear, la víctima es un comercio centenario. Un fondo de inversión compra una finca e impone una mensualidad inasequible para los establecimientos del barrio, que es lo que le ocurrió al restaurante de la familia de Pol Rodríguez y que ficciona en la serie que protagonizan Enric Auquer y María Rodríguez Soto.  

Según los datos de la Generalitat, el precio medio de alquiler de una vivienda en el Raval fue en 2025 de 957,3 euros al mes. El portal inmobiliario Fotocasa señaló que de entre todas sus ofertas en el barrio, los precios se situaban en los 1.160 euros. 

Para López Gay, el Raval sigue siendo un barrio de alta movilidad residencial, aunque con perfiles de llegada que han cambiado: “Aumenta la llegada de población joven de clase media, con niveles educativos elevados y trayectorias laborales vinculadas a sectores culturales, académicos o creativos”.

La centralidad del barrio o su proximidad a universidades y equipamientos culturales lo han convertido en un espacio atractivo para quienes décadas atrás lo evitaban. Por el contrario, expone, la población que abandona el lugar “suelen ser perfiles más vulnerables que antes acudían al barrio porque era el único lugar en el que encontraban sitio”. 

Con todo, los procesos de gentrificación que afectan desde hace años al Raval, algunos empujados desde el Ayuntamiento, no han evitado que siga siendo uno de los barrios más pobres de la ciudad. Desde el corazón de Barcelona y no en la periferia, tiene una de las rentas per cápita más bajas y uno de los porcentajes más elevados de población nacida en el extranjero: el 67%, solo superado por el Gòtic. 

Precariedad y el estigma de la delincuencia

Montse, vecina también del Raval durante años, se tuvo que marchar de su piso de la calle Lluna. “El propietario me dijo que me tenía que ir porque su hermana se iba a mudar ahí. Pero con el tiempo me di cuenta de que era mentira”, se lamenta.

“Yo pagaba unos 800 euros y luego vi que lo alquilaba por mucho más”, cuenta esta mujer procedente de Colombia, pero que ya llevaba 19 años en Barcelona. “Ahora vivo en el barrio de Gracia, pero aquí no hay las redes vecinales que hay en el Raval, al que sigo viniendo mucho”, expresa. 

Montse tiene una hija que nació y creció en el Raval, pero ya antes de dejar el barrio, la joven vio cómo su entorno también se iba. “Hacia el 2020 mi hija ya no tenía a sus amigos del barrio”, explica esta mujer, madre soltera, que recuerda dos décadas en este barrio en las que fue “muy feliz”. 

Montse distingue los conflictos sociales que se viven en el Raval y la sensación de inseguridad que describen algunos vecinos. Reconoce los problemas derivados de la precariedad, pero rechaza la imagen de barrio violento. “Aquí nos conocemos, hay redes, hay cuidado. La inseguridad la cuentan quienes no viven aquí”, resume. Para muchos vecinos, el Raval no es un espacio hostil, sino un entorno cotidiano marcado por relaciones de proximidad que no encajan en los discursos alarmistas.

Tanto vecinos como expertos denuncian, cansados, que esta etiqueta del Raval visto como barrio peligroso no es nueva. En Matar al Chino, Miquel Fernández explica cómo el Raval ha sido construido durante más de un siglo como un territorio problemático, objeto de políticas higienistas y de control. Desde finales del siglo XIX, la densidad, la mezcla social y determinadas formas de vida fueron señaladas como amenazas para el orden urbano. 

La reducción de la densidad, exponen, se convirtió en una herramienta central para “sanear” el barrio, pero con un coste social. Ejemplo de ello fue la creación de la Rambla del Raval, para la que se derribaron cinco manzanas, un total de 62 edificios. Supuso el desalojo de 5.000 vecinos, cuenta Álvaro Mazorra sobre el que ha sido el mayor proyecto de transformación urbanística del Raval en el siglo XXI.

Mazorra es sociólogo experto en urbanismo y coautor, junto a López Gay, de Migración internacional cualificada y residentes temporales, ¿el avance definitivo de la gentrificación en El Raval?

Con el tiempo, considera que esta lógica se ha mantenido. Rehabilitación, regeneración y mejora urbana sustituyen el discurso higienista sin cuestionar su función disciplinaria. El Pla Endreça, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2023 para mejorar seguridad y limpieza en la ciudad, se inscribe en esa tónica, consideran estos académicos. 

Bajo la retórica del civismo y el orden, el Pla Endreça “refuerza el control del espacio público y penaliza usos y presencias consideradas inadecuadas”, señala Mazorra. “Es una cortina de humo”, denuncia Ángel Cordero, presidente de la Xarxa de Veïns del Raval. “¿Necesitamos más policía? No. Lo que necesitamos es que las instituciones inviertan más en los colectivos vulnerables”, puntualiza. 

Entre los objetivos del Pla Endreça destacan la intensificación de la vigilancia policial, las sanciones administrativas y la persecución de actividades informales que afectan especialmente a la población migrante y racializada. Mazorra lo describe como un hostigamiento cotidiano: “No es más seguridad, es más control sobre determinados cuerpos y hay que ser muy claro cuando se habla del Raval: hay unas políticas que se basan en el racismo institucionalizado de la población migrante”. 

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Barcelona presentó la Estrategia Urbana del distrito de Ciutat Vella con el horizonte puesto en 2035. Según fuentes del distrito consultadas por este medio, se trata de una “hoja de ruta” que “se tiene que concretar en acciones y planes concretos” no especificados.

Pese a que el objetivo sea reforzar la “dinamización del distrito y la vida social del vecindario y la vida social del vecindario”, los vecinos lamentan que ni los desahucios y los pisos turísticos están contemplados en esta estrategia, con lo cual muestran desconfianza hacia la apuesta del Ayuntamiento.

Más “cariño” y menos turismo

Una de las particularidades del Raval son las desigualdades que alberga. “Te puedes encontrar viviendas completamente renovadas destinadas a residencias temporales al lado de infraviviendas”, cuenta Mazorra, quién también destaca las diferencias existentes entre el Raval Nord, ese barrio que cuenta con un “clúster cultural que atrae a migrantes intelectuales procedentes de países ricos” –en referencia al MACBA o al CCCB– frente el Raval Sur, donde se concentra la población más vulnerable.

Uno de los últimos pasos para reforzar este modelo urbanístico y cultural es la ampliación del museo del MACBA, cuyas obras se iniciaron en 2025. Los vecinos denuncian que supone la pérdida de unos 1.000 m2 cuadrados de espacio público. “En vez de invertir en parques, en hacer zonas verdes para los vecinos, hacen esta ampliación que sólo va a servir para atraer más turismo”, denuncia Cordero. “Y el barrio lo que necesita es mucho cariño para la gente que vive aquí”. 

“La museificación del entorno no sólo revaloriza el suelo y atrae inversión, sino que redefine los usos del espacio público y las formas de habitarlo”, señala Mazorra. Ejemplo de ello, añade, es que las plazas y calles próximas a estos museos o equipamientos “se transforman en escenarios pensados para el tránsito, el consumo y la visita”, más que para la vida cotidiana.

Esta ampliación conlleva una inversión de 14,75 millones de euros que salen de las arcas del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Ministerio de Cultura. Sin embargo, los vecinos recalcan que el 91% de los visitantes del MACBA son turistas. Por eso, una red de 200 vecinos ha presentado una campaña de crowdfounding para parar la ampliación. Por el momento, sin éxito. 

La entidad ha llevado la ampliación ante la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya desestimó la denuncia, pero han recurrido al Supremo.  

Mientras tanto, y a diferencia del caso del MACBA, la presión vecinal tiene éxitos en su haber: ha frenado desalojos y mantenido espacios comunitarios amenazados. El Ágora Juan Andrés Benítez, un solar abandonado por Sareb que funciona como punto de encuentro desde que la policía mató a Juan Andrés Benítez, vecino del barrio, es un ejemplo de ello. 

Ramiro, de 65 años, llevaba cuatro décadas viviendo en el Raval. Es otro de los que se ha ido. No se fue por voluntad propia ni por una decisión económica calculada: se fue porque no le quedó otra. La propietaria del piso en el que vivía su hermana, de quien tiene la tutela legal por una discapacidad psíquica, les comunicó que no les renovaría el contrato. La relación con ella es buena, insiste Ramiro. El problema fue el mercado. “Nos vimos obligados a irnos del barrio porque si buscábamos un piso para mi hermana, o era demasiado caro o estaba mucho más lejos de donde vivíamos nosotros”. Hoy, Ramiro, su mujer y su hermana viven en una masía por la que pagan 1.500 euros al mes. Si pudiera, volvería. “Porque ese es mi barrio”, reafirma.

Para Ramiro, los planes para aumentar la seguridad y la vigilancia en el barrio no tienen como fin la inseguridad, sino que son una herramienta de gestión urbana. “Se criminaliza la pobreza para limpiar el espacio”, afirma. Miquel Fernández, autor de Matar al Chino (2014), califica este proceso como una forma de “colonialismo urbano” y que ya se vio cuando empezaron las obras para la creación de la Filmoteca, inaugurada en 2012 dentro de otra intervención urbanística de alcance para el Raval. 

En su libro, Fernández explica cómo esta “regeneración urbana” del Raval no es un proceso neutral, sino que ha requerido producir una imagen deteriorada del barrio para justificar intervenciones que, en la práctica, han supuesto “la suspensión formal e informal de los derechos de los vecinos”. Frente a ese relato, los vecinos de toda la vida insisten en otra realidad. “Estamos hartos”, añade Ángel. Montse lo expresa con claridad: “En el Raval nos sentíamos seguras porque nos conocíamos”.

Una viuda de edad avanzada mira su futuro con preocupación. Vive en un barrio bonito y, aunque su pensión no es nada del otro mundo, le llega para pagar el piso en el que lleva viviendo tantos años. Pero se hace mayor y se siente un poco sola. “Me gustaría que se hiciera un centro de salud y un parque”. Sus deseos son escuchados pero, en el momento en que la administración acepta construirlos, queda automáticamente expulsada del barrio.

Esta anciana desahuciada no existe. En realidad, es el alter ego de un adolescente de origen migrante. Está participando del taller ‘Gentrifi...qué!?’, un juego para explicar qué es la gentrificación, a quién afecta y con qué consecuencias. Y, quizás, cómo resistirse a ella. Está pensado para adaptarse a cualquier territorio y edad y para personas que no necesitan tener conocimientos previos. Hoy, los escogidos son alumnos de 4º de la ESO del Instituto Angeleta Ferrer, de Barcelona.

Se trata de una especie de juego de las sillas —más complejo y político— en el que los participantes encarnan personajes a los que les han sido asignados unos puntos. Por otro lado, hay barrios con un determinado nivel de vida y ocupación máxima. La dinámica es sencilla: nadie puede estar ni sobrepoblar una zona con un estatus superior al de los puntos que tenga. El objetivo es evitar la expulsión.

El juego no es tan fácil como parece: construir un hospital, pacificar una calle o erigir una nueva promoción de pisos sube el nivel de vida. También es posible que, por sorpresa, aparezcan inversores, especuladores o productores de HBO que pongan al barrio en el mapa y hagan que los vecinos de siempre se vean substituidos por expats, parejas adineradas y turistas.

El juego ha sido ideado por Memòria, Lluita i Resistència, un colectivo que se dedica a investigar y a divulgar sobre los efectos del capitalismo en la vida diaria de la gente. Su idea es llegar a un público no iniciado, ese que se pierde en el mar normativo y en los conceptos académicos. Al que, aunque los debates no le interpelen, forma parte de ese 48% de la población con problemas para llegar a final de mes y pagar la renta.

Los activistas usan el juego para “generar conciencia”, pero también para “recordar que al sistema sólo se le puede vencer en colectivo”, explica Marc Sureda Rovira, arquitecto, miembro del colectivo y el encargado de dinamizar el taller en este instituto de Barcelona. Además de colegios, también lo imparten en asambleas de barrio y asociaciones diversas. El material, de hecho, está disponible para que cualquiera lo descargue y juegue por su cuenta.

Hace casi una década que nació este juego y, después de decenas de sesiones, han recogido la experiencia en el libro Gentrifi...què?! (Deskontrol, 2026), una guía para entender la gentrificación y pensar estrategias para plantarle cara.

Aprender desde la experiencia

El joven alumno del instituto Angeleta Ferrer que encarna a la anciana desahuciada mira fastidiado su carta de personaje: tiene medio punto menos del que necesita para quedarse en su barrio. Entre risas, se levanta a buscar otra mesa para asentarse. Instintivamente, lo hace con uno de sus amigos, que también ha sido expulsado. Pero deben separarse: la anciana tiene 6,3 puntos, mientras que el otro, un joven migrante en situación irregular, apenas llega a 3,5.

No sólo no volverán a ser vecinos en lo que resta de juego, sino que ambos serán expulsados diversas veces. “Me han desahuciado cuatro veces en media hora. Cada vez que encuentro un sitio, me expulsan”, se lamenta el alumno que representa al joven migrante.

Una compañera le escucha, asintiendo. Ella es una madre soltera, abandonada por su marido y debe cuidar tanto de su hija como de su madre. Tiene un 3,3 y lleva otros tantos desahucios a sus espaldas. “¡Pues plántate donde estés y no te muevas!”, le grita desde la otra punta de la sala. Pero esas no son las normas. “¿Y qué? Si las normas no son justas, no sirven”, sostiene.

Aunque esta alumna no lo identifique así, ha decidido ocupar su vivienda. Hace pocos minutos, era una de las que reconocía tener prejuicios contra quienes hacen lo mismo en la vida real, pero ahora está incentivando a sus compañeros a hacer lo necesario para sobrevivir y conservar un techo bajo el que dormir.

Llegados a este punto, Sureda sonríe. Esta chica, sin saberlo, ha encontrado una de las maneras de ganar el juego. “Si se siguen las normas, es imposible hacerlo”, sostiene. “Los chavales ya saben qué es la gentrificación, pero no saben que se le llama así. La han experimentado en la calle o en su casa con expulsiones, presiones por impago…”, sigue el tallerista.

En esta clase hay dos alumnos que han pasado por un desahucio, aunque no lo han explicado. Las docentes se han enterado sólo porque han detectado cambios en su conducta. “Los ves distintos y, a base de preguntar y preguntar, te acabas enterando, pero hay mucha vergüenza”, sostiene Verena Blume, docente del centro.

Esta maestra es miembro de Docents 008, un colectivo de profesores movilizados contra los desahucios. “Puede parecer raro que no pidan ayuda, pero se entiende cuando ves que se culpan de su situación”, añade Blume. Este centro, situado en la periferia del Eixample, es muy diverso. El 20% de alumnos viene de familias vulnerables, una cifra parecida a la de los que provienen de hogares migrantes. Estos conviven con hijos de la clase media, de padres con buenos sueldos y segundas residencias.

“La crisis de la vivienda es una ruleta totalmente injusta y muchos no entienden por qué a ellos les afecta y a sus compañeros no. Y, lo que es casi peor, los más privilegiados no comprenden que la gente no se marche de sus casas si no pueden pagarlas”, sigue Tura Tremoleda, también docente y, en su caso, activista en el Sindicat de Llogateres.

De esa opinión es uno de los alumnos que participa en el juego. Él mismo se presenta voluntario para irse cuando se sortean plazas para una vivienda protegida entre quienes han sido expulsados del barrio. “Mudarse no es tan drama. Es bueno cambiar de aire de vez en cuando y, si es como ahora, que no puedes pagar, pues mira... Ya tienes una excusa”, afirma.

Ante estas palabras, Blume mira a su pupilo perpleja y, antes de que se levante de la mesa, le pregunta: “¿Pero te vas porque quieres o porque te han echado?”. Y se hace el silencio. “No es lo mismo, ¿verdad?”. El joven responde que no, pensativo, y se va a buscar un nuevo lugar en el que vivir. Cuando empieza la búsqueda, se da cuenta de que a penas puede permitirse nada.

En este punto del juego, buena parte de las mesas tienen niveles de vida impensables para la mayoría de jugadores. Muchos han tenido que ocupar, o bien, irse a barrios periféricos en los que no hay infraestructuras ni servicios, lo que se representa con falta de sillas y material necesario para seguir la partida.

El estatus de los barrios ha subido a medida que se han pacificado calles, se han construido mejores viviendas, nuevas paradas de metro o se han rehabilitado escuelas y parques. Pero también se debe a la llegada de inversores extranjeros que gentrifican barrios sin avisar.

Al principio de la sesión, el dinamizador avisó de que un redactor de TripAdvisor había llegado a la ciudad y buscaba un barrio sobre el que escribir bien. Al instante, todos los barrios se prestaron voluntarios, ansiosos de ser reconocidos por el mundo como un lugar envidiable para vivir. Los alumnos no sabían que esa reseña tenía un alto precio: al instante, la zona escogida subió más de tres puntos su nivel de vida y quienes antes rogaban por esas palabras bonitas, estaban cogiendo sus cosas y marchándose.

“Las lecciones en este juego se aprenden rápido”, comenta Sureda, que tenía más ases que sacarse de la manga. Unas cuantas rondas después, anuncia la llegada de un inversor de Airbnb que quería comprar una promoción de viviendas para dedicarlas al turismo. No se levanta ninguna mano.

“El taller ayuda a identificar a los verdaderos culpables de la gentrificación y que los chavales dejen de sentir rencor por sus familias por no poder mantener cierto nivel de vida”, apuntan las docentes.

Al final del juego, las caras han cambiado. Muchos empezaron con la idea de estar jugando al Monopoli, pero acaban con un profundo sentimiento de injusticia. “No es mi culpa ser pobre y no poder pagar estos barrios. Los que se han quedado no han hecho nada para merecerlo”, lamenta uno de los alumnos, en acabar la partida.

Finalmente, nadie ha ganado. “La expulsión de nuestros barrios es violenta y ataca cuando menos lo esperáis. La única salida es uniros y protegeros entre vosotras”, les explica Sureda, que les muestra la imagen real de una familia siendo desahuciada por los Mossos. “Puede ser una palabra muy difícil, pero en realidad, la gentrificación tiene esta pinta”, añade.

Los chavales, después de una hora y media de taller, salen del aula. Sus profesoras, que les miran irse haciéndose bromas y haciendo el tonto, aseguran que “aunque parezca que no, lo han entendido todo. Y el mensaje les ha calado”.

“Aquest edifici residencial totalment reformat ofereix una oportunitat única destinada exclusivament a l'ocupació corporativa. Així s'anuncia un immoble a Palma dirigit a ”satisfer les necessitats empresarials modernes“. El preu d'un dels seus pisos: 13.500 euros al mes. Mentre els lloguers de Balears se situen entre els més cars del país i centenars de persones subsisteixen dins infravivendes, caravanes, tendes de campanya i edificis abandonats, una part creixent del mercat immobiliari ja no s'adreça a famílies ni a residents habituals, sinó a empreses que necessiten allotjar temporalment treballadors desplaçats, directius o professionals internacionals. L'oferta forma part d'una tendència cada vegada més visible en el mercat immobiliari: la transformació d'habitatges residencials en productes específicament dissenyats per a la mobilitat laboral i empresarial.

“Ideal per a empreses que cerquen allotjament de primera qualitat, llest per utilitzar, per als seus equips i executius”, resa el mateix anunci. Es tracta d'un habitatge inclòs a un edifici situat a la zona del carrer Aragó. Els seus habitatges, assenyala la publicació, “compten amb espais exteriors privats, que inclouen terrasses i un solàrium a l'àtic de fins a 30 metres quadrats”. El comercialitza una de les principals plataformes immobiliàries especialitzades en habitatge de luxe i comprador internacional d'Espanya.

Paral·lelament, milers de residents competeixen per una oferta cada vegada més escassa en un dels mercats immobiliaris més tensionats de l'Estat. D'acord amb el darrer informe d'Idealista, el preu mitjà del lloguer va arribar al maig als 20,1 euros per metre quadrat a les Balears, un 2,2% més que un any abans, situant l'arxipèlag com la segona comunitat autònoma amb les rendes més elevades d'Espanya, només per darrere de Madrid. A Palma, on, segons el mateix portal, per cada pis que s'anuncia s'hi interessen 69 famílies, el preu s'ha disparat fins als 19,2 euros per metre quadrat després d'encarir-se un 8,2% en només dotze mesos, situant la capital balear com la tercera més cara del país per llogar un habitatge.

'Ideal per a empreses que busquen allotjament de primera qualitat, llest per a utilitzar, per als seus equips i executius', resa un anunci. Es tracta d'un edifici de Palma en el qual es comercialitzen set habitatges per 13.500 euros exclusivament per a empreses

L'habitatge convertit en infraestructura laboral

El contrast il·lustra la profunda transformació que travessa el mercat residencial balear. Mentre una part creixent de la població resident queda expulsada de l'accés a l'habitatge, immobiliàries especialitzades en luxe i comprador internacional comercialitzen edificis sencers per a empreses, executius i treballadors desplaçats. La coexistència entre un mercat orientat al capital internacional i uns lloguers que baten rècord rere rècord ha convertit les illes en un dels exemples més extrems de la bretxa entre l'habitatge com a actiu d'inversió i l'habitatge com a dret residencial.

Altres anuncis exemplifiquen clarament aquesta tendència. Una altra empresa comercialitza per 2.574 euros mensuals un àtic de dos dormitoris i dos banys a Palma sota una condició destacada en majúscules: “LLOGUER EXCLUSIU PER A EMPRESES”. L'habitatge, completament moblat i equipat, disposa d'una terrassa privada de 25 metres quadrats, climatització per aerotèrmia i forma part d'una finca rehabilitada íntegrament fa tot just tres anys. L'anunci s'adreça expressament a companyies que necessitin allotjar empleats o directius desplaçats i culmina amb un reclam revelador: “La teva nova llar a Palma”.

Mentre una part creixent de la població resident queda expulsada de l'accés a l'habitatge i es veu abocada a subsistir dins infrahabitatges, caravanes, tendes de campanya i edificis abandonats, immobiliàries especialitzades en luxe i comprador internacional comercialitzen edificis sencers per a empreses, executius i treballadors desplaçats

El fenomen no es limita a la capital balear. A Eivissa, un anunci a Platja d'en Bossa ofereix un apartament d'obra nova per 5.000 euros mensuals, especificant a la primera línia que es tracta d'un “lloguer de temporada” i que és “només per a empreses”. L'habitatge, que compta amb 62 metres quadrats, una terrassa de 30 metres i dues habitacions dobles, a més d'accés a piscina, gimnàs i sala gourmet, forma part de la luxosa urbanització Aguamarina, desenvolupada per la promotora Via Célere, un dels principals actors del negoci promotor espanyol.

La mercantil està controlada, al seu torn, pel fons nord-americà Värde Partners, fons internacional especialitzat en inversió immobiliària i actius financers. elDiario.es s'ha posat en contacte amb Vía Célere per conèixer la seva valoració sobre l'impacte d'aquestes fórmules en l'accés a l'habitatge de la població resident, però no ha obtingut resposta fins a la publicació d'aquest reportatge.

Mentrestant, a Santa Eulària des Riu, un dels municipis de les Balears amb el lloguer més car -1.107 euros mensuals de mitjana, segons dades recents del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears (COAPI)-, un altre anunci ofereix un habitatge per 2.100 euros orientat expressament al mercat corporatiu i temporal. La propietat, comercialitzada per un perfil particular, es presenta com una solució per a estades professionals i perfils d'alt poder adquisitiu en línia amb una tendència cada vegada més visible a les Pitiüses: habitatges que deixen d'adreçar-se a residents permanents per orientar-se a clients temporals, empreses i professionals desplaçats.

Un client “més rendible” que el resident

No es tracta de casos aïllats. Paral·lelament ha sorgit tota una indústria especialitzada en l'anomenat corporate housing o allotjament corporatiu que explica com, per a molts propietaris, resulta més atractiu llogar a una empresa que a una família: el pagador deixa de ser un particular per convertir-se en una societat considerada solvent, els contractes solen ser temporals, la rotació és més gran i els preus poden situar-se molt per damunt dels que podria suportar bona part de la població local. Les mateixes plataformes de lloguer corporatiu destaquen com a avantatges la reducció del risc d'impagament, la flexibilitat contractual i la simplificació de la gestió.

Tot i que no existeixen estadístiques oficials específiques sobre el pes del lloguer corporatiu a les Balears, diversos indicadors apunten a una creixent empresarialització de l'habitatge. Una enquesta de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de les petites i mitjanes empreses de Formentera ofereix allotjament als seus treballadors i que, entre les mercantils que lloguen habitatge per als seus empleats, la meitat destina entre 2.000 i 4.000 euros mensuals a aquest concepte i un 11% supera els 8.000 euros al mes. El 2024, la mateixa patronal denunciava que l'encariment de l'habitatge està arribant a Eivissa “a nivells que freguen el delictiu”. “Parlem d'economia submergida i d'especulació. Ja no és només una qüestió d'oferta i demanda. Sembla que tant és demanar 2.000 euros com 3.000, perquè després no es tributa per això”, afirmava.

Mentrestant, els sindicats alerten que la manca d'habitatge s'ha convertit en un dels principals obstacles per contractar personal: UGT ha arribat a proposar destinar l'impost de turisme sostenible, un gravamen destinat a les pernoctacions hoteleres, a comprar o llogar establiments per allotjar els treballadors.

Una enquesta revela que el 60% de les petites i mitjanes empreses de Formentera ofereix allotjament als seus treballadors i que, entre les que lloguen vivenda per als seus empleats, la meitat destina entre 2.000 i 4.000 euros mensuals a aquest concepte i un 11% supera els 8.000 euros al mes

Plataformes com Rentaborg destaquen com el mercat del lloguer corporatiu a Espanya ha experimentat un creixement sostingut els darrers anys, “creant una oportunitat única per als propietaris que cerquen maximitzar la rendibilitat dels seus immobles” en accedir a rendes més elevades -“entre un 20% i un 40%” més altes que les del lloguer residencial tradicional- i simplificar la gestió de l'arrendament mitjançant contractes signats per societats mercantils. Aquesta major rendibilitat, segons les mateixes empreses, compensa àmpliament la possible pèrdua d'avantatges fiscals als quals podrien acollir-se si l'arrendament es destinàs a habitatge habitual.

Palma, una ciutat “vibrant”

Algunes empreses es dediquen específicament a intermediar entre empreses i propietaris, com una que comercialitza directament “apartaments corporatius” per a professionals desplaçats. El llenguatge que utilitza és revelador: “Palma és una ciutat vibrant, agradable i eficient per a qualsevol tipus de lloguer corporatiu. Una destinació que combina oportunitats professionals, serveis de qualitat i un estil de vida que aporta equilibri a cada estada”. És a dir, ja no es parla d'habitatge habitual, veïnats o arrelament residencial, sinó de solucions habitacionals per a empreses, mobilitat laboral i allotjament temporal per a professionals. Per la seva banda, segons webs com Weguest, les companyies valoren la disponibilitat immediata, la ubicació estratègica i els serveis inclosos, factors que justifiquen les tarifes premium.

La conseqüència és que una part creixent del parc residencial deixa de competir per atreure residents per fer-ho per captar empreses. Allà on una família cerca un habitatge per viure de manera estable, els propietaris troben clients capaços de pagar més, assumir lloguers de curta o mitjana durada i acceptar preus inassumibles per a gran part de la població local. El resultat és una progressiva transformació de l'habitatge en infraestructura per a la mobilitat laboral i empresarial, especialment visible en ciutats tensionades com Palma.

Allà on una família busca un habitatge per viure de forma estable, els propietaris troben clients capaços de pagar més, assumir lloguers de curta o mitja durada i acceptar preus inassumibles per a gran part de la població local

El model connecta, a més, amb altres fenòmens que ja estan transformant el mercat residencial balear: l'auge del coliving, el lloguer flexible i la segmentació d'habitatges per habitacions, en què imperen condicions com “no menors”, “no mascotes”, “no empadronament”, “parelles i amigues, fora de casa”... Les publicacions no parlen de veïnats, lloguer estable o habitatge habitual: en el seu lloc proliferen conceptes com co-living premium, community living, hotel ambience, digital nomads, expats o remote workers, evidenciant com l'arxipèlag ha deixat progressivament de llogar cases per començar a comercialitzar experiències habitacionals temporals dirigides a població mòbil global i perfils internacionals de poder adquisitiu mitjà-alt. En molts casos, empreses especialitzades comercialitzen habitacions per a «digital nomads», treballadors remots i perfils internacionals amb preus que arriben als 1.300, 1.600 o fins i tot 2.400 euros mensuals durant la temporada alta.

Mentrestant, el Govern de Marga Prohens (PP) ha donat llum verda, a través de la seva recentment aprovada llei òmnibus, al fet que empreses, societats i altres persones jurídiques adquireixin habitatges protegits de preu taxat per destinar-los al lloguer. Mentre l'esquerra l'acusa de posar la “catifa vermella” als fons voltor i als grans capitals, l'Executiu insisteix a assegurar que la iniciativa ampliarà l'oferta residencial assequible. Per a les entitats socials, tanmateix, les mesures impulsades per l'Executiu autonòmic amb el suport de Vox no ataquen les causes reals de la crisi habitacional i es limiten a rebaixes fiscals com la supressió de l'impost de successions.

“Este edificio residencial totalmente reformado ofrece una oportunidad única destinada exclusivamente a la ocupación corporativa”. Así se anuncia un inmueble en Palma dirigido a “satisfacer las necesidades empresariales modernas”. El precio de uno de sus pisos, 13.500 euros al mes. Mientras los alquileres de Balears se sitúan entre los más caros del país y cientos de personas subsisten en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, una parte creciente del mercado inmobiliario ya no se dirige a familias ni residentes habituales, sino a compañías que necesitan alojar temporalmente a trabajadores desplazados, directivos o profesionales internacionales. La oferta forma parte de una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la transformación de viviendas residenciales en productos específicamente diseñados para la movilidad laboral y empresarial.

“Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos”, reza el mismo anuncio. Se trata de una vivienda ubicada en un edificio de siete apartamentos situado en la zona de la calle Aragón. Todos ellos, señala la publicación, “cuentan con espacios exteriores privados, que incluyen terrazas y un solárium en el ático de hasta 30 metros cuadrados”. Lo comercializa una de las mayores plataformas inmobiliarias especializadas en vivienda de lujo y comprador internacional de España.

En paralelo, miles de residentes compiten por una oferta cada vez más escasa en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del Estado. De acuerdo al último informe de Idealista, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 20,1 euros por metro cuadrado en Balears, un 2,2% más que un año antes, situando al archipiélago como la segunda comunidad autónoma con las rentas más elevadas de España, únicamente por detrás de Madrid. En Palma, donde, según el mismo portal, por cada piso que se anuncia se interesan 69 familias, el precio se ha disparado hasta los 19,2 euros por metro cuadrado tras encarecerse un 8,2% en solo doce meses, situando a la capital balear como la tercera más cara del país para arrendar una vivienda.

'Ideal para empresas que buscan alojamiento de primera calidad, listo para usar, para sus equipos y ejecutivos', reza un anuncio. Se trata de un edificio de Palma en el que se comercializan siete viviendas por 13.500 euros exclusivamente para empresas

La vivienda convertida en infraestructura laboral

El contraste ilustra la profunda transformación que atraviesa el mercado residencial balear. Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados. La coexistencia entre un mercado orientado al capital internacional y unos alquileres que baten récord tras récord ha convertido las islas en uno de los ejemplos más extremos de la brecha entre la vivienda como activo de inversión y la vivienda como derecho residencial.

Otros anuncios ejemplifican con claridad esta tendencia. Otra empresa comercializa por 2.574 euros mensuales un ático de dos dormitorios y dos baños en Palma bajo una condición destacada en mayúsculas: “ALQUILER EXCLUSIVO PARA EMPRESAS”. La vivienda, completamente amueblada y equipada, dispone de una terraza privada de 25 metros cuadrados, climatización por aerotermia y forma parte de una finca rehabilitada integralmente hace apenas tres años. El anuncio se dirige expresamente a compañías que necesiten alojar empleados o directivos desplazados y culmina con un reclamo revelador: “Tu nuevo hogar en Palma”.

Mientras una parte creciente de la población residente queda expulsada del acceso a la vivienda y se ve abocada a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, inmobiliarias especializadas en lujo y comprador internacional comercializan edificios enteros para empresas, ejecutivos y trabajadores desplazados

El fenómeno no se limita a la capital balear. En Eivissa, un anuncio en Playa d'en Bossa ofrece un apartamento de obra nueva por 5.000 euros mensuales, especificando en la primera línea que se trata de un “alquiler de temporada” y que es “solo para empresas”. La vivienda, que cuenta con 62 metros cuadrados, terraza de 30 metros y dos habitaciones dobles, además de acceso a piscina, gimnasio y sala gourmet, forma parte de la lujosa urbanización Aguamarina, desarrollada por la promotora Vía Célere, uno de los principales actores del negocio promotor español.

La mercantil se encuentra controlada, a su vez, por el fondo estadounidense Värde Partners, fondo internacional especializado en inversión inmobiliaria y activos financieros. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vía Célere para conocer su su valoración sobre el impacto de estas fórmulas en el acceso a la vivienda de la población residente, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Mientras tanto, en Santa Eulària des Riu, uno de los municipios de Balears con el alquiler más caro -1.107 euros mensuales de media, según datos recientes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI)-, otro anuncio ofrece una vivienda por 2.100 euros orientada expresamente al mercado corporativo y temporal. La propiedad, comercializada por un perfil particular, se presenta como una solución para estancias profesionales y perfiles de alto poder adquisitivo en línea con una tendencia cada vez más visible en las Pitïuses: viviendas que dejan de dirigirse a residentes permanentes para orientarse a clientes temporales, empresas y profesionales desplazados.

Aunque no existen estadísticas oficiales específicas sobre el peso del alquiler corporativo en Balears, diversos indicadores apuntan a una creciente empresarialización de la vivienda. Una encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y Formentera (PIMEEF) revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las mercantiles que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes. En 2024, la misma patronal denunciaba que la carestía de la vivienda está llegando en Eivissa “a niveles que rozan lo delictivo”. “Hablamos de economía sumergida y de especulación. Ya no es sólo un asunto de oferta y demanda. Parece que da igual pedir 2.000 euros que 3.000, porque después no se tributa por ello”, aseveraba

Mientras tanto, los sindicatos alertan de que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para contratar personal: UGT ha llegado a proponer destinar el impuesto de turismo sostenible, un gravamen destinado a las pernoctaciones hoteleras, a comprar o alquilar establecimientos para alojar a los trabajadores.

Una encuesta revela que el 60% de las pequeñas y medianas empresas de Formentera ofrece alojamiento a sus trabajadores y que, entre las que alquilan vivienda para sus empleados, la mitad destina entre 2.000 y 4.000 euros mensuales a ese concepto y un 11% supera los 8.000 euros al mes

Un cliente 'más rentable' que el residente

No se trata de casos aislados. En paralelo ha surgido toda una industria especializada en el denominado corporate housing o alojamiento corporativo que explican cómo, para muchos propietarios, resulta más atractivo alquilar a una empresa que a una familia: el pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local. Las propias plataformas de alquiler corporativo destacan como ventajas la reducción del riesgo de impago, la flexibilidad contractual y la simplificación de la gestión.

El pagador deja de ser un particular para convertirse en una sociedad considerada solvente, los contratos suelen ser temporales, la rotación es mayor y los precios pueden situarse muy por encima de los que podría soportar buena parte de la población local

Plataformas como Rentaborg destacan cómo el mercado del alquiler corporativo en España ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, “creando una oportunidad única para los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles” al acceder a rentas más elevadas -“entre un 20% y 40%” más altas que las del alquiler residencial tradicional- y simplificar la gestión del arrendamiento mediante contratos firmados por sociedades mercantiles. Esa mayor rentabilidad, según las mismas empresas, compensan sobradamente la posible pérdida de ventajas fiscales a las que podrían acogerse si el arrendamiento se destinase a vivienda habitual.

Palma, una ciudad “vibrante”

Algunas empresas se dedican específicamente a intermediar entre empresas y propietarios, como una que comercializa directamente “apartamentos corporativos” para profesionales desplazados. El lenguaje que utiliza es revelador: “Palma es una ciudad vibrante, agradable y eficiente para cualquier tipo de alquiler corporativo. Un destino que combina oportunidades profesionales, servicios de calidad y un estilo de vida que aporta equilibrio a cada estancia”. Es decir, ya no se habla de vivienda habitual, vecinos o arraigo residencial, sino de soluciones habitacionales para empresas, movilidad laboral y alojamiento temporal para profesionales. Por su parte, según webs como Weguest, las compañías valoran la disponibilidad inmediata, la ubicación estratégica y los servicios incluidos, factores que justifican las tarifas premium.

La consecuencia es que una parte creciente del parque residencial deja de competir por atraer residentes para hacerlo por captar empresas. Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local. El resultado es una progresiva transformación de la vivienda en infraestructura para la movilidad laboral y empresarial, especialmente visible en ciudades tensionadas como Palma.

Allí donde una familia busca una vivienda para vivir de forma estable, los propietarios encuentran clientes capaces de pagar más, asumir alquileres de corta o media duración y aceptar precios inasumibles para gran parte de la población local

El modelo conecta además con otros fenómenos que ya están transformando el mercado residencial balear: el auge del coliving, el alquiler flexible y la segmentación de viviendas por habitaciones en los que imperan condiciones como “no menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”... Las publicaciones no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto. En muchos casos, empresas especializadas comercializan habitaciones para “digital nomads”, trabajadores remotos y perfiles internacionales con precios que alcanzan los 1.300, 1.600 o incluso 2.400 euros mensuales durante la temporada alta.

Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens (PP) ha dado luz verde, a través de su recién aprobada ley ómnibus, a que empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquieran viviendas protegidas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo insiste en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible. Para las entidades sociales, sin embargo, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico con el apoyo de Vox no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones.

Leo que Bad Bunny canta contra la gentrificación y la turistificación, pero su gira ha subido un 29% el precio de los hoteles en Madrid. Un artista globalizado que denuncia la gentrificación, la expulsión de residentes y la mercantilización de los territorios genera, al mismo tiempo, un acontecimiento que contribuye a encarecer el alojamiento, intensifica los flujos turísticos y moviliza enormes cantidades de capital. ¡Qué paradoja! O no. Lo paradójico es pensar que Bad Bunny canta contra el sistema.

Es verdad que el hecho de que los hoteles suban de precio durante unos conciertos no equivale exactamente a un proceso de gentrificación, que implica transformaciones duraderas del mercado inmobiliario, sustitución de población residente y reconfiguración social de los barrios. Pero sí forma parte de la misma lógica de ciudad convertida en plataforma de consumo y atracción de visitantes. Los grandes conciertos, congresos, eventos deportivos o festivales participan de una economía urbana que trata el territorio como recurso competitivo. En Bilbao empezamos a saber mucho de esto.

Desde siempre el capitalismo ha demostrado una extraordinaria capacidad para absorber las críticas dirigidas contra él y convertirlas en mercancía. La rebeldía, la autenticidad, la denuncia social o la reivindicación de identidades subalternas no quedan necesariamente fuera del mercado; al contrario, con frecuencia se transforman en productos altamente rentables. La crítica se consume, la disidencia se convierte en espectáculo y el propio capitalismo cultural necesita constantemente narrativas de transgresión para renovarse. Como analizaron Luc Boltanski y Ève Chiapello en 'El nuevo espíritu del capitalismo', una parte importante de la crítica social y artística de los años sesenta y setenta fue incorporada por el propio capitalismo para legitimarse y reinventarse.

En ese sentido, el problema no es que Bad Bunny denuncie la gentrificación mientras su gira produce efectos gentrificadores. El problema sería esperar que un artista global, convertido en una de las mayores industrias culturales del planeta, pueda situarse realmente fuera de las dinámicas económicas que hacen posible su éxito. Su figura es inseparable de una compleja maquinaria de plataformas digitales, promotoras, aerolíneas, cadenas hoteleras, patrocinadores y mercados globales del entretenimiento. Por eso la pregunta sociológicamente relevante no es tanto si el artista es coherente o incoherente, sino cómo un sistema económico es capaz de integrar incluso los discursos que lo cuestionan. 

Pero lo cierto es que él sí se presenta personalmente como crítico del sistema. Si nos situamos en el plano de la autopercepción o de la imagen pública que proyecta, Bad Bunny no aparece simplemente como un artista que incorpora ocasionalmente mensajes críticos, sino como alguien que se presenta a sí mismo como portavoz de determinadas resistencias: frente a la colonización cultural, la turistificación de Puerto Rico, la especulación inmobiliaria, el racismo o la homofobia. Desde esa perspectiva, la contradicción resulta más visible. Porque una cosa es reconocer que nadie puede situarse completamente fuera del sistema y otra muy distinta construir una identidad pública basada en la oposición a él mientras se ocupa una posición extraordinariamente privilegiada dentro de las industrias globales del entretenimiento.

Ahora bien, tampoco conviene exagerar la singularidad del caso. Se trata de una tensión clásica en la historia de la cultura popular. Ya ocurrió con el rock, el punk, el hip-hop o incluso con determinadas figuras de la canción protesta. Artistas que nacieron cuestionando el orden establecido acabaron convertidos en marcas globales. El sistema no solo comercializa los productos culturales; comercializa también las identidades contestatarias.

Por eso la cuestión no es tanto si Bad Bunny es sincero. Tal vez lo sea cuando denuncia los efectos del turismo masivo sobre Puerto Rico o la expulsión de la población local de determinados barrios, pero su capacidad para difundir ese mensaje depende precisamente de las infraestructuras económicas y culturales de la globalización que producen fenómenos similares en muchos otros lugares. Se trata de un ejemplo muy contemporáneo de crítica integrada: una voz que denuncia ciertos efectos del capitalismo global desde una posición que es, al mismo tiempo, uno de los grandes éxitos de ese mismo capitalismo global.

Artistas que nacieron cuestionando el orden establecido acabaron convertidos en marcas globales. El sistema no solo comercializa los productos culturales; comercializa también las identidades contestatarias

Esto no significa que toda crítica sea inútil o que toda denuncia esté condenada a convertirse en mero espectáculo. Pero, en una época en la que incluso la rebeldía puede convertirse en mercancía, el problema ya no es distinguir quién está dentro y quién está fuera, sino preguntarnos qué críticas transforman realmente las estructuras y cuáles terminan formando parte del espectáculo que las reproducen. Los discursos públicos pueden contribuir a visibilizar problemas reales, generar conciencia social y abrir espacios de debate, pero el capitalismo contemporáneo ha demostrado una notable tolerancia hacia las formas simbólicas de contestación. Lo que le resulta mucho más difícil gestionar no son las canciones que lo cuestionan, sino las regulaciones que limitan sus beneficios, las políticas urbanísticas que frenan la especulación, las reformas fiscales que redistribuyen riqueza o las normas laborales que reducen la precariedad. Ahí es donde la crítica deja de ser una estética y se convierte en una fuerza material.

“What's Up, Doc?”, decía otro Bunny, en este caso Bugs. “¿Qué hay de nuevo, viejo?”, en su traducción al castellano. No hay nada nuevo en el caso Bad Bunny. Es todo muy viejo: se llama capitalismo. Del machismo hablaremos otro día...

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.

“No queremos que Granada se convierta en un parque temático para los turistas”. La frase, que se repite como un mantra desde hace ya años en la ciudad de la Alhambra, cobra con cada decisión política una nueva dimensión. La última que refuerza la turistificación es la subasta que está haciendo la Junta de Andalucía de un edificio para destinarlo a uso hotelero y que está situado en el Albaicín, barrio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Además, el inmueble, que amenaza con convertirse en un hotel de lujo, está en uno de los miradores más emblemáticos de la capital granadina. Por un precio que ronda entre los 1,8 y los 2,5 millones de euros, el barrio sigue vendiéndose, según denuncian los vecinos.

En concreto, lo que vende el Gobierno andaluz es el centro de menores que hay junto al mirador de San Miguel Alto. Este centro, cerrado en 2019, es una de las joyas más codiciadas del urbanismo de Granada por su posición privilegiada. De hecho, si acaba convirtiéndose en un hotel, tendría una importancia similar a la que tiene el Alhambra Palace, ubicado en la colina de la propia Alhambra, ya que ambos serían visibles desde cualquier punto de la ciudad, los que les convierte en parte del decorado paisajístico. Un caramelo para cualquier inversor al tratarse de una de las ciudades más turísticas de España. Y para los vecinos del Albaicín otro motivo más para sentir que les están expulsando de sus casas.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca. Porque no quieren que la gentrificación siga ganando camino y porque señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble. Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín.

La ciudad como negocio

Sin embargo, los colectivos vecinales sostienen que el conflicto va mucho más allá de la construcción de un hotel. Lo que consideran que está en juego es el propio modelo de ciudad. “Es la ciudad como negocio frente a la ciudad para vivir”, explica Miguel Martín, colaborador habitual de Albayzín Habitable y una de las personas que más tiempo lleva estudiando el desarrollo urbanístico previsto para el Cerro de San Miguel. Porque, según denuncia, la operación actual no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia que lleva décadas sobrevolando el Albaicín.

Martín explica que ya presentó alegaciones en 2023 al avance del plan especial que afecta a la zona y que el propio documento urbanístico contiene profundas contradicciones. “Dicen que las cuevas habitadas son incompatibles con el parque y plantean expulsar a la población, pero los hoteles sí son compatibles”, lamenta. A su juicio, el Cerro de San Miguel se ha convertido en uno de los espacios más codiciados por los intereses turísticos de Granada. “Alguien ha visto que aquello es muy atractivo turísticamente. Las vistas del mirador de San Miguel dejan pequeño al de San Nicolás”, sostiene.

Vecinos con miedo de ser expulsados

La preocupación no es menor en un barrio que lleva años denunciando el avance de los apartamentos turísticos, la desaparición de vivienda residencial y el cierre progresivo de espacios para la vida cotidiana, como el centro de salud Fortuny-Velutti. “No podemos turistificar toda la ciudad”, insiste Martín. “Hay que vivir en Granada. No puede convertirse todo en un negocio”.

Porque el Cerro de San Miguel no es únicamente un mirador. También es uno de los últimos barrios de cuevas habitadas de Granada. Un espacio históricamente vinculado a población humilde y obrera que, según denuncian los vecinos, lleva décadas bajo amenaza urbanística. David, residente en una de estas cuevas y miembro de la asociación vecinal del Cerro de San Miguel Alto desde 2007, asegura que los intentos de transformación turística vienen de muy lejos. “Ya en los años 70 proyectaban aquí un hotel de diez plantas con teleférico hasta la Silla del Moro”, explica. “Y en 2008 ya había planes urbanísticos para recalificar la zona y construir alojamientos turísticos”.

A su juicio, el actual proyecto busca “borrar definitivamente las cuevas habitadas que no sean turísticas”. “Las cuevas resisten y forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Granada”, reivindica. Pero denuncia que durante años las administraciones han intentado justificar desalojos bajo acusaciones de marginalidad, inseguridad o ruina física. “Nos criminalizan constantemente para justificar una limpieza social”, afirma.

La gravedad de las denuncias vecinales aumenta cuando se analiza el alcance real de la subasta. Según sostiene David tras estudiar las referencias catastrales incluidas en el expediente, el lote no afectaría sólo al antiguo centro de menores. También incluiría espacios públicos del entorno, parte de los accesos al mirador e incluso zonas próximas a las murallas históricas del cerro. “El mirador de San Miguel Alto podría acabar formando parte del hotel”, advierte. Una afirmación que, de confirmarse, supondría un terremoto político y patrimonial en uno de los enclaves más emblemáticos de Granada.

Falta de transparencia

Los vecinos denuncian además una absoluta falta de transparencia institucional. El nuevo PEPRI del Albaicín acumula años de retrasos y más de 300 alegaciones vecinales siguen sin respuesta. “Todo se hace con política de hechos consumados”, critica David. “No hay participación ciudadana ni interlocución real. Nos enteramos cuando las decisiones ya están tomadas”. La controversia también ha abierto una grieta política. Porque aunque el PSOE se ha posicionado ahora públicamente contra el hotel, los movimientos vecinales recuerdan que el avance urbanístico que abrió la puerta a esta transformación fue aprobado en 2023 bajo el anterior gobierno municipal socialista encabezado por Francisco Cuenca, ahora parlamentario andaluz. “Dicen que están en contra, pero el avance del plan especial lo aprobaron ellos”, recuerda Miguel Martín.

Mientras tanto, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas. El Gobierno andaluz no ha querido valorar la subasta pese a las preguntas de este periódico y se ha limitado a señalar que “la subasta aún está en marcha”. Por su parte, el Ayuntamiento tampoco ha respondido a las dudas vecinales sobre el impacto turístico y patrimonial del proyecto y únicamente defiende que “el PEPRI se encuentra en su fase final de redacción”, señalando además que el equipo municipal trabaja simultáneamente en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Granada, que está desactualizado desde 2001.

Pero en el Albaicín hace tiempo que el debate dejó de ser únicamente urbanístico. Para muchos vecinos, lo que está ocurriendo en San Miguel forma parte de una transformación mucho más profunda de Granada. Una ciudad donde cada vez hay más hoteles, más apartamentos turísticos y menos vecinos. Donde antiguos espacios públicos comienzan a convertirse en oportunidades de negocio. Y donde el miedo a que el Albaicín deje de ser un barrio para convertirse definitivamente en un decorado turístico ya no parece una exageración vecinal, sino una posibilidad cada vez más cercana. Por eso, los que lo sufren no van a dejar de movilizarse donde y cuando sea.