El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha decidido este viernes conceder la libertad condicional a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es.

En el auto, el magistrado valora el “escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y valora “positivamente la antigüedad de los hechos delectivos”. El que máximo colaborador de Francisco Correa ingresó en prisión preventiva en 2009, donde pasó tres años, hasta su salida bajo fianza en 2012. Posteriormente, en febrero de 2017, Crespo volvió a la cárcel, y se mantuvo hasta 2023. En los últimos tres años ha disfrutado de un régimen de semilibertad, con pulsera de control telemático. Con este cómputo total, Crespo ha cumplido más de dos terceras partes de su condena (nueve años en prisión más tres en tercer grado), cuyo límite de cumpliento era 18 años.

El juez Castro ha destacado en el escrito, según publica el citado medio, la “conducta normalizada” de Crespo durante “durante la condena” y el “buen uso del régimen abierto”, así como el “apoyo familiar vinculante y positivo” con el que cuenta el lugarteniente de Correa, lo que facilitaría su reinserción.

El que fuera ex secretario de Organización del PP gallego se reconoció en el banquillo de la Audiencia Nacional como “el máximo responsable, junto a Correa” de delitos que iban desde mordidas por obra pública a fraude fiscal. En un escrito de confesión previo al último juicio a la trama corrupta —el pasado mes de octubre—, al que tuvo acceso elDiario.es, Crespo incluyó “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

El líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados han admitido los hechos de los que les acusa la Fiscalía en el último juicio de la macrocausa de corrupción. Así lo ha expuesto este lunes la fiscal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, precisando que de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.

El que arranca este lunes es el último juicio relativo a la última pieza —denominada principal—sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, “en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas”. Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos. “Fundamentalmente”, detalla, “con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad”.

El líder de la trama 'Gürtel' ha confesado este lunes en la Audiencia Nacional que no pagó impuestos, que no presentó declaraciones tributarias y que no aparecía como titular de cuentas bancarias en España. Al respecto, ha admitido que trató de lograr la residencia en Panamá a cambio de más de 300.000 dólares a través de una de las acusadas, que le “estafó”, ha dicho, porque no se la consiguió: “Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España”, ha admitido. No llegó a abrir una cuenta en el país centroamericano porque lo detuvieron antes.

Correa ha afirmado que no recuerda que se presentara a esa acusada como íntimo del expresidente del Gobierno José María Aznar: “Yo no era amigo de Aznar. Le conocía porque trabajaba para el Partido Popular y fui a la boda de la hija, pero no era amigo mío”.

Así funcionaba la trama

Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía “contratos mediante sobornos a cargos públicos” se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes. “Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos”, indica.

La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la “connivencia” de otros acusados para armar una “trama de confección de facturas falsas” con la “triple finalidad” de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal --“Caja B”--; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.

El juez instructor de la causa, José de la Mata, acordó en 2020 sentar también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

Al respecto, el juez incluyó en la lista a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas Inmaculada Mostaza.

La nómina de personas que serán juzgadas abarca, entre otros, a los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez por el mismo delito.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado reflejó las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.

De la Mata explicaba en una resolución que las cantidades multimillonarias las obtuvo Correa por su “intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera”.

Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas, según el magistrado, que calculaba el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio de los años 2000 a 2007.

El 'número dos' de la Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirmaba.

Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL, y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba, añadía el juez.

En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, el juez instructor les consideró cooperadores necesarios porque “su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación”.

“Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública”, expuso.

Aun así, para el juez, “lo relevante” no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la “maraña societaria”, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que son “entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos”.

El magistrado instructor apuntaba también en esta pieza del 'caso Gürtel' a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Sobre el primero, el auto afirmaba que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido “reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado”.

En cuanto al blanqueo de capitales, detallaba los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describía una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de “enriquecimiento de su líder”.

La historia de los casos Gürtel y caja B del PP también es la de sus fracasos. Los años de sobresueldos que cobraron los máximos dirigentes del Partido Popular, incluido Mariano Rajoy, constituían un delito prescrito. Las aportaciones de las grandes empresas del Ibex al PP en dinero negro no alcanzaron el rango de cohecho porque no se pudo demostrar que fueran a cambio de adjudicaciones concretas. Y en el banquillo del último juicio de Gürtel no se sentará Arturo Fasana, el gestor suizo que abrió la cuenta bancaria 'Soleado' a Francisco Correa con la promesa de que allí descansaría seguro su dinero de la corrupción. El blindaje se llamaba Juan Carlos I, otro cliente que escondía ahí sus fondos. 

La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a 21 personas por su relación con la trama de blanqueo de capitales y evasión fiscal que pusieron en marcha Francisco Correa y Pablo Crespo para poner a salvo de Hacienda, y de la justicia española, el dinero obtenido por mediar en contratos y adjudicaciones de obra pública con Administraciones gobernadas por el PP.

La justicia ya ha visto y sentenciado todas esas corruptelas. El Partido Popular ha sido condenado como responsable civil subsidiario en la pieza separada más relevante, la de la caja B de la formación política: parte de la reforma de la sede central del partido se pagó con dinero negro de los empresarios. También el Tribunal Supremo ha ratificado que el dinero de la corrupción fue a sufragar campañas de los conservadores en Pozuelo y Majadahonda. Correa y Crespo están en libertad después de pasar casi una década en prisión y haber reconocido todos sus delitos…

Falta esclarecer en sentencia la segunda fase de un ejercicio gigante de corrupción, consistente en esconder las ganancias. Y es aquí donde entran en juego dos actores principales, los economistas que idearon ese laberinto de evasión y blanqueo. Junto a Correa y el resto de integrantes de la trama se sientan en el banquillo Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín. El primero ya fue condenado a 12 años y nueve meses de cárcel en el juicio de la pieza principal de Gürtel por blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Fue quien puso a disposición de Correa sus conocimientos cuando la trama empezó a funcionar, allá por 1998.

Esa misma tarea la asumiría a mediados de 2005 Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol y amigo de José María Aznar, con el que estudió la carrera y junto al que ganó la oposición para inspector de Hacienda. Blanco Balín aparece retratado en la primera confesión que hizo Francisco Correa, publicada en noviembre de 2015 por elDiario.es y que luego sería refrendada en sede judicial. En ese documento, Correa explicaba que Blanco Balín le propuso a un tal Arturo Fasana como gestor de sus fondos en Suiza. “La importancia de los clientes (de Fasana) y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial, me dijo que me quedase muy tranquilo”, relataba Correa en el escrito. 

Ya en el juicio, el principal acusado se explayó: “Cuando se registra el despacho de Ramón Blanco Balín me puse muy nervioso porque se llevaron todas mis escrituras y mi opacidad se podría hacer pública. Entonces le dije que quería regularizar y me dijo que no”. Blanco Balín, según explicó, le garantizó la inmunidad de la que disfrutaba su hombre en Suiza, Arturo Gianfranco Fasana, y que estaba garantizaba por uno de los clientes a los que escondía dinero negro. 

En la confesión a elDiario.es, Correa se explicaba así: “En varios viajes que realicé para visitar a Fasana en Ginebra con Ramón Blanco, Arturo, con quien ya adquirí cierta confianza, me acreditó visualmente la realidad de lo que me explicó Blanco Balín, y corroboré la coincidencia de las informaciones de mi conductor”. 

La 'Z' del caso Gürtel

Francisco Correa aseguraba, por tanto, haber visto documentos que acreditan que Fasana trabajaba para un cliente español tan importante que alejaría cualquier intento de investigación en su contra. Correa ponía coche y chófer a Fasana cuando éste viajaba a Madrid y el conductor después contaba a su jefe con quién y dónde se había reunido el gestor. 

Quién se escondía tras esa poderosa y misteriosa identidad fue desvelado en el juicio por Correa. Lo hizo en dos entregas. En la sesión de la mañana del 15 de octubre de 2016, el principal acusado de Gürtel se negó a pronunciar el nombre: “Si lo digo sale esta tarde en todos los periódicos”. Por la tarde fue más explícito. Se refería a las garantías que le daba la cuenta “Soleado” y afirmó que esa cuenta es por “donde están pasando las grandes fortunas del país, incluida las del rey de España”, en referencia a Juan Carlos I. El presidente del tribunal le cortó pidiéndole que no hiciera referencias a quien no estaba en la sala y no se podía defender. 

El día de la confesión de Correa quedaban más de cinco años para que la Fiscalía archivara la investigación secreta que había abierto en 2020 y en la que quedó de manifiesto el engaño a Hacienda del anterior jefe del Estado. La prescripción, y la inmunidad de la que gozó hasta 2014 Juan Carlos I, evitaron su imputación. La dudosa actuación de Hacienda y la Fiscalía, permitiendo que regularizara el dinero después de haberle avisado, contribuyó a que el denominado “artífice de la Transición” escapara del banquillo.

Ramón Blanco Balín ha sido condenado ya en tres piezas del caso Gürtel. Su contacto en Suiza, Arturo Fasana, estuvo imputado durante años en la pieza del blanqueo de capitales que se juzgará el lunes. En 2020, el juez José de la Mata consideró que no había indicios suficientes contra él y otros 28 imputados y los libró del banquillo con el auto de apertura de juicio oral. 

Fasana, por tanto, no podrá corroborar la acusación de Correa y la cuenta Soleado. Por su parte, Blanco Balín hace alusión al gestor suizo en repetidas ocasiones, pero no se refiere al blindaje de aquella cuenta en el escrito para colaborar que ha presentado ante el tribunal. Un informe de la UDEF fechado el 13 de julio de 2013, e incorporado al sumario de Gürtel, informa de la cuenta bautizada como “Soleado” en honor a sus clientes españoles.

“La cuenta bancaria denominada Soleado en la entidad financiera Credit Suisse de Ginebra (Suiza) fue abierta en el año 1995 por los directores de la sociedad de gestión de patrimonios Rhone Gestion SA, Marcel Hagger y Arturo Gianfranco Fasana, y se componía, a partir de la información disponible, de siete subcuentas en otras tantas monedas (euros, dólares estadounidenses, libras esterlinas, pesetas, francos suizos, francos belgas y marcos alemanes), así como de otra subcuenta de valores financieros”.

Los fondos llegaban a la cuenta desde el exterior, y posteriormente se transferían a las cuentas de los beneficiarios económicos de los mismos en la propia entidad Credit Suisse, de tal forma que servía como canal para la circulación del dinero de los clientes de Rhone Gestion“. Los investigadores siempre han creído que Soleado era la fórmula para hacer desaparecer el rastro del dinero, especialmente si el origen de éste era ilícito.

Francisco Correa, en su confesión a elDiario.es, escribió: “Blanco Balín me trasladó que todas las comisiones cobradas por él en sus cargos durante 8 años como vicepresidente y consejero delegado de Repsol, con los países en los que cerraba acuerdos (Argentina, Colombia, Venezuela, etc.), las depositó en la cuenta Soleado (Credit Suisse) de su íntimo amigo Fasana, y que ascendían a 60 millones de euros”.

“Era muy común en Suiza”

En mayo de 2017, en su última declaración como imputado en Gürtel, Fasana dio su propia versión en la Audiencia Nacional de por qué la operativa de Soleado: “La razón de por qué se utilizaba esto en algunos casos es porque algunos clientes no querían que el banco que mandaba el dinero supiese el número de la cuenta nueva que había en el banco que lo recibía”.

Fasana dijo que “en aquellas épocas era muy común en Suiza” y que “no se hacía de ninguna manera para ocultar nada en absoluto”. En el citado informe de la UDEF al juez Pablo Ruz había una queja de los investigadores: “El hecho de que el resto de apuntes se encuentren tachados impide conocer la identidad del resto de beneficiarios de las transferencias y repartos asociados”.

Fasana llegó a estar investigado en Suiza por blanqueo de capitales. En su relato ante la Fiscalía del país helvético contó once meses después de su arresto en el aeropuerto de Barajas, dentro de la investigación del caso Gürtel, Juan Carlos almorzó con él en su casa de Ginebra. El rey llevaba 1,9 millones de dólares en una maleta que traía de Baréin. Necesitaba que su asesor de confianza en Suiza los ingresara en un banco. Eran una “donación” del sultán de aquel país, contó el rey emérito. No había mucho más que aclarar por parte de Fasana. Tampoco la Banca Mirabaud puso mayores pegas y el dinero acabó en una de sus cuentas. Cuando el fiscal Bertossa preguntó al responsable de la entidad entonces, Yves de Mirabaud, por qué accedió a ingresar ese dinero en metálico sin mayor control, éste dijo que su departamento de control conoce desde hace tiempo a Arturo Fasana y confía en él.

Ramón Blanco Balín, uno de los empresarios cuyo nombre ha sido asociado al caso Gürtel de corrupción desde su estallido hace más de 15 años, ha presentado su confesión ante la Audiencia Nacional días antes de que empiece el último juicio de la trama: el que gira en torno a los millones de euros que amasaron Francisco Correa y sus colaboradores a espaldas de Hacienda. Este asesor fiscal se suma al propio Correa, que ya confesó sus delitos hace unos días, relata cuál era el gran activo de los miembros de la trama: “Indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”.

El caso Gürtel estalló en febrero de 2009 con las primeras detenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón para desmantelar una organización corrupta en la que empresarios y cargos del Partido Popular usaban su influencia política en sus feudos, principalmente en Madrid y Valencia, para manipular contratos públicos y obtener comisiones, a veces a cambio de favores y regalos a políticos. Los últimos 15 años han dejado un reguero de condenas firmes y sentencias que han declarado probada esta relación simbiótica entre el partido así como su responsabilidad como responsable a título lucrativo.

Ramón Blanco Balín fue uno de los primeros imputados del caso, cuando el PP todavía aseguraba que era una operación “contra” el partido, y se prepara para afrontar el último juicio del caso, que arranca la semana que viene en la Audiencia Nacional. Un juicio con una veintena de personas en el banquillo, entre ellas Francisco Correa, acusadas de ayudar a ocultar y blanquear los millones de la trama corrupta dentro y fuera de España.

Blanco Balín, inspector de Hacienda en excedencia que llegó a ser directivo de Repsol en la década de los noventa, se ha sumado a la lista de imputados que desde hace años han optado por las confesiones para aminorar las condenas de cárcel que les acarrea cada pieza separada. En el caso de este empresario que asesoró fiscalmente a Francisco Correa en los años en que campaba a sus anchas en los ayuntamientos donde gobernaba el PP, Blanco Balín ya ha sido condenado por su papel en la pieza de la visita del Papa a Valencia, en la actividad de la trama en la Comunidad Valenciana o en Boadilla del Monte.

En esta nueva confesión, el asesor explica que conoció a Francisco Correa, líder de la trama, en el año 2005, a través de Alejandro Agag, yerno del ya entonces expresidente José María Aznar. Pasó entonces a llevar la contabilidad de sus empresas, algunas constantes en la trama como Orange Market, constituyendo otras para “traerse a España dinero que tenía en el extranjero”.

En esas fechas, explica, conoció a otros nombres clave de la Gürtel: Pablo Crespo, Álvaro Pérez 'El Bigotes' o Jacobo Gordon. “Desde el principio de la relación con ellos, le indicaron que tenían muchas y buenas relaciones con diversos miembros del Partido Popular, e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”.

La confesión describe que Correa movía sus comisiones en el extranjero con Arturo Fasana, también gestor de la fortuna de Juan Carlos de Borbón, mientras “se vanagloriaba de que no hacía nunca declaraciones tributarias, y decía que, como conocía a personas relevantes, y tenía buenos contactos, que no le iba a pasar nada por no hacerlas”. Ayudó a crear sociedades para “ocultar fondos ilícitos”, explica, y para que Correa ocultara su patrimonio a Hacienda.

Blanco Balín explica ahora que es “consciente” del “daño económico” causado a Hacienda y recuerda que ya en 2020 ingresó 1,2 millones de euros para reparar el daño. “Debe considerarse un verdadero esfuerzo reparador”, alega antes de aceptar lo que la Fiscalía pide para él: cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro más de falsedad documental. Un total de dos años y cuatro meses de prisión.

El ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de 'Gürtel', Manuel Morocho, ha asegurado este martes en el juicio por las adjudicaciones irregulares en Arganda del Rey que el líder de la trama, Francisco Correa, “controlaba la contratación pública” en ese consistorio.

Así se ha expresado en su declaración como testigo en la vista oral en la que se pone el foco en la dinámica de adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña, donde los acusados daban “una apariencia externa de legalidad” a los pliegos. “Pero, en el fondo, ellos eran los que controlaban”, ha añadido Morocho.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Morocho ha ratificado y dado detalles de los informes que elaboró a lo largo de su labor como responsable de investigar a la trama, que ejerció entre 2007 y hasta 2020. En uno de esos documentos, los investigadores se centraron en todos los contratos adjudicados al grupo Correa.

“La estructura de Correa había intervenido en el Ayuntamiento de Arganda del Rey de tal forma que controlaba la contratación pública y lo que ahí (en el informe) se expone es un ejemplo de ello en el sentido de que los contratos todos adolecen de inconsistencias en el sentido de que el expediente de contratación formal tenía un curso, un desenvolvimiento aparentemente tasado con unas fechas, con un conjunto de diligencias realizadas en ese expediente”, ha explicado.

Sin embargo, ha afirmado Morocho, las comunicaciones intervenidas a la trama “ponían de manifiesto cómo estaban conformando previamente la adjudicación directa y la ejecución de acciones concretas para la preparación de dichos eventos”.

Correa “solía ser generoso con ellos”

El propio Correa reconoció en su declaración como acusado su papel principal en la dinámica de adjudicaciones irregulares en la localidad, detallando los pagos que la organización efectuó a funcionarios para obtener contratos. “A medida que se iban cumpliendo los trabajos pues yo solía ser generoso con ellos”, aseguró el líder de la trama que, a preguntas del Ministerio Público, detalló que esa generosidad se traducía en “viajes, pagos en especia y organización de eventos como bodas”.

Cabe destacar que, de los 21 acusados inicialmente, solo 19 se sientan en el banquillo de los acusados tras el fallecimiento de Manuel Salinas y del también empresario José Luis Martínez Parra. De esa cifra, 18 acusados han reconocido su participación en los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y tan solo el empresario Luis Bremond, ha descartado alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

La defensa de este último ha preguntado al propio Morocho si se encontraron entre todos los correos y las comunicaciones alguna referencia a Bremond. El testigo ha dejado claro que no aparece en los mismos, y que la única participación de la que se tiene constancia es en la aprobación de una factura y la orden de pago de unas Olimpiadas en la localidad. La sesión de este lunes se ha cerrado con la testifical de Morocho, habitual en todos los juicios por cada una de las líneas de investigación de 'Gürtel'. “Ya solo queda uno”, ha bromeado el presidente del tribunal, el magistrado Fernando Andreu, en alusión a la única pieza que falta por enjuiciarse.

El juicio se reanudará el próximo 24 de marzo con más periciales, y está previsto que el interrogatorio a Bremond se practique el 31 de marzo. Según las estimaciones del tribunal, quedará visto para sentencia a principios de abril.

En el periodismo, hay obsesiones que son casi eternas. Que llevan años de trabajo y muchas noches sin dormir. Historias que sigues durante lustros y que atraviesan tu propia biografía, con la frustrante sensación de que nunca llegarás a conocer del todo la verdad. Que nunca podrás cazar a Moby Dick. Y que si alguna vez lo logras, ese enorme cetáceo te arrastrará hasta el fondo del océano, como al capitán Ahab. 

Mi particular y obsesiva persecución de la ballena blanca tiene un nombre en mis archivos: el misterio del área 124. Es un gran caso de corrupción que aparece y desaparece en mi vida desde hace 16 años. Fue el mayor pelotazo de la Gürtel, aunque casi nadie lo conoce. Esta semana, un nuevo dato ha confirmado buena parte de lo que en su momento descubrí. 

El área 124 se encuentra a 28 kilómetros de Madrid, al sureste. Era una enorme parcela de 130.000 metros cuadrados en la ciudad de Arganda del Rey; hoy es un barrio a medio construir de bloques de pisos, una de las colmenas de viviendas en la periferia de la capital. El número 124 sale del plan urbanístico de Arganda, es el que figura en el pliego técnico: Unidad de Ejecución 124. El terreno era público y fue recalificado y vendido entre 2004 y 2006, en plena burbuja inmobiliaria. En esos años, el área 124 fue uno de los botines más suculentos para los piratas del ladrillo. 

La manera de privatizar ese suelo fue bastante irregular. En vez de una subasta al mejor postor, el Ayuntamiento de Arganda del Rey convocó un concurso a precio tasado. Era la forma de poder amañar la adjudicación, que estaba ya decidida de antemano, a cambio de una millonaria comisión. 

La enorme parcela acabó en manos de la constructora Martinsa, propiedad del expresidente del Real Madrid Fernando Martín. Pagó por ella 66 millones de euros, más el compromiso de construir equipamientos para el nuevo barrio por valor de otros 10,6 millones. Parece mucho dinero, pero fue una auténtica ganga, muy por debajo del precio de mercado. Apenas dos años después, Martinsa cobró 73 millones –más de lo que había pagado– por revender solo un tercio del terreno. 

Esta semana, el constructor Fernando Martín ha confesado cómo lo logró: pagó una mordida de 25 millones de euros por el área 124. Repito: 25 millones. El intermediario de aquel pelotazo fue el cabecilla de la Gürtel: Francisco Correa. Fue su mayor comisión.

La confesión de Fernando Martín es interesada: busca una condena más leve en el juicio que esta semana ha comenzado en la Audiencia Nacional, otra rama de la interminable trama Gürtel. Es posible que no haya contado todo. Pero algunas de las piezas, al fin, empiezan a encajar.

Francisco Correa fue quien se ocupó de sacar adelante ese pelotazo urbanístico. No solo es un dato probado en el sumario de este caso de corrupción. El propio Correa, en persona, me lo reconoció el 12 de abril de 2015, el día en que dormí en su casa de Sotogrande, cuando intentaba convencerlo de que me diera una entrevista mientras trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Hoy he estado revisando mis notas de lo que me contó Correa ese día, hace ya diez años. 

“Se aprobó en el pleno por unanimidad porque hice la operación de puta madre”, me confesó Correa en su casa, en abril de 2015. El pelotazo de Arganda del Rey no solo salió adelante con los votos del PP: también contó con el respaldo de los concejales del PSOE e Izquierda Unida.

“El secretario del ayuntamiento, que era de IU, era amigo mío” –me contó también Correa–. “Nos conocíamos del Ramiro de Maeztu”, un colegio de Madrid donde ambos estudiaron. A través de este contacto, Correa logró algo casi inaudito en un plan urbanístico: la unanimidad del alcalde y la oposición.

El precio de los votos del PP no fue barato. Correa cobró 24.870.000 euros en dos pagos. La primera mitad, en diciembre 2004, poco después de que Martinsa comprase los terrenos. La segunda, en el verano de 2006, con la aprobación definitiva en el pleno municipal del plan parcial para poder construir, que además aumentó el número de viviendas. Ese dinero se ingresó en un banco de Suiza: en la famosa cuenta “Soleado” del gestor Arturo Fasana, la misma donde también escondía parte de su millonaria fortuna el rey Juan Carlos de Borbón. 

Más tarde Correa fue repartiendo una pequeña parte de los 25 millones con sus compinches, la mayoría cargos del PP. Medio millón fue para el entonces alcalde de Arganda, Ginés López. El exdiputado autonómico del PP y entonces concejal en Arganda, Benjamín Martín Vasco, cobró 363.000 euros. No fue solo dinero, también hubo pagos en especie: carísimos relojes de la joyería Suárez, pasajes de avión, hoteles de lujo y hasta el viaje de luna de miel y la boda de Martín Vasco, a la que acudió Esperanza Aguirre.

¿Y los concejales de la oposición? ¿Qué se llevaron?

“Más de cien pisos”, me contestó Francisco Correa, aquel 12 de abril de 2015. 

Entonces no sabía a qué se refería. Más tarde lo descubrí. Tanto el PSOE como Izquierda Unida pusieron en marcha sendas cooperativas de viviendas en el área 124, bajo el paraguas de esta misma operación urbanística. Fueron las migajas de un gran pastel: la promesa de pisos a precios algo más baratos para familiares y amigos de los concejales del PSOE y de IU. La cooperativa del PSOE se llamaba “Progreso Arganda”. La de IU, “Pradera San Isidro”. Ambas acabaron quebradas, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La mayoría de ellos ni siquiera consiguieron los famosos pisos y ninguno ha sido acusado o imputado por esta cuestión. Tampoco hay constancia alguna de que esos concejales supieran entonces de las mordidas millonarias que se movieron con esta operación urbanística.

Guillermo Hita fue alcalde de Arganda del Rey por el PSOE desde 2015 hasta 2023, y entró como concejal un año después del pelotazo. Niega que ambas cosas tengan relación: asegura que su partido apoyó el proyecto porque el gobierno del PP aceptó incluir las mejoras que tanto el PSOE como IU habían propuesto de cara a la construcción. 

En cuanto a Izquierda Unida, entonces tenía en Arganda dos concejales. Uno de ellos no llegó a votar: se ausentó del pleno donde se dio la aprobación definitiva a la operación. La otra concejal de IU sí votó a favor. Se llama Libertad Martínez, era también diputada autonómica y fue una de las personas claves de la ejecutiva de IU Comunidad de Madrid durante la dirección de Ángel Pérez. El mismo partido que, en esos años, participaba en el reparto de favores y prebendas de Caja Madrid. La misma federación de IU que colocó allí a Moral Santín, después condenado por las tarjetas Black. Una etapa del partido que sus críticos dentro de IU caricaturizan como el “marxismo ladrillismo”.

La hija de Libertad Martínez, según publicó El Confidencial, tiene un ático en uno de los bloques del área 124 que se terminaron de construir. Desde elDiario.es, nuestro compañero Alberto Pozas –que hoy publica un buen reportaje sobre este caso– ha tratado de contactar con ella. No ha atendido las llamadas.

“Cada vez que preguntaba en la Asamblea de Madrid por Arganda del Rey, Libertad Martínez me llamaba para decirme que no había nada”, recuerda hoy Reyes Montiel, que en aquellos años era diputada autonómica por IU. Fue quien presentó ante la Fiscalía varias de las primeras denuncias contra Esperanza Aguirre e Ignacio González, por las numerosas sospechas de corrupción. Acabó dimitiendo del partido, tras ver la falta de respaldo de la mayoría de sus propios compañeros. Lo mismo hizo en esa misma etapa Inés Sabanés, por parecidas razones 

Aquella dirección de IU en Madrid salió del todo en 2015, cuando Alberto Garzón rompió con esta federación por el escándalo de las tarjetas Black. Poco después Libertad Martínez reapareció como tertuliana en la TVE que controlaba el PP, colocada allí por Ignacio González, según confesó él mismo en una conversación con Eduardo Zaplana que fue intervenida por la Guardia Civil. “Una periodista de mi confianza”, llamaba Ignacio González a esta exdiputada de IU. Hoy Libertad Martínez es tertuliana en Onda Madrid, la radio pública de la Comunidad de Madrid.

Pero volvamos a Arganda del Rey, al misterio del área 124. Aquel pelotazo no contó solo con el respaldo del pleno municipal. Eran tantas las viviendas previstas –2.676 pisos– que ese plan urbanístico también tuvo que ser aprobado por la Comunidad de Madrid. Por supuesto, el gobierno de Esperanza Aguirre dio el visto bueno a la operación. 

En 2004, cuando el pelotazo del área 124 ya estaba en marcha, unos constructores rivales de Martinsa denunciaron ante el PP nacional la situación. A través del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, se quejaron de que en Arganda les pedían una comisión. Tras esa denuncia, Lapuerta se lo contó a Mariano Rajoy, que convocó a Esperanza Aguirre a una reunión en el partido, en la sede de Génova, en noviembre de 2004. Además de Aguirre y Rajoy, estuvieron presentes en esa reunión Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y tanto Lapuerta como Bárcenas transmitieron a Esperanza, en presencia de Rajoy, que las denuncias de ese pelotazo señalaban también a su entonces vicepresidente, Ignacio González, al que los constructores acusaban de estar detrás de esa adjudicación.

Conté en exclusiva aquella reunión en un artículo en el diario Público, el 8 de marzo de 2009, hace exactamente 16 años. Este párrafo es de aquella primera información, que titulé 'El misterio del área 124': 

Aquel artículo me costó muchos quebraderos de cabeza. Esperanza Aguirre lo desmintió con un comunicado el mismo día de su publicación –aunque cuatro años más tarde, ante la Audiencia Nacional, Aguirre acabó confesando que la reunión existió–. La reacción de Ignacio González fue aún peor: me llevó a juicio, junto con otros tres periodistas de Público. González nos pedía 600.000 euros, 150.000 euros por cabeza, que no teníamos. Acabamos ganando, en 2014. En gran medida, con la ayuda de Álvaro Lapuerta –una de mis fuentes de aquella primera información–, que certificó la veracidad de mi noticia con una carta firmada que presenté en el juzgado. Es esta:

No desvelé este documento hasta 2018, cuando Álvaro Lapuerta murió. Era el pacto que tenía con él: podía usar esta carta para defenderme de la demanda de Ignacio González pero no publicarla, al menos hasta que falleciera. Pero esa es otra historia, que ya conté en otra ocasión. 

En 2012, coincidí con Ignacio González en una comida con otros periodistas. Acababa de destaparse el escándalo de su ático de Estepona, ese piso de lujo –459 metros cuadrados– donde veraneaba el entonces presidente de la Comunidad de Madrid. La primera noticia la había dado El Mundo, pero Ignacio González me hizo un extraño comentario en aquella comida.

–Bueno, pero en realidad lo del ático ya lo habías contado antes tú, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El misterio del área 124?–, me dijo González, mirándome a los ojos.

Se refería a mi artículo de Público de 2009, el primero que publiqué sobre la operación de Arganda en el Rey, aquel por el que me demandó. El detalle importante es que en ese texto no aparecía una sola palabra del ático ni de Estepona. Aunque en la cabeza de González, ambos asuntos estaban de alguna forma relacionados entre sí. 

Más tarde la investigación judicial del ático de Estepona ahondó en ese nexo. Según las acusaciones, ese ático de lujo podía ser el pago por el pelotazo del área 124 en Arganda. Nunca se pudo demostrar. 

Aquel ático de Estepona estaba a nombre de una empresa en el paraíso fiscal de Delaware, registrada por un tal Rudy Valmer, un testaferro profesional también relacionado con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En 2008, Ignacio González y su mujer empezaron a veranear en este ático; no se sabe cuánto pagaban de alquiler. En 2012 –tras estallar este escándalo– lo compraron. Un juzgado de Estepona investigó el asunto durante siete años hasta que en 2020 lo archivó. Aunque Ignacio González aún sigue pendiente de juicio por otras causas por corrupción.

Un ático. Un testaferro. Seré yo, que soy un obsesivo, siempre a la caza de Moby Dick. Pero pienso en ese piso de arriba, donde vive con un defraudador confeso la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, y encuentro en todo esto un llamativo patrón. 

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leerme. Gracias por tu apoyo a elDiario.es

La huella de la corrupción es indeleble en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Las grúas, camiones y excavadoras son perfectamente visibles desde la autovía y marcan con precisión el punto en el que la trama Gürtel tomó el consistorio al asalto y condicionó el futuro de la ciudad durante décadas. Edificios aún por construir coronan la parcela UE-124, el mayor pelotazo de la larga trayectoria de la trama Gürtel perpetrado en 2006 y que estos días se juzga en la Audiencia Nacional con empresarios y políticos reconociendo que, en esos años, ellos mandaban más que el propio ayuntamiento. “En Arganda era vox populi”, dice el actual alcalde, del PP, Alberto Escribano, que tenía entonces cinco años.

Eran los años felices de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid a principios del nuevo siglo. Francisco Correa y los suyos cruzaban la región saltando de ayuntamiento en ayuntamiento y allí donde gobernaba el Partido Popular establecían una sucursal en la que amañar contratos y pagar y cobrar comisiones o hacer regalos a quien hiciera falta. Este proceder se repitió, según los tribunales, en Madrid, Majadahonda, Pozuelo y Boadilla, pero también en Arganda del Rey. Se trata de un municipio con aires de pueblo de casi 60.000 habitantes y que a finales de los años 90 del siglo pasado tenía una parcela que prometía un negocio millonario solo al alcance de quien pudiera torcer a voluntad el criterio del ayuntamiento.

El caso Gürtel estalló hace más de 15 años y, a día de hoy, con muchas condenas firmes y pocas ramas por sentenciar, los cabecillas se han entregado a la estrategia de reconocer los hechos y evitar pasar el resto de sus días en la cárcel. Francisco Correa lleva varios juicios confesando la corrupción que desplegó a lo largo y ancho de la región de la mano del PP y en estas semanas ha llegado el turno de los cargos públicos que le ayudaron.

Especialmente claro fue en su confesión Benjamín Martín Vasco, exdiputado del partido en la Asamblea y en ese momento alto cargo del departamento que gestionaba el pastel del suelo urbanizable: la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey. El objetivo era “reducir al máximo el control de la oposición y la Intervención” y, en la práctica, crear un “ayuntamiento paralelo” para hacer y deshacer sin problemas. Al otro lado del cuadrilátero, el constructor y expresidente del Real Madrid, Fernando Martín (Martinsa), ha confesado también que aquella operación se selló con una comisión de 25 millones de euros para Francisco Correa.

Siguiendo el guion habitual, Martín Vasco y el alcalde Ginés López se llevaron cientos de miles de euros. En un municipio en el que todo el mundo se pone cara, han pasado dos décadas para que el entonces regidor del PP sea claro. “Pido perdón y muestro mi arrepentimiento por cuantos perjuicios haya podido causar en el ejercicio de mis responsabilidades en el Ayuntamiento de Arganda del Rey”, dice su carta de confesión para buscar una condena más benevolente.

Casas y comisiones en Arganda

La historia de la parcela UE-124 de Arganda del Rey es la historia de cómo la corrupción se abre paso gracias a la confianza. El PP llegó al poder en la localidad en 2003 después de casi dos décadas de dominio progresista con Izquierda Unida en el poder local. Para cuando se produjo la victoria electoral del candidato del PP, Ginés López, hacía un año y medio que el empresario Fernando Martín había echado el ojo a la denominada “unidad de ejecución 124”. Martín veía un negocio claro detrás de ese nombre tan críptico. 

Francisco Correa llevaba años entrando y saliendo de Génova como uno más, organizando los actos y campañas del partido en la época de Aznar. La sede del PP madrileño está en la primera planta del cuartel general de los conservadores y el partido en Madrid no tenía secretos para el empresario. Cuando el PP ganó en Arganda, en 2003, Fernando Martín recibió un mensaje de parte de Francisco Correa: “Si no se pagaba, no se tenía”. Esas son las palabras que utilizó Martín el pasado martes en el juicio de Gürtel por la pieza de Arganda.

A finales de 2003 o principios de 2004 Correa y Martín se reunieron en el Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid y acordaron que el primero haría uso de sus “contactos políticos” para que Martinsa construyera en Arganda. La comisión quedó por determinar. Fueron finalmente 25 millones de euros que se negociaron piso a piso, según describió el propio Correa ante el tribunal. Un pellizco por cada vivienda.

A esa primera reunión le siguieron otras hasta alcanzar el pacto de los 25 millones en comisiones, 12 millones tras la adjudicación de las parcelas y el resto según fuera avanzando la ejecución. Fernando Martín nunca supo quién se iba a llevar la comisión, pero imaginó que serían Correa y los responsables del Ayuntamiento relacionados con el suelo público. Martín, cerca entonces de acceder a su breve presidencia del Real Madrid, nunca trató con estos últimos. 

“Una vez cerrada la operación sentí la obligación de compartir parte de mi beneficio con Ginés y Benjamín”, escribe de su puño y letra Francisco Correa en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción. El alcalde Ginés López se llevó 523.427 euros y Benjamín Martín Vasco, responsable del Suelo y exdiputado autonómico, obtuvo 363.295,63 euros de comisión. 

La adjudicación se produjo el 21 de diciembre de 2004 y ese mismo día se efectuó el primer pago. Todos los implicados tenían cuentas en el extranjero y sociedades en paraísos fiscales. El trasvase de fondos fue inmediato. El segundo pago tuvo lugar dos años después. Para entonces, Martinsa ya había ampliado el número de viviendas, previamente acordado en secreto con los políticos de Arganda.

“Un camino apasionante” con PP, PSOE e IU

El ranking de pelotazos de la trama Gürtel no es de fácil acceso y el de la parcela EU-124 de Arganda está en lo más alto, por encima del amaño del servicio de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz (92.000 habitantes), decenas de actos electorales de Esperanza Aguirre o, incluso, la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. El consistorio sacó adelante las modificaciones necesarias en 2005 y, poco después, en los primeros meses del año siguiente, obtuvieron el visto bueno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre y su división de Urbanismo.

La población argandeña sabe bien, por tanto, lo que es convivir con la corrupción con total naturalidad y que el mayor botín de Gürtel sea aprobado sin levantar sospechas. Fue Lola Martín, portavoz del PP en la localidad, la que en 2016 corrigió a Aguirre cuando la expresidenta afirmó que sus colaboradores corruptos se reducían a dos cargos que le habían “salido rana”. “Se ha equivocado, está demostrado que hay más de dos ranas”, dijo Martín desde la zona cero de la parcela objeto de deseo. El tiempo ha dado la razón a una concejala que hablaba de su propio partido.

La imagen actual de la parcela, dos décadas después del pelotazo y de las comisiones, es la de cómo la corrupción llena sus propios bolsillos a costa de lo público y lo común. La mayor parte de las casas van adivinando el blanco que sustituye al ladrillo por todo el país, pero siguen, en su mayoría, a medio hacer. Detrás está la historia de varias cooperativas, algunas fallidas e impulsadas por partidos políticos, pero no por el PP donde anidaban los que corrompieron la operación: impulsadas por PSOE e Izquierda Unida.

La venta de la parcela a Martinsa fue urdida entre bambalinas pero engrasada por aplastante mayoría del pleno municipal en 2006. Con los votos favorables del PP, cuyos cabecillas se iban a llevar cientos de miles de euros, pero también de los dos partidos de la oposición. Las actas todavía disponibles reflejan que el PSOE aportó la necesidad de crear un aparcamiento subterráneo, equipamientos educativos y culturales o el acondicionamiento de zonas verdes. Izquierda Unida apostó por la reubicación de los vecinos.

“Comienza un camino realmente apasionante de construcción de la ciudad”, dijo el concejal antes de obtener los once votos favorables del PP, siete del PSOE y uno más de IU para aprobar el Plan urbanístico.

Poco después nacieron varias cooperativas: una de ellas, Progreso Arganda, impulsada por el PSOE, y otra, llamada Pradera San Isidro, vinculada a IU. Las dos compraron sendas parcelas y ambas terminaron en concurso de acreedores, con varios cooperativistas denunciando haber perdido su dinero sin haber visto tampoco las casas prometidas. Algunos de estos pisos fueron adquiridos por familiares de los concejales de la oposición que ese día, sin saber que había comisiones millonarias detrás, aprobaron el plan urbanístico. Por ejemplo, de Victoria Moreno, entonces concejala del PSOE, y de Libertad Martínez, representante de IU en el consistorio, tal y como publicó en su momento 20 Minutos.

“En Arganda era vox populi”

Alberto Escribano tenía cinco años cuando se perpetró el pelotazo que juzga estos días la Audiencia Nacional. Dos décadas después es el alcalde de la localidad por el Partido Popular tras desbancar al PSOE de Guillermo Hita en 2023: “Eso en Arganda era vox populi, yo desde niño he escuchado que en este Ayuntamiento nadie mandaba y que se mandaba desde la Sociedad de Fomento. Es la sensación que ha habido siempre, el clima que en Arganda todo el mundo sabía y es una vergüenza y da bastante asco cómo se puede llegar hasta ese punto”, explica a elDiario.es.

La parcela UE-124 se diferencia claramente del resto de Arganda del Rey por el color y la altura de los edificios hasta el punto de parecer una localidad distinta. “Lo más llamativo es que llegas a Arganda y ves claramente dónde está la ilegalidad de entonces, que ahora tendrá que decirlo el juez. Allí se modificó la edificabilidad para que entraran más casas y esas son las consecuencias. Tenemos una zona de Arganda que es nueva y que no pueden pasar dos coches por la misma calle, edificios de hasta 13 plantas que en ninguna zona de la ciudad se había permitido jamás. ”Eso es lo que vamos a ver en Arganda siempre“.

El regidor habla desde el mismo edificio en que se perpetró el mayor pelotazo de la Gürtel dos décadas atrás. Y sus explicaciones dibujan cómo la corrupción puede dejar una huella indeleble en una ciudad además de un agujero en las arcas públicas. Él mismo, explica, tuvo que pagar varios miles de euros de multa de su bolsillo que los tribunales habían impuesto al que ocupara la alcaldía de Arganda por incumplir una sentencia relacionada con esta parcela: “Estuve pagando una multa por una decisión de cuando no tenía ni diez años, es una vergüenza”.

El descrédito de la población de Arganda con la política, por tanto, no es difícil de creer. “Nosotros como partido hemos pagado un precio inmenso”, explica Escribano, que llegó a la alcaldía después de ocho años de gobierno socialista en la ciudad. Más cuantificable es el precio que paga el municipio: “Fruto de todo aquello aquí hay un plan de ajuste porque la deuda es inmensa. Todo eso lo estamos pagando ahora, que tenemos casi 100 millones de euros de deuda”, lamenta.

Dos décadas después las grúas siguen levantando edificios en la UE-124 mientras algunas de sus parcelas siguen vacías, utilizadas por los vecinos para pasear a los perros y sirviendo de zona de paso para los que cruzan de una zona a otra de la ciudad. Las calles estrechas quedan completamente bloqueadas cuando alguno de los camiones tiene que parar para cargar o descargar el material de una de las obras. Mientras tanto, el caso se juzga en la Audiencia Nacional con pronóstico de condena tras las confesiones de corruptos y corruptores: de los 21 acusados solo un funcionario no ha alcanzado un pacto con la Fiscalía. A Gürtel solo le queda una pieza más por juzgar. 

Cada vez que salen trapos sucios en el PP, el PSOE tiene motivos para alegrarse. Pero también para echarse a temblar. El último ejemplo es reciente. Tenemos un fraude fiscal confeso de la pareja de Ayuso. Pero la cosa se va enredando, la van enredando entre unos cuantos, hasta que el que acaba dimitiendo es el secretario general del PSOE en Madrid, preocupado porque vayan a por él como ya hicieron el Fiscal General del Estado. Hay precedentes de casos similares: el del Prestige, el de la Gürtel o, relacionado con la propia Ayuso, la dimisión del exlíder del PP Pablo Casado.

Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es José Precedo. 

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Un 7 de noviembre de 2007, un hombre desconocido para los medios, José Luis Peñas, entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, un mp3 en el que había 18 horas de conversaciones grabadas entre Francisco Correa -otro nombre que entonces no nos sonaba de nada- y empresarios y políticos del PP. Esas grabaciones destapaban el mayor caso de corrupción política de nuestra democracia, y con esa delación, José Luis Peñas, que había sido edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Majadahonda, activó una bomba de relojería que estalló once años más tarde, en 2018, con una sentencia demoledora a la que siguió una moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa. Esta semana el Gobierno ha concedido el indulto parcial a José Luis Peñas, que en su día también fue condenado por corrupción en esta trama.  

Con los periodistas de la sección de Tribunales de elDiario.es Elena Herrera y Alberto Pozas recordamos cómo arrancó el caso Gürtel en la Audiencia Nacional gracias a esa delación de José Luis Peñas, exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Majadahonda y testigo de primera mano de la trama. También nos detenemos en la figura del delator de grandes escándalos de corrupción y las circunstancias judiciales que envuelven a estos personajes “arrepentidos”, en comparación con otras personas que denuncian por ética personal.  

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El policía Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel', ha desglosado en el juicio de la Audiencia Nacional la estructura de la trama y su vinculación directa con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, acusado en la causa. El investigador ha confirmado la “dinámica de actuación” de la red con facturación ficticia de actos electorales de Camps con cargo a empresas privadas y con la caja B.

Morocho ha explicado, a preguntas de la fiscal anticorrupción, que hubo una “relación prolongada en el tiempo y continua con responsables políticos de esas administraciones para captar negocio, que al final es lo que interesa”. “Hay que hacer 'business', como decía Correa”, ha apostillado.

El policía ha detallado los regalos navideños que la trama enviaba a sus contactos en la Generalitat Valenciana y cómo “maquillan los conceptos para dificultar la identificación de los posibles beneficiarios”. El inspector jefe ha recordado las “compras continuas en establecimientos de lujo” de presentes para dirigentes populares como Camps, Ricardo Costa o David Serra, todos acusados en la causa. También para los padres del expresidente de la Generalitat Valenciana y sus suegros.

Con los regalos, “buscan que que vean a Álvaro Pérez como a alguien de confianza que es cercano, que no sólo les hace el evento sino que, a la vez, les resuelve problemas o que les escucha cuando tienen problemas”, ha dicho Morocho. El policía también ha destacado la “concentración” de regalos en el periodo navideño y cómo los responsables de la trama “singularizan” los presentes, incluidos bolsos de Loewe a Isabel Bas, esposa de Francisco Camps, o un “producto tecnológico puntero” a uno de los hijos de ambos.

El inspector ha analizado la dinámica de la facturación en B de actos encargados por el PP valenciano a la trama y ha destacado uno en concreto: la presentación de Camps como candidato en sendos eventos celebrados en 2002 y 2003. Los costes de los servicios prestados por proveedores los asume el “Congreso de la Internacional Democratacristiana en Corfú” o empresas privadas. 

La fiscal anticorrupción ha repasado las conversaciones telefónicas intervenidas, por orden judicial, por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en las que Álvaro Pérez 'El Bigotes' intenta negociar un calendario de cobros, tanto en A como en B, además de una suerte de regulación en la obtención de adjudicaciones públicas en el marco de la competencia con otras empresas del sector.

El investigador ha repasado el papel del Bigotes como delegado de la trama en Valencia y ha destacado una conversación intervenida con Francisco Correa, jefe máximo de la red. “Correa es muy claro, Álvaro Pérez trabaja para el presidente [Francisco Camps], no para el PP de la Comunidad Valencia, lo centran mucho en la persona”.

La caja B de 'Gürtel'

La trama siguió la misma estrategia en Madrid y en Valencia: “La estructura Correa característica es la introducción dentro de los órganos directivos de la formación política para hacer algo tan importante como la campaña, en términos de creatividad, con el objetivo de conseguir la victoria en los procesos electorales”. “Eso”, ha agregado Morocho, “va en paralelo a generar una relación de confianza que permita la captación de negocio en el ámbito de la contratación pública”. Además, la red 'Gürtel' también intervenía en procesos urbanísticos o en la adjudicación de operaciones inmobiliarias, ha recordado el testigo perito.

La caja B de la trama delataba dos momentos “relevantes”: entre 2001 y 2003 con un “tope de ingresos” por su actuación en la Comunidad de Madrid y en 2007 con otro pico “máximo” como consecuencia de la “vasculación” de la estructura empresarial hacia el Palau de la Generalitat. La red consiguió con su traslado a Valencia “mantener su cifra de negocio”, ha explicado el inspector Morocho.

El policía también ha afirmado que en la caja B “se observa perfectamente una punta de ingresos que obedece al aumento [de sus actividades] en Valencia y a los cobros por las campañas al PP de la Comunidad Valenciana”.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado conceder el tercer grado penitenciario, es decir, el régimen de semilibertad, al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien tiene una oferta para trabajar en un medio de comunicación.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez José Luis Castro, de acuerdo con el criterio del fiscal, estima el recurso de Correa contra la decisión inicial de Instituciones Penitenciarias, que rechazó su progresión al tercer grado por no apreciar una evolución “suficientemente favorable”, entre otras razones.

Correa, de 67 años y que debe cumplir una pena máxima de 18 años de prisión, ya ha completado más de la mitad de la condena tras pasar 10 años en la cárcel.

El informe del juez subraya la evolución positiva del comportamiento del interno, que hace más de dos años plasmó su arrepentimiento por escrito, que solo fue sancionado una vez por tener un teléfono móvil y que ha tenido “un perfil bajo” en el módulo de respeto de la cárcel de Valdemoro (Madrid) en el que ha dedicado la mayor parte del tiempo a preparar su defensa en las numerosas causas en las que se encuentra inmerso.

De hecho, el educador social de la prisión deja constancia en su informe que, desde octubre de 2020, Correa se ha hecho cargo de la Comisión de Ayuda Legal, que sirve para ayudar al resto de compañeros a hacer recursos pertinentes en sus causas y a comprender su situación legal.

Y, coincidiendo con esa responsabilidad, “se han producido una serie de cambios en su actitud y conducta personal, como es el reconocimiento de errores cometidos a lo largo de su trayectoria personal y profesional”.

Correa, añade el escrito, “ha colaborado con la justicia poniendo su patrimonio a disposición de las autoridades para hacer frente a la responsabilidad civil impuesta sobre él; ha mostrado colaboración con la fiscalía y tribunales en los últimos juicios” y “ha solicitado participar en un Programa de Intervención de Delitos Económicos”.

“Se aprecia un importante sentido de la responsabilidad en el penado, que ha hecho coincidir días de disfrute con salidas en autogobierno para acudir a las sesiones del juicio oral en la Audiencia Nacional”, añade la resolución.

También deja constancia de la decisión de Correa de permitir el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros que han sido destinados a reparar el daño causado y su responsabilidad civil.

Y de su colaboración con la Fiscalía en otras piezas juzgadas en la Audiencia Nacional, como la que se está dilucidando ahora sobre la trama valenciana con el expresidente de esa comunidad Francisco Camps sentado en el banquillo de los acusados.

La Junta de Tratamiento de la prisión se opuso a la progresión de grado debido a factores como la gravedad de los delitos, el escaso efecto intimidatorio de la condena y la existencia de una causa pendiente por la que debe ser juzgado.

Pero el juez no comparte esa opinión y cree que existen más factores positivos para su paso al régimen abierto, máxime debido a la existencia de “una oferta laboral comprobada en un medio de comunicación”.

César Martín Morales, condenado en la pieza del 'caso Gürtel' relativa a la trama en Boadilla del Monte (Madrid), ha confirmado que la red que dirigía Francisco Correa envió a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a Valencia para iniciar negocios con la administración pública debido a su amistad con el expresidente autonómico Francisco Camps. Martín Morales, conocido como El Santo, fue una pieza clave del desembarco de la trama en la localidad madrileña cuando estaba al frente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte durante el mandato de Arturo González Panero, El Albondiguilla.

En el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', Martín Morales ha declarado como testigo en su condición de asesor jurídico de las empresas de Francisco Correa en materia de contratos, entre otros, con la empresa pública de la Generalitat Valenciana Vaersa. A preguntas del letrado que ejerce la defensa de Álvaro Pérez 'El Bigotes', César Martín ha relatado cómo fue el desembarco de la trama Gürtel en Valencia.

Así, Francisco Correa le comunicó “varias veces” que “mandaba” al Bigotes a Valencia “porque había trabado amistad con Francisco Camps”. “Querían ampliar sus actividades porque no les adjudicaban suficientes contratos públicos en Madrid”, ha declarado. También se ha referido a la amistad del delegado de la trama con la esposa del expresidente, Isabel Bas.

El letrado de Álvaro Pérez le ha preguntado si le llamó la atención que, en 2004, Orange Market se instalara en Valencia y apenas un año después obtuviera un contrato público para la feria Fitur. “No me llamó la atención porque Correa ya dijo que mandaban a Álvaro a Valencia para hacer negocios en la comunidad, como consecuencia de su amistad con Camps”, ha contestado el testigo.

El letrado del expresidente autonómico ha pedido a Martín Morales que precisara cuándo le dijo Correa que El Bigotes era el enviado de la trama a Valencia. El testigo ha respondido que fue hasta en “dos o tres ocasiones”, en el marco de comidas y reuniones. Francisco Correa “lo manifestaba con total normalidad”, ha aseverado el asesor jurídico de las empresas de la red Gürtel.

Actos para “congraciarse” con Camps

En la misma sesión del juicio, ha declarado como testigo la exdirectora general de la Mujer Clara Abellán durante la etapa de la acusada Alicia de Miguel como consellera de Bienestar Social. El departamento organizó dos actos, mediante contratos menores adjudicados a empresas de la trama, para “congraciarse” con Camps en el marco de las batallas internas del PP y continuar en la siguiente legislatura, según declaró su jefe de gabinete. Alicia de Miguel, por su parte, acusó a su exjefe de gabinete de haber mentido y le responsabilizó de la contratación de la red Gürtel.

La exdirectora general ha explicado que durante el periodo en que se contrató el primero de los actos a Orange Market estaba de baja y que se limitó a firmar las facturas, previamente validadas, cuando se reincorporó a su puesto. También ha recordado su aflicción con la creación de la Fundación Tolerancia Cero, que organizó los actos contratados a la red Gürtel: “Me sentaba muy mal que estuviera la fundación porque me estaba solapando el trabajo, estaba disgustada”.

En un acto celebrado el 25 de enero del 2007 y contratado a la red Gürtel, la exalto cargo ni siquiera tenía un sitio reservado. “Se levantó una persona de una asociación de mujeres para cederme su sitio porque no me habían guardado ni sitio”, ha recordado. Sin embargo, también ha declarado que Alicia de Miguel “nunca” le ordenó contratar a una empresa en concreto.

Adoración R., secretaria general administrativa del mismo departamento durante la etapa de Alicia de Miguel, también ha negado haberse sentido presionada por la entonces consellera de Bienestar Social. “Nunca he tenido ningún problema con Alicia de Miguel, siempre ha estado de acuerdo con el criterio técnico”, ha afirmado. El funcionario José Javier M. también ha negado que la exconsellera popular o su jefe de gabinete le ordenaran contratar a empresas en concreto.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de siete acusados y ha confirmado las penas para los cabecillas de la Gürtel y al exdirector de 'Canal 9' por irregularidades en la visita del Papa. La Audiencia Nacional había impuesto en 2020 condenas de hasta 15 años de prisión a 19 de las 23 personas que se sentaron en el banquillo acusadas en esta pieza separada de la trama Gürtel de corrupción.

En la vertiente empresarial de la trama, Francisco Correa fue condenado a 13 años y siete meses de prisión, con Álvaro Pérez 'El Bigotes' condenado a seis años y nueve meses. Pedro García, exdirector de la Radio Televisión Valenciana, fue condenado a la misma pena de cárcel.

Los jueces declararon probado en esa primera sentencia que la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 durante el V Encuentro de la Familia estuvo plagado de irregularidades y sobrecostes con un botín millonario para la trama. Un botín de más de tres millones de euros salido de un contrato adjudicado a la empresa Teconsa por parte de la televisión pública por más de siete millones de euros. Contrato para suministrar pantallas, sonido y megafonía para acompañar la visita del pontífice que escondía sobreprecios y comisiones y que se adjudicó de manera irregular.

Fue “claramente ilegal”, dijo la Audiencia Nacional, porque antes de adjudicarse los colaboradores de Francisco Correa y el director general de RTVV ya habían decidido quién iba a cobrar, pagar y organizar todo. Era Teconsa, una constructora, “no tenía capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos necesarios” y subcontrató toda la organización generando unos sobrecostes millonarios para las arcas públicas valencianas.

Se trata de la quinta sentencia firme en la que el Tribunal Supremo condena la actividad corrupta de la Gürtel al amparo del control que el Partido Popular tenía en las administraciones públicas locales, regionales y estatales en las que gobernaba. La última fue dictada el año pasado cuando confirmó las condenas impuestas por la actividad de la trama corrupta en la localidad gaditana de Jerez. Previamente el Supremo también ha firmado sentencias firmes en el caso de AENA, la actividad de la trama en la Generalitat Valenciana de Francisco Camps, y la primera época de la trama corrupta.

En una de estas sentencias del Supremo, los jueces de lo penal confirmaron la condena como partícipe a título lucrativo del Partido Popular, aunque la formación de Alberto Núñez-Feijóo es el denominador común del protagonismo que la trama tenía en aquellas administraciones públicas donde gobernaban. En el caso de 'Época I', el Supremo consideró probado en firme que el PP se benefició económicamente de la actividad de la trama en varios municipios de Madrid donde gobernaban por un valor total de 245.492,80 euros.

Este lunes se reanuda el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN) con la declaración estelar de Álvaro Pérez El Bigotes, el antiguo responsable de la trama en Valencia que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

La última pieza de 'Gürtel' juzga las adjudicaciones, por 1,8 millones de euros, del stand de la feria Fitur y de contratos menores a la trama por parte del Ejecutivo valenciano que presidía Camps.

El Bigotes ya confesó en un escrito remitido a la AN los presuntos tejemanejes de Camps con Orange Market, filial de Francisco Correa en Valencia, además de su relación de amistad.

“Aunque después de todo, Paco Camps reniegue de mí y de lo que me ayudó, me protegió y me cuidó. Así como yo también lo hice con él”, afirma Álvaro Pérez en el escrito.

El Bigotes, tras un total de seis años en prisión, ha pasado de ser el “amiguito del alma”, según la famosa expresión captada en las escuchas policiales, a transformarse en el principal testimonio que apuntala la acusación de Anticorrupción contra Camps.

Las primeras declaraciones en el juicio dejaron claro que Álvaro Pérez era el enlace de la trama con la administración autonómica del PP, convirtiendo su testimonio en una de las claves más relevantes del proceso.

El Ministerio Público solicita para Camps dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

Francisco Correa confirmó que cuando Álvaro Pérez aterrizó en 2004 en Valencia sólo conocía a Francisco Camps y que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana le fue presentando a dirigentes y a altos cargos de su Gobierno.

Correa definió su antigua red de empresas como “un brazo del PP” pero reconoció que tras su ruptura con la sede nacional de la calle Génova, la trama desplazó su objetivo a Valencia con El Bigotes como enviado especial.

El objetivo de trasladar a Álvaro Pérez a la capital del Turia era introducirse en el mercado de las adjudicaciones públicas mientras, en paralelo, Orange Market se encargaba de los actos electorales del PP valenciano.

Francisco Correa también confirmó la buena relación de la red corrupta con cargos como Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, Pedro García, presidente de Radio Televisión Valenciana (RTVV) o el exdiputado David Serra, entre otros.

Por su parte, Pablo Crespo declaró que “había química con Francisco Camps”. Ambos responsables de la red Gürtel señalaron a Álvaro Pérez como el testimonio clave para responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. El Bigotes pasa así de antiguo “amiguito del alma” de Francisco Camps a convertirse en el principal obstáculo de su defensa.

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, aún no ha agotado su periplo judicial, tras casi 15 años envuelto en problemas con la Justicia. Las penas que acumula no se extinguirán hasta 2031, en el mejor de los casos. Es, por tanto, un hombre acostumbrado a los juzgados, al que no perturbó los nervios presentarse de nuevo en la Audiencia Nacional este martes, esta vez para declarar por su papel en la adjudicación del ‘stand’ de la Comunidad Valenciana en Fitur en 2009 y otros contratos menores a Orange Market, empresa de la red. Correa llegó a la sede judicial, situada en un polígono industrial en San Fernando de Henares, con el abrigo en la manga, a pesar del frío intenso de la mañana. Dentro lo esperaban sus antiguos socios, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’, también acusados pero que, al contrario que Correa, no disponían de un permiso penitenciario estos días para acudir por su propio pie.

Las largas condenas pesan y los tres principales encausados de la Gürtel hace tiempo que han cambiado de estrategia y se brindan a colaborar con la Fiscalía. A lo máximo que aspiran es a que sus sentencias no se alarguen en exceso en las causas que les resten y a cierta benevolencia con los beneficios penitenciarios. No sonríen para las cámaras. Se diferencian en esto de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y repetidamente absuelto en los procesos judiciales que desde hace 14 años lo han venido cercando. La Fiscalía pide para él una pena de dos años y seis meses de cárcel por prevaricación y fraude a la administración, pero el exlíder valenciano sigue siendo inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Cuando aparece en la sede judicial, a escasos minutos del arranque, se acerca risueño y bien trajeado a las cámaras.

—Buenos días. ¿Quieren algo de mí esta mañana?

Camps pasa a repetir, como hizo recientemente en una comparecencia pública, que la Fiscalía Anticorrupción se ha “cebado” con él y lo ha perseguido “constantemente” sin que los tribunales lo hayan condenado, circunstancia que es “para hacérselo mirar”, en su opinión. Se despide, entra en el edificio y sube a la primera planta, donde la veintena de acusados y otros tantos abogados esperan a que dé comienzo la sesión. De pie junto a una columna, charla con sus acompañantes a dos metros de Correa, al que ve de espaldas.

Camps dice en el exterior que no le preocupa lo que pueda declarar Álvaro Pérez, quien lo llamaba “amiguito del alma” en una célebre conversación navideña interceptada por la Policía. “No, si es que qué más da […] Hay que tomárselo con mucha paciencia y tranquilidad”. Pero dentro, cuando responden Correa, primero, y después Pablo Crespo, niega ocasionalmente con la cabeza, incluso musita alguna frase de contrariedad. “Es de coña”, llega a decir. Son vacilaciones mínimas; la mayor parte del tiempo atiende en silencio, inmóvil en el asiento. 

Verse sin mirarse

El interrogatorio de Correa se extiende y el acusado insiste, cuando la fiscal le pregunta por algún detalle que no le viene a la mente, en que si no responde es porque no se acuerda, no porque no quiera colaborar. Cuando termina, agradece repetidamente que le permitiesen venir al juicio sin grilletes, haciendo uso de sus días de permiso penitenciario. El magistrado da 15 minutos de receso. Los acusados y los abogados salen, Correa va al servicio. Al volver, pasa al lado de Camps, pero no lo mira.

Tras el descanso, empieza Pablo Crespo, serio, con una declaración de intenciones: “Pretendo conducirme con nobleza”. Crespo repasa con la fiscal facturas y anotaciones manuscritas en sus libretas. Varias veces insiste en que los detalles precisos de lo sucedido en la Comunidad Valenciana los recordará mejor Álvaro Pérez, quien tenía una “relación estrecha” con Camps y al que ‘el Bigotes’ “de forma cariñosa llamaba 'el curita'”. Pasadas las 15 horas, el presidente repara en que varios de los abogados tienen billete de vuelta a Valencia este mismo martes. Pérez todavía no ha intervenido. La sesión se suspende hasta el día 13. Camps es de los primeros en salir. Según algunos testigos, espera a Correa en la puerta y esta vez las miradas sí se cruzan. “Eres un hijo de puta”, le dice. De acuerdo con su entorno, recoge Europa Press, el tono ha sido más moderado, ha usado otras palabras: “Me estás arruinando la vida”.

Al parecer, Camps se ha molestado con la declaración de Correa, que ha confesado los hechos previo acuerdo con la Fiscalía. Correa ha asegurado que conoció a Camps en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y que coincidió con él “dos o tres veces”. Correa ha ido un poco más allá y ha señalado al irritado expresidente valenciano como la persona que introdujo a Gürtel en la Comunidad Valenciana. Pero lo que le ha espinado especialmente, prosiguen esos testigos, es un chascarrillo de Correa. “Si me dan el tercer grado, vengo”, ha bromeado el líder de la Gürtel cuando el presidente del tribunal le ha recordado que podía renunciar a su derecho a la última palabra para no volver a las sesiones.

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Francisco Correa y Pablo Crespo, jefes de la red Gürtel, han confirmado que el expresidente autonómico Francisco Camps ejercía una suerte de enlace con la trama en Valencia. “Había química con Francisco Camps”, ha declarado Crespo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' sobre la adjudicación de un 'stand' en la feria Fitur y los contratos menores con la Generalitat Valenciana.

Las declaraciones de ambos acusados son una de las claves de Anticorrupción para apuntalar su acusación contra Francisco Camps, para el que solicita dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante diez años, por los presuntos delitos de prevaricación y de fraude a la administración pública. Crespo y Correa han alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Público y han confesado que la red corrupta creó una delegación en Valencia, encabezada por Álvaro Pérez El Bigotes, para encargarse de los actos del PP y obtener de paso adjudicaciones públicas.

Los dos jefes de la trama han reconocido que, tras la ruptura con el PP nacional —“las relaciones con [Mariano] Rajoy no eran buenas”, ha dicho Crespo—, enviaron en 2004 al Bigotes de delegado de Gürtel a Valencia debido a su excelente relación de amistad con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana. “Correa decidió que, a falta de trabajo [en Madrid], podía iniciar una nueva vía en Valencia porque teníamos oportunidades”, ha afirmado Pablo Crespo.

Así, Álvaro Pérez era el responsable de tratar con los dirigentes del PP valenciano, aunque Crespo y Correa han reconocido que conocieron que trataron poco a Camps, a quien conocieron personalmente en la boda de El Bigotes y en el enlace nupcial de la hija del expresidente José María Aznar con Alejandro Agag. Pérez informaba puntualmente de los avances en la capital del Turia a sus jefes, tal como reflejan algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas policialmente que se han escuchado en la segunda sesión del juicio.

Pablo Crespo ha descrito los “problemas” del PP valenciano para abonar las deudas con la empresa Orange Market por actos electorales. En contrapartida, la trama obtuvo adjudicaciones y contratos menores de la Generalitat Valenciana, que en este juicio se ciñen a 1,8 millones de euros en contratos menores, además de 366.000 euros por el 'stand' de Fitur en 2009. “Si al menos no nos pagaban de un lado, que nos diera contratación pública”, ha resumido Crespo.

El acusado ha explicado que la propia administración valenciana en manos del PP, “en todos los casos”, les requería el fraccionamiento de las facturas. “Nosotros poníamos los medios para fraccionar”, ha confesado. Pablo Crespo también ha enumerado, a preguntas de la fiscal, algunas de las adjudicaciones públicas que obtuvo la trama (la retransmisión de la visita del Papa en 2006 o el Open de Tenis, entre otras).

La fiscal anticorrupción ha mostrado los archivo intervenidos a la trama que reflejan los regalos navideños a relevantes consellers 'populares' de la época, entre ellos Juan Cotino o Vicente Rambla. “Es una lista extensísima de regalos de navidad, no sólo a gente con la que tuviéramos relación sino también para gente con la que pudiéramos tenerla en un futuro”, ha explicado Crespo, que ha puesto el ejemplo del gabinete de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Regalos de Gürtel a la familia Camps

Además, la lista incluye regalos para los hijos y los padres de Francisco Camps y también para sus secretarias y su esposa, Isabel Bas. De hecho, la fiscal también ha preguntado a Crespo por la colaboración que ofreció la trama para diseñar la reforma de la céntrica farmacia propiedad de Isabel Bas, según se desprende de conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía. El acusado ha matizado que la esposa de Camps simplemente le “pidió consejo” all Bigotes, quien “tiene mucho gusto para el diseño”. Finalmente, sólo se elaboraron unos “bocetos” y “aquello quedó en nada”, ha dicho.

Francisco Correa, máximo líder de la red Gürtel, estaba alejado de Valencia pero también recibía los 'partes' del negocio de la mano de Álvaro Pérez. En su declaración, Correa ha dado una visión global de la relación de su grupo empresarial con el PP, tanto en Génova como en Valencia. “Éramos como un brazo del PP”, ha resumido el acusado, que también ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

Correa ha confirmado que cuando Álvaro Pérez aterrizó en Valencia sólo conocía a Francisco Camps y que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana le fue presentando a dirigentes y a altos cargos de la administración autonómica.

“Trabajar con el partido y la administración”

“A raíz del cambio de presidente [del PP] de Aznar a Rajoy” las relaciones con Génova se torcieron y El Bigotes “inició una buena relación con Camps”, ha declarado. “Planteé abrir una ofician en Valencia para trabajar con el partido y la administración”, ha relatado Francisco Correa.

“Empezamos a trabajar en campañas y actos del partido en Valencia como lo hemos hecho en Madrid durante 14 años”, ha agregado. El acusado también ha sostenido que Camps conocía el bagaje de la red de empresas de Gürtel en relación a los trabajos electorales previos para el PP nacional.

Francisco Correa también ha sacado pecho en algún momento de su declaración sobre la calidad del trabajo que realizaban sus empresas. “Hemos demostrado que teníamos capacidad, organizamos la visita del Papa con un millón de personas [asistentes]”, ha afirmado. El jefe de la trama ha incidido en que siempre ordenaba a Álvaro Pérez que “hablara con el presidente [Francisco Camps] para que le diera más trabajo”.

Tras la declaración de Correa y Crespo, el balón pasa directamente al tejado de Álvaro Pérez, antaño “amiguito del alma” de Francisco Camps. El Bigotes también ha alcanzado un acuerdo de conformidad con Anticorrupción y ha detallado en un escrito remitido al tribunal su íntima relación con el expresidente valenciano.

Una relación, tanto comercial como de amistad, que se traducía en paseos cerca del domicilio de Francisco Camps o en encuentros en el club de Tenis de Valencia. Sin embargo, el interrogatorio de Crespo y Correa se ha alargado tanto tiempo que la declaración de Álvaro Pérez se ha pospuesto para la próxima sesión del juicio, prevista para el próximo 13 de febrero.

El reciente archivo de la última línea de investigación que quedaba abierta en el caso de la caja B del PP, el cohecho de los grandes empresarios, pone fin al caso más concurrido y con mayores evidencias de la connivencia entre el poder político y económico en España. Un total de 22 responsables de las grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Sus nombres aparecían en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro a la formación conservadora cuando esta gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones. 

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que el pasado 19 de diciembre, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación. 

Debido a la reforma de la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova fue un edificio provisional, en la calle Prim, el que acogió entre estrecheces las comparecencias como investigados de los 22 empresarios que habían quedado retratados por Bárcenas como donantes de dinero negro de la caja B del PP. 

El 31 de enero de 2013 se había destapado la caja de los truenos. El País publicó aquel día las anotaciones manuscritas del que había sido gerente y tesorero del PP, Luis Bárcenas, con los ingresos en dinero negro de los empresarios y las salidas de parte de esos fondos en sobresueldos a dirigentes del partido durante dos décadas. Una querella conjunta de Izquierda Unida y otras organizaciones del mismo espectro político dio pie a la apertura de una pieza separada del caso Gürtel que pasó a denominarse ‘caja B’.

En la primera tanda de declaraciones fue citado el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien dijo al magistrado instructor y al resto de las partes personadas que nunca había entregado dinero a un partido político. En las anotaciones de Bárcenas, el exministro de la UCD aparecía como donante de 100.000 euros el 19 de octubre de 2004; 180.000 euros el 25 de octubre de 2006, y 250.000 el 11 de febrero de 2008. En total, más de medio millón.

Dentro de su estrategia de defensa, Villar Mir llegó a afirmar que él a quien daba dinero era a fundaciones, incluida una de la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, dedicada a las mujeres en África, o a las de los sindicatos UGT y CCOO. 

El detalle de las anotaciones de Bárcenas fue negado sistemáticamente por todos los empresarios, que oscilaban entre atribuirlo a una invención del tesorero del PP o directamente asegurar que no le habían visto nunca, si acaso un breve saludo en un acto público. 

Algunos fueron más allá. En apenas 15 minutos de declaración, el presidente entonces de Sacyr Vallehermoso advirtió ante el juez Ruz que se querellaría contra quien hubiera redactado los papeles publicados por El País. También dijo que si conocía a ministros era porque su constructora era muy importante, que trató mucho más a Álvaro Lapuerta que a Bárcenas e incluso llegó a quejarse de que su constructora recibía menos adjudicaciones de las que merecía.

“Todo el mundo dudaba de nuestro sano juicio por responsabilizar de hechos tan graves a gente tan respetable. Luego resultó que todo era cierto”, rememora Gonzalo Boye, letrado que representó a Observatori Desc, una de las acusaciones populares que impulsaron de forma determinante la causa de la caja B. Boye alude a las tres sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que declaran acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el seno del Partido Popular. 

Antonio Segura es uno de los abogados que representó a Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados y Justicia y Sociedad, organizaciones autoras de la querella que originó la causa. Asegura a elDiario.es que “nunca” percibió temor en los empresarios que se sentaron ante el juez. Aun así recuerda aquello como “un momento histórico”. “Pensábamos que quizá no pudiéramos demostrar las entregas a cambio de adjudicaciones pero sí pensamos que al menos se iba a modificar la forma de contratación de la Administración pública, que era un coladero”, relata Segura antes de admitir que aquello nunca llegó a ocurrir.

“Tuvimos filtraciones que nos permitieron conocer que los grandes despachos que representaban a los empresarios se reunían para fijar una estrategia de defensa. Se trataba de no pisarse la manguera porque todos ellos participaban en el reparto de obras. A lo mejor se presentaban tres y estaba pactado quién se la iba a llevar en una ocasión, para que a la siguiente el beneficiado fuera otro”, rememora el abogado Segura.

Un informe de la UDEF analizó toda la adjudicación de obra pública a las empresas donantes durante los gobiernos del Partido Popular, sin que llegara a concluir que hubiera relación directa entre la adjudicación de las mismas y el dinero que entraba en secreto al partido. “No resulta posible establecer una relación entre los ingresos por donaciones y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”, zanjó Ruz en un auto del 23 de marzo de 2015.

Para Antonio Segura resultó determinante que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera que la caja B fuera una pieza separada de Gürtel y no una causa nueva que había recaído en el Juzgado de Javier Gómez Bermúdez. El letrado cree que Gómez Bermúdez tenía preparadas unas “inmediatas y contundentes diligencias” que hubiera impulsado rápida y contundentemente la causa y que se hubiera llegado a saber toda la verdad de la financiación irregular del PP.

Que los 'papeles de Bárcenas' no eran más que una tarjeta de presentación de la financiación irregular del partido, apenas 8 millones de euros en 20 años, es una idea que reconocen en privado incluso en la Fiscalía Anticorrupción: la cantidad tenía que ser mucho mayor y no aparecía en aquellas anotaciones. Ocurre algo similar con los 47 millones de euros localizados a Bárcenas en Suiza. ¿Sólo le pertenecían a él? El abogado Boye se limita a contestar: “Digamos que Bárcenas se comportó como un caballero con sus socios”.

La 'bomba' de Correa y la reapertura del caso

Más de un año después del archivo de la línea del cohecho, durante el primer gran juicio de Gürtel, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, afirmó que la adjudicación de “carreteras, autopistas y obras del AVE”, la gran obra pública durante los Gobiernos de Aznar, escondían una mordida del 3% de comisión para el PP, del que él y Luis Bárcenas se llevaban una parte. Dentro de su pacto con la Fiscalía, el testimonio de uno de los constructores, Alfonso García-Pozuelo, dijo que una parte del dinero que él entregaba a Correa acababa en “organismos centrales” del PP. 

Pablo Ruz ya no estaba en la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial convocó un concurso de plazas en las que figuraba la que ocupaba de modo interino Pablo Ruz. Si el propósito era librarse de un juez que había dado bastantes quebraderos de cabeza al partido en el Gobierno, registro de su sede nacional incluida, la jugada no terminó de salir del todo bien. A la plaza se presentó José de la Mata, ex cargo del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Zapatero y uno de los mejores instructores que se recuerdan en la Audiencia Nacional, según coinciden magistrados de distintas sensibilidades. De la Mata ganó porque era el más antiguo en aspirar al puesto. 

El juez José de la Mata reabrió la línea del cohecho y citó a Correa y García-Pozuelo, pero se negaron a colaborar. Sin embargo, la reapertura del caso abrió el camino para que el inspector que había liderado la investigación de Gürtel y caja B, Manuel Morocho, se pusiera manos a la obra. elDiario.es había desvelado en 2014 que el Ministerio de Jorge Fernández Díaz se empleaba a fondo para torpedear su trabajo, algo que ha confesado años después en público el propio Morocho en sus comparecencias en el juicio de la caja B y ante las comisiones de investigación del Congreso. 

El agente 81.067 vuelve a la carga

En noviembre de 2020, Morocho entregó un informe al juez Santiago Pedraz, quien sustituyó a De la Mata cuando este fue destinado a Eurojust. En el citado documento, el policía recopilaba diez años de investigación y cruzaba esa información con revelaciones de otros casos de corrupción del PP. El resultado eran nuevos indicios que permitían inferir que no todas las aportaciones a la caja B del PP eran realizadas por los grandes constructores para estar a bien con el partido sino que algunas se produjeron a cambio de recibir contratos concretos de la Administración.

A raíz de ese informe, el juez Pedraz requirió 23 contratos a siete ministerios de Aznar a la constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Se trataba de más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros. La Policía llegó a detectar sobrecostes en el 80% de las 23 adjudicaciones analizadas. 

Por su parte, Luis Bárcenas aseguró en sede judicial que él y Álvaro Lapuerta actuaban como una suerte de “lobby” entre los empresarios y los ministros, principalmente de Fomento y Medio Ambiente. Pero un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha dado la puntilla al caso. Con un año de retraso, la IGAE descartaba irregularidades en el proceso de esas adjudicaciones que apunte a que se produjeron a cambio de mordidas. 

El tercer gran juicio al Partido Popular por las corruptelas de la trama Gürtel quedó este martes visto para sentencia. Durante más de dos meses, la Audiencia Nacional ha enjuiciado la actividad de la red en Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta y feudo histórico de la formación. Un procedimiento con casi 40 acusados y en el que el partido que ahora dirige Pablo Casado se expone a su tercera condena por beneficiarse de la trama corrupta de Francisco Correa. En este caso, como responsable a título lucrativo de las ilegalidades cometidas en el municipio madrileño. 

La tesis de la Fiscalía, que pide que el PP sea condenado al pago de 204.198,64 euros, es que el partido se benefició de las mordidas que empresarios habrían pagado a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento, pues parte de ese dinero se habría destinado a pagar gastos de campañas relacionadas con el municipio. Las pesquisas revelaron que la red de Correa desplegó su actividad en la localidad madrileña al menos entre 2001 y 2009 causando un perjuicio a las arcas municipales de cuatro millones de euros. 

La formación conservadora, cuya defensa pidió este martes su absolución y descargó toda responsabilidad en determinados “servidores públicos” de comportamiento “execrable”, tiene ahora en su contra la catarata de confesiones de excargos del partido y empresarios que han reconocido los hechos por escrito y en el juicio buscando una reducción de sus peticiones de pena. Son los 16 ‘arrepentidos’ —todos menos el exalcalde Arturo González Panero— a cuyo relato la Fiscalía sí da credibilidad. 

Entre ellos, el líder de la trama, Francisco Correa, y el que fuera su número dos, Pablo Crespo, que reconocieron el amaño de adjudicaciones en Boadilla con el beneplácito de los cargos municipales del PP. Ambos cumplen largas condenas por otras ramas del caso y formaban parte de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de esas adjudicaciones. 

La fiscal Concepción Nicolás dio especial relevancia al testimonio de Crespo, también ex secretario de Organización del PP de Galicia, quien reconoció que los pagos al PP estaban en algunas ocasiones incluso escritos en su agenda personal y que admitió que se abonaban “en negro” actos del partido, según se encargó de recordar la representante de Anticorrupción. Y al de César Tomás Martín Morales, antiguo gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla y exjefe de campaña del PP en la localidad, que explicó las “necesidades económicas” del PP en el municipio y cómo la Gürtel sufragaba su “actividad interna”. 

De hecho, Martín Morales incorporó a su confesión un anexo en el que detalló las cantidades recibidas de la red tanto en precampaña y campaña electoral, como para sufragar “comidas, fiestas o viajes”. La fiscal lo interrogó durante su declaración por su escrito de confesión, en el que hacía referencia a que Correa le explicó que recibió instrucciones de la cúpula del PP a través de Pío García-Escudero, entonces presidente regional del PP. “Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Yo cumplí instrucciones”, afirmó ante el tribunal.

La Fiscalía también puso en valor la declaración de empresarios como Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, que ya pactó en el primer juicio de Gürtel una rebaja de la petición de pena a cambio de confesar su implicación en los sobornos. En esta vista reconoció que pactó con Correa una mordida del 3%, el mismo porcentaje del que habló el líder de la Gürtel en aquel primer juicio. “Ha venido a reconocer lo que pagó, que coincide con la carpeta azul, y cómo había hecho llegar cada una de las cantidades”, dijo la fiscal sobre el constructor. 

“A escondidas” del PP

Este martes, en su informe de conclusiones, la defensa del PP, que ejerce el abogado Jesús Santos, insistió en que el partido no podía ser condenado porque “desconocía por completo” esos presuntos “actos” que, de haber tenido lugar, se habrían llevado a cabo “sin su conocimiento ni consentimiento”. A este respecto, el letrado insistió en que esos gastos se habrían realizado “a escondidas o al margen del partido” y por “personas que carecían de poder para comprometer al partido”, cuya intención era “beneficiarse a sí mismos”.

En este contexto, el representante del PP recordó que el partido “contaba con amplio margen de presupuesto” para las campañas electorales de 2003 y 2007 y que tenía “un techo de gasto al que no se llegó”. Así, si se hubiera querido añadir nuevos gastos habría “un amplio colchón” para hacerlo, insistió.

La Fiscalía considera, sin embargo, que los testimonios de otros acusados, de los testigos, de los peritos y la documentación obtenida durante la larga instrucción de este caso ponen de manifiesto que existió un “lucro” para la formación y, en consecuencia, la “obligación” del partido es resarcir ese dinero aunque no tuviera conocimiento de los hechos delictivos que se estaban produciendo. “Todos y cada uno de los pagos están perfectamente acreditados”, aseveró la fiscal, que insistió en que quien se “aprovecha” o “enriquece” como consecuencia de un delito tiene la obligación de devolver esos fondos “aún cuando no tenga conocimiento de una conducta ilícita anterior”. 

En su exposición, la fiscal dejó claro que daba toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que declaró como testigo a propuesta del PP. Según la fiscal Concepción Nicolás, en su interrogatorio afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A juicio de la representante de Anticorrupción, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, insistió la fiscal. 

Esta fue la tesis que intentó rebatir este martes la defensa del PP. Santos —que también se remitió en varias ocasiones a la declaración de este testigo— insistió en que los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer ni realizar gastos en nombre del partido y que ésta es una facultad reservada a los apoderados. “No es que no exista prueba de cargo para acreditar ese uso o ese disfrute [de los supuestos gastos desviados a campañas], es que hay prueba que pone de manifiesto todo lo contrario”, aseveró. 

La última palabra, en todo caso, la tendrán los tres miembros del tribunal de la Audiencia Nacional, un órgano judicial que no ha dado demasiadas alegrías a los conservadores. El partido fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en mayo de 2018, en la primera sentencia que confirmó la existencia de una financiación irregular en el PP. Entonces, el tribunal especial admitió que la “contabilidad paralela” no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un “contexto” necesario para explicar la red de Correa. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. 

Dos años después, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia aunque eliminó las alusiones a la existencia de una caja B. Los jueces justificaron esa decisión —“intrascendente en el fallo”, advirtieron— en el hecho de que no podía haber responsabilidad penal sin que existiera acusación o defensa. El PP aprovechó estos pasajes para afirmar que aquella moción de censura se basó “en la mentira”. Pero la verdad judicial volvió a imponerse apenas doce meses después. El pasado 28 de octubre una tercera resolución, la de la caja B del PP, ratificó que hubo una “contabilidad paralela” en el partido “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.

Nadie cree a 'El Albondiguilla'. No lo hacen las acusaciones particulares, ni las populares, ni la Abogacía del Estado ni, por supuesto, la Fiscalía, que mantiene la petición de cuarenta años de cárcel para el que fuera alcalde de Boadilla del Monte por el Partido Popular. Arturo González Panero inició el juicio por la corrupción de la trama Gürtel en ese municipio madrileño en el pelotón de ‘arrepentidos’ y lo acaba implorando al tribunal que reduzca una eventual condena tras el fracaso de su estrategia de intento de pacto con Anticorrupción. “Hay un reconocimiento expreso de las comisiones y del cohecho”, intentó justificar esta semana su abogado, Gustavo Galán. 

Pero el exalcalde, también conocido por el peyorativo mote de 'El Albondiguilla' que le puso Francisco Correa, es el único de los 17 acusados que reconocieron hechos por escrito y en el juicio al que el Ministerio Público no da credibilidad. La fiscal Concepción Nicolás fue muy dura en su informe final. Calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la supuesta confesión que hizo apenas unos días antes del inicio del juicio, asediado por las pruebas y los testimonios aportados por otros supuestos miembros de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio a las arcas municipales que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros. La trama también habría sufragado bajo cuerda los gastos de campañas electorales de los conservadores. 

La consecuencia del revés de la Fiscalía es que González Panero, que habría llegado a acumular más de un millón de euros en Suiza gracias a las dádivas por el amaño de contratos en el Ayuntamiento que lideró entre 2001 y 2009, se enfrenta a la petición de pena más alta de un procedimiento con casi cuarenta acusados y en el que el Partido Popular se expone a su tercera condena por beneficiarse de la Gürtel. Cuarenta años y nueve meses de cárcel que su abogado imploró rebajar esta semana en la presentación de sus conclusiones definitivas. 

Durante una hora larga, el letrado se afanó en justificar que su cliente sí había realizado un auténtico reconocimiento de los hechos que le hace merecedor de que se le aplique la atenuante muy cualificada de confesión. Galán recordó que González Panero reconoció que hubo campañas del PP en Boadilla que “se hicieron de manera irregular” y que no debería haberse permitido que empresas de la trama organizaran ese tipo de actos. O que incluso admitió la existencia de un vídeo –en posesión de Francisco Correa, líder de la Gürtel– en el que él mismo aparece “contando dinero” procedente de mordidas. El letrado aludió en este punto a la declaración como testigo de José Luis Peñas, el exconcejal del PP que destapó la trama, en la que afirmó que el propio Correa le había dicho que con ese vídeo “tenía cogido por lo huevos” al alcalde. “Correa pretendía una colonización absoluta de Boadilla del Monte”, afirmó Galán. 

El abogado trató de justificar que la supuesta confesión de su cliente tenía todavía más valor teniendo en cuenta las “extorsiones y amenazas” que habría recibido del entramado de Correa a partir de 2005, cuando empezaron a distanciarse, según el testimonio del exregidor. Y se refirió a una carta con unas supuestas “reglas de conducta” que la Gürtel le habría hecho llegar a partir de esa fecha y en la que le decían que no le querían “joder la vida” al tiempo que le advertían de que había que “restablecer” la “situación previa” de favorecer a las empresas que habían ayudado al PP. La investigación, que se inició en 2009, ha sacado a la luz adjudicaciones irregulares a la trama entre los años 2002 y 2008. 

“Tendenciosa, equívoca y falsa”

Con estos argumentos, el abogado de González Panero trató de rebatir la tesis de la fiscal Nicolás, que días antes había sido implacable con su cliente. La representante de Anticorrupción calificó de “tendenciosa, equívoca y falsa” la confesión del exalcalde, que afirmó también que el PP le dio instrucciones de que había que pagar “por fuera” parte de los gastos de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales de 2004 o aseguró haber recibido “llamadas de Moncloa” durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio. 

Pero la fiscal recordó que la jurisprudencia exige que para que una confesión tenga efectos no debe ocultar o añadir falsamente otros elementos diferentes ni eludir responsabilidades atribuyéndoselas a otros. “Exactamente, lo que ha venido a hacer Panero”, afirmó. En contraposición, la representante de Anticorrupción puso en valor las confesiones de otros implicados. Entre ellas, la de Correa, para quien pasó de pedir 76 años de cárcel a 19 gracias a haberlo reconocido “absolutamente todo”. “Ha reconocido el blanqueo, el dinero, las prevaricaciones e incluso nos ha hablado de su propio negocio con otros empresarios a los que él llamaba el lobby o el business”, dijo Nicolás, que recordó que el líder de la Gürtel explicitó ante el tribunal la actividad de sus empresas, cómo conoció a González Panero e incluso dónde se hacían los “repartos” de dinero. Es decir, nada de escurrir el bulto, como a su juicio sí hizo el exalcalde. 

De hecho, esa fue otra de las premisas que intentó tumbar la defensa del exregidor, que insistió en varias ocasiones en que en ningún caso su cliente trató de “evitar responsabilidades” y sí aportó información nueva y relevante para el esclarecimiento de los hechos. Además, situó el inicio de la colaboración de González Panero con la justicia no unos días antes de que se iniciara este juicio, cuando presentó su escrito de confesión el pasado 3 de noviembre, sino en enero de 2020, cuando contrató a Galán y decidió cambiar de estrategia y empezar a colaborar. 

En su informe, la fiscal había dicho que González Panero solo se avino a confesar cuando ya estaba acorralado por un “tsunami de prueba” tras los escritos presentados por otros acusados. “No tenía defensa. Su estrategia era que, dado que no lo puedo negar, voy a intentar sacar rédito. No podía negar lo evidente, pero no ha colaborado en nada. Salvo aquello que no pudo negar, no veo que haya colaborado en absolutamente nada”, afirmó Nicolás. A este respecto, Galán aseguró que otros acusados para los que la Fiscalía sí pidió aplicar la atenuante muy cualificada de confesión como el contable de la trama, José Luis Izquierdo, o el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales presentaron sus escritos “en fechas posteriores” al de González Panero.

Decida lo que decida el tribunal –el reconocimiento de los hechos no libera a los jueces de tener que valorar las pruebas aportadas–, lo cierto es que con su negativa a dar valor a la supuesta confesión de González Panero, la fiscal asesta un duro golpe a la estrategia del letrado, que también capitaneó la defensa de Luis Bárcenas en el juicio de la caja B del PP. Días antes del inicio de esa vista oral, el extesorero del partido conservador presentó un escrito de confesión –en realidad, un compendio de acusaciones sin soporte documental– que tampoco tuvo efectos. La Fiscalía mantuvo la petición de cinco años de cárcel para él y no recogió esa colaboración en su informe final. Aunque finalmente Bárcenas fue condenado a dos años de prisión, volvió a cambiar de abogado. 

“Cantidades recibidas”

Pero el de la Fiscalía no ha sido el único golpe que ha recibido González Panero en este juicio. También la Abogacía del Estado dio protagonismo al exalcalde en su informe final al recalcar que no había devuelto las “cantidades percibidas” de la trama. “Las disfrutó en el momento de consumación del delito contra la Hacienda Pública, las ha venido disfrutando todos estos años y las disfruta a día de hoy o bien se las ha gastado”, dijo la representante de los servicios jurídicos del Estado, que defendió que González Panero debe ser condenado por delito fiscal además de por cohecho. Su criterio disiente del de Anticorrupción, que defiende una acusación por delito contra la Hacienda Pública solo en el caso de que no se estimara el cohecho. La Abogacía del Estado mantiene, sin embargo, que “ambas condenas pueden y deben coexistir”. 

Las acusaciones que ejercen la acción popular fueron en general muy críticas con los acusados que han reconocido los hechos tratando así de obtener una rebaja en sus condenas. La letrada Gloria de Pascual, que representa a los excargos socialistas Carmen Ninet y Pablo Nieto y a cuyas conclusiones se sumó Adade, afirmó que existe una “absoluta imposibilidad legal” de apreciar la atenuante muy cualificada de confesión en “ninguno de los casos”. A su juicio, las confesiones se han limitado a reconocer lo ya acreditado por otros medios y no han supuesto “un más amplio reconocimiento de los hechos”. Además, siempre según el relato que desplegó ante el tribunal, varias de las declaraciones se han debido a la “insistencia” de la Fiscalía y muchas de ellas han carecido de una “puesta en contexto” que habría permitido dar “una mejor imagen de los hechos” y explicar mejor las relaciones entre los distintos actores. 

La vista en la que se enjuician los supuestos sobornos de la trama de Correa a funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte a cambio de contratos públicos se reanuda este martes en la Audiencia Nacional. Para ese día está previsto que el abogado del PP exponga sus conclusiones finales tras dar la callada por respuesta durante el interrogatorio de la Fiscalía, que tuvo lugar el pasado noviembre. La formación política se enfrenta en este procedimiento a su tercera condena, la segunda como beneficiario a título lucrativo del dinero de la corrupción de Gürtel. También hará su alegato final González Panero, uno de los pocos acusados que han manifestado la intención de ejercer su derecho a la última palabra. 

El investigador principal de Gürtel, el inspector Manuel Morocho, ha completado este jueves su declaración como testigo en el juicio por la actuación de esa trama corrupta en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. A preguntas de la defensa de uno de los acusados, el policía ha asegurado que, en el año 2005, el líder de la red, Francisco Correa, todavía “intervenía directamente en las reuniones con responsables de las constructoras y en las relaciones directas con los cargos y los responsables políticos”, entre los que ha citado a Arturo González Panero, el que fuera alcalde de ese municipio por el PP entre 1999 y 2009. 

Ambos están siendo juzgados en este procedimiento y han reconocido su participación en la trama en la cual se habría producido una transferencia de fondos de dinero negro a la formación conservadora. En concreto, una parte de las mordidas que repartían Correa y su red criminal habrían ido a financiar campañas electorales en 2003 y 2004 en el municipio de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de España, y bastión tradicional del Partido Popular. 

Ante el tribunal, Morocho ha explicado que en la “relación” que se estableció en el municipio madrileño entre González Panero, Correa y el que fuera su número dos en la Gürtel, Pablo Crespo, es “factible” que se abordaran las licitaciones que iba a poner en marcha el Consistorio y que los miembros de la red consideraban “de interés”. “Y en esa sociedad, esa prospectiva de negocios futuros es donde van enmarcando ‘con este me quedo yo, este no porque no me interesa’”, ha ejemplificado el policía, que ha afirmado que Correa era una persona que “tenía prospectiva en el sentido de ver oportunidades de hacer negocio con lo público”. “Es normal que Correa monitorizara el negocio e interviniera en él”, ha afirmado Morocho, que ha reconocido, no obstante, que Correa no aparecía en los “documentos” en primera persona. 

El juicio por la actuación de la trama Gürtel en Boadilla sienta en el banquillo de los acusados a 24 personas y 11 sociedades como presuntas responsables civiles. Completa la lista de acusados el PP, al que el Ministerio Público atribuye haberse beneficiado de 204.198,54 euros de la corrupción. Su abogado, Jesús Santos, no ha formulado preguntas al policía, contra el que el partido ha cargado en diversas ocasiones. El pasado verano, por ejemplo, lo acusó de “mala praxis” por buscar “desesperadamente” indicios contra la formación en la causa pendiente de la caja B y pidió al juez que no tuviera en cuenta el último informe que había aportado a la causa. 

Este miércoles, durante su primera intervención como testigo, el policía acreditó el uso de comisiones para las campañas del PP en el municipio madrileño. A preguntas de la fiscal, Morocho detalló que la estructura liderada por Correa se encargaba no solo de “realizar preparativos” para los eventos, sino también de la “financiación” de los mismos. “Es decir, se convertía en el ejecutor y el canalizador de los fondos, cualquiera fuera el origen, que el partido pusiera a su disposición para poder financiar esos actos”, explicó, según informa Europa Press.

En concreto, se refirió a 60.000 euros que fueron dirigidos al “concepto campaña” y que utilizaron para los gastos generados en los actos electorales en Boadilla del Monte en el año 2003. “De este reparto de fondos, que viene de una comisión por una adjudicación deciden destinar parte para financiar” los eventos de campaña celebrados en el municipio, en el marco de las elecciones municipales.

Y es que, en este caso, “había una relación subjetiva” entre los “cargos públicos y electos de la formación política y temporal, puesto la distribución se produce justo en el momento en que se inician los momentos electorales”. “Y sabemos que las necesidades de fondos para llevar a cabo eventos son un hecho”, afirmó Morocho.

En su declaración, en la que ratificó los informes que elaboró a lo largo de más de diez años de investigación, Morocho también entró al detalle del funcionamiento de Gürtel, que se encargaba de negociar “con el poder adjudicador cómo había que ir ”configurando los pliegos“ para que se adecuasen a las características de la oferta frente a la de terceros, primando de esta forma a las que la trama consideraba como empresas amigas.