Un desahucio moviliza a los vecinos en los corralones de Castellar de Sevilla

Los corralones artesanales de la calle Castellar sufren esta semana un nuevo capítulo triste. A las 9.30 horas de la mañana de este jueves se ha producido el desalojo de un hombre, llamado Jimy, de la vivienda y local que ocupaba desde hacía más de una década como artesano de cuero y productos africanos. La comunidad vecinal y las distintas asociaciones implicadas fueron convocadas a través de las redes para frenar el desahucio, lo cual motivó que un dispositivo de la Policía Nacional se trasladara al lugar para ejecutar la orden judicial. 

La Asociación Salvemos los Corralones denuncia que los habitantes del área de Castellar - Dueñas, protegido por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Sevilla, son acosados por parte de los administradores, cuya empresa mayoritaria es Garajes Santa Inés SL, para que abandonen las dependencias. A su vez, el estado de abandono del inmueble es una dinámica permanente que, aseguran, tiene como fin minar los ánimos del personal. Además, se quejan de la “conducta vejatoria” de las fuerzas de seguridad al desmantelar la casa del afectado y que, después de más de una década viviendo en la vivienta-taller, Jimy no haya recibido otro trato puesto que, aseguran, “no conocía los recursos a los que se enfrentaba ni tenía asesoramiento para defenderse debido a su condición de inmigrante”. La denuncia se produjo como impago del alquiler a partir del estado de alarma del año pasado. Desde su fundación, esta agrupación ha reivindicado el valor patrimonial y etnográfico de los corrales como punto de encuentro que revive y mantiene la tradición artesana sevillana.  

El abogado de los propietarios del inmueble notifica que, en realidad, se trataban de “dos lanzamientos” y no uno, pero al haber un fallo en el juzgado el segundo no se pudo ejecutar, aunque pedirán que se vuelva a realizar. Asimismo, anuncia que “se ha llegado a un acuerdo entre las partes” y la opción ofrecida a Jimy ha sido pagarle un mes de renta y guardarle las pertenencias al desalojado si a cambio abandonaba el espacio, aunque reitera “la presencia de ocupas en las inmediaciones que omiten el pago de las rentas”.

Dudas en la ejecución del desahucio

Sandra Heredia, concejala de Adelante Sevilla, fue testigo de la polémica. Asevera que al intentar mediar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para elaborar un informe de vulnerabilidad acerca de la situación de Jimy, estos se negaron a realizarlo. En un primer momento, hubo un intento de rectificación, sin embargo, el procurador aprobó el proceso, subraya. “Son personas que están pagando su alquiler, pero la propiedad no está pagando al banco, por eso se ha producido este desahucio, a pesar de estar aún activo el Decreto Ley que los prohíbe”, afirma.

Por su parte, miembros de la Coordinadora Antifascista de Sevilla comunican que se enteraron de los acontecimientos a través de la convocatoria hecha por Salvemos Los Corralones y, rápidamente, se organizaron tanto en redes como a nivel local. Sostienen que al afectado le llegaron las notificaciones, pero al carecer de asesoramiento jurídico no entendía el mensaje. Durante la mañana presenciaron las negociaciones entre el abogado de Jimy, las asistentas sociales y el juzgado que, en último término, provocaron que el inquilino fuera atendido por los Servicios Sociales.

Mientras que fuentes de la Policía Nacional cuantifica unas 50 personas en la concentración, las asociaciones hablan de un centenar. “El abogado nos dijo varias veces que el desahucio estaba suspendido, pero una de las representantes de la empresa propietaria llamó a la policía y esta actuó de forma amenazante, aunque sin violencia física, con las personas que estábamos allí”, señalan desde la Coordinadora Antifascista.

A vueltas con los corrales

El escenario de los Corrales ha experimentado en los últimos años múltiples cambios que, los que defienden el espacio, toman en 2006 cuando cambió de dueños la gestión de la propiedad. María Barrero, arquitecta e investigadora en Estudios Urbanos de la Universidad de Sevilla y activista por la causa, afirma que “no es un conflicto entre iguales, sino entre una empresa inmobiliaria que quiere especular con un suelo de gran valor y una serie de artesanos y vecinos, muchos en situación de vulnerabilidad, que llevan toda la vida trabajando y prestando servicios al barrio, formando parte de la comunidad”. En otras ocasiones, se ha intentado que los corrales de Castellar pasen a ser gestionados por la administración pública con motivo de su importancia patrimonial, urbanística y social, estando protegidos por el PEPCH (Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico) y el ARC ( Área de Rehabilitación Concertada), una de las acciones que llevan reclamando las asociaciones desde hace varios años, y ante la cual sigue habiendo una negativa.