Son las 20:00 horas de un miércoles de agosto y Lamia Kaidi está sentada en uno de los bancos del centro comercial Màgic Badalona mientras observa a sus hijos jugar en las máquinas recreativas. Este año, por primera vez, la visita se ha convertido en una rutina diaria para esta familia desde que comenzó el verano. “En casa no podemos estar del calor. Aquí, en cambio, se está fresquito y hay cosas que hacer”.

Llegan cada día sobre las 18:00 horas y se marchan a las 22:00 o las 23:00. “Básicamente, hacemos casi lo mismo que haríamos en casa. Miro vídeos de YouTube, leo y me relajo en los bancos mientras mis hijos juegan”, explica. Como ella, no son pocas las familias que hacen uso de este espacio para resguardarse de un calor que no deja de batir récords.

“El cambio climático está haciendo que muchos centros comerciales estén teniendo que asumir funciones para las que no fueron diseñados”, sentencia Mariano A. Pucheta, arquitecto especializado en diseño y gestión ambiental. “Cuando una persona no puede permitirse mantener su casa a una temperatura confortable, es lógico que busque ese confort térmico en otros espacios”, añade.

El coste de mantener una vivienda a una temperatura confortable es el principal motivo que empuja a algunas familias a buscar alternativas. Todo ello en un año donde, según confirmó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se ha registrado el mes de julio más caluroso jamás registrado en la historia de nuestro país.

“Vamos con miedo de utilizar el ventilador todo el día, porque gasta mucha electricidad”, explica Luz María Rius, otra vecina de Badalona de 48 años que también acude al centro comercial varios días de la semana para resguardarse del calor. “No me imagino cuánto ascendería la factura si tuviese aire acondicionado”, admite.

Rius también ha observado cómo acudir al centro comercial para pasar la tarde se ha normalizado entre las familias de su entorno, tendencia que reconoce que no ocurría años atrás. “Vemos que venir aquí a pasar la tarde se está convirtiendo en algo cada vez más habitual entre los padres del colegio de nuestros hijos y los vecinos del barrio”, explica.

En su caso, suelen acudir para hacer la compra y terminan alargando la estancia durante varias horas. “A diferencia de en casa, aquí se está a gusto. Es muy triste no sentirte cómodo en tu hogar”.

El Màgic Badalona, como otros centros comerciales en el área metropolitana, forma parte de la Red Metropolitana de Refugios Climáticos. Según la definición del Ayuntamiento de Barcelona, estos son espacios donde las personas pueden protegerse del calor o del frío mientras mantienen su uso habitual.

Pero que un edificio esté climatizado no basta, según A. Pucheta, para convertirlo en un refugio climático. El confort térmico –es decir, que una persona perciba que la temperatura de su entorno es agradable, sin sentir ni demasiado calor ni demasiado frío– es una de las condiciones fundamentales.

Y parece que alcanzar ese confort térmico se está convirtiendo, cada vez más, en un lujo para muchas familias. “En casa, es muy complicado estar a gusto sin aire acondicionado, no me consigo relajar”, explica Pilar Moral, otra vecina de la ciudad que acude prácticamente cada día al centro comercial con su perra, tanto en invierno como en verano. “Pasar aquí la tarde no es lo mismo que estar tranquila en casa, pero al menos se está fresco”, reconoce.

Rius coincide en que el espacio no es equiparable al hogar: “A los niños se les hace pesado estar toda la tarde aquí porque no pueden jugar como en casa. Pero con este calor, lo primordial es que estén fresquitos”.

Para A. Pucheta, precisamente, un refugio climático debería ofrecer algo más que una temperatura agradable. Estos espacios, sostiene, deberían contar con zonas gratuitas de estancia, agua y áreas de descanso, además de prestar especial atención a colectivos vulnerables al calor, como las personas mayores, los niños o quienes tienen problemas de salud.

El reto, según el arquitecto, pasa por adaptar los edificios que ya existen y dotarlos de mejores condiciones espaciales y de confort térmico para que puedan utilizarse como refugios climáticos sin perder su función original. A su juicio, la mayoría de los centros comerciales españoles no están preparados para asumir este papel.

Como referencia pone de ejemplo a la ciudad de Viena, donde algunos centros comerciales, como Huma Eleven o Shopping Center Nord, disponen de refugios climáticos gestionados por la Cruz Roja y ya incluyen varios de estos servicios.

Por otro lado, el atractivo de estos espacios no reside únicamente en la temperatura. Para personas como Moral, también influye la posibilidad de acceder con animales. “A diferencia de otros refugios climáticos, aquí puedo entrar con mi perra, que también lo pasa mal por el calor”, admite.

Además, las personas entrevistadas coinciden en que los centros comerciales son una de las opciones más “entretenidas” para pasar varias horas frente a otros refugios climáticos, como bibliotecas, centros cívicos, polideportivos o parques. Su variedad de servicios y actividades permite hacer más llevadera una estancia prolongada.

Kaidi, por ejemplo, prefiere acudir al centro comercial porque puede combinar distintas actividades: “Puedo mirar tiendas, tomar algo, y los niños pueden jugar en las máquinas recreativas”.

Sin embargo, la principal diferencia de los centros comerciales frente a otros refugios climáticos, es que son espacios privados concebidos, en buena parte, alrededor del consumo. Aunque A. Pucheta considera que un centro comercial no puede tener una vocación social porque “no es su génesis”, opina que su papel debería situarse “en un punto intermedio” entre su actividad comercial y esta nueva función de refugio.

Por eso, cree que los centros comerciales no deberían ignorar el uso que algunas personas ya hacen de ellos. A su juicio, pueden aportar valor al entorno y, al mismo tiempo, obtener un beneficio para su propio modelo de negocio si permiten que la ciudadanía utilice determinados espacios sin sentirse obligada a consumir.

Asimismo, adaptarse al calor no es solo una cuestión de confort para los usuarios, sino también de preparar los edificios para un futuro con temperaturas más altas. A. Pucheta considera que la sostenibilidad ha dejado de ser una cuestión de marketing y se ha convertido en “una forma de proteger el valor de los inmuebles frente al cambio climático”.

De cara a los próximos años, el arquitecto prevé que los centros comerciales tendrán sistemas de climatización más eficientes y más zonas verdes. También cree que será necesario adaptar mejor espacios que ya existen, como galerías, áreas de descanso o zonas familiares, para que puedan funcionar como lugares donde resguardarse del calor sin necesidad de consumir. La idea, sostiene, es que los centros comerciales puedan asumir esta nueva función sin dejar de lado su actividad comercial.

El Ayuntamiento de Badalona, liderado por Xavier García Albiol (PP), prevé desplegar 615 cámaras de videovigilancia en todos los barrios y polígonos de la ciudad a partir del año que viene.

El consistorio ha publicado la licitación del contrato por cerca de 27 millones de euros y con una vigencia hasta 2032. La adjudicación incluye las obras de instalación de las cámaras, la adecuación de una sala de control y de una sala de crisis en las dependencias de la Guardia Urbana, así como el mantenimiento del sistema durante cinco años.

De las 615 cámaras previstas, 488 estarán destinadas a la seguridad ciudadana y 127 al control del tráfico. Está previsto que el contrato se adjudique antes de que finalice este año, de modo que la instalación de los dispositivos pueda comenzar en los primeros meses de 2027.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la implantación del sistema se realizará de forma progresiva hasta completar la instalación de los 615 dispositivos y la puesta en funcionamiento de la nueva sala de control.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado el desalojo de cientos de migrantes sintecho del antiguo instituto B9 de Badalona, que tuvo lugar en diciembre de 2025. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo ha desestimado un recurso presentado por once de los ocupantes contra la sentencia judicial que ya amparó el desalojo en su día.

La sentencia del TSJC, que ha avanzado 'El Periódico', defiende que no hubo indefensión hacia los ocupantes en el desalojo impulsado por el Ayuntamiento que dirige Xavier Garcia Albiol, que no se vulneraron los derechos fundamentales denunciados y que hubo proporcionalidad a la hora de valorar si se autorizaba o no la entrada y desalojo del espacio. Además, dice que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad social de los afectados.

Varios de los migrantes expulsados –llegaron a ser unos 400– habían recurrido ante el TSJC y alegaban que la jueza “normalizó la situación de sinhogarismo, discriminación y desprotección”.

El TSJC asegura en su sentencia que se notificó el acuerdo del consistorio sobre el desalojo, así como que se llevaría a cabo una ejecución forzosa solicitando la correspondiente autorización judicial si fuera necesario, a las abogadas representantes de algunos ocupantes, así como al resto a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Badalona. Por ello, asegura que los interesados “tenían conocimiento del acuerdo y pudieron formular alegaciones, así como impugnarlo por la vía judicial”.

Por otro lado, afirma que “no ha existido irregularidad procedimental” y considera que la administración “sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes”. En este sentido, asegura que el informe remitido por el consistorio deja patente que se activaron las actuaciones necesarias.

Por otro lado, la defensa de los ocupantes denunciaba la vulneración de diversos derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, a la tutela judicial efectiva, a la vida y a la integridad física y moral. La sentencia, sin embargo, asegura que “no se han acreditado estas vulneraciones”, ya que insiste en que “se han tenido en cuenta las circunstancias de los ocupantes del inmueble, así como el criterio de proporcionalidad a la hora de valorar si se autoriza o no la entrada en el inmueble”

. Añade que “no se ha realizado un trato diferenciado a los ocupantes por razón de su raza u origen”, sino que se aplicó “de manera proporcional” la normativa, “dando opciones a los ocupantes” en riesgo de exclusión social. Por todo ello, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestima el recurso planteado por once de los desalojados.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia. “El tiempo nos ha dado la razón”, ha dicho en declaraciones a la agencia ACN. Además, ha afirmado que la resolución judicial demuestra que hubo quienes “jugaron con la miseria y la pobreza” de los ocupantes e hicieron un uso político de su situación. Ha defendido que el Ayuntamiento dio cobertura a quienes eran “vulnerables de verdad”, que ha asegurado que eran una cincuentena, ya que ha asegurado que el resto eran “personas, muchas de ellas conflictivas, que hicieron la vida imposible a los vecinos durante muchos años”.

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco han dirigido un escrito al juez Raúl Nicolás García Orejudo, titular de la plaza 7 de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, para poder estar personados en el concurso de acreedores de la empresa de ambulancias Grup La Pau, que fue contratista de Osakidetza hasta finales de 2024. Según la documentación oficial presentada, la cooperativa de Badalona adeuda a la Administración vasca 13,6 millones de euros.

Grup La Pau era la adjudicataria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia y Álava, tanto las urgentes como las programadas. A finales de 2024 el Ejecutivo rescindió antes de tiempo los vínculos contractuales con la compañía por la acumulación de deudas, sanciones y otras irregularidades, aunque solamente unos meses antes insistía en poner en valor su solvencia. El Gobierno vasco tuvo que formalizar dos contratos de urgencia, uno para Álava y otro para Bizkaia, para garantizar la continuidad de un servicio esencial. Se eligió a Ambulancias Gipuzkoa, la contratista en ese territorio, para que expandiera su rango a territorio alavés y, para Bizkaia, se optó por una nueva marca, Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa. Es precisamente ahora cuando se ha abierto una licitación ordinaria para regularizar la situación.

En paralelo, los antecedentes de Grup La Pau no impidieron que accediera a una adjudicación en Catalunya, aunque en junio entró ya en concurso de acreedores, un escenario que se venía barruntando ya desde sus últimos meses en Euskadi. El administrador concursal es Jordi Albiol y el juzgado responsable es el 7 de la sección mercantil de Barcelona, ya que la compañía siempre ha estado domiciliada en Badalona.

En el marco de este proceso y según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, el 15 de julio una letrada de los servicios jurídicos del Gobierno vasco dirigió un escrito al juzgado y, en él, insistía en que la cooperativa “figura como deudora” de la Administración autonómica. La “cuantía total” supera los 13,6 millones de euros, que se desglosan en 9 millones en impagos al personal, 0,9 en “penalidades”, 1,6 en reclamaciones judiciales pendientes y más dinero en otro montón de conceptos que abarcan desde multas de los vehículos hasta 71.063 euros en alquileres pendientes por el uso de una base de los Bomberos de Álava.

Los informes adjuntos al escrito de personación recuerdan que uno de los puntos críticos llegó en el verano de 2024 cuando Grup La Pau no abonó la paga extraordinaria de julio a la plantilla. También hubo impagos de complementos de antigüedad o en períodos de bajas laborales. Ahora, hay un goteo de reclamaciones judiciales contra la empresa de sus antiguos trabajadores. Según los datos de los servicios jurídicos vascos, las peticiones ascienden ya a 1,7 millones y, sin excepción, los juzgados de lo social están condenando al Ejecutivo a pagar como responsable solidario. De momento, las arcas públicas han adelantado ya 141.559,54 euros sólo por estos procedimientos y el resto se tendrá que abonar igualmente.

Sumados todos los conceptos, Salud ha tenido que poner más de 10 millones de euros para ir tapando los agujeros que dejó Grup La Pau. En su momento, se habló de unos 12 millones en avales y garantías constituidos a la firma de las diferentes adjudicaciones para hacer frente a posibles eventualidades, pero ahora se rebaja esa cifra a 8,9 millones. Ahora, el Gobierno vasco se siente con “legitimación activa” para “personarse en el procedimiento concursal” en “defensa” del “crédito” de 13,6 millones.

María Arnal (Badalona, 1986) atiende la llamada telefónica de elDiario.es en plena vorágine: ensaya, prepara un nuevo single para este viernes y hace las maletas para pasar un mes en Japón, donde el 29 de agosto estrenará en el Teatro Bunkamura de Tokio un espectáculo sobre El pabellón de oro, de Yukio Mishima, dirigido por el coreógrafo Marcos Morau. “Este verano todo es muy intenso, pero muy guay a la vez”, resume.

El sábado, antes de ese salto a Japón, sube al escenario de La Mar de Músicas en Cartagena, festival al que ya vino a tocar en 2021, con Marcel Bagés, y donde ahora presentará canciones de su primer disco en solitario, 'AMA'.

Este sábado toca en Cartagena. ¿Va a interpretar ya el tema que estrena el viernes?

Sí, exacto. En el directo nuevo hay un montón de temas inéditos, la única manera de escucharlos es viniendo a los conciertos. El disco tiene una dimensión muy digital, así que para mí era importante que hubiera también una parte de cuerpo a cuerpo, de recordar cómo es escuchar la música por primera vez junto a la gente. Por eso he ido sacando muchas de estas canciones antes que el disco, para vivir esa primera escucha frente a frente con el público.

La última vez que actuó en La Mar de Músicas fue hace cinco años. ¿Cómo ha cambiado su manera de subirse a un escenario desde entonces?

Paré del ciclo disco-gira unos tres años buenos, porque me dediqué sobre todo a hacer música para danza, cine, instalaciones e investigación. Fue el fin del proyecto con Marcel [Bagés], que ya estaba en un momento poco creativo. Me di el permiso de salir de ese ciclo y hacer solo lo que me apeteciera, sin urgencia ni vértigo. De ahí salieron cosas que me han alimentado muchísimo: gané la beca de la Comisión Europea, trabajé con el Barcelona Supercomputing Center, hice instalaciones con recorrido internacional. Este disco es la confluencia de todas esas facetas.

Se le nota el poso escénico en el directo.

Claramente, hay algo indudable: mi corazón es folk. Nunca me he ido del folk, lo que pasa es que ya no voy con guitarras. Me acompaño de mis propias voces, de mis voces clonadas, de instrumentos antiguos como órganos, de sonidos de la realidad, como puertas. Es como abrir una puerta y encontrarte con hectáreas de posibilidad.

No empezó a tomarse la música en serio hasta que sufrió un accidente, se rompió el fémur y descubrió el archivo de Alan Lomax. Antes pensaba que la música no era para usted.

Como mis padres son profesores, tenía metida la idea de que si desde muy pequeña no seguías el camino que tocaba —conservatorio, superior— esa posibilidad ya no era para ti. Era un pensamiento súperlimitante. Cuando me rompí la pierna volví a casa de mi madre y recuperé la guitarra de mi adolescencia. Cantar me sentaba mejor que el Nolotil, y pensé que eso tenía que ser más central en mi vida. No tenía más ambición que dedicarle más tiempo, y de ahí, poco a poco, empecé a crear mi equipo, hasta que se convirtió en mi camino.

Esa historia me recuerda a la de Mari Trini, que también sufrió una enfermedad y descubrió la guitarra en la cama.

No la conocía, ¡qué fuerte! Hay bastantes artistas a los que les pasó algo parecido, Frida Kahlo por ejemplo, gracias a tener tanto tiempo de rehabilitación. Es una manera de salirse del cuerpo. Cuando haces hiperfoco en algo tienes la sensación de que el cuerpo ya no pesa. Te juro que en ese momento sentía que la música me sentaba mejor que cualquier medicación.

En 'AMA' ha clonado su voz con modelos de inteligencia artificial desarrollados en el Barcelona Supercomputing Center. ¿Qué ha aprendido de su propia voz al escucharla reproducida por una máquina?

Que lo precioso es justo todo lo que no es reproducible: el error, el detalle único. Hoy podemos clonar dimensiones de la voz —tímbrica, rítmica, melódica, fonética—, pero todas a la vez, de forma perfecta y humana, no se consigue. Clonar persigue una idea de ideal que en realidad te devuelve el error, la rugosidad, el fallo, y me parece precioso como aprendizaje. Mi manera de usar las voces digitales es extremadamente artesanal: modelos que hay que editar y mimar mucho, entrenados solo con datos de mi propio cuerpo.

En directo, esa voz sintética cobra cuerpo a través de las bailarinas.

Llevan unos brazaletes que desarrollamos con el Intelligent Instruments Lab, un laboratorio de instrumentos digitales de Islandia donde hice una residencia. Con ellos accionan mis voces sintéticas con sus coreografías: en realidad son un coro de baile que suena con mi voz. El directo es para mí un lugar de experimentación; creo que me viene de mi madre, profesora de ciencias, que siempre me transmitió esa curiosidad, esa idea de que todo en la realidad puede intervenirse con otra cosa.

El tema 'Que me quiten' recorre siglos de castigo y violencia hacia las mujeres. ¿Cómo se construye una canción a partir de una genealogía tan larga sin caer en la denuncia panfletaria?

Era importante que interpelase, pero mantuviera un tono poético, no panfletario: cuando las palabras están tan manidas ya no puedes vivir en ellas, las rechazas y dejan de decir nada. Empecé buscando imágenes muy literales, pero muy poéticas a la vez, casi como una enumeración, y luego fui viendo qué versos eran más musicales, jugando con recursos fonéticos como la repetición de consonantes.

La necesitaba escribir por lo que ha vivido mi cuerpo: por mucho que me clone, siempre habrá algo que mi cuerpo tiene y esas voces sintéticas no tendrán. Me interesaba hablar del feminismo desde esa consciencia corporal. Es una canción que solo podía escribir ahora, no hace diez años ni cinco: tenía que vivir todo lo que he vivido para poder escribirla. Ahora soy millones de veces más feminista que a los veinte años, cada vez más consciente de lo injusto de este sistema, de lo aprendido que está el patriarcado. Y esta canción me reafirma, me pone en un lugar de fuerza: no es tanto rabia como la voluntad de seguir estando aquí, diciendo estas cosas.

El disco nace también como una carta a su prima, fallecida tras perder a sus padres por el sida, en un contexto marcado por el silencio.

Sí, toda la familia murió de sida. Ella falleció cuando yo tenía trece años y ese secreto estuvo guardado mucho tiempo. 'AMA' son sus iniciales, pero también quería que mi primer disco en solitario, el primero en el que hablo desde mí misma y no en representación de nadie más, naciera de la fuerza de amor más grande que he sentido, de la primera herida real de mi corazón. Los trece años fueron además un momento clave en mi desarrollo, en el cambio de mi voz y de mi cuerpo. Por eso este disco ha sido también el ejercicio de aprender a ser el ama de mi propio proyecto, de mi voz y de todas mis voces sintéticas.

Y esa historia está muy teñida de patriarcado: la voz femenina es una extensión del cuerpo femenino, y la voluntad de imitarla fuera del cuerpo es antiquísima. El órgano imita la voz humana, pero como voz de Dios, no de un cuerpo femenino; por eso está en el disco. A finales del siglo XIX hubo un boom de máquinas parlantes que reproducían la mecánica de la laringe y los pulmones y luego les ponían una máscara de mujer, inventada por señores. Es la misma idea que hay detrás de Siri. Yo, en cambio, soy el ama de mi propia voz sintética, y no he usado más datos que los de mi propio cuerpo. Además, la A y la M son los dos primeros fonemas que aprende a reproducir la voz humana, algo fisiológico y no cultural: por eso la palabra madre lleva la M y la A en casi todos los idiomas, ya que la M la entrenamos mamando del pecho de nuestra madre.

Es un disco compuesto a partir de improvisaciones vocales, y la letra llega al final. ¿Cómo cambia el proceso creativo cuando la palabra llega la última?

Ha sido muy divertido porque normalmente lo hacía al revés. Aquí la letra llega cuando la música ya está clarísima, y eso ha liberado mucho la composición: las canciones no están tan cuadriculadas ni limitadas por la rima, y son muy distintas entre sí porque nacen de la voz cantada y no de la voz escrita.

El disco incluye un madrigal en pleno álbum digital.

Musicalmente, la polifonía es algo muy central porque estoy yo con todas mis voces. A nivel compositivo me encanta el Renacimiento, ese momento en que la polifonía deja de hablar de Dios y empieza a hablar del estado interno de quien canta. Como el disco tiene esa mirada interior, me parecía interesante dialogar con ese tipo de composición.

¿Y después de Cartagena, hacia dónde va su voz? ¿Japón marcará también el sonido?

La música que estoy haciendo para Japón es lo más folk que he hecho en muchos años: cuerdas mediterráneas y japonesas, shamisen, tambores, laúd, bandurria, viola de rueda, todo menos guitarras, y taiko, los tambores japoneses. No va a ser un disco, sino un espectáculo: habrá que ir a Tokio a escucharlo.

Curiosamente, empecé estudiando traducción de japonés y lo dejé a los dos años porque me pareció un mundo demasiado difícil; me pasé a las lenguas románicas —italiano, francés, portugués, catalán, castellano—. Ahora vuelvo a Japón, esta vez a trabajar por primera vez. Estoy tan hiperfocalizada en la música que casi todo lo que leo tiene que ver con ella: ando con El pabellón de oro, de Mishima, entre manos, para entender bien lo que ha hecho Marcos Morau con el espectáculo.

La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España y avaló después que el Ayuntamiento de Badalona dejara en la calle a centenares de migrantes “normalizó la situación de sinhogarismo, discriminación y desprotección” en la que quedaron los desahuciados del antiguo instituto B-9.

Así lo sostiene el grupo de migrantes representado por la abogada Marta Llonch en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la decisión de la jueza Meritxell Quella de respaldar la actuación del consistorio encabezado por Xavier García Albiol (PP).

La magistrada avaló la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó una gran crisis social. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.

El recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, denuncia que los razonamientos “arbitrarios” de la magistrada vulneraron la tutela judicial efectiva de los migrantes. Además, afea a la jueza su “falta de perspectiva antirracista y antidiscriminatoria”, al obviar “la intimidación y el miedo” que sufren las personas migrantes en situación administrativa irregular, como muchos de los antiguos habitantes del B-9.

Los migrantes piden al alto tribunal catalán que revoque el carpetazo que la jueza dio al caso y que declare que el desalojo del B-9 se ejecutó con vulneración de sus derechos fundamentales.

Una de las contradicciones que los migrantes encuentran en la actuación judicial versa sobre la falta de protocolo para atender a las personas sin hogar admitida por el Ayuntamiento de Badalona durante el procedimiento.

Cuando, en diciembre de 2025, la jueza autorizó el desalojo del B-9, lo hizo a condición de que el consistorio prestara “atención social” a los migrantes desalojados. Sin embargo, una vez ejecutado el lanzamiento, el Ayuntamiento admitió algo que no había comunicado en su petición: que no disponía de protocolo para atender a personas sin hogar.

Pese a ello, la jueza dio por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”.

“No se puede declarar cumplida una condición consistente en seguir un protocolo y, al mismo tiempo, reconocer que el protocolo no existe”, razona el recurso de los migrantes, que reprochan a la magistrada que diera el visto bueno a una actuación municipal “improvisada, insuficiente y parcial”.

Los migrantes destacan que en la resolución final de la jueza que avaló la inacción del consistorio “no se identifican las medidas asistenciales ni en qué consistió la atención debida”.

También resalta la defensa de los migrantes que la magistrada respaldó las cifras de 127 atendidas por los servicios sociales de Badalona que resultan “contradictorias” con los informes de los Mossos d'Esquadra sobre el desalojo, que indican que los trabajadores municipales solo atendieron a 50 ocupantes del instituto.

“El juzgado tendría que haber valorado si las personas desalojadas recibieron información comprensible, si pudieron expresar su voluntad sin presiones, si existían alternativas habitacionales reales inmediatas y si su rechazo se debió a la falta de una respuesta residencial concreta”, argumenta la letrada Llonch.

Los migrantes también reprochan en su recurso que la magistrada “no realizó una valoración de la posible afectación al derecho a la igualdad de trato y no discriminación” que supuso el desalojo y la desatención municipal posterior. En suma, a juicio de los migrantes, la magistrada “no tuvo en cuenta la perspectiva antirracista y antidiscriminatoria del Derecho”.

Kalita Fernández ha obtenido un poco más de tiempo. La Justicia europea ha ordenado la suspensión del desahucio, instado por un fondo buitre, de esta mujer de Badalona, con seis hijos menores de edad a su cargo (uno de ellos, con apneas que le obligan a dormir conectado a una máquina), previsto para este viernes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha examinado la medida cautelar solicitada por el abogado de Fernández, Ton Mansilla, y ha ordenado al Estado español que la mujer y su familia no puedan ser desahuciadas, al menos, durante una semana, hasta el próximo 1 de julio.

Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes.

En su demanda, el abogado de Fernández reclamó la suspensión del desahucio como medida “estrictamente temporal y limitada” hasta que las autoridades locales proporcionen a la familia “una alternativa habitacional real, inmediata, estable y adecuada, compatible con las necesidades de seis menores y, en particular, con la situación médica de la hija menor”.

El plazo de suspensión del desahucio todavía podría ampliarse. En estos siete días, el TEDH espera la respuesta de España sobre si la jueza de Badalona que ordenó su desalojo tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia y si las autoridades locales han ofrecido una alternativa de vivienda.

A falta de conocer la contestación formal del Estado, la respuesta a ambas preguntas es negativa, tal y como ya explicó elDiario.es. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

“La ejecución del desalojo sin alternativa habitacional inmediata, estable y con condiciones adecuadas crea un riesgo concreto para la vida de la menor”, recuerda el abogado Mansilla en su escrito ante el TEDH.

El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social.

En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Tal y como explicó la mujer a este diario, Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Entonces tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, reclamó.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explicó la mujer. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, alegó haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

Carpetazo y archivo. La jueza que autorizó el mayor desalojo de la historia de España ha avalado que el Ayuntamiento de Badalona, que encabeza Xavier García Albiol (PP), dejara en la calle a decenas de migrantes, al valorar que el consistorio sí les prestó “la atención debida”.

Así lo afirma la magistrada Meritxell Quella en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que da por finalizado el procedimiento en el que autorizó la petición del consistorio badalonés para desalojar, antes de Navidades, a los centenares de migrantes que ocupaban y malvivían en el instituto municipal abandonado B-9.

La magistrada sigue la línea que ya había mostrado en anteriores resoluciones. La jueza ha respaldado la polémica actuación del consistorio pese a que el desalojo del B-9 provocó un problema social de gran magnitud. La Generalitat y las entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia para los migrantes ante la inacción del Ayuntamiento de Badalona, lo que no evitó que varias personas tuvieran que dormir durante días debajo de un puente en pleno temporal de viento y lluvias.

Cuando decidió avalar el desahucio, la jueza, en contra de lo reclamado por la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, rechazó obligar al Ayuntamiento de Badalona a proporcionar un techo alternativo a los desalojados. La magistrada se limitó a indicar, sin más precisiones, que el consistorio debía prestar “atención social” a los casi 400 migrantes.

Pasados seis meses, la jueza respalda la actuación del Ayuntamiento de Badalona en el desalojo, al dar por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales “aplicaron una serie de intervenciones y medidas dirigidas a prestar asistencia a las personas que quedaron desprovistas de solución habitacional”.

La jueza ha hecho caso omiso a las peticiones del Ministerio Público y de las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar para indagar en las vulneraciones de derechos fundamentales de los desalojados producidas por la, a su juicio, insuficiente atención municipal.

En marzo, tal y como adelantó este diario, la jueza ya salvó a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

Tras pedir al consistorio varios documentos y con los migrantes ya en la calle, el Ayuntamiento de Badalona admitió a la jueza que carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”.

Por el contrario, en su resolución final sobre el caso, la jueza concluye que el consistorio “se atuvo al mandato literal” para desalojar el B-9, por lo que, concluye, Badalona “ha dado cumplimiento” a su mandato.

La magistrada sí considera “incontestable” que la asistencia a los migrantes por parte del Ayuntamiento de Badalona “pudo ser acometida de otra forma o con otras directrices”, pero lo ve irrelevante para su causa, que limita al desalojo del B-9.

“El juicio de oportunidad del dispositivo para atender una desocupación masiva debe permanecer fuera del procedimiento”, zanja la magistrada.

La falta de un protocolo de atención a personas sin hogar, insiste la jueza, “no supuso ningún obstáculo para ofrecer las medidas asistenciales necesarias a las personas que aceptaron los recursos”. Todas las actuaciones del consistorio hacia los migrantes se basaron “en la voluntariedad” de los desalojados, ahonda la magistrada.

Al margen del caso de lo contencioso-administrativo ahora cerrado, la Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras una denuncia penal contra Albiol a cargo del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

Nueva causa archivada para el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La Audiencia de Barcelona ha confirmado que no ve delito en que el edil revelara durante un pleno municipal datos médicos de un hombre sin hogar que murió en la localidad en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona confirma el archivo del caso decretado por el instructor. Los jueces no contestan en la resolución a la petición del letrado Andreu Van den Eynde, que representa a la acusación de Guanyem Badalona, para que se pronunciaran sobre la “singular analogía” que el caso de Albiol presentaba con la condena contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.

La sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general, argumentaba Guanyem Badalona, “aborda un debate relevante sobre la imposibilidad de responder a una noticia con una revelación de secretos”. Van den Eynde agregó que el Supremo consideró punible este tipo de actuación “incluso con referencias específicas a supuestos de datos de salud”.

V., el vecino sin hogar de Badalona fallecido, acudió al Hospital Municipal de Badalona el 25 de mayo de 2024, donde fue atendido. Desde hacía varios días que los habitantes del barrio de Canyadó habían observado un deterioro de su salud. El hombre terminó falleciendo el pasado 9 de junio.

Un mes después, durante el pleno municipal Albiol respondió a las peticiones de explicaciones de las asociaciones de vecinas, que denunciaron que la muerte del hombre sin hogar, de origen lituano, se produjo tras el cierre del albergue municipal para personas sin techo. Este vínculo molestó a Albiol, que respondió a los vecinos con datos del paso del fallecido por el hospital.

“Como fue al Hospital de Badalona, tengo aquí, no el parte, porque eso es privado, pero sí el porqué murió esta persona, y se lo voy a leer textualmente. Me lo han enviado desde el Hospital, eh”, lanzó el político del PP al pleno tras la petición vecinal. A continuación, difundió parte de los síntomas, el diagnóstico, las pruebas y el tratamiento médico al que fue sometido el sintecho en el Hospital de Badalona.

En su auto, el tribunal aprecia una “ausencia de cualquier evidencia de haber incurrido en conductas infractoras en materia de protección de datos” por parte de García Albiol. El motivo, explica el tribunal, es que la Autoridad Catalana de Protección de Datos no constató “infracciones concretas en materia de protección de datos” en su investigación. Si el ente especializado no apreció infracciones, menos puede hacerlo el derecho penal, concluyen los jueces.

La Audiencia entiende que los familiares del finado podrían denunciar la vulneración de la intimidad personal del fallecido como un derecho propio, siempre que demostraran el grado de parentesco exigible y que señalen qué informaciones concretas reveladas les han podido ocasionar un perjuicio.

En este caso concreto, los jueces concluyen que no se ha aportado “ninguna evidencia” de los ámbitos de la esfera privada del hermano que han podido verse afectados por las declaraciones de Albiol, ni si tuvieron trascendencia, difusión o impacto en su país de origen.

El tribunal sostiene que no consta que el difunto tuviese familia, ni próxima ni lejana, en España, ni que la misma “hubiere mostrado interés personal en su estado de salud o en la evolución y el desenlace fatal de su enfermedad, tampoco en el tratamiento de sus restos mortales, que nadie reivindicó en su momento”.

Fue a una comisaría de Badalona a firmar un documento y, en menos de 48 horas, estaba sentado en un banco en el aeropuerto de Dakar. Exhausto, desorientado y aún sin saber qué hacer, Abdou encendió el teléfono móvil que le había entregado un agente español tras el aterrizaje del vuelo de deportación que le mandó de regreso a su país, Senegal, tras más de tres años en España y en pleno procedimiento extraordinario de regularización. Tenía una nota de voz de Àngela Valeiras, la médica jubilada que le acogió durante días tras el famoso desaolojo del instituto abandonado B9. Él le respondió: “Estoy un poco bien. No he dormido. Me he quedado en un banco esperando a que llegue el día”, le dijo el senegalés. Él no es de la capital, sino de un pueblo situado a más de 200 kilómetros, no tenía dinero suficiente para llegar a casa.

Abdou, uno de los migrantes afectados por el macrodesalojo instado por Xavier García Albiol (PP) de un instituto abandonado de Badalona, fue expulsado de manera exprés a Senegal este martes después de ser detenido el lunes cuando el senegalés acudió a una cita para firmar una serie de documentos, desde que la Policía tenía retenido su pasaporte por contar con una orden de expulsión firme. Su caso fue denunciado por el Grupo de apoyo de las vecinas de la comunidad B9 de Badalona, que lo apoyaron desde el desalojo, y el colectivo Regularización Ya.

Según explicó a elDiario.es su abogada, Marta Llonch, el senegalés fue detenido en una de las denominadas “citas trampa”, una práctica denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Abdou acudió a las dependencias como cada lunes y permaneció detenido. En menos de 24 horas después, el hombre fue trasladado bajo custodia policial al aeropuerto de Madrid y a las 20:30 horas fue subido a un vuelo con destino final Dakar y escala en Las Palmas. Según ha contado el senegalés a su abogada, en el avión había muchos migrantes en su misma situación. La letrada trata de contactar a diferentes personas u ONG que pudieran ayudar al senegalés a su llegada al país. “Estaba triste, agradecido de que tanta gente se haya movilizado, y desorientado. Llego a las 4 de la mañana, ha dormido en un banco y cuando he hablado con el seguía al lado del aeropuerto”, explica Llonch a elDiario.es.

Después de haber vivido en situación de calle y haber sido desalojado del instituto abandonado de Badalona, Abdou fue acogido unos días por Valeiras, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle. La mujer apenas ha pegado ojo esta noche. “Estoy hecha polvo, estoy muy cansada. Hay ir digiriendo poco a poco”, dice por teléfono. “No me podía dormir, fue un día. A la medianoche una compañera, de Badalona Acull me dijo que ya estaba camino de senegal. Ha sido realmente expréss”, explica la jubilada, que estaba muy preocupada por perder el contacto con él y no poder apoyarle al menos desde España. “Menos mal que mantiene el número. Al menos, con el contacto, podemos seguir pendientes”, añade la doctora retirada.

Durante la mañana, Valeiras ha conseguido enviar dinero a Abdou para que pueda volver a su pueblo. “Estaba sin dinero. Le han dejado en Dakar, y él no vive allí sino en un pueblo cerca de Saint Louis. Me decía que quería ir a su pueblo, con su madre”, describe la mujer.

La jubilada, que le conoce, sabe el significado escondido en sus palabras: “Dice que está ”un poco bien“. Ese ”poco bien“ significa que no está bien... Él siempre dice que está bien. Nunca dice que está mal, ni cuando en los peores momentos. Si dice ”bien, poco“, es que estar bastante triste”, explica la señora con preocupación, que traduce el español que ha ido aprendiendo en su tiempo en España. El senegalés, cuando llegó a España, no sabía ni leer ni escribir. “Ha ido aprendiendo por su cuenta. En su situación, habiendo estado en la calle era complicado, pero se esforzaba mucho”, explica, cuando Abdou ya está a más de 4.000 kilómetros de distancia.

La detención

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

Horas antes de su detención, la mujer jubilada mencionaba preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explicó la jubilada. Ahora, más tranquila pero muy cansada, Valeiras se consuela al menos con tener contacto con él y poder seguir apoyándole en la distancia.

Abdou fue a realizar un trámite a comisaría, como lo hacía cada semana desde que la Policía le requisase hace unos meses su pasaporte al tener una orden de expulsión en firme, pero este lunes fue diferente: el senegalés, que vivía en España desde hace unos tres años, acabó detenido, y en estos momentos se encuentra en el Aeropuerto de Madrid para ser expulsado de forma exprés. El hombre fue uno de los migrantes desalojados a la fuerza en diciembre de 2025 del instituto ocupado B9 por el alcalde de Badalona, Xavier Albiol (PP), cuando centenares de migrantes se quedaron en la calle en uno de los desalojos más grandes de España.

Después de haber vivido en situación de calle, Abdou fue acogido unos días por Àngela Valeiras, una jubilada de Badalona, que le acompañó desde entonces en su proceso de arraigo en España. “Le dijimos que fuese cada lunes a firmar como nos indicaron en comisaría, para que cumpliese con todo lo que le pedían ahora que estaba empezando a salir adelante”, explica Valeiras. Este lunes entró en comisaría, pero esta vez fue detenido para ejecutar su expulsión en un plazo máximo de 72 horas.

El senegalés ha sido trasladado este martes desde Barcelona al Aeropuerto de Madrid para ser enviado a su país en un vuelo de deportación, explica su abogada, Marta Llonch. Su defendido, asegura, fue víctima de las llamadas “citas trampa”, una práctica policial denunciada por colectivos de migrantes y antirracistas, que consiste en la utilización de una cita policial de una persona migrante en situación irregular para proceder a su expulsión por la vía expréss, un procedimiento rápido que permite la deportación durante las 72 horas en que una persona puede ser detenida sin autorización judicial, siempre que exista una orden de expulsión firme, como es el caso de Abdou.

Este medio ha preguntado por el caso al Ministerio del Interior, pero rechazan hacer declaraciones concretas, salvo asegurar que cumple con la normativa en materia de extranjería al existir una orden de expulsión firme anterior autorizada por un juzgado. El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska suele negar el uso de las llamadas “citas trampa” para proceder a la expulsión de extranjeros.

Acogido por una médico jubilada de Badalona

El ciudadano fue detenido este lunes a las 12:45 horas por “infracción de la Ley de Extranjería”, en concreto, “por encontrarse irregularmente en territorio nacional”, según consta en el acta de detención, a la que ha tenido acceso elDiario.es, sellada por la Jefatura Superior de Policía de Catalunya. Solo le dejaron hacer una llamada, y Abdou marcó el número de Àngela Valeiras, la médica jubilada de Badalona que lo acogió en su casa tras el desalojo del instituto B9. Su historia salió publicada entonces en varios reportajes que contaban la reacción de la señora, que decidió recibir a dos de los migrantes que habían quedado en situación de calle.

Después de acogerle durante unos días, el senegalés pasó a vivir en un albergue para personas sin hogar en el que permanecía desde entonces. Valeiras siguió en contacto con Abdou en todo momento, y lo ha acompañado en su proceso de arraigo en España. “Estoy súper triste. Me llamó cuando le detuvieron y tenía una voz... Desde que consiguió un sitio donde vivir, estaba generando una red y ahora tenía arraigo”, dice la mujer, quien se encargó de llamar a su trabajador social y a su abogada para tratar de detener una expulsión que todo apunta que acabará ejecutada.

La mujer jubilada menciona preocupada la cita médica que el senegalés ha perdido tras su detención, como si de su madre se tratase: “Hoy mismo tenía hora en el centro de salud, de seguimiento, por problemas ligados a todo el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la calle”, dice la señora por teléfono. Su voz se corta cuando explica cómo se llevó a cabo la detención. “No le cogieron por la calle, él mismo fue a comisaría para firmar. Yo le había acompañado a la comisaría cuando le quitaron el pasaporte. Se presentaba cada lunes como nos dijeron. Qué rabia siento, porque yo le dije 'por favor, ve cada lunes'. Nos hizo caso en todo y ahora se lo han quedado allí”, dice. “Me sabe fatal. Él ha confiado en nosotros, en la abogada y en quienes le hemos ido acompañado, y el resultado es este”.

Petición de asilo

Tras su llegada a España en cayuco a Tenerife hace unos tres años, el senegalés pidió asilo. Durante un tiempo, tuvo permiso de residencia en el país, con lo que pudo trabajar como ayudante de cocina en un restaurante. Posteriormente, perdió los papeles al recibir la denegación de su petición y trabajó en el campo por temporadas. Sus escasos jornales esporádicos, sin embargo, no eran suficientes para costear un techo bajo el que dormir. Después de largas temporadas sin hogar, se alojó en el institut ocupado B9, hasta su desalojo.

El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d'Esquadra desalojaron a centenares de migrantes que malvivían en este instituto abandonado de Badalona. El desalojo del espacio, ejemplo de la pobreza y el desamparo que sufren muchos migrantes sin ayuda de las instituciones, fue instado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP). El día siguiente del desalojo, Àngela apareció en la vida de Abdou y lo acogió junto a otro compañero. La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado, como informó entonces ACN. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explicó en declaraciones recogidas por la Agencia. Los jóvenes mostraron su gratitud aquellos días limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Abdou aún no había pedido la regularización porque estaba esperando el certificado de antecedentes penales de su país, Senegal. El hombre carece de antecedentes penales en España, pero sí cuenta con varios antecedentes policiales y “dos procedimientos judiciales pendientes” ligados a su etapa en situación de calle.

Según su abogada, se trata de un caso de “usurpación” ligado a su entrada en un piso de la Sareb donde el joven entraba para ducharse. La otra causa tiene que ver con un delito contra salud pública, de cuando vivía en situación de sinhogarismo. “Fue acusado injustamente, por motivos aparentemente de perfil étnico-racial, porque estaba al lado de alguien que vendía drogas y se le detuvo a él también. Tiene muy buena defensa, no había pruebas contra él, pero el juicio ya no se llegará a celebrar si le expulsan”, sostiene su letrada. Este medio no ha podido confirmar de manera independiente su situación legal.

El trabajador social de Abdou estaba en proceso de cancelar varios antecedentes policiales que eran suscetibles de ser desactivados antes de solicitar la regularización, según Valeiras. Sin embargo, tras conocer su detención, su abogada de Cáritas, otra de las ONG que le apoyaba, ha registrado su regularización con los documentos con los que contaba por el momento, con la intención de intentar frenar la inminente expulsión.

“Nadie sabe bien lo que es vivir en la calle. En cuanto salió de la calle dejó de tener causas. Estoy muy dolida. Se ha esforzado tanto, y hemos puesto tanto de nosotros mismos también su abogada, su trabajador social y yo para acompañarlo y que conseguiese lo que estaba consiguiendo... Abdou me llegó a contar que estaba días y días sin salir de un rincón de la calle, sin poder ducharse, con una costra negra de suciedad. Fue víctima de agresiones racistas...”, explica la jubilada.

La voz de la mujer española se quiebra cuando recibe una información de Abdou, que conoció justo antes de una de las llamadas con este medio. “Me ha dicho la abogada que ya está de camino al aeropuerto. Y no nos dejan hablar con él. Se estará sintiendo super abandonado”, dice con un hilo de voz. “Tenía muy mala experiencia de los blancos. Sufrió mucho racismo. Hace unos días vino a comer a casa y se reía. Me decía: eres la primera persona blanca con la que me río. Estaba empezando a tener red, un arraigo, y ahora se lo llevan”, lamenta Valeiras.

La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

Los protocolos se han convertido en el día a día de la relación de la administración con la ciudadanía. Pero el Ayuntamiento de Badalona no dispone de ninguno para las personas más vulnerables: las que no tienen un hogar. Así lo ha admitido el consistorio que encabeza Xavier García Albiol a la magistrada que autorizó el desalojo de centenares de migrantes que malvivían en un instituto abandonado del municipio, en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La abierta negativa de Badalona a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas. Muchos no tuvieron otra que acampar bajo de un puente de la C-31, al que acudieron otras personas sin hogar de Badalona o Barcelona hasta que, de nuevo, fueron desalojadas este miércoles.

La magistrada de lo contencioso-administrativo autorizó el desalojo solicitado por Albiol. No lo condicionó, tal y como había pedido la Fiscalía, a que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, sino que se limitó a obligar al consistorio a prestar “atención social” a los desalojados, sin más concreciones.

Una vez ejecutado el desalojo, la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, consideraron que el Ayuntamiento había incumplido igualmente la orden judicial, ya que no había personal de servicios sociales para atender a los migrantes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición del Ministerio Público para “verificar” si Albiol había actuado conforme le obligaba el auto.

De todas las peticiones planteadas por la defensa de los migrantes y la Fiscalía tras el desalojo, la magistrada solo aceptó una: requerir al Ayuntamiento de Badalona para que aportara el protocolo de atención a personas sin hogar. La sorpresa ha llegado con la respuesta del consistorio.

El informe ocupa tres páginas. La primera transcribe literalmente un artículo de la ley de Servicios Sociales de Catalunya. A renglón seguido, el jefe de los servicios sociales de Badalona reconoce que el consistorio no dispone del protocolo requerido por la jueza, si bien le adjunta medio folio de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar.

Según el responsable municipal, “dentro del marco legal”, en referencia a la normativa autonómica, “no existe una obligación específica que el Ayuntamiento de Badalona ni otra administración competente tengan que disponer de un protocolo de atención a personas sin hogar por parte de los servicios sociales”.

La interpretación de la ley que hace Badalona consiste en que sus obligaciones legales pasan por “disponer de un modelo de abordaje integral que proporcione una respuesta a las necesidades sociales de las personas sin hogar”.

Todo ello pese a que la norma citada por el Ayuntamiento como marco legal dispone que los ayuntamientos son los encargados de detectar las situaciones de vulnerabilidad, ofrecer asesoramiento e intervenir. Cabe recordar que el propio Albiol, el día del desalojo, aseguró que los servicios sociales habían dado “hospedaje temporal” a 16 migrantes.

De lo que sí dispone el Ayuntamiento es de una “metodología de intervención”, en palabras del jefe de servicios sociales a la jueza, para personas sin hogar, que consiste en cuatro puntos: detección de personas que duermen en la calle e información; valoración de los servicios sociales “con especial atención a los indicadores de vulnerabilidad”; apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia [Badalona cerró su albergue para personas sin hogar en 2024]; y seguimiento posterior.

La respuesta a la jueza de los servicios sociales de Badalona termina con otra confesión: el responsable municipal admite que ha solicitado apoyo a la Diputación de Barcelona para desarrollar un plan local de abordaje del sinhogarismo.

La colaboración con la Diputación, agrega el jefe de servicios sociales, “promoverá el diseño y la elaboración de un plan y, si cabe, un protocolo de atención” a personas sin hogar. En cualquier caso, tarde para los desalojados del B-9, que se han repartido en otros asentamientos informales, habitaciones de familiares o amigos o albergues proporcionados por la Generalitat y entidades sociales, aunque dentro de pocos días finalizará la estancia de varios de ellos.

La Fiscalía, indignada

La respuesta de los servicios sociales de Badalona ha provocado una reacción dura de la Fiscalía. En un escrito remitido a la jueza tras consultar la respuesta de Badalona, el Ministerio Público constata que el día del desalojo del B9 el consistorio no aplicó ni un protocolo de atención a personas sin hogar (porque no tiene) ni la “metodología de intervención” remitida al juzgado.

“En especial”, incide la fiscal, los puntos de la “metodología” que contemplan el apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia y seguimiento posterior de los migrantes. “La gran mayoría de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional se quedaron en la calle”, zanja el Ministerio Público.

Es más, la Fiscalía destaca las condiciones meteorológicas adversas (lluvia y frío) de diciembre del año pasado cuando se ejecutó el desalojo. Los migrantes, concluye la fiscal, tuvieron que acampar primero en la plaza de al lado del B9 y luego bajo el puente de la C-31 “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”.

“No puede entenderse cumplido el auto” que autorizó el desalojo pero obligaba a Albiol a proporcionar atención social a los migrantes, apostilla la fiscal.

El pasado miércoles, murió un hombre en la plaza Elisa Reverter de Badalona. Tenía 52 años y vivía en la calle desde hacía tres. Se llamaba Jordi y es la decimotercera persona sin hogar que pierde la vida en Catalunya en lo que va de año. Al día siguiente de su deceso, se confirmó la muerte de otro hombre, también en Badalona.

Esta ciudad, en la que ya han fallecido cuatro personas sin hogar en lo que va de año, inició el recuento de este 2026. Fue el día de Reyes, al mediodía, cuando un hombre de 54 años fue hallado muerto por la ola de frío. Como Jordi, había nacido en Catalunya.

Además de nacionalidad, ambos compartían el hecho de haber sido personas integradas en la sociedad. Con un trabajo estable y una familia. Pero por giros del destino, acabaron perdiéndolo todo, lo que les llevó a vivir -y a morir- en la calle. En el caso del primer fallecido, el detonante fue un divorcio. Jordi, en cambio, era un carnicero a quien un cúmulo de “malas decisiones” le hizo perder el trabajo y la relación con la familia, según cuentan quienes le conocieron.

“La crisis de la vivienda está en un punto tan crítico que es muy fácil acabar en la calle. Y, una vez ahí, es muy difícil salir. No podemos dar la espalda a esta realidad, porque mañana nos podría pasar a cualquiera de nosotros”, apunta Jaume Ventura, portavoz de Badalona Acull, una entidad que trabaja con personas sin hogar.

Los datos apoyan la versión de Ventura. Al menos, los que hay disponibles. Es difícil hacer una radiografía completa del sinhogarismo puesto que depende de los Ayuntamientos realizar el censo y consistorios como el de Badalona aportan pocos datos. En cambio, el de Barcelona sí realiza un estudio elaborado cuyos resultados, según confirman entidades expertas, pueden ser extrapolables a los de otra gran ciudad como Badalona.

Según un informe del Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público, (SASSEP) cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Es decir, que más de la mitad cuentan con ingresos estables. “La vivienda es tan cara que, a veces, un sueldo no es suficiente. Mucha gente sobrevive como puede y, a la que hay cualquier contratiempo, acaba en la calle”, añade Ventura.

Además, destaca que en el conjunto de Catalunya, el 27% de personas sin hogar son de nacionalidad española. Sumando a estas las que provienen de algún estado de la UE y las que ya han conseguido los papeles, el resultado es que sólo el 35% de quienes duermen en la calle están en situación administrativa irregular, según datos de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo catalán).

“Por mucho que diga la derecha, es mentira que en la calle sólo estén delincuentes y migrantes. Hay personas de todo tipo, a quienes la vida no les ha ido bien. Por eso debemos plantar cara a los que instauran el discurso de odio”. Estas palabras de Jaume Ventura hacen referencia al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que en diversas ocasiones ha relacionado el sinhogarismo con la inseguridad. Una de las polémicas más recientes se remonta al desalojo del B9, tras el cual aseguró que no se iba a gastar “ni un euro en dar vivienda” a sus residentes, de los que dijo que la “inmensa mayoría eran delincuentes”.

Y algo parecido ha sucedido esta semana, durante la cual han muerto dos personas sin hogar en Badalona. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albiol aseguró que uno de los fallecidos venía “de algún país del este” y que “tenía antecedentes penales”. Sobre el caso de Jordi, catalán que había regentado un negocio propio, aseguró que los motivos que le llevaron a acabar en la calle “no son sólo un tema económico, sino que también influyen mucho los aspectos psicológicos y problemas personales”.

Si bien es cierto que las personas sin hogar tienen una tasa muy alta de problemas de salud mental, esta es una situación que se deriva de su estancia en la calle. “Es consecuencia y no causa”, según resume Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels. De hecho, los datos vuelven a desmentir a Albiol. Según la última encuesta de personas sin hogar del INE, en 2022, el 33% de personas que acaban en la calle en Catalunya lo hacen por cuestiones relacionadas con la vivienda.

En cambio, sólo el 2,7% duermen al raso tras haber estado en la cárcel; el 9% tras haber emigrado y el 6,9% por problemas de adicciones.

Estos datos, según Badalona Acull y Arrels, desmontan el discurso de la derecha, que relaciona el sinhogarismo a la delincuencia y a la migración. El perfil de personas que duermen al raso va “mucho más allá de esa simplificación”, apunta Fernández. Y lo ha hecho siempre. “El perfil no ha cambiado. Simplemente es que está aumentando mucho el número de personas en esta situación y, por tanto, la problemática se hace más visible”, añade.

Además, apunta a otro factor, que es la cronificación. La crisis de la vivienda y la precarización laboral hace que cada vez sea más difícil salir de la calle y eso provoca que las personas nacionales y con trabajo, ya sean estables o informales, tengan más peso en las estadísticas.

Por eso, desde las entidades apuntan a la importancia de que los consistorios, asistidos por la Generalitat y el Gobierno, aporten ayudas y alternativas habitacionales a quienes estén en riesgo de perder la calle. Algo que aseguran que no sucede.

El Ayuntamiento de Badalona ha insistido en que ofreció “en diversas ocasiones” ayuda a Jordi, así como a las otras tres personas sin hogar que murieron antes que él en la ciudad. Pero desde Badalona Acull recuerdan que en el municipio no hay ningún servicio de atención a esta problemática. El único albergue que había, Can Bofí Vell, con capacidad para 80 personas, cerró sus puertas en 2024 después de que el consistorio acumulara una deuda millonaria con la empresa que lo gestionaba.

Desde entonces, en Badalona no hay albergues ni pisos de alojamiento temporal para acoger a personas sin hogar. De hecho, según constató una investigación de elDiario.es, el gobierno de Albiol devuelve cada año la mitad de fondos que le otorga la Generalitat para hacer frente a esta lacra social. “No se gasta el dinero porque no existe el recurso concreto para el cual está destinado”, dijeron a preguntas de este medio.

La única política con la que cuenta Badalona para atender a personas en situación de calle son las operaciones Frío y Calor, que se activan durante las semanas con temperaturas excepcionalmente altas o bajas. Se trata de un recurso en el que se ofrece pasar una noche en un polideportivo o equipamiento municipal. El problema es que no permite la entrada de animales de compañía y, a menudo, tampoco de pertenencias como colchones o carritos. “Muchos no lo aceptan porque se les obliga a cumplir unas normas que, a veces, no quieren seguir”, reconoce el mismo alcalde Albiol.

“Ofrecer estas alternativas tan puntuales no ayuda en nada”, opina Ventura, de Badalona Acull. Una noche al raso puede suponer más problemas que soluciones ya que, a menudo, significa perder las pertenencias y un buen lugar de pernocta en el que están resguardados y seguros. “Necesitamos políticas que vayan a la base del problema y que, sobre todo, no den la espalda a esta situación que está tan cronificada que, cualquier día, podría afectarnos a cualquiera de nosotros”, insisten.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no tendrá que justificar su negativa a abrir el albergue municipal para personas sin hogar tras promover el mayor desalojo de España. Así lo ha decidido la magistrada que autorizó la petición del alcalde para echar a los centenares de migrantes que malvivían en el antiguo instituto B9 de la ciudad.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada rechaza la solicitud de la Fiscalía, que había pedido que el alcalde explicara por qué no se puso a disposición de los migrantes desalojados el albergue municipal que el propio Albiol cerró en 2024. La abierta negativa del consistorio a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, han recurrido la resolución. Argumentan las letradas que pedir cuentas a Albiol sobre su negativa a abrir el albergue supone una medida “esencial” para discernir si el consistorio dejó en la calle a los migrantes “por falta de alternativa habitacional real o por una decisión política”.

El razonamiento de la magistrada Meritxell Quella para denegar la petición de la Fiscalía ocupa tan solo un párrafo. No argumenta la jueza sobre el caso concreto del B9, sino que se limita a considerar que la petición para que Albiol explique la negativa a abrir el albergue “excede” de las competencias que la ley otorga al juzgado a la hora de autorizar un desalojo solicitado por una administración.

La magistrada añade una consideración relevante. Recuerda que cuando autorizó el desalojo del B9 no lo condicionó a que el Ayuntamiento diera un nuevo techo de emergencia a los migrantes. En consecuencia, a su juicio, la petición de la Fiscalía para “verificar” si Albiol cumplió con el auto que dio el visto bueno a echar a los migrantes del instituto está “desprovista de utilidad”.

La jueza precisa, más de dos meses después y con los migrantes ya desalojados, el contenido de su auto de diciembre de 2025. La Fiscalía había pedido expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados.

No detalló entonces la magistrada en qué debía consistir esa “atención social”, si bien el Ayuntamiento ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

La falta de concreción judicial permitió a Albiol dejar en la calle a centenares de personas. Este diario fue testigo de que los servicios sociales municipales no atendieron a varios de los desalojados, que tuvieron que acudir, acompañados de sus abogadas y de activistas del Sindicat d'Habitatge de Badalona, hasta la sede central del consistorio para que la administración que tenía la obligación de atenderles les ayudara.

El albergue municipal al que se refería la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

Sin indagar qué ha sido de los desalojados

La defensa de los migrantes también había solicitado a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona.

La jueza rechaza esa petición y solo ha solicitado al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de los servicios sociales municipales, tras lo cual decidirá si archiva el procedimiento administrativo que autorizó el desalojo del B9.

En su recurso, las abogadas de los migrantes recuerdan a la jueza que su intervención “no puede limitarse a un control meramente formal” de que el desalojo se llevó a cabo, sino que debe intervenir “como garantía constitucional de protección de los derechos fundamentales afectados por la actuación administrativa” del consistorio.

Los datos de la Generalitat sobre los realojamientos, razonan las abogadas, resultan “esenciales” para “disponer de una visión completa y objetiva de los hechos y contrastar con la información facilitada por el consistorio, a menudo parcial o imprecisa”. El objetivo, agregan, es que la magistrada pueda disponer de toda la información para saber “si la atención social ordenada se prestó de forma real, efectiva y suficiente”.

“La obligación del Ayuntamiento de prestar atención social y garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables no nace del desalojo del B9, sino que es un deber legal preexistente”, argumenta el escrito de las letradas de los migrantes.

Esta no es la única causa abierta sobre el B9. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, en la que ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

¿Xavier García Albiol cumplió con su obligación de prestar atención social a los migrantes que echó del instituto B9 de Badalona? Es lo que quiere aclarar la Fiscalía. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público solicita a la magistrada que autorizó el mayor desalojo de España “verificar” el cumplimiento de la resolución judicial por parte del Ayuntamiento de Badalona.

Las dudas que expresa la Fiscalía se pudieron constatar el pasado 17 de diciembre, cuando los Mossos d'Esquadra ejecutaron el desalojo: lejos de proporcionar un techo de emergencia, el Ayuntamiento de Badalona dejó en la calle a centenares de migrantes que malvivían desde hacía dos años en el B9. Los ocupantes no tuvieron más remedio que acampar en una plaza las primeras noches. Entidades sociales y la Generalitat realojaron a la mayoría, aunque otros terminaron bajo un puente de la autovía, donde siguen más de un mes después.

La solicitud de la Fiscalía se produce ante el juzgado contencioso-administrativo que autorizó el desalojo instado por Albiol. El Ministerio Público no se opuso a la medida, pero pidió expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados. Es decir, la jueza no precisó si debían ser realojados o no. El consistorio ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

En su escrito, el Ministerio Público, a la vista de los informes presentados por el consistorio sobre la atención social a los migrantes el 17 de diciembre, reclama a la jueza “verificar si la resolución [de desalojo] se ha cumplido en sus propios términos”.

Para ello, la fiscal solicita que la magistrada requiera al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de sus servicios sociales. Además, pide que el consistorio indique “por qué el albergue municipal no se habilitó como recurso habitacional de emergencia y por qué no se puso a disposición de las personas desalojadas en situación de vulnerabilidad y sin medios propios para tener un lugar donde cobijarse”.

El albergue municipal al que se refiere la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

El escrito de la Fiscalía tiene fecha del pasado 8 de enero, sin que conste que a fecha de hoy, según fuentes jurídicas, la magistrada Meritxell Quella haya remitido requerimiento alguno al Ayuntamiento de Badalona.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, son contundentes. “El Ayuntamiento de Badalona, en contra de sus obligaciones legales y del auto que autorizó el desalojo, optó por empujar a más de 100 personas a una situación de sinhogarismo, en invierno y con previsión de temporal”, reza su escrito aportado al juzgado. Según las letradas, el consistorio podría haber optado por suspender el desalojo o pedir una nueva autorización.

En paralelo, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

Contradicciones entre el Ayuntamiento y los Mossos

Las cifras del informe que, a requerimiento de la jueza, aportaron los servicios sociales de Badalona contrastan con las cifras de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Badalona.

Mientras que los cuerpos policiales reportaron que los servicios sociales de Badalona atendieron a 50 personas (de las 181 desalojadas, según la policía catalana), el Ayuntamiento de Albiol indicó en su informe que “ofreció apoyo, orientación y atención” a 127 personas.

Este diario fue testigo de que no había personal de servicios sociales de Badalona para atender a los migrantes en la plaza contigua al instituto tras su desalojo, sino que eran los voluntarios y las abogadas de los migrantes las que recogían sus datos para hacer un seguimiento.

Una de las pocas mujeres que malvivía en el B9 tuvo que ir con militantes del Sindicat d'Habitatge de Badalona y su abogada en coche hasta la sede del Ayuntamiento a buscar ayuda. Tal y como informó elDiario.es, servicios sociales no proporcionó un techo a la mujer, sino que tras su visita a las oficinas se le programó una entrevista en Barcelona para evaluar si podía entrar la semana siguiente en una casa de emergencia en la capital catalana (no en Badalona).

Para las abogadas de los migrantes, la información “manifiestamente errónea, vaga, desajustada y contradictoria” del informe muestra la “mala fe” en su elaboración por parte de los servicios sociales badalonenses. Su objetivo, ahondan las abogadas, sería que la magistrada no se pronuncie sobre si el Ayuntamiento cumplió con la resolución que le obligaba a prestar atención social a los migrantes.

La defensa de los migrantes solicita a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona. Sin todos los datos, argumentan las letradas, no se podrá realizar una “correcta valoración judicial” sobre el cumplimiento de la orden de desalojo

Para ello, las abogadas piden a la magistrada que oficie al departamento de Derechos Sociales de la Generalitat para que aporte la relación completa de personas realojadas y los criterios que se emplearon, el tipo de alojamiento de emergencia ofrecido así como las fechas de inicio y final y los municipios donde se produjeron.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de la localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes. El consistorio promovió el mayor desalojo de España y se negó a ofrecer un techo alternativo a los ocupantes, que tuvieron que ser atendidos por varias entidades sociales.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía de Barcelona ha acordado investigar la denuncia presentada por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, quien acusó a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Fuentes fiscales han precisado que las pesquisas las asumirá un equipo conjunto formado por el servicio de diligencias de investigación y el servicio contra los delitos de odio del Ministerio Público.

El asentamiento estaba instalado en el antiguo instituto municipal B9 de Badalona y fue ocupado en junio del 2023 por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. También había hombres que sobrevivieron al incendio de la nave de Sant Roc de 2020 en el que murieron tres migrantes. La mayoría está en situación irregular en España y sus ingresos, si es que tienen, dependen de la recogida y venta de chatarra u otros empleos informales.

El Ayuntamiento de Badalona ya comunicó a la jueza que autorizó el desalojo que no pensaba ofrecerles una vivienda de emergencia pese a su situación de pobreza extrema. El alcalde fue explícito tras el desalojo. “Pedro Sánchez dice que hay que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda”, lanzó, tras alarderar en público de que no iba a destinar “ni un euro” a ayudar a los migrantes.

Una de las claves de la investigación será determinar el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de la letra pequeña de la orden judicial de desalojo. La magistrada autorizó el desalojo solicitado por el consistorio que encabeza Albiol, aunque obligó al Ayuntamiento a “prestar atención social” a los ocupantes.3

Para Asens, el desalojo sin alternativas realizado por el Ayuntamiento supone incumplir la resolución judicial. “En un estado de derecho, nadie está por encima de la ley y la investigación es una buena noticia para los derechos humanos”, ha manifestado el eurodiputado, que ha confiado en que el alcalde termine en el banquillo de los acusados “para dar explicaciones sobre sus actos reprobables”.

Desde el consistorio han tildado la denuncia de los Comuns de “despropósito” y han defendido que el desalojo del B9 se cumplió “de manera escrupulosa” la resolución judicial.

Más de un mes después del desalojo, unos pocos migrantes (a los que se han sumado otras personas sin hogar de la zona) viven en un campamento debajo de un puente de la C-31. La mayoría fueron reubicados en albergues o pisos de emergencia tras el trabajo a contrarreloj de las entidades sociales y, después, del Govern, que no evitó episodios de tensión en Badalona contra los migrantes.

Además de negarles un techo alternativo, elDiario.es desveló esta semana que Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar. El dinero otorgado por la Generalitat sirve, según el contrato programa, para cubrir los gastos de “alimentación, ropa, transportes o trámites” de las personas sin hogar alojadas en viviendas compartidas, pero también contempla, en casos “excepcionales”, aquellos que residan en pensiones o albergues.

El Ayuntamiento de Badalona ha devuelto a la Generalitat el 25% de los fondos que el Ejecutivo catalán pone a su disposición para atender a las personas sin hogar en los dos últimos años. Según los datos obtenidos por elDiario.es, el consistorio de Xavier García Albiol (PP) ha retornado 112.348 euros a la Generalitat del contrato programa que el departamento de Derechos Sociales pone a disposición de los ayuntamientos para emergencias sociales. Se trata del dinero correspondiente financiar los gastos derivados de 15 plazas de alojamiento temporal y 10 de urgencia que nunca se llegaron a activar.

Este sábado se cumplió un mes del mayor desalojo de España, instado por Albiol. El 17 de diciembre, unas 400 personas fueron expulsadas del antiguo instituto B9, en Badalona, y todavía hay medio centenar de ellas durmiendo en la calle, bajo un puente de la autopista C-31. “No vamos a gastarnos ni un euro en darles vivienda”, dijo el edil dos días antes del desalojo. Aunque la justicia avaló el desalojo, la magistrada ordenó al edil proporcionar “atención social” a los expulsados, frente a lo cual Albiol argumentó que no disponía de “capacidad” para garantizar un techo de emergencia a los ocupantes.

Precisamente la falta de espacio es el argumento que dan desde el Ayuntamiento para haber retornado el dinero de la Generalitat. Desde el consistorio recuerdan que devolver parte de los fondos del contrato programa, si no se usan, es “un funcionamiento normal” y argumentan que, en este caso, “el recurso concreto para el cual es ese dinero no existe”.

El dinero otorgado por la Generalitat sirve, según el contrato programa, para cubrir los gastos de “alimentación, ropa, transportes o trámites” de las personas sin hogar alojadas en viviendas compartidas, pero también contempla, en casos “excepcionales”, aquellos que residan en pensiones o albergues.

En Badalona, en efecto, hoy no hay pisos ni albergues pensados para atender a personas sin hogar. Pero durante los dos primeros años de este mandato, la ciudad sí contaba con el albergue municipal de Can Bofí Vell, que fue inaugurado en 2020 y daba alojamiento temporal a personas en situación de calle. Pero Albiol lo mandó cerrar en 2024 después de acumular una deuda insostenible con la cooperativa que prestaba el servicio.

Además de prestar ayuda al alojamiento temporal, los fondos de la Generalitat también acompañan a los servicios de acogida de emergencia pensados para noches con temperaturas extremas. Estos operativos, conocidos como Operación Frío u Operación Calor, no se organizan en pisos, sino en espacios municipales (pabellones o polideportivos) que sirvan de refugio climático.

Albiol tampoco activó estas soluciones de emergencia ni en 2023 ni en 2024 y por eso devolvió el dinero que le correspondía para cubrir los gastos de hasta 10 plazas. La primera Operación Frío de Badalona llegó en enero de 2025 y la segunda en enero de este 2026, pero ninguno de los dos operativos, organizados con la Cruz Roja, fue sufragado con fondos provenientes del contrato programa de la Generalitat, según apunta el Ayuntamiento.

En la Operación Frío de este año, en el pabellón La Colina (a las afueras de Badalona), estuvo activo durante 8 días y tenía disponibles 20 plazas. En total, llegó a acoger a 73 personas.

Cuatro años de ayudas al sinhogarismo

2022 fue el primer año en el que el Ayuntamiento de Badalona echó mano del contrato programa para abordar el sinhogarismo. Desde entonces, ha presupuestado un total de 1,4 millones de euros, de los cuales la Generalitat ha sufragado el 65%, es decir, 915.000 euros. Pero de todo ese dinero, Badalona ha usado y justificado cerca del 75%.

El dinero solicitado es para dos áreas diferentes: Por un lado, la atención primaria a personas sin hogar, lo que incluye el sueldo de un profesional, así como los gastos derivados de las plazas de acogida. Por otro, el programa Sostre 360, pensado para jóvenes en situación de sinhogarismo y que se pide desde 2023, año en que Albiol llegó a la alcaldía.

Durante lo que lleva de mandato, Albiol ha usado el 100% de los recursos destinados a jóvenes en situación de calle, pero del resto del dinero, ha empleado lo presupuestado para la contratación de una persona referente, por valor de 27.684 euros anuales (una jornada partida). Lo sobrante -y devuelto- es lo que se debía haber dedicado a sufragar los costes de esas 25 plazas residenciales, que ni en 2023 ni en 2024 se llegaron a activar, según ha confirmado la Generalitat a este diario.

Por otro lado, todavía falta de conocer la gestión de 2025, que deberá esperar al cierre del ejercicio y a la elaboración de la pertinente justificación. Pero el consistorio ya ha avanzado a elDiario.es que el dinero correspondiente a los gastos derivados de las plazas de alojamiento temporal y de urgencia tampoco se ha gastado. Así que es de esperar que los números sean los mismos que los de los años anteriores.

Fuentes de la oposición de Badalona lamentan desconocer los datos y el detalle de la gestión del Ayuntamiento de Badalona respecto al sinhogarismo y afean al consistorio que no haya “hecho más” para dar salida a esos fondos de los que ya disponía. “Sobre todo siendo que hay más de 300 personas durmiendo en la calle, una de las cuales murió el pasado 6 de enero, después de la noche más fría en años”, añaden.

Por su parte, el consistorio responde que el hecho de que no se hayan gastado estos fondos responde a que “en los últimos 20 años no ha habido la preocupación de construir pisos” e insisten en que “ningún gobierno, de ningún color político, se ha preocupado de tener un servicio de acogida”. En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento está llevando a cabo una promoción de vivienda de Protección Oficial y explican que, si los gobiernos anteriores hubieran querido resolver la situación del sinhogarismo, podrían haber iniciado ellos las promociones y reservado unas plazas en las mismas para alojamiento temporal de personas sin hogar.

Este medio ha preguntado al consistorio de Albiol si tiene pensado reservar algunas de esas viviendas para acoger a personas en situación de calle, pero no ha recibido respuesta.

Un 62% menos de pernoctas desde la llegada de Albiol

El Ayuntamiento de Badalona hace años que usa los fondos del contrato programa, como otros municipios, para diversas cuestiones, como la atención a personas con problemas de salud mental o gente mayor. Pero no empezó a pedir dinero para hacer frente al sinhogarismo hasta que se incluyó la segunda adenda del contrato por la Covid, entonces bajo la alcaldía en funciones de Aïda Llauradó, de los Comuns. En ese momento, se pidieron 107.000 euros para equipamientos de emergencia y que las personas en situación de calle pudieran confinarse.

La inestabilidad política que ha sufrido Badalona en el último lustro, con hasta cuatro cambios de alcalde y dos mociones de censura en sólo dos legislaturas, ha tenido consecuencias en la gestión del uso de los fondos para hacer frente a emergencias sociales. La llegada de Albiol al Ayuntamiento en 2023 ha supuesto una disminución de la atención en todas las áreas de emergencia.

Los fondos para acogida temporal no contemplan sólo el sinhogarismo, sino también las personas desahuciadas, desalojadas o a los menores no acompañados. Muchos de estos servicios son gestionados por la Generalitat, aunque estén físicamente en Badalona. El único recurso municipal para el sinhogarismo que había en la ciudad era el albergue de Can Bofí Vell, que acogía a medio centenar de personas hasta 2024.

También se nota una bajada sustancial en alojamiento de urgencia, que es el que atiende a personas en situación de calle sobrevenida, como las víctimas de violencia de género que deben salir de sus hogares. También se cuentan en esta categoría las plazas de emergencia climática para personas sin hogar (que se activan tanto en verano como en invierno). En total, en el primer año del actual mandato de Albiol, esta categoría tuvo un 88% menos de usuarios y un 62% menos de pernoctaciones.

Diversas entidades llevan meses denunciando que Albiol incumple “sistemáticamente” el convenio firmado con la Generalitat que regula los fondos que se otorgan para hacer frente a las emergencias sociales. A cambio de las aportaciones económicas, todos los ayuntamientos catalanes se comprometen a erradicar las desigualdades y las discriminaciones. “Por contra, Albiol tiene unas políticas aporofóbicas que buscan perseguir a los pobres hasta el exterminio”, aseveran desde Badalona Acull.

“Es una administración irresponsable, con políticas irresponsables que tienen consecuencias desastrosas”, insisten desde esta entidad, que es la que se está encargando de acompañar a las centenares de personas sin hogar en la ciudad y las que está consiguiendo un techo para los desalojados del B9 que hace un mes fueron expulsados.

 'Vox defiende abiertamente deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos' (El País).

A continuación, una breve recopilación de textos ya publicados por organizaciones de extrema derecha. 

“Será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo”. España está “en un momento de no retorno”, que exige “una transformación sin precedentes” debido al “reemplazo demográfico” que “está cambiando la configuración de la sociedad”. “Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos siete, o más de siete, ocho millones, son personas que han venido de diferentes orígenes en muy corto periodo de tiempo, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres”, lo que ha originado “que las calles en muchas ocasiones no sean de los españoles, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas no sea la misma”.

“Estamos perdiendo España”, los musulmanes “no forman parte de la nación española”.“ Los ciudadanos necesitan volver a sentirse seguros”, “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar la igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”. “No queremos gente así en nuestro país: les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”.

“Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad y provocando la desesperación de nuestro pueblo. ”Que la inmensa mayoría de los españoles está a favor de las deportaciones masivas de los ilegales y de los legales que cometen delitos“. Llegan a España, ”a ocupar, a violar, a robar o a matar“, o a ”imponer religiones extremas que buscan acabar con la mujer“, ”sí importamos barbarie, vamos a tener barbarie“.

Frente a estas arengas tan ofensivas, nos ha parecido necesario recuperar la Ley de Partidos Políticos -LO 6/2002- para conocer su grado de cumplimiento por dichas organizaciones políticas. Es significativo que, ya en la Exposición de Motivos, se afirme lo siguiente :“El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático (…) impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia (…)”.Y añade: “La Ley opta por contrastar el carácter democrático de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad”. Continúa, afirmando, que dicha Ley “se sitúa en una posición de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al máximo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia”.

A partir de estos principios, la Ley considera, como fundamento de la actividad de los partidos, el respeto a “los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”. Y describe como causa de su posible suspensión o ilegalización “(...) la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”. Y para “apreciar y valorar” dichas conductas pueden tenerse en cuenta “las resoluciones, documentos y comunicados del partido”, así como “el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas” y “las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”. Y se precisa que corresponde al Ministerio Fiscal velar por “el ajuste [de los partidos] a los principios democráticos en su funcionamiento y actividad”. Una relevante responsabilidad.

Además de estas previsiones legales de obligado cumplimiento, la protección de los migrantes requería de una protección penal, expresada el al artículo 510 del Código penal con la tipificación de los delitos de “odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo o persona perteneciente al mismo por “motivos racistas” u otros referentes a la “ideología, religión o creencias ” o a la “pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional”. O, además, cuando “entrañen humillación, menosprecio o descrédito”. Con circunstancias agravantes cuando a través dichas conductas “se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos”.

Ante estos instrumentos legales, es evidente que la respuesta institucional presenta unas bases sólidas para garantizar el pleno respeto a la inmigración, particularmente a la que procede del norte de África. Así resulta de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Afirma, en la Exposición de Motivos, que dicha Ley se propone “establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales” y “reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración…que apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas”.

Y describe, como ejes de las políticas migratorias, las siguientes: “La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía” .“La igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, “La efectividad del principio de no discriminación”, “La garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes reconocen a todas las personas”, “La lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas”, “La persecución de la trata de seres humanos” y “La igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social”.

Es evidente que el rigor y trascendencia de este marco normativo, complementado por otras disposiciones, no podrá ser afectado por normas que limiten o impidan los objetivos y medios descritos para garantizar una inmigración admitida y acogida con una normativa rigurosamente democrática. Máxime, cuando la situación real no es especialmente satisfactoria.

Basta con repasar algunos de los datos de las organizaciones especializadas en el estudio y atención de la realidad inmigratoria. Según el Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, en 2024 se registraron 1.102 situaciones de discriminación, un 27,4% más que en el año anterior. “El racismo y la xenofobia representan el principal motivo de discriminación por séptimo año consecutivo, 314 incidencias, representando un 30% (...), el derecho que se ha vulnerado más ha sido la integridad moral”, señala el informe. “Con respecto a las personas que denuncian situaciones de discriminación, el 55% son mujeres, y la franja de edad mayoritaria es la que se encuentra entre los 40 y 64 años”. Asimismo, dicha organización monitoriza “discursos públicos de figuras políticas y mediáticas para identificar posibles delitos de odio”.

Y óomo no citar el Informe de Fedea (24/3/2025), que concreta en un 18,2% el porcentaje de la población de España nacida en el extranjero. Respecto al empleo, destaca que, de los 5,2 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral español entre 2002 y 2024, “un 75% tienen nacionalidad doble o extranjera”. Y, añade, que en España “la aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral es valorada positivamente por una holgada mayoría”. Y una breve referencia al dato que consta en el Informe de SOSRacisme sobre 2024, en el que las Oficinas de Información, Atención y Denuncias recogieron un total de 544 denuncias relacionadas con incidentes racistas y/o discriminatorios. Otorgando una especial atención al que denominan “racismo institucional”, por denegación de accesos a prestaciones de servicios públicos.

Y, finalmente, no podemos desconocer la gravísima situación de la inmigración ante el problema de la vivienda. El acceso a la misma, ya muy difícil para los ciudadanos españoles, en su caso, desborda cualquier previsión.El ejemplo reciente más significativo fue el desalojo, el pasado 17 de diciembre, de 400 inmigrantes de un antiguo Instituto de Badalona donde estaban viviendo desde hacía mucho tiempo. La orden de desalojo fue dada por el alcalde de Badalona, del PP. Como dijo con acierto SOSRacisme, fue “el desalojo más grande de la historia reciente, en el que alrededor de 400 personas fueron expulsadas de su lugar de vivienda sin ninguna alternativa residencial, dejándolas literalmente en la calle”. Muchos de ellos/as parece que aún viven bajo un puente. Pero la realidad cotidiana alcanza niveles gravísimos. Cáritas advertía que en el área metropolitana de Barcelona está consolidándose el “alquiler más precario y el aumento del hacinamiento en los hogares”. Así lo reflejaba un estudio que describía como vivían, en una habitación de un piso de Trinitat Vella, los padres y sus tres hijos menores. Es uno de los grandes retos que continúa planteando la inmigración.

Ante esta realidad, estimo que deben cesar, ya, los discursos despiadados y excluyentes sobre la inmigración. Son, esencialmente, inhumanos y antidemocráticos.