La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz estará representada, por primera vez en la historia autonómica, por una mujer: Marta Bosquet (Almería; 57 años), exdiputada de Ciudadanos y expresidenta del Parlamento andaluz durante el primer Gobierno de Juanma Moreno [2018-2022].

Bosquet, que será nombrada por el Pleno de la Cámara, sustituye a Jesús Maeztu, que llevaba en funciones desde 2023 y que ha ocupado el puesto de Defensor los últimos 13 años [más el bienio 1994-1996, que pilotó la Oficina como adjunto al titular de entonces, Manuel Conde-Pumpido, durante su enfermedad]. Antes que Maeztu, estuvo otro exsacerdote, José Chamizo, cuyo mandato se prolongó 17 años.

La figura del Defensor del Pueblo Andaluz (y de los derechos del Menor) es un cargo que nombra el Parlamento autonómico y precisa de una mayoría cualificada de tres quintos. Hasta ahora siempre se había negociado con todos los grupos de la Cámara, pero este miércoles, la Comisión Consultiva de Nombramientos ha aprobado la idoneidad de Marta Bosquet para el cargo, con los votos de PP y Vox, socios del Gobierno de Juanma Moreno, y el rechazo de toda la oposición de izquierdas.

Bosquet (Almería; 57 años) ocupaba en la actualidad un alto cargo en el Ejecutivo de Juanma Moreno, que en 2022 la nombró presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), adscrito a la consejería del ramo.

Pero antes de que la mayoría absoluta del PP fagocitara a todos los altos cargos de Ciudadanos, con los que había compartido gabinete en la anterior legislatura, Bosquet fue uno de los principales referentes de la formación naranja en Andalucía, a la sazón, presidenta del Parlamento durante el primer mandato de Moreno, en coalición con Ciudadanos y sustentado desde fuera por Vox.

Ha sido precisamente la formación ultraderechista, nuevo socio del PP en el Ejecutivo andaluz, quien ha sintetizado la trayectoria política de Bosquet durante su examen de idoneidad en comisión para concluir que la candidata era apta para el puesto de Defensora del Pueblo Andaluz. “Usted era de un partido ya desaparecido. Formó parte de un pacto de gobierno con el PSOE y también ha formado parte de un gobierno de coalición con el PP. Más o menos, ¿no?”, ha resumido el diputado Ricardo López, mientras su interlocutora meneaba la cabeza.

Vox ha certificado su idoneidad para ser Defensora del Pueblo andaluz -no está claro si con cierto grado de ironía- dado que la formación ultraderechista lleva desde 2018, cuando se estrenó en el Parlamento con nueve diputados, proclamando la “inutilidad” de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz (una institución blindada en el Estatuto de Autonomía) y prometiendo que la eliminarían cuando gobernasen, para evitar su duplicidad con el mismo organismo estatal.

PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han usado el mismo currículum político de Marta Bosquet para cuestionar su idoneidad para el puesto de Defensora, amen de subrayar que era “la primera vez que se elige a un candidato que no proviene de la acción social y cuya trayectoria en defensa de los desfavorecidos es conocida”.

El arco de la izquierda, muy indignado por que PP y Vox hayan usado el “rodillo” para imponer unilateralmente la figura del Defensor, ha puesto en duda su voluntad de imparcialidad al frente de una institución que, entre otras funciones, debe fiscalizar las políticas públicas de la Junta de Andalucía.

En su discurso de presentación, Bosquet sí ha defendido su “independencia e imparcialidad” para ejercer el cargo. “Sin duda alguna trabajo siempre desde el corazón. El Defensor del Pueblo es una figura que respeto enormemente e inspiró en mi vida. Espero que ustedes piensen que esa independencia voy a llevarla a cabo con total y absoluto rigor. No me van a doler prendas, hacer lo que tenga que hacer producto del mandato y de la confianza que, espero, me sea otorgada por la voluntad popular de esta casa”, ha defendido en su intervención en la comisión.

La dirigente almeriense es abogada de profesión y ha sido patrona de Save The Children Andalucía, una labor que han subrayado tanto los diputados de PP y de Vox para defender su nombramiento. “Siempre defiendo que mi paso por la política, me ha hecho mejor persona. Cuando eres representante público, te hace conocer realidades de las personas que están en situación de pobreza, que tienen dependencia, que sufren algún tipo de discapacidad, de los colectivos vulnerables o marginados. Cuando eres representante público te hace conocer esas realidades y precisamente lo que te hace es hacerlas tuyas”, ha remarcado.

El líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha rechazado su designación por no considerarla una figura “apartidista”. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, se ha quejado de la “falta de consenso” y ha reprochado a las derechas que hayan orillado el diálogo con la oposición “por primera vez” en la elección del Defensor.

El dirigente andalucista también ha recordado que, siendo Bosquet presidenta de la Cámara, el Tribunal Constitucional (TC) sentenció que el Parlamento andaluz había “vulnerado” los derechos de los nueve diputados expulsados en noviembre de 2020 del grupo parlamentario entonces denominado Adelante Andalucía, a petición de IU y Podemos, bajo la acusación de “transfuguismo”.

“¿No le incomoda que su candidatura, más que fruto de un consenso parlamentario, sea el resultado de un acuerdo entre quienes comparten el poder?”, ha preguntado el parlamentario socialista, Rafael Recio, quien ha puesto en duda “su conocimiento sobre la realidad que sufren muchas familias andaluzas”, al tener “una trayectoria profundamente política”.

El diputado del PP andaluz José Ricardo García ha defendido que Bosquet “cumple con el rigor y la elegbilidad” destacando su trayectoria como jurista. En paralelo, ha lamentado que el PSOE-A no haya presentado otra propuesta y ha recordado que “había un preacuerdo de consenso” con Juan Espadas, antes de la llegada a la secretaría general del PSOE-A de María Jesús Montero.

PP y Vox han coincidido al destacar que el actual Defensor del Pueblo Español, Ángel Gabilondo, fue antes ministro de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez y candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha declarado este martes el “cese” de Antonio Manuel López Hernández en el cargo de consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía al haber “incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo”.

Así figura en una resolución de la presidenta del Parlamento, adoptada a partir de un acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas que atribuye al también expresidente de dicha institución hasta “seis situaciones” que pueden motivar su cese en dicho cargo por “incompatibilidad sobrevenida”. López Hernández fue reelegido en 2021 por el Pleno del Parlamento como consejero del órgano fiscalizador a propuesta del Grupo Socialista.

Según se detalla en la resolución suscrita por Ana Mestre y que ha avanzado el diario ABC, el pasado viernes, 9 de octubre de 2026, “tuvo entrada en el Registro del Parlamento de Andalucía comunicación” del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, en la que se trasladaba a que el Pleno de la Cámara había acordado declarar que Antonio López “ha incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo de consejero”.

Según recoge el Reglamento de organización y funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, consultado por Europa Press, la “incompatibilidad sobrevenida” es una de las causas por las que la plaza tanto del presidente como de cada uno de los consejeros de la institución puede quedar “vacante”.

El artículo 35 de dicho reglamento indica además que “el cargo de consejero de la Cámara de Cuentas es incompatible con cualquier actividad pública o privada que no sea la administración del propio patrimonio, así como con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o de asesoramiento en partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales y colegios o asociaciones profesionales”.

Alegaciones del afectado

El Pleno de la Cámara de Cuentas suscribió el pasado viernes, 9 de octubre, un acuerdo en el que daba por finalizado el expediente incoado al consejero Antonio López a finales del pasado mes de mayo para “determinar si concurría una situación de incompatibilidad sobrevenida o un incumplimiento de los deberes inherentes al cargo susceptibles, en su caso, de integrar una causa legal de cese conforme al régimen aplicable a los Consejeros de la Institución”.

En el curso de esta instrucción, según detalla el mismo acuerdo del Pleno de la Cámara, consultado por Europa Press, se ha recabado “información de la Jefatura de Recursos Humanos y Régimen Interior y del Responsable de Transparencia de la Cámara de Cuentas, así como de diversas Universidades, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y de entidades de carácter profesional y asociativo”.

El propio Antonio López “formuló alegaciones el 22 de julio de 2026, solicitando el archivo del expediente y sosteniendo, en síntesis, la nulidad por falta de competencia del Pleno, la naturaleza estrictamente académica o científica de las actividades desarrolladas y la aplicación de una interpretación teleológica y sistemática de la norma, así como del principio de confianza legítima”.

Hasta seis situaciones de “incompatibilidad diferenciadas”

El Pleno de la Cámara de Cuentas acordó así el pasado viernes “declarar” que una serie de actividades realizadas por Antonio López “determinan la concurrencia de seis situaciones de incompatibilidad diferenciadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, y en el artículo 35” del Reglamento de organización y funcionamiento de la institución.

“En particular”, el acuerdo se refiere a “actividad docente” desarrollada por Antonio López en la Universidad de Granada, que, “aun siendo susceptible de autorización en los términos previstos en el artículo 35.2 del Reglamento, fue ejercida sin la previa autorización del Pleno exigida por dicho precepto”.

De esta manera, el Pleno de la Cámara de Cuentas ha identificado una serie de actividades desarrolladas por el hasta ahora consejero que “determinan la concurrencia de seis situaciones de incompatibilidad diferenciadas”, según se puede leer en el acuerdo del pasado viernes, donde se indica que “cada una de ellas presenta autonomía suficiente para integrar la causa legal de cese, sin que la concurrencia simultánea de varias altere la unicidad de la consecuencia estatutaria legalmente prevista”.

Por ello, al apreciar “la concurrencia de las seis situaciones de incompatibilidad descritas”, el Pleno de la Cámara de Cuentas ha acordado que “procede declarar la existencia de las correspondientes causas legales de cese, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, en relación con los artículos 24.1.d) y 37” del Reglamento de organización y funcionamiento de la institución.

El Pleno de la Cámara de Cuentas acordó además el pasado viernes “dar traslado” de este acuerdo, “junto con el resto del expediente, a la Presidencia del Parlamento de Andalucía, a efectos de que, de conformidad con la constatación descrita, se lleven a cabo las actuaciones que formalmente le correspondan respecto del consejero expedientado”.

“Terminar un mandato con este tema es muy interesante”, adelantó Jesús Maeztu en la que, a no ser que se vuelvan las tornas, será su última rueda de prensa como Defensor del Pueblo Andaluz. El Informe Anual de Infancia 2025 revela un nuevo rostro dentro del padecimiento de la soledad no deseada: el de los niños y adolescentes. A partir de un cuestionario realizado en distintos colegios de Andalucía, se constata que el 79% de los menores en Primaria se ha sentido solo alguna vez, mientras que el 92% sabe que se puede estar solo rodeado de gente. Cuestiones que hacen que el Defensor describa este fenómeno como una “epidemia silenciosa”.

El análisis, en el que participaron 143 alumnos y alumnas, revela que el colegio es el lugar donde con mayor frecuencia manifiestan sentirse solos, en un 47%, y , también, en las casas en las que viven, con un 25,7%: “Las políticas públicas se han centrado casi en exclusiva en las personas mayores y la soledad en la adolescencia ha quedado invisibilizada”, adelantó el Defensor durante su presentación. También, se describe que los menores acuden en primer término a sus familias para comunicarles su malestar, en un 90%, y, en segundo lugar, están las amistades, en un 81%. En cambio, solo el 37% busca apoyo en el profesorado.

Unos datos que dan una primera visión del sufrimiento que hay entre los menores, ya que, como aseguró Maeztu, “el gran problema es que no sabemos con precisión cuántos niños la sienten, ya que las fuentes son fragmentadas y, por ejemplo, el Barómetro de la Soledad no Deseada en España (2024) excluye a los menores de 14 años”. A causa de estas diferencias, el informe plantea dos recomendaciones cruciales para la administración andaluza: un sistema público de información, medición y seguimiendo de la soledad no deseada en la infancia y, por otro lado, poner en marcha una Estrategia Andaluza para su prevención y abordaje.

“Necesitamos medir para poder actuar”, mantuvo, de ahí que la idea de una estrategia pública andaluza cuente con una perspectiva “en derechos”, que no medicalizada, que aborde de forma multifactorial el estado de los menores, desde su situación socioeconómica, de identidad, discapacidad, problemas de salud mental o entorno familiar: “Esta estrategia debe tener especial atención a la equidad y a los colectivos de mayor vulnerabilidad”. Con relación a esta petición, Maeztu también citó las estrategias que ha emprendido la Organización Mundial de la Salud (OMS), en especial, el estudio de la Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), en el que se describe que entre un 10% y 13% de los adolescentes europeos afirma sentirse solo con frecuencia.

“Ser escuchado y comprendido”

“Hay soledades escondidas en dinámicas familiares o en el uso de las pantallas como desahogo, y reitero, no es un signo de debilidad individual”, enfatizó este jueves en el Parlamento andaluz. Es más, mientras que la media nacional del uso del móvil es del 67,9%, en la comunidad la penetración de este dispositivo entre menores de 10 a 15 años ya se sitúa en el 72,2%. “No depende del número de personas que haya alrededor, sino de la calidad de los vínculos y de ser escuchado y comprendido. Se sienten mal, evitan hablar, hay desesperanza, se trata de un fenómeno multicausal al que afecta el estrés económico, la movilidad geográfica, el poco tiempo de calidad, o la baja autoestima y las vivencias de violencia”, añadió, subrayando que dar respuesta a este sufrimiento es clave para un desarrollo pleno como adultos.

Andalucía cuenta con 1.497.234 menores de edad, expone el informe, lo que supone la cifra más baja en 20 años. Este segmento representa un 17,3% sobre el total de población censada en la comunidad, y en este sentido, Almería (19,2%), Sevilla (17,8%) y Málaga (17,1%) son las tres provincias que cuentan con un peso mayor de la población joven respecto a su población total. Por el contrario, Jaén (15,9%) y Córdoba (16,3%) son las provincias en las que la población menor de edad cuenta con un menor porcentaje.

Además, un apartado en el que hizo especial hincapié el Defensor fue el maltrato infantil. El Sistema de Maltrato Intrafamiliar (SIMIA) recogió en 2025 un incremento del 10,4% respecto al año anterior tras registrar 13.016 notificaciones, donde un 52,5% fueron valoradas como maltrato grave y un 47,5% como leve/moderado. En cuanto al tipo de maltrato, la negligencia (87,2%) y el maltrato emocional (80,9%) fueron las tipologías más frecuentes, pero hay que prestar atención a las referencias a maltrato físico, en un 42,4%, y el abuso sexual, con un 28,3%.

Asimismo, la violencia de género impacta en la vida de estos menores, ya que, entre 2015 y 2025, hay un total de 96 menores huérfanos por la violencia machista ejercida contra sus madres. También, en este apartado, el informe reseña que ha habido durante esta década 55 víctimas mortales de este tipo de violencia por debajo de los 18 años, habiendo 30 de los 55 menores asesinados que tenían de 0 a 6 años en el momento de su muerte, 19 tenían entre 7 y 12 años y seis tenían entre 13 y 17 años.

Ideas: la Estrategia Andaluza y el banco para la soledad

Así, el Defensor dio diez pasos para construir esta futura Estrategia Andaluza, recogida en el informe que hoy fue presentado a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre. La primera, que los propios menores sean parte activa del proceso y aporten sus ideas, “si no participan, no vale ninguna estrategia”; seguido por una identificación temprana, mejorar la educación emocional, y tener protocolos actualizados en exclusión y acoso escolar. En este sentido, se debería atender a mejorar la capacitación de los profesionales educativos y dar cabida a entornos digitales “seguros, con apoyo, acompañamiento y participación de las familias”. Todo ello, con su respectiva evaluación y seguimiento para coordinar políticas públicas en la infancia.

Estas no son las únicas medidas. El informe, que pregunta a los menores participantes en el estudio publicado, transcribe algunas de las respuestas de los escolares. Entre las ideas más emotivas, curiosas y, por qué no, efectivas, están las siguientes: “Pondría un botón para que cuando alguien lo presionara alguien viniese a ayudarte”; o, destaca también, “yo en mi barrio pondría casas de acogida para que todas las personas que se sientan solas puedan ir ahí y ya no estar solos”; y, la que más emocionó al Defensor: el banco para la soledad.

Como dice el menor encuestado, “que haya un banco para la soledad, es decir, cuando alguien se sienta solo o sola que se siente en ese banco y los demás ya saben que esa persona se siente solo o sola y aunque sean de otro curso o clase vayan a preguntarle si le pueden ayudar, ir a jugar con ellos o ellas…”. Una idea que hace por reunir y tejer comunidad en un momento en el que está en juego la salud mental de los menores, tal y como recordó Maetzu al mencionar el caso de Meta contra 47 estados de EEUU. El gigante tecnológico, dueño de WhatsApp, Instagram y Facebook, llegó a un acuerdo extrajudicial y pagará 18.000 millones de dólares sin pasar por el tribunal, para enmendar el diseño adictivo de sus aplicaciones y su impacto negativo en adolescentes.

Menores de Ceuta

Si bien el informe tiene un apartado especial en el que se recoge que los menores extranjeros no acompañados son “especialmente propensos a sentirse aislados” debido a las dificultades que afrontan en el entorno al que llegan sin la protección ni la seguridad emocional de sus allegados, Maeztu puso el foco en el convenio firmado entre Andalucía y Ceuta para el traslado de menores en una contingencia migratoria, como la actual crisis humanitaria que vive la comunidad autónoma, que evita activar tal recurso.

“Andalucía cuenta con 3.009 plazas y tiene un convenio donde puede traerlos”, señaló el Defensor en la rueda. Cabe recordar que, a 31 de agosto de este año, el Gobierno de Juanma Moreno atendía a un total de 1.800 menores extranjeros en sus instalaciones, por lo que el margen de acogida es amplio en cumplimiento del Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado en junio del año pasado.

Con los documentos que recogen tanto el acuerdo suscrito entre los gobiernos del PP andaluz y ceutí, así como la normativa, Maeztu manifestó: “El convenio está firmado, pero se está jugando políticamente con él, están jugando con los niños”, describiendo como el problema de fondo el embate político entre oposición y Gobierno central. “Andalucía fue en 2018 la más generosa, con 5.000 menores por los que no recibimos ninguna financiación”, recordó, “pero ahora la extrema derecha está odiando a todo el mundo, aunque este acuerdo esté aquí, en los papeles”.

“No sé quién me sucederá, pero que sea de consenso”

Acerca de Vox también habló Maeztu sin tapujos. A los de Manuel Gavira, y Santiago Abascal, les pidió que se abstuvieran en la votación que dará nombre a la próxima Defensoría, ya que, como le han expresado en otras ocasiones, opinan que este órgano supone “un chiringuito” o “una ideología”. Sin embargo, el Defensor defendió el papel fundamental que realiza este órgano, cuya función es garantizar los derechos de la ciudadanía y fiscalizar de forma independiente la acción de las administraciones, andaluzas en este caso.

El año pasado el PP retiró en el último momento a su candidata, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, pero la Mesa de la Cámara, donde los populares tienen mayoría, ya acordó este miércoles los plazos para presentar a sus candidatos a consejeros en el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, el Consejo de la Transparencia y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que lleva en funciones desde 2024.

La fecha límite es el 13 de octubre y, posteriormente, los candidatos se someterán a la Comisión de Nombramientos el día 20 y, finalmente, elegidos en el pleno del 21 de octubre, a excepción del nuevo Defensor, que será en noviembre. “Mi tiempo ha terminado”, explicitó una vez más Maeztu, y tomó como ejemplo el pacto que se ha llevado a cabo en Castilla y León, donde se ha contado con los votos de PSOE y PP y la abstención de Vox. “Los que pueden sumar, que sumen, y se sienten para conseguir los tres quintos”, votación mínima para alcanzar el nuevo nombramiento.

“El perfil a elegir tiene que ser de consenso, un perfil que sepa de derechos y soluciones, que sea imparcial, tenga relación con los colectivos sociales y la ciudadanía y, por último, que crea en la cultura de paz”, recordó, en vista de la resolución alcanzada en el 40º aniversario de la Defensoría. “Todo esto es para que la institución no la toque ningún interés privado”. A las preguntas de los periodistas, aseguró que no sabe nada sobre posibles candidatos: “Ojalá sea un perfil plural, que no dependa de ningún partido, y sea de consenso”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha decidido acelerar la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA, del Consejo Audiovisual, del Consejo de la Transparencia y de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, esta última caducada desde hace dos años (septiembre de 2024).

La renovación de los órganos de extracción parlamentaria para adaptar su composición al nuevo reparto de fuerzas de los partidos surgido del resultado de las elecciones del 17 de mayo “no era una prioridad” hasta hace un mes, según admitieron entonces fuentes del Ejecutivo andaluz y del PP-A. Legalmente tenían de plazo un año para llevar los nuevos nombres al Parlamento, y los de Moreno querían tomarse su tiempo para naturalizar la alianza con sus nuevos socios de Vox, que venía de prometer “el cierre de Canal Sur”.

Pero la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre parece haber precipitado el escenario político. La Mesa de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha acordado este miércoles comunicar a los grupos políticos un plazo para presentar a sus candidatos a consejeros en los órganos de extracción -hasta el próximo 13 de octubre- permitiendo así que los candidatos se sometan a la Comisión de Nombramientos el día 20 de octubre y sean elegidos en el Pleno del 21 de octubre (todos excepto el nuevo Defensor del Pueblo, que tiene un plazo legal de tramitación distinto y se dejaría para el mes de noviembre).

De cumplirse este calendario, la renovación de los órganos de extracción estaría allanada justo antes de la elaboración de las listas electorales de los partidos en las ocho provincias andaluzas. Entre el 21 y el 26 de octubre, las formaciones políticas tienen que cerrar sus candidaturas a las generales.

Fuentes del PP aseguran que el adelanto de las legislativas no ha condicionado la decisión de Moreno de aprobar ahora los cambios de consejeros en la dirección de la RTVA y el resto de órganos. Desde el PSOE, sin embargo, sostienen que se ha precipitado la negociación entre PP y Vox “por si el resultado de las generales no es el que esperan”, esto es, en previsión de que el 29N no alumbre un Gobierno de coalición de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal.

Otra mayoría absoluta del PP

La propuesta para el nuevo reparto de consejeros elegidos por los partidos en cada órgano de extracción parlamentaria se ha hecho a partir de una “división proporcional”, según el número de diputados que cada grupo logró el 17M: cuatro consejeros para el PP, dos para el PSOE, uno para Vox, uno para Adelante Andalucía y uno para la coalición Por Andalucía, explican fuentes parlamentarias.

Los socialistas no están de acuerdo con esa distribución, porque con 28 diputados les corresponde un sillón más que a Por Andalucía, que ocupa cinco escaños. Pero las fuerzas conservadoras tienen mayoría en el Parlamento.

Esta distribución de sillones implica que los de Moreno pierden la mayoría absoluta que tenían en dichos órganos la pasada legislatura, aunque la conservarían si se suma al consejero de Vox. Los populares tienen 53 escaños [la absoluta son 55] y han perdido así el peso decisivo en los órganos de extracción parlamentaria del que disfrutaron en el mandato anterior, cuando tenían 58 diputados, aunque cabría la posibilidad de que sus socios de Vox exijan un miembro más en su cuota.

Sin embargo, el pasado mes de julio, el pacto de Gobierno PP-Vox incluyó una reconfiguración de la Mesa del Parlamento andaluz. Entonces la ultraderecha optó por quedarse con un solo asiento y no reclamó uno más, dejando así que el PP siga disfrutando de una mayoría absoluta en el órgano que controla los tiempos y las prioridades del debate político en toda la legislatura.

La decisión de activar ya la renovación de los órganos de extracción, sobre todo el Consejo de la RTVA y el Defensor del Pueblo andaluz, emana directamente del presidente de la Junta y líder del PP-A. Los candidatos que van a dirigir ambas instituciones necesitan una mayoría de tres quintos de la Cámara para salir adelante, de modo que precipitar la renovación justo antes de las elecciones generales lleva a pensar que PP y Vox ya han cerrado un acuerdo tanto sobre el reparto de sillones como de los nombres para la dirección de Canal Sur, el Defensor del Pueblo, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Transparencia.

Los socios de Gobierno, que suman 68 de 109 diputados, ya cuentan con la mayoría de tres quintos necesaria para imponer a sus candidatos, aunque los grupos de izquierdas los rechacen en la votación del Pleno. Lo habitual es que los grupos acuerden previamente un pacto de no agresión respecto al nombre de los consejeros, que son votados por toda la Cámara. Pero el candidato a director general de la RTVA y para Defensor del Pueblo Andaluz se decide en una votación aparte, y ahí sí puede haber una fractura entre las derechas y las izquierdas.

En la pasada legislatura, hace apenas un año, PP y Vox iniciaron una negociación para renovar al director de la Oficina Antifraude del Parlamento y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que llevaba dos años en funciones. La Cámara aprobó el nombramiento del juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano -expresidente de la Audiencia de Córdoba- como nuevo director de la Oficina Antifraude, pero en el último momento el PP retiró en nombre de su candidata a la Defensoría, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, porque no contaba con el respaldo de Vox. La ultraderecha acusa a Cruz Roja y otras ONGs de colaborar con las mafias en el traslado de inmigrantes usando “taxis patera”.

La coalición Por Andalucía, que pilota el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, va a registrar el 'decreto Maricarmen' en el Parlamento andaluz para someterlo a votación en un Pleno, a través de una proposición no de ley, con el objetivo de “retratar” al PP de Juanma Moreno y al resto de grupos.

La confluencia de izquierdas traslada así las reivindicaciones de las manifestaciones en defensa de la vivienda a la Cámara andaluza, metiendo de lleno al Gobierno de Moreno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Así, el Parlamento autonómico reabrirá un debate sobre una competencia exclusiva de la Junta, apenas nueve meses después de aprobarse la Ley andaluza de Vivienda, con los votos de PP y Vox, con una propuesta política diametralmente opuesta a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El objetivo de Maíllo es aprovechar el foco nacional de las movilizaciones por la vivienda y la convocatoria electoral para reabrir ese debate en la Cámara andaluza, apenas cuatro meses después de las elecciones que dieron una victoria rotunda a Juanma Moreno.

El diputado y líder del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, ha recordado este miércoles que las competencias sobre vivienda están en manos de las comunidades y que la intención de su grupo es comprometer al presidente andaluz en un debate nacional impulsado por las movilizaciones masivas de este fin de semana y las acampadas en plazas de todo el país.

“Nosotros no hemos reabierto el debate sobre vivienda, lo ha abierto la calle. Lo ha abierto la Plaza de la Encarnación, Maricarmen y las protestas en Madrid”, ha dicho Alba, al ser preguntado por la iniciativa de su grupo. Los decretos de vivienda que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, tras el anuncio de disolución de las Cortes de Pedro Sánchez, contemplan algunas medidas que ya aparecen en la Ley estatal de Vivienda y que el PP de Moreno ya ha rechazado frontalmente, y que no ha aplicado en Andalucía.

La prohibición de los desahucios, el tope a los precios de alquiler, las limitaciones al alquiler por temporada y por habitaciones, la asistencia legal para inquilinos por “rentistas avariciosos” o prohibir pisos turísticos en zonas tensionadas y revisar las licencias que ahora están en vigor (unas 95.000 en Andalucía).

El Gobierno de Moreno no ha declarado las zonas tensionadas, a pesar de que Sevilla, Málaga y Cádiz concentran los mayores problemas de acceso a vivienda y precios disparados de alquiler, en parte, por el impacto del turismo en estas ciudades. El voto de PP y Vox al 'decreto Maricarmen' en el Parlamento andaluz es previsiblemente de rechazo. Hace cuatro meses Andalucía fue a las urnas, con una participación histórica en unas autonómicas (64%), y dieron una victoria rotunda al PP de Moreno, 11 puntos por encima del PSOE, aunque perdió la mayoría absoluta por dos escaños, obligándole a formar un Gobierno de coalición con la ultraderecha.

“La gestión de la vivienda tiene ideología de fondo. Queremos llamar la atención para que Moreno no mire para otro lado, para subrayar que él tiene las competencias en materia de vivienda”, ha subrayado Alba, que también ha defendido la convocatoria de la huelga general por parte de los sindicatos CCOO y UGT.

Preguntado por las palabras de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, que este martes aseguró que esta huelga general es “inédita” porque “va contra la oposición por derribar los decretos de vivienda”, Alba ha matizado que esta huelga “nos interpela a todos, pero a unos más que a otros”. “La movilización interpeló al Gobierno para que llevara los decretos de vivienda, que es un acuerdo de mínimos para que la gente pobre viva un poco mejor; y también interpela a la oposición que lo ha rechazado”.

Puentes rotos con Adelante Andalucía

Alba también ha hablado de las candidaturas de izquierdas en las generales, constatando que no hay visos de entendimiento para unificar el voto progresista entre el Frente Amplio, que aúna a IU, Sumar, Más Madrid y otros partidos, y la coalición Adelante Andalucía. La formación soberanista andaluza que hoy pilota José Ignacio García fue la gran sorpresa en las autonómicas hace cuatro meses, cuando cuatriplicaron su resultado y triplicaron el número de escaños, de dos a ocho. Adelante sorpasó a la otra izquierda, de Por Andalucía, y a Vox en dos provincias.

García ya ha confirmado que se presentarán en solitario a las generales, en las ocho provincias, y ha descartado cualquier tipo de alianza para concurrir juntos, ni en las listas al Congreso ni en el Senado. Preguntado por esto, el líder del PCA ha sido muy duro: “Adelante Andalucía ha dejado claro que no es capaz de estar en un frente amplio para mejorar la vida de los trabajadores. Este objetivo que ellos han declarado es compatible con que se presenten solos [a las generales]. No. Entonces no hay tanta ambición histórica, están engañando a la gente”, ha asegurado.

El Gobierno central transfirió desde 2022 más de un centenar de millones de euros para que la Junta de Andalucía pusiese en marcha el Bono de Alquiler Joven, un programa del que se beneficiaron miles de menores de 35 años –la cifra no está formalmente cerrada todavía– pero que se convirtió en todo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz: se acumularon enormes retrasos en los pagos, lo que llevó incluso a que la Cámara de Cuentas fiscalizara lo ocurrido. Ahora, en pleno temporal social y político por la vivienda y pese a las críticas lanzadas en su momento a este programa, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), ha anunciado la puesta en marcha de unos incentivos que son un calco.

Lo ha hecho en su intervención en la sesión de control en el Parlamento en respuesta a la portavoz socialista, María Jesús Montero, subrayando que los beneficiarios podrán recibir hasta 6.000 euros (250 euros al mes durante un máximo de dos años), para lo que se destinarán 24 millones de euros que incluyen fondos estatales y autonómicos. Los aspirantes podrán destinar esta ayuda para el alquiler de una vivienda o habitación, y se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada.

Teniendo en cuenta la partida presupuestaria anunciada, los incentivos llegarán a un mínimo de 4.000 jóvenes en el caso de que éstos consigan el máximo de 24 meses consecutivos. La última convocatoria del Bono de Alquiler Joven se abrió en enero de este mismo 2026, al transferir el Estado 34,2 millones de euros adicionales que se sumaron a los 68,4 millones anteriores para ayudas repartidas en dos tandas desde 2022. El Gobierno andaluz cerró el plazo en junio al alcanzar las 15.000 solicitudes, cuya tramitación todavía no ha concluido.

Límites de renta

Los requisitos para aspirar a la convocatoria que se lanzará en 2027 son los vigentes hasta ahora: tener entre 18 y 35 años (ambos inclusive) al presentar la solicitud y contar con unos ingresos anuales marcados por el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Así, si se trata de una persona sola, no deberá ganar más de tres veces el Iprem –21.600 euros anuales en 12 pagas, un sueldo de 1.800 euros–, tope que se eleva a cuatro veces el Iprem en el caso de una unidad familiar, es decir, unos ingresos de 2.400 euros mensuales.

Otras condiciones que también se mantienen es que la vivienda o habitación debe constituir la residencia habitual y permanente del solicitante, además de que debe existir contrato de arrendamiento o compromiso de formalizarlo. Los principales cambios vienen en cuanto a los límites de renta del alquiler, que para una vivienda completa serán entre 600 y 1.000 euros al mes en función de la localidad (hasta ahora el tope estaba en 900) y para una habitación oscilarán entre 300 y 600 euros mensuales, cuando en las anteriores convocatorias estaba en 380 como máximo.

El Bono de Alquiler Joven fue un programa lanzado por el Gobierno central en 2022, que ponía para ello los fondos mientras que las comunidades autónomas se encargaban de la tramitación. La Junta de Andalucía fue especialmente crítica con el sistema, al que puso todo tipo de pegas: exceso de burocracia, falta de una herramienta informática estatal, poco margen autonómico para modificaciones, tiempos de entrega de la financiación...

“Se ha hecho mal y tarde”

En su primera convocatoria, el Ejecutivo andaluz acumuló tal retraso en la concesión de las ayudas –muchos jóvenes recibieron el dinero hasta año y medio tarde– que hasta se constituyó una plataforma de perjudicados, algunos de los cuales acabaron llevando su caso ante los tribunales. “En eso nos hemos equivocado”, acabó admitiendo el presidente andaluz ante la dimensión que adquirió una cuestión que “se ha hecho mal y tarde”.

En la sesión parlamentaria de este jueves, la líder socialista, María Jesús Montero, ha apuntado con respecto al anuncio de Moreno que “cuando copia al Gobierno de España, acierta”. Eso sí, le ha recordado que “las ayudas al alquiler no sólo hay que presupuestarlas”, sino que “hay que ejecutarlas”, sentido en el que Andalucía fue “la última comunidad autónoma que ejecutó las ayudas al alquiler para jóvenes del Gobierno” central.

El problema generado por la gestión de la Junta de estas ayudas llevó incluso a que la Cámara de Cuentas analizara lo ocurrido en un informe. Esta fiscalización afeó la falta de eficacia de la consejería e incluso problemas estructurales de planificación, denunciando aspectos como la baja ejecución de los fondos y, sobre todo, retrasos muy elevados en la resolución. Esta situación originó la presentación de 24 quejas ante el Defensor, 386 recursos de reposición y 94 sugerencias y reclamaciones.

Nuevas ayudas y herencias entre hermanos

Con vistas a esta nueva convocatoria, desde la Consejería de Vivienda se resalta que es una iniciativa que se une a los tres nuevos programas de ayudas ya anunciados para facilitar el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias numerosas. En concreto, están dirigidos a jóvenes de hasta 40 años, a familias numerosas y al alquiler con opción a compra para jóvenes, que permitirá descontar del precio final de adquisición el 100% de las rentas abonadas previamente. Cada una de estas convocatorias estará dotada con 25 millones de euros procedentes del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía.

Asimismo, el presidente andaluz ha anunciado este jueves que la Junta bonificará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para heredar la vivienda familiar entre hermanos. Así, cuando una persona herede la vivienda familiar de su hermano y sea su hogar habitual, tendrá una bonificación del 99%.

Un año después, la versión oficial la Junta de Andalucía sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama es que hubo un error en el protocolo que afectó a 2.317 mujeres, incidiendo en que no se contemplaba la obligatoriedad de informar a las mujeres con resultados no concluyentes. Una respuesta a la que se unió la puesta en marcha de un plan de choque, cambios en ese protocolo y el cese de varios cargos. Entre ellos, el del exjefe de Radiodiagnóstico que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Las explicaciones son insuficientes para la oposición para el Parlamento andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer: piden saber qué recursos había disponibles, cuál era la carga asistencial y dónde están las listas de espera para analizar el error estructural.

En un segundo intento, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se unieron el pasado día 23 y presentaron una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama. A esta propuesta, Vox manifestó su rechazo aunque antes de las elecciones y de formar parte del Gobierno andaluz había mostrado su apoyo y, por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tachó de “ridículo” el comportamiento de las izquierdas, refiriéndose en comisión parlamentaria al “fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias”. Sin embargo, el responsable del PP obviaba dos cuestiones: la vía penal interpuesta por los partidos ha sido archivada mientras más de 200 reclamaciones patrimoniales de las pacientes afectadas proseguirán su camino hacia lo contencioso-administrativo ante el silencio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras quedan dudas sin resolver.

“Hemos pedido que se amplíe la información: número de mujeres por provincias, cómo están funcionando las unidades de mamografía, cuáles son los tiempos de espera”, exige Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, en declaraciones a este medio. También, añade, han pedido saber “si se ha detectado cáncer de mama en algunas de las mujeres, qué protocolos de urgencia aplicarían en ese caso para atender con la máxima celeridad a esas mujeres, y qué profesionales van a contratar en cada una de las 32 unidades de mama andaluzas”. Lo que más preocupa, resalta, es “solucionar rápidamente el problema y dar certidumbre a las personas afectadas”.

“No han respondido a todas” las demandas

Sin embargo, “no han respondido a todas” estas demandas. La asociación forma parte del Plan Asistencial del Cribado de Cáncer de Mama y estuvo presente en las tres reuniones que se han celebrado hasta la fecha de la comisión de seguimiento de la crisis que activó la Consejería de Sanidad, con quien califican el diálogo como “fluido”. Aun así, Cantero subraya: “Siempre hemos pedido transparencia, responsabilidad y generar confianza en las mujeres andaluzas sobre los cribados y la importancia de la detección precoz del cáncer”. En esta línea, demandan que Andalucía se integre en los programas internacionales de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en su totalidad, como ya ha empezado a hacer con el cáncer colorrectal.

Por ello, las reclamaciones las concentra Cantero en que la Asociación participe como agente externo en la Ponencia de Cribados de la Comisión interterritorial, así como poner a disposición de las autoridades administrativas la herramienta Más datos Cáncer “para volcar los datos de los programas de cribado”, ya que, frente a las negligencias del sistema, han detectado desconfianza en muchas mujeres a la hora de participar en los cribados considerando que “podría ser ineficaz”, aunque trabajan mano a mano con las pacientes, las familias y la sociedad civil para “ofrecer una atención más humana e integral que cubra sus necesidades”.

En la cara opuesta, Amama resolvió levantarse de la segunda reunión organizada en el comité de seguimiento después de que se les pidiera firmar una orden de confidencialidad. En un continuo tira y afloja, las relaciones con la Junta se han terminado por empantanar, ya que observan que hay un rechazo continuo a sus peticiones para aclarar qué sucedió para que 2.317 mujeres fueran afectadas y se produjera, según han constatado, la muerte de siete mujeres a causa del desarrollo del tumor por el fallo sanitario.

La resolución del Defensor ante la “parquedad de información”

Quien también reclamaba más explicaciones ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. Jesús Maeztu abrió una investigación de oficio tras el estallido social, haciendo un primer requerimiento al Ejecutivo autonómico en octubre. No obstante, el informe remitido por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue tachado como “claramente insuficiente”, motivo por el que el Defensor salió ante los medios de comunicación para criticar el silencio del Gobierno de Juanma Moreno. En marzo de este año declaraba que “no se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Siete meses después, el equipo de Maeztu publicó una resolución que pasó de puntillas en mitad de las elecciones autonómicas. Este documento refleja que las actualizaciones pedidas nunca llegaron y se insiste en que la respuesta no satisface los requerimientos solicitados para analizar el alcance y las consecuencias de la crisis del cribado.

¿Qué evitó responder la Junta? La resolución señala que la Consejería de Sanidad y el SAS no informaron sobre cómo funcionaba el protocolo que estaba vigente. Tampoco en lo relativo a si el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ajustaba a este protocolo o no y qué razones llevaban a aplicar una resolución u otra. Además, se rechaza dar los datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera y no aclaraba el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado antes de que en octubre se pusiera en marcha la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz a raíz de la alerta sanitaria.

“La parquedad de la información recibida no impide a esta institución formar un recto juicio, ni renunciar a la salvaguarda del derecho a la protección de la salud de las mujeres, que hacemos valer tanto reflejando las deficiencias constatadas como el mismo hecho de no haber llegado a poder desvelar su causa”, asesta la resolución de mayo.

La Unidad de Radiología trabajó al 170% de su capacidad

Entre las conclusiones, se da cuenta de la plantilla que había en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, única entidad que remitió información en abril de 2026. “En octubre de 2025, se disponía de 6,3 facultativos en la Unidad de Radiología de Mama y la plantilla ha pasado de 5,3 puestos efectivos a 8,3 puestos efectivos en la actualidad, además de haber sido contratado personal técnico en número de 4 y 1 administrativo de apoyo a la Unidad”.

A renglón seguido, el Defensor subraya que “la suficiencia o insuficiencia de estos recursos de personal solo puede ser evaluada en función de la demanda, obviamente”. Ahora bien, a la luz de los datos facilitados, da la siguiente relación.

“Los facultativos disponibles en octubre de 2025 trabajaron durante dos meses al 170% de la actividad normal para resolver todos los retrasos; en diciembre de 2025 un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa de cribado tuvieron que ser derivadas al concierto externo; incluso tras el actual refuerzo de personal, la Unidad ha tenido que ser dotada de más continuidades asistenciales por semana para el equipo que la integra”. Pese a que hay quejas registradas a causa de la crisis del cribado desde las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Málaga, solo este centro hospitalario contestó al requerimiento del Defensor.

“Un fracaso”

“Lo acaecido ha supuesto un cuestionamiento del funcionamiento del Programa de Detección Precoz y la desconfianza en su eficacia”, señala, “un fracaso en una importante línea de trabajo dentro de las estrategias de salud pública, que puede llegar a producir efectos colaterales o secundarios si desincentiva la participación, con nefastas consecuencias personales, sanitarias y sociales”. A ello, se apunta que “con estos signos de advertencia” resulta “difícil comprender la tendencia a ampliar cada vez más el arco etario [el aumento de la franja de edad] del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin contar con la garantía de su correcto cumplimiento”.

Asimismo, la resolución ahonda en que lo que se cuestiona en la crisis de cribado no es la pericia o negligencia de los profesionales encargados del estudio, sino “la suficiencia de los medios dedicados a posibilitar el correcto funcionamiento del Programa, y si el infradiagnóstico vinculado a la insuficiencia de recursos sanitarios ha supuesto una pérdida de oportunidad en la protección del derecho a la salud”. Es decir, ante el plan millonario que anunció la Junta, ¿qué garantías hay de que se reviertan los errores ocurridos si no se dan cuenta de ellos?

Lo deseable: “Afrontar una crisis con decisiones humanas”

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en el tratamiento humano hacia las pacientes y la vía judicial en la que ahora están embarcadas a causa de la estrategia que ha emprendido la Junta: “En el escenario más doloroso de las mujeres que han determinado depurar responsabilidades, hubiera sido deseable una Administración sanitaria cuyos responsables hubieran sido capaces de afrontar una crisis como la acaecida con decisiones compasivas y humanas, acordando de oficio la iniciación de los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial”.

Así, el Defensor concluye con cuatro recomendaciones, entre las que destaca la implantación de un programa con “un sistema uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática”. Asimismo, pide dotar dotar “de medidas de refuerzo” para atender adecuadamente a las pacientes y cumplir con los plazos. Una resolución, en todo caso, parcial ante respuestas incompletas.

Miedo, ansiedad, dolor. Ansiedad. La ansiedad que no quería despertar el presidente andaluz Juanma Moreno ha trastocado la vida de Ángela Claverol, presidenta de Amama, la asociación que destapó la crisis de cribado de cáncer de mama ahora hace un año. Un seísmo en la sanidad pública andaluz que dejó al descubierto las fallas de un sistema del que, hasta en dos ocasiones acreditadas, se había alertado de la falta de personal para atender a las 2.317 mujeres que, según los datos oficiales de la Junta, quedaron expuestas. Pero, la credibilidad ha quedado en entredicho y la oposición busca una comisión de investigación para la que el PP aún no está preparado.

Claverol, que ha sido una de las caras visibles de esta contienda mediática, legal y social, recibe a este medio una hora antes de que se presente en la casa del pueblo andaluz la iniciativa apoyada por PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, y a la que se esperaba que se uniera Vox, como les habían prometido. Aunque su tono es sereno, deja que cada una de sus palabras caigan en mitad del silencio. “Algunas nos moriremos en el camino”, acusa ante el largo camino judicial que ha abierto el Gobierno andaluz, pese a reconocer la negligencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para así evitando la negociación de indemnizaciones individuales.

Un año después, hay 2.317 expedientes con retrasos y 23 tumores detectados tras la revisión interna de la Junta. Pero Amama sigue reclamando transparencia e información, estudia los casos y estima que hay hasta siete fallecidas a causa de la crisis del cribado. Inmaculada González, Carmen Ríos y Purificación Fernández fueron las tres primeras víctimas constatadas por la asociación de una lista que se alarga.

Se cumple un año desde que se destapó la crisis de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Con la vuelta del curso político, ¿han recibido algún tipo de información nueva sobre lo que sucedió o han aclarado los protocolos?

Somos usuarias diarias de los hospitales con más de 700 socias, así que sabemos que los protocolos que, se supone, pusieron en marcha [bajo la denominación] del acto único no se están cumpliendo. Por ejemplo, a una compañera de la Junta Directiva le han tardado tres meses en darle un diagnóstico y tenía un BI-RADS 3. Con lo cual, el problema sigue. Hay chicas para que le detecten un cáncer han tardado más de dos meses.

El acto único fue un panfleto publicitario con el que iban a arreglar todo. También, están tardando las citas con los oncólogos, radiólogos... A fecha de hoy, no dijeron qué pasó: tú no puedes arreglar algo si no sabes lo que ha pasado. No creo que no dijeran qué ha pasado porque quieran esconder algo, sino que, creo, firmemente, que no saben lo que pasó. Dónde fallaron y dónde no. Lo que intentaron fue taparlo.

Un año después, ¿se ha retomado el diálogo con la Consejería de Sanidad? Teniendo en cuenta que se levantaron de las mesas, algo que también se les ha criticado duramente.

Nosotras no nos levantamos de la mesa en la primera reunión con el consejero Antonio Sanz, pero no conseguimos que nos hiciera caso, decía que le dejáramos trabajar. Lo que querían era, de alguna manera, callarnos, mientras nosotras decíamos que cada vez había más mujeres. En la segunda reunión de los cribados, nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad solo a Amama.

Entonces, vimos que cuando yo intentaba intervenir, no nos escuchaban... Cualquiera se levantaría de la mesa. Pueden criticar lo que quieran, pero la realidad es una, no hay otra. Y no, no ha habido más diálogo. Luego dijo Juanma Moreno que había intentado hablar con nosotras: eso es una mentira. Este señor no se ha dirigido personalmente a nosotras en la vida. Con lo cual, entendemos que debemos importarle bien poco.

¿Han aumentado las muertes registradas a causa del cribado?

Hay siete mujeres fallecidas por el cribado. Siete parece un número pequeño, pero a mí me parece terrorífico. Inmenso. Esas siete mujeres tenían maridos, hijos, familia..., que las querían, que ellas querían. Pero por no prestarles el auxilio de un BI-RADS 3 o haberles hecho una prueba complementaria, esas señoras han fallecido. No han fallecido por el cáncer, no, han fallecido porque las diagnosticaron muy tarde y ya no tenían arreglo. Es que eso no tiene ni nombre. Cada uno que se ponga la mano en el pecho y piense que sea su madre, su hermana o su hija.

En cuanto al cauce judicial, se contabilizaba hasta mayo unas 166 reclamaciones patrimoniales interpuestas. ¿Han aumentado? ¿Cómo sigue el proceso?

Presentadas hay alrededor de 200 y tenemos otras 40 o 50 en proceso. En muchos casos han conseguido lo que querían: que estas mujeres se aburrieran en el camino o prestaran más atención a su enfermedad. A fecha de hoy, no han resarcido a ninguna. Todas las reclamaciones patrimoniales están cumpliendo los plazos de seis meses que tienen y no contestan, con lo cual entendemos que les importan un rábano. Ya lo dijo Antonio Sanz en una entrevista, “que vayan a juicio, que tienen todo el derecho del mundo”.

Pero esto no se trata de derecho. Esto se trata de que ellos reconocieron públicamente un fallo en las mamografías del cribado y, si tú reconoces un fallo, tendrás que arreglarlo. Pero no. Vamos a dejarlas ahí, que en vez de llegar las 250, se mueren o se aburren. Menos pagan ellos. Al final, las mujeres andaluzas somos dinero.

Si piensas en el cribado de cáncer de mama como dinero, les sale a cuenta. Los juicios se están poniendo en Sevilla para 2030 o 2031... Se habrán muerto algunas

Las reclamaciones continuarán aún así.

Van a seguir, se pongan como se pongan. Nosotras no fuimos nunca por la parte penal. Las reclamaciones patrimoniales es un derecho que tienen las mujeres y nuestro abogado continúa presentándolas. Aunque, fíjese, el SAS está poniéndole difícil a nuestro abogado pedir un informe de síntesis. Es patético.

¿Lo están poniendo difícil?

Sí. Tienen unos plazos para cumplir y contestar con los informes de síntesis de una mujer. Pero hay que reclamárselo una y otra vez. ¿Qué más nos van a hacer? Atrasarlo todo hasta que te aburras en el camino o te vayas muriendo, ¡si yo lo entiendo! Si piensas en el cribado de cáncer de mama como dinero, les sale a cuenta. Los juicios se están poniendo en Sevilla para 2030 o 2031... Se habrán muerto algunas. Fíjese lo duro que es esto. Desde el punto de vista humano, facilita todo esto.

Como pedía el abogado de la asociación, que se estudiara caso por caso y se indemnizara, ¿verdad?

Es tan fácil como indemnizarlas. Tienen los expedientes. Digo yo que tendrán más de un abogado en el SAS. No les interesa el tema, pero habrán recibido esa orden. Algunas nos moriremos en el camino, pero no nos vamos a aburrir.

En el caso de Anabel Cano, fue la primera que denunció y empezará la vía de lo contencioso-administrativo. ¿Cuál es la expectativa?

A Anabel le pasa una cosa como a todas las mujeres del cribado y a todas las mujeres oncológicas del cáncer de mama: tiene un cáncer avanzado, ha tenido quimioterapia, inmunoterapia, todos los tratamientos posibles, y le ha dejado unas secuelas impresionantes. ¿Cómo está? Hecha polvo. El otro día me comentaba: “Va a hacer un año, Ángela, me están llamando los medios de comunicación”, y le dije, “a mí también”. Y me dijo, “no puedo decir que estoy bien, cada vez estoy más frustrada y desesperada”.

No es un tema que hayan arreglado, pese a los planes de choque. Yo sé cuántos oncólogos hay en mi hospital de la Macarena. ¿Cuántas salas de oncología? Si hubieran puesto más oncólogos, digo yo que habría más salas, ¿no? ¿O meterán a todos en la misma? Me hago mis ecografías y resonancias, y están los mismos. Pero nosotras no tenemos nada contra los oncólogos, radiólogos y médicos y enfermería. Hablamos con ellos y nos dicen que no es verdad, que no han metido gente. Pues, ¿cómo están todas las mujeres del cribado? Frustradas, desesperadas, hartas.

¿Se ha roto la confianza en el servicio?

Se ha roto la confianza en el Gobierno andaluz. Nosotras tenemos la confianza en los oncólogos, pero se ha roto la confianza en un Gobierno al que no le importamos las mujeres.

Fui al oncólogo en marzo, me mandó doble ecografía por mi doble mastectomía y tardó cinco meses. Si yo hubiera recaído y el cáncer vuelve de forma agresiva, estás muerta. ¿Sabes lo que han generado en toda la comunidad de cáncer de mama y los pacientes oncológicos en general? Una ansiedad y una incertidumbre... ¿No dijo que quería evitar la ansiedad? Pues ha conseguido que vivamos con más miedo todavía, porque no ha arreglado la sanidad pública ni el canal preferente para los pacientes oncológicos. Ellos tienen muchos millones de euros para tapar lo mal que lo están haciendo, pero Amama no tiene ni un duro en publicidad, lo queremos para investigación.

Se han dedicado todo este tiempo a amenazarnos, a menospreciarnos, a llamarnos mentirosas, a utilizar noticias como la del archivo de la Fiscalía cuando Amama nunca fue por la vía penal. Siempre fuimos por la administrativa, pero, fíjate, lo que intentan es utilizar las noticias para menospreciar a las mujeres con cáncer de mama y las de Amama y quedar como que 'han ganado'. Pero esto no es una lucha. En el cáncer no se gana nunca.

Ni a mí ni a una ciudadana de a pie le sirve que destituyan a una consejera, a un jefe de radiología... Si lo destituyes, será por unos motivos, ¿por qué no hablas de esos motivos?

Habla del archivo de la Fiscalía y me gustaría preguntarle por el archivo sobre el falseamiento de los historiales clínicos. ¿Lo hubieran enfocado de otra manera?

Nosotras sí teníamos las pruebas de mujeres que les aparecía el BI-RADS 3 y luego les desapareció, pero no pudimos probarlo. Esto es la lucha de David contra Goliat: mujeres sin recursos contra todo el aparato de dinero de la Junta de Andalucía. Pero no hemos perdido ni las esperanzas ni las ganas. ¿Qué esperamos de la Junta? Que salga adelante la comisión de investigación para saber qué ha pasado. Cuando detentas el poder y te importan muy poco los ciudadanos, se transforma todo en política. Dijeron que nos pagaba el PSOE o Izquierda Unida, y a nosotras nunca nos ha pagado nadie.

Nos hemos acercado con todo aquel que ha intentado ayudarnos sin importar el color político. Estuvimos reunidas con Vox y antes de las elecciones nos dijeron que apoyarían una comisión de investigación. Volvimos a llamar después de las elecciones, pero, si te he visto, no me acuerdo. Eso lo que nos demuestra es que ellos solo quieren el poder y la política, aunque no hablo solo de ellos, pero me refiero a ellos porque ahora están en la Junta de Andalucía.

¿Cree que Vox apoyará la comisión de investigación que hoy presentan en el Parlamento de Andalucía junto a PSOE, Adelante y Por Andalucía? [Esta entrevista fue realizada unas horas antes de que el grupo de ultraderecha retirara su apoyo].

A mí, personalmente, junto con la secretaria de Amama, nos dijeron que sí la iban a apoyar. Espero que la apoyen, porque es importantísimo saber qué ha pasado.

Porque del PP no esperan un cambio de postura.

A ellos se les vería la ropa que tenían tendida. Pero Vox, si les queda un poquito de decencia tras la foto que nos hicimos y lo que nos dijeron, espero que la apoyen. ¿Sabes una cosa? Las mamografías del cribado, y todo lo que pasó y todo lo que tenga que pasar, no tiene color político. Da igual que seas de Vox, de Izquierda Unida, del PSOE, de Adelante Andalucía o del PP: las mujeres andaluzas podemos ser de lo que nos dé la gana.

Pero eso no tiene nada que ver para que se hagan las cosas bien y que se investiguen a fondo. Ni a mí ni a una ciudadana de a pie le sirve que destituyan a una consejera, a un jefe de radiología... Si lo destituyes, será por unos motivos, ¿por qué no hablas de esos motivos? A mí me hubiera dado igual que la dejaran [en referencia a la exconsejera de Sanidad]. Espero que esa comisión salga adelante.

Hablando de destituciones, el exjefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell, ya avisó en 2023 que había una sobresaturación en el sistema y no se podía asumir la carga por falta de personal.

No creemos que el problema fuera del jefe de Radiodiagnóstico porque avisó en dos ocasiones a la Junta de Andalucía de los miles de mamografías que había pendiente, no solo del cribado, sino de lo demás. Quien tenía que haber pagado las consecuencias de ese error es el gobierno de la Junta de Andalucía. No un señor, que, por más que avise, no le hacen ni puñetero caso.

Cuando nosotras vamos a los hospitales nos dicen que están descontentos, porque ellos avisan, hay un montón de noticias, como ha ocurrido con los reactivos caducados. Avisan de que faltan médicos, oncólogos, que las urgencias están saturadas, si no les hacen caso, ¿por qué lo destituyes? Muevo esto, lo otro, y a otra cosa, mariposa.

El único responsable político es el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No sé cómo puede dormir por las noches. Yo no podría

¿Ustedes han podido hablar con Javier Castell en este tiempo?

No, no hemos hablado con él, sino a través de otra persona. Todos los facultativos nos apoyan. Pero es triste, porque cuando un médico levanta la voz, enseguida lo destituyen o lo cambian, y yo también entiendo que tú no quieras perder tu puesto de trabajo, hay hijos, tienes familia. El único responsable político es el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No sé cómo puede dormir por las noches. Yo no podría.

Quisiera volver al punto sobre el plan de choque de la Consejería de Sanidad. Se aprobó la obligatoriedad de informar y, por otra parte, se preveía ampliar las edades del cribado. ¿En esto tampoco diría que ha habido avances?

Todavía no conocemos a nadie que, con el tema de la ampliación de la edad, las estén llamando. Entiendo que tienen un serio problema dentro del SAS. Las personas que manejan esos datos, o no saben, o no quieren, o no es una noticia estupenda como poner wifi y capellanes, pero no conocemos a gente, en persona, que se le esté haciendo el acto único, que tengan la edad y la estén llamando. Sí hay facultativos que nos dicen que, más allá de un puesto, no han ampliado plantillas. ¿Tienen dinero? Lo que ha salido ahora es un contrato de 14 millones de euros para privatizar la mamografía del cribado.

El consejero Sanz afirmó que era un contrato dedicado a las unidades móviles.

Pero al haberlo privatizado y no haber comunicación ni entre la unidad móvil, ni el hospital ni las mujeres... ¿Por qué no pone los 14 millones en más máquinas, más radiólogos, más cirujanos, más oncólogos? Mete el dinero donde tiene que estar, en la sanidad pública. Entendemos que este partido está acomodado en un capitalismo feroz, pero es contra los ciudadanos. Si ya tuvimos problemas con las mamografías del cribado cuando las privatizaron, pues, si lo siguen haciendo, blanco y en botella. Nos da miedo, porque nosotras en la sanidad pública sí confiamos, y en nuestros oncólogos, en nuestros radiólogos y en nuestros enfermeros. En quien no confiamos es en la gestión del SAS.

A lo largo de este año, ¿cómo ha sido la actividad de Amama?

Este año ha sido terrible. Muy duro. Desde hace 31 años esta asociación se dedica a sostener y asistir a las mujeres con cáncer de mama, pero ha creado una ansiedad bestial. Hemos recibido muchísimas llamadas: “Ángela, no me llaman de oncología, ¿qué hago?”. Las avisaba: “Pon una reclamación por escrito”. Importante, ¿por qué no publican las reclamaciones por escrito? ¿Por qué no publican las listas de espera?

Esto ha creado una sensación, tanto en Amama como en la población, de desconfianza bestial en la gestión, no en los profesionales. Ha sido bestial luchar sin cuartel tanto para mí, como para toda la Junta Directiva y para todas las mujeres de Amama. Hay algo maravilloso en Amama, que, cuando una se mueve, vamos todas. A nivel emocional, ha sido muy triste, porque tú crees que le importas a quien está gobernando.

En julio de este año seguíamos recibiendo llamadas de mujeres que creían que eran de la crisis del cribado

La mayor parte de los casos se dieron en Sevilla, en un 90% en el Hospital Virgen del Rocío...

Tenemos mujeres en toda Andalucía, aunque ellos quisieron focalizarlo en un sitio. Estaremos enfermas, pero la cabeza nos funciona. De hecho, se ha creado la Federación Andaluza de Asociaciones de Cáncer de Mama con todas las presidentas de todas las ciudades, que además la presidencia la lleva Amama, y siguen pasando cosas. En julio seguíamos recibiendo llamadas de mujeres que creían que eran de la crisis del cribado. Por eso le decía que tenemos 40 o 50 casos que están en estudio, porque han seguido entrando por la nefasta gestión.

Así que puede seguir subiendo la cifra de 2.317 mujeres.

Ellos dijeron que era 2.317 y nosotras lo valoramos en más de 4.000 mujeres. No 4.000 mujeres que hubieran desarrollado cáncer de mama, por dios, sino aquellas que vivieron la ansiedad de descubrir que jamás las llamaron. Unas desarrollaron cáncer y otras no, pero siguen siendo afectadas del cribado por esta negligencia. ¿Esa ansiedad quién se las paga a ellas? Ocho meses para saber si tienes cáncer de mama.

Con respecto a las elecciones autonómicas, realizaron varias movilizaciones y el resultado final fue que el PP perdiera la mayoría absoluta, pero logró formar gobierno con Vox. ¿Le desalentaron los resultados?

Al revés, sentimos que habíamos despertado a mucha parte de la sociedad civil. No nos lo tomamos como un fracaso, sino como un triunfo porque se dieron cuenta de que la sanidad pública, gobierne quien gobierne, tiene que estar bien, si no, estamos todos vendidos. Le vuelvo a repetir, aquí en Amama hay mujeres de todos los partidos políticos, pero necesitamos la sanidad pública, más cuando a los pacientes oncológicos no nos cogen en ningún seguro privado.

Estamos hablando de cáncer de mama, pero para que el neurólogo viera a mi madre de 84 años han pasado nueve meses. Sigue pasando un año para que te vea el traumatólogo. No han arreglado nada, no pueden tapar lo que diariamente ve la sociedad civil. No hay cita con el médico de cabecera hasta dentro de dos semanas y me acuerdo todavía cuando solo se tardaba dos o tres días. ¿Qué ha pasado? La única manera de privatizar es cargarse la atención primaria, y este gobierno lo ha hecho, que es el único asilo que tenemos para acceder a especialistas. Así, aboco a la gente a que se haga un seguro privado para que los vean en una semana.

Para nosotras, fue alentador darnos cuenta de que podíamos incidir sobre la sociedad civil de una manera básica, hablando de salud pública. Hasta que no arreglen la sanidad pública no nos vamos a rendir y, si nos quedan otros cuatro años, vamos a seguir, y, si algunas ya no estamos, habrá muchas más detrás. Espero que se den cuenta de que la conciencia de la sociedad civil está por encima de los gobiernos.

¿Van a convocar alguna marcha con motivo del aniversario?

Hay una concentración el día 28 de septiembre en la plaza de la Contratación a donde vamos a acudir todas las feministas de Sevilla, con más de 53 asociaciones, ya que seguimos luchando por los derechos que nos han quitado, siendo uno de ellos la sanidad pública. Luego, el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pondremos mesas informativas por toda la ciudad.

Y, evidentemente, vamos al Parlamento para intentar que cualquier partido político y cualquier persona de la sociedad civil se dé cuenta de que los cribados no es una cosa de Amama. Nosotras no ganábamos nada. Al revés, todo esto nos ha costado dinero: en desplazamientos, un gasto emocional terrible, la salud de muchas de nosotras que no podíamos seguir el ritmo. Pero en los estatutos de Amama dice, “defender a cualquier mujer con cáncer de mama frente a cualquier cosa que la pueda adjudicar”.

¿Cómo ha sido estar en el foco mediático?

Nos ha pasado factura porque no estamos acostumbradas, algunas compañeras cayeron malas, pero había otras que estaban ahí. Aun así, yo tengo que dar las gracias a todos los medios de comunicación. Gracias a ellos conseguimos trasladar el grandísimo desastre que ocurrió y que sigue ocurriendo, porque no sabemos si está arreglado.

Pero nos puede más luchar por nuestra vida, que es la sanidad pública, antes que rendirnos. No nos dio miedo que la Junta de Andalucía nos amenazara con multas. Nos salieron por lo menos mil abogados para defendernos. Nos llamaron de toda España. Pero el problema de estar en el foco mediático es que, por ejemplo, en mi caso, utilizaran a mi propia hija. Eso me dolió mucho. Sigo viviendo en el mismo barrio, teniendo el mismo coche de 15 años, siendo pensionista. Yo no he sacado nada personal ni atacaría a nadie, jamás, que defiende algo como la sanidad pública. Aun así, seguimos adelante.

El único objetivo de Amama era alzar la voz para que cualquier mujer de Andalucía mirara su cribado de cáncer de mama y supiera si era un BI-RADS 3 y si le había hecho la prueba o no

Hace un año se publicó la noticia en la Cadena SER. ¿Cómo recuerda aquel día, aquellos momentos?

Aquellas primeras semanas fueron una debacle, porque Amama tampoco tiene una infraestructura adecuada para atender miles de llamadas. Fíjese lo bonito, que las propias afectadas que ya teníamos constatadas del cribado se pusieron a atender los teléfonos.

Yo tenía mucho miedo. Miedo que la gente se muriera, que las mujeres se murieran por no saberlo. El único objetivo de Amama era alzar la voz para que cualquier mujer de Andalucía mirara su cribado de cáncer de mama y supiera si era un BI-RADS 3. Luego aquellos se distorsionó con la política. Hicimos viajes a todas las provincias andaluzas para dar charlas de autoexploración... Hay gente que cree que Amama nació con el cribado cuando ya llevábamos 30 años dando charlas de concienciación, de prevención, con 700 socias y sostenimiento diario.

Fue durísimo. Me he acostado muchas noches llorando, muchas, muchísimas. Cada vez llegaban más mujeres del cribado y era una tragedia terrible lo que está estaba pasando. Luego nos dimos cuenta lo que había pasado, y más miedo teníamos.

Pero por fin lograron ese reconocimiento.

Pero no conseguimos que lo reconocieran de buena voz. Tuvimos que lanzar una campaña donde las propias afectadas del cribado contaban su historia por redes sociales. ¿Usted sabe lo que cuesta convencer a una mujer con cáncer avanzado para que se haga un vídeo, con el aspecto que tenemos en ese tiempo a causa de las quimioterapias, y cuente lo que le ha pasado? Cuando estás mal no tienes ganas de nada. Lo que pasa es que en Amama conseguimos algo muy bonito siempre: todas a una.

El PP señala a Cándido Conde-Pumpido como uno de los grandes riesgos para la democracia española y la separación de poderes. Enemigo número uno ya desde su época de fiscal general con José Luis Rodríguez Zapatero, hoy es un supuesto enviado de Pedro Sánchez para controlar el Tribunal Constitucional (TC), órgano que preside desde enero de 2023. Los de Alberto Núñez Feijóo tienen en su mano echarle. Podrían haberlo hecho hace meses, antes de la inminente sentencia sobre la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Pero han usado su mayoría absoluta en el Senado para lo contrario: mantenerlo en su cargo, al menos, un año extra.

La Constitución establece que los 12 magistrados del tribunal de garantías son elegidos, por tercios, por el Gobierno y las dos cámaras de las Cortes Generales. Cada organismo los designa por separado, teóricamente para favorecer una composición más plural. Pumpido forma parte de la terna que eligió el Senado hace ya una década, y desde diciembre del año pasado tiene su mandato caducado. Algo que él mismo ha denunciado. Están en su misma situación la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer, así como los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías.

La renovación de la cuota del Senado debería ser sencilla, a priori. El PP controla la Cámara Alta con mayoría absoluta, y solo necesita repartirse los nombramientos con el PSOE. Dos para cada uno, como marca la tradición bipartidista. El mecanismo establece que son los parlamentos autonómicos los que remiten sus propuestas, que luego deben pasar el tamiz del Pleno.

Pero la institución que preside Pedro Rollán ha ampliado una y otra vez el plazo. En junio, el Parlamento de Cantabria pidió una prórroga porque el 15 de septiembre, tres meses después, se celebraba la fiesta de la Virgen de la Bien Aparecida. Un motivo que la mayoría del PP en la Mesa del Senado dio por bueno, con el rechazo del PSOE.

El órgano de gobierno de la Cámara Alta planteó entonces una nueva fecha tope para que las cámaras autonómicas envíen sus nombres: el 30 de septiembre. A dos semanas de esa fecha, el Parlamento de Andalucía, controlado por PP y Vox, ha pedido también una extensión del plazo. Y el Senado, con la oposición del PSOE, ha dado su visto bueno.

Es la segunda vez que Andalucía reclama una prórroga este mismo año. La anterior fue ante las elecciones autonómicas celebradas en mayo. De hecho, la fracasada cadena de convocatorias ideada por el PP para lograr la mayoría en Extremadura, Aragón y Castilla y León fue la primera de las justificaciones que buscaron para prolongar artificialmente el mandato de los actuales magistrados del TC.

El motivo esgrimido ahora es que los diputados no han tenido tiempo para negociar las designaciones, pese a que el Parlamento andaluz se constituyó el pasado 11 de junio. “La actividad normal” de la nueva legislatura “no comenzó a desarrollarse hasta el presente mes de septiembre” y los grupos parlamentarios aún no habían contado “con el tiempo suficiente para llegar a acuerdos acerca de la propuesta de candidaturas a magistrados del TC”, alega la presidenta de la asamblea autonómica, la popular Ana Mestre, en un escrito dirigido a la Cámara Alta.

La petición hubiera sido aprobada en todo caso con los votos del PP y de Vox, que comparten el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno. Pero el PSOE, que ocupa dos asientos en la Mesa, tampoco se opuso. El vicepresidente segundo de la Mesa, el socialista Fernando López Gil, reconoce que el portavoz de su grupo en el Senado y exlíder del PSOE andaluz, Juan Espadas, le llamó para pedirle explicaciones cuando llegó el escrito de Mestre anunciando otra prórroga en la presentación de candidaturas a jueces del Constitucional por “acuerdo de la Mesa”.

En conversación con este periódico, López Gil explica que “fue una decisión unilateral de la presidenta del Parlamento, no hubo acuerdo sobre este asunto porque no se votó en la Mesa”. “La presidenta lo presentó como algo ya hecho de lo que daba cuenta al resto de miembros. El PP suele meter asuntos en el orden del día media hora antes, y esta vez nos la coló”, asegura. Tras recibir la llamada de Espadas, el diputado socialista se dio cuenta y trasladó su “indignación” a la presidenta de la Cámara y al letrado mayor por no haber sometido a votación este asunto. El PSOE está convencido de que es una “estrategia de dilación” del PP para retrasar la renovación de magistrados del Constitucional.

En un escrito dirigido a la Mesa el pasado miércoles, López Gil deja constancia por escrito de su queja: “Los miembros del Grupo Socialista en ningún momento manifestaron su acuerdo ni prestaron su conformidad con la decisión que ha sido comunicada al Senado (...) En consecuencia, solicitamos se proceda a la rectificación del acuerdo correspondiente a este punto”, reza el escrito.

Fuentes parlamentarias explican que en la Mesa de la Cámara “no se votan los acuerdos, se enuncian” y si nadie se opone se entiende como aprobados sin más: “Si alguien muestra su oposición se hace constar en el acta, pero nunca en el acuerdo”. En las actas de aquel día no consta ninguna discrepancia ni desacuerdo.

Ratificado en 24 horas

El Senado se dio mucha prisa y ratificó la decisión en 24 horas. Rollán convocó de urgencia una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara Alta. El acta de la cita, celebrada el pasado 10 de septiembre, sostiene que se amplía el plazo “hasta el día 30 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas”. Pese al retraso, de casi un año, el presidente del Senado aseguró “que percibe voluntad y compromiso en los parlamentos autonómicos para alcanzar los acuerdos necesarios para la designación de los candidatos”, según el acta, y que “hasta el momento, ninguna asamblea, salvo el Parlamento Vasco, ha sido capaz de designar candidatos”. Navarra ya ha elegido también su terna, Yolanda Valdeolivas y Francisco José Bastida, pendiente de ratificación por el Pleno de su asamblea la semana que viene, informa Rodrigo Saiz.

En la reunión, el presidente del Senado manifestó “su esperanza de que, antes de que finalice el año, puedan iniciarse las comparecencias de los candidatos designados”. Es decir, que Rollán da por hecho que los cuatro magistrados, incluido Conde-Pumpido, seguirán en sus cargos en 2027.

Las fechas son relevantes porque el PP no está pensando en el corto plazo, sino en un futuro control total del Tribunal Constitucional. Un objetivo para el que necesita que se celebren las elecciones generales y lograr un control total de las cámaras junto a Vox.

Los ocho magistrados que se eligen en las Cortes Generales requieren de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos. En el caso del Senado, tres quintos equivalen a 159 senadores. El PP tiene 142 (ha perdido alguno tras cederlos a Vox para lograr sus pactos autonómicos). Vox tiene cinco. Esos 12 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El PP cree tener en su mano lograr esos 159 escaños de la mano de sus socios ultras, lo que le permitiría no tener que compartir los nombramientos con el PSOE, revertir la actual mayoría progresista y elegir al futuro presidente del Tribunal Constitucional.

El pasado noviembre, todos los partidos de la oposición al Gobierno votaron en el Parlamento a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política que más ha zarandeado a Juanma Moreno desde que es presidente. La mayoría absoluta del PP tumbó la iniciativa.

Diez meses después, el PP ya no tiene mayoría absoluta, pero cuenta con un socio de Gobierno, Vox, que este miércoles ha confirmado que votará en contra de la misma iniciativa que entonces apoyó. PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han registrado hoy en el Parlamento la misma propuesta para crear esa comisión de investigación sobre los diagnósticos tardíos de cáncer de mama, que afectaron a más de 2.000 mujeres (según cifras de la Junta) y se cobró el cese de la consejera de Salud y todo su equipo.

La iniciativa conjunta de las izquierdas nace de una petición expresa de AMAMA, la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla que destapó el escándalo, y que pidió a todos los grupos que fueran de la mano. Su presidenta, Ángela Claverol, ha acompañado esta mañana hasta la puerta del registro de la Cámara a la portavoz socialista, María Márquez, el líder de Adelante, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Pero, a la vez que entraba en registro la propuesta de creación de una comisión de investigación por la crisis de los cribados, el portavoz adjunto de Vox en la Cámara, Rodrigo Alonso, dejaba claro el viraje de 180 grados que ha dado su partido tras entrar en el Gobierno de coalición con el PP. En la negociación entre ambos partidos, Moreno llegó a ofrecer a la ultraderecha la creación de una comisión de investigación sobre los cribados si consentían en ser un socio externo y quedarse fuera del Consejo de Gobierno.

Pero Vox exigió entrar y ahora, con su líder como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, han desistido de fiscalizar la gestión de la crisis de los cribados de cáncer que tanto denunciaron desde la oposición. “Nosotros no somos muy de comisiones de investigación”, ha explicado Alonso en rueda de prensa, tras asegurar que “ya sabemos lo que pasó” y que su partido no se prestará “al postureo” de los partidos de izquierdas.

“Vox siempre ha exigido que haya transparencia, que se diga cuál fue el fallo. Pero los partidos de la izquierda van a manosear todo lo posible este tema para sacar rédito político, y no nos vamos a prestar a eso. En diez meses ya se ha descubierto dónde estaban los fallos y ya se han puesto sobre la mesa las respuestas. En su día tenía sentido, ahora ya no”, ha abundado Alonso. Preguntado por qué, entonces, su grupo seguía exigiendo a Moreno explicaciones sobre la crisis de los cribados hace tres meses, en campaña electoral, el diputado almeriense ha aclarado que la fórmula en la que estaban pensando en ese momento no era ya una comisión de investigación parlamentaria.

La próxima semana se cumple un año desde que estalló el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis política que ha golpeado al Gobierno de Moreno, con cientos de mujeres en las calles, mostrando sus pechos cortados, y gritando “Bonilla dimisión”. El presidente de la Junta cesó a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y a todo su equipo, y perimetró la crisis en una sola unidad del hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el más grande de Andalucía.

Las izquierdas también han presentado una propuesta de declaración institucional en solidaridad de las víctimas de la crisis de los cribados, frente al PP, que propuso antes un mismo posicionamiento político del Parlamento sobre la crisis migratoria de Ceuta. El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, ha criticado al PSOE por volver a traer “el manoseado cribado de cáncer de mama”. Martín ha recordado que los socialistas centraron toda su campaña electoral en este asunto y el resultado fue “el mínimo histórico” para este artido. “Han manoseado a mujeres con cáncer de mama y han hecho mucho daño a una asociación, instrumentalizando este asunto”, concluye.

El debate de solidaridad con Ceuta en el Parlamento andaluz ha degenerado en un estallido de insultos y expresiones malsonantes entre PP y Vox, socios del Gobierno de Juanma Moreno, y la bancada de las izquierdas. No han pasado ni 48 horas desde que se inició la primera sesión de control de la legislatura, tras las elecciones del 17 de mayo, y el ambiente político es irrespirable.

En parte, porque el horizonte no son los próximos cuatro años de legislatura, que mencionó reiteradamente Moreno el día antes, tratando de desincentivar a sus ya de por sí desmoralizados adversarios del PSOE. El horizonte son las próximas elecciones generales. Sus señorías están en precampaña, en plena guerra dialéctica, y la primera línea de confrontación es la crisis de Estado que vive Ceuta, probablemente la peor que ha encarado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en ocho años.

“¡Aquí no cabe la moderación!”, ha anunciado la diputada de Vox María Eiberle, al abrir el debate sobre la situación de Ceuta. Una frase que sirve tanto de presentación como de epitafio de la recién estrenada legislatura en Andalucía.

El arranque del curso político, bajo el primer Gobierno de coalición PP-Vox, recuerda mucho a aquella legislatura del año 2019, cuando se estrenó el primer Ejecutivo de Moreno -poniendo fin a 37 años de socialismo en el poder- y la ultraderecha irrumpió en la primera institución española. Ambos factores, inéditos, convirtieron las primeras sesiones del Parlamento en tormentas políticas, con cruces de insultos y palabras gruesas entre la bancada de la izquierda destronada y la llegada de los diputados ultra. “¡Fascistas!”; ¡Planchabragas!“, se decían entonces, a micrófono abierto.

Algo parecido ha ocurrido este jueves en la Cámara andaluza que, tras evaporarse la mayoría absoluta de Juanma Moreno, ha sufrido un abrupto retorno al pasado: de aquel espacio zen bajo el efecto narcotizante de una política hipotensa [58 diputados del PP]al volcán en erupción que acostumbramos a ver en el Congreso.

Los insultos cruzados han vuelto a poblar el diario de sesiones, incluso en boca de un vicepresidente de la Junta, flamante consejero de Turismo y Justicia, Manuel Gavira, que aún no se ha ajustado el traje institucional y sigue ejerciendo como portavoz del grupo ultra, pero desde el sillón verde del Gobierno. “Los puteros son ustedes”, le ha soltado el vicepresidente Gavira a la bancada socialista en su primera intervención desde la tribuna, cuando el PSOE ha denunciado que las unidades de valoración a víctimas de la violencia de género han recaído en manos de Vox, “un partido negacionista”.

“Puteros”, “sinvergüenzas”, “nazis”, “idiotas”, “racistas”, “machistas”, “hipócritas”. La segunda sesión del Pleno empezó por la mañana, temprano, con las primeras preguntas de la oposición a Gavira. Ahí fue cuando los socialistas se refirieron a Vox como un partido de “machistas y racistas”, y el vicepresidente de la Junta les llamó “puteros”.

El PSOE protestó, exigió que se retirase el exabrupto del diario de sesiones, la presidenta de la Cámara, la popular Ana Mestre, consintió a cambio de borrar también los duros calificativos que los socialistas habían dedicado a su socio de Gobierno. Más adelante volvió a ocurrir: Mestre silenció el micrófono del diputado socialista Mario Jiménez, cuando tildó de “sinvergüenzas” a sus señorías del PP por intentar hacer ingobernable Ceuta y reventar la situación“, pero lo dejó pasar cuando el portavoz popular, Toni Martín, le respondió en su turno con el mismo calificativo.

El PSOE de María Jesús Montero, el más vilipendiado por una mayoría parlamentaria abiertamente conservadora (PP y Vox suman 68 diputados de 109), elevó un escrito de queja a la presidenta de la Cámara acusando su “imparcialidad”. “Vox no ha pedido que se retire del diario de sesiones el calificativo de machistas y racistas, no se dan por aludidos, quien lo ha hecho en su nombre es la presidenta del Parlamento”, mascullaron los socialistas. Ni unos ni otros consintieron borrar sus insultos del diario de sesiones, lo hizo Mestre “de oficio” y en clave salomónica.

En ese ambiente belicista -con Moreno y Montero fuera de la Cámara, acompañando la visita de Pedro Sánchez al proyecto de hidrógeno verde en Huelva- se llegó al debate sobre la crisis migratoria de Ceuta, una proposición no de ley impulsada por Vox. Se preveía un duelo convulso, porque la semana previa PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía habían vetado una iniciativa similar del PP, aduciendo que era un subterfugio para atizar al Gobierno.

Las proposiciones no de ley son meros posicionamientos políticos del Parlamento, a veces sobre asuntos que competen al Ejecutivo central, y donde afloran las contradicciones de los grupos que van a rebufo. Aquí, PP y Vox buscaban retratar las contradicciones de las izquierdas, obligándoles a votar un texto que brindaba apoyo público a Ceuta, a la par que exigía dimisiones de ministros y tiraba por tierra la política inmigratoria del Gobierno.

La iniciativa de Vox que se ha debatido -cercenada por los grupos de izquierdas- conjugaba esas dos facetas: reafirmación de la soberanía española de Ceuta y Melilla, rechazo a las pretensiones de Marruecos sobre el territorio español y la condena a las declaraciones de ministros marroquíes... Se apeó la crítica al Gobierno de España por su tibieza en el conflicto con el reino alauita y la petición de cese del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Aun así, el tono bronco del debate no invita a la izquierda a votar a favor. Estos suelen ser debates trampa: votar sí es alinearse con la derecha, votar no es rechazar en bloque toda la iniciativa, incluida las partes de más consenso, por ejemplo, reafirmar la soberanía española de Ceuta.

Pero aquí importa más el debate que el resultado. La discusión la abrió la diputada de Vox María Eiberle, que planteó el debate como un pulso entre españoles buenos y malos. Ahí es donde sentenció la muerte de la “moderación” -entiéndase, la vía andaluza de Moreno-. “O con Marruecos o con España; o con las mafias y las ONG que trabajan para ellas o con los españoles; o con los invasores o con los españoles. La izquierda andaluza pertenece a la mafia del traidor Sánchez”, dijo.

El discurdo de Eiberle, leído, tocó techo cuando denunció que “ponerle camas nuevas a los inmigrantes en Ceuta” era una “traición” a España. El primero en recoger el testigo fue el coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que comparó el hostigamiento de Vox con “los nazis”. “Usted lleva un crucifijo colgado del cuello pero se ha olvidado de la compasión cristiana que representa”, le dijo Maíllo, afeándole que no hubiera mencionado a los 141 inmigrantes que murieron en el mar intentando cruzar la frontera.

Así es la imagen que ofreció el Parlamento de Andalucía, “extensión de Ceuta”, en palabras del presidente Juanma Moreno. “¡Aquí no cabe la moderación!”, ha proclamado su socio de Gobierno, instándole a ponerse cómodo en el nuevo “frente común contra el traidor Pedro Sánchez”. Ya se lo había anticipado Gavira tres meses antes de convertirse en su vicepresidente primero: “¡Vamos a polarizar mucho! Quieren llenar España y Andalucía de moros”.

Con todavía miles de extranjeros hacinados en Ceuta -unos 3.000 menores- Andalucía y el resto de comunidades gobernadas por el PP se han negado a acoger provisionalmente a esos niños para descongestionar la ciudad autónoma, cargando toda la responsabilidad sobre el Ejecutivo central. Tampoco el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha echado mano del convenio bilateral que tiene firmado con Moreno desde 2024 para casos de contingencia migratoria como ésta. Las izquierdas andaluzas les acusan de “boicotear” las soluciones que ofrece el Gobierno para intentar aliviar la crisis.

En paralelo, el Parlamento Europeo estaba aprobando, a esa hora, una iniciativa impulsada por los populares y la ultraderecha (rechazada por socialdemócratas, liberales e izquierdas) para denunciar “la instrumentalización de los migrantes irregulares es una herramienta de guerra híbrida”, defender que la “soberanía e integridad territorial de Ceuta y Melilla deben respetarse”, para “alertar por el efecto llamada de la regularización a gran escala en España, que envía el mensaje equivocado”, y para exigir a España que “debe aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo y cooperar con Marruecos para la readmisión de migrantes”.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado la presentación de una ley para eliminar la ayudas al alquiler para los altos cargos de la Junta de Andalucía. Una ayuda que ha cuantificado en 2.000 euros “limpios” para los cargos y que ha calificado como “una auténtica barbaridad” coincidiendo con “el récord” de altos cargos del actual ejecutivo andaluz.

“Mientras los andaluces pasan muchísimas fatiguitas para pagar el alquiler y la hipoteca, nos parece una barbaridad que a los altos cargos de la Junta de Andalucía se les den hasta 2.000 euros al mes limpios, quitando salario y quitando dieta, para pagar el alquiler. Nos parece alucinante”, ha remarcado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

García ha recordado que el PP propuso eliminar estas ayudas “cuando estaba en la oposición”. “Resulta que, desde que gobierna el Partido Popular, se han duplicado los beneficiarios de estas ayudas al alquiler a los altos cargos. Y, además, han subido el coste de estas ayudas”, ha reiterado.

“Es el coste de 730 médicos especialistas”

En esta línea, ha equiparado el coste total desde la Junta hacia los altos cargos con “el coste de 730 médicos especialistas en la Junta de Andalucía”. “Solo la ayuda al alquiler a los altos cargos nos cuesta lo mismo que 90.200 horas del servicio de ayuda a la dependencia”, ha aseverado.

García ha defendido que los miembros de la Junta “ya cuentan con dietas de desplazamiento y manutención”. “Yo creo que a los cargos públicos no les debe costar dinero ese cargo público, creo que los gastos hay que pagarlos. Pero una ayuda extraordinaria, opaca, sin justificación ninguna, de 2.000 euros al mes al alquiler, a mí me parece un privilegio y un gusto”, ha remarcado.

Por otra parte, el portavoz ha pedido “recursos extraordinarios” para Ceuta ante la crisis humanitaria que sufre la ciudad autónoma desde final de julio. Asimismo, ha defendido la “acogida inmediata de todos los niños migrantes que están ahora mismo en Ceuta” junto con la “ruptura de relaciones con el régimen de Marruecos”.

“Yo creo que esa es la grandeza que tiene que tener un país. Dividir, separar entre lo que es el régimen, lo que es una dictadura y lo que es el pueblo, que es un pueblo hermano de Andalucía, y creo que eso es fundamental”, ha destacado. Por ello, ha reiterado la negativa de su partido de participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta para la tarde de este miércoles y ha señalado que a PP y Vox “no les importa la ciudad autónoma”.

La consejera de Educación del Gobierno andaluz, María del Carmen Castillo, ha presentado este lunes, 31 de agosto, su renuncia al acta como diputada autonómica del PP-A que consiguió tras las elecciones del pasado 17 de mayo tras concurrir como número dos en la lista de dicho partido por la provincia de Almería.

Fuentes parlamentarias han confirmado este lunes a Europa Press que la consejera ha renunciado a su acta de diputada en torno al mediodía de este lunes, cuando se ha celebrado además la primera reunión del Consejo de Gobierno tras el paréntesis de las vacaciones de verano.

María del Carmen Castillo ha renovado como consejera de Educación en el nuevo Gobierno andaluz que Juanma Moreno conformó el pasado mes de julio tras el pacto suscrito entre el PP-A y Vox que ha posibilitado su tercera investidura como presidente de la Junta.

En la pasada legislatura, Carmen Castillo ya fue consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Gobierno andaluz entre los años 2024 y 2026, y en la anterior --la undécima de la autonomía-- fue viceconsejera en la cartera --Educación y Deporte-- que en aquella etapa dirigió Javier Imbroda hasta su fallecimiento en abril de 2022.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, María del Carmen Castillo Tena es funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación de la Junta de Andalucía desde 2008, y del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de Administración de Empresas (1997).

Entre otros, desempeñó también el cargo de delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería. Anteriormente, desarrolló su labor en la Secretaría General de la Delegación de Educación, Deporte, Igualdad, Política Social y Conciliación en Almería. También fue coordinadora de zona del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación en Almería hasta 2019.

Segunda renuncia entre parlamentarios almerienses del PP-A

La de Carmen Castillo es la segunda renuncia que se produce en la recién iniciada XIII legislatura entre los seis diputados del PP-A elegidos por la circunscripción de Almería, tras la que protagonizó Julia Ibáñez este pasado mes de julio antes de ser elegida como nueva alcaldesa de El Ejido en sustitución de Francisco Góngora, quien, a su vez, renunció al cargo de regidor tras ser nombrado como delegado del Gobierno andaluz en la provincia.

De esta manera, Julia Ibáñez, que el 11 de junio había sido elegida como secretaria tercera de la Mesa del Parlamento, y que concurrió a las elecciones del 17 de mayo como número cuatro de la lista del PP-A por Almería, renunció el 23 de julio a su acta como diputada, y una semana después, el día 31, tomó posesión como alcaldesa de El Ejido.

Su vacante en el Parlamento será cubierta por Juan José Salvador, que concurrió a las elecciones como número siete de la candidatura del PP por la provincia almeriense.

De esta manera, la representante del PP a quien le tocaría asumir el acta de parlamentaria que deja Carmen Castillo sería Mónica Morales, que fue la número ocho de la lista 'popular' en los comicios del 17 de mayo.

El Parlamento de Andalucía ha sacado a licitación un contrato para la impartición de un curso de formación denominado 'Lenguaje claro para una administración parlamentaria social, inclusiva y accesible para el personal del Parlamento de Andalucía'.

Se trata de un contrato menor para el que se pueden presentar ofertas hasta este próximo martes, 1 de septiembre, y cuyo presupuesto base asciende a 2.250 euros exento de IVA, según la información consultada por Europa Press en el portal de licitaciones de la Cámara andaluza.

El documento que detalla las “características técnicas y otras condiciones que deben regir el contrato” precisa que el plazo de duración de la actividad formativa “será de cuatro semanas”, y ésta se realizará en modalidad de teleformación, “mediante la plataforma de la que dispone el Parlamento de Andalucía”.

Para ello, el docente que se encargue de impartir el curso “será dado de alta en la plataforma de teleformación por el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Parlamento de Andalucía”, y “deberá elaborar el material didáctico, que se pondrá a disposición de los alumnos en la plataforma” referida.

El docente --según continúa explicando el mismo documento-- “llevará a cabo una tutoría proactiva, que supone la realización de una serie de actividades con el alumnado --tests, ejercicios, prácticas, foros, consultas, etc.--”, de modo que “la comunicación será siempre proactiva, siendo la persona que desempeña la tutoría quien se irá poniendo en contacto con el alumnado para las distintas tareas, recordando los trabajos a realizar y manteniendo el ritmo en el grupo y/o en cada participante”.

Al final de la actividad formativa, “se realizará una prueba de evaluación de los contenidos del curso”, según detalla también dicho documento, que, no obstante, avisa de que “si el número de solicitudes recibidas fuese insuficiente para justificar la realización del curso, el Parlamento podrá optar por no impartirlo o, en su caso, suspenderlo y reprogramarlo para una fecha posterior”. El número máximo de asistentes a la actividad formativa será de 40 personas.

Quienes vayan a impartir el curso, “tanto titulares como suplentes, habrán de contar al menos con 250 horas de actividad docente”, y está previsto que esta actividad formativa se celebre durante el próximo año 2027, si bien “el calendario será establecido en función de las necesidades del Parlamento de Andalucía”, apostilla el documento citado.

Andalucía ya licitó otro contrato para entrenar a una Intelegancia Artificial en la “traducción” de textos administrativos a un lenguaje claro y accesible para la mayoría de los ciudadanos. El contrato fue adjudicado en junio de 2025 a Open Sistemas de Información en Internet, S.L. por algo más de 322.000 euros.

Contenidos del curso

Los contenidos del curso que ahora se quiere impartir se agrupan en torno a tres bloques, según se desprende del anexo incorporado a la misma documentación. Se trata, en concreto, de uno sobre 'Perspectiva social de la Administración', de otro sobre 'La comunicación y el lenguaje claro, inclusivo y accesible', y de un tercero titulado 'Herramientas y buenas prácticas. Soluciones compartidas'.

Entre los contenidos que se contemplan en esos bloques figuran “La brecha comunicativa y sus consecuencias en los servicios públicos”, “Identificación colectiva de brechas de comunicación cotidianas”, “Adaptación de textos normativos y administrativos”, así como los conceptos de “lenguaje administrativo claro”, de “lenguaje inclusivo para la igualdad de género” y para la “igualdad de trato”, y de “comunicación accesible”.

Otros asuntos que está previsto que se traten en estos cursos son las “principales problemáticas detectadas en las administraciones públicas en relación con el lenguaje claro” y la “detección de malas prácticas en lenguaje inclusivo para la igualdad de género y la igualdad de trato”, así como la “diferenciación entre lenguaje claro y normas de lectura fácil”, y “herramientas para producir y comunicar de forma clara, inclusiva, accesible y social”.

“Pautas para el uso de modelos de lenguaje en la simplificación de borradores parlamentarios” y “líneas de acción futuras en el desarrollo de estrategias de comunicación clara, accesible, inclusiva y social” son otras de las cuestiones que está previsto que se traten en este curso.

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 27 de agosto, con los votos de la mayoría absoluta que suman PP-A y Vox, convocar un Pleno con carácter extraordinario en el que comparezca el Consejo de Gobierno de la Junta para informar sobre la gestión del incendio forestal declarado este verano en Niebla, y que afectó a distintos municipios de las provincias de Huelva y Sevilla.

La solicitud de este Pleno extraordinario había partido del Grupo Socialista, y ha sido respaldada este jueves en la Diputación Permanente por los representantes de Adelante Andalucía y Por Andalucía, si bien ha quedado rechazada porque tanto el PP-A como Vox, socios de gobierno en la Junta en la presente legislatura, han votado en contra de la misma.

Paralelamente, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), anunció este pasado miércoles una solicitud de comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, y también sobre las actuaciones desarrolladas por la Junta ante los terremotos registrados en Granada y la valoración del Gobierno andaluz ante la respuesta del Ejecutivo central en la lucha contra el narcotráfico.

Según ha apuntado la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, a preguntas del Grupo Socialista al inicio de esta sesión de la Diputación Permanente, dicha solicitud de comparecencia del consejero será abordada en la reunión que la Mesa de la Cámara tiene previsto celebrar el miércoles 9 de septiembre, una semana antes del primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que está programado para los días 16 y 17 de este próximo mes.

Presidente de la Fundación Blas Infante desde abril de 2024, una tarea que hasta entonces había desarrollado su madre María de los Ángeles, Javier Delmás Infante es el tercer nieto que tuvo el que desde 1983 es reconocido como padre de la patria andaluza.

Como máximo responsable de la institución encargada de preservar el legado histórico y político de su abuelo, reivindica la vigencia de su figura, no quiere entrar en qué le parece la presencia de Vox en el Gobierno andaluz y no se atreve a imaginar qué diría si viese el actual panorama político en Andalucía.

Se cumplen 90 años del fusilamiento de Blas Infante, ¿estamos en un momento en el que hay que defender más que nunca su legado?

Yo creo que sí, todo lo que sea ampliar el mensaje y sobre todo el legado en general de Blas Infante en sus diversos ámbitos me parece fundamental, sobre todo porque creo que no ha llegado a calar en la inmensa mayoría de las capas de la población andaluza. Tanto él como su mensaje siguen siendo más bien desconocidos para la inmensa mayoría del pueblo andaluz.

¿Y por qué cree que no ha llegado a calar?

No digo que no haya llegado a calar, digo que se desconoce ampliamente, entre otras cosas porque desde que se rescata su figura allá por los años de la Transición, Blas Infante es una persona que pasa de largo en la educación de los niños andaluces. No quiero decir que se le trate con poco respeto, no es eso, sino que en lo que ha sido la obra y el mensaje de Blas Infante no se ha profundizado nunca para que llegue a calar en esos diversos ámbitos de la población.

En su intervención hace un mes en el acto en el Parlamento andaluz por el 141 aniversario de su nacimiento, defendió que el pensamiento de Blas Infante es un bálsamo frente a extremismos y exclusiones, ¿ese mensaje iba destinado a algún partido en concreto?

Con eso quería decir que Blas Infante fue sobre todo una persona regeneracionista, integradora y solidaria con el resto de los pueblos de España. Su mensaje es de solidaridad y respeto hacia sus propios antagonistas, algo absolutamente fundamental para él. Quería que, por encima de todo, Andalucía fuese solidaria, no excluyente y muy respetuosa, como era él incluso con quien no estuviese de acuerdo.

La verdad es que hiere mucho cuando vemos ciertos desaires hacia la obra y la persona de Blas Infante

Lo digo porque parecía un dardo dirigido a Vox...

Mire, yo soy muy respetuoso con los que estén en las antípodas de ese pensamiento tan integrador y tan solidario de Blas Infante, terriblemente respetuoso. Yo solamente pido que se le respete a él, porque se presume que somos todos demócratas, ¿no? Estamos hablando de una persona a la que fusilan con 51 años y que deja cuatro niños huérfanos, al menos se le debe un respeto. En las componendas entre las diversas fuerzas políticas para hacer viable esta legislatura no voy a entrar, porque no tengo ningún vínculo político con ningún partido ni nada. Y tengo que decir que no es el primer año que Vox no aparece en ningún homenaje a Blas Infante, ni se deja ver en un acto de respeto hacia su figura. Yo, como tercer nieto por edad de los ocho que tuvo Blas Infante y que nací en su propia casa, lo que puedo decir es que mi familia ha sufrido muchísimo, y la verdad es que hiere mucho cuando vemos ciertos desaires hacia su obra y hacia su persona.

En ese mismo discurso, usted recordó que Infante rechazó cualquier forma de racismo, de superioridad o de desprecio al diferente, ¿cree que Infante estaría en contra del concepto de prioridad nacional que defiende Vox?

Ya le digo yo que sí, que mi abuelo habría estado en contra y no habría entrado nunca dentro de sus prioridades políticas, eso es seguro. El objetivo de mi abuelo, por encima de todo, era la recuperación de Andalucía y potenciar las ansias de autonomismo, no olvidemos que fue impulsor del primer anteproyecto de autonomía que se pensaba validar en septiembre de 1936, que por el golpe de Estado del 18 de julio y toda la ilegalización del proyecto andalucista evidentemente no se pudo llevar a cabo, además de por su propio asesinato. En ese proyecto autonomista veía la solución para salvaguardar los poderes de Andalucía y potenciar su autogestión. Él consideraba que, desde su autonomía, Andalucía estaría mucho más capacitada y preparada para resolver sus propios problemas, porque no ha sido precisamente de las regiones españolas que han sido más favorecidas desde los gobiernos centrales desde tiempo inmemorial.

Vox ha vuelto a faltar al homenaje a Blas Infante, pero esta vez no ha lanzado mensajes ridiculizando su figura...

Cuando hablo de la falta de respeto a su figura lo hago desde el sentimiento que yo tengo como nieto y efectivamente eso me duele. Si ellos de alguna manera le quieren hacer daño a algún miembro de la familia de Blas Infante, pues ya lo tienen, evidentemente lo consiguen. Hombre, le tildan de separatista, cuando siempre mantuvo que Andalucía no se podría separar nunca de España porque era la esencia de España. Y después que si era musulmán, cuando mi abuelo es que era profundamente respetuoso con cualquier opción religiosa, eso no quiere decir que fuera islamista ni muchísimo menos. ¡Pero si hasta era protector de las monjas de clausura del convento Santa María de los Reyes de Sevilla! Si quieren atacar y decir que Blas Infante lo que quería era poco menos que convertir a Andalucía en una parte más del islam, pues se equivocan rotundamente.

En este sentido, ¿qué le parece que su propio hermano afirme que tiene un Corán de vuestro abuelo que presenta como prueba de que se habría convertido al islam?

Pues mire, para empezar yo soy tremendamente respetuoso con lo que cada miembro de la familia Infante pueda pensar de él. Yo asumo lo que mi abuelo planteaba sobre la época de Al-Ándalus, donde están los vestigios más importantes de la brillantez de Andalucía y ahí ha quedado el deslumbramiento de la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba. Mientras que en Andalucía se cultivaban las tierras, había bibliotecas y se fomentaba el ámbito cultural, en otras partes del Estado español estaban todavía al margen de estas manifestaciones culturales. Y además, simplemente digo que el aspecto islamista de Blas Infante no es lo que más define su figura, como ocurre con la cuestión masónica.

¿En qué sentido?

Pues en que se han registrado los propios archivos masones y no hay constancia de ningún tipo de que Blas Infante perteneciera a la masonería. Pues hay algún miembro de la familia Infante que es que parece ser que la cuestión fundamental de Blas Infante es que era masón. Mire usted, no, no era masón, estoy dispuesto afirmarlo con toda la rotundidad posible: que vengan y que me demuestren lo contrario. Pues en la misma línea pasa con la cuestión islámica, con todos mis respetos para el islam y los musulmanes Blas Infante no era musulmán, ya se lo puedo asegurar.

Muchas de estas controversias sobre la figura de Infante las ha alimentado precisamente Vox, que también niega el Estatuto de Autonomía y hasta la propia autonomía en sí. ¿Qué sensación le genera como presidente de la Fundación Blas Infante que ahora forme parte del Gobierno de Andalucía?

Pues me parece contradictorio, pero vuelvo a repetir que estoy muy al margen de los pactos entre fuerzas políticas. La Fundación Blas Infante nace en 1983 por iniciativa del presidente Rafael Escuredo, de mi madre, María Ángeles, y algún que otro patrono destacado, que ven la conveniencia de constituirla con carácter privado para la difusión de la vida y obra de Infante y para fomentar la cultura andaluza. Por eso, debido a su carácter privado y no político, desde la Fundación no podemos entrar en los arreglos entre las fuerzas políticas que han pactado esta legislatura.

Yo entiendo que ser andalucista, al modo que al menos lo entendía mi abuelo, es un gran compromiso personal de conocer la historia, la grandeza de Andalucía y saber profundamente en qué consiste todo esto

¿Y a nivel personal tampoco se pronuncia?

No, no, es algo que he aprendido en los 40 años que he estado junto a mi madre. Y además quiero recordar que poco antes del 18 de julio a mi abuelo le plantaron por delante un manifiesto para ilegalizar Falange Española y se negó a firmarlo. Pues lo mismo le digo: yo no tengo ninguna cercanía hacia ninguna fuerza política ni nada, lo único que pido es que se respete en lo posible la figura y obra de Blas Infante. Si se va a opinar, hay que tener un conocimiento profundo de lo que se dice antes de hacerlo público, porque por ejemplo andar por ahí pregonando sobre la islamización de Infante es un absoluto infundio.

Continuando en el terreno político, y tras los resultados obtenidos por Adelante Andalucía en las pasadas elecciones, ¿cree que el andalucismo vive un buen momento?

Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Para mí, el andalucismo tiene tres momentos muy decisivos. El primero es bajo el impulso del propio Blas Infante, allá por el primer tercio del siglo XX, y luego hay un segundo impulso en los años de la Transición, cuando se recupera su figura y gran parte del pueblo tiene conocimiento, entre otras cosas, de los símbolos andaluces, por cierto, impulsados por Blas Infante. Finalmente, ahora parece que de nuevo resurge. Pero el andalucismo no es solamente querer a la verde y blanca y tener conocimiento de en qué consiste el escudo de Andalucía o saber cantar el himno. Yo entiendo que ser andalucista, al modo que al menos lo entendía mi abuelo, es un gran compromiso personal de conocer la historia, la grandeza de Andalucía y saber profundamente en qué consiste todo esto.

Desde ese punto de vista, ¿le han alegrado los resultados de Adelante Andalucía como señal de una cierta revitalización del andalucismo?

Pues le voy a ser muy claro: me ha alegrado, me ha parecido bien, y eso que yo no les he votado.

¿El andalucismo tiene que ser político por encima de todo?

Si se entiende como potenciar todas las posibilidades que parten de esta tierra, que están más bien adormecidas, y darle prioridad a la identificación de las propias cuestiones singulares de Andalucía, evidentemente que sí.

Blas Infante fundamentalmente era una persona que estaba muy herida por la miseria tremenda que veía

Al margen de Vox, ¿ahora todos los partidos políticos reivindican la figura de Blas Infante y se declaran más andalucistas que nadie?

La figura de Blas Infante sigue siendo en parte desconocida, pero a medida que se conoce se ve que tanto su mensaje como su obra es sumamente actual porque, entre otras cosas, fue un adelantado a su tiempo. La figura de Blas Infante engancha, lo que pasa es que hay que conocerla y a medida que se va conociendo va resultando más atractiva. Por eso no me extraña en absoluto que la reivindiquen varias fuerzas políticas, y aprovecho para darle las gracias a todas las que muestran ese respeto permanente.

¿Considera entonces que su figura encajaría bien en el panorama político actual?

En diversos aspectos, sí, como evidentemente en todo lo que sea apoyarse en el Estatuto de Autonomía para el avance permanentemente de Andalucía. Pero su figura hay que contextualizarla en el momento en que deja escrita su obra, esa Andalucía del primer tercio del siglo XX que, por fortuna para los andaluces, poco tiene que ver con la de hoy, empezando por las asistencias sociales y educativas, por ejemplo. Blas Infante fundamentalmente era una persona que estaba muy herida por la miseria tremenda que veía, porque si un día un padre de familia no trabajaba, ese día su familia sencillamente no tenía ni siquiera para comer, y a eso se unía el analfabetismo que había.

¿Y qué diría Blas Infante del panorama político actual?

Me va a perdonar, pero eso sí que no lo sé. Yo soy profundamente respetuoso con la figura de mi abuelo y no me atrevo a plantearme no solamente qué diría del panorama político actual, sino de la gestión de Andalucía y del estado en general de Andalucía. Sinceramente, no me atrevo, porque además familiarmente la figura de mi abuelo se me viene muy encima y ni tengo su capacidad intelectual ni soy lo generoso que era, soy incapaz de realizar mínimamente lo que mi abuelo se empeñó en llevar a cabo.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la ideoneidad de los nueve candidatos propuestos por PP, PSOE y Vox como senadores por designación autonómica, que serán nombrados este jueves en el primer Pleno de la legislatura y el último de este periodo de sesiones. Cuatro serán populares, tres socialistas y dos de Vox (uno cedido por los de Juanma Moreno, tras firmar el pacto de Gobierno de coalición).

Este procedimiento solía ser un trámite pactado previamente por los grandes partidos, en el que los aspirantes elegidos por cada grupo comparecían ante la comisión parlamentaria de Nombramientos sin que el rival político les cuestionara ni les hiciera preguntas incómodas.

Pero no ha ocurrido así hoy, sobre todo con los candidatos propuestos por Vox, en especial cuando ha llegado el turno de Álvaro Zancajo, que está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude por supuesta incompatibilidad de su puesto como miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y su rol de jefe de comunicación del lider nacional de Vox, Santiago Abascal.

Adelante Andalucía es quien interpuso esa denuncia hace meses y hoy su portavoz, José Ignacio García, llevaba preparadas las preguntas para zamarrear a Zancajo. También el PSOE y Por Andalucía cuestionaban públicamente su designación para el Senado, partiendo de una “incompatibilidad manifiesta” por su papel en la RTVA, donde ha cobrado un sueldo público de 60.000 euros los últimos cuatro años.

Sin embargo, ha sido el propio Zancajo quien ha admitido en su exposición inicial que siendo miembro del Consejo de Administración de Canal Sur ha estado “trabajando para Vox”, porque fue designado “a propuesta de Vox”.

En la breve presentación de su experiencia profesional ha terminado diciendo: “Luego comencé a trabajar aquí, de nuevo, en Andalucía, en Vox. Primero como responsable de comunicación en la campaña electoral de hace cuatro años y después como responsable de comunicación del grupo parlamentario Vox en Andalucía de la mano del entonces portavoz, Manolo Gavira, actual vicepresidente de la Junta. Posteriormente, como saben, seguí trabajando para Vox, volviendo a la Radio Televisión Pública Andaluza como miembro del Consejo de Administración de la RTVA, de Canal Sur, a propuesta de Vox y, por tanto, trabajando para Vox”.

Esa incompatibilidad -trabajar para un organismo público designado por el Parlamento andaluz y, a la vez, para un partido político- es lo que está investigando ahora la Oficina Antifraude. Lo que ha declarado hoy Zancajo ante la comisión de idoneidad de la Cámara no encaja con lo establecido en el artículo 15.6 de la Ley que regula la agencia pública empresarial de la RTVA: “La condición de miembro del Consejo de Administración y de representante de los trabajadores en este es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta con empresas publicitarias, editoriales, periodísticas, de telecomunicaciones, informáticas, de servicios de la sociedad de la información, empresas cinematográficas y agencias y gabinetes de prensa, con empresas de producción de programas, discográficas o con cualquier tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de programas audiovisuales, servicios conexos e interactivos a la RTVA o a sus sociedades filiales y con todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con la RTVA o con otras entidades de radio y televisión de cualquier tecnología y ámbito de cobertura, salvo la laboral que el representante de los trabajadores ya tuviera con la RTVA al adquirir tal condición”, reza la ley.

Y remata: “Los miembros del Consejo de Administración estarán sometidos al régimen propio de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, serán incompatibles con la condición de Diputado o Diputada del Parlamento de Andalucía”.

El consejero designado por Vox en la RTVA no es el único que compagina su puesto, con salario público, con el trabajo que realiza para su partido político. También lo hacen los miembros designados por el PP y por el PSOE, aunque no se han dejado ver públicamente en cada comparecencia de su líder ante los medios, como hizo Zancajo acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Él es el único denunciado por incompatibilidad ante la Oficina Antifraude.

“Un fraude a los andaluces”; “un currículum brillante”

La declaración de Zanjado en la comisión parlamentaria ha soliviantado aún más a los portavoces de los grupos de izquierda. El socialista Mario Jiménez ha calificado su designación como senador por la comunidad como “un fraude a los andaluces” y ha añadido: “Veremos si más adelante no es este Parlamento el que le quita la idoneidad, sino otra instancia política porque usted hoy clara y abiertamente ha hecho una manifestación pública que constará en el acta de esta comisión de un caso flagrante de incompatibilidad manifiesta”.

La notificación de la admisión a trámite de la denuncia de Adelante Andalucía contra Zancajo ante la Oficina Antifraude es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato de Adelante Andalucía ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

García le ha preguntado hoy si se marcha al Senado para “evitar” la investigación que pesa sobre él y Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, también ha denunciado la incompatibilidad de su puesto en el partido con la RTVA, añadiendo que tampoco “tiene en absoluto la idoneidad para representar a esta comunidad”.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha reprochado a las izquierdas que traigan asuntos “ideológicos” a esta comisión y ha defendido que Zancajo es un “profesional brillantísimo”, por eso recibe los “ataques” de la oposción. El candidato al Senado de la ultraderecha no ha respondido a las preguntas de estos grupos, que ha calficado de “campañitas” y “falsos relatos” de la izquierda. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de esta comparecencia”, ha sentenciado.

El Parlamento también ha aprobado, sin unanimidad de los grupos, la idoneidad como senadores del expresidente del PP andaluz Javier Arenas, de los exsecretarios generales del PSOE andaluz Juan Espadas y Susana Díaz, expresidenta de la Junta; de la abogada María Pastor, a propuesta de Vox, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla con un discurso abiertamente antiabortista; y los populares Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré (diputados autonómicos en la anterior legislatura).

Ante la comisión consultiva de nombramientos sólo tienen que comparecer los candidatos que no sean diputados del Parlamento andaluz, lo que excluye de este trámite a Jesús Aguirre --parlamentario por Córdoba--, y a María Jesús Montero, con escaño por la provincia de Sevilla.

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha renovado su estructura de portavocía, tras el nombramiento de Manuel Gavira como vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta. Javier Cortés es el nuevo portavoz en la Cámara autonómica de la XIII legislatura. Junto a él, Rodrigo Alonso continuará desempeñando la responsabilidad de portavoz adjunto, cargo al que se incorpora Paula Badanelli.

Así se recoge en una nota de prensa de Vox, donde se indicado que Javier Cortés, diputado por la provincia de Sevilla y economista de profesión, cuenta con “una amplia trayectoria tanto en el ámbito político como en la organización interna” del partido.

Ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía durante la anterior legislatura y ha desempeñado responsabilidades como gerente nacional del partido. Vinculado al mundo rural desde sus inicios, Cortés ha sido además uno de los “protagonistas del crecimiento y consolidación de Vox en la provincia de Sevilla”, según la nota.

Por su parte, Rodrigo Alonso, diputado por Almería, continuará como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, Alonso es también portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox. Del mismo modo, el portavoz adjunto ha desarrollado una intensa labor parlamentaria “en defensa del sector primario, los trabajadores y los autónomos”, según la nota.

A la portavocía adjunta se incorpora también Paula Badanelli, diputada por Córdoba, periodista de profesión y presidenta del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en esta provincia. Tras su etapa como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Badanelli se incorpora como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario en la Cámara andaluza.

La secretaria general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha calificado este jueves como “vergonzoso” que el Parlamento andaluz vaya a afrontar la segunda votación para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta sin “conocer los detalles” del pacto que ha cerrado con Vox y que permite que “por primera vez entre la ultraderecha después de la dictadura en un Gobierno en Andalucía”.

En declaraciones a los periodistas poco antes del inicio del debate en el Pleno del Parlamento, Montero ha asegurado que el pacto de PP y Vox es “doblemente vergonzante porque ha sido llevado con oscuridad, ya no sólo es que no le hayan puesto luz y taquígrafos es que ni un triste candil para que pudiéramos ahora poder analizar las que parece que son más de mil medidas que pueden acompañar este acuerdo y posteriormente porque esta mañana el propio señor Feijóo nos anunció que ya se había producido el acuerdo”.

“Creo que Andalucía merece más, no es de recibo que estemos a estas alturas sin conocer qué es lo que vamos a votar dentro del Parlamento”, ha censurado la líder del PSOE-A, que ha calificado la votación como “un fraude absoluto de investidura” para dar paso a un gobierno “que está en las antípodas de lo que propone el PSOE, porque va a practicar políticas que ya conoceremos la letra pequeña pero que desde luego nada tienen que ver con el proyecto de garantía de oportunidades que queremos impulsar los socialistas”.

Critica que Moreno “no tenga valentía”

Tras dejar claro que el pacto PP-Vox da paso a un gobierno “legítimo emanado de las urnas”, Montero ha centrado sus críticas en que “ni siquiera se nos haya dado la oportunidad de valorar en esta segunda votación por mayoría simple” su contenido porque “el acuerdo que se presenta el primer día y lo que se presenta según las palabras del propio señor Moreno, era un gobierno en solitario y desgranó una serie de medidas en las que desde luego no estarán todos aquellos puntos que la ultraderecha de Vox ha incorporado”.

En este sentido, ha lamentado que Moreno “no tenga valentía para explicar en qué consiste ese acuerdo” ante el pleno del Parlamento, ya que se ha mostrado convencida de que la Mesa de la Cámara no atenderá su petición para que el contenido del pacto PP-Vox se pueda debatir. “Queda media hora y todavía no lo sabemos, es una vergüenza como no ha habido en otras comunidades autónomas que antes de la votación no se haya conocido con tiempo suficiente la letra pequeña”, ha concluido.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de “infame” el acuerdo alcanzado entre PP-A y Vox para la investidura del presidente en funciones y candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno (PP), al que ha situado como “un peón en la operación entre Feijóo y Abascal”. “Hoy es el primer día del final del proyecto de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía”, ha añadido.

“Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente. Un peón más, igual que lo fueron Azcón, Mañueco y Guardiola”, ha afirmado en una atención a los medios en el Parlamento andaluz poco antes del inicio de la segunda votación para la investidura de Moreno.

Maíllo ha criticado el “desprecio” al Parlamento que a su juicio supone anunciar el pacto horas antes de la segunda votación, sin que se pueda debatir en la cámara. Asimismo, ha lamentado lo “oculto” del contenido de las negociaciones en las últimas semanas.

“No hay partido de España con Austria que oculte el infame pacto de la derecha con la extrema derecha hoy”, ha subrayado al mismo tiempo que ha señalado que la alianza en Andalucía supone un “salto cualitativo” en comparación con los acuerdos entre ambas formaciones en el resto de comunidades.

“Hoy es el primer día del final del proyecto de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Y es el primer día del final porque vamos a establecer alianzas sociales en Andalucía que no vamos a permitir ni van a permitir un retroceso en derechos”, ha aseverado.