La Audiencia Nacional archiva la investigación del cohecho en la causa de la caja B del PP

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar el caso de la caja B que indaga en las adjudicaciones finalistas a cambio de dinero negro durante el Gobierno de José María Aznar. En un auto fechado este lunes, el magistrado cierra por falta de pruebas la línea de investigación sobre la posible conexión directa entre las supuestas donaciones en negro que grandes empresarios realizaron a esa caja B y las adjudicaciones de millonarios contratos de obra civil pública que estos mismos empresarios recibieron con sus constructoras de administraciones gobernadas por los conservadores.

En su escrito, Pedraz explica que pese a una “intensa investigación” en la que se han examinado los expedientes de contratación de todas las empresas “no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido” los hechos investigados. “No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical... que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, interventores de la Fiscalía e Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”, afirma el juez.

Esta correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas se ha investigado en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Gürtel. Esta vía del cohecho se cerró en marzo 2015 por falta de indicios pero volvió a abrirse dos años después, en 2017, tras la confesión del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo. Salvo este último, todos los empresarios objeto de las pesquisas han negado los pagos y han rechazado la existencia de un sistema general de corrupción de las constructoras con el partido.  

El fiscal del caso, Antonio Romeral, pidió el pasado 9 de noviembre el archivo de la investigación tras conocer un informe de la IGAE en el que los técnicos descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha y afirman que no se puede establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados. Ese informe no fue incorporado a la causa hasta el pasado 4 de noviembre, con un año de retraso.

En el citado informe, la IGAE contradice las conclusiones provisionales de la Policía, del magistrado instructor y de otros escritos anteriores de la propia Intervención General del Estado. Tras la petición de archivo de Anticorrupción, el juez entiende que ese informe tampoco arroja indicios de delito.

A este respecto, Pedraz recuerda que en ese informe se ha analizado la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes y en ninguno de ellos se ha encontrado “arbitrariedad”, “irregularidad” ni “elemento alguno” que “permita la conexión de dichos contratos” con las donaciones de los papeles de Bárcenas. Y explica que los técnicos se basan para hacer estas afirmaciones en dos hechos concretos. Por un lado, en que las mesas de contratación estaban formadas por funcionarios públicos. Y, por otro, en que la dirección facultativa o asistencia técnica en cada contrato —encargada de firmar los modificados, los proyectos complementarios y las certificaciones— “era distinta al resto de contratos”.

En el verano 2021, el magistrado, en consonancia con el criterio de la Fiscalía, acordó no prorrogar otros seis meses la instrucción de este caso. Su decisión se conoció justo una semana después de que tomara declaración al principal testigo, Luis Bárcenas, quien volvió a hablar de algunas donaciones finalistas para la caja B del partido sin aportar ninguna prueba, con la tesis de que las que poseía le fueron sustraídas por la brigada política durante la Operación Kitchen.

Los indicios existentes desde el principio del caso de la caja B, que arrancó en 2013, llevaron a tener imputados a una veintena de los grandes empresarios del país, pero la imposibilidad de demostrar que el dinero entregado al PP era a cambio de la concesión de una obra concreta evitó que prosperara la acusación por un delito de cohecho. El entonces instructor, Pablo Ruz, archivó la línea de investigación del cohecho de los empresarios en 2015. Ahora, según Pedraz, es “plenamente aplicable” lo acordado en ese auto.

La acusación popular, ejercida por Observatori DESC, había solicitado que continuara la investigación y se practicaran nuevas diligencias, pero el juez rechaza esta petición con el argumento de que el resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción (declaraciones de investigados y testigos, pruebas documentales…) y el citado informe de la IGAE concluye que no hay en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa, lo que imposibilita establecer una “relación” entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados.