La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

Los protocolos se han convertido en el día a día de la relación de la administración con la ciudadanía. Pero el Ayuntamiento de Badalona no dispone de ninguno para las personas más vulnerables: las que no tienen un hogar. Así lo ha admitido el consistorio que encabeza Xavier García Albiol a la magistrada que autorizó el desalojo de centenares de migrantes que malvivían en un instituto abandonado del municipio, en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La abierta negativa de Badalona a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas. Muchos no tuvieron otra que acampar bajo de un puente de la C-31, al que acudieron otras personas sin hogar de Badalona o Barcelona hasta que, de nuevo, fueron desalojadas este miércoles.

La magistrada de lo contencioso-administrativo autorizó el desalojo solicitado por Albiol. No lo condicionó, tal y como había pedido la Fiscalía, a que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, sino que se limitó a obligar al consistorio a prestar “atención social” a los desalojados, sin más concreciones.

Una vez ejecutado el desalojo, la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, consideraron que el Ayuntamiento había incumplido igualmente la orden judicial, ya que no había personal de servicios sociales para atender a los migrantes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición del Ministerio Público para “verificar” si Albiol había actuado conforme le obligaba el auto.

De todas las peticiones planteadas por la defensa de los migrantes y la Fiscalía tras el desalojo, la magistrada solo aceptó una: requerir al Ayuntamiento de Badalona para que aportara el protocolo de atención a personas sin hogar. La sorpresa ha llegado con la respuesta del consistorio.

El informe ocupa tres páginas. La primera transcribe literalmente un artículo de la ley de Servicios Sociales de Catalunya. A renglón seguido, el jefe de los servicios sociales de Badalona reconoce que el consistorio no dispone del protocolo requerido por la jueza, si bien le adjunta medio folio de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar.

Según el responsable municipal, “dentro del marco legal”, en referencia a la normativa autonómica, “no existe una obligación específica que el Ayuntamiento de Badalona ni otra administración competente tengan que disponer de un protocolo de atención a personas sin hogar por parte de los servicios sociales”.

La interpretación de la ley que hace Badalona consiste en que sus obligaciones legales pasan por “disponer de un modelo de abordaje integral que proporcione una respuesta a las necesidades sociales de las personas sin hogar”.

Todo ello pese a que la norma citada por el Ayuntamiento como marco legal dispone que los ayuntamientos son los encargados de detectar las situaciones de vulnerabilidad, ofrecer asesoramiento e intervenir. Cabe recordar que el propio Albiol, el día del desalojo, aseguró que los servicios sociales habían dado “hospedaje temporal” a 16 migrantes.

De lo que sí dispone el Ayuntamiento es de una “metodología de intervención”, en palabras del jefe de servicios sociales a la jueza, para personas sin hogar, que consiste en cuatro puntos: detección de personas que duermen en la calle e información; valoración de los servicios sociales “con especial atención a los indicadores de vulnerabilidad”; apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia [Badalona cerró su albergue para personas sin hogar en 2024]; y seguimiento posterior.

La respuesta a la jueza de los servicios sociales de Badalona termina con otra confesión: el responsable municipal admite que ha solicitado apoyo a la Diputación de Barcelona para desarrollar un plan local de abordaje del sinhogarismo.

La colaboración con la Diputación, agrega el jefe de servicios sociales, “promoverá el diseño y la elaboración de un plan y, si cabe, un protocolo de atención” a personas sin hogar. En cualquier caso, tarde para los desalojados del B-9, que se han repartido en otros asentamientos informales, habitaciones de familiares o amigos o albergues proporcionados por la Generalitat y entidades sociales, aunque dentro de pocos días finalizará la estancia de varios de ellos.

La Fiscalía, indignada

La respuesta de los servicios sociales de Badalona ha provocado una reacción dura de la Fiscalía. En un escrito remitido a la jueza tras consultar la respuesta de Badalona, el Ministerio Público constata que el día del desalojo del B9 el consistorio no aplicó ni un protocolo de atención a personas sin hogar (porque no tiene) ni la “metodología de intervención” remitida al juzgado.

“En especial”, incide la fiscal, los puntos de la “metodología” que contemplan el apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia y seguimiento posterior de los migrantes. “La gran mayoría de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional se quedaron en la calle”, zanja el Ministerio Público.

Es más, la Fiscalía destaca las condiciones meteorológicas adversas (lluvia y frío) de diciembre del año pasado cuando se ejecutó el desalojo. Los migrantes, concluye la fiscal, tuvieron que acampar primero en la plaza de al lado del B9 y luego bajo el puente de la C-31 “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”.

“No puede entenderse cumplido el auto” que autorizó el desalojo pero obligaba a Albiol a proporcionar atención social a los migrantes, apostilla la fiscal.

El pasado miércoles, murió un hombre en la plaza Elisa Reverter de Badalona. Tenía 52 años y vivía en la calle desde hacía tres. Se llamaba Jordi y es la decimotercera persona sin hogar que pierde la vida en Catalunya en lo que va de año. Al día siguiente de su deceso, se confirmó la muerte de otro hombre, también en Badalona.

Esta ciudad, en la que ya han fallecido cuatro personas sin hogar en lo que va de año, inició el recuento de este 2026. Fue el día de Reyes, al mediodía, cuando un hombre de 54 años fue hallado muerto por la ola de frío. Como Jordi, había nacido en Catalunya.

Además de nacionalidad, ambos compartían el hecho de haber sido personas integradas en la sociedad. Con un trabajo estable y una familia. Pero por giros del destino, acabaron perdiéndolo todo, lo que les llevó a vivir -y a morir- en la calle. En el caso del primer fallecido, el detonante fue un divorcio. Jordi, en cambio, era un carnicero a quien un cúmulo de “malas decisiones” le hizo perder el trabajo y la relación con la familia, según cuentan quienes le conocieron.

“La crisis de la vivienda está en un punto tan crítico que es muy fácil acabar en la calle. Y, una vez ahí, es muy difícil salir. No podemos dar la espalda a esta realidad, porque mañana nos podría pasar a cualquiera de nosotros”, apunta Jaume Ventura, portavoz de Badalona Acull, una entidad que trabaja con personas sin hogar.

Los datos apoyan la versión de Ventura. Al menos, los que hay disponibles. Es difícil hacer una radiografía completa del sinhogarismo puesto que depende de los Ayuntamientos realizar el censo y consistorios como el de Badalona aportan pocos datos. En cambio, el de Barcelona sí realiza un estudio elaborado cuyos resultados, según confirman entidades expertas, pueden ser extrapolables a los de otra gran ciudad como Badalona.

Según un informe del Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público, (SASSEP) cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Es decir, que más de la mitad cuentan con ingresos estables. “La vivienda es tan cara que, a veces, un sueldo no es suficiente. Mucha gente sobrevive como puede y, a la que hay cualquier contratiempo, acaba en la calle”, añade Ventura.

Además, destaca que en el conjunto de Catalunya, el 27% de personas sin hogar son de nacionalidad española. Sumando a estas las que provienen de algún estado de la UE y las que ya han conseguido los papeles, el resultado es que sólo el 35% de quienes duermen en la calle están en situación administrativa irregular, según datos de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo catalán).

“Por mucho que diga la derecha, es mentira que en la calle sólo estén delincuentes y migrantes. Hay personas de todo tipo, a quienes la vida no les ha ido bien. Por eso debemos plantar cara a los que instauran el discurso de odio”. Estas palabras de Jaume Ventura hacen referencia al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que en diversas ocasiones ha relacionado el sinhogarismo con la inseguridad. Una de las polémicas más recientes se remonta al desalojo del B9, tras el cual aseguró que no se iba a gastar “ni un euro en dar vivienda” a sus residentes, de los que dijo que la “inmensa mayoría eran delincuentes”.

Y algo parecido ha sucedido esta semana, durante la cual han muerto dos personas sin hogar en Badalona. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albiol aseguró que uno de los fallecidos venía “de algún país del este” y que “tenía antecedentes penales”. Sobre el caso de Jordi, catalán que había regentado un negocio propio, aseguró que los motivos que le llevaron a acabar en la calle “no son sólo un tema económico, sino que también influyen mucho los aspectos psicológicos y problemas personales”.

Si bien es cierto que las personas sin hogar tienen una tasa muy alta de problemas de salud mental, esta es una situación que se deriva de su estancia en la calle. “Es consecuencia y no causa”, según resume Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels. De hecho, los datos vuelven a desmentir a Albiol. Según la última encuesta de personas sin hogar del INE, en 2022, el 33% de personas que acaban en la calle en Catalunya lo hacen por cuestiones relacionadas con la vivienda.

En cambio, sólo el 2,7% duermen al raso tras haber estado en la cárcel; el 9% tras haber emigrado y el 6,9% por problemas de adicciones.

Estos datos, según Badalona Acull y Arrels, desmontan el discurso de la derecha, que relaciona el sinhogarismo a la delincuencia y a la migración. El perfil de personas que duermen al raso va “mucho más allá de esa simplificación”, apunta Fernández. Y lo ha hecho siempre. “El perfil no ha cambiado. Simplemente es que está aumentando mucho el número de personas en esta situación y, por tanto, la problemática se hace más visible”, añade.

Además, apunta a otro factor, que es la cronificación. La crisis de la vivienda y la precarización laboral hace que cada vez sea más difícil salir de la calle y eso provoca que las personas nacionales y con trabajo, ya sean estables o informales, tengan más peso en las estadísticas.

Por eso, desde las entidades apuntan a la importancia de que los consistorios, asistidos por la Generalitat y el Gobierno, aporten ayudas y alternativas habitacionales a quienes estén en riesgo de perder la calle. Algo que aseguran que no sucede.

El Ayuntamiento de Badalona ha insistido en que ofreció “en diversas ocasiones” ayuda a Jordi, así como a las otras tres personas sin hogar que murieron antes que él en la ciudad. Pero desde Badalona Acull recuerdan que en el municipio no hay ningún servicio de atención a esta problemática. El único albergue que había, Can Bofí Vell, con capacidad para 80 personas, cerró sus puertas en 2024 después de que el consistorio acumulara una deuda millonaria con la empresa que lo gestionaba.

Desde entonces, en Badalona no hay albergues ni pisos de alojamiento temporal para acoger a personas sin hogar. De hecho, según constató una investigación de elDiario.es, el gobierno de Albiol devuelve cada año la mitad de fondos que le otorga la Generalitat para hacer frente a esta lacra social. “No se gasta el dinero porque no existe el recurso concreto para el cual está destinado”, dijeron a preguntas de este medio.

La única política con la que cuenta Badalona para atender a personas en situación de calle son las operaciones Frío y Calor, que se activan durante las semanas con temperaturas excepcionalmente altas o bajas. Se trata de un recurso en el que se ofrece pasar una noche en un polideportivo o equipamiento municipal. El problema es que no permite la entrada de animales de compañía y, a menudo, tampoco de pertenencias como colchones o carritos. “Muchos no lo aceptan porque se les obliga a cumplir unas normas que, a veces, no quieren seguir”, reconoce el mismo alcalde Albiol.

“Ofrecer estas alternativas tan puntuales no ayuda en nada”, opina Ventura, de Badalona Acull. Una noche al raso puede suponer más problemas que soluciones ya que, a menudo, significa perder las pertenencias y un buen lugar de pernocta en el que están resguardados y seguros. “Necesitamos políticas que vayan a la base del problema y que, sobre todo, no den la espalda a esta situación que está tan cronificada que, cualquier día, podría afectarnos a cualquiera de nosotros”, insisten.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no tendrá que justificar su negativa a abrir el albergue municipal para personas sin hogar tras promover el mayor desalojo de España. Así lo ha decidido la magistrada que autorizó la petición del alcalde para echar a los centenares de migrantes que malvivían en el antiguo instituto B9 de la ciudad.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada rechaza la solicitud de la Fiscalía, que había pedido que el alcalde explicara por qué no se puso a disposición de los migrantes desalojados el albergue municipal que el propio Albiol cerró en 2024. La abierta negativa del consistorio a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, han recurrido la resolución. Argumentan las letradas que pedir cuentas a Albiol sobre su negativa a abrir el albergue supone una medida “esencial” para discernir si el consistorio dejó en la calle a los migrantes “por falta de alternativa habitacional real o por una decisión política”.

El razonamiento de la magistrada Meritxell Quella para denegar la petición de la Fiscalía ocupa tan solo un párrafo. No argumenta la jueza sobre el caso concreto del B9, sino que se limita a considerar que la petición para que Albiol explique la negativa a abrir el albergue “excede” de las competencias que la ley otorga al juzgado a la hora de autorizar un desalojo solicitado por una administración.

La magistrada añade una consideración relevante. Recuerda que cuando autorizó el desalojo del B9 no lo condicionó a que el Ayuntamiento diera un nuevo techo de emergencia a los migrantes. En consecuencia, a su juicio, la petición de la Fiscalía para “verificar” si Albiol cumplió con el auto que dio el visto bueno a echar a los migrantes del instituto está “desprovista de utilidad”.

La jueza precisa, más de dos meses después y con los migrantes ya desalojados, el contenido de su auto de diciembre de 2025. La Fiscalía había pedido expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados.

No detalló entonces la magistrada en qué debía consistir esa “atención social”, si bien el Ayuntamiento ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

La falta de concreción judicial permitió a Albiol dejar en la calle a centenares de personas. Este diario fue testigo de que los servicios sociales municipales no atendieron a varios de los desalojados, que tuvieron que acudir, acompañados de sus abogadas y de activistas del Sindicat d'Habitatge de Badalona, hasta la sede central del consistorio para que la administración que tenía la obligación de atenderles les ayudara.

El albergue municipal al que se refería la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

Sin indagar qué ha sido de los desalojados

La defensa de los migrantes también había solicitado a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona.

La jueza rechaza esa petición y solo ha solicitado al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de los servicios sociales municipales, tras lo cual decidirá si archiva el procedimiento administrativo que autorizó el desalojo del B9.

En su recurso, las abogadas de los migrantes recuerdan a la jueza que su intervención “no puede limitarse a un control meramente formal” de que el desalojo se llevó a cabo, sino que debe intervenir “como garantía constitucional de protección de los derechos fundamentales afectados por la actuación administrativa” del consistorio.

Los datos de la Generalitat sobre los realojamientos, razonan las abogadas, resultan “esenciales” para “disponer de una visión completa y objetiva de los hechos y contrastar con la información facilitada por el consistorio, a menudo parcial o imprecisa”. El objetivo, agregan, es que la magistrada pueda disponer de toda la información para saber “si la atención social ordenada se prestó de forma real, efectiva y suficiente”.

“La obligación del Ayuntamiento de prestar atención social y garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables no nace del desalojo del B9, sino que es un deber legal preexistente”, argumenta el escrito de las letradas de los migrantes.

Esta no es la única causa abierta sobre el B9. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, en la que ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

¿Xavier García Albiol cumplió con su obligación de prestar atención social a los migrantes que echó del instituto B9 de Badalona? Es lo que quiere aclarar la Fiscalía. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público solicita a la magistrada que autorizó el mayor desalojo de España “verificar” el cumplimiento de la resolución judicial por parte del Ayuntamiento de Badalona.

Las dudas que expresa la Fiscalía se pudieron constatar el pasado 17 de diciembre, cuando los Mossos d'Esquadra ejecutaron el desalojo: lejos de proporcionar un techo de emergencia, el Ayuntamiento de Badalona dejó en la calle a centenares de migrantes que malvivían desde hacía dos años en el B9. Los ocupantes no tuvieron más remedio que acampar en una plaza las primeras noches. Entidades sociales y la Generalitat realojaron a la mayoría, aunque otros terminaron bajo un puente de la autovía, donde siguen más de un mes después.

La solicitud de la Fiscalía se produce ante el juzgado contencioso-administrativo que autorizó el desalojo instado por Albiol. El Ministerio Público no se opuso a la medida, pero pidió expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados. Es decir, la jueza no precisó si debían ser realojados o no. El consistorio ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

En su escrito, el Ministerio Público, a la vista de los informes presentados por el consistorio sobre la atención social a los migrantes el 17 de diciembre, reclama a la jueza “verificar si la resolución [de desalojo] se ha cumplido en sus propios términos”.

Para ello, la fiscal solicita que la magistrada requiera al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de sus servicios sociales. Además, pide que el consistorio indique “por qué el albergue municipal no se habilitó como recurso habitacional de emergencia y por qué no se puso a disposición de las personas desalojadas en situación de vulnerabilidad y sin medios propios para tener un lugar donde cobijarse”.

El albergue municipal al que se refiere la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

El escrito de la Fiscalía tiene fecha del pasado 8 de enero, sin que conste que a fecha de hoy, según fuentes jurídicas, la magistrada Meritxell Quella haya remitido requerimiento alguno al Ayuntamiento de Badalona.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, son contundentes. “El Ayuntamiento de Badalona, en contra de sus obligaciones legales y del auto que autorizó el desalojo, optó por empujar a más de 100 personas a una situación de sinhogarismo, en invierno y con previsión de temporal”, reza su escrito aportado al juzgado. Según las letradas, el consistorio podría haber optado por suspender el desalojo o pedir una nueva autorización.

En paralelo, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

Contradicciones entre el Ayuntamiento y los Mossos

Las cifras del informe que, a requerimiento de la jueza, aportaron los servicios sociales de Badalona contrastan con las cifras de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Badalona.

Mientras que los cuerpos policiales reportaron que los servicios sociales de Badalona atendieron a 50 personas (de las 181 desalojadas, según la policía catalana), el Ayuntamiento de Albiol indicó en su informe que “ofreció apoyo, orientación y atención” a 127 personas.

Este diario fue testigo de que no había personal de servicios sociales de Badalona para atender a los migrantes en la plaza contigua al instituto tras su desalojo, sino que eran los voluntarios y las abogadas de los migrantes las que recogían sus datos para hacer un seguimiento.

Una de las pocas mujeres que malvivía en el B9 tuvo que ir con militantes del Sindicat d'Habitatge de Badalona y su abogada en coche hasta la sede del Ayuntamiento a buscar ayuda. Tal y como informó elDiario.es, servicios sociales no proporcionó un techo a la mujer, sino que tras su visita a las oficinas se le programó una entrevista en Barcelona para evaluar si podía entrar la semana siguiente en una casa de emergencia en la capital catalana (no en Badalona).

Para las abogadas de los migrantes, la información “manifiestamente errónea, vaga, desajustada y contradictoria” del informe muestra la “mala fe” en su elaboración por parte de los servicios sociales badalonenses. Su objetivo, ahondan las abogadas, sería que la magistrada no se pronuncie sobre si el Ayuntamiento cumplió con la resolución que le obligaba a prestar atención social a los migrantes.

La defensa de los migrantes solicita a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona. Sin todos los datos, argumentan las letradas, no se podrá realizar una “correcta valoración judicial” sobre el cumplimiento de la orden de desalojo

Para ello, las abogadas piden a la magistrada que oficie al departamento de Derechos Sociales de la Generalitat para que aporte la relación completa de personas realojadas y los criterios que se emplearon, el tipo de alojamiento de emergencia ofrecido así como las fechas de inicio y final y los municipios donde se produjeron.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de la localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes. El consistorio promovió el mayor desalojo de España y se negó a ofrecer un techo alternativo a los ocupantes, que tuvieron que ser atendidos por varias entidades sociales.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía de Barcelona ha acordado investigar la denuncia presentada por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, quien acusó a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Fuentes fiscales han precisado que las pesquisas las asumirá un equipo conjunto formado por el servicio de diligencias de investigación y el servicio contra los delitos de odio del Ministerio Público.

El asentamiento estaba instalado en el antiguo instituto municipal B9 de Badalona y fue ocupado en junio del 2023 por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. También había hombres que sobrevivieron al incendio de la nave de Sant Roc de 2020 en el que murieron tres migrantes. La mayoría está en situación irregular en España y sus ingresos, si es que tienen, dependen de la recogida y venta de chatarra u otros empleos informales.

El Ayuntamiento de Badalona ya comunicó a la jueza que autorizó el desalojo que no pensaba ofrecerles una vivienda de emergencia pese a su situación de pobreza extrema. El alcalde fue explícito tras el desalojo. “Pedro Sánchez dice que hay que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda”, lanzó, tras alarderar en público de que no iba a destinar “ni un euro” a ayudar a los migrantes.

Una de las claves de la investigación será determinar el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de la letra pequeña de la orden judicial de desalojo. La magistrada autorizó el desalojo solicitado por el consistorio que encabeza Albiol, aunque obligó al Ayuntamiento a “prestar atención social” a los ocupantes.3

Para Asens, el desalojo sin alternativas realizado por el Ayuntamiento supone incumplir la resolución judicial. “En un estado de derecho, nadie está por encima de la ley y la investigación es una buena noticia para los derechos humanos”, ha manifestado el eurodiputado, que ha confiado en que el alcalde termine en el banquillo de los acusados “para dar explicaciones sobre sus actos reprobables”.

Desde el consistorio han tildado la denuncia de los Comuns de “despropósito” y han defendido que el desalojo del B9 se cumplió “de manera escrupulosa” la resolución judicial.

Más de un mes después del desalojo, unos pocos migrantes (a los que se han sumado otras personas sin hogar de la zona) viven en un campamento debajo de un puente de la C-31. La mayoría fueron reubicados en albergues o pisos de emergencia tras el trabajo a contrarreloj de las entidades sociales y, después, del Govern, que no evitó episodios de tensión en Badalona contra los migrantes.

Además de negarles un techo alternativo, elDiario.es desveló esta semana que Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar. El dinero otorgado por la Generalitat sirve, según el contrato programa, para cubrir los gastos de “alimentación, ropa, transportes o trámites” de las personas sin hogar alojadas en viviendas compartidas, pero también contempla, en casos “excepcionales”, aquellos que residan en pensiones o albergues.

El Ayuntamiento de Badalona ha devuelto a la Generalitat el 25% de los fondos que el Ejecutivo catalán pone a su disposición para atender a las personas sin hogar en los dos últimos años. Según los datos obtenidos por elDiario.es, el consistorio de Xavier García Albiol (PP) ha retornado 112.348 euros a la Generalitat del contrato programa que el departamento de Derechos Sociales pone a disposición de los ayuntamientos para emergencias sociales. Se trata del dinero correspondiente financiar los gastos derivados de 15 plazas de alojamiento temporal y 10 de urgencia que nunca se llegaron a activar.

Este sábado se cumplió un mes del mayor desalojo de España, instado por Albiol. El 17 de diciembre, unas 400 personas fueron expulsadas del antiguo instituto B9, en Badalona, y todavía hay medio centenar de ellas durmiendo en la calle, bajo un puente de la autopista C-31. “No vamos a gastarnos ni un euro en darles vivienda”, dijo el edil dos días antes del desalojo. Aunque la justicia avaló el desalojo, la magistrada ordenó al edil proporcionar “atención social” a los expulsados, frente a lo cual Albiol argumentó que no disponía de “capacidad” para garantizar un techo de emergencia a los ocupantes.

Precisamente la falta de espacio es el argumento que dan desde el Ayuntamiento para haber retornado el dinero de la Generalitat. Desde el consistorio recuerdan que devolver parte de los fondos del contrato programa, si no se usan, es “un funcionamiento normal” y argumentan que, en este caso, “el recurso concreto para el cual es ese dinero no existe”.

El dinero otorgado por la Generalitat sirve, según el contrato programa, para cubrir los gastos de “alimentación, ropa, transportes o trámites” de las personas sin hogar alojadas en viviendas compartidas, pero también contempla, en casos “excepcionales”, aquellos que residan en pensiones o albergues.

En Badalona, en efecto, hoy no hay pisos ni albergues pensados para atender a personas sin hogar. Pero durante los dos primeros años de este mandato, la ciudad sí contaba con el albergue municipal de Can Bofí Vell, que fue inaugurado en 2020 y daba alojamiento temporal a personas en situación de calle. Pero Albiol lo mandó cerrar en 2024 después de acumular una deuda insostenible con la cooperativa que prestaba el servicio.

Además de prestar ayuda al alojamiento temporal, los fondos de la Generalitat también acompañan a los servicios de acogida de emergencia pensados para noches con temperaturas extremas. Estos operativos, conocidos como Operación Frío u Operación Calor, no se organizan en pisos, sino en espacios municipales (pabellones o polideportivos) que sirvan de refugio climático.

Albiol tampoco activó estas soluciones de emergencia ni en 2023 ni en 2024 y por eso devolvió el dinero que le correspondía para cubrir los gastos de hasta 10 plazas. La primera Operación Frío de Badalona llegó en enero de 2025 y la segunda en enero de este 2026, pero ninguno de los dos operativos, organizados con la Cruz Roja, fue sufragado con fondos provenientes del contrato programa de la Generalitat, según apunta el Ayuntamiento.

En la Operación Frío de este año, en el pabellón La Colina (a las afueras de Badalona), estuvo activo durante 8 días y tenía disponibles 20 plazas. En total, llegó a acoger a 73 personas.

Cuatro años de ayudas al sinhogarismo

2022 fue el primer año en el que el Ayuntamiento de Badalona echó mano del contrato programa para abordar el sinhogarismo. Desde entonces, ha presupuestado un total de 1,4 millones de euros, de los cuales la Generalitat ha sufragado el 65%, es decir, 915.000 euros. Pero de todo ese dinero, Badalona ha usado y justificado cerca del 75%.

El dinero solicitado es para dos áreas diferentes: Por un lado, la atención primaria a personas sin hogar, lo que incluye el sueldo de un profesional, así como los gastos derivados de las plazas de acogida. Por otro, el programa Sostre 360, pensado para jóvenes en situación de sinhogarismo y que se pide desde 2023, año en que Albiol llegó a la alcaldía.

Durante lo que lleva de mandato, Albiol ha usado el 100% de los recursos destinados a jóvenes en situación de calle, pero del resto del dinero, ha empleado lo presupuestado para la contratación de una persona referente, por valor de 27.684 euros anuales (una jornada partida). Lo sobrante -y devuelto- es lo que se debía haber dedicado a sufragar los costes de esas 25 plazas residenciales, que ni en 2023 ni en 2024 se llegaron a activar, según ha confirmado la Generalitat a este diario.

Por otro lado, todavía falta de conocer la gestión de 2025, que deberá esperar al cierre del ejercicio y a la elaboración de la pertinente justificación. Pero el consistorio ya ha avanzado a elDiario.es que el dinero correspondiente a los gastos derivados de las plazas de alojamiento temporal y de urgencia tampoco se ha gastado. Así que es de esperar que los números sean los mismos que los de los años anteriores.

Fuentes de la oposición de Badalona lamentan desconocer los datos y el detalle de la gestión del Ayuntamiento de Badalona respecto al sinhogarismo y afean al consistorio que no haya “hecho más” para dar salida a esos fondos de los que ya disponía. “Sobre todo siendo que hay más de 300 personas durmiendo en la calle, una de las cuales murió el pasado 6 de enero, después de la noche más fría en años”, añaden.

Por su parte, el consistorio responde que el hecho de que no se hayan gastado estos fondos responde a que “en los últimos 20 años no ha habido la preocupación de construir pisos” e insisten en que “ningún gobierno, de ningún color político, se ha preocupado de tener un servicio de acogida”. En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento está llevando a cabo una promoción de vivienda de Protección Oficial y explican que, si los gobiernos anteriores hubieran querido resolver la situación del sinhogarismo, podrían haber iniciado ellos las promociones y reservado unas plazas en las mismas para alojamiento temporal de personas sin hogar.

Este medio ha preguntado al consistorio de Albiol si tiene pensado reservar algunas de esas viviendas para acoger a personas en situación de calle, pero no ha recibido respuesta.

Un 62% menos de pernoctas desde la llegada de Albiol

El Ayuntamiento de Badalona hace años que usa los fondos del contrato programa, como otros municipios, para diversas cuestiones, como la atención a personas con problemas de salud mental o gente mayor. Pero no empezó a pedir dinero para hacer frente al sinhogarismo hasta que se incluyó la segunda adenda del contrato por la Covid, entonces bajo la alcaldía en funciones de Aïda Llauradó, de los Comuns. En ese momento, se pidieron 107.000 euros para equipamientos de emergencia y que las personas en situación de calle pudieran confinarse.

La inestabilidad política que ha sufrido Badalona en el último lustro, con hasta cuatro cambios de alcalde y dos mociones de censura en sólo dos legislaturas, ha tenido consecuencias en la gestión del uso de los fondos para hacer frente a emergencias sociales. La llegada de Albiol al Ayuntamiento en 2023 ha supuesto una disminución de la atención en todas las áreas de emergencia.

Los fondos para acogida temporal no contemplan sólo el sinhogarismo, sino también las personas desahuciadas, desalojadas o a los menores no acompañados. Muchos de estos servicios son gestionados por la Generalitat, aunque estén físicamente en Badalona. El único recurso municipal para el sinhogarismo que había en la ciudad era el albergue de Can Bofí Vell, que acogía a medio centenar de personas hasta 2024.

También se nota una bajada sustancial en alojamiento de urgencia, que es el que atiende a personas en situación de calle sobrevenida, como las víctimas de violencia de género que deben salir de sus hogares. También se cuentan en esta categoría las plazas de emergencia climática para personas sin hogar (que se activan tanto en verano como en invierno). En total, en el primer año del actual mandato de Albiol, esta categoría tuvo un 88% menos de usuarios y un 62% menos de pernoctaciones.

Diversas entidades llevan meses denunciando que Albiol incumple “sistemáticamente” el convenio firmado con la Generalitat que regula los fondos que se otorgan para hacer frente a las emergencias sociales. A cambio de las aportaciones económicas, todos los ayuntamientos catalanes se comprometen a erradicar las desigualdades y las discriminaciones. “Por contra, Albiol tiene unas políticas aporofóbicas que buscan perseguir a los pobres hasta el exterminio”, aseveran desde Badalona Acull.

“Es una administración irresponsable, con políticas irresponsables que tienen consecuencias desastrosas”, insisten desde esta entidad, que es la que se está encargando de acompañar a las centenares de personas sin hogar en la ciudad y las que está consiguiendo un techo para los desalojados del B9 que hace un mes fueron expulsados.

 'Vox defiende abiertamente deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos' (El País).

A continuación, una breve recopilación de textos ya publicados por organizaciones de extrema derecha. 

“Será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo”. España está “en un momento de no retorno”, que exige “una transformación sin precedentes” debido al “reemplazo demográfico” que “está cambiando la configuración de la sociedad”. “Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos siete, o más de siete, ocho millones, son personas que han venido de diferentes orígenes en muy corto periodo de tiempo, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres”, lo que ha originado “que las calles en muchas ocasiones no sean de los españoles, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas no sea la misma”.

“Estamos perdiendo España”, los musulmanes “no forman parte de la nación española”.“ Los ciudadanos necesitan volver a sentirse seguros”, “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar la igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”. “No queremos gente así en nuestro país: les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”.

“Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad y provocando la desesperación de nuestro pueblo. ”Que la inmensa mayoría de los españoles está a favor de las deportaciones masivas de los ilegales y de los legales que cometen delitos“. Llegan a España, ”a ocupar, a violar, a robar o a matar“, o a ”imponer religiones extremas que buscan acabar con la mujer“, ”sí importamos barbarie, vamos a tener barbarie“.

Frente a estas arengas tan ofensivas, nos ha parecido necesario recuperar la Ley de Partidos Políticos -LO 6/2002- para conocer su grado de cumplimiento por dichas organizaciones políticas. Es significativo que, ya en la Exposición de Motivos, se afirme lo siguiente :“El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático (…) impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia (…)”.Y añade: “La Ley opta por contrastar el carácter democrático de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad”. Continúa, afirmando, que dicha Ley “se sitúa en una posición de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al máximo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia”.

A partir de estos principios, la Ley considera, como fundamento de la actividad de los partidos, el respeto a “los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”. Y describe como causa de su posible suspensión o ilegalización “(...) la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”. Y para “apreciar y valorar” dichas conductas pueden tenerse en cuenta “las resoluciones, documentos y comunicados del partido”, así como “el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas” y “las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”. Y se precisa que corresponde al Ministerio Fiscal velar por “el ajuste [de los partidos] a los principios democráticos en su funcionamiento y actividad”. Una relevante responsabilidad.

Además de estas previsiones legales de obligado cumplimiento, la protección de los migrantes requería de una protección penal, expresada el al artículo 510 del Código penal con la tipificación de los delitos de “odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo o persona perteneciente al mismo por “motivos racistas” u otros referentes a la “ideología, religión o creencias ” o a la “pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional”. O, además, cuando “entrañen humillación, menosprecio o descrédito”. Con circunstancias agravantes cuando a través dichas conductas “se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos”.

Ante estos instrumentos legales, es evidente que la respuesta institucional presenta unas bases sólidas para garantizar el pleno respeto a la inmigración, particularmente a la que procede del norte de África. Así resulta de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Afirma, en la Exposición de Motivos, que dicha Ley se propone “establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales” y “reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración…que apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas”.

Y describe, como ejes de las políticas migratorias, las siguientes: “La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía” .“La igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, “La efectividad del principio de no discriminación”, “La garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes reconocen a todas las personas”, “La lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas”, “La persecución de la trata de seres humanos” y “La igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social”.

Es evidente que el rigor y trascendencia de este marco normativo, complementado por otras disposiciones, no podrá ser afectado por normas que limiten o impidan los objetivos y medios descritos para garantizar una inmigración admitida y acogida con una normativa rigurosamente democrática. Máxime, cuando la situación real no es especialmente satisfactoria.

Basta con repasar algunos de los datos de las organizaciones especializadas en el estudio y atención de la realidad inmigratoria. Según el Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, en 2024 se registraron 1.102 situaciones de discriminación, un 27,4% más que en el año anterior. “El racismo y la xenofobia representan el principal motivo de discriminación por séptimo año consecutivo, 314 incidencias, representando un 30% (...), el derecho que se ha vulnerado más ha sido la integridad moral”, señala el informe. “Con respecto a las personas que denuncian situaciones de discriminación, el 55% son mujeres, y la franja de edad mayoritaria es la que se encuentra entre los 40 y 64 años”. Asimismo, dicha organización monitoriza “discursos públicos de figuras políticas y mediáticas para identificar posibles delitos de odio”.

Y óomo no citar el Informe de Fedea (24/3/2025), que concreta en un 18,2% el porcentaje de la población de España nacida en el extranjero. Respecto al empleo, destaca que, de los 5,2 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral español entre 2002 y 2024, “un 75% tienen nacionalidad doble o extranjera”. Y, añade, que en España “la aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral es valorada positivamente por una holgada mayoría”. Y una breve referencia al dato que consta en el Informe de SOSRacisme sobre 2024, en el que las Oficinas de Información, Atención y Denuncias recogieron un total de 544 denuncias relacionadas con incidentes racistas y/o discriminatorios. Otorgando una especial atención al que denominan “racismo institucional”, por denegación de accesos a prestaciones de servicios públicos.

Y, finalmente, no podemos desconocer la gravísima situación de la inmigración ante el problema de la vivienda. El acceso a la misma, ya muy difícil para los ciudadanos españoles, en su caso, desborda cualquier previsión.El ejemplo reciente más significativo fue el desalojo, el pasado 17 de diciembre, de 400 inmigrantes de un antiguo Instituto de Badalona donde estaban viviendo desde hacía mucho tiempo. La orden de desalojo fue dada por el alcalde de Badalona, del PP. Como dijo con acierto SOSRacisme, fue “el desalojo más grande de la historia reciente, en el que alrededor de 400 personas fueron expulsadas de su lugar de vivienda sin ninguna alternativa residencial, dejándolas literalmente en la calle”. Muchos de ellos/as parece que aún viven bajo un puente. Pero la realidad cotidiana alcanza niveles gravísimos. Cáritas advertía que en el área metropolitana de Barcelona está consolidándose el “alquiler más precario y el aumento del hacinamiento en los hogares”. Así lo reflejaba un estudio que describía como vivían, en una habitación de un piso de Trinitat Vella, los padres y sus tres hijos menores. Es uno de los grandes retos que continúa planteando la inmigración.

Ante esta realidad, estimo que deben cesar, ya, los discursos despiadados y excluyentes sobre la inmigración. Son, esencialmente, inhumanos y antidemocráticos. 

En menos de 24 horas, dos hombres sin hogar han muerto en Catalunya en plena ola de frío. Medio centenar de personas siguen durmiendo bajo un puente de la autopista C-31, tres semanas después de haber sido desalojados del instituto B9 de Badalona. “Han sido semanas muy difíciles”, admite Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels, una entidad que se dedica a acompañar a personas sin hogar en Barcelona.

Fernández lamenta el giro aporofóbico de algunas administraciones y representantes públicos. Pero se resiste a caer en la desesperanza y ensalza la tarea de los voluntarios y vecinos concienciados que no caen en “narrativas simplistas” y quieren ayudar a quienes lo necesitan.

En las últimas cinco semanas, han muerto cinco personas sin hogar. Dos de ellas en menos de 24 horas. ¿Son cifras habituales en esta época del año o estamos ante una situación excepcional?

Estas muertes se han producido en un contexto de temperaturas muy bajas, en situaciones muy duras. Cada año hay gente que muere en la calle, pero no son cifras habituales para estas fechas. Nos indignan y entristecen porque, además, de estas cinco personas, había tres a las que conocíamos porque les habíamos estado haciendo seguimiento. Son muertes que deberían ser evitables. No se entiende que en pleno siglo XXI hablemos de gente que muere en la calle porque hace frío; me parece incomprensible.

Muchos municipios catalanes han activado la Operación Frío. Barcelona, por ejemplo, ha puesto a disposición 200 plazas para pasar la noche, pero estas sólo podrían dar acogida al 10% de personas que hay sin hogar en la ciudad, que ya llegan a las 2.000. ¿Le parece suficiente?

Se trata de 100 plazas que se abren cada año en invierno, más otras 100 que se activaron en el marco de la Operación Frío el día 6 de enero y que es posible que mañana se cierren, porque son una ayuda extraordinaria para cuando el termómetro está por debajo de los cero grados. En ciudades como Barcelona, son temperaturas a las que es muy difícil llegar y, de hecho, este plan no se activa cada año.

En invierno, con temperaturas igualmente bajas, normalmente sólo contamos con 100 plazas. ¿Eso es una solución? Evidentemente, no. Necesitamos lugares de pernocta, pero que sean sostenidos en el tiempo, además de otras muchas políticas públicas.

No se entiende que en pleno siglo XXI hablemos de gente que muere en la calle porque hace frío

A pesar de que haya pocas plazas en comparación con el número de personas sin hogar, algunos Ayuntamientos como el de Barcelona, lamentan que sólo el 34% de las personas a las que se ha propuesto acceder a ellas ha accedido. ¿Por qué sucede esto?

Cuando las administraciones hacen estas afirmaciones, siempre pedimos que se matice. Si nos centramos en las plazas de emergencia por la Operación Frío, son plazas disponibles sólo por dos o tres noches, siempre a expensas del termómetro. Y van dirigidas a personas que llevan mucho tiempo en la calle, que tienen sus pertenencias, sus animales de compañía, y un lugar identificado que les es más o menos seguro, donde la gente les conoce.

También hay personas con adicciones fuertes, para las que consumir es una cuestión de supervivencia. En estos espacios de emergencia no pueden entrar las personas con problemas de consumo activos. Tampoco se suele dejar que entren sus pertenencias ni sus animales. Pasados estos dos o tres días, se encuentran sin nada de lo que tenían y hasta es posible que su lugar seguro haya sido ocupado por alguien. Así que si alguien rechaza una ayuda de emergencia, pensemos por qué es. Nos da más información sobre el recurso en sí que sobre los usuarios.

Una de las ciudades en la que los recursos de emergencia no están funcionando es Badalona, donde nadie acudió al pabellón habilitado durante la primera noche. Aun cuando hay todavía unas cuarenta personas que siguen durmiendo en la calle después del desalojo del instituto del B9. ¿Qué opinión le merece la gestión del alcalde Xavier García Albiol?

Todo lo que está sucediendo en Badalona es muy preocupante. La emergencia derivada del B9 se podía haber previsto y gestionado de otra manera porque el desalojo llevaba tiempo planeándose. La cuestión es que les interesa generar esa emergencia para vincular la pobreza y el sinhogarismo con la suciedad, la delincuencia y la inseguridad. Albiol no quiere atender a las personas sin hogar, por eso no hay ningún tipo de gestión, porque lo que busca es hacerlas desaparecer de Badalona. El problema es que está haciendo política con eso y parece que le funciona.

El sinhogarismo ha crecido significativamente en los últimos años. En Barcelona, el recuento que ustedes hacen anualmente mostró un crecimiento del 43% respecto a 2023. ¿Qué está pasando?

Es complicado. Lo primero que hay que dejar claro es que nadie está en la calle porque quiera; todos querrían estar en otra situación y poderse ganar la vida. Pero estamos en un contexto en el que el mercado laboral es muy precario. De hecho, atendemos a muchas personas sin hogar que tienen empleo, pero el sueldo no les permite pagarse un techo. Y esto nos lleva al siguiente factor: la crisis de la vivienda. Ya no es sólo que no puedan permitirse un piso; es que ni siquiera llegan a poder pagar una habitación.

Luego están las personas con características especiales, como las personas mayores, discapacitadas o con problemas de adicción. Ya son mucho más vulnerables de por sí pero, además, los recursos al sinhogarismo muchas veces no se adaptan a sus necesidades, lo que hace que su situación se cronifique más todavía. Además, hay que sumar la saturación de los servicios sociales. Se entiende, porque es el abordaje que tradicionalmente se ha dado al sinhogarismo. Pero nosotros creemos que sería mejor abordarlo de manera global desde la vivienda, la salud, las políticas laborales y de migración.

Hay personas que podrían no haber terminado en la calle si se hubiera hecho una intervención rápida. Pero, si no se actúa en los primeros seis meses, empezamos a hablar de cronificación. Y, si pasa un año, ya es muy difícil salir

¿Estos incrementos tan significativos de personas durmiendo en la calle han venido de la mano de un cambio de perfil?

El sinhogarismo siempre ha sido una situación muy cronificada. En Barcelona, la media de tiempo en la calle son cuatro años y, de momento, eso no ha cambiado. Pero si el mercado laboral y el de la vivienda siguen por este camino, se alargará esta media. Ya lo estamos notando en casos particulares: hay personas con un problema puntual que podrían no haber terminado en la calle si se hubiera hecho una intervención rápida. Si no se actúa en los primeros seis meses, empezamos a hablar de cronificación. Y, si ha pasado un año, ya es muy difícil salir. Otro cambio que hemos notado es que crece el número de jóvenes menores de entre 18 y 30 años, así como el de mujeres.

Este verano, durante la ola de calor, Barcelona empezó a desalojar asentamientos de personas sin hogar que había en los parques. Este invierno, Badalona hizo lo mismo con el instituto B9. ¿Qué pasa con las personas a las que se expulsa de un lugar?

No desaparecen, eso lo primero. Sólo se desplazan y van a otros sitios. Por eso hay barrios en los que hay un incremento brutal [por ejemplo, en el distrito de Sants-Montjuïc, la cifra ha crecido un 134% respecto a 2023]. Muchas de esas personas vienen de un desalojo grande, como el del B9, o después de haber sido expulsadas del espacio público.

Si lo que se pretende es abolir el sinhogarismo, las políticas de desalojo no funcionan, porque no contemplan lo esencial: que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. En cambio, lo único que contemplan son cuestiones de seguridad y salubridad. Echarlas del espacio público, de los lugares en los que son más visibles, sólo consigue empeorar el problema.

¿En qué sentido?

Por un lado, se les hace más difícil acceder a los servicios sociales y a las ayudas que les correspondan. Por distancia, pero también por desconfianza. Y eso, quienes elaboran las políticas públicas lo saben. Así que quien decide desalojar a las personas sin hogar, lo hace respondiendo a una cuestión de cuidar la imagen, a acallar quejas vecinales. Pero no desde la voluntad de ayudar.

Menciona quejas vecinales, como las manifestaciones que hubo en Badalona en las que un grupo de personas impidió que una parroquia acogiera a unos cuantos desalojados del B9. ¿Cree que la sociedad es cada vez más aporofóbica?

Creo que la aporofobia era un discurso que hace unos años habría sido mal visto pero que, hoy, no sólo está bien considerado, sino que es una narrativa a la que mucha gente le encuentra lógica. Por eso hubo personas que se plantaron ante una parroquia para no permitir la misericordia y la compasión, que son los principios básicos de lo que debería hacer la Iglesia.

Pero lo que más me preocupa no es eso, sino que fueran arengados por un representante público como Albiol. Que alguien con su responsabilidad culpabilice y criminalice a una parte de los habitantes de su municipio no es gratuito. Lo hace porque sabe que no sólo no va a ser castigado por eso, sino que encima le hará ganar popularidad. Han sido semanas en las que se han visto cosas muy feas.

Hubo un vecino que fue a llevarle sopa al hombre que murió en Badalona. Esa persona que dormía en la calle tenía a gente que hablaba con él, que se preocupaba de cómo estaba

Pero, por otro lado, también ha habido muchos voluntarios que han salido a la calle a atender a las personas sin hogar.

Exacto. Hay mucho más interés de la ciudadanía sobre el sinhogarismo. Hemos recibido más de 3.000 llamadas de gente preocupada y con preguntas sobre cómo ayudar. Hay una parte de la gente que está muy sensibilizada y son ellos los que nos tienen que ayudar a hacer de contrapunto a estos discursos racistas y aporofóbicos.

Sin ir más lejos, acordémonos del vecino que fue a llevarle sopa al hombre que murió en Badalona. Es terrible que la historia acabara así, pero la parte con la que me quiero quedar es que esa persona que dormía en la calle tenía a gente que hablaba con él, que se preocupaba de cómo estaba. O la mujer que acogió durante las fiestas a dos desalojados del B9. Hay mucha gente que no se quiere creer el discurso de que son todos unos delincuentes.

Han sido semanas difíciles, pero eso ha hecho que el sinhogarismo se haga muy visible y se hable mucho. Y eso es importante, porque las personas en situación de calle suelen ser muy invisibles. Con todo, lo que se consigue es presionar a las administraciones y, por eso, también es positivo que la Generalitat haya respondido, que haya prometido más recursos y revisión de protocolos. Es verdad que hay muchos retos, pero también es cierto que hay motivos para mantenerse optimista.

Otro cambio promovido por la ciudadanía es una propuesta de ley presentada por la UAB y diversas entidades sociales para erradicar el sinhogarismo. Actualmente, se están debatiendo las enmiendas en el Parlament y es posible que pueda llegar a aprobarse este 2026. ¿Tienen esperanza en esa nueva normativa?

Sí, la verdad. Es un instrumento que recoge los recursos básicos y necesarios para alguien que está durmiendo en la calle. Hablamos de lavanderías, consignas, transporte público, etc. Pero, sobre todo, lo que da valor a la norma es que contempla el derecho a un espacio residencial digno, un lugar de alojamiento estable hasta que pueda acceder a una vivienda permanente.

Pueden ser pisos, pero también habitaciones. Es un lugar en el que no sólo se vaya para dormir, sino en el que puedan tener sus cosas y hacer vida. Esa estabilidad podría dar respuesta, en gran parte, a la problemática del sinhogarismo y, sobre todo, servirá para dotar de dignidad a estas personas que muchas veces pasan desapercibidas.

Este miércoles, durante las celebraciones del día de Reyes, un hombre sin hogar murió en Badalona en plena ola de frío. Casi 24 horas después del deceso, sus pertenencias seguían en el párquing en el que perdió la vida. Un saco de dormir, una esterilla y algunas mantas, custodiadas por un par de velas que han dejado los vecinos. También hay bolsas de comida; nadie sabe quién las ha puesto allí, pero se comenta que un buen samaritano puede haberlas dejado como ayuda para la próxima persona que escoja ese rincón como refugio durante la noche.

“Ojalá tenga más suerte el próximo”, murmura Marta, una vecina de la zona, mientras observa el altar improvisado. “Estamos devastados”, dice. “Le veíamos casi cada día y ahora ya no está. Además, no se han llevado ni sus cosas, como si fuera un perro”, apunta esta mujer, extrañada de que la policía no retirara sus enseres al levantar el cuerpo.

Marta veía a menudo al fallecido, que solía pernoctar en la entrada de ese párquing, y se enteró de su muerte a través de un grupo de whatsapp de gente del barrio. Informaron porque muchos de los vecinos le conocían, solían hablar con él y dejarle incluso algo de comida. En esas conversaciones, la víctima, que era de nacionalidad española, les contó que su vida cambió radicalmente a raíz de un divorcio que no pudo gestionar y le hizo acabar en la calle. Según lo que supieron los vecinos, llevaba poco tiempo, apenas unos meses, durmiendo al raso cuando murió.

Este hombre ha sido la primera persona sin hogar en morir al raso en plena ola de frío y, a la espera de que la autopsia confirme lo que sospechan las entidades, víctima de una hipotermia. Pero pocas horas después de encontrar su cuerpo, los Mossos d'Esquadra hallaron otro cadáver, esta vez en Barcelona, sumando así dos muertes en menos de 24 horas. “El frío hace enfermar muy rápido a la gente. Un resfriado común se puede convertir en una neumonía, y eso en algo peor”, sostiene Josep Ventura, miembro de la entidad Badalona Acull.

Ventura fue de las primeras personas en saber de la muerte del hombre en Badalona. El martes, hacia las 11 del mediodía, uno de los vecinos que tenía buena relación con la víctima, le llamó por teléfono. “Me pidió ayuda, me dijo que estaba frío y no sabía qué hacer. Mientras yo intentaba contactar con Servicios Sociales, le dije que le bajara una taza de caldo. Pero cuando regresó, ya había fallecido”, recuerda el voluntario.

Desde Badalona Acull señalan directamente al Ayuntamiento de Xavier García Albiol, al que acusan de llevar a cabo unas políticas “aporofóbicas que buscan perseguir a los pobres hasta el exterminio”. Aseguran, también, que han sido incapaces de hablar con el consistorio desde meses antes de que Badalona se pusiera en el centro del debate sobre el sinhogarismo, a raíz del masivo desalojo del instituto B9.

“Es una administración irresponsable, con políticas irresponsables que tienen consecuencias desastrosas”, insiste Ventura, que asegura que Servicios Sociales no está acompañando debidamente a las cerca de 300 personas que la entidad calcula que duermen al raso en Badalona. Por su parte, desde el consistorio niegan la mayor y aseguran que el hombre que murió este martes sí había sido atendido por Servicios Sociales y que, por contra, había denegado la ayuda.

“Es la excusa que ponen cuando hay problemas. Y es normal que rechacen la ayuda porque estar en la calle tiene consecuencias graves para la salud mental que les hacen desconfiar de cualquiera”, explica Ventura. “Muchas personas sin hogar se sienten más protegidas y arropadas por los voluntarios y los vecinos que por las administraciones”, añade.

Con este comentario, el voluntario hace referencia a la cuarentena de personas que siguen bajo el puente de la autopista C-31 tras el desalojo del B9, hace ahora tres semanas, y que han rechazado las ofertas de realojo temporal de la Generalitat. Pero también es una crítica a la respuesta del alcalde Albiol ante el temporal gélido.

Nadie duerme en el pabellón de Albiol

El mes de diciembre ha venido marcado por dos temporales: uno de lluvias -en el que Badalona se llevó la peor parte- y otro de frío. En vista de las inclemencias de tiempo, tanto la oposición del Ayuntamiento como diversas entidades sociales llevaban semanas pidiendo al alcalde que pusiera en marcha la Operación Frío y diera alguna alternativa a las personas sin hogar.

Finalmente, esta respuesta se hizo derogar hasta el pasado 4 de enero, cuando Albiol anunció la apertura del pabellón la Colina para acoger a quien estuviera en situación de calle. Pero nadie acudió la primera noche. En las tres noches que lleva operativa esta solución, sólo ha recibido la visita de tres personas, según apuntan desde Badalona Acull.

Se trata del único recurso residencial público de la ciudad de Badalona, después de que Albiol decidiera cerrar en 2024 las puertas de la antigua masía de Can Bofí Vell, un centro que acogía a 45 personas. A pesar de eso, este miércoles al mediodía, a penas un día después de la muerte del hombre que dormía en el párquing y con temperaturas muy por debajo de la media, tampoco había nadie en el pabellón.

“Es un dispositivo mal hecho. Está lejos, cuesta llegar y no hay nada dentro. Vienen días muy peligrosos y Albiol no sabe gestionarlos”, sostiene Aïda Llauradó, líder del grupo municipal de Badalona en Comú y quien hizo público el deceso del martes a través de su cuenta de X.

El Ayuntamiento niega la entrada al pabellón tanto a periodistas como a entidades, pero estas aseguran -según lo que les han podido contar las pocas personas que han acudido a las instalaciones- que la primera noche no había camas ni se sirvieron comidas calientes. Desde el consistorio desmienten estas afirmaciones -sin aportar más datos.

Por su parte, Albiol publicó en X una fotografía durante la segunda noche, en la que se veía una imagen del polideportivo con mesas y apenas una quincena de camas -cuando en Badalona se cuentan más de 300 personas sin hogar- con el logotipo de la Cruz Roja.

“Yo ni loco voy allí”, sostiene, contundente, Amin. Este joven, que rehúye dar su nombre real, vive en la calle desde hace seis meses y subsiste haciendo “trabajitos”. Aunque no lee la prensa ni ha recibido ninguna visita de Servicios Sociales, se ha enterado de la apertura del pabellón la Colina. Pero está demasiado lejos (a más de 45 minutos andando del centro). “¿Para qué? Si dicen que no dan comida…No me fío”, sostiene.

De lo que no se había enterado Amin es de la muerte de un hombre en un parking situado apenas a tres calles de donde hoy él está pidiendo limosna. Se lo dijo una vecina que, cada día, cuando sale de su casa, le saluda. A veces también le lleva un café y un bocadillo, como el que se está comiendo ahora. Mientras habla con este medio, se le acerca otra mujer, ya casi anciana, a saludarle. “¡Buen provecho!”, le dice. Y, después de una pausa dubitativa, añade: “Y… Abrígate, por favor”.

Un hombre sin hogar ha fallecido este martes en la calle Torras i Bages de Badalona. La policía local ha recibido el aviso a las 14:00 horas, y se ha desplazado hasta el lugar, según informan fuentes municipales. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmado a El Periódico lo ocurrido, que ha tenido lugar a las puertas de un parking.

Según ha explicado Aïda Llauradó, líder de los Comuns en Badalona, así como algunas entidades que apoyaron a los vecinos desalojados del B9, un vecino había ido a ofrecer algo caliente a la víctima y ya había fallecido, según recoge El Periódico. Fuentes cercanas al caso han asegurado al medio catalán que se trata de un hombre español. Otra voces conocedoras de la situación aseguran que “los primeros indicios apuntan a que la víctima habría muerto de frío”.

Casi toda España, menos Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, está en alerta por frío, nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros a cuenta de la borrasca Francis y de sucesivos frentes, con seis regiones en aviso naranja por riesgo importante y la provincia de Guadalajara en rojo, por -14 ºC.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, partes de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco están bajo alerta naranja por nevadas, temperaturas mínimas y vientos.

El desalojo del antiguo Instituto B9 no es un error ni una improvisación. Es una decisión política consciente. Albiol ha convertido un problema de gestión pública en un conflicto ciudadano, no para resolverlo, sino para obtener rédito político. En una Badalona sacudida por la crisis de la vivienda, el gobierno municipal ha optado por la peor salida posible: culpar a las personas excluidas del mercado del alquiler para ocultar su propia inacción.

En lugar de ofrecer alternativas dignas —como había sido el albergue de Can Bofí Vell, donde además se las acompañaba en procesos de inclusión social— optó por cerrarlo. Lo que realmente hacía falta era reforzar los recursos existentes. Pero Albiol eligió lo contrario y bloqueó la apertura de un comedor social impulsado por entidades. También se ha negado a activar la Operación Invierno, pese a las reiteradas demandas de En Comú Podem. Estas decisiones han condenado a las personas sin hogar a sobrevivir bajo temperaturas gélidas y lluvias torrenciales.

Como era previsible, el desalojo del B9 no ha resuelto ningún problema. Al contrario: ha desplazado la situación a la calle y ha obligado al vecindario a convivir con la misma realidad, ahora dispersa en diferentes zonas. Además, desde el mismo día del desalojo, el gobierno del PP incumplió la orden judicial, que condicionaba la actuación a la garantía de una atención social y habitacional.

La Generalitat, por su parte, también actuó tarde y de manera deficiente. Hoy, pese a la reubicación provisional de una parte de las personas afectadas, más de medio centenar continúa viviendo bajo el puente de la autopista y en otros asentamientos.

Además, en lugar de incrementar la inversión en uno de los barrios con menos recursos de toda Catalunya, el gobierno de Albiol y la Generalitat han cerrado el Consorci Badalona Sud, el ente público que desarrollaba proyectos sociales y comunitarios para el conjunto de la población de los barrios de Sant Roc, Artigues, El Remei y El Congrés. Esto no es proteger al vecindario; es abandonarlo.

Estos recortes tampoco se deben a una falta de presupuesto. En 2024 Badalona cerró con un superávit récord de 78 millones de euros. Además, el Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar, como es habitual, la financiación de la Generalitat para las personas sin hogar, así como políticas de inmigración, acogida y antirracismo. El dinero existe; lo que falta es voluntad.

Lo que estamos viendo es una estrategia política de derechas: recortar en servicios públicos y convertir la pobreza en un problema de orden público para justificarlo. Una estrategia que perjudica a toda la ciudadanía, pero que señala y estigmatiza especialmente a las personas migradas, convirtiéndolas en chivo expiatorio.

Este discurso facilita que la extrema derecha capitalice el malestar en los barrios. No es ninguna novedad. En Badalona se está ensayando una forma de gobernar basada en el miedo, el racismo y la renuncia a las políticas sociales. Es la misma lógica que vemos en la Italia de Meloni o en los Estados Unidos de Trump: menos derechos y más mano dura; menos soluciones y más culpables; menos política social y más propaganda.

Estas políticas no mejoran la convivencia, la rompen. Tampoco reducen la precariedad, la cronifican. Ni aportan seguridad: generan fractura social. El objetivo final es que la ciudadanía acepte menos derechos a cambio de una falsa sensación de seguridad, cuando no existe ninguna seguridad posible sin derechos.

En el antiguo Instituto B9 vivía mayoritariamente gente que no buscaba problemas, sino simplemente un lugar donde dormir. Como ocurre a menudo en contextos de pobreza, desigualdad y abandono institucional, se produjeron situaciones vinculadas a la salud mental o a las adicciones de una minoría que dificultaron la convivencia, hasta el punto de provocar una muerte. Sin embargo, estas realidades tenían respuesta.

Podían prevenirse con proyectos sociales especializados, en colaboración con entidades de experiencia contrastada, y con medidas de seguridad. Porque todos los vecinos y vecinas, también las personas que malviven en un edificio abandonado, tienen derecho a ser protegidas y a no tener que convivir con situaciones de violencia. Los servicios públicos fuertes y universales son la verdadera inversión para el bienestar colectivo.

Pero el alcalde optó por la degradación, la impunidad y la crispación en los barrios, priorizando la rentabilidad electoral por encima de una gestión responsable. Lo más grave es que Albiol no ha aportado ningún dato fiable sobre delincuencia y, en cambio, ha logrado instalar la percepción de que la mayoría de los afectados eran problemáticos y criminales.

La mayoría son personas sin red de apoyo, muchas afectadas por la Ley de Extranjería, con empleos precarios y salarios bajos, y con enormes dificultades para acceder a una vivienda incluso si tienen regularizada su situación. No es casualidad: es su modelo político. Pero en lugar de cuestionar leyes injustas, la especulación inmobiliaria o la discriminación, el gobierno municipal presenta a estas personas como una amenaza. Eso tiene un nombre: racismo institucional.

Mientras tanto, se destinan millones de euros a políticas de escaparate —como una campaña de Navidad de 2,5 millones de euros o tener el árbol de Navidad más alto—, mientras el alcalde impide que se acoja a quince personas en una parroquia para que no duerman en la calle, e incluso tolera llamamientos a la violencia ciudadana. No es nada cristiano, pese a no perderse ninguna procesión.

Con esta estrategia, Albiol esperaba un clamor popular a favor de la mano dura. Pero también se ha encontrado con una respuesta diferente: una ola de solidaridad de la gente trabajadora de Catalunya, que también sufre la crisis de la vivienda y no quiere normalizar ver a personas durmiendo a la intemperie, así como el apoyo de entidades de base. Recordemos que en Badalona, y especialmente en Sant Roc, la memoria de las barracas no está tan lejana.

Hay que desenmascarar esta manipulación y combatirla con valentía, tanto en las calles como en las instituciones. Frente a los recortes y la criminalización, los Comuns seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda, más inversión en los barrios, servicios públicos fuertes y salarios dignos. Con la convicción de que la solidaridad, la acogida y la justicia social siguen siendo la fuerza que define a Catalunya.

Núria Font es una catedrática jubilada pero, en lugar de pasar las navidades preparando comidas y cenas o yendo a comprar regalos, su vida está, desde hace una semana, debajo de un puente de la autopista C-31. Allí va cuando se levanta y no regresa a su casa hasta que se acuesta porque allí es donde quedan, todavía, varias decenas de las personas que fueron expulsadas del instituto B9 en Badalona, en el que ha sido el mayor desalojo de España.

Ella es una de los más de 100 voluntarios que se movilizaron el 17 de diciembre, el día en que el Ayuntamiento de Xavier García Albiol echó a centenares de personas sin ofrecerles alternativas. “A las puertas de la Navidad, con un frío que pela y con un temporal de lluvias muy bestia”, resume Font que, además de voluntaria, es también una de las portavoces de la entidad Badalona Acull.

Conjuntamente con otras organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, CCOO o diversos sindicatos de vivienda, Badalona Acull lleva casi dos semanas dejándose la piel para que todos los desalojados del B9 encuentren un techo bajo el que dormir. Han sido quienes, junto a los afectados y sus abogados, han negociado con la Generalitat para que, ante la negativa de Albiol, se les encuentre un techo a todos durante, al menos, dos meses. Tiempo durante el cual puedan empezar a regularizar su situación o encontrar trabajo.

Pero es un proceso que va para largo y, con las navidades de por medio, todavía hay gente que sigue al raso. Por eso, los voluntarios también son quienes garantizan que, mientras encuentran un techo, coman caliente cada día, se puedan vestir con ropa adecuada para el frío y reciban atención médica.

¿Cómo está la situación en el puente de la C-31?

Ya van 14 días, imagínate. Y es que además, cada día ha llovido. Y vale que sacamos la basura, barremos y limpiamos como podemos, pero no deja de ser vivir debajo de un puente, con frío y humedad constante. Y claro, estamos empezando a ver gente que presenta principios de enfermedades respiratorias.

Suerte que vienen sanitarios voluntarios, porque también hemos tenido casos bastante graves como un chico que se rompió un pie u otro al que le tuvieron que amputar un dedo después de que se le infectara una herida. Fueron los sanitarios quienes vieron el corte y le llevaron al hospital. Si no hubieran venido, igual tendrían que haberle amputado la mano entera.

¿Por qué todavía no se ha reubicado a las personas que quedan bajo el puente?

Hasta ahora, se ha ido reubicando a la gente en los albergues o recursos que estaban más cerca como Masnou, el Prat, Malgrat o Calella [localidades que están entre media hora y hora y media en tren]. Y, cuando esos se llenaron, la Generalitat nos ofreció plazas en Girona o Lleida [a más de dos horas de Badalona] y muchos las han rechazado. Puede parecer raro que no quieran irse, pero es que hay quien tiene trabajo aquí y no puede hacer desplazamientos tan largos.

Hay un señor que, por ejemplo, trabaja de noche y dijo que no quería irse a Lleida porque no hay transporte público a esas horas y tampoco puede permitirse perder el trabajo. El primer objetivo es ubicarlos donde sea para sacarlos del frío y la lluvia, pero claro, hay que tener en cuenta estas circunstancias.

Contando las plazas en albergues y centros de acogida que han sido rechazadas, ¿la Generalitat habría ofrecido cobijo a todas las personas que fueron desalojadas del B9?

Es que el acuerdo inicial con la Generalitat era que las plazas fueran en el cinturón de Barcelona. Y entendemos que no haya suficiente espacio, pero también tenemos que comprender que haya quien no quiera irse tan lejos. Porque es perderlo todo, los amigos y la red que puedan tener, además del trabajo.

Es una situación muy compleja y, además, hay una barrera de idioma importante. Tenemos algunos traductores, pero no pueden estar siempre allí. Y hay que explicarles cuánto tiempo podrán estar en este albergue, dónde está, qué condiciones tiene… Y ellos, lo que quieren, es un trabajo. Muchos prefieren un empleo a un techo porque necesitan el dinero para mantener a sus familias.

Con este gran despliegue de voluntarios y, tras el pacto con la Generalitat, ¿se han acercado otras personas sin hogar al campamento del puente o proceden todos del B9?

De esto se ha hablado bastante y no, la gente que pernocta bajo el puente viene del B9. Es verdad que hay otras personas sin hogar que vienen a comer, pero no están acampados.

¿Tienen previsión de cuándo podrían tener todos un techo?

La verdad que no. Las personas que quedan ahora son más difíciles. Algunas tienen problemas de salud mental o de adicciones. Se necesita personal profesional que sepa cómo acercarse a ellos, cosa que no está pasando. De hecho, la administración nos da una plaza y somos nosotros, los voluntarios, los que les llevamos hasta allí con nuestros coches particulares. Y, muchas veces, no tenemos la formación necesaria para trabajar con ellos.

¿Han trasladado esa necesidad a la administración?

Claro. La Generalitat ha estado trabajando, el problema lo tenemos con el Ayuntamiento. Si al principio realojaron a algunas personas a las que Servicios Sociales les estaba haciendo seguimiento, todo acabó cuando Albiol hizo esas declaraciones tan fuertes. Por eso, de Albiol no esperamos nada.

Albiol odia la pobreza, la Badalona que le gusta es la de esos pisos que valen 800.000 euros y están llenos de expats

¿Están satisfechos con el papel que ha jugado la Generalitat?

Estamos a la expectativa de ver si cumplen lo prometido. De momento es pronto, porque el dispositivo se pactó el día 23 de diciembre y luego vinieron las fiestas y claro, ha tenido que ser el voluntariado el que diera la cara. Es a partir de ahora cuando podremos ver si cumplen: si dan un techo a todo el mundo y si cumplen con la segunda parte del acuerdo, que es mantenerles el alojamiento dos meses y, durante ese tiempo, ayudarles con los trámites de regularización, prestaciones sociales, etc.

De momento, todo son promesas. Pero, insisto, la responsabilidad es del Ayuntamiento, que no sólo los ha echado del B9 sino que, además, decidió cerrar el único albergue para personas sin hogar que había en Badalona, una ciudad de 200.000 habitantes. No tenemos operación frío para atender a las personas sin hogar en invierno, tampoco un comedor social… Albiol odia la pobreza, la Badalona que le gusta es la de esos pisos que valen 800.000 euros y están llenos de expats.

Dice que las fiestas han retrasado la actuación del dispositivo pactado con la Generalitat, pero el voluntariado no ha dejado de aparecer ni un solo día.

No. Yo misma he ido todos los días, todo el rato. Sólo me escapé un momento para comer con mi familia el día 25. Ha habido una respuesta fantástica por parte de mucha gente y entidades. Cada día se ha cocinado, se les ha dado ropa, se les ha acompañado hasta los albergues e, incluso, les han acogido en sus propias casas.

Esta dedicación del voluntariado contrasta con las manifestaciones de vecinos que se opusieron a que los desalojados pudieran refugiarse en una parroquia que se había ofrecido a acogerles. ¿Cómo viven ustedes esta reacción de sus propios vecinos?

Es el discurso de Albiol, de un alcalde que no tiene concejalía de vivienda pero, en cambio, tiene concejalía de desokupación. Y es un político que cuenta con mayoría absoluta en la ciudad. Lo sabemos y estamos acostumbrados, pero es verdad que, durante las manifestaciones, nos quedamos muy preocupados y muy tristes. La única parte buena es que estas manifestaciones provocaron que la Generalitat se movilizara, porque, si no, esto se iba a desmadrar.

Se está consiguiendo que los pobres se enfrenten a los pobres, que veamos al que es más pobre como nuestro enemigo, el que nos puede quitar la casa o el trabajo

Después de estas semanas ¿definiría a la población de Badalona como racista?

Esto es difícil de entender, pero el problema es que se está consiguiendo que los pobres se enfrenten a los pobres. Los conflictos que ha habido con la gente del B9, las manifestaciones y las protestas, no eran de gente de clase media. Han conseguido que veamos al que es más pobre como nuestro enemigo, el que nos puede quitar la casa o el trabajo.

El mensaje que ha calado estos días es: “Imagínate, si al Ayuntamiento les ha costado dos años y medio sacarlos de un espacio municipal, cuando te entren a ti, no les podrás echar nunca”. Y esto afecta mucho en los barrios más humildes, porque son los que más tienen que perder.

¿Lo del B9 ha sido excepcional o el desalojo sin alternativa habitacional es algo frecuente en Badalona?

En Badalona tenemos, de media, 40 desahucios al mes. Hay familias que se van a la calle cada día y que se espabilan como pueden. Lo del B9 no es excepcional, es el pan nuestro de cada día. Es verdad que ha tenido mucho eco por la cantidad de personas, por las fechas y por el color de piel de los habitantes, pero lo de dejar a la gente en la calle es muy habitual. Por eso los voluntarios somos tan importantes en Badalona.

¿Cuánto tiempo dedica usted a hacer de voluntaria?

Mucho. Y estas semanas, todo el día. ¡Todavía no he podido ir ni a comprar los regalos de Navidad! Depende de la situación que estemos acompañando, pero es que no es fácil. Es gestionar muchas cosas y ganarte la confianza de la gente. Y no solo ayudarles con trámites, sino que también hay que hacerles compañía. Son muchas horas y yo, al menos, tengo la suerte de estar jubilada. Hay quien dedica su tiempo a jugar al dómino, y está bien. Pero yo prefiero esto.

Miquel mete la llave en la cerradura de la puerta de chapa con cuidado, casi un acto solemne, antes de empujarla y mostrar su futuro hogar. Ahora es sólo un solar, pero estos 600 metros cuadrados acogerán la que será una de las primeras cooperativas de vivienda sénior de España.

Este hombre de 64 años es uno de los doce integrantes del grupo que ha puesto en marcha La Constel·lació, una idea que se materializará en la calle Progrés de Badalona. Viene acompañado de Sunsi, Pilar y Elsa, otras compañeras que no se pierden la oportunidad de presumir de su proyecto.

Con una sonrisa en la cara, los cuatro cooperativistas señalan puntos del solar, dibujando un plano mental del futuro edificio. Para ellos, esta finca no será sólo un lugar en el que vivir, sino una oportunidad para pasar sus últimos años en compañía, atendidos y en un hogar que respete sus necesidades.

“Es algo que aleja la idea de la residencia y que, por contra, nos permite tener una vejez activa, con capacidad de decidir y de no ser invisibles”, resume Elsa.

Esta mujer de 70 años fundó la cooperativa con la esperanza de dar respuesta a una necesidad personal pero que muchas personas comparten al final de su vida. Además, en su caso, había un añadido: tiene esclerosis múltiple.

Todo empezó en 2017, después de su segunda rotura de pierna en poco tiempo. Elsa, que es de origen uruguayo y vive sola, vio que necesitaba empezar a planear sus próximos años. “Sola no podía. No sabía qué era, pero tenía claro que una residencia no me apetecía”, recuerda. Así que, buscando en Internet, encontró la “palabreja” cohousing. “No tenía idea de qué significaba, pero me interesó enseguida”, explica.

Se informó, se asesoró y puso a andar un proyecto que, al principio, iba a ser para personas con esclerosis. Pero no encontró a suficiente gente. Además, “estar solos hubiera sido totalmente contraproducente”, reconoce.

Mientras pensaba cómo hacerlo viable, la Generalitat reconoció a los jubilados como colectivo vulnerable y lo vio claro. Iba a compartir proyecto de vida con personas mayores o que tuvieran discapacidades motrices.

Una finca pensada para el “acceso universal”

“Mira, ahí va a estar el jardín”, dice Sunsi, con un brillo en los ojos. “Tendrá barbacoa”, asegura Elsa, provocando risas de sus compañeros. “Como buena hija del Río de la Plata no puedes pasar sin eso, ¿no?”, le responde Miquel. En la zona al aire libre, que ocupará la parte trasera del edificio, también quieren instalar una piscina climatizada. “Pero no por ocio, sino para hacer ejercicio”, aclaran.

De momento, ni la barbacoa ni la piscina están presupuestados. Son caprichos a futuro. Lo que sí está diseñada es una finca según los principios arquitectónicos del acceso universal, que garantiza que cualquier persona pueda usar todos y cada uno de los espacios y enseres.

Es algo que va mucho más allá de pensar más en rampas que en escaleras, o en que en los ascensores quepan sillas de ruedas o scooters. También contempla el diseño de cocinas y lavabos, que serán iguales independientemente de si se tiene movilidad reducida o no, para que no haya que adaptar nada si la situación del habitante cambia.

“Son cosas que desconocíamos, pero que tienen todo el sentido”, apunta Miquel. Como pensar en que los armarios estén en la parte inferior de la estancia o en que estos tengan ruedas para que se puedan quitar y que una persona en silla de ruedas pueda usar la encimera como espacio de trabajo.

“Se tendría que pensar en estos aspectos en todas las fincas, no sólo las que sean para jubilados”, añade Pilar. “También tendremos un baño en el portal de la entrada. ¿Acaso eso no le vendría bien también a una persona de 20 años?”, añade, entre risas.

“Ahora, mira allá”, la corta Miquel, que señala hacia uno de los laterales del solar. Allí hay una tabla negruzca, enganchada a la pared en una zona que cuenta con una especie de tarima. Es una pizarra. “Es que esto antes era una escuela”, explican.

La cooperativa ha decidido que conservarán este retazo del pasado porque su intención es conectar con el barrio. No han esperado a que empiecen las obras para empezar a involucrarse en las asambleas de vecinos.

Muchos vienen de otros municipios y, como Miquel, dejan atrás ciudades en las que han nacido y han visto crecer a sus hijos. Pero están listos para generar nuevos vínculos.

“Eso es la vejez activa. No aislarse, tejer redes nuevas y conectar con el barrio. Estaremos ahí para ellos igual que esperamos que ellos estén ahí para nosotros”, sostiene Pilar, que ve esta cooperativa como una evolución natural en una vida “llena de activismos”.

Unos se han acercado a la cooperativa por necesidad, pero otros lo han hecho por convicción. A pesar de estar bien de salud, de ser propietarios de una vivienda o de poder pagarse una residencia llegado el caso, han decidido hacer la apuesta.

“Yo no quería ser una carga ni acabar en una residencia”, dice Sunsi. Miquel pretende “arrancar viviendas al mercado especulativo” y Pilar, simplemente, cree en el poder de la comunidad: “Los viejos no tenemos por qué estar solos o tristes”.

Un proyecto a 10 años vista

La Constel·lació tendrá 12 viviendas, algunas individuales y otras para parejas, además de contar con zonas comunes como un lavadero, jardín y un comedor equipado con cocina. Todo ello les ha costado una inversión de 35.000 euros para comprar el solar, a los que se deberán sumar los gastos de las obras. Luego, las hipotecas costarán entre 800 y 1.000 euros al mes. “Es caro, la verdad que sí”, reconoce Sunsi.

Saben que no todas las personas jubiladas o con discapacidades tienen ese capital, pero ellos se consuelan pensando que están abriendo camino. En Catalunya hay cinco cooperativas sénior en marcha, un modelo que todavía está siendo explorado y que no cuenta de tanta popularidad como otras cooperativas de vivienda.

“A pesar de ser considerados un colectivo vulnerable, no tenemos ayudas de la administración”, lamenta Elsa, que requiere más facilidades a los ayuntamientos y a la Generalitat. Ellos han optado a subvenciones y a ayudas privadas, pero incluso así la inversión será alta. Tanto, que algunos han pensado en vender sus viviendas habituales para poder sufragar los gastos. “Hemos tenido que hablar con nuestros hijos, porque ese piso que pensaban que sería para ellos no lo será. Y lo aceptan, porque ven esta apuesta de vida como un activismo más”, explican.

La hipoteca que pagarán, de unos 20 años, no acabará con un piso en propiedad. La hipoteca es una especie de cuota que les da derecho a usar la vivienda, pero su tenencia siempre será de la cooperativa, para que los que vengan después lo tengan más fácil. “Es un proyecto de futuro, aunque suene raro oír a jubilados hablar de futuro”, ironiza Pilar.

La suya es una gesta que está siendo larga. La idea nació en 2017 y compraron el terreno en 2022. Entre que han podido reunir el dinero, conseguir los permisos y contratar el proyecto, esperan instalarse a finales de 2027. “Son muchos años, que representan una parte importante de lo que nos queda por vivir. Y cuando entremos, nuestras circunstancias no serán las mismas que cuando empezamos”, se lamenta Sunsi.

A pesar de los problemas y las dificultades, ven con optimismo los años que vendrán. A ellos les apetece envejecer así, rodeados de amigos y compañeros, con posibilidad de compartir un final de vida en que no serán una carga para nadie, en un hogar en el que podrán decidir cómo gestionar su vida. Hoy todavía es solo un solar, pero estos jubilados ya pueden ver esa barbacoa esperándoles en la esquina del jardín.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha enzarzado con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a cuenta del desalojo de migrantes del instituto B9 de la ciudad de hace doce días. Tras acusar la ministra al alcalde de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia”, Albiol ha replicado tildando al Ejecutivo de “irresponsables”.

La negativa de Albiol, en contra de lo que prevé la ley, de realojar a las personas que echó del instituto abandonado en el que malvivían desde hacía más de dos años derivó en un problema social sin precedentes en Badalona. Instigados por el alcalde, varios vecinos incluso protestaron contra la apertura de una iglesia para acoger a los migrantes.

En una entrevista en la Cadena SER este lunes, la ministra y portavoz Saiz ha acusado a Albiol de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia” en el desalojo del B9 y de “dejar durmiendo en la calle a familias y niños”.

Saiz también ha lamentado que la actuación de Albiol se haya producido con el “silencio atronador” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha sido “incapaz de decir nada” a un alcalde que “no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo”.

Tal y como ya hiciera el día del desalojo, en el que Albiol culpó al Gobierno de la situación, el alcalde, en un mensaje en X, ha replicado a Saiz y ha tildado al Ejecutivo de “Gobierno de irresponsables”.

“Ministra, cumplir la ley no es racismo. No hay nada más racista e inhumano que lanzar el mensaje que la inmigración ilegal es bienvenida y después dejarlos tirados en medio de la plaza Catalunya, además de fomentar la okupación ilegal en contra de la convivencia de los vecinos. España necesita inmigración, pero que venga a trabajar y a contribuir como el resto de ciudadanos”, ha aseverado Albiol.

Doce días después del desalojo, una treintena de personas (están tanto desalojados del B9 como otras personas sin hogar) permanecen acampadas en un puente bajo la carretera C-31 de Badalona. La cifra de personas que ya han sido realojadas por la Generalitat y entidades sociales ha ascendido a 153. Menos de 20 fueron realojadas por el Ayuntamiento de Badalona (antes del desalojo del B9).

La voluntad del Ejecutivo catalán es seguir trabajando con otras administraciones y entidades sociales para buscar alojamiento a personas desalojadas del instituto que se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Según los datos de la Generalitat, la conselleria de Derechos Sociales y entidades sociales consiguieron realojar el pasado día 23 a 35 personas; el día 24, a otras 20; y entre el día de Navidad y el viernes, a nueve más, que se sumaban a las 83 a las que ya se había ofrecido alojamiento los días previos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este viernes, en su tradicional discurso de Navidad en el día de Sant Esteve, la “buena voluntad” como motor para un futuro mejor. “Hagamos lo posible por ser un país y una sociedad de buena voluntad. Situarnos junto a la verdad. Junto al humanismo. Junto a la fraternidad y al espíritu de cooperación”, ha reclamado Illa.

“La respuesta a las necesidades y retos de Catalunya no es culpar a las personas que menos tienen o a quienes son diferentes”, ha apostillado el socialista, con unas palabras que, sin citar el caso concreto, recordaban el reciente drama social vivido en Badalona tras el desalojo de decenas de personas migrantes de un inmueble municipal. “Haremos una Catalunya mejor para todos con política útil y con políticas públicas responsables, con soluciones al servicio de las personas”, ha remachado.

En un momento en el que crecen los discursos que hacen ostentación de los malos deseos en contraposición al llamado “buenismo”, el jefe del Govern ha dedicado su discurso a voler a poner en el foco valores tan tradicionales como “empatía, solidaridad y responsabilidad”.

“El país, unido, con sentimientos predominantes de empatía, solidaridad y responsabilidad colectivas, ha demostrado capacidad para afrontar emergencias climáticas como los incendios en la Noguera, la Segarra o el Urgell, así como las inundaciones en las Terres de l'Ebre, o los recientes brotes de dermatosis nodular y de peste porcina”, ha recordado, repasando algunos de los eventos más duros del año.

La Navidad, ha incidido el president, debe servir para reconectar con valores humanos. “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”, se ha preguntado. “Humanidad significa acoger e integrar a las personas que lo necesitan, significa defender nuestro estado del bienestar para garantizar una educación y una sanidad públicas para todos”, ha dicho.

Illa también se ha referido con especial énfasis a Europa, “nuestro espacio de pertenencia”, ha dicho, que “vive un momento crucial”. “Lo que hoy está en juego en Europa va más allá de una cuestión meramente política. Está en juego nuestro modelo de vida, de convivencia democrática y de prosperidad compartida”, ha subrayado.

El president del Govern ha querido hacer también un llamamiento a la esperanza pues, ha dicho, “nada está escrito”. “Catalunya ha demostrado que los retos se afrontan con acción colectiva y con confianza como elementos imprescindibles”, ha asegurado, por lo que ha pronosticado que 2026 será un año aún mejor que el que ahora acaba.

Lo clásico en estas fechas es escribir un cuento de Navidad, que nos saque por un rato de la agenda informativa y nos reconcilie con el espíritu navideño, en la tradición de tantos cuentos navideños desde el fundacional de Dickens. Así que voy con el mío.

Nuestro cuento de Navidad lo protagoniza un alcalde, uno de un gran municipio, en el área metropolitana de una importante capital. No le pondremos nombre, solo será “el alcalde”, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no se precipiten que es solo un cuento, ficción pura.

Por ponernos en antecedentes, diremos brevemente que nuestro alcalde protagonista es de derechas, incluso muy de derechas, pero ya lo era hace años, cuando ser muy pero muy de derechas no estaba tan bien visto como hoy. Gobierna con mayoría absoluta, hay que decirlo también, su discurso populista de derechas muy de derechas le funciona extraordinariamente bien. Ya le funcionaba hace años, cuando proponía sin disimulo “limpiar” su ciudad de inmigrantes, especialmente rumanos de etnia gitana; y ahora que el viento de los tiempos le favorece, arrasó en las últimas elecciones municipales.

Nuestro cuento comienza en la Nochebuena, como suele pasar con los cuentos de Navidad. El alcalde llega a su casa tras visitar algunas dependencias municipales para felicitar las fiestas a policías, bomberos y otros trabajadores que tienen turno en una noche tan especial. En su recorrido ha pasado también, sin detenerse, junto al puente bajo el que acampan varios centenares de personas que días atrás fueron desalojadas de un instituto abandonado, por orden del alcalde y sin darles alternativa pese a estar obligado a ello. De camino a casa también ha visto a vecinos que se han organizado para ayudar a los desalojados, y otros vecinos también organizados pero estos para impedir que los acojan en parroquias o dependencias municipales. Con estos últimos vecinos el alcalde se ha detenido unos minutos para tranquilizarlos: no permitirá que ningún delincuente se quede en el municipio, les ha prometido.

El alcalde de nuestro cuento llega por fin a casa, donde lo espera su familia para la cena navideña. En la tele está a punto de empezar el mensaje del rey, y el alcalde se sirve un aperitivo para verlo. El rey habla de una “crisis de confianza” que alimenta “extremismos, radicalismos y populismos”, y el alcalde asiente con agrado, está de acuerdo en todo. Muy buen discurso, dice a su mujer al terminar. Después se sientan a la mesa, el alcalde, su mujer, sus hijos y otros familiares que se reúnen en fiestas señaladas.

Comienzan con unos entrantes: ibéricos, quesos, canapés variados y algo de marisco. Comen con gusto mientras comentan el discurso del rey, y el alcalde intercambia algunos whatsapps con compañeros de partido que comparten su valoración positiva, antes de soltar el móvil lejos de la mesa. Después sirven la sopa, y el alcalde descorcha una botella de tinto. La conversación ya es totalmente navideña: planes familiares, ausencias recordadas, anecdotario de años anteriores, cómo pasa el tiempo, ríen con ganas y hay algún momento de emoción. De pronto les sobresalta un estruendo en la calle. Petardos. El perro de la familia se esconde bajo una cama, el alcalde se asoma a la ventana y ve correr a unos adolescentes.

Con la llegada del cordero abren la segunda botella de tinto, de una bodega diferente, y el alcalde lo cata con gusto, observa el brillo rojizo, mete la nariz en la copa, da un sorbo corto que paladea, se le nota por fin relajado, las últimas semanas han sido intensas pero ahora puede desconectar y disfrutar la cena navideña, así que propone otro brindis, feliz navidad, familia. Durante la cena su móvil no deja de vibrar, pero no lo atiende, la norma en casa es que en la mesa no hay móviles, y menos en Nochebuena.

La sobremesa la trasladan al sofá, junto al gran árbol de navidad y el belén. Abren una botella de cava, acercan una bandeja de dulces navideños, ponen la tele buscando algún programa especial, se oyen más estallidos en la calle, el alcalde maldice a los niñatos de los petarditos. Intercambian regalos de amigo invisible, al alcalde le ha tocado un pijama, lo agradece: me gusta, y parece muy calentito.

Canturrean un villancico, los hijos están graciosos, enseñan memes y vídeos divertidos que han recibido en sus móviles. El alcalde se acuerda de que todavía no ha mirado su teléfono, así que lo coge, ahora sí. Tiene más de veinte mensajes: todos son felicitaciones navideñas de familiares, amigos, compañeros de partido. También le ha escrito uno de sus concejales: noche tranquila, alcalde, que tengáis buena fiesta; aunque según lo lee oye acercarse una sirena que cree de ambulancia. El ulular se aproxima, atraviesa su calle y se aleja hasta desaparecer. Nada extraordinario, en estas noches siempre hay unas cuantas emergencias, se dice.

Los hijos se marchan, que han quedado con amigos, también el resto de familiares, y el alcalde se queda solo con su mujer. En el sofá, con media botella de cava todavía, en la tele actuaciones musicales, el alcalde responde a los mensajes de felicitación, lee también las primeras valoraciones políticas al discurso del rey, acaba soltando el móvil, se sirve otro cava, se come un polvorón, se adormila en el sofá, y a estas alturas del cuento los lectores seguimos esperando que en algún momento suceda algo, que el cuento haga honor a la tradición, que haya un giro sorprendente, que suceda algo mágico, que el espíritu navideño se manifieste de repente, que aparezca el fantasma de las navidades pasadas o el de las futuras, que llame a la puerta un invitado sorpresa, que el alcalde o su familia tengan un percance y les acabe ayudando quien menos esperaban, que le paguen con su propia medicina, que aprenda una lección, que se dé cuenta de lo miserable que es, que se arrepienta, que triunfe la justicia poética, que los lectores nos reconciliemos con la humanidad y triunfe la navidad; pero resulta que no, que no pasa nada, que el alcalde se queda felizmente dormido en su sofá sin que haya sucedido nada extraordinario, porque quizás ya los cuentos de navidad no valen, no funcionan, no dicen nada, se han vuelto igual de insensibles que la realidad, y somos nosotros los que tenemos que hacer algo para cambiarla. Venga.

El mal existe y en estos tiempos se manifiesta con insolencia. Miren lo que está ocurriendo en Badalona, donde, a la hora en que escribo estas líneas, todo indica que decenas de inmigrantes africanos pasarán una gélida Nochebuena bajo el puente de una autopista. Nuestras ciudades refulgen estos días con las bombillitas de la Navidad y muchos hogares y lugares públicos exhiben belenes donde un niño judío pasa sus primeras horas de vida en el pesebre de un establo. Pero pocos establecen una conexión entre lo que ahora celebran con alborozo y derroche y lo que ocurre en Badalona y muchos otros lugares del planeta, incluida una Gaza no tan lejana a los escenarios de la pasión de Jesús de Nazaret.

“Si Cristo existiera, sería un MENA”, reza la portada de la revista Mongolia de este mes de diciembre de 2025. Está bien traído: Jesús era un niño pobre y desplazado, sus padres habían ido a Belén en cumplimiento de una decisión administrativa de Cesar Augusto sobre los lugares de empadronamiento de los súbditos del imperio. Todas las posadas de Belén estaban llenas y María tuvo que dar a luz en un pesebre. Hoy tendría que hacerlo bajo un puente o en el cajero de un banco.

Soy escéptico sobre la bondad natural del ser humano, le tengo mucha admiración a Rousseau, pero pienso que en esta materia pecó de optimista. Los seres humanos pueden convertirse en una jauría con demasiada facilidad. Como la que se opuso el pasado domingo a que un puñado de los africanos desalojados en Badalona fueran albergados en una iglesia de su barrio.

No me basta la explicación de que a la gente –llámese Ku Klux Klan, llámese nazis, llámese colonos de Cisjordania, llámese vecinos de El Ejido, Torre Pacheco o Badalona– se le va la olla tan solo porque hay ideólogos y políticos que les envenenan el corazón y la mente. Intoxicadores los hay, por supuesto, pero no puedo explicarme el ascenso en tantos momentos históricos de partidos y movimientos basados en el odio a otros seres humanos sin sospechar la existencia de una tendencia al mal en la condición humana.

“El mal es la ausencia de empatía”, concluyó el capitán Gustave Gilbert, el psicólogo que entrevistó a los nazis juzgados en Núremberg. Gilbert encontró en todos ellos una incapacidad absoluta para ponerse en el lugar de sus víctimas, una colosal indiferencia a sus sufrimientos. Pero sabemos que los nazis juzgados en Núremberg no habrían podido hacer las barbaridades que hicieron si esa ausencia de empatía no hubiera infectado a millones de alemanes de su tiempo.

Vivimos ahora en Occidente un momento que podría denominarse Berlín 1933. Mucha gente se está creyendo que la culpa de sus penurias la tienen los que aún son más miserables que ellos. Los inmigrantes, los moros, los negros, los panchitos… Es lo que escuchan de los ultras, pero, en buena medida, también es lo que quieren creer. Lo quieren creer porque esto les simplifica la vida, les evita informarse bien, les evita pensar por su cuenta, les permite formar parte de una manada, les satisface emociones tan poderosas como el miedo y el odio.

El mal se está banalizando de nuevo. Incluso se ha puesto de moda, como dice con perspicacia Gabriel Rufián. Trump bombardea en el Caribe lanchas que podrían ser de pescadores, pero dice que son ejecuciones extrajudiciales de narcos y nadie le chista. Su gobierno felicita la Navidad de 2025 mezclando joviales villancicos con imágenes de la brutalidad policial en la detención y deportación de inmigrantes, y millones de americanos se ríen satisfechos. La crueldad tiene mucho público potencial.

El gran combate de nuestro tiempo ya no es tanto el que opone a derechas e izquierdas, sino a bárbaros y humanistas. Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento recordamos en estas fechas, fue indudablemente un gran humanista. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, predicaba. Puedo imaginármelo durmiendo esta Nochebuena con los africanos bajo el puente de Badalona.

Todos los que hemos sido educados en la tradición cristiana somos conscientes de que su antropología se basa en la idea de que todos los seres humanos comparten la misma dignidad porque han sido creados por Dios. Esta concepción contribuyó decisivamente a la consolidación de un universalismo moral de gran importancia para Occidente, que más tarde, ya en la Edad Moderna, sería reinterpretado y secularizado en las teorías de los derechos naturales, dejando asimismo una huella indirecta en el posterior lenguaje de los derechos humanos.

En su influyente libro 'Against the Tide', el historiador económico Douglas Irwin muestra además cómo ciertas corrientes del pensamiento cristiano contribuyeron tempranamente a legitimar el comercio como una actividad socialmente necesaria y moralmente admisible. A pesar de sus raíces anti-comerciales, el cristianismo terminó consolidando la doctrina según la cual todas las riquezas y recursos del planeta tierra habrían sido dispersadas deliberadamente por Dios para fomentar el comercio y la cooperación pacífica entre seres humanos. Ya en el siglo V, algunos pensadores cristianos como Teodoreto, nos dice Irwin, entendían que la ausencia de autosuficiencia económica obligaba a las sociedades a cultivar la amistad a lo largo del mundo. Consecuentemente, los seres humanos no serían otra cosa que hermanos obligados a compartir la herencia de los escasos recursos naturales que nos ha legado el planeta Tierra.

Es sabido, sin embargo, que esta cosmovisión fue sepultada por las prácticas brutales de conquistas, guerras, matanzas y esclavitud, no pocas veces justificadas también en nombre del cristianismo. No obstante, incluso en los peores momentos de la historia, como los que sucedieron a la invasión de América por parte de las tropas españolas, la sociedad cristiana sufría en su seno la viva tensión entre la doctrina del imago Dei —todos somos hijos de Dios— e interpretaciones ad hoc elaboradas para justificar nuevas jerarquías sociales y étnicas. Quizás no hay mejor ejemplo que el debate de Valladolid de 1550, donde Bartolomé de las Casas defendió como iguales en naturaleza a los indios americanos frente a quienes consideraban que eran seres inferiores que merecían los castigos que los conquistadores les estaban infligiendo. Esta tensión permanente explica por qué el cristianismo fue tanto fuente de crítica como lenguaje legitimador del dominio.

Posteriormente, con la consolidación de los Estados-nación, el universalismo cristiano fue progresivamente subordinado a lógicas nacionales y propietarias, en un proceso que reinterpretó —y en parte vació— el principio del imago Dei, aunque perviviendo como tradición discursiva —que es la forma en la que me llegó a mí cuando era niño, por ejemplo—. Es esta lenta ruptura con los principios cristianos básicos la que explica la paradoja de los actuales partidos de extrema derecha —y sus votantes— que se declaran cristianos, pero, al mismo tiempo, albergan un odio profundo frente a aquellos seres humanos nacidos como pobres en otras partes del mundo. Se trata de una reconfiguración identitaria del cristianismo que vacía su universalismo moral y lo convierte en un dispositivo cultural de exclusión nacional, un giro especialmente presente en los movimientos fascistas.

Los recientes incidentes de Badalona, donde más de 400 inmigrantes se quedaron en la calle tras ser desalojados de un viejo instituto en el que se refugiaban del frío, son una manifestación contemporánea de esta deriva. A pesar de que el ayuntamiento estaba obligado por la justicia a buscar una salida habitacional a estas personas, tuvo que ser en primera instancia la Iglesia la que se ofreció a dar cobijo a una parte de los afectados. Frente a ellos, un par de centenares de vecinos racistas maniobró para evitar esa ayuda que la Iglesia ofrecía. Una muestra de fascismo que condensa lo peor de la especie humana: el deseo de no permitir ni la más ligera ayuda a las personas que más lo necesitan.

Según nos dice la prensa, el alcalde del municipio, el ultra Xavier García Albiol —del PP—, acudió a la improvisada manifestación fascista para intentar mediar. En los audios grabados se escucha, sin embargo, cómo lo que hace el alcalde es ofrecer recomendaciones a los exaltados para que no incurran en delitos de odio que luego puedan ser utilizados como pruebas en los tribunales. Además de eso, que es más una colaboración con los fascistas que una mediación, el alcalde vio cómo fracasaba su propuesta de permitir a los inmigrantes dormir al menos esa misma noche en la Iglesia: los vecinos fascistas no aceptaron siquiera esa mínima cesión.

En realidad, Albiol ha podido comprobar de primera mano que es mucho más fácil incitar a la población a subir con antorchas al monte que luego convencerles de que la prudencia es más adecuada y que lo razonable es bajar civilizadamente. Este alcalde del PP fue uno de los primeros en incitar al odio con su discurso anti-inmigración, y hasta ahora lo ha podido rentabilizar políticamente. Sin embargo, en estos momentos se siente desbordado porque son otros los que canalizan un odio que ya no encuentra límites. Es exactamente lo que le ocurre al PP en toda España: por mucho discurso antiinmigración, es la extrema derecha de Vox la que gana con cada episodio como el de Badalona.

Por fortuna, organizaciones de clase como CCOO, y también vecinos particulares y las propias organizaciones de la Iglesia, han sido ejemplo a la hora de asistir y ayudar a personas cuyo principal hándicap fue nacer en el sitio inadecuado en un mundo desigual. Todos ellos serían hoy la versión más avanzada y coherente de nuestro histórico Bartolomé de las Casas, quien consecuentemente también denunció los maltratos y abusos contra aquellos pobres atravesados por las lanzas españolas. Por el contrario, los elementos fascistas que se manifestaban el otro día, junto con los líderes de Vox y PP que han alimentado este clima o que directamente protegen y animan estos comportamientos, hubieran estado en 1550 alineados con aquellos otros teólogos que, olvidándose de las raíces cristianas, preferían la rentabilidad de un mundo desgarrado en guerras y miseria.

Como este tipo de situaciones enseña, no es demasiado atrevido conjeturar que la mayoría de esos manifestantes fascistas —así como los líderes de Vox y PP que les incitaron o aplaudieron— se marcharon luego a finalizar los preparativos de las fiestas de Navidad; seguramente pusieron belenes en sus casas y festejaron en familia el nacimiento de aquel niño palestino de cuya prédica ya nadie se acuerda porque el nacionalismo étnico y el atractivo del dinero se lo ha comido todo.

Por eso cabe la reflexión de hasta qué punto una parte de nuestra sociedad ha vaciado de contenido las palabras que dice venerar —cristianismo, dignidad, humanidad— y las ha reducido a un decorado cultural sin obligaciones morales. No hay belén que pueda ocultar el hecho de que negar cobijo, comida o abrigo a quienes duermen en la calle no es solo una barbarie política, sino una quiebra ética profunda. Si el cristianismo significa algo más que folklore y consigna identitaria, entonces se expresa primariamente en la obligación de socorrer al vulnerable. Todo lo demás —las antorchas, los gritos, la cobardía institucional y la complicidad calculada— no es tradición, ni orden, ni defensa de nada: es simple y llanamente fascismo envuelto en papel de Navidad.

Más de un centenar de curas y colectivos religiosos de todo el país han firmado un manifiesto en el que critican la actuación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desalojo de más de 400 migrantes de un instituto abandonado en la ciudad.

“No se puede hablar de seguridad cuando se fabrica exclusión”, reza el manifiesto, que publica elDiario.es. “No se puede gobernar fomentando el miedo y señalando al extranjero como problema”.

Los firmantes denuncian que, “amparándose en la ley”, tanto Albiol como “las instituciones” han “abandonado directamente a los pobres” . “No se puede invocar el orden mientras se destruye la vida”, afirma el texto, que califica de “negación de la dignidad humana” lo ocurrido en Badalona durante la pasada semana.

El comunicado critica duramente que se expulsara a los 400 migrantes que llevaban ocupando ese espacio “ante la ausencia de alternativas habitacionales” desde 2023 y se les dejara en la calle “en pleno invierno” sin ningún lugar al que ir.

Sobre las protestas ciudadanas que impidieron acoger a parte de estos desalojados en una parroquia de Badalona, el manifiesto reprocha el “racismo” y la “xenofobia” de los vecinos que, en lugar de ayudar a los desalojados, salieron a la calle para “expulsar” y “blindar” sus privilegios.

“El resultado fue claro”, prosigue el texto. “hombres, mujeres y jóvenes sin techo y una ciudad incapaz de mirarlos como hermanos”.

El comunicado concluye asegurando que Jesús “no se identifica con el poder que desaloja” sino con “el pobre desalojado”. “[Jesús] no camina con quien criminaliza la miseria, sino con quien la sufre”.

“Una Iglesia, unas instituciones y unos movimientos sociales que callan ante esta injusticia traicionan el Evangelio y vacían de sentido la palabra humanidad”, concluye el manifiesto. “Ninguna ciudad es justa si deja a gente en la calle”.