Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y “garantizar el derecho efectivo”.

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una “respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional” que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

Intervenir de forma directa el mercado

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas a frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es “romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social”. “Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo”, ha indicado.

Blindar el parque público de vivienda

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye “un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria”.

“Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra”, ha añadido. Además, López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que “la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la comunidad autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios”.

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación que, según ha advertido, “están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias”.

Un modelo insostenible

La líder andaluza de CCOO ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que “es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad”.

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos. Por ello, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Un servicio de interés general

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Protección frente a los desahucios

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como “elemento clave”, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.

El que fuera elegido como candidato de Podemos a la Junta de Andalucía para las elecciones del 17 de mayo, el parlamentario por Cádiz Juan Antonio Delgado, no liderará finalmente la lista de Por Andalucía en Jaén. Esta provincia es la única en la que los morados eligen al cabeza de cartel, en cumplimiento del acuerdo suscrito con IU y Movimiento Sumar la semana pasada, pero la encabezará Loli Montávez mientras que Delgado se ubicará finalmente con el número seis en Cádiz. Esto reduce a la mínima expresión sus opciones de repetir en el Parlamento andaluz si se tiene en cuenta que, en las elecciones de 2022, Por Andalucía sólo obtuvo por esta provincia el escaño del propio Delgado.

Podemos Andalucía ha confirmado este jueves cuál será su representación en las listas de la coalición Por Andalucía, con Alejandra Durán (parlamentaria hasta ahora por Granada) como número dos por Sevilla, a continuación del candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. La segunda posición por Málaga también la elige Podemos, que ha designado a Micaela Jiménez.

En ambos casos, las encuestas apuntan a que los números dos de Málaga y Sevilla lo tienen complicado para lograr acta, de hecho el estudio el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocido esta misma semana incluso ubica en intención de voto a Adelante Andalucía (7,7%) por encima de Por Andalucía (5,8%). El primero en intención directa de voto sería el PP (32,1%), seguido de PSOE (22%) y Vox (8,8%). En los comicios de hace cuatro años, Por Andalucía obtuvo un total de cinco parlamentarios, los cabezas de lista de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

“Propuesta del propio Delgado”

El partido ha asegurado que ir de número seis por Cádiz ha sido una propuesta del propio Delgado, ratificada por el Consejo Andaluz de Podemos. El hasta ahora candidato de los morados ha expresado que su “voluntad siempre fue ayudar en la candidatura de mi provincia, Cádiz, y si el primer puesto que se nos ofrece desde la coalición es el seis, pues ahí estaremos, trabajando como uno más en defensa de los gaditanos y gaditanas”. La lista en esa provincia la encabeza la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez.

El parlamentario defiende que ir por la circunscripción de Cádiz se trata de un movimiento que responde a “una lógica territorial, de arraigo en el territorio”, por lo que ha subrayado que “está dispuesto a contribuir al proyecto común allí donde sea más útil”. La dirección del partido ha resaltado la “absoluta generosidad” de quien en la XII Legislatura ha sido diputado autonómico por Cádiz ya que “interpone sus intereses particulares a la causa colectiva”.

El propio Consejo Andaluz de Podemos ha recordado que las negociaciones para la coalición de izquierdas “se zanjaron con un único puesto de salida en Jaén”. El pacto se cerró el viernes 3 de abril, último día de plazo para el registro de las coaliciones electorales.

Loli Montávez, la jornalera que lidera Jaén

En cuanto a su candidata por Jaén, Loli Montávez (de 34 años y natural de Jódar), el partido morado subraya que se trata de una dirigente que “conoce los problemas de la ciudadanía jiennense”, así como que ha trabajado de forma constante con los colectivos de la provincia. “Como jornalera sé lo que es trabajar duro y vamos a luchar para que la gente trabajadora de Jaén esté representada como se merece en el Parlamento andaluz”, la número uno de Por Andalucía en esta provincia.

“Es una persona clara, cercana y valiente”, destacan desde su formación, que la define como “una de las principales abanderadas de la mujer rural en Andalucía”. La propia Montávez ha señalado que “necesitamos dar apoyo real a la mujer rural con programas de empleo, conciliación y espacios donde puedan desarrollarse y tener independencia económica”.

El objetivo que se marca es “cambiar la vida de la gente a mejor”, y para eso “hay que desalojar a Moreno Bonilla y sus políticas de San Telmo”. “Vengo a defender a mi gente, a la gente jornalera, a quienes se dejan la piel en el campo y a quienes han tenido que marcharse para poder trabajar”, ha apostillado.

El “vamos a por todas” en Málaga y Sevilla

En cuanto a Micaela Jiménez, fue designada en marzo cabeza de lista de Podemos por Málaga. Es diplomada en Trabajo Social, experta en Educación Social y Familiar y con un máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito social, donde ha trabajado con ONG y colectivos en situación de vulnerabilidad.

De Alejandra Durán, número dos por Sevilla, se resalta su “amplia experiencia parlamentaria”, acumulada en los cuatro años que ha estado en las Cinco Llagas en esta XII Legislatura que ahora expira. Durán ha asegurado que “vamos a por todas, con ilusión y entrega absoluta, para seguir defendiendo los servicios públicos como hemos hecho estos cuatro años”.

La militancia de Podemos ha decidido que el partido, finalmente e in extremis, se integre de nuevo en Por Andalucía para conformar una coalición de izquierdas de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Así lo han determinado las bases de manera aplastante en la consulta exprés a la que ha sido convocada sobre la marcha y para decidir en sólo 24 horas, lo que ahora a su vez abre otra carrera contra el reloj de pocas horas porque el plazo para registrar la candidatura expira a las 23.59 de este viernes.

El resultado final de la consulta ha sido abrumador a favor de la integración en este frente común de izquierdas, que ha tenido el respaldo del 81,4% (4.648 apoyos) de los que han participado en la consulta. Por contra, 684 (11,98%) se han pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62%) no optaron por ninguna de las opciones. En total han emitido su voto 5.710 personas, que han respondido así a una pregunta muy concreta: “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”.

El siguiente hito en este acelerado proceso va a tener lugar en la mañana de este jueves, cuando está convocada la mesa de partidos de Por Andalucía en la que esperan Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana. De manera formal, Podemos está integrada en este foro de coordinación parlamentaria, pero hace año y medio que no acude y en los últimos meses todos los pasos han ido encaminados a presentarse en solitario.

Participación que “ha superado las expectativas”

Ahora, y “en consecuencia” con el resultado de la consulta, la dirección andaluza confirma que “los representantes de Podemos asistirán este jueves a la reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía”. La formación morada destaca la “alta participación” en este proceso, que “ha superado las expectativas” y se ha situado como la más alta en los últimos dos años, a pesar de que la votación se ha desarrollado a lo largo de una única jornada.

“Me siento orgulloso de pertenecer a una formación política donde las decisiones importantes siempre las toman los inscritos e inscritas”, ha señalado al respecto el parlamentario Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos a la Junta de Andalucía. “El objetivo no es otro que aportar lo mejor de nosotros y nosotras para echar a Moreno Bonilla y a sus políticas de San Telmo, porque nuestra tierra no puede soportar otra legislatura del PP”, ha subrayado.

Ahora, con menos de 48 horas de plazo, empieza la hora de la verdad, que es la negociación pura y dura. En teoría todo debería quedar sellado y amarrado en la reunión de este jueves, ya que desde IU (que lidera Por Andalucía) no se quiere repetir lo ocurrido con la coalición que se conformó para las elecciones de 2022, cuando se apuró tanto el plazo que Podemos quedó fuera. Al final hubo que hacer encajes de bolillos para integrar a los morados en sus listas, pero su logo no pudo aparecer en la papeleta electoral.

A verlas venir

Desde el resto de formaciones de Por Andalucía, especialmente IU, están a verlas venir, y no sólo por la precipitación con la que de nuevo se están desarrollando los acontecimientos. Con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, ya elegido candidato de una coalición hasta ahora sin Podemos, en teoría están elegidos los cabezas de lista por cada provincia, una cuestión capital si se tiene en cuenta que ahora mismo el grupo parlamentario cuenta con cinco diputados.

Pero sobre todo, en la reunión de este jueves se calibrará de verdad el alcance de la apuesta de Podemos por la integración. Sus hasta ahora compañeros de viaje no ocultan el temor a que sea un brindis de cara a la galería para apropiarse del relato, hacer ver que lo han intentado y que son IU y Sumar los que ponen cortapisas. Sea como sea, es cuestión de horas saber por dónde sale el sol.

Pero lo cierto es que, en principio, se frena el camino en solitario que estaba recorriendo Podemos en contra del criterio de la propia dirección andaluza del partido, que lidera Raquel Rodríguez como secretaria general. Esto llevó incluso a que el número dos y coportavoz de Podemos Andalucía, el parlamentario José Manuel Jurado, anunciase que dejaba su cargo ante la negativa de la dirección estatal a desbloquear la negociación, lo que condenaba a que el 17M hubiese tres papeletas a la izquierda del PSOE pugnando por el mismo espacio electoral: Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía.

Volantazo y fuera líneas rojas

Después de meses y meses abonando el ir en solitario, e incluso con su secretaria general estatal, Ione Belarra, dando la callada por respuesta hace una decena de días en un acto en Sevilla, Podemos ha dado un brusco volantazo desde este fin de semana. Entonces no sólo se abrió por primera vez de manera más explícita a integrarse en Por Andalucía, sino que de repente desaparecieron todas las líneas rojas, básicamente la presencia de Movimiento Sumar.

La balanza se ha inclinado finalmente por la coalición tras los catastróficos resultados en Aragón y Castilla y León, donde Podemos no cosechó ni el 1% de los votos y se ha quedado fuera de ambos parlamentos autonómicos. Hasta el PSOE andaluz ha hecho un llamamiento “a la unidad de la izquierda” de cara al 17M, al que el PP Juan Manuel Moreno comparece dando por hecho que revalidará su actual mayoría absoluta y en un escenario que, en todo caso, las encuestas a día de hoy dibujan un monolítico bloque de derechas por el esperado ascenso de Vox.

La hasta ahora portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha certificado este miércoles su marcha del Parlamento de Andalucía, del que ha sido integrante cuatro legislaturas entre los años 2012 y 2026. Considera que ha sido “un honor y un privilegio” y, por ello, la que fue candidata de la coalición en las elecciones de 2022 ha dado “mil gracias”.

Nieto se ha valido de su cuenta personal en la red social X para pronunciarse sobre “el cierre de mi etapa como parlamentaria andaluza”, con la Cámara autonómica ya disuelta para celebrar las elecciones el 17 de mayo, antes de declararse “a disposición de Por Andalucía”.

Ha calificado a esa coalición como “un proyecto sólido”, además de remarcar la figura de su cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, a quien llama “un lujo de candidato”. Apela a que este proyecto “hace de la resignación un revulsivo” y advierte a los potenciales votantes que “la clase trabajadora avanza cuando no se conforma”.

Por Andalucía es la coalición que conforman en estos momentos IU Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y tiene ante sí la incógnita de si se acabará produciendo la integración de Podemos Andalucía de aquí a este viernes, día 3, cuando cierra el plazo para el registro de las coaliciones electorales ante la Junta Electoral de Andalucía.

Limitación de mandatos

La dirigente de Izquierda Unida Andalucía apoya sus palabras en un vídeo de su última intervención parlamentaria, que fue el 26 de marzo en la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento, convocada para la convalidación de los decretos-leyes 2/2026 y 3/2026.

Los estatutos de IU Andalucía establecen una limitación de mandatos para sus cargos públicos electos de dos legislaturas u ocho años, aunque contiene una vía excepcional para superar ese tope temporal en caso de refrendo de la militancia con una exigencia de porcentaje de apoyo de un 60 a 75% para continuar en ese desempeño.

“Todavía sigo esperando”. Ya no son tres meses, si no, en total, cinco meses desde que la Junta de Andalucía mantiene su silencio ante los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones. Tras la apertura de la investigación de oficio derivada de la crisis de los cribados, Jesús Maetzu confirma que se reiteró la petición en diciembre al gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, la disolución del Parlamento andaluz con la convocatoria de elecciones ha dejado un vacío tras de sí: “No se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM) en Andalucía volvieron a salir a la palestra a lo largo de la semana pasada después de que desvelara, a través de una investigación de El País, que la Junta ya era conocedora de la obstrucción que había en el sistema con dos alertas realizadas por el servicio de Radiodiagnóstico en 2023 y, posteriormente, en 2025. En este sentido, el material que remitió la administración al Defensor del Pueblo el pasado diciembre era “claramente insuficiente”. Así, pesa la indiferencia. “Hemos reiterado una respuesta, de manera urgente y preferente”, señaló Maetzu durante la rueda de prensa en la que presentó el balance de 2025 de la institución, donde hay un apartado específico para esta crisis.

“No duden de que, en cuanto esté la información, se informará a la ciudadanía”, reiteró en la casa del pueblo andaluz, ya que las pacientes “tienen inapelablemente el derecho a la información”. Hay un total de 2.317 mujeres que fueron afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama y, pese a la gravedad de la situación, el informe remitido conjuntamente por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la defensoría fue poco esclarecedor. “Decían que unas llamadas se hicieron y otras no, unas notificaciones se hicieron por carta y otras al correo electrónico... Era insuficiente, y la defensoría tiene que ser muy seria con esto, porque es un caso muy grave”, aseveró.

“El problema real no es de forma sino de fondo”

Las respuestas demandadas son relativas a tres ejes fundamentales, tal y como se cita en el balance de la defensoría: el derecho a la información sanitaria, la respuesta asistencial analizando el cumplimiento de los plazos clínicos recomendados y la evaluación global del propio programa, en particular, de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz. En el informe enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, se reconoce haber identificado “una falla de comunicación” o “incidencia comunicativa”, que afectó a las mujeres con hallazgos mamográficos catalogados como BI-RADS 3, especialmente en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pero se expresa que tal incidencia “no implicó errores clínicos ni disminución de la calidad asistencial”.

Además, se especifica que el programa de cáncer de mama incorpora un sistema automatizado de comunicación para resultados sin hallazgos relevantes y que, en los casos que requieren valoración especializada (BI-RADS 0, 3, 4 y 5), se genera directamente la derivación hospitalaria, aunque la comunicación depende parcialmente de los circuitos de cada hospital. En este punto, se especifica que existían diferencias en las formas de contactar con las mujeres, haciéndolo algunos por vía telefónica y otros mediante envío directo de la citación por correo postal.

No obstante, la defensoría, a la hora de estudiar las respuestas de la Junta, entiende que el enfoque para justificar las respuestas es “parcial”, ya que se reduce la “falla de comunicación” a una mera cuestión de forma, es decir, “una simple diferencia en la práctica de los medios empleados”, pero “no responde al problema de mayor calado planteado en la crisis del cribado de mama, por la ausencia misma de contacto dirigido a informar del resultado incierto del cribado, ni del estudio adicional preciso, ni de la derivación a su centro hospitalario”.

“El problema real no es de forma sino de fondo, esto es, de la ausencia misma de comunicación autónoma de los resultados del Programa de Cribado a las afectadas”, en donde no se clara si debían o podían realizarse conjunta o separadamente, a quién correspondía la realización de cada una y porqué se omitía la primera. A su vez, se omiten datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera. Tampoco se pronuncia sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado, aunque sí determina que se inició en octubre de 2025 la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz. “Todo lo cual nos lleva a cursar una petición de informe complementario”, determina la evaluación de la defensoría.

Balance de 2025

A lo largo de 2025, el Defensor del Pueblo Andaluz incrementó su actividad y desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día. En comparación con el periodo anterior, hubo un 30% más de quejas presentadas, con un total de más de 13.000 nuevas quejas iniciadas. Además, se atendieron 17.494 consultas atendidas y se realizaron 53 actuaciones de oficio, viéndose que hay una mayor incidencia en Dependencia, Salud, Educación, Consumo, Vivienda, Personal del sector público y Discapacidad.

En dependencia, advirtió que “Sevilla está colapsada”, ya que hay unas 100 quejas diarias en la materia dentro de la provincia. Hay escritos que quedan grabados en su memoria, como el de un hombre de 49 años, con ELA, y cuyos dos hermanos, que sufrían la misma enfermedad, habían fallecido sin que les llegara respuesta por parte de la administración, “me preguntaba, ¿usted cree que también me moriré sin la ayuda?”. “Las listas de espera y los retrasos en dependencia merman la confianza de la ciudadanía en el sistema público: no hay mayor desafección”, subrayó. En vez de hablar de retrasos y demoras, el término que usó fue “desprotección”, desprotección para las familias con personas mayores, las que esperan por el bono de alquiler, aquellas que necesitan unos ingresos mínimos, es decir, las que no pueden esperar un día más ante los desmanes de la vida.

En cuanto a la vivienda, fue tajante: “Es el termómetro más visible de la desigualdad”. Con 2.423 expedientes gestionados, es una de las mayores preocupaciones de la población andaluza. La carrera de obstáculos, tal y como definió, incluye la falta de oferta, los precios desmedidos del mercado inmobiliario, sobre todo en el alquiler, la amenaza de las viviendas de uso turístico o la “especial crudeza” de las zonas costeras. “Hay una avaricia patrimonial”, determinó a tenor de la visión especulativa que se mantiene sobre la vivienda. Una realidad en la que la defensoría se posiciona “con la exigencia de que este derecho subjetivo sea cada vez más preponderante”. Para ello, pidió una planificación estructural en el sistema, en vez de las construcciones a mansalva que afloran en esta nueva burbuja inmobiliaria y que, de una forma u otra, tiene una repercusión en la infancia y la adolescencia, como ha analizado con asociaciones del sector.

“La vivienda acelera procesos de sustitución social”, añadió, siendo él mismo uno de los afectados. Oriundo de Cádiz, admitió que en el centro de su ciudad apenas reconoce a los vecinos y a los pequeños comercios de los que disfrutaba hasta hace apenas una década. Por tanto, pide leyes autonómicas que “alivien” la presión sobre aquellos que intentan acceder a una propiedad. Ampliar y proteger el parque público, así como la coordinación efectiva de los servicios sociales y la mejora de la gestión de las ayudas son alguna de las claves que ofreció para intentar paliar la situación.

Jubilación

El informe anual, concebido como una hoja de ruta, da un decálogo de buenas prácticas para las instituciones, ya sea en materia de vivienda como dependencia y sanidad, en el que se reitera que el marco común debe ser la defensa y el robustecimiento del espíritu democrático.

Maetzu vio como positivo el aumento de casos a atender, que significaría un mayor conocimiento del organismo entre la sociedad, pero, de cara a las elecciones autonómicas que se avecinan, advirtió: “Se van a empezar a pelear todos los grupos, pero tiene que haber un suelo democrático”, donde el compromiso sea con “la igualdad, la no discriminación, los derechos laborales, la migración, los ingresos suficientes, la sostenibilidad ambiental, así como la memoria democrática”. Valores por los que construir una sociedad mejor, más rica y diversa, en donde la convivencia sea la prioridad frente a los discursos de odio y xefonobia, comentó, sobre todo en el entorno de las redes sociales. Todo ello, con tal de evitar la erosión de la convivencia social, deseó.

A sabiendas de la importancia de su cargo, insistió en que su deseo es jubilarse cuando se forme un nuevo gobierno en Andalucía. “Después de las vacaciones, que se sienten todos los grupos que quieran a la institución a negociar”, con tal de llegar a los tres quintos que se requieren para su sustitución. En las dos últimas décadas, ha desempeñado esta labor en tres períodos diferentes, estando desde septiembre de 2024 hasta la actualidad en funciones. “Quiero una soledad deseada”, sonrió. A la espera de lo que ocurra tras el 17 de mayo, Maetzu protegerá el cargo que le confía el pueblo andaluz.

Las escuelas infantiles andaluzas se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Andalucía para exigir a la Junta una actualización urgente del llamado precio plaza, la cuantía que la administración abona por cada menor escolarizado y que permanece congelada desde 2020, según denuncian las organizaciones representativas del sector.

La protesta se produce apenas una semana después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara la gratuidad de las plazas para niños de uno a dos años a partir del próximo curso 2026/27. Con esta medida, la Junta completa la bonificación al 100% de la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) que se había planteado alcanzar en seis años, pero deja sin resolver “las necesidades reales y urgentes” de financiación, que vienen denunciando las escuelas infantiles.

“La gratuidad es una buenísima noticia para las familias y para el desarrollo de los niños, pero sin una actualización del precio plaza, los centros no son viables”, explica a este medio Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, la asociación mayoritaria del sector, que representa al 25% de las guarderías adheridas al programa de ayuda a las familias de la Junta.

Actualmente, el precio plaza ronda los 240 euros mensuales para la atención educativa en Andalucía, una cifra que no ha variado en los últimos seis años. Durante ese tiempo, los centros aseguran haber asumido el incremento de costes en salarios, seguros sociales, suministros y materiales, sin que se haya reajustado la tarifa oficial regulada por la administración pública. “No hablamos de financiación para tener beneficios, sino para poder llegar a final de mes”, subraya Uncala, quien advierte de que la situación es “insostenible” para muchas escuelas.

Un modelo tensionado

La red educativa en esta etapa no obligatoria está compuesta en sus dos terceras partes por centros privados, fundados básicamente por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo se impulsó en su día por el PSOE para compensar la escasa oferta pública. En su lugar se optó por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, mientras que las escuelas perciben una cantidad fija por plaza.

El efecto colateral fue que el desarrollo de una red pública propia ha quedado en segundo plano. De hecho, el Gobierno de Moreno devolvió hace dos años 119 millones de euros de fondos europeos Next Generation que estaban condicionados a la creación de plazas públicas gratuitas.

Desde el sector aseguran que Andalucía cuenta con una de las financiaciones más bajas del país, con diferencias que pueden alcanzar hasta los 100 euros respecto a otras comunidades autónomas. “Somos la comunidad con la atención educativa infantil más barata de España”, resume Uncala, antes de defender que “nuestros niños merecen escuelas infantiles que puedan trabajar tranquilas, seguras y sin estar agobiadas por si pueden tener un imprevisto y no puedan salir al paso”.

Anuncio por sorpresa

Otro de los detonantes de la protesta ha sido la forma en la que se comunicó la ampliación de la gratuidad para niños de un año. Según relatan las patronales, el pasado 19 de marzo se reunieron con la Consejería con la expectativa de abordar una propuesta de actualización del precio plaza. “Íbamos preparados para una oferta, aunque fuera progresiva, pero nuestra sorpresa fue que, mientras estábamos en la mesa, se anunció una medida que no se había trabajado con el sector”, señala Uncala, respaldada por otras entidades como FSIE Andalucía, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y ACES Andalucía.

Las organizaciones denuncian que la medida se ha adoptado de forma “unilateral” y que deja en segundo plano una reivindicación que llevan años trasladando a la administración. “Las escuelas infantiles llevamos años soportando una situación económica cada vez más compleja, marcada por el incremento de los costes estructurales sin que se haya producido una actualización suficiente y efectiva del precio de la plaza”, recuerdan.

Por ello, reclaman “una revisión real y adecuada” de cara al próximo curso que garantice la viabilidad económica de los centros y el mantenimiento del servicio educativo. En ese contexto, la patronal de esta etapa educativa “espera seguir dialogando y obtener una respuesta de la Junta de Andalucía” en relación al precio de la plaza para 2026-2027.

Sin descartar nuevas protestas

Escuelas Infantiles Unidas insiste en que la gratuidad del primer ciclo en Educación Infantil es positiva para las familias andaluzas, al facilitar el acceso a una etapa clave para el desarrollo infantil y favorecer la conciliación familiar. Sin embargo, advierte de que sin cambios en la financiación el sistema queda en riesgo.

La concentración de este miércoles es la primera acción de protesta que convoca el sector, sin descartar nuevas movilizaciones los próximos meses, en un contexto marcado por el calendario electoral andaluz, que culminará con la cita en las urnas el 17 de mayo.

Con el proceso de escolarización a punto de comenzar y el inicio del curso fijado para septiembre, las escuelas confían en que aún hay margen para una rectificación. “Hay tiempo para que este Gobierno o el que salga de las elecciones atienda de una vez por todas nuestra reivindicación: un precio justo que garantice un servicio de calidad”, concluye la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Un grupo de entidades andaluzas –encabezado por CODAPA, USTEA y Justicia Alimentaria– se ha organizado para conformar la Alianza por la Alimentación Escolar en Andalucía. Esta alianza nace del interés compartido por “impulsar un cambio profundo en el sistema de comedores escolares andaluces, defendiendo un modelo público, saludable, sostenible y de gestión directa, frente a un sistema privatizado que ha generado numerosas quejas y preocupación en la comunidad educativa”.

La Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar se ha presentado públicamente este jueves, en un acto celebrado delante de la fachada principal del Parlamento de Andalucía, con el objetivo de visibilizar la necesidad de transformar el actual modelo de comedores escolares y situar este debate en el centro de la agenda política y social de la comunidad.

Las 12 organizaciones –de ámbitos diversos como el educativo, de salud, académico, productivo, ecologista y social– ya venían denunciando que el comedor escolar no puede entenderse como un servicio accesorio, sino como “un servicio educativo esencial que debe garantizar una alimentación saludable, segura y equilibrada para todo el alumnado, en condiciones de igualdad, con criterios pedagógicos y de justicia social”, como explican desde la alianza.

Un modelo basado en la gestión pública directa

Así pues, el modelo que defiende esta alianza es uno basado en la gestión pública directa de los comedores escolares, la apuesta por la economía circular y los productos frescos y de cercanía, así como la elaboración in situ en los centros educativos, mediante cocinas propias que permitan “mejorar la calidad nutricional y sanitaria de los menús, reforzar el control de los procesos y atender de manera adecuada las necesidades derivadas de alergias, intolerancias u otras particularidades alimentarias del alumnado”

Asimismo, la Alianza reclama a la administración andaluza un plan de transición hacia la gestión pública directa, inversión suficiente para la implantación de cocinas en los centros, criterios de contratación que prioricen productos frescos, equilibrados y de proximidad, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre contratos, controles de calidad e inspecciones.

Situar los comedores escolares en la agenda

Tras esta presentación pública, la Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar iniciará ahora una ronda de contactos con los distintos partidos políticos con representación institucional, con el fin de trasladarles de manera directa las reivindicaciones de la plataforma, exponer la situación actual de los comedores escolares andaluces y recabar apoyos para promover un cambio real en este servicio fundamental para la comunidad educativa.

Con este nuevo paso, la Alianza pretende abrir un proceso de interlocución política y social que permita avanzar hacia un modelo de comedor escolar que “priorice la salud del alumnado, la equidad, la sostenibilidad y el interés público, frente a lógicas de externalización y beneficio económico”.

Entre las entidades que conforman esta unión, figuran la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la Escuela Pública (CODAPA), el sindicato USTEA, Justicia Alimentaria, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía), la Federación Andaluza de Consumo y Producción Ecológica (FACPE), Ecologistas en Acción y SASPAS (Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite la querella presentada por parte de una trabajadora de la institución provincial contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez. La denuncia iba también dirigida contra otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

En el momento de los hechos, una nota emitida por el partido hacía referencia a que la presunta afectada advertía del trato que supuestamente recibía por Pérez e indicaba que el PSOE de Sevilla “tenía conocimiento de los hechos”.

Según el auto judicial, consultado por Europa Press, el TSJA considera que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

“No eres nadie”

Así, según este escrito, adelantado por Diario de Sevilla, la querellante relató que su labor en la Diputación durante cuatro años consistió en “administración y tareas institucionales comunicativas con los diferentes municipios de la provincia”, una tarea que fue “tranquila” hasta que el 27 de noviembre de 2023 fue “objeto de un trato humillante por parte del coordinador del grupo en la Diputación (Demetrio Pérez) que consistió en una reprobación verbal cargada de gritos y descalificaciones hacia la querellante delante de compañeros de trabajo y reducción de sus tareas”. “Quien eres tú para llamar a los municipios, no eres nadie, estás achicharrando a llamadas a los municipios, me está dejando en mal lugar en el partido y cuando yo llame ¿Quién me va a contestar?”, era el contenido de las mencionadas afirmaciones.

Prosigue, “este incidente lo puso en conocimiento del querellado Rafael Recio el cual le contestó que hablarían más adelante”. A consecuencia del mismo estuvo de baja cuatro días, “diagnosticada por un trastorno adaptativo”, tras lo que solicitó el alta voluntaria. Así, posteriormente, “su situación laboral empeoró progresivamente, notando que le reducían las tareas”. Llegó a solicitar que se le encomendasen más, lo que fue rechazado al ser “innecesario”, por lo que advirtió de una “marginación en sus tareas”. Su “malestar”, prosigue, fue trasladado a Recio en una carta, tras lo que se convocó una reunión en la que “no se le dejó hablar, siendo conminada a contestar con un sí o un no a las preguntas que Rafael le hacía”.

Asimismo, asegura que “al día siguiente de la reunión el querellado Demetrio presentó una demanda de conciliación previa a una querella contra la aquí querellante por injurias graves y calumnias”, tras lo que se abrieron unas diligencias. Tras ello, la misma conoció que “Demetrio al comentar la conducta de la querellante hizo referencia a una serie de problemas que ella tiene con su pareja, que había contado a algunas compañeras por confianza y en un ámbito privado y confidencial”, por lo que considera que “al comentarse en público no se ha respetado tal intimidad revelándose secretos de su situación personal que no deben conocerse, dañando su imagen pública y creando en ella un clima de presión y terror”. Los hechos fueron denunciados por el querellante, según el escrito, ante los órganos internos del partido, dando lugar a la apertura de unas diligencias informativas internas que habrían sido resueltas por una resolución dictada por le querellado Recio Fernández, “por el que acordó el archivo por inexistencia de indicios de acoso laboral”.

“No actos sistemáticos de hostilidad y humillación”

Tras analizar la conducta de Recio para “determinar la existencia o no de indicios de comisión de delitos imputados”, el TSJA ha enmarcado que los hechos expuestos respecto a Recio “describen, después de una cierta relación de confianza que resultó fallida, por los motivos que sean, desencuentros y desaprobaciones posteriores, incluso puntuales momentos de tensión, como los que se reflejan en las conversaciones expuestas, pero no actos sistemáticos de hostilidad y humillación”. Detalla que la valoración de los indicios contra el mismo “radicaría exclusivamente en su intervención en parte” de los hechos narrados, mientras que los “insultos y vejaciones” relatados “los habría realizado en exclusiva Demetrio Pérez”.

“Por tanto de la querella se deduce que la única participación que tuvo Rafael Alfonso Recio Fernández queda circunscrita al subjetivo sentimiento de la querellante de que no se le atribuyeron por este querellado las labores, que no precisa, que la querellante solicitaba o de las que era competente para realizar, así como a su actuación en la tramitación de la investigación interna, referida a los requerimientos de concreción en sus respuestas”, apostilla. Por ello, respecto a Demetrio Pérez, aclara que la presente resolución se limita a la persona aforada, en este caso Recio, y “en consecuencia, debe quedar fuera de la presente resolución cualquier actuación realizada por los otros querellados, salvo conexión delictiva entre todos ellos, que desde luego no consta ni puede desprenderse, según lo expuesto, del contenido de la querella y documental aportada con la misma”.

Por todo ello, el tribunal ha procedido a acordar la inadmisión a trámite de la querella presentada, al entender que “los hechos imputados a persona aforada, ni siquiera indiciariamente, presentan caracteres de delito y ello sin necesidad de llevar a cabo otras comprobaciones documentales o acceder a la práctica de la prueba solicitada”. Las costas, por su parte, han sido declaradas de oficio. En conclusión, ha inadmitido a trámite la querella “por no ser los hechos constitutivos de delito atribuible a persona aforada”.

La oposición ha tildado de “doble rasero” la directriz que aplica el PP andaluz en las políticas relacionadas con el colectivo LGTBI tras rechazar, en connivencia con Vox, la propuesta no de ley (PNL) para declarar como Lugar de Memoria Histórica las pintadas que se realizaron durante la primera manifestación por la libertad sexual en Andalucía. Mar Cambrollé, activista trans y presidenta de ATA, ha manifestado que “las nuevas generaciones deben saber que durante el franquismo se perseguía a las personas por ejercer su libertad sexual”.

En unas declaraciones realizadas este miércoles en el Parlamento andaluz, ha subrayado que las pintadas en los juzgados de Sevilla mantiene vivo en el recuerdo la crudeza de la dictadura, cuando se aplicaba la Ley de Peligrosidad Social contra las personas LGTBI, “que eran reprimidas brutalmente por la policía y el sistema judicial”. La PNL, debatida en la Comisión de Cultura y Deporte a propuesta de Por Andalucía, intentaba recuperar y anclar en el espacio público el hito que se dio en aquel 25 de junio de 1978. Sin embargo, la seña histórica del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR) seguirá sin ser restaurada tras ser borrada por error por los servicios de limpieza de la Junta de Andalucía.

“Quieren desfilar en el Orgullo, pero niegan la memoria”

“Torpemente, el PP se escora hacia la ultraderecha. Es lamentable. Secuestrar esta iniciativa es deleznable y es propia de la involución”, ha sostenido la activista. La iniciativa, que partía de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), ha tenido un largo camino en la casa del pueblo andaluz, ya que en 2018 se presentó un requerimiento administrativo, el cual quedó relegado al olvido. Durante 45 años los grafitis permanecieron inalterables hasta que quedaron casi inapreciables en la fachada del edificio histórico.

Por su parte, Durán ha acusado al PP de no ser coherentes en su estrategia: “Quieren desfilar en el Orgullo, pero niegan los derechos y la memoria del colectivo LGTBIQ+”. La diputada y secretaria institucional de Podemos ha insistido en que el grupo “se apoyó en una argucia legal para oponerse a la propuesta y disimular su seguidismo de Vox”, en referencia a la intervención en la que los populares señalaron que la medida debería haberse discutido en la Comisión de Justicia. “El PP ha perdido la oportunidad de separarse de la extrema derecha, pero lamentablemente ha demostrado que en la práctica defienden lo mismo”, ha concluido.

El rastro de las pintadas del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR), con motivo de la primera manifestación por la libertad sexual en Andalucía que se dio el 25 de junio de 1978, apenas son visibles. Tres años después de que se borraran durante unas tareas de limpieza, se ha rechazado en la Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento andaluz la proposición no de ley (PNL) para reconocer como Lugar de Memoria Histórica este espacio en los juzgados de Sevilla.

La propuesta del grupo parlamentario Por Andalucía responde a una reivindicación que el colectivo arrastra desde hace ocho años sin encontrar una respuesta que dé la oportunidad a las futuras generaciones de conocer qué pasó y por qué se dio esa pintada. Con seis votos a favor y 12 en contra, emitidos por Vox y PP, la PNL finalmente no fructificó. “Durante años, no se inició ningún expediente administrativo y aún no ha sido considerado Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así que se ha perdido la oportunidad de rendir homenaje a aquellas personas que antes, durante y después, lucharon por sus derechos”, manifestó la diputada proponente, Alejandra Durán, a partir de una iniciativa de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) Sylvia Rivera, según ha recordado.

Con el afán de que “se restaure de manera urgente” la pintada que representa “la libertad que tanto ha costado conseguir a miles de andaluces y andaluzas”, el fin de la restauración es que sea “legible e identificable” para todas aquellas personas que pasen por las inmediaciones del edificio histórico y quienes busquen referencias a un pasado no tan lejano en el que las leyes franquistas perseguían, denigraban y encarcelaban a las personas LGTBI. “Un pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos horrores y errores”, subrayó la representante de Por Andalucía. Sin embargo, la línea adoptada por PP y Vox impidió que se diera tal avance.

“Hay que dirigirse a la Consejería de Justicia”

El diputado de los populares, José Carlos García, optó por la doble estrategia. A un mismo tiempo, admitió que el reconocimiento de las pintadas históricas merecía “respeto” y admitía que su deseo era “reconocer a todas aquellas personas que alzaron su voz para reclamar libertad e igualdad”. Pese a ello, optó por el intríngulis administrativo: “Hay una protección patrimonial específica, por lo que tienen que dirigirse a la Consejería de Justicia”, atajó, aunque fuera la Mesa del Parlamento la que considerara que esta comisión era la más oportuna para debatir el procedimiento. Así, le tiró el guante a los socialistas, afeándoles que “no tendrían tan clara” su posición cuando recibieron años atrás el requerimiento, estando al frente del Gobierno andaluz.

“Reconocemos la voluntad de las personas LGTBI que comenzaron un camino tan difícil de recorrer, pero le daremos rigor y seguridad jurídica sacándola del ruido parlamentario, no con esta PNL”, concluyó. Un discurso que, pese a que coincidió en el voto, intentó apartarse del camino trazado por Vox. La diputada Montserrat Cervantes señaló desde un primer momento su disconformidad y se enroscó en el señalamiento hacia la ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática: “No quiero ni entenderlo. Puede dar pie a que cada uno pinte lo que quiera en los edificios públicos”. A renglón seguido, se opuso al “revisionismo histórico” y la “manipulación” de los hechos acaecidos durante la dictadura, “que buscan condenar el pasado español”. Señaló el objetivo del partido de ultraderecha: tumbar la norma en la región, tal y como ha sucedido en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares, con el apoyo del PP.

La activista trans Mar Cambrollé, a la sazón presidenta de ATA, ha alzado la voz en innumerables ocasiones para que se dignifique este espacio en la capital hispalense, tachando la dejadez institucional de error. Es más, en mayo de 2018 registró una petición de señalamiento y preservación de aquella pintada como Lugar de Memoria Democrática. Cuatro meses más tarde, la jefa del Servicio de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, respondía que el Grupo de Trabajo sobre Lugares y Senderos de Memoria evaluaría su solicitud. El silencio fue la respuesta.

“La Transición fue homófoba”

Sin hacer mención a este capítulo, el socialista Rafael Recio mostró su apoyo a la PNL: “Es darle dignidad a todo un movimiento que durante décadas sufrió la falta de unidad de este país para que hubiera igualdad de derechos”. En referencia a la Transición, sostuvo que, aunque trajera la democracia, “fue homófoba, porque seguían vigentes las herramientas de persecución”. La eliminación del delito de escándalo público no llegó hasta 1988, “tarde para quienes fueron detenidos y encarcelados por amar”. En un discurso diametralmente opuesto a la ultraderecha, recordó que tales pintadas no eran signo de vandalismo, sino “un grito de los andaluces que reclamaban sus derechos”.

“Gobierno escucha, el MHAR está en lucha”. El grito silenciado en los juzgados sevillanos se realizó “por la noche y con mucho miedo”, recordaba la propia Cambrollé. El MHAR, entre otras acciones, recogía firmas dirigidas al Ministerio de Justicia exigiendo la abolición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. También mostraba su protesta con pintadas como la que protagoniza esta historia en fachadas donde reivindicaban la abolición de las leyes represivas y defendían la libertad sexual. El recuerdo de aquellos hitos se esfumó cuando la empresa, contratada por la Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Sevilla para la limpieza interior y exterior de las instalaciones, tornó en sombra el trazo negro sobre la piedra. Por el momento, continuará casi inapreciable para parte del pueblo andaluz.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado de “ilegales” las acampadas en la ciudad a colación de la concentración que desde este lunes están llevando a cabo trabajadores municipales en la Puerta Jerez contra la propuesta del Ayuntamiento de externalizar la limpieza de los colegios de la ciudad.

“En Sevilla usted no puede montar una tienda de campaña donde usted quiera y dormir ahí, por ley”, ha afirmado este jueves el alcalde preguntado por el tema en una comparecencia ante los medios en la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local.

Asimismo, Sanz ha remarcado que “ha tomado una decisión” y ha señalado que la forma de negociar con los sindicatos sería “sentarse en una mesa”. “El equipo de gobierno tiene como único objetivo mejorar la limpieza de los colegios públicos de Sevilla y reorganizar la limpieza del resto de edificios municipales”, ha afirmado el alcalde.

Concentraciones

El comité de empresa de la plantilla municipal mantiene desde este lunes una concentración en Puerta Jerez. En un primer momento, se instalaron tiendas de campaña en el lugar hasta que el Ayuntamiento notificó este martes a los organizadores un requerimiento para que las retiraran “al no tener permiso para su instalación”.

Fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla confirmaron a Europa Press que la autorización “corresponde únicamente a la concentración” y que “el uso de tiendas de campaña es una utilización de dominio público que tendría que dar en su caso el Ayuntamiento al ser suelo municipal”.

Ante esta situación, el presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, confirmaba a Europa Press que iban a retirar “provisionalmente” las tiendas de campaña “aunque iban a continuar con las sillas y mesas en el espacio” hasta el 11 de marzo.

“Trabas”

El sindicato denunciaba este martes “trabas” por parte del Consistorio, que este miércoles notificaba a los manifestantes la aplicación de una tasa por utilización privativa o aprovechamiento espacial.

Según el escrito publicado por el sindicato CSIF en sus redes sociales, la Gerencia de Urbanismo del Consistorio ha indicado que la ocupación del espacio “constituye un hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de dominio municipal, aún cuando se lleve a efecto sin la perceptiva autorización”.

UGT ha asegurado que se trata de una “extorsión democrática”, mientras que el PSOE se ha unido a las críticas y ha calificado la situación de “inaceptable”. Fuentes municipales han asegurado a esta agencia que “cualquier elemento que se coloque en la vía pública tiene que tener autorización y pagar la tasa correspondiente”.

Expulsados del pleno

La acampada en Puerta Jerez forma parte de un intenso calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos que incluye concentraciones frente al Teatro de la Maestranza durante los actos institucionales del 28F y del Pregón de la Semana Santa, el próximo 22 de marzo.

Durante el Pleno del Parlamento andaluz de este jueves, un grupo de manifestantes ha sido desalojado del hemiciclo tras desplegar pancartas y realizar cánticos durante una pregunta formulada a la consejera de desarrollo educativo sobre la externalización.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reprendido a los diputados del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por “aplaudir” a los trabajadores. “Es una auténtica vergüenza. Cuando usted invita a alguien al Parlamento, que es la casa de todos los andaluces, hay que enseñarles cuáles son las normas de cortesía y respeto. Ustedes no lo cumplen”, ha asegurado Aguirre a los diputados José Ignacio García y Begoña Iza.

CSIF ha asegurado en una publicación en redes sociales, que han “querido hacer visible el sufrimiento de la plantilla municipal”. “Sería necesario tener un arbitraje, una intermediación, puesto que a pesar de que el alcalde dice en los medios de que está en disposición de negociación y de que las organizaciones sindicales nos hemos levantado de la mesa, eso no es cierto”, ha afirmado el sindicato.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció este fin de semana los nombres de las personas galardonadas con el título de Hijos Predilectos de Andalucía 2026, máxima distinción que concede el Gobierno autonómico: se trata del cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, que recogerán su galardón el próximo sábado, 28 de febrero (28F), durante la ceremonia institucional celebrada en el Teatro de la Maestranza.

El nombramiento de Paz Vega como Hija Predilecta de Andalucía ha desatado cierta polémica, después de que algunos dirigentes de la izquierda -desde Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos- hayan afeado a Moreno que premie a una actriz, modelo y presentadora “que figura en la lista de grandes morosos de la Hacienda pública española”.

Desde 2015, el Ministerio de Hacienda hace pública cada año la lista de “morosos” con el fisco (empresas y personas físicas), que son aquellos que adeudan más de 600.000 euros. Si saldan su deuda, salen de la lista y de la exposición pública. El año pasado, entre los “defraudadores” o “morosos” señalados por el Gobierno estaba la cantante Isabel Pantoja (que también tiene la Medalla de Andalucía), el presentador Bertín Osborne, el exbanquero Mario Conde y la actriz Paz Vega, que adeuda a la Hacienda pública unos 2,4 millones de euros.

El PP andaluz ha salido en defensa de los Hijos Predilectos de este año, pero la polémica sobre la actriz sevillana ha desempolvado un debate parlamentario que tuvo lugar hace sólo cinco meses, en la comisión de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), donde el diputado de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado cuestionó el programa de Bertín Osborne en Canal Sur Televisión. Gómez Jurado recordó que el cantante es un “defraudador” de Hacienda y aparece, cada año, en la lista de morosos con el fisco.

En defensa de Osborne salió la diputada del PP por Sevilla Virginia Pérez, que fue presidenta del partido en esta provincia, y que reprochó al parlamentario de izquierdas que centrase sus críticas contra el cantante, por su programa en Canal Sur, y no contra la actriz Paz Vega, que también es está en la lista como “defraudadora” y “morosa”.

El Grupo Socialista va a solicitar la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz que aborde la “reconstrucción” que Andalucía necesita de forma “inmediata” tras los daños ocasionados por el 'tren de borrascas' que ha afectado a la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero.

Así lo ha anunciado este lunes la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha explicado que la solicitud de creación de dicho grupo de trabajo se va a canalizar a través del cupo de proposiciones no de ley (PNL) del que dispone el grupo parlamentario socialista.

La representante del PSOE-A ha defendido que la creación de este grupo de trabajo es “imprescindible” para abordar “de manera inmediata la reconstrucción de Andalucía”, y desde su partido quieren que en dicho órgano se convoque “a alcaldes, sindicatos en representación de los trabajadores afectados, asociaciones de agricultores y ganaderos, regantes, directores de centros educativos, asociaciones de madres y padres (AMPA), directores de centros de salud, representantes de los profesionales sanitarios” o personal del Infoca, entre otros, según ha enumerado María Márquez.

Se trata de que en dicho grupo de trabajo se escuche “a todo el mundo que tiene algo que ver y que aporta, ayuda y da luz a esta reconstrucción que tiene el Gobierno de Andalucía por delante”, con el objetivo, según ha continuado la representante del PSOE-A, de que “nadie se quede fuera, sin ayuda, sin respuesta”, así como “que el dinero público vaya donde tiene que ir”.

De igual modo, María Márquez ha anunciado que esta semana se elevará a 1.000 el número de iniciativas registradas por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz “con nombres y apellidos, poniendo el foco en los problemas que ha generado” esta serie de temporales en Andalucía, atendiendo a lo que trasladan a los socialistas sus “compañeros en el territorio, los colectivos, las asociaciones, las distintas entidades que con muchísima preocupación quieren que se les dé una respuesta a su problema”, según ha relatado la portavoz parlamentaria.

El PP andaluz, por su parte, ha registrado tres proposiciones no de ley instando al Gobierno de Pedro Sánchez a agilizar las ayudas y las inversiones previstas para los afectados, tanto del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas y hubo 126 heridos, como del tren de borrascas que golpeó a Andalucía, dejando a 11.000 personas fuera de sus casas y destrozos materiales en viviendas, carreteras y conexiones ferroviarias.

Apenas 24 horas después de que Alberto Núñez Feijóo, en una tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso, amenazase con la cárcel a Pedro Sánchez por el accidente ferroviario de Adamuz, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha exhibido un talante político diametralmente opuesto en el Parlamento autonómico.

Incluso se ha atrevido a resumir su idea de lo que debe ser la acción política en siete “principios”, que ha enumerado sin mencionar a nadie. Los 'mandamientos' de Moreno son estos: “Uno, defensa de las instituciones; dos, transparencia y coherencia de nuestras acciones; tres, el respeto al adversario político, que no es un enemigo al que haya que destruir, sino alguien con quien podemos construir; cuatro, diálogo permanente con todos (todas las opciones políticas tienen cabida en este Parlamento); cinco, la seguridad jurídica, como base de cualquier proyecto; seis, la escucha permanente a la sociedad; y siete, la gestión basada en la transformación, la apuesta por la reforma de nuestra tierra, cada uno desde su modelo político”.

Moreno ha desplegado sus principios, que llevaba escritos, en el turno de cierre de la sesión de control, en respuesta a la intervención del portavoz del PP andaluz, Toni Martín, que también aparcó su habitual beligerancia contra la izquierda para resaltar el clima de concordia que se respira en Andalucía tras dos tragedias consecutivas, primero el accidente de Adamuz, que ha dejado 46 muertos y cientos de heridos; y luego el tren de borrascas, con miles de desalojados de sus casas, viviendas destruidas y abandonadas, carreteras cortadas y las líneas ferroviarias inutilizadas.

Estos dos golpes devastadores han tenido un efecto narcótico en la política andaluza, a las puertas de las elecciones autonómicas. El primer Pleno del año, hace 15 días, ya se vivió ese ambiente de cooperación entre las distintas fuerzas, que primaron la solidaridad con las víctimas de la tragedia de Adamuz y orillaron la bronca política.

En ese momento, tanto el consejero de Sanidad, Antonio Sanz (diana de la oposición por la gestión de la crisis de los cribados de cáncer), como todos los portavoces de la oposición (excepto Vox) ensalzaron la “cooperación y la lealtad institucional” entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía en la gestión del accidente de Adamuz. Ese mismo día, por la mañna, la bancada de senadores del PP había recibido al ministro de Transportes, Óscar Puente, al grito de “¡dimisión, dimisión!”.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, la primera tras las elecciones en Aragón, siguió por esa línea. Uno de los momentos más duros fue cuando Feijóo amenazó a Sánchez con la cárcel -por segunda vez en seis meses-, tras denunciar que el accidente de Adamuz era “evitable”. “El Gobierno se sentará en el banquillo” por esta “negligencia”, dijo. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, remató asegurando que “no había sido un accidente, sino un crimen”. La ultraderecha está personada como acusación en la investigación judicial sobre el choque de trenes en el municipio cordobés.

El registro de la política andaluza, incluso ahora que está inmersa en una precampaña electoral, es muy distinto, y el presidente de la Junta quiso subrayarlo con su declaración de principios, en contraste con los duros ataques de su jefe de filas en el Congreso. “Esta Cámara no es igual que otras Cámaras. Nosotros no somos igual que otros. Todos ponemos como eje central de nuestra acción política el interés general de los ciudadanos y dejemos de lado los intereses partidistas”, advirtió Moreno durante el cara a cara con la portavoz del PSOE-A, María Márquez, que suele ser el momento más tenso de la sesión plenaria.

También la dirigente socialista cambió de registro y tendió la mano a Moreno, subrayando la predisposición del Gobierno de Sánchez a colaborar con la Junta, tanto en el accidente de Adamuz como en la recuperación de los daños que ha sufrido Andalucía tras el temporal.

El presidente andaluz enunció una serie de reclamaciones -acceder al fondo de contingencia del Ejecutivo central, a más fondos europeos y poder usar el superávit de sus cuentas públicas en reparar los daños de la borrasca, en vez de para amortizar deuda-, algo que depende directamente de su rival en las urnas, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero. Y Márquez asintió a todas estas cuestiones. “Ningún problema”, decía sin el micrófono abierto.

En ese diálogo, el presidente andaluz instó a la dirigente socialista a preservar el entendimiento mutuo ante situaciones de la gravedad vivida, “porque es lo que esperan los ciudadanos”. “No perdamos la unidad. Que esta situación nos sirva para aprender, para separar lo importante de lo que no lo es”, dijo. “Hagamos las cosas bien. El PSOE andaluz no va a hacer con su Gobierno lo que está haciendo el PP nacional con el Gobierno de España”, le replicó Márquez. “Recogemos el guante. Y ojalá dure este punto de sensatez. Que no se pierda”, remachó Moreno.

El accidente de Adamuz y el golpe de la borrasca a Andalucía ha permitido al presidente de la Junta explotar su perfil más institucional y exhibir colaboración, lealtad y comunicación con el Gobierno de Sánchez y otras instituciones, mientras su partido atiza al Ejecutivo con dureza.

La imagen de Moreno se ha fortalecido tanto por la gestión como por el talante político, alejado del ruido, como han reconocido sus propios rivales. En el Pleno de este jueves, dirigentes de Adelante Andalucía y Por Andalucía le han criticado el “postureo” de hacerse fotos metido en charcos, mientras advertía a los ciudadanos que no se acercasen al agua por los riesgos de las crecidas. Pero la crítica ha pasado de puntillas, porque todas las fuerzas (quizá menos Vox) están en fase hipotensa, convencidas que la magnitud de la tragedia les obliga a todos a mantener un perfil bajo.

El forcejeo más duro, tras dos meses sin enfrentarse a la oposición en el Parlamento, ha sido entre Moreno y el portavoz de Vox, Manuel Gavira, que le ha reprochado la falta de previsión ante el tren de borrascas que ha destrozado muchas zonas de Andalucía. El presidente de la Junta ha mencionado de refilón los resultados de las elecciones de Aragón, donde la ultraderecha es decisiva para que siga gobernando el PP. También los sondeos dibujan ese panorama en Andalucía. Moreno le ha augurado al dirigente de Vox que se topará “con la realidad” si llegan a entrar en el Gobierno y les toca gestionar las instituciones, admitiendo indirectamente que puede perder la mayoría absoluta de la que ahora disfruta.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con el voto en solitario del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, el proyecto de Ley Universitaria Para Andalucía (conocida como LUPA). Así culmina la tramitación de una de las apuestas legislativas estrella del Gobierno de Juan Manuel Moreno, que ha sido cuestionada por los sindicatos y por los propios rectores de las diez universidades públicas, que barajan acudir al Tribunal Constitucional para denunciar a la Junta por invasión de competencias.

Hace meses que el Ejecutivo de Moreno y el mundo académico universitario mantienen un pulso, primero por la “asfixia” financiera que denuncian los rectores de la pública, luego por rediseñar el marco legislativo pensando en la progresiva implantación de universidades privadas, dicen, sin la solvencia técnica y profesional que se les exige a ellos. Antes de la llegada de Moreno al poder, en Andalucía solo había una privada –la Universidad Loyola, en Sevilla y ahora existen cinco, y otras seis en proceso.

Del debate parlamentario de la nueva ley universitaria andaluza se han ausentado hoy ocho de los diez rectores de la pública, un plantón al que la Junta ha restado importancia, y que el PSOE ha utilizado como un ejemplo de que la nueva norma “nace de espaldas al mundo académico”.

El peso de la universidad privada en Andalucía también está visible en la nueva ley. La nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo CAU–, el máximo órgano de decisión de los rectores, otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas, para planificar y coordinar el sistema universitario andaluz.

Hasta ahora podían participar, pero no votar. El CAU ha tenido una posición muy crítica los últimos años con la autorización que la Junta ha dado a las primeras universidades privadas, ya implantadas o en proceso de estarlo. El cambio legislativo implica que ahora, esas mismas empresas podrán intervenir en decisiones estratégicas y, en un escenario futuro en el que las privadas superen en número a las públicas (actualmente son cinco frente a diez), podrían llegar a conformar una mayoría en el pleno, como ya ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde el número de universidades privadas ha superado a las públicas (13 frente a seis).

La aprobación de la nueva ley universitaria andaluza se produce en un contexto político muy polarizado, como ha dejado patente el debate del PP con el resto de grupos políticos. Hace apenas una semana, el presidente Pedro Sánchez anunció que su Gobierno restringirá por decreto ley la apertura de nuevos centros privados de FP que carezcan de una “mínima calidad”, como hizo en 2021 con el llamado decreto anti-chiringuitos, contra las universidades privadas y la proliferación de titulaciones sin suficiente rigor académico.

Sánchez señaló directamente con su crítica a la comunidad de Madrid, pero las izquierdas andaluzas han acusado de lo mismo a Moreno que, en siete años de gobierno, ha allanado la implantación de universidades y centros de FP privados por toda Andalucía.

Cambia el marco legal de 2013

El proyecto recién aprobado sustituye el actual marco legal de 2013 y regula, entre otros aspectos, el modelo de financiación del sistema público universitario, principal elemento de fricción entre el Gobierno de Moreno y los rectores del sistema público, que denuncian un “incumplimiento” reiterado en el modelo de financiación.

La tramitación de la nueva norma universitaria se ha realizado por vía de urgencia, sin contar con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Ejecutivo andaluz en materia socioeconómica. Según defiende la Consejería, se optó por este trámite para cumplir con los plazos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que exige que las universidades adapten sus estatutos a la ley estatal antes de 2026.

Según la Consejería de Universidad, la LUPA incrementa los derechos del estudiantado, protege el sistema público universitario, consolida su modelo de financiación, estabiliza la carrera académica, promueve la internacionalización y la formación continua, y fomenta el acceso a la vivienda del alumnado. La norma, argumenta la Junta, mejora la gobernanza, endurece las condiciones para crear universidades privadas y fue acordada con los rectores, la comunidad educativa y agentes económicos y sociales.

No obstante, las críticas que recibe la LUPA giran en torno a tres ejes principales: el doble rasero con las universidades privadas -mismos derechos que la pública, pero menos obligaciones-, la limitación de la autonomía universitaria y la ausencia de garantías claras de financiación.

“Doble rasero” entre públicas y privadas

Durante el debate parlamentario, los partidos de izquierdas –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía– han justificado su voto en contra argumentando que la ley recorta la autonomía universitaria y consolida un “doble rasero” entre las universidades públicas y las privadas. “Guante de seda para las universidades privadas; pocas exigencias para ellas y, sin embargo, nuevos derechos, como entrar con voz y voto en el pleno del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria”, señaló el diputado socialista Antonio Ruiz.

Vox, por su parte, ha rechazado la ley porque considera que arrastra un “sesgo ideológico”, que permitirá la “colonización de la izquierda en las universidades”, y que hará de estas un “leviatán política”, en palabras del diputado ultraderechista, Alejandro Hernández.

Los agentes sociales también han dado la espalda a esta norma. CCOO Andalucía ha denunciado que la ley consolida un modelo de infrafinanciación y limita la autonomía universitaria. “No se recoge ningún compromiso económico concreto que garantice la solvencia del sistema público universitario. Ni personal, ni gastos básicos, ni becas, ni bonificaciones de matrícula: así es imposible garantizar una educación superior pública de calidad”, explican desde el sindicato.

Todos los grupos de izquierda coinciden en que la nueva ley podría favorecer indirectamente a las universidades privadas, mientras aumenta el control de la Consejería sobre la gestión de las públicas, desde plantillas hasta promociones y sustituciones de personal.

Tras la aprobación de la ley, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido ante el Pleno que se ha trabajado “para conseguir el máximo consenso y apoyo posible”, y ha agradecido a los grupos su participación en el diseño de la norma, que ha incorporado 50 enmiendas parciales de la oposición.

“Esta ley da estabilidad al sistema universitario andaluz, especialmente al sistema universitario público”, donde las universidades públicas “ganan en autonomía” en política de personal, para la ordenación académica, para planificar la organización departamental y se blindan los derechos de los estudiantes, ha asegurado.

Cambios académicos en la ley

En lo que afecta directamente a los estudiantes, la nueva ley reconoce por primera vez el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas, algo que implantó el Gobierno andaluz del PSOE en 2017, y que el Ejecutivo de Moreno ha mantenido. Además, recoge la exigencia del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario y para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.

También la norma incorpora, por primera vez, “la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades”, y “garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta”.

Asimismo, se fijan medidas para “asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes”.

Otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales. Por primera vez, la Junta tendrá en cuenta estas titulaciones en los concursos que realice.

En lo que respecta a la internacionalización, se establece la creación de una estrategia que atenderá a cuestiones “relacionadas con la investigación y la captación del talento”, y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como “pieza clave de esa línea de trabajo”.

Para “favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado”, el documento incorpora diversas medidas como la limitación del “uso indebido” de la figura de profesor sustituto interino.

En el articulado de la ley también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, “respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores”.

En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, mientras que, por otro lado, se refuerzan las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos, se garantiza su financiación a través del modelo de financiación, se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.

Por otro lado, la ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de “reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público”. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una “trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior”.

El Parlamento andaluz ha logrado este jueves la dificilísima unanimidad necesaria para aprobar una declaración institucional de respeto y homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas y hubo 126 heridos (algunos aún hospitalizados). También lo ha hecho extensivo al joven maquinista sevillano fallecido en el accidente de Rodalies de Barcelona.

PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía han consensuado un texto que, además de expresar “condolencias” por los fallecidos y el “agradecimiento” al personal de emergencias, los cuerpos de seguridad, los sanitarios y las administraciones que participaron del “rescate y atención” a las víctimas, insta también al Gobierno de Juan Manuel Moreno a conceder al pueblo de Adamuz la Medalla de Andalucía por su esfuerzo y solidaridad con los caídos en la tragedia, que se otorgará el próximo 28 de febrero, día de la comunidad autónoma.

Los grupos políticos han firmado un breve armisticio, una rara avis en estos tiempos broncos que corren en política, y que ha durado los 90 minutos del debate. Bajo el peso dramático de la tragedia, y con un funeral en ciernes en Huelva, a 100 kilómetros del Parlamento andaluz, sus señorías se han tratado con respeto, empatía y guante blanco. Un oasis. Un unicornio.

Mientras los senadores del PP gritaban por la mañana “¡dimisión, dimisión!” al ministro de Transportes, Óscar Puente, los populares de Juanma Moreno reconocían y ensalzaban la “cooperación y lealtad institucional” en la tragedia de Adamuz. La antítesis total de la DANA de Valencia, tanto desde el punto de vista político como de gestión de emergencias.

La declaración institucional también es un animal mitológico en este Parlamento andaluz. En esta legislatura, que dura ya cuatro años, se han aprobado sólo ocho, y han quedado en el camino más de un centenar, incluidas todas las que antaño se daban por hecho: condena a la violencia de género cada vez que un hombre asesinaba a una mujer.

Ha tenido que descarrilar un tren de alta velocidad, impactar contra otro tren y desatarse la mayor tragedia que ha vivido Andalucía en años para que la clase política aparque la bronca y se ponga a la altura del sentir generalizado de la población.

Ningún diputado de ningún grupo se ha atrevido hoy a levantar la voz -alguna pulla arriba, alguna pulla abajo-, temerosos todos de desviar el foco del dolor reciente de las víctimas. La oposición tiene sus preguntas preparadas para el Gobierno de Moreno, responsable del plan de emergencias que actuó en Adamuz; y la Junta no tardará en exigir responsabilidades al Ministerio de Transportes, Adif y Renfe, por su competencia en el mantenimiento de las vías. Pero no hoy.

“La intervención más difícil...”

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido, a petición propia y de los grupos, para hacer balance de su gestión sobre el terreno. Al contrario que lo ocurrido en el Senado, cuando ha entrado Óscar Puente, a Sanz le ha acompañado el silencio y la escucha de los rivales políticos, que incluso le han lanzado alabanzas por la actuación de los servicios sanitarios y de emergencias.

“Ésta es la intervención más difícil que he tenido que abordar en esta Cámara...”, ha dicho el consejero, para subrayar, desde el principio, que la situación en Adamuz se abordó “siempre con permanente diálogo, cooperación, comunicación y lealtad con las demás administraciones”.

La investigación interna sobre el choque del tren Iryo que viabaja de Málaga a Madrid y el Alvia que circulaba de Madrid a Huelva apunta a la antigüedad de la vía Sevilla-Madrid, estrenada en 1992, al mantenimiento y, sobre todo, a un defecto en la soldadura de un rail a la altura de Adamuz (Córdoba), donde se produjo el descarrilamiento y el fatal accidente.

Tras tres días de luto oficial, toda la presión política recae en el Gobierno central, competente en la red ferroviaria y el mantenimiento de las vías.

La responsabilidad de la Junta de Andalucía se circunscribe al protocolo de actuación de los servicios de emergencias y sanitarios para socorrer a las víctimas del accidente. En este plano también han surgido dudas -aunque de mucha menor cacofonía- como que la ayuda llegó pronto hasta los vagones del Iryo, pero tardó en llegar “una hora” hasta el Alvia, donde murieron más de la mitad de las víctimas, descarrilado a 800 metros de alli. “Acabe con las especulaciones: ¿cuánto tiempo tardaron en llegar al Alvia los servicios de Emergencia y qué consecuencias tuvo esa espera?”, le ha preguntado Vox al consejero Sanz.

Sobre este punto hay datos y circunstancias clave. Aunque no han formado parte del debate de hoy (más emocional), aquí están: el sinestro tuvo lugar a las 19.43 horas del domingo 20 de enero. La primera llamada al servicio de Emergencias 112 de Andalucía se registró a las 19.44.51 horas. Los primeros sanitarios en llegar fueron del centro de salud de Adamuz. La primera activación del 061 y de la Guardia Civil fue a las 19.47 horas. La primera ambulancia llegó hasta los vagones del Iryo a las 20.02 horas, y 40 minutos después habían llegado otras 38 ambulancias, casi una por minuto, de Córdoba y varios pueblos de la comarca.

“La respuesta fue rápida, proporcionada y segura. Los recursos fueron los necesarios, cuando fueron necesarios y donde fueron necesarios. Los protocolos funcionan. La sanidad pública es una garantía de seguridad para la ciudadanía en los momentos difíciles”, ha subrayado el consejero en su intervención inicial.

Sanz, que estuvo sobre el terreno desde la primera noche, ha descrito el caos que se vivió en Adamuz como un “caos organizado”. “Todos los profesionales sabían lo que tenían que hacer”, aseguró. Y se ha justificado la tardanza en llegar hasta las víctimas del Alvia, porque las ambulancias primero encontraron a las víctimas y los muertos del Iryo, porque el terreno sobre las vías hasta el Alvia era inaccesible para esas ambulancias, porque “un tren taponaba los accesos, y había que ir a pie, llevando las camillas”, en plena noche, sin luna, y con cuerpos esparcidos aún sin identificar. “Sería tremendamente injusto entrar en debates que no son necesarios”, ha advertido.

Guante blanco

Pero los grupos de la oposición apenas le han cuestionado. Sus señorías, excepto Vox que ninguneó el luto oficial y ha sido el único hoy en pedir la dimisión de Puente, han hecho un esfuerzo de contención para no arañarse la cara en este primer debate parlamentario sobre el accidente de Adamuz.

La intriga estaba justo ahí: quién iba a ser el primero en sacar los pies del tiesto, es decir, quién iba a romper la tregua, el rictus institucional por respeto a las víctimas, y lanzarse al cuerpo a cuerpo habitual de estos tiempos: reproches, acusaciones, palabras gruesas.

El reto de encapsularse era complicadísimo. Por un lado, Andalucía está a las puertas de unas elecciones decisivas y es rehén de un ciclo electoral caliente, en el que se examinan Aragón en febrero y Castilla y León en marzo. Por otro lado, este debate parlamentario sobre el accidente ferroviario de Adamuz ha tenido lugar entre la comparecencia de Puente en el Senado, y la misa funeral por las víctimas que tenía lugar por la tarde en Huelva, con la asistencia de los reyes de España, tres ministros y el presidente Moreno.

A ninguno de los intervinientes en el Parlamento andaluz le convenía sacar los tanques a la calle mientras se celebraba una solemne misa por los muertos. El ejercicio de contención ha sido extraordinariamente difícil, sobre todo, para los dos principales púgiles, el consejero Sanz y su némesis en la Cámara, el diputado onubense del PSOE Mario Jiménez, que suele atizarle con saña, con retranca. Los dos se tienen cogida la medida desde hace años y suelen protagonizar los choques más aparatosos de la trifulca parlamentaria.

De modo que la intriga de este debate era ver quién de los dos salía primero de esa tierra de nadie, zona desmilitarizada, para volver a atrincherarse con los suyos en la esfera política nacional, donde el PP de Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión de Puente, exige que ningún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez asista al funeral de las víctimas en Huelva e impulsa una comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

El suspense se terminó con el primer turno de los grupos de la oposición, el del portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García: “Quiero reconocer que este Gobierno lo ha hecho bien. No es común en estos tiempos que corren darle las gracias al adversario político, pero nosotros lo vamos a hacer: Gracias consejero y gracias a su equipo”.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha parapetado en la “prudencia” hasta ver cómo avanza la investigación sobre el accidente, y también ha optado por un discurso de conciliación política, a la altura de los ciudadanos y los profesionales públicos que han ayudado a las víctimas desde el primer minuto: “El espíritu de Adamuz no puede opacarse. Seguro que va a brillar en el funeral de Huelva. Nadie debe cometer el error de focalizar la impotencia de las víctimas buscando un culpable. Eso no es Andalucía. Eso no es el sentimiento noble de Andalucía”.

La nota discordante la puso el diputado de Vox Rafael Segovia, que coincidió en el reconocimiento a los vecinos de Adamuz y a los servicios públicos, pero luego arremetió duro contra el Gobierno de Sánchez y, en menor medida, contra la Junta por el “retraso” en asistir a las víctimas del Alvia. “Nadie nos puede reprochar que cumplamos nuestro deber, que es fiscalizar al Gobierno. Lo advertimos porque vamos a hacer declaraciones que pueden resultar duras. Lealtad sí, pero pacto de silencio no. Exigimos transparencia absoluta”.

Al diputado socialista Mario Jiménez, de Huelva, se le quebró la voz en su intervención, y se quejó de que el Parlamento no hubiera cambiado de hora el Pleno para poder asistir al funeral de las víctimas. Su discurso, aun recogiendo quejas implícitas por los ataques del PP nacional al Gobierno central, también abundó en el reconocimiento del trabajo colaborativo entre administraciones. “El Estado y todos sus niveles territoriales han estado a la altura y han dado la respuesta que esperaban nuestros ciudadanos ante los terribles acontecimientos de Adamuz”.

“Qué fuerte somos cuando estamos juntos. Y qué triste el papel de aquellos que de una manera ruin han buscado la bronca, en vez de buscar la verdad y pensar en las víctimas”, añadió Jiménez.

Elogio de los servicios públicos y los impuestos

Las izquierdas esquivaron la bronca, pero coincidieron al convertir el debate sobre el accidente de Adamuz en una sólida reivindicacióin de los servicios públicos, sustentados por los impuestos (tan en el disparadero de los gobiernos de conservadores y liberales) “Sólo un Estado fuerte, confiable, con servicios públicos bien financiados, es capaz de responder a las necesidades que se plantean”, subrayó el diputado socialista, que quiso lanzar una pulla al argumentario ultraderechista: “El pueblo salva al pueblo a través de sus instituciones, con sus impuestos, con los servicios públicos, y protegiendo a los profesionales públicos”.

El portavoz de Adelante puso el foco en los déficit de la conexión ferroviaria en Andalucía, criticó la “privatización” del sistema, las subcontratas de Adif, el “centralismo” de la red y el “olvido” de Andalucía. “Hay un accidente y nos encontramos desconectados de España”, se ha lamentado, tras exigir al Parlamento que haga cumplir el acuerdo que se aprobó hace dos años, para instar a la Junta a reclamar al Gobierno las competencias sobre los trenes de Cercanías que operan en esta región.

Adelante Andalucía, por medio de una eurodiputada del BNG, ha llevado el accidente de Adamuz ante la Comisión Europea para que investigue la seguridad ferroviaria en España, siguiendo los mismos pasos que tomaron las víctimas del accidente de Angrois hace diez años.

La portavoz de Por Andalucía también hizo un elogio de los trabajadores públicos que se han volcado en la tragedia, y lo hizo desde la perspectivo de la inversión pública y la política fiscal. “Hay que cuidar más a los servidores públicos desde las instituciones. Sabemos cómo se ha portado el personal del 112, pero también sabemos las condiciones tan precarias en las que trabajan. Hay que convertirlos en trabajadores públicos y que dejen de estar sujetos a un convenio de telemárketing, similar a los que nos llaman para cambiar de compañía de teléfono”.

El cierre de intervenciones corrió a cargo del portavoz del PP andaluz, Toni Martín, algo menos contenido que sus homólogos en la crítica subrepticia al Gobiereno de Sánchez, pero sin cruzar la línea roja que ha marcado Moreno. Martín convirtió todo ese reconocimiento mutuo de la colaboración y cooperación entre administraciones, elogiada por todos, en un mérito exclusivo del presidente andaluz.

El portavoz popular glorificó el “enorme valor de la actitud” de Moreno y del Gobierno andaluz, “sin ruido, sin estridencias y sin confrontación, gracias a ello ha sido posible la colaboración entre administraciones”. Y añadió: “Si todas las responsabilidades que pudieran derivarse [del accidente] son de otro gobierno, ¿por qué nos comportamos así? Por altura institucional, por grandeza y honradez, por estar por encima de la política que se hace con las tripas”. Y volvió a añadir: “”La colaboración institucional no ha sido una tregua, porque aquí no hay ninguna guerra. Y no la hay, porque en este gobierno de Andalucía nadie verá un enemigo ante una tragedia que compete al 100% a otra administración“.

El consejero Sanz cerró el debate agradeciendo a todos el tono e hizo suya una de las frases de la portavoz de Por Andalucía: “El espíritu de Adamuz ha presidido este Pleno y ha dado una lección a todos los andaluces”.

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Antonio Maíllo, ha confirmado que pretende compaginar el escaño que aspira a lograr en el Parlamento con su responsabilidad como coordinador federal de Izquierda Unida (IU), cargo para el que fue elegido en primarias en mayo del pasado año 2024.

Así lo ha trasladado el propio Antonio Maíllo en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha defendido que “es compatible” ser coordinador federal de IU y líder del grupo parlamentario que espera conseguir Por Andalucía en la próxima legislatura, y ha explicado que quiere “concentrar” sus “esfuerzos institucionales en el ámbito andaluz”, una tierra que conoce y “en la que se ha considerado que puedo ser útil en estos momentos”, ha añadido.

“Eso no quita que pueda tener una responsabilidad federal”, ha apostillado Antonio Maíllo, quien al respecto ha opinado que “esta época ha roto mucha certidumbre sobre 'protocolos' o determinadas relaciones” acerca de que, “según donde tengas el cargo político de un partido, así tienes que participar en unas elecciones o en otras”.

“No es incompatible”

En esa línea, ha señalado que cree que “hay que participar donde colectivamente se piense que uno es más útil”, y él está “convencido” de que donde “más útil” puede ser es “en Andalucía”, donde le “encanta hacer política”, según ha añadido para insistir a continuación en la idea de que “eso no es incompatible con llevar una dirección federal” en una organización como Izquierda Unida.

“Es más, creo que ayudo a algo que es muy importante para la relación con el resto del país, y es que cuando Andalucía tiene más protagonismo, las cosas van mejor en el Estado, y si yo puedo contribuir a eso, lo haré, pero evidentemente desde una participación en un frente institucional como el del Parlamento andaluz, que ya conozco, en el que me siento cómodo y en el que me siento con mucha ilusión para liderar un proyecto político como este”, ha abundado el dirigente de IU.

Por otro lado, Antonio Maíllo ha valorado la situación de IU Andalucía seis años después de que, en 2019, dejara su coordinación general y fuera relevado en esa responsabilidad por Toni Valero, quien en esta legislatura es también diputado nacional en el Congreso por la provincia de Málaga dentro del grupo Sumar.

Toni Valero al frente

Maíllo ha defendido que, “gracias a su implantación territorial, al asentamiento de cientos de concejales y de alcaldías que se acercan a un centenar”, la federación andaluza de IU “ha podido sostenerse en un ambiente muy convulso”.

“Sin esa extensión de asambleas locales, de arraigo a los territorios, de contacto directo con la sociedad sin intermediarios, no habríamos resistido ni aguantado”, ha advertido Antonio Maíllo, quien ha valorado así que, “a pesar de toda la convulsión que ha tenido este ciclo”, IU traslada en Andalucía su “voluntad unitaria” en el ámbito de la izquierda con “una propuesta electoral” como es la de Por Andalucía.

El excoordinador de IU Andalucía ha sostenido que la “capilaridad y extensión territorial” de dicha federación “ayuda mucho a todo proyecto que se precie”, y al respecto ha señalado que aunque “vivimos una transformación digital, la política es una actividad profundamente humana, y el contacto directo en los territorios para nosotros es fundamental, y va a ser fundamental en el papel que tiene Izquierda Unida Andalucía en el proceso electoral andaluz”.

Sobre Toni Valero, su antecesor en el cargo de coordinador de IU Andalucía ha defendido que es un dirigente que “ha demostrado el liderazgo en unas condiciones extremadamente difíciles”, marcadas por la pandemia de Covid-19 o los procesos de confluencia de formaciones de izquierda, “primero en Unidas Podemos y después en Sumar”, así como por “la gestión del Gobierno andaluz” de Juanma Moreno (PP-A).

Maíllo ha defendido así que Valero ha llevado de una manera “responsable todos estos procesos tan complicados”, y es “una persona que está perfectamente asentada en el liderazgo de Izquierda Unida” en Andalucía, ha concluido.

El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves los Presupuestos Autonómicos para 2026, los últimos de esta legislatura, los octavos desde que gobierna Juan Manuel Moreno, primero en mayoría simple (asociado con Ciudadanos y Vox), y después con mayoría absoluta. El PP ha usado esa mayoría absoluta, por última vez, para sacar adelante en solitario unas cuentas que son, a la par, vehículo de sus políticas para 2026 e instrumento de campaña para unas elecciones inminentes.

Más allá de las cifras récord, las rebajas fiscales, la inversión y el incremento previsto de plantilla, Moreno esgrime estos Presupuestos por el valor que representan en un contexto político de polarización y volatilidad: la estabilidad. “Este es el Presupuesto de la normalidad. En tiempos revueltos, conviene mantener el rumbo”, ha proclamado la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España.

Andalucía aprueba sus cuentas mientras otros barones territoriales del PP -Extremadura, Aragón, Castilla y León- se ven abocados a un adelanto electoral por falta de Presupuestos, por la inestabilidad política que supone gobernar en minoría a expensas de Vox. “Vox no ha dejado gobernar al PP en ninguna comunidad”, ha dicho el presidente andaluz. La ultraderecha, fuerza en auge y socio de gobierno del PP en los territorios vecinos y del propio Moreno en su primer mandato, es el rival que más preocupa al líder popular.

Los Presupuestos para 2026 vuelven a alcanzar cifras récord -51.597,9 millones de euros-, casi una tercera parte (16.275 millones) destinados a sanidad, la gran bestia negra del presidente en este mandato. La sanidad, que preocupaba a un 0,5% de los andaluces en el arranque de la legislatura (según el barómetro del Centra de junio de 2022), ha escalado en tres años al primer problema de la ciudadanía, por delante del paro, daño estructural de esta comunidad durante décadas.

La oposición a Moreno ha monopolizado este asunto como arma arrojadiza para desgastar al presidente, opacando prácticamente el resto de políticas sectoriales. PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía han dado la espalda a estas cuentas, cada uno desde un ángulo, pero todos con una coincidencia notable: el reproche a la Junta por “perpetuar un modelo sanitario fracasado”, visible en las listas de espera sanitarias, la dependencia cada vez mayor del sector privado (donde se derivan miles de pacientes, pruebas, operaciones...), la falta de facultativos y los contratos precarios que impiden estabilizarlos para que no se marchen a otras regiones...

El presidente andaluz ha encajado ese golpe, sobre todo, a raiz del escándalo de los cribados de cáncer de mama, que precipitó la dimisión de cinco altos cargos en el departamento de Salud -incluido la consejera- y puso al Gobierno andaluz a la defensiva por primera vez en siete años. Las cuentas de 2026, dopadas con fondos estatales y europes, tiene signos evidentes de ese desgarro político, en forma de una inversión extraordinaria para sanidad (recursos agrandados a última hora y promesas de más plantilla).

El último Presupuesto de la legislatura, vehículo tangible para la campaña electoral que arranca en unos meses, salen adelante con el voto en solitario del PP, blindado por una mayoría absoluta que quizá no se repita en 2026. El llamado CIS andaluz, publicado esta semana, aleja a Moreno de ese número de diputados que le ha permitido desplegar sus políticas, sin los condicionantes ni la agenda ultraderechista de Vox, xenófobo contra el inmigrante, negacionista contra la violencia de género y contra el cambio climático.

Si las urnas ratifican esa pérdida de confianza que alumbran las encuestas -seis de cada diez andaluces califica de mala o muy mala la gestión de Moreno- los Presupuestos que nacen hoy en el Parlamento serán una tabla de salvación al menos para el primer año de legislatura. Ese hipotético escenario es el que ha sobrevolado el debate de números y políticas que arrancó el miércoles y se zanjó este jueves con un voto y un villancico en solitario, aunque resulte una soledad ostentosa (los 58 diputados del PP y los miembros del Consejo de Gobierno).

Mientras Extremadura cierra su campaña electoral y Aragón y Castilla y León se preparan para abrir la suya tras las navidades (tres gobiernos en minoría del PP sin presupuestos), Andalucía aprueba sus cuentas sin altibajos, sin contestación, sin una alternativa sólida enfrente que capitalice la conflictividad social que crece en la calle, sobre todo por el deterioro de la sanidad pública y las demoras para ver al médico, lograr cita con el especialista o ser operado.

Esta potente imagen de estabilidad política y económica, en contraste con la fragilidad parlamentaria que sufre a diario el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es el principa aval y el principal reclamo electoral de Moreno para los próximos comicios. La estabilidad permite al candidato del PP traducir sus políticas en números y, en un momento de auge macroeconómico, esto significa llegar a las urnas cargado de promesas, inversiones, contratos de personal, hospitales, escuelas, becas, ayudas...

El líder popular aspira a ser reelegido con una “mayoría de estabilidad”, fórmula actualizada de aquella “mayoría suficiente” que en la campaña de 2022 tentaba, con algo de superstición, el objetivo de la mayoría absoluta. Estabilidad, palabra clave. Moreno augura que sin estabilidad, los andaluces perderán “todo lo conseguido” en estos siete “años de cambio”, desde que el PSOE fue desplazado del Gobierno tras 37 años y medio en el poder.

A saber: un modelo socioeconómico liberal sustentado en dos grandes patas: una, rebajas fiscales para incentivar el consumo y, con ello, mayor recaudación y generación de empleo; y dos, ensanchar el espacio y el margen de maniobra a la inversión privada en Andalucía, desde las universidades a los hospitales, desde el campo a la industria, con un giro brusco hacia la desburocratización.

Éste es el plan. Y a este plan, el principal rival del PP andaluz, o sea Vox, responde así: “La estabilidad no se come”. La palabra estabilidad no es sexi como lema electoral, barruntan en el partido ultraderechista, que absorbe todo el desgaste del PP y del resto de partidos políticos casi sin mover un dedo. “No hacen nada, no dicen nada, ofrecen respuestas simples a temas complejos, y no dejan de crecer en las encuestas”, se lamentan en el entorno del presidente andaluz.

En efecto, el Gobierno de Moreno publicó este lunes la encuesta más potente de las que se conocen en Andalucía, dependiente de la Consejería de Presidencia, y en ella Vox se erige como la mejor opción de los andaluces para solucionar sus problemas. Problemas que se han acumulado en la gestión del Ejecutivo autonómico, empezando por el deterioro de la sanidad pública, que se ha alzado al primer puesto desbancando al paro, el problema estructural de Andalucía desde hace siglos.

La previsión de crecimiento de los Presupuestos Andaluces para 2026 es del 2,3% del PIB, con una generación de empleo de 85.750 puestos de trabajo a finales de 2026. De confirmarse, la tasa de paro en Andalucía caería por debajo del 14%, la más baja desde el tercer trimestre de 2007, antes de la gran recesión económica. Los números de la Junta incluyen la contratación de 4.371 sanitarios y 3.459 docentes. Las cuentas crecen un 5,6% respecto al actual ejercicio 2025, esto es, 2.726 millones más.

El 64,4% del aumento del presupuesto se soporta sobre cuatro pilares: mil millones más para sanidad, 284 millones más para educación, 296,7 milllones más para dependencia y 213 millones más para vivienda. El gasto no financiero, el que se dedica a sufragar las políticas públicas (excluyendo los préstamos), crece un 5,8%, algo más que el global de las cuentas autonómicas.

La Junta sigue generando deuda pública y destina una parte importante del Presupuesto a pagarla. La consejera no ha dado esa cifra, pero sí ha recordado que será la primera vez, desde la crisis económica de 2007, que Andalucía prescinda de los mecanismos de financiación del Estado para acudir exclusivamente a los mercados privados a pedir los préstamos de amortización de deuda.

Las cuentas del próximo año incluyen 11 millones de euros de enmiendas de la oposición y otros 234,6 millones de las del PP. Los rivales del Gobierno andaluz, que presentaron enmiendas a la totalidad a estos Presupuestos, habían registrado 2.660 enmiendas parciales, de las que se han admitido sólo 32: 18 de Vox, cinco de Por Andalucía y otras cinco de Adelante Andalucía, y cuatro del PSOE. Es un gesto político con el que Moreno quiere distinguirse de los anteriores gobiernos socialistas que “jamás” aceptaron ninguna enmienda del PP a los Presupuestos durante sus 37 años en el poder.

El cisma entre las universidades públicas y la Junta de Andalucía se ha reabierto tras el cierre del reparto presupuestario para 2025, que —según denuncian los rectores— “incumple” el modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2023, así como los acuerdos suscritos a lo largo del ejercicio pasado. Esta situación ha llevado a las diez instituciones del sistema universitario público andaluz a volver a ponerse en pie de guerra y a contemplar de nuevo la vía judicial para exigir a la administración que cumpla con “el mandato legal”.

Tras meses de negociación, los rectores han expresado su “decepción” con el Ejecutivo de Juanma Moreno, al que acusan de seguir “reduciendo” la financiación de la educación pública, “con unos presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos”. Así lo ha denunciado el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva, en un comunicado firmado por las diez universidades públicas.

Por su parte, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación defiende que el reparto total para el ejercicio 2025 asciende a 1.775,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,01% en relación con el importe inicialmente aprobado en 2024. Una cantidad que desde AUPA califican de “claramente insuficiente” y que, advierten, aboca al sistema público universitario a un “progresivo deterioro”.

“Recortes” y partidas “desaparecidas” en el reparto

El reparto de fondos ha reavivado el pulso por la financiación que los rectores mantienen con el Gobierno de Moreno desde el curso pasado. El cierre de 2024, de hecho, marcó el punto álgido del desencuentro entre las universidades públicas y el Ejecutivo andaluz, que desembocó en la amenaza de acudir a los tribunales por una deuda de 50 millones de euros.

A partir de entonces, el tono de los rectores se fue suavizando a medida que avanzaban las negociaciones, hasta exhibir un clima de conciliación y diálogo al inicio del curso académico. No obstante, el “incumplimiento” que denuncian las universidades en el reparto de fondos para 2025 ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de emprender las “acciones legales que correspondan” para garantizar el cumplimiento del modelo, como han anunciado las universidades públicas una declaración institucional conjunta.

En declaraciones a este medio, el portavoz de los rectores del sistema público ha explicado que en la orden aprobada este martes en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) –con el voto en contra de ocho rectores y la abstención de la Universidad de Málaga y la UNIA– “se han producido una serie de omisiones completamente incomprensibles”. Se refiere a que “han desaparecido”, entre otras partidas, los 16 millones comprometidos por el presidente Juanma Moreno durante la apertura del curso académico.

Asimismo, Paco Oliva denuncia que se han producido “una serie de recortes sobre lo que hemos pagado realmente y lo que finalmente no ha ingresado la Junta”. En ese sentido, las universidades públicas denuncian que “el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente”.

Abocados a la asfixia financiera

En resumen, Paco Oliva esgrime que el desembolso aprobado para 2025 es “insuficiente para cumplir con lo mínimo del modelo de financiación de Andalucía”, en referencia a la cláusula de salvaguarda, “que es recibir lo mismo que el año anterior, más todos los incrementos retributivos que haya habido”, como explica el también rector de la Pablo de Olavide.

En su declaración institucional conjunta, las diez universidades públicas del sistema andaluz alertan de que “este incumplimiento sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera y supone una contravención directa del marco normativo estatal vigente”. Instituciones como la Universidad de Sevilla alertan de que esta situación “está debilitando de manera progresiva el sistema público universitario andaluz, un pilar imprescindible para el progreso y la igualdad de oportunidades en nuestra tierra”.

La escalada de tensión ya se escenificó en el Parlamento andaluz, durante la comisión dedicada al proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) que actualmente se encuentra en tramitación. En ese marco, la asociación de universidades públicas andaluzas puso sobre la mesa “duras críticas” al texto impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno, alertando de que roza “los límites de la inconstitucionalidad” . Además de cuestionar su encaje legal, la posición de AUPA volvió a situar la financiación como el principal foco de conflicto entre ambas partes.

Una vez formalizado el reparto relativo al ejercicio de 2025, los rectores del sistema público andaluz afirman que, con el presupuesto aprobado, la Junta vuelve a “incumplir el modelo de financiación” por segundo año consecutivo, empujando a las universidades públicas a una situación de asfixia financiera. Por ello, exigen al Gobierno andaluz que cumpla con “sus obligaciones y compromisos”, al considerar que de ello depende la estabilidad, solvencia y futuro del sistema universitario público. De persistir estos incumplimientos, advierten, defenderán el cumplimiento del modelo de financiación “a través de todas las acciones legales que correspondan”.

El Parlamento andaluz, con el voto en solitario del PP, ha rechazado este miércoles una propuesta suscrita por todos los grupos de la oposición para obligar al Gobierno de Juan Manuel Moreno a que publique las listas de espera y el tiempo de demora para pruebas diagnósticas en la sanidad pública.

Es un tema recurrente en los recurrentes debates parlamentarios sobre los problemas del sistema sanitario, pero hoy, desde el grupo proponente -Por Andalucía- hasta Vox, han relacionado esta “opacidad” de la Consejería de Sanidad con la crisis de los cribados de cáncer de mama, que hizo tambalear al Ejecutivo andaluz precisamente por el diagnóstico tardío a cientos de mujeres.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva siete años ocultando estos datos, insistentemente reclamados por los sindicatos médicos, las Mareas Blancas, el Ministerio de Sanidad y todos los grupos de la oposición. La falta de esa información provoca un “punto ciego” dentro del circuito asistencial del SAS: la ciudadanía tiene acceso a las listas de espera para ser atendido por un especialista (unos 800.000 pacientes) y a las listas de espera para una operación quirúrgica (en torno a 200.000). Las comunidades actualizan esos números dos veces al año y remiten los datos al Ministerio.

Lo que la ciudadanía desconoce desde hace siete años es el tiempo medio de espera desde que un especialista atiende al paciente y le prescribe determinadas pruebas, hasta que las pruebas se realizan, se envían al especialista y éste puede elaborar un diagnóstico. ¿Cuántas personas hay en Andalucía con una dolencia sin diagnosticar y durante cuánto tiempo?

Ese “fundido en negro”, en palabras de la diputada Inmaculada Nieto, es el que inspira la proposición no de ley presentada este miércoles por el grupo Por Andalucía, que acusa a la Junta de incumplir el “Principio de Transparencia” establecido en la Ley de Salud Pública. El Real Decreto que regula las listas de espera, de 2003, también obliga a las comunidades a publicar las listas de espera de primera consulta con el especialista, las de intervenciones quirúrgicas y las de pruebas diagnósticas.

Hasta junio de 2018 había (y hay) información disponible sobre las listas de espera en pruebas diagnósticas en la página web de la Consejería de Salud. Los últimos datos publicados hablaban de unos 10.000 andaluces en espera y una demora media de 43 días para recibir el diagnóstico de un especialista (todas dentro de los plazos legales de garantías). El Ejecutivo de Moreno asegura que esos datos “no eran ciertos”, pero nunca ha aportado cifras actualizadas para desmentirlos.

Hasta junio de 2018 se publicaban regularmente dos veces al año, como el resto de listas de espera sanitarias, primero en junio, luego en diciembre. Pero en diciembre de 2018, el último mes de gobierno socialista, tras 37 años en el poder, la segunda tanda de aquel año ya no se actualizó, y el nuevo Ejecutivo del PP cambiaría el sistema de gestión de información y no volvería a hacerlo, hasta hoy.

Al romperse la serie histórica en 2018, la ciudadanía, los sindicatos, las asociaciones clínicas y los grupos políticos no han podido conocer ni fiscalizar la evolución del tiempo de demora que sufren los andaluces para conocer su diagnóstico de manos de un especialista.

En 2020 estalló la pandemia de Covid-19, que multiplicó la presión asistencial y asestó un durísimo golpe al sistema sanitario andaluz. El Gobierno de Moreno demoró un año la actualización de los datos de lista de esperas quirúrgicas y para consultas externas y, cuando finalmente los hizo públicos, el número de pacientes que había rebasado el plazo legal para operarse se había disparado un 227% [noviembre de 2023].

Entre 2020 y principios de 2024, el SAS utilizó por sistema los contratos de emergencia sin publicidad ni concurrencia competitiva, para derivar a miles de pacientes a clínicas privadas, tratando de embridar las desbocadas listas de espera quirúrgicas. El “abuso” de este sistema de contratación a dedo fue censurado, a posteriori, por los interventores del SAS, advirtiendo a la Junta de que había hecho uso del marco legal excepcional habilitado en pandemia para agilizar las adjudicaciones cuando ya estaba derogado.

Este asunto está judicializado, en manos de un juzgado de Sevilla que ha citado a declarar, como imputados, a los tres últimos gerentes del SAS, y como testigos a la actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, a la actual consejera de Medio Ambiente y ex responsable de la cartera de Salud, Catalina García, al director general de gestión económica del SAS, José Antonio Miranda, y otra media docena de altos cargos de la Junta.

El “apagón” de los diagnósticos y la crisis de los cribados

La portavoz de Por Andalucía ha exigido “transparencia” a un Gobierno andaluz “que presume de transparencia”. Todos los grupos de la oposición, que han apoyado la iniciativa, coinciden en que el retraso en los diagnósticos está íntimamente relacionado con la abultada lista de espera para operarse, principal razón en la que se ha escudado la Junta estos últimos cinco años para derivar a miles de pacientes a la sanidad privada, estirando los contratos de emergencia.

“A través de los trabajadores de los hospitales, sabemos que hay atascos formidables para la realización de determinadas pruebas diagnósticas, en algunos casos, con retrasos de más de un año, de personas con una dolencia que no tienen diagnóstico”, ha denunciado Nieto, citando al Hospital clínico de Málaga, al Hospital Universitario de Jerez y al Juan Ramón Jiménez de Huelva.

El Ejecutivo andaluz se escuda en que el Ministerio de Sanidad tampoco publica los datos sobre pruebas diagnósticas, que el departamento de Mónica García “no ha fijado criterios homogéneos” a todas las comunidades para que publiquen esas cifras, y que tampoco lo están haciendo otras comunidades autónomas.

En efecto, hasta hace dos años, la mayoría de gobiernos regionales no difundía esta información, capital para entender el nivel de la presión asistencial en la sanidad pública, agravada en todos los territorios tras el impacto de la pandemia. Pero, en la actualidad, ya son 12 gobiernos autonómicos los que han vuelto a publicar estos datos, algunos con mayoría absoluta del PP (Madrid, Galicia). Andalucía, junto a la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Navarra están entre las que no facilitan estas cifras.

La Consejería de Sanidad, dirigida desde la crisis de los cribados de cáncer por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, conoce cuántos andaluces con alguna dolencia están en lista de espera para ser diagnosticado (y durante cuánto tiempo). Hasta que el especialista no reciba el resultado de las pruebas que ha pedido, esos pacientes no pueden recibir una prescripción médica ni un fármaco ni ser derivados a un quirófano, de modo que tampoco computan en lista de espera para operarse (que sí es pública).

Aunque esos datos no se publican, el proyecto de Presupuestos Autonómicos para 2026, que el Parlamento aprobará en dos semanas, sí recoge una estimación concreta del número de pacientes que serán derivados el próximo año a la sanidad privada para realizarse pruebas diagnósticas: 1.075.445 andaluces, casi el doble que en el presente ejercicio (unos 650.000).

Nieto ha relacionado el “apagón” de estos datos sobre diagnósticos con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Moreno por primera vez en siete años. La Junta admitió (y pidió perdón) por los diagnósticos tardíos de cáncer que afectaron a 2.317 mujeres (según sus cálculos) que se enteraron tarde, hasta con dos años de retraso, que su mamografía había arrojado un resultado sospechoso. En algunos casos ese hallazgo “no concluyente” derivó en un tumor maligno.

La opacidad respecto a la demora media para realizarse y obtener los resultados de una mamografía tiene una relación directa con los “errores” admitidos por el Gobierno andaluz en el escándalo de los cribados de cáncer, con al menos más de 2.000 diagnósticos tardíos y no comunicados a las afectadas.

Todos los grupos de la oposición han hecho este mismo análisis, incluso Vox, que ha propuesto una enmienda a la iniciativa de Por Andalucía (ha sido aceptada) para mejorar el plan de prevención precoz del cáncer de mama y que se publiquen, “específicamente”, las listas de espera para cribados de cáncer. El “tapón” en el circuito ordinario para realizarse mamografías, resonancias magnéticas, colonoscpias, ecografías, pruebas de sangre... es, a juicio de la oposición, lo que el Gobierno andaluz trata de “ocultar”.

Rafael Segovia, portavoz de Vox en este debate (y médico de profesión), ha asegurado que el tiempo de demora para recibir un diagnóstico es “un problema de mayor magnitud que la crisis de los cribados, porque afecta a muchas más personas” y que la reclamación de Por Andalucía es “imprescindible, necesaria y justa”.

Segovia denuncia que ese atasco “impide al paciente” ejercer su derecho de poder reclamar otro diagnóstico a la sanidad pública o incluso a la privada, con cargo al SAS, si la Junta ha incumplido el plazo legal establecido para realizar ciertas operaciones. “Esto encubre la verdadera situación de las listas de espera porque, mientras el paciente no aparece en esta lista de espera fantasma sobre diagnósticos, tampoco estará en la lista para el especialista ni en la quirúrgica”, ha denunciado el diputado de Vox.

La diputada del PSOE, Irene García, ha usado un tono más beligerante para denunciar los tiempos de espera para el diagnóstico. “Es una situación realmente escandalosa que Moreno, nada más llegar al Gobierno, decidió esconder, apagar. No sólo no las publican desde entonces, sino que todos los registros han desaparecido”.

García ha afeado a la Junta que culpe al Gobierno central de no ser transparente con la lista de espera de pacientes sin diagnóstico. “La culpa de que lleven siete años sin informar es de Pedro Sánchez, ¡por favor!”, ha asegurado, tras retar al Ejecutivo andaluz a “imitar a Catalunya y a Euskadi, que ya las publican”. La diputada socialista ha recordado que la Cámara de Cuentas de Andalucía, en un reciente informe, ha afeado a la Junta que no haya acometido ni la mitad de las recomendaciones sobre listas de espera sanitarias.

Por parte del PP ha intervenido el diputado Manuel Santiago Bonilla Hidalgo, que ha empezado reprochando a Vox que exigiese responsabilidades políticas al Gobierno de Moreno por la crisis de los cribados. “No sé si no se ha enterado que ha dimitido la consejera de Salud y la viceconsejera, entre otros, como consecuencia de la crisis de los cribados”, ha dicho.

Luego, el dirigente popular ha adelantado el voto desfavorable de su grupo: “Su PNL decae”, ha dicho, para negar los últimos datos publicados de lista de espera para pruebas diagnósticas, acusando al entonces Gobierno de Susana Díaz de “ocultar 500.000 pacientes en lista de espera en un cajón”. “Hasta que no se le derivaba al especialista no computaba como espera, cuando derivaban a la privada, ya no computaba en espera, aunque tardara seis meses más, por tanto los datos de junio de 2018 no son creíbles”, ha asegurado.

Bonilla Hidalgo ha justificado que Andalucía no haga públicos estos datos hasta que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como ha anunciado, desarrolle una “estadística homogénea” para mejorar el análisis de las listas de espera sanitarias en España. El diputado popular ha asegurado que la espera para consultas externas se ha reducido de 176 a 53 días, desde junio de 2018 a junio de 2025, y las listas de espera quirúrgica “se han reducido un 25%”.