Han tenido que pasar casi siete años y medio desde que cristalizó la pérdida del Gobierno andaluz por el PSOE para que el partido asuma de una vez por todas que no está en el poder y que, por tanto, tiene que hacer una verdadera oposición. Y para ello se anuncia una política con más colmillo, dispuesta a golpear en las contradicciones que se dan por seguro que aflorarán –sobre todo en la gestión de los servicios públicos– por la dependencia que el PP andaluz tiene de Vox para poder gobernar Andalucía los próximos cuatro años. El objetivo: desgarrar el traje moderado de Juan Manuel Moreno.

Así lo apuntan fuentes de la dirección socialista, que inciden en que ahora se trabaja en una estructura de partido más correosa, preparada para hacer oposición de verdad. Para ello se ha desmontado una formación que seguía construida para gobernar -es lo que hizo durante 37 años ininterrumpidos-, a la espera de unas órdenes desde San Telmo que ya hace tiempo que dejaron de llegar. Es decir, el cerebro del partido estaba en la Junta y por lo que se ve seguía allí, de ahí que lo primero en esta nueva etapa sea aterrizar la organización a la crudeza de la oposición. Para enterarse han sido necesarias tres derrotas autonómicas consecutivas -2018; 2022 y 2026- y cavar el suelo electoral del PSOE andaluz hasta los 28 diputados (llegaron a tener 61 de 109).

De momento, la capitana de la nave va a ser la secretaria general, María Jesús Montero, que este martes ha reaparecido en la escena pública andaluza 16 días después de las elecciones del pasado 17 de mayo, cuando los socialistas cosecharon el peor resultado de su historia. “Aquí estoy”, ha repetido ante la prensa en el Parlamento cuando se le ha preguntado por esta ausencia de dos semanas largas, que ha dedicado a un “trabajo interno” para analizar “qué nos han dicho los ciudadanos en las urnas”. Lo que se busca así es acometer “mejoras” en los órganos del partido y afinar “cuáles son los elementos prioritarios sobre los que tiene que pivotar” su labor de oposición.

Moreno “es el que tiene que mover ficha”

“Yo voy a ser la que ejerza la oposición al señor Moreno Bonilla”, ha subrayado Montero, es decir, que “no hay ninguna novedad respecto a la hora de ruta que teníamos trazada desde el primer día”. Por ello, y ante el cuestionamiento por estos 16 días fuera del primer plano, la líder socialista le ha dado la vuelta a la situación y ha puesto el foco en que el mismo tiempo lleva desaparecido en combate Juan Manuel Moreno, “que es el que tiene que mover ficha” para formar Gobierno y “poner en marcha Andalucía”.

“No sé si es que no ha digerido los resultados electorales o no los acepta”, lo cierto es que hasta Vox le reprocha que no dé el primer paso de contactar con ellos para negociar una investidura para la que no hay fecha. Sí la tiene la constitución de la Cámara, el próximo 11 de junio, dominada con holgura por el bloque conservador gracias a la suma de los parlamentarios de PP (53) y Vox (15), y teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en los 55.

En la dirección socialista están convencidos de que en cuanto se inicien las conversaciones entre ambos partidos empezarán a estallarle a Moreno las costuras de su traje de moderación, un deshilachado que –ya quedó dicho– se quiere agrandar con una oposición más recia, más de combate. Para ello, se considera que se cuenta con un grupo parlamentario más preparado para esta tarea, empezando por una María Jesús Montero curtida en ocho años de tensos pulsos en el Congreso.

¿Los problemas? “Hay muchos motivos”

Las mismas fuentes dan por hecho que, salvo sorpresa, Pedro Sánchez agotará la legislatura, lo que situaría las elecciones generales en el verano de 2027 y, por lo tanto, después de unas municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo. En este sentido, no se considera generalizado el runrún entre los alcaldes para que el orden sea justo al revés, y es que esta lógica –que da por hecho un descalabro en las generales– tampoco sería la mejor tarjeta de presentación para las municipales. De hecho, se recuerda que en 2023 las cosas le fueron mejor a Sánchez que a muchos aspirantes a regidor.

En cuanto a qué es lo que falla en el partido para encadenar ya tres legislaturas en la oposición, se apunta que no es cuestión de apretar un único tornillo, sino que son muchos los que fallan. La propia Montero ha verbalizado una idea parecida al señalar que la explicación de la derrota del 17M “es multicasual, no hay una única causa”. “Hay muchos motivos”, ha incidido, poniendo el acento en que se van a “incorporar ámbitos de mejora que están bajo nuestro control” para “seguir trasladando confianza en los ciudadanos hacia el PSOE”.

La secretaria general, que ha puesto el acento en la preparación de las municipales para volver a gobernar en ciudades como Sevilla, sí ha apuntado que entre estos elementos de mejora están una “coordinación efectiva” en todos los ámbitos del partido –desde el federal al local– y una mayor “presencia en el territorio”. En este punto, desde la dirección se subraya que a ello va a ayudar que, al contrario que en etapas anteriores, los secretarios generales provinciales no van a tener escaño, excepción hecha de un Josele Aguilar por Málaga que no obstante parece apuntar a presentarse como alcalde.

Mejor situación para ejercer la oposición

Fuentes socialistas consideran que, pese al descalabro, el 17M se produjeron tres buenas noticias: por un lado, Moreno perdió la mayoría absoluta, hubo mayor participación y se frenó la “hemorragia de votos”. El PSOE, en efecto, superó los 947.000 apoyos frente a los 888.000 de 2022, casi 60.000 más achacables precisamente a esa mayor participación ya que cayó en porcentaje (del 24,09 al 22,71%) y en escaños, de 30 a 28.

En este contexto, Montero ya ha marcado las prioridades: hacer hincapié en el “deterioro paulatino” de la sanidad y la educación pública, de la la dependencia y la “nula política de vivienda” del Gobierno andaluz. Mientras, toca tomar decisiones que se irán anunciando, como qué socialista estará en la Mesa del Parlamento (para lo que el PP no ha llamado ni al PSOE ni a ningún otro partido de izquierda) o si Susana Díaz y Juan Espadas repiten como senadores.

En estas aguas se mueve la nave socialista, cuando el calendario dice que en mes y medio, el 17 de julio, se estrena La Odisea de Christopher Nolan, que relata las desventuras del héroe homérico para volver a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya. Aquel periplo le llevó sus diez años, y una sensación parecida tienen en el PSOE tras el naufragio el 17M que les condena a purgar de nuevo en la oposición, en la que van a encadenar 12 años. Superarán así el tiempo de desventuras de Odiseo, el Ulises de los romanos, que además estuvo lejos de Ítaca otra década de guerra en Troya hasta que se sacó el caballo de la manga. Y todavía hay quien se tienta la ropa para que no cambiar de libro y abrir al relato bíblico de ese Moisés invirtiendo 40 años en atravesar el desierto...

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha aprobado conceder a 64 diputados una asignación económica temporal, conocida coloquialmente como cesantía, por un importe total de 1,053 millones de euros.

Tras la disolución del Parlamento de la XII legislatura el día 24 de marzo por la convocatoria de las elecciones del 17 de mayo, durante el mes de abril, un total de 64 diputados cursaron solicitud de reconocimiento del derecho a percibir dicha asignación económica en los términos normativamente previstos.

Según la documentación del acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente a la que ha tenido acceso Europa Press, los diputados que la han solicitado ascienden a un total de 64, de los que 22 han logrado escaño en las elecciones del 17 de mayo, de manera que si asumen el acta para la XIII Legislatura, no tendrían derecho a adquirir dicha cesantía. En este sentido, los que sí tienen derecho a acogerse a la cesantía por no repetir en la nueva Cámara que se constituirá el 11 de junio son 42.

El acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente se adoptó el día 11 de mayo, en plena campaña de las elecciones andaluzas. Según el cuadro de información, de esos 64 parlamentarios, 32 son del PP-A, 20 del PSOE-A, nueve de Vox y tres de Por Andalucía. Respecto a los 22 diputados que solicitaron la cesantía pero que al final han resultado reelegidos en las elecciones del pasado domingo, nueve son del PP-A, seis del PSOE-A y cinco de Vox.

La cuantía por cesantía más pequeña aprobada asciende a 1.809,46 euros (12 días) para la exdiputada del PSOE-A Isabel María Aguilera , mientras que la de mayor volumen es de 57.228,60 (11 mensualidades) para el exdiputado socialista Jacinto Viedma. La mayoría de las cifras oscilan entre los 11.991,66 (tres mensualidades) y los 16.740,28 euros (cuatro mensualidades).

Una mensualidad por año de ejercicio

Según la norma del Parlamento sobre cesantías, la pérdida de la condición de diputado por extinción del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara, o por renuncia, dará derecho, previa solicitud de la persona interesada, a una asignación económica temporal de una mensualidad por cada año de ejercicio continuado o fracción igual o superior a seis meses, con un mínimo de tres y un máximo de doce mensualidades.

Se considerará que ha existido ejercicio continuado en el caso de los diputados que, al extinguirse el mandato por expiración de plazos o disolución de la Cámara, no formen parte de la Diputación Permanente y adquieran inmediatamente la condición de diputado en las elecciones siguientes, así como, en general, todos aquellos en los que la interrupción en el desempeño del cargo de diputado o diputada haya sido por un período inferior a dos meses.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, con la finalidad de evitar duplicidad en las percepciones, las asignaciones económicas temporales recibidas que, al extinguirse el mandato por expiración de su plazo o disolverse la Cámara, percibiesen los diputados que no hayan formado parte de la Diputación Permanente se computarán a los efectos del tope máximo de doce mensualidades a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

Decae si ocupa otro puesto de trabajo

La cuantía mensual de la asignación será el equivalente de las retribuciones fijas y periódicas efectivamente percibidas en la última mensualidad ordinaria completa que hubiera devengado, incluyéndose en dicha expresión el sueldo y, en caso de percibirlos, el complemento por cargo, los trienios, así como las demás percepciones a que hace referencia el apartado segundo del texto refundido de las normas reguladoras de las retribuciones e indemnizaciones de los diputados del Parlamento de Andalucía.

No obstante, para el caso de que el diputado o diputada, al perder esa condición, no percibiera retribuciones fijas y periódicas del Parlamento de Andalucía, la cuantía de la asignación será el equivalente del sueldo mensual sin complementos de los diputados. No tendrán derecho a ella los herederos en caso de fallecimiento del perceptor o perceptora.

El derecho a dicha asignación económica, que será devengado mensualmente, decaerá en el momento en que, dentro del período en que la perciba, se ocupase otro puesto de trabajo o se ejerciese una actividad retribuida en el sector privado, o en la fecha en que adquiera efectos económicos el ingreso o reingreso a un puesto de trabajo en el sector público.

Los resultados de las elecciones andaluzas celebradas este domingo han certificado la desaparición de Podemos del Parlamento andaluz. La formación morada, que irrumpió con fuerza en 2015 al obtener 15 diputados, se queda ahora sin representación en la Cámara autonómica tras el estancamiento de la coalición Por Andalucía, a la que terminó incorporándose en el último momento.

La candidatura encabezada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, apenas ha logrado conservar los cinco escaños obtenidos en 2022. Entonces correspondían a Podemos tres de ellos, pero, en esta ocasión, ninguno ha recaído en dirigentes de la formación morada. Los diputados electos pertenecen ahora a IU —con representación en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla— y a Sumar, que obtiene el escaño de Cádiz, según el reparto interno acordado por las siete fuerzas de la confluencia.

El acuerdo in extremis que permitió la entrada de Podemos en Por Andalucía llegó cuando IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz ya habían pactado el reparto de las cabezas de lista en las ocho provincias. Tras horas de negociación, los morados terminaron aceptando puestos de difícil cobertura, como el número dos por Sevilla y Málaga, y el número uno por Jaén, plazas inicialmente reservadas para IU y que ya en 2022 quedaron fuera del reparto parlamentario.

Ese encaje generó malestar interno incluso antes de la campaña. El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, llegó a advertir de que el pacto dejaría “sin diputados” a la formación morada en el futuro Parlamento andaluz, surgido tras las elecciones andaluzas de este 17 de mayo. “El acuerdo muy generoso con Podemos no es”, criticó entonces, insistiendo en que los morados “difícilmente pueden estar satisfechos con un acuerdo que no les garantiza representación”, como finalmente ha ocurrido.

El resultado agrava, además, la crisis política y orgánica de Podemos, que cierra así el ciclo electoral encadenando varios batacazos autonómicos, tras quedarse fuera también de los parlamentos de Aragón y Castilla y León.

De revolucionar la izquierda a desaparecer del Parlamento

Podemos irrumpió por primera vez en el Parlamento andaluz en 2015, en unas elecciones marcadas por el pacto posterior entre PSOE y Ciudadanos que permitió a Susana Díaz mantenerse al frente de la Junta. Ya en ese momento se posicionó como tercera fuerza política. En 2018, la formación morada transformó el espacio de la izquierda alternativa bajo la marca Adelante Andalucía, cuando obtuvo un resultado histórico con Teresa Rodríguez como candidata. Aquella coalición logró 17 escaños, por delante de Vox.

Sin embargo, las tensiones internas y la ruptura entre Teresa Rodríguez y la dirección estatal de Podemos acabaron fracturando el proyecto. La expulsión de nueve de los 17 miembros del grupo parlamentario dejó herida de muerte a la coalición y precipitó la reorganización del espacio político. En 2022, las izquierdas concurrieron divididas y Podemos se sumó a la recién creada marca Por Andalucía, que obtuvo cinco diputados, tres de ellos encabezados por los morados.

De cara a estas elecciones, la dirección morada barajó durante meses la posibilidad de concurrir en solitario. Sin embargo, acabó rectificando y aceptó reintegrarse en la coalición, apenas unas horas antes de que expirara el plazo legal para registrar candidaturas de coalición. La decisión estuvo marcada por los catastróficos precedentes en Aragón y Castilla y León, donde Podemos no alcanzó ni el 1% de los votos y quedó fuera de ambos parlamentos autonómicos.

En Andalucía se ha confirmado ahora esa misma tendencia. Este lunes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha realizado una valoración muy escueta de los resultados. Aunque admitió que “salta a la vista” que “la propuesta de Por Andalucía no ha funcionado”, ha evitado profundizar en las causas del fracaso electoral, asegurando que no le corresponde a él ni a la dirección del partido explicar “hoy” los motivos de otro mal resultado.

El Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla ha vuelto a ganar las elecciones andaluzas de este domingo, pero ha perdido cinco escaños y la ansiada mayoría absoluta, por lo que su reelección depende de Vox. Su candidatura ha logrado 53 escaños, frente a los 58 de los comicios de 2022. El PSOE se mantiene en segundo lugar con 28 escaños, dos menos que en 2022. Y Vox crece hasta 15 representantes frente a los 14 que obtuvo hace cuatro años.

La pelea a la izquierda del PSOE la lidera, por el momento, Adelante Andalucía, la formación anticapitalista que alcanza el ansiado sorpaso a Por Andalucía y logra los 8 representantes, seis más que los dos que le otorgaron las urnas en las autonómicas anteriores. La alianza de Podemos e IU obtiene 5 escaños, los mismos que logró en 2022.

Los primeros datos del recuento se han conocido más tarde de lo habitual, a partir de las 20.43 horas, por las incidencias en varias mesas que han obligado a la Junta Electoral de Andalucía a retrasar la publicación del escrutinio. En concreto, la Junta Electoral de Zona de Sevilla acordó que en el CEIP Los Azahares de Sevilla la votación debía prolongarse hasta las 20.43 horas al haberse constituido las mesas electorales de dicho colegio electoral a las 9.43 horas.

Asimismo, la Junta Electoral de Zona de Cádiz decidió que en la Mesa Electoral Distrito 3 Sección 4 Mesa C, de la localidad de El Puerto Santa María, se votara hasta las 20.10 horas, al haberse constituido aquella con diez minutos de demora. Y la Junta Electoral de Zona de Málaga optó que en la Mesa 10-5-U continuarar la votación hasta las 20.14 horas, al haberse constituido aquella a las 9.14 horas.

Este domingo estaban llamados a votar 6.812.902 andaluces, lo que supone un incremento del 2,5% en comparación con los comicios de junio de 2022. Del total, 302.070 son residentes en el extranjero y, por otra parte, han podido ejercer el voto por primera vez tras haber cumplido los 18 años desde la anterior cita electoral unas 368.858 personas.

La ciudadanía ha elegido este domingo a los 109 diputados y diputadas que formarán parte del nuevo Parlamento andaluz. Se trata de las decimoterceras elecciones andaluzas en democracia. La mayoría absoluta, compuesta por la mitad más uno, se sitúa en los 55 escaños. En cuanto al reparto de escaños entre las ocho provincias, se divide de la siguiente manera: 18 en Sevilla, 17 en Málaga, 15 en Cádiz, 13 en Granada, 12 por Almería y Córdoba, respectivamente, mientras que a Huelva y a Jaén les corresponden a cada una 11 escaños.

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El debate electoral ha tenido su más pronta y directa reacción: la concentración de los alcaldes cordobeses afectados por el accidente ferroviario de Adamuz frente al Parlamento de Andalucía. En vista de las palabras pronunciadas por el presidente autonómico durante la noche del lunes, el regidor de Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes, arremetió contra las declaraciones lanzadas, en las que ha visto “una manipulación tan torticera por racanear cuatro votos” y relacionó directamente la tardanza de los efectivos de Emergencias con “la depreciación de los servicios públicos”.

Hasta la fecha, el trágico siniestro de Adamuz que provocó el fallecimiento de 46 personas se había mantenido fuera de la arena política, “hasta el día de hoy todos los partidos habían mantenido un respeto por el accidente y no lo habían utilizado en campaña electoral”. “Después de casi dos horas, no había recibido nada de Emergencias, nadie me había preguntado”, afirmó el regidor de Adamuz este martes rodeado por María Dolores Amo, alcaldesa de Montoro, y los alcaldes de los municipios cordobeses de Villafranca y Pedro Abad, Francisco Palomares y Juan Antonio Reyes.

“He mantenido lealtad institucional”, subrayó ante los reproches que ya ha manifestado el Ejecutivo andaluz, “y el señor Juanma Moreno siempre ha sido muy correcto conmigo, pero me sorprendió esta vía de escape en el debate y, ante eso, vengo para darle la importancia que tiene a hacer estas declaraciones”.

Moreno Reyes relacionó la falta de medios en el primer tramo del accidente ferroviario con las políticas que ha desarrollado el PP a lo largo de esta legislatura: “La tardanza es por la depreciación de los servicios públicos. ¿Creen que cualquier sanitario hubiera llegado dos horas tarde? Los de mi pueblo estaban allí al minuto, pero si los de arriba no ponen los medios y machacan, ocurren estas cosas”. En un primer momento, el pueblo contaba con dos efectivos de la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil, a los que se sumaron los efectivos de las localidades de las inmediaciones, mientras que en el lugar de los hechos, sobre las 20.30 horas, según ha subrayado el alcalde, solo estaba la ambulancia del consultorio médico de Adamuz, una patrulla de la Guardia Civil y un camión de bomberos.

Ante las críticas del PP por saltar después del debate electoral, el representante política zanjó rápidamente cualquier vinculación con su propio partido: “El PSOE no me ha presionado en ningún momento”, reiterando que no forma parte de ninguna lista electoral, pese a ser una “cara reconocible” por los acontecimientos del pasado 18 de enero.

“¿Qué es lo que ha cambiado?”

Las reacciones por parte del Ejecutivo andaluz no se han hecho esperar a raíz de lo acontecido. El presidente andaluz ha declarado en un foro informativo organizado por la Cadena SER este martes que “ningún gobierno autonómico ni ningún partido político ha sido más prudente” que el PP y ha vinculado las declaraciones del alcalde cordobés a “presiones” de su propia formación política, el PSOE. A su vez, ha insistido en que “durante más de 100 días” se ha mantenido expectante a la información que brindara el Gobierno central, “más allá de lo que sabemos por la Guardia Civil”. Por el momento, los análisis mostrados en el tribunal de instancia de Montoro por Adif prueban que la infraestructura ferroviaria era de nuevo uso, sin que se utilizaran traviesas, carriles o balasto reciclados.

En paralelo, el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, también publicó en la mañana de este martes un mensaje en redes sociales en el que calificaba de “inaceptable” las acusaciones del regidor cordobés, quien días antes había reconocido “la labor solidaria, generosa y ejemplar” en el auxilio y atención a las personas afectadas por el choque de los trenes que supuso la muerte de 46 personas y dejando a 155 heridos. “¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral”, subrayó el consejero en su perfil.

Al respecto, el alcalde de Adamuz señaló en declaraciones a los medios de comunicación que el reconocimiento al trabajo de los sanitarios sigue intacto: “Su trabajo fue impecable, y mi crítica va a quienes los dirigen. Intentan darle la vuelta, pero ni una sola palabra saldrá de mi boca para decir que lo hayan hecho malamente”. A ello, añadió que las mentiras no caben en este debate y se refirió a las cámaras de las fuerzas de seguridad para afirmar que “hasta las 20.40 horas solamente pasaron nueve ambulancias por mi pueblo, llegaron antes los alcaldes de otros pueblos que las ambulancias”. En todo caso, “llegaron las ambulancias a cada minuto, ¿pero a partir de qué hora? ¿Por qué no dice el señor Sanz a partir de qué hora? No fue ni las ocho, ni las ocho y media, ni las nueve menos cuarto”.

A lo largo de estas dos semanas, el accidente ferroviario de Adamuz había quedado escorado a un lado del debate político entre los grupos que buscan representación para el próximo 17 de mayo. Una acuerdo tácito entre las partes que se ha roto en el segundo debate electoral a tan solo seis días de los comicios, un momento decisivo para el votante que escucha a un lado y otro del ring político las acusaciones de los candidatos.

“Se pediría alguna cabeza por la falta de atención a los heridos”

Una vez concluido el debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en la noche del lunes, el alcalde de Adamuz rompió su silencio a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde criticó que se hiciera una “utilización política” del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas. Además, señaló que pasadas las 21.30 horas aún no había atención sanitaria organizada en las inmediaciones del siniestro y aseguró que durante “cerca de dos horas” fueron los vecinos, sin formación específica, quienes atendieron a los viajeros.

“Si el pueblo no se hubiera movilizado, hoy se estarían pidiendo responsabilidades y alguna cabeza por la falta de atención a los heridos durante las primeras horas”, indicó el dirigente socialista. El alcalde concluyó su mensaje afirmando que no permitirá que se utilice el accidente con fines electorales: “El pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar”. Unas palabras que han provocado un aluvión de reacciones este martes, como la de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha hecho suyas las palabras del alcalde: “Vuelvo a exigir a Moreno Bonilla la misma disposición a dar explicaciones que he tenido yo desde el primer minuto”.

En Canal Sur, el candidato popular Juanma Moreno sacó a colación el accidente de Adamuz en mitad del debate para reclamar dimisiones y explicaciones a la ex vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero. Un rifirrafe en el que la socialista respondió rápidamente pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido con el 112 y la actuación de los servicios de emergencia que dependen de la Junta de Andalucía.

Con Miguel Ríos como telonero y al grito de “¡presidenta!”, María Jesús Montero ha pulsado el botón de la campaña electoral para el 17M en Granada. La candidata a presidir la Junta de Andalucía por el PSOE andaluz ha elegido la ciudad de la Alhambra para dar el primer paso de un camino que en otros tiempos le habría llevado hacia el palacio de San Telmo, pero que en este punto parece más destinado a minimizar daños. Con todas las encuestas en contra de los intereses de Montero, ya que ninguna le da como presidenciable ni con opciones de lograr pactos en el Parlamento de Andalucía, la campaña de la ex vicepresidenta del Gobierno se lee también en clave nacional.

No en vano, el PSOE está inmerso en una vorágine de comicios autonómicos en los que acumula derrotas frente al binomio entre el Partido Popular y Vox, que ya han hecho efectivos sus pactos en Extremadura y Aragón y que no tardarán en hacer lo propio en Castilla y León. Precisamente las elecciones castellanas son el espejo en el que se miran los de Montero desde Sevilla, pero también desde Ferraz y Moncloa. En estas se produjo un incremento de dos procuradores frente a los obtenidos en los comicios de 2022 (30-28). Una subida que, sin embargo, internamente se entiende que se produjo porque el candidato, Carlos Martínez, no fue elegido desde Madrid y que además ya era muy conocido y valorado en su territorio por haber sido alcalde de Soria.

Por eso, la campaña que ha iniciado María Jesús Montero en Granada parece destinada a la supervivencia. Desde el PSOE de Andalucía no quieren oír ni hablar de bajar del suelo electoral que se estableció en 2022 cuando Juan Espadas logró los peores resultados socialistas de la democracia al quedarse con 30 diputados. Todo lo que sea estar en esos números, mejorar en votos o en parlamentarios, será anotado como una buena noticia, aunque sin lanzar las campanas al vuelo salvo que se produjese una subida espectacular que no se vislumbra y que, con el miedo a empeorar los resultados de hace cuatro años, invita a pensar que el de Montero puede ser un camino medianamente breve al frente del PSOE andaluz.

Porque la exvicepresidenta, que va a utilizar el “mal estado” de los servicios públicos en Andalucía como su principal eje de campaña, vuelve a una comunidad autónoma muy diferente de la que dejó cuando dio su salto a Madrid. Montero, que fue consejera de Salud y Hacienda durante los últimos gobiernos que los socialistas han cosechado en tierras andaluzas, regresa a un escenario en el que el PP de Juan Manuel Moreno gobierna y está fuerte, pese a la crisis de los cribados, al haber tejido una imagen de gestión tanto en el accidente ferroviario de Adamuz como durante los episodios de lluvias extremas. Estos dos capítulos, unidos a la falta de un liderazgo claro en la oposición, han impulsado a un presidente andaluz que da por hecha su continuidad y posiblemente sin depender de Vox, como si está ocurriendo en otros feudos autonómicos.

Esperanza frente a la realidad

Flanqueada por Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, apenas ha habido presencia de la cúpula andaluza, que en estos últimos cuatro años ha sido el principal escollo en el Parlamento para un PP que ha podido aplicar su rodillo parlamentario merced a una mayoría absoluta que quiere repetir cuatro años después de los últimos comicios. Quizás por eso, María Jesús Montero, que ha elegido “defiende lo público” como lema de campaña, ha iniciado su discurso poniendo en valor la “esperanza” con la que afrontan una campaña que los sondeos no sitúan de su lado de la balanza.

Curiosamente, la candidata socialista ha escogido hacer su primer mitin de campaña en Granada, apenas unos días después de que los populares afeasen que no hubiese pisado aún la capital granadina durante la precampaña. No obstante, su apuesta granadina sí tiene relevancia porque en la lista provincial está incluido como número dos Francisco Cuenca, el que fuera alcalde de la ciudad hasta las últimas municipales.

No han sido unas listas fáciles para Montero que, pese a definirlas como de “consenso”, han demostrado las fricciones que hay internamente en el PSOE andaluz. Sobre todo en Cádiz, donde el secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, mantuvo un pulso con la propia exvicepresidenta por hacerse con el control de los nombres que irían en ellas. Quizás por eso, Montero ha lanzado un mensaje de unidad frente a la militancia reunida en Granada: “Estamos en una encrucijada en la que tenemos que dedicir nuestro futuro y pasa por un gobierno de España, de Andalucia y de los municipios de Granada en el que la mayoría social esté presente en las instituciones”.

Pivotando durante su discurso continuamente en palabras como “igualdad”, “oportunidad” o “ilusión”, Montero ha tratado de situarse como el contrapeso a Juan Manuel Moreno asumiendo que los socialistas representan “la mayoría social” y que, por lo tanto, han de lograr revitalizar un voto que en las dos últimas elecciones autonómicas ha abandonado las siglas del PSOE-A. “Aquí está una parte de esa Andalucía progresista que nunca se conforma, que no se resigna y que tiene la capacidad siempre de levantarse y de empoderar al pueblo para que el pueblo tome sus propias decisiones”.

Una campaña contra la “privatización”

No en vano, para los socialistas andaluces se trata de una campaña en la que el estado de los servicios públicos, que ha sido una bandera clásica de las administraciones que han encabezado, se sitúan como el caladero en el que tratar de recuperar parte de la confianza de los electores. Montero, en ese sentido, ha calificado a Moreno como un “lobo con piel de cordero”, al que han de tratar de frenar para que los ciudadanos no se engañen y confíen en una política que apuesta por la “privatización” que impide que la clase trabajadora pueda progresar.

“No se pueden construir sociedades excluyendo a una parte que moelsta a algunos”, ha apuntado la candidata del PSOE-A. Justo antes de afirmar que esa exclusión está dando pie a una campaña de “bulos” de la “derecha” y la “extrema derecha”. Según Montero, desde las formaciones de ese espectro político “se dedican a la deshumanización del adversario político”. Por eso, ha aprovechado para mandarle su “apoyo y solidaridad” a Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, que este miércoles denunciaba al agitador Vito Quiles por una presunta agresión en un restaurante.

Sin abandonar en ningún momento sus logros como parte del Gobierno de España y tratando de atravesar los mismos con las políticas del PP que, a su juicio, en los últimos ocho años ha caminado en sentido contrario, la ex vicepresidenta asegura que “se está practicando una política privatizadora de aquello que ha permitido que esta tierra haya podido crecer”. Según Montero, durante los gobiernos socialistas, estaba “garantizada la sanidad, la educación o la dependencia”.

Un terreno, el de los servicios públicos, que la candidata a la Junta de Andalucía ha utilizado recurrentemente para recordar que el año pasado fallecieron 7.000 personas esperando una prestación por dependencia y sobre todo la crisis de los cribados: “La mayor negligencia que ha tenido un sistema sanitario en España. A esas mujeres se les criminalice y no se les dé explicaciones: 4.000 mujeres, ¿qué ha ocurrido con ellas? ¿cuántas han fallecido? No son lo mismo las víctimas para este candidato (en referencia a Moreno)”.

Un compromiso sanitario

También ha aprovechado para pasar al ataque y recordar algunos de sus logros en la etapa en la que fue consejera de Salud, tachando de “bulos” las insinuaciones que se hacen sobre su mala gestión entonces. Y ha reiterado su compromiso de la precampaña: “La primera medida que tomaré como presidenta será que ningún ciudadano espere más de 24 o 48 horas para que le atienda su médico de familia”. Un momento que ha elevado la exaltación de la militancia que ha acabado coreando “sanidad pública”.

Junto a María Jesús Montero, también ha hablado la cabeza de lista por Granada, Olga Manzano, que se ha desecho en elogios hacia la candidata a la presidencia de la Junta. Tachándola de “toda una líder”, Manzano ha afirmado que no ha parado de “trabajar por Andalucía”. Y al igual que Montero ha centrado su intervención en fijar el eje de la campaña frente al PP en convertirse en el muro de contención frente a la “privatización” sobre todo de la sanidad pública. Un argumento en el que también se ha situado el cantante Miguel Ríos, que ha sido el padrino de un mitin que abre quince días de campaña en los que el suelo electoral de los socialistas es el terreno del que no quieren oír hablar en el equipo de Montero.

Porque el PSOE-A pretende que su campaña desdibuje la imagen que Juan Manuel Moreno trata de hacer suya como la de un barón de los populares alejado de la confrontación política y centrado en la gestión. Pero para Montero, el presidente andaluz “es el candidato de un PP del no a la reforma laboral o del no a la subida del SMI y la revalorización de las pensiones”. Es el candidato del “marketing”, según los socialistas, y contra ello van a construir su discurso. Dos semanas tienen para ello. Dos semanas en las que, también como hoy, Montero aprovechará para sacar pecho de su gestión como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez. Una táctica que en Aragón no acabó de funcionarle a Pilar Alegría.

Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y “garantizar el derecho efectivo”.

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una “respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional” que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

Intervenir de forma directa el mercado

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas a frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es “romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social”. “Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo”, ha indicado.

Blindar el parque público de vivienda

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye “un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria”.

“Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra”, ha añadido. Además, López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que “la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la comunidad autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios”.

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación que, según ha advertido, “están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias”.

Un modelo insostenible

La líder andaluza de CCOO ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que “es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad”.

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos. Por ello, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Un servicio de interés general

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Protección frente a los desahucios

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como “elemento clave”, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

El que fuera elegido como candidato de Podemos a la Junta de Andalucía para las elecciones del 17 de mayo, el parlamentario por Cádiz Juan Antonio Delgado, no liderará finalmente la lista de Por Andalucía en Jaén. Esta provincia es la única en la que los morados eligen al cabeza de cartel, en cumplimiento del acuerdo suscrito con IU y Movimiento Sumar la semana pasada, pero la encabezará Loli Montávez mientras que Delgado se ubicará finalmente con el número seis en Cádiz. Esto reduce a la mínima expresión sus opciones de repetir en el Parlamento andaluz si se tiene en cuenta que, en las elecciones de 2022, Por Andalucía sólo obtuvo por esta provincia el escaño del propio Delgado.

Podemos Andalucía ha confirmado este jueves cuál será su representación en las listas de la coalición Por Andalucía, con Alejandra Durán (parlamentaria hasta ahora por Granada) como número dos por Sevilla, a continuación del candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. La segunda posición por Málaga también la elige Podemos, que ha designado a Micaela Jiménez.

En ambos casos, las encuestas apuntan a que los números dos de Málaga y Sevilla lo tienen complicado para lograr acta, de hecho el estudio el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocido esta misma semana incluso ubica en intención de voto a Adelante Andalucía (7,7%) por encima de Por Andalucía (5,8%). El primero en intención directa de voto sería el PP (32,1%), seguido de PSOE (22%) y Vox (8,8%). En los comicios de hace cuatro años, Por Andalucía obtuvo un total de cinco parlamentarios, los cabezas de lista de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

“Propuesta del propio Delgado”

El partido ha asegurado que ir de número seis por Cádiz ha sido una propuesta del propio Delgado, ratificada por el Consejo Andaluz de Podemos. El hasta ahora candidato de los morados ha expresado que su “voluntad siempre fue ayudar en la candidatura de mi provincia, Cádiz, y si el primer puesto que se nos ofrece desde la coalición es el seis, pues ahí estaremos, trabajando como uno más en defensa de los gaditanos y gaditanas”. La lista en esa provincia la encabeza la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez.

El parlamentario defiende que ir por la circunscripción de Cádiz se trata de un movimiento que responde a “una lógica territorial, de arraigo en el territorio”, por lo que ha subrayado que “está dispuesto a contribuir al proyecto común allí donde sea más útil”. La dirección del partido ha resaltado la “absoluta generosidad” de quien en la XII Legislatura ha sido diputado autonómico por Cádiz ya que “interpone sus intereses particulares a la causa colectiva”.

El propio Consejo Andaluz de Podemos ha recordado que las negociaciones para la coalición de izquierdas “se zanjaron con un único puesto de salida en Jaén”. El pacto se cerró el viernes 3 de abril, último día de plazo para el registro de las coaliciones electorales.

Loli Montávez, la jornalera que lidera Jaén

En cuanto a su candidata por Jaén, Loli Montávez (de 34 años y natural de Jódar), el partido morado subraya que se trata de una dirigente que “conoce los problemas de la ciudadanía jiennense”, así como que ha trabajado de forma constante con los colectivos de la provincia. “Como jornalera sé lo que es trabajar duro y vamos a luchar para que la gente trabajadora de Jaén esté representada como se merece en el Parlamento andaluz”, la número uno de Por Andalucía en esta provincia.

“Es una persona clara, cercana y valiente”, destacan desde su formación, que la define como “una de las principales abanderadas de la mujer rural en Andalucía”. La propia Montávez ha señalado que “necesitamos dar apoyo real a la mujer rural con programas de empleo, conciliación y espacios donde puedan desarrollarse y tener independencia económica”.

El objetivo que se marca es “cambiar la vida de la gente a mejor”, y para eso “hay que desalojar a Moreno Bonilla y sus políticas de San Telmo”. “Vengo a defender a mi gente, a la gente jornalera, a quienes se dejan la piel en el campo y a quienes han tenido que marcharse para poder trabajar”, ha apostillado.

El “vamos a por todas” en Málaga y Sevilla

En cuanto a Micaela Jiménez, fue designada en marzo cabeza de lista de Podemos por Málaga. Es diplomada en Trabajo Social, experta en Educación Social y Familiar y con un máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito social, donde ha trabajado con ONG y colectivos en situación de vulnerabilidad.

De Alejandra Durán, número dos por Sevilla, se resalta su “amplia experiencia parlamentaria”, acumulada en los cuatro años que ha estado en las Cinco Llagas en esta XII Legislatura que ahora expira. Durán ha asegurado que “vamos a por todas, con ilusión y entrega absoluta, para seguir defendiendo los servicios públicos como hemos hecho estos cuatro años”.

La militancia de Podemos ha decidido que el partido, finalmente e in extremis, se integre de nuevo en Por Andalucía para conformar una coalición de izquierdas de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Así lo han determinado las bases de manera aplastante en la consulta exprés a la que ha sido convocada sobre la marcha y para decidir en sólo 24 horas, lo que ahora a su vez abre otra carrera contra el reloj de pocas horas porque el plazo para registrar la candidatura expira a las 23.59 de este viernes.

El resultado final de la consulta ha sido abrumador a favor de la integración en este frente común de izquierdas, que ha tenido el respaldo del 81,4% (4.648 apoyos) de los que han participado en la consulta. Por contra, 684 (11,98%) se han pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62%) no optaron por ninguna de las opciones. En total han emitido su voto 5.710 personas, que han respondido así a una pregunta muy concreta: “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”.

El siguiente hito en este acelerado proceso va a tener lugar en la mañana de este jueves, cuando está convocada la mesa de partidos de Por Andalucía en la que esperan Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana. De manera formal, Podemos está integrada en este foro de coordinación parlamentaria, pero hace año y medio que no acude y en los últimos meses todos los pasos han ido encaminados a presentarse en solitario.

Participación que “ha superado las expectativas”

Ahora, y “en consecuencia” con el resultado de la consulta, la dirección andaluza confirma que “los representantes de Podemos asistirán este jueves a la reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía”. La formación morada destaca la “alta participación” en este proceso, que “ha superado las expectativas” y se ha situado como la más alta en los últimos dos años, a pesar de que la votación se ha desarrollado a lo largo de una única jornada.

“Me siento orgulloso de pertenecer a una formación política donde las decisiones importantes siempre las toman los inscritos e inscritas”, ha señalado al respecto el parlamentario Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos a la Junta de Andalucía. “El objetivo no es otro que aportar lo mejor de nosotros y nosotras para echar a Moreno Bonilla y a sus políticas de San Telmo, porque nuestra tierra no puede soportar otra legislatura del PP”, ha subrayado.

Ahora, con menos de 48 horas de plazo, empieza la hora de la verdad, que es la negociación pura y dura. En teoría todo debería quedar sellado y amarrado en la reunión de este jueves, ya que desde IU (que lidera Por Andalucía) no se quiere repetir lo ocurrido con la coalición que se conformó para las elecciones de 2022, cuando se apuró tanto el plazo que Podemos quedó fuera. Al final hubo que hacer encajes de bolillos para integrar a los morados en sus listas, pero su logo no pudo aparecer en la papeleta electoral.

A verlas venir

Desde el resto de formaciones de Por Andalucía, especialmente IU, están a verlas venir, y no sólo por la precipitación con la que de nuevo se están desarrollando los acontecimientos. Con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, ya elegido candidato de una coalición hasta ahora sin Podemos, en teoría están elegidos los cabezas de lista por cada provincia, una cuestión capital si se tiene en cuenta que ahora mismo el grupo parlamentario cuenta con cinco diputados.

Pero sobre todo, en la reunión de este jueves se calibrará de verdad el alcance de la apuesta de Podemos por la integración. Sus hasta ahora compañeros de viaje no ocultan el temor a que sea un brindis de cara a la galería para apropiarse del relato, hacer ver que lo han intentado y que son IU y Sumar los que ponen cortapisas. Sea como sea, es cuestión de horas saber por dónde sale el sol.

Pero lo cierto es que, en principio, se frena el camino en solitario que estaba recorriendo Podemos en contra del criterio de la propia dirección andaluza del partido, que lidera Raquel Rodríguez como secretaria general. Esto llevó incluso a que el número dos y coportavoz de Podemos Andalucía, el parlamentario José Manuel Jurado, anunciase que dejaba su cargo ante la negativa de la dirección estatal a desbloquear la negociación, lo que condenaba a que el 17M hubiese tres papeletas a la izquierda del PSOE pugnando por el mismo espacio electoral: Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía.

Volantazo y fuera líneas rojas

Después de meses y meses abonando el ir en solitario, e incluso con su secretaria general estatal, Ione Belarra, dando la callada por respuesta hace una decena de días en un acto en Sevilla, Podemos ha dado un brusco volantazo desde este fin de semana. Entonces no sólo se abrió por primera vez de manera más explícita a integrarse en Por Andalucía, sino que de repente desaparecieron todas las líneas rojas, básicamente la presencia de Movimiento Sumar.

La balanza se ha inclinado finalmente por la coalición tras los catastróficos resultados en Aragón y Castilla y León, donde Podemos no cosechó ni el 1% de los votos y se ha quedado fuera de ambos parlamentos autonómicos. Hasta el PSOE andaluz ha hecho un llamamiento “a la unidad de la izquierda” de cara al 17M, al que el PP Juan Manuel Moreno comparece dando por hecho que revalidará su actual mayoría absoluta y en un escenario que, en todo caso, las encuestas a día de hoy dibujan un monolítico bloque de derechas por el esperado ascenso de Vox.

La hasta ahora portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha certificado este miércoles su marcha del Parlamento de Andalucía, del que ha sido integrante cuatro legislaturas entre los años 2012 y 2026. Considera que ha sido “un honor y un privilegio” y, por ello, la que fue candidata de la coalición en las elecciones de 2022 ha dado “mil gracias”.

Nieto se ha valido de su cuenta personal en la red social X para pronunciarse sobre “el cierre de mi etapa como parlamentaria andaluza”, con la Cámara autonómica ya disuelta para celebrar las elecciones el 17 de mayo, antes de declararse “a disposición de Por Andalucía”.

Ha calificado a esa coalición como “un proyecto sólido”, además de remarcar la figura de su cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, a quien llama “un lujo de candidato”. Apela a que este proyecto “hace de la resignación un revulsivo” y advierte a los potenciales votantes que “la clase trabajadora avanza cuando no se conforma”.

Por Andalucía es la coalición que conforman en estos momentos IU Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y tiene ante sí la incógnita de si se acabará produciendo la integración de Podemos Andalucía de aquí a este viernes, día 3, cuando cierra el plazo para el registro de las coaliciones electorales ante la Junta Electoral de Andalucía.

Limitación de mandatos

La dirigente de Izquierda Unida Andalucía apoya sus palabras en un vídeo de su última intervención parlamentaria, que fue el 26 de marzo en la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento, convocada para la convalidación de los decretos-leyes 2/2026 y 3/2026.

Los estatutos de IU Andalucía establecen una limitación de mandatos para sus cargos públicos electos de dos legislaturas u ocho años, aunque contiene una vía excepcional para superar ese tope temporal en caso de refrendo de la militancia con una exigencia de porcentaje de apoyo de un 60 a 75% para continuar en ese desempeño.

“Todavía sigo esperando”. Ya no son tres meses, si no, en total, cinco meses desde que la Junta de Andalucía mantiene su silencio ante los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones. Tras la apertura de la investigación de oficio derivada de la crisis de los cribados, Jesús Maetzu confirma que se reiteró la petición en diciembre al gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, la disolución del Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones ha dejado un vacío tras de sí: “No se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en Andalucía volvieron a salir a la palestra a lo largo de la semana pasada después de que desvelara, a través de una investigación de El País, que la Junta ya era conocedora de la obstrucción que había en el sistema con dos alertas realizadas por el servicio de Radiodiagnóstico en 2023 y, posteriormente, en 2025. En este sentido, el material que remitió la administración al Defensor del Pueblo el pasado diciembre era “claramente insuficiente”. Así, pesa la indiferencia. “Hemos reiterado una respuesta, de manera urgente y preferente”, señaló Maetzu durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de 2025 de la institución, donde hay un apartado específico para esta crisis.

“No duden de que, en cuanto esté la información, se informará a la ciudadanía”, reiteró en la casa del pueblo andaluz, ya que las pacientes “tienen inapelablemente el derecho a la información”. Hay un total de 2.317 mujeres que fueron afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y, pese a la gravedad de la situación, el informe remitido conjuntamente por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la defensoría fue poco esclarecedor. “Decían que unas llamadas se hicieron y otras no, unas notificaciones se hicieron por carta y otras al correo electrónico... Era insuficiente, y la defensoría tiene que ser muy seria con esto, porque es un caso muy grave”, aseveró.

“El problema real no es de forma sino de fondo”

Las respuestas demandadas son relativas a tres ejes fundamentales, tal y como se cita en el balance de la defensoría: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial analizando el cumplimiento de los plazos clínicos recomendados y la evaluación global del propio programa, en particular, de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz. En el informe enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, se reconoce haber identificado “una falla de comunicación” o “incidencia comunicativa”, que afectó a las mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS 3, especialmente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero se expresa que tal incidencia “no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial”.

Además, se especifica que el programa de cáncer de mama incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que, en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), se genera directamente la derivación hospitalaria, aunque la comunicación depende parcialmente de los circuitos de cada hospital. En este punto, se especifica que existían diferencias en las formas de contactar con las mujeres, haciéndolo algunos por vía telefónica y otros mediante envío directo de la citación por correo postal.

No obstante, la defensoría, a la hora de estudiar las respuestas de la Junta, entiende que el enfoque para justificar las respuestas es “parcial”, ya que se reduce la “falla de comunicación” a una mera cuestión de forma, es decir, “una simple diferencia en la práctica de los medios empleados”, pero “no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por la ausencia misma de contacto dirigido a informar del resultado incierto del cribado, ni del estudio adicional preciso, ni de la derivación a su centro hospitalario”.

“El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación autónoma de los resultados del Programa de Cribado a las afectadas”, en donde no se clara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera. A su vez, se omiten datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera. Tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado, aunque sí determina que se inició en octubre de 2025 la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz. “Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario”, determina la evaluación de la defensoría.

Balance de 2025

A lo largo de 2025, el Defensor del Pueblo Andaluz incrementó su actividad y desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día. En comparación con el periodo anterior, hubo un 30% más de quejas presentadas, con un total de más de 13.000 nuevas quejas iniciadas. Además, se atendieron 17.494 consultas atendidas y se realizaron 53 actuaciones de oficio, viéndose que hay una mayor incidencia en Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad.

En dependencia, advirtió que “Sevilla está colapsada”, ya que hay unas 100 quejas diarias en la materia dentro de la provincia. Hay escritos que quedan grabados en su memoria, como el de un hombre de 49 años, con ELA, y cuyos dos hermanos, que sufrían la misma enfermedad, habían fallecido sin que les llegara respuesta por parte de la administración, “me preguntaba, ¿usted cree que también me moriré sin la ayuda?”. “Las listas de espera y los retrasos en dependencia merman la confianza de la ciudadanía en el sistema público: no hay mayor desafección”, subrayó. En vez de hablar de retrasos y demoras, el término que usó fue “desprotección”, desprotección para las familias con personas mayores, las que esperan por el bono de alquiler, aquellas que necesitan unos ingresos mínimos, es decir, las que no pueden esperar un día más ante los desmanes de la vida.

En cuanto a la vivienda, fue tajante: “Es el termómetro más visible de la desigualdad”. Con 2.423 expedientes gestionados, es una de las mayores preocupaciones de la población andaluza. La carrera de obstáculos, tal y como definió, incluye la falta de oferta, los precios desmedidos del mercado inmobiliario, sobre todo en el alquiler, la amenaza de las viviendas de uso turístico o la “especial crudeza” de las zonas costeras. “Hay una avaricia patrimonial”, determinó a tenor de la visión especulativa que se mantiene sobre la vivienda. Una realidad en la que la defensoría se posiciona “con la exigencia de que este derecho subjetivo sea cada vez más preponderante”. Para ello, pidió una planificación estructural en el sistema, en vez de las construcciones a mansalva que afloran en esta nueva burbuja inmobiliaria y que, de una forma u otra, tiene una repercusión en la infancia y la adolescencia, como ha analizado con asociaciones del sector.

“La vivienda acelera procesos de sustitución social”, añadió, siendo él mismo uno de los afectados. Oriundo de Cádiz, admitió que en el centro de su ciudad apenas reconoce a los vecinos y a los pequeños comercios de los que disfrutaba hasta hace apenas una década. Por tanto, pide leyes autonómicas que “alivien” la presión sobre aquellos que intentan acceder a una propiedad. Ampliar y proteger el parque público, así como la coordinación efectiva de los servicios sociales y la mejora de la gestión de las ayudas son alguna de las claves que ofreció para intentar paliar la situación.

Jubilación

El informe anual, concebido como una hoja de ruta, da un decálogo de buenas prácticas para las instituciones, ya sea en materia de vivienda como dependencia y sanidad, en el que se reitera que el marco común debe ser la defensa y el robustecimiento del espíritu democrático.

Maetzu vio como positivo el aumento de casos a atender, que significaría un mayor conocimiento del organismo entre la sociedad, pero, de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan, advirtió: “Se van a empezar a pelear todos los grupos, pero tiene que haber un suelo democrático”, donde el compromiso sea con “la igualdad, la no discriminación, los derechos laborales, la migración, los ingresos suficientes, la sostenibilidad ambiental, así como la memoria democrática”. Valores por los que construir una sociedad mejor, más rica y diversa, en donde la convivencia sea la prioridad frente a los discursos de odio y xefonobia, comentó, sobre todo en el entorno de las redes sociales. Todo ello, con tal de evitar la erosión de la convivencia social, deseó.

A sabiendas de la importancia de su cargo, insistió en que su deseo es jubilarse cuando se forme un nuevo gobierno en Andalucía. “Después de las vacaciones, que se sienten todos los grupos que quieran a la institución a negociar”, con tal de llegar a los tres quintos que se requieren para su sustitución. En las dos últimas décadas, ha desempeñado esta labor en tres períodos diferentes, estando desde septiembre de 2024 hasta la actualidad en funciones. “Quiero una soledad deseada”, sonrió. A la espera de lo que ocurra tras el 17 de mayo, Maetzu protegerá el cargo que le confía el pueblo andaluz.

Las escuelas infantiles andaluzas se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Andalucía para exigir a la Junta una actualización urgente del llamado precio plaza, la cuantía que la administración abona por cada menor escolarizado y que permanece congelada desde 2020, según denuncian las organizaciones representativas del sector.

La protesta se produce apenas una semana después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara la gratuidad de las plazas para niños de uno a dos años a partir del próximo curso 2026/27. Con esta medida, la Junta completa la bonificación al 100% de la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) que se había planteado alcanzar en seis años, pero deja sin resolver “las necesidades reales y urgentes” de financiación, que vienen denunciando las escuelas infantiles.

“La gratuidad es una buenísima noticia para las familias y para el desarrollo de los niños, pero sin una actualización del precio plaza, los centros no son viables”, explica a este medio Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, la asociación mayoritaria del sector, que representa al 25% de las guarderías adheridas al programa de ayuda a las familias de la Junta.

Actualmente, el precio plaza ronda los 240 euros mensuales para la atención educativa en Andalucía, una cifra que no ha variado en los últimos seis años. Durante ese tiempo, los centros aseguran haber asumido el incremento de costes en salarios, seguros sociales, suministros y materiales, sin que se haya reajustado la tarifa oficial regulada por la administración pública. “No hablamos de financiación para tener beneficios, sino para poder llegar a final de mes”, subraya Uncala, quien advierte de que la situación es “insostenible” para muchas escuelas.

Un modelo tensionado

La red educativa en esta etapa no obligatoria está compuesta en sus dos terceras partes por centros privados, fundados básicamente por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo se impulsó en su día por el PSOE para compensar la escasa oferta pública. En su lugar se optó por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, mientras que las escuelas perciben una cantidad fija por plaza.

El efecto colateral fue que el desarrollo de una red pública propia ha quedado en segundo plano. De hecho, el Gobierno de Moreno devolvió hace dos años 119 millones de euros de fondos europeos Next Generation que estaban condicionados a la creación de plazas públicas gratuitas.

Desde el sector aseguran que Andalucía cuenta con una de las financiaciones más bajas del país, con diferencias que pueden alcanzar hasta los 100 euros respecto a otras comunidades autónomas. “Somos la comunidad con la atención educativa infantil más barata de España”, resume Uncala, antes de defender que “nuestros niños merecen escuelas infantiles que puedan trabajar tranquilas, seguras y sin estar agobiadas por si pueden tener un imprevisto y no puedan salir al paso”.

Anuncio por sorpresa

Otro de los detonantes de la protesta ha sido la forma en la que se comunicó la ampliación de la gratuidad para niños de un año. Según relatan las patronales, el pasado 19 de marzo se reunieron con la Consejería con la expectativa de abordar una propuesta de actualización del precio plaza. “Íbamos preparados para una oferta, aunque fuera progresiva, pero nuestra sorpresa fue que, mientras estábamos en la mesa, se anunció una medida que no se había trabajado con el sector”, señala Uncala, respaldada por otras entidades como FSIE Andalucía, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y ACES Andalucía.

Las organizaciones denuncian que la medida se ha adoptado de forma “unilateral” y que deja en segundo plano una reivindicación que llevan años trasladando a la administración. “Las escuelas infantiles llevamos años soportando una situación económica cada vez más compleja, marcada por el incremento de los costes estructurales sin que se haya producido una actualización suficiente y efectiva del precio de la plaza”, recuerdan.

Por ello, reclaman “una revisión real y adecuada” de cara al próximo curso que garantice la viabilidad económica de los centros y el mantenimiento del servicio educativo. En ese contexto, la patronal de esta etapa educativa “espera seguir dialogando y obtener una respuesta de la Junta de Andalucía” en relación al precio de la plaza para 2026-2027.

Sin descartar nuevas protestas

Escuelas Infantiles Unidas insiste en que la gratuidad del primer ciclo en Educación Infantil es positiva para las familias andaluzas, al facilitar el acceso a una etapa clave para el desarrollo infantil y favorecer la conciliación familiar. Sin embargo, advierte de que sin cambios en la financiación el sistema queda en riesgo.

La concentración de este miércoles es la primera acción de protesta que convoca el sector, sin descartar nuevas movilizaciones los próximos meses, en un contexto marcado por el calendario electoral andaluz, que culminará con la cita en las urnas el 17 de mayo.

Con el proceso de escolarización a punto de comenzar y el inicio del curso fijado para septiembre, las escuelas confían en que aún hay margen para una rectificación. “Hay tiempo para que este Gobierno o el que salga de las elecciones atienda de una vez por todas nuestra reivindicación: un precio justo que garantice un servicio de calidad”, concluye la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Un grupo de entidades andaluzas –encabezado por CODAPA, USTEA y Justicia Alimentaria– se ha organizado para conformar la Alianza por la Alimentación Escolar en Andalucía. Esta alianza nace del interés compartido por “impulsar un cambio profundo en el sistema de comedores escolares andaluces, defendiendo un modelo público, saludable, sostenible y de gestión directa, frente a un sistema privatizado que ha generado numerosas quejas y preocupación en la comunidad educativa”.

La Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar se ha presentado públicamente este jueves, en un acto celebrado delante de la fachada principal del Parlamento de Andalucía, con el objetivo de visibilizar la necesidad de transformar el actual modelo de comedores escolares y situar este debate en el centro de la agenda política y social de la comunidad.

Las 12 organizaciones –de ámbitos diversos como el educativo, de salud, académico, productivo, ecologista y social– ya venían denunciando que el comedor escolar no puede entenderse como un servicio accesorio, sino como “un servicio educativo esencial que debe garantizar una alimentación saludable, segura y equilibrada para todo el alumnado, en condiciones de igualdad, con criterios pedagógicos y de justicia social”, como explican desde la alianza.

Un modelo basado en la gestión pública directa

Así pues, el modelo que defiende esta alianza es uno basado en la gestión pública directa de los comedores escolares, la apuesta por la economía circular y los productos frescos y de cercanía, así como la elaboración in situ en los centros educativos, mediante cocinas propias que permitan “mejorar la calidad nutricional y sanitaria de los menús, reforzar el control de los procesos y atender de manera adecuada las necesidades derivadas de alergias, intolerancias u otras particularidades alimentarias del alumnado”

Asimismo, la Alianza reclama a la administración andaluza un plan de transición hacia la gestión pública directa, inversión suficiente para la implantación de cocinas en los centros, criterios de contratación que prioricen productos frescos, equilibrados y de proximidad, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre contratos, controles de calidad e inspecciones.

Situar los comedores escolares en la agenda

Tras esta presentación pública, la Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar iniciará ahora una ronda de contactos con los distintos partidos políticos con representación institucional, con el fin de trasladarles de manera directa las reivindicaciones de la plataforma, exponer la situación actual de los comedores escolares andaluces y recabar apoyos para promover un cambio real en este servicio fundamental para la comunidad educativa.

Con este nuevo paso, la Alianza pretende abrir un proceso de interlocución política y social que permita avanzar hacia un modelo de comedor escolar que “priorice la salud del alumnado, la equidad, la sostenibilidad y el interés público, frente a lógicas de externalización y beneficio económico”.

Entre las entidades que conforman esta unión, figuran la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la Escuela Pública (CODAPA), el sindicato USTEA, Justicia Alimentaria, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía), la Federación Andaluza de Consumo y Producción Ecológica (FACPE), Ecologistas en Acción y SASPAS (Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite la querella presentada por parte de una trabajadora de la institución provincial contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez. La denuncia iba también dirigida contra otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

En el momento de los hechos, una nota emitida por el partido hacía referencia a que la presunta afectada advertía del trato que supuestamente recibía por Pérez e indicaba que el PSOE de Sevilla “tenía conocimiento de los hechos”.

Según el auto judicial, consultado por Europa Press, el TSJA considera que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

“No eres nadie”

Así, según este escrito, adelantado por Diario de Sevilla, la querellante relató que su labor en la Diputación durante cuatro años consistió en “administración y tareas institucionales comunicativas con los diferentes municipios de la provincia”, una tarea que fue “tranquila” hasta que el 27 de noviembre de 2023 fue “objeto de un trato humillante por parte del coordinador del grupo en la Diputación (Demetrio Pérez) que consistió en una reprobación verbal cargada de gritos y descalificaciones hacia la querellante delante de compañeros de trabajo y reducción de sus tareas”. “Quien eres tú para llamar a los municipios, no eres nadie, estás achicharrando a llamadas a los municipios, me está dejando en mal lugar en el partido y cuando yo llame ¿Quién me va a contestar?”, era el contenido de las mencionadas afirmaciones.

Prosigue, “este incidente lo puso en conocimiento del querellado Rafael Recio el cual le contestó que hablarían más adelante”. A consecuencia del mismo estuvo de baja cuatro días, “diagnosticada por un trastorno adaptativo”, tras lo que solicitó el alta voluntaria. Así, posteriormente, “su situación laboral empeoró progresivamente, notando que le reducían las tareas”. Llegó a solicitar que se le encomendasen más, lo que fue rechazado al ser “innecesario”, por lo que advirtió de una “marginación en sus tareas”. Su “malestar”, prosigue, fue trasladado a Recio en una carta, tras lo que se convocó una reunión en la que “no se le dejó hablar, siendo conminada a contestar con un sí o un no a las preguntas que Rafael le hacía”.

Asimismo, asegura que “al día siguiente de la reunión el querellado Demetrio presentó una demanda de conciliación previa a una querella contra la aquí querellante por injurias graves y calumnias”, tras lo que se abrieron unas diligencias. Tras ello, la misma conoció que “Demetrio al comentar la conducta de la querellante hizo referencia a una serie de problemas que ella tiene con su pareja, que había contado a algunas compañeras por confianza y en un ámbito privado y confidencial”, por lo que considera que “al comentarse en público no se ha respetado tal intimidad revelándose secretos de su situación personal que no deben conocerse, dañando su imagen pública y creando en ella un clima de presión y terror”. Los hechos fueron denunciados por el querellante, según el escrito, ante los órganos internos del partido, dando lugar a la apertura de unas diligencias informativas internas que habrían sido resueltas por una resolución dictada por le querellado Recio Fernández, “por el que acordó el archivo por inexistencia de indicios de acoso laboral”.

“No actos sistemáticos de hostilidad y humillación”

Tras analizar la conducta de Recio para “determinar la existencia o no de indicios de comisión de delitos imputados”, el TSJA ha enmarcado que los hechos expuestos respecto a Recio “describen, después de una cierta relación de confianza que resultó fallida, por los motivos que sean, desencuentros y desaprobaciones posteriores, incluso puntuales momentos de tensión, como los que se reflejan en las conversaciones expuestas, pero no actos sistemáticos de hostilidad y humillación”. Detalla que la valoración de los indicios contra el mismo “radicaría exclusivamente en su intervención en parte” de los hechos narrados, mientras que los “insultos y vejaciones” relatados “los habría realizado en exclusiva Demetrio Pérez”.

“Por tanto de la querella se deduce que la única participación que tuvo Rafael Alfonso Recio Fernández queda circunscrita al subjetivo sentimiento de la querellante de que no se le atribuyeron por este querellado las labores, que no precisa, que la querellante solicitaba o de las que era competente para realizar, así como a su actuación en la tramitación de la investigación interna, referida a los requerimientos de concreción en sus respuestas”, apostilla. Por ello, respecto a Demetrio Pérez, aclara que la presente resolución se limita a la persona aforada, en este caso Recio, y “en consecuencia, debe quedar fuera de la presente resolución cualquier actuación realizada por los otros querellados, salvo conexión delictiva entre todos ellos, que desde luego no consta ni puede desprenderse, según lo expuesto, del contenido de la querella y documental aportada con la misma”.

Por todo ello, el tribunal ha procedido a acordar la inadmisión a trámite de la querella presentada, al entender que “los hechos imputados a persona aforada, ni siquiera indiciariamente, presentan caracteres de delito y ello sin necesidad de llevar a cabo otras comprobaciones documentales o acceder a la práctica de la prueba solicitada”. Las costas, por su parte, han sido declaradas de oficio. En conclusión, ha inadmitido a trámite la querella “por no ser los hechos constitutivos de delito atribuible a persona aforada”.

La oposición ha tildado de “doble rasero” la directriz que aplica el PP andaluz en las políticas relacionadas con el colectivo LGTBI tras rechazar, en connivencia con Vox, la propuesta no de ley (PNL) para declarar como Lugar de Memoria Histórica las pintadas que se realizaron durante la primera manifestación por la libertad sexual en Andalucía. Mar Cambrollé, activista trans y presidenta de ATA, ha manifestado que “las nuevas generaciones deben saber que durante el franquismo se perseguía a las personas por ejercer su libertad sexual”.

En unas declaraciones realizadas este miércoles en el Parlamento andaluz, ha subrayado que las pintadas en los juzgados de Sevilla mantiene vivo en el recuerdo la crudeza de la dictadura, cuando se aplicaba la Ley de Peligrosidad Social contra las personas LGTBI, “que eran reprimidas brutalmente por la policía y el sistema judicial”. La PNL, debatida en la Comisión de Cultura y Deporte a propuesta de Por Andalucía, intentaba recuperar y anclar en el espacio público el hito que se dio en aquel 25 de junio de 1978. Sin embargo, la seña histórica del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR) seguirá sin ser restaurada tras ser borrada por error por los servicios de limpieza de la Junta de Andalucía.

“Quieren desfilar en el Orgullo, pero niegan la memoria”

“Torpemente, el PP se escora hacia la ultraderecha. Es lamentable. Secuestrar esta iniciativa es deleznable y es propia de la involución”, ha sostenido la activista. La iniciativa, que partía de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), ha tenido un largo camino en la casa del pueblo andaluz, ya que en 2018 se presentó un requerimiento administrativo, el cual quedó relegado al olvido. Durante 45 años los grafitis permanecieron inalterables hasta que quedaron casi inapreciables en la fachada del edificio histórico.

Por su parte, Durán ha acusado al PP de no ser coherentes en su estrategia: “Quieren desfilar en el Orgullo, pero niegan los derechos y la memoria del colectivo LGTBIQ+”. La diputada y secretaria institucional de Podemos ha insistido en que el grupo “se apoyó en una argucia legal para oponerse a la propuesta y disimular su seguidismo de Vox”, en referencia a la intervención en la que los populares señalaron que la medida debería haberse discutido en la Comisión de Justicia. “El PP ha perdido la oportunidad de separarse de la extrema derecha, pero lamentablemente ha demostrado que en la práctica defienden lo mismo”, ha concluido.

El rastro de las pintadas del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR), con motivo de la primera manifestación por la libertad sexual en Andalucía que se dio el 25 de junio de 1978, apenas son visibles. Tres años después de que se borraran durante unas tareas de limpieza, se ha rechazado en la Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento andaluz la proposición no de ley (PNL) para reconocer como Lugar de Memoria Histórica este espacio en los juzgados de Sevilla.

La propuesta del grupo parlamentario Por Andalucía responde a una reivindicación que el colectivo arrastra desde hace ocho años sin encontrar una respuesta que dé la oportunidad a las futuras generaciones de conocer qué pasó y por qué se dio esa pintada. Con seis votos a favor y 12 en contra, emitidos por Vox y PP, la PNL finalmente no fructificó. “Durante años, no se inició ningún expediente administrativo y aún no ha sido considerado Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así que se ha perdido la oportunidad de rendir homenaje a aquellas personas que antes, durante y después, lucharon por sus derechos”, manifestó la diputada proponente, Alejandra Durán, a partir de una iniciativa de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) Sylvia Rivera, según ha recordado.

Con el afán de que “se restaure de manera urgente” la pintada que representa “la libertad que tanto ha costado conseguir a miles de andaluces y andaluzas”, el fin de la restauración es que sea “legible e identificable” para todas aquellas personas que pasen por las inmediaciones del edificio histórico y quienes busquen referencias a un pasado no tan lejano en el que las leyes franquistas perseguían, denigraban y encarcelaban a las personas LGTBI. “Un pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos horrores y errores”, subrayó la representante de Por Andalucía. Sin embargo, la línea adoptada por PP y Vox impidió que se diera tal avance.

“Hay que dirigirse a la Consejería de Justicia”

El diputado de los populares, José Carlos García, optó por la doble estrategia. A un mismo tiempo, admitió que el reconocimiento de las pintadas históricas merecía “respeto” y admitía que su deseo era “reconocer a todas aquellas personas que alzaron su voz para reclamar libertad e igualdad”. Pese a ello, optó por el intríngulis administrativo: “Hay una protección patrimonial específica, por lo que tienen que dirigirse a la Consejería de Justicia”, atajó, aunque fuera la Mesa del Parlamento la que considerara que esta comisión era la más oportuna para debatir el procedimiento. Así, le tiró el guante a los socialistas, afeándoles que “no tendrían tan clara” su posición cuando recibieron años atrás el requerimiento, estando al frente del Gobierno andaluz.

“Reconocemos la voluntad de las personas LGTBI que comenzaron un camino tan difícil de recorrer, pero le daremos rigor y seguridad jurídica sacándola del ruido parlamentario, no con esta PNL”, concluyó. Un discurso que, pese a que coincidió en el voto, intentó apartarse del camino trazado por Vox. La diputada Montserrat Cervantes señaló desde un primer momento su disconformidad y se enroscó en el señalamiento hacia la ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática: “No quiero ni entenderlo. Puede dar pie a que cada uno pinte lo que quiera en los edificios públicos”. A renglón seguido, se opuso al “revisionismo histórico” y la “manipulación” de los hechos acaecidos durante la dictadura, “que buscan condenar el pasado español”. Señaló el objetivo del partido de ultraderecha: tumbar la norma en la región, tal y como ha sucedido en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares, con el apoyo del PP.

La activista trans Mar Cambrollé, a la sazón presidenta de ATA, ha alzado la voz en innumerables ocasiones para que se dignifique este espacio en la capital hispalense, tachando la dejadez institucional de error. Es más, en mayo de 2018 registró una petición de señalamiento y preservación de aquella pintada como Lugar de Memoria Democrática. Cuatro meses más tarde, la jefa del Servicio de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, respondía que el Grupo de Trabajo sobre Lugares y Senderos de Memoria evaluaría su solicitud. El silencio fue la respuesta.

“La Transición fue homófoba”

Sin hacer mención a este capítulo, el socialista Rafael Recio mostró su apoyo a la PNL: “Es darle dignidad a todo un movimiento que durante décadas sufrió la falta de unidad de este país para que hubiera igualdad de derechos”. En referencia a la Transición, sostuvo que, aunque trajera la democracia, “fue homófoba, porque seguían vigentes las herramientas de persecución”. La eliminación del delito de escándalo público no llegó hasta 1988, “tarde para quienes fueron detenidos y encarcelados por amar”. En un discurso diametralmente opuesto a la ultraderecha, recordó que tales pintadas no eran signo de vandalismo, sino “un grito de los andaluces que reclamaban sus derechos”.

“Gobierno escucha, el MHAR está en lucha”. El grito silenciado en los juzgados sevillanos se realizó “por la noche y con mucho miedo”, recordaba la propia Cambrollé. El MHAR, entre otras acciones, recogía firmas dirigidas al Ministerio de Justicia exigiendo la abolición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. También mostraba su protesta con pintadas como la que protagoniza esta historia en fachadas donde reivindicaban la abolición de las leyes represivas y defendían la libertad sexual. El recuerdo de aquellos hitos se esfumó cuando la empresa, contratada por la Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Sevilla para la limpieza interior y exterior de las instalaciones, tornó en sombra el trazo negro sobre la piedra. Por el momento, continuará casi inapreciable para parte del pueblo andaluz.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado de “ilegales” las acampadas en la ciudad a colación de la concentración que desde este lunes están llevando a cabo trabajadores municipales en la Puerta Jerez contra la propuesta del Ayuntamiento de externalizar la limpieza de los colegios de la ciudad.

“En Sevilla usted no puede montar una tienda de campaña donde usted quiera y dormir ahí, por ley”, ha afirmado este jueves el alcalde preguntado por el tema en una comparecencia ante los medios en la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local.

Asimismo, Sanz ha remarcado que “ha tomado una decisión” y ha señalado que la forma de negociar con los sindicatos sería “sentarse en una mesa”. “El equipo de gobierno tiene como único objetivo mejorar la limpieza de los colegios públicos de Sevilla y reorganizar la limpieza del resto de edificios municipales”, ha afirmado el alcalde.

Concentraciones

El comité de empresa de la plantilla municipal mantiene desde este lunes una concentración en Puerta Jerez. En un primer momento, se instalaron tiendas de campaña en el lugar hasta que el Ayuntamiento notificó este martes a los organizadores un requerimiento para que las retiraran “al no tener permiso para su instalación”.

Fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla confirmaron a Europa Press que la autorización “corresponde únicamente a la concentración” y que “el uso de tiendas de campaña es una utilización de dominio público que tendría que dar en su caso el Ayuntamiento al ser suelo municipal”.

Ante esta situación, el presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, confirmaba a Europa Press que iban a retirar “provisionalmente” las tiendas de campaña “aunque iban a continuar con las sillas y mesas en el espacio” hasta el 11 de marzo.

“Trabas”

El sindicato denunciaba este martes “trabas” por parte del Consistorio, que este miércoles notificaba a los manifestantes la aplicación de una tasa por utilización privativa o aprovechamiento espacial.

Según el escrito publicado por el sindicato CSIF en sus redes sociales, la Gerencia de Urbanismo del Consistorio ha indicado que la ocupación del espacio “constituye un hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de dominio municipal, aún cuando se lleve a efecto sin la perceptiva autorización”.

UGT ha asegurado que se trata de una “extorsión democrática”, mientras que el PSOE se ha unido a las críticas y ha calificado la situación de “inaceptable”. Fuentes municipales han asegurado a esta agencia que “cualquier elemento que se coloque en la vía pública tiene que tener autorización y pagar la tasa correspondiente”.

Expulsados del pleno

La acampada en Puerta Jerez forma parte de un intenso calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos que incluye concentraciones frente al Teatro de la Maestranza durante los actos institucionales del 28F y del Pregón de la Semana Santa, el próximo 22 de marzo.

Durante el Pleno del Parlamento andaluz de este jueves, un grupo de manifestantes ha sido desalojado del hemiciclo tras desplegar pancartas y realizar cánticos durante una pregunta formulada a la consejera de desarrollo educativo sobre la externalización.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reprendido a los diputados del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por “aplaudir” a los trabajadores. “Es una auténtica vergüenza. Cuando usted invita a alguien al Parlamento, que es la casa de todos los andaluces, hay que enseñarles cuáles son las normas de cortesía y respeto. Ustedes no lo cumplen”, ha asegurado Aguirre a los diputados José Ignacio García y Begoña Iza.

CSIF ha asegurado en una publicación en redes sociales, que han “querido hacer visible el sufrimiento de la plantilla municipal”. “Sería necesario tener un arbitraje, una intermediación, puesto que a pesar de que el alcalde dice en los medios de que está en disposición de negociación y de que las organizaciones sindicales nos hemos levantado de la mesa, eso no es cierto”, ha afirmado el sindicato.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció este fin de semana los nombres de las personas galardonadas con el título de Hijos Predilectos de Andalucía 2026, máxima distinción que concede el Gobierno autonómico: se trata del cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, que recogerán su galardón el próximo sábado, 28 de febrero (28F), durante la ceremonia institucional celebrada en el Teatro de la Maestranza.

El nombramiento de Paz Vega como Hija Predilecta de Andalucía ha desatado cierta polémica, después de que algunos dirigentes de la izquierda -desde Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos- hayan afeado a Moreno que premie a una actriz, modelo y presentadora “que figura en la lista de grandes morosos de la Hacienda pública española”.

Desde 2015, el Ministerio de Hacienda hace pública cada año la lista de “morosos” con el fisco (empresas y personas físicas), que son aquellos que adeudan más de 600.000 euros. Si saldan su deuda, salen de la lista y de la exposición pública. El año pasado, entre los “defraudadores” o “morosos” señalados por el Gobierno estaba la cantante Isabel Pantoja (que también tiene la Medalla de Andalucía), el presentador Bertín Osborne, el exbanquero Mario Conde y la actriz Paz Vega, que adeuda a la Hacienda pública unos 2,4 millones de euros.

El PP andaluz ha salido en defensa de los Hijos Predilectos de este año, pero la polémica sobre la actriz sevillana ha desempolvado un debate parlamentario que tuvo lugar hace sólo cinco meses, en la comisión de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), donde el diputado de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado cuestionó el programa de Bertín Osborne en Canal Sur Televisión. Gómez Jurado recordó que el cantante es un “defraudador” de Hacienda y aparece, cada año, en la lista de morosos con el fisco.

En defensa de Osborne salió la diputada del PP por Sevilla Virginia Pérez, que fue presidenta del partido en esta provincia, y que reprochó al parlamentario de izquierdas que centrase sus críticas contra el cantante, por su programa en Canal Sur, y no contra la actriz Paz Vega, que también es está en la lista como “defraudadora” y “morosa”.

El Grupo Socialista va a solicitar la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz que aborde la “reconstrucción” que Andalucía necesita de forma “inmediata” tras los daños ocasionados por el 'tren de borrascas' que ha afectado a la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero.

Así lo ha anunciado este lunes la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha explicado que la solicitud de creación de dicho grupo de trabajo se va a canalizar a través del cupo de proposiciones no de ley (PNL) del que dispone el grupo parlamentario socialista.

La representante del PSOE-A ha defendido que la creación de este grupo de trabajo es “imprescindible” para abordar “de manera inmediata la reconstrucción de Andalucía”, y desde su partido quieren que en dicho órgano se convoque “a alcaldes, sindicatos en representación de los trabajadores afectados, asociaciones de agricultores y ganaderos, regantes, directores de centros educativos, asociaciones de madres y padres (AMPA), directores de centros de salud, representantes de los profesionales sanitarios” o personal del Infoca, entre otros, según ha enumerado María Márquez.

Se trata de que en dicho grupo de trabajo se escuche “a todo el mundo que tiene algo que ver y que aporta, ayuda y da luz a esta reconstrucción que tiene el Gobierno de Andalucía por delante”, con el objetivo, según ha continuado la representante del PSOE-A, de que “nadie se quede fuera, sin ayuda, sin respuesta”, así como “que el dinero público vaya donde tiene que ir”.

De igual modo, María Márquez ha anunciado que esta semana se elevará a 1.000 el número de iniciativas registradas por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz “con nombres y apellidos, poniendo el foco en los problemas que ha generado” esta serie de temporales en Andalucía, atendiendo a lo que trasladan a los socialistas sus “compañeros en el territorio, los colectivos, las asociaciones, las distintas entidades que con muchísima preocupación quieren que se les dé una respuesta a su problema”, según ha relatado la portavoz parlamentaria.

El PP andaluz, por su parte, ha registrado tres proposiciones no de ley instando al Gobierno de Pedro Sánchez a agilizar las ayudas y las inversiones previstas para los afectados, tanto del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas y hubo 126 heridos, como del tren de borrascas que golpeó a Andalucía, dejando a 11.000 personas fuera de sus casas y destrozos materiales en viviendas, carreteras y conexiones ferroviarias.

Apenas 24 horas después de que Alberto Núñez Feijóo, en una tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso, amenazase con la cárcel a Pedro Sánchez por el accidente ferroviario de Adamuz, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha exhibido un talante político diametralmente opuesto en el Parlamento autonómico.

Incluso se ha atrevido a resumir su idea de lo que debe ser la acción política en siete “principios”, que ha enumerado sin mencionar a nadie. Los 'mandamientos' de Moreno son estos: “Uno, defensa de las instituciones; dos, transparencia y coherencia de nuestras acciones; tres, el respeto al adversario político, que no es un enemigo al que haya que destruir, sino alguien con quien podemos construir; cuatro, diálogo permanente con todos (todas las opciones políticas tienen cabida en este Parlamento); cinco, la seguridad jurídica, como base de cualquier proyecto; seis, la escucha permanente a la sociedad; y siete, la gestión basada en la transformación, la apuesta por la reforma de nuestra tierra, cada uno desde su modelo político”.

Moreno ha desplegado sus principios, que llevaba escritos, en el turno de cierre de la sesión de control, en respuesta a la intervención del portavoz del PP andaluz, Toni Martín, que también aparcó su habitual beligerancia contra la izquierda para resaltar el clima de concordia que se respira en Andalucía tras dos tragedias consecutivas, primero el accidente de Adamuz, que ha dejado 46 muertos y cientos de heridos; y luego el tren de borrascas, con miles de desalojados de sus casas, viviendas destruidas y abandonadas, carreteras cortadas y las líneas ferroviarias inutilizadas.

Estos dos golpes devastadores han tenido un efecto narcótico en la política andaluza, a las puertas de las elecciones autonómicas. El primer Pleno del año, hace 15 días, ya se vivió ese ambiente de cooperación entre las distintas fuerzas, que primaron la solidaridad con las víctimas de la tragedia de Adamuz y orillaron la bronca política.

En ese momento, tanto el consejero de Sanidad, Antonio Sanz (diana de la oposición por la gestión de la crisis de los cribados de cáncer), como todos los portavoces de la oposición (excepto Vox) ensalzaron la “cooperación y la lealtad institucional” entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía en la gestión del accidente de Adamuz. Ese mismo día, por la mañna, la bancada de senadores del PP había recibido al ministro de Transportes, Óscar Puente, al grito de “¡dimisión, dimisión!”.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, la primera tras las elecciones en Aragón, siguió por esa línea. Uno de los momentos más duros fue cuando Feijóo amenazó a Sánchez con la cárcel -por segunda vez en seis meses-, tras denunciar que el accidente de Adamuz era “evitable”. “El Gobierno se sentará en el banquillo” por esta “negligencia”, dijo. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, remató asegurando que “no había sido un accidente, sino un crimen”. La ultraderecha está personada como acusación en la investigación judicial sobre el choque de trenes en el municipio cordobés.

El registro de la política andaluza, incluso ahora que está inmersa en una precampaña electoral, es muy distinto, y el presidente de la Junta quiso subrayarlo con su declaración de principios, en contraste con los duros ataques de su jefe de filas en el Congreso. “Esta Cámara no es igual que otras Cámaras. Nosotros no somos igual que otros. Todos ponemos como eje central de nuestra acción política el interés general de los ciudadanos y dejemos de lado los intereses partidistas”, advirtió Moreno durante el cara a cara con la portavoz del PSOE-A, María Márquez, que suele ser el momento más tenso de la sesión plenaria.

También la dirigente socialista cambió de registro y tendió la mano a Moreno, subrayando la predisposición del Gobierno de Sánchez a colaborar con la Junta, tanto en el accidente de Adamuz como en la recuperación de los daños que ha sufrido Andalucía tras el temporal.

El presidente andaluz enunció una serie de reclamaciones -acceder al fondo de contingencia del Ejecutivo central, a más fondos europeos y poder usar el superávit de sus cuentas públicas en reparar los daños de la borrasca, en vez de para amortizar deuda-, algo que depende directamente de su rival en las urnas, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero. Y Márquez asintió a todas estas cuestiones. “Ningún problema”, decía sin el micrófono abierto.

En ese diálogo, el presidente andaluz instó a la dirigente socialista a preservar el entendimiento mutuo ante situaciones de la gravedad vivida, “porque es lo que esperan los ciudadanos”. “No perdamos la unidad. Que esta situación nos sirva para aprender, para separar lo importante de lo que no lo es”, dijo. “Hagamos las cosas bien. El PSOE andaluz no va a hacer con su Gobierno lo que está haciendo el PP nacional con el Gobierno de España”, le replicó Márquez. “Recogemos el guante. Y ojalá dure este punto de sensatez. Que no se pierda”, remachó Moreno.

El accidente de Adamuz y el golpe de la borrasca a Andalucía ha permitido al presidente de la Junta explotar su perfil más institucional y exhibir colaboración, lealtad y comunicación con el Gobierno de Sánchez y otras instituciones, mientras su partido atiza al Ejecutivo con dureza.

La imagen de Moreno se ha fortalecido tanto por la gestión como por el talante político, alejado del ruido, como han reconocido sus propios rivales. En el Pleno de este jueves, dirigentes de Adelante Andalucía y Por Andalucía le han criticado el “postureo” de hacerse fotos metido en charcos, mientras advertía a los ciudadanos que no se acercasen al agua por los riesgos de las crecidas. Pero la crítica ha pasado de puntillas, porque todas las fuerzas (quizá menos Vox) están en fase hipotensa, convencidas que la magnitud de la tragedia les obliga a todos a mantener un perfil bajo.

El forcejeo más duro, tras dos meses sin enfrentarse a la oposición en el Parlamento, ha sido entre Moreno y el portavoz de Vox, Manuel Gavira, que le ha reprochado la falta de previsión ante el tren de borrascas que ha destrozado muchas zonas de Andalucía. El presidente de la Junta ha mencionado de refilón los resultados de las elecciones de Aragón, donde la ultraderecha es decisiva para que siga gobernando el PP. También los sondeos dibujan ese panorama en Andalucía. Moreno le ha augurado al dirigente de Vox que se topará “con la realidad” si llegan a entrar en el Gobierno y les toca gestionar las instituciones, admitiendo indirectamente que puede perder la mayoría absoluta de la que ahora disfruta.