La Fiscalía investiga a Albiol por el macrodesalojo de migrantes de Badalona

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de la localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes. El consistorio promovió el mayor desalojo de España y se negó a ofrecer un techo alternativo a los ocupantes, que tuvieron que ser atendidos por varias entidades sociales.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía de Barcelona ha acordado investigar la denuncia presentada por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, quien acusó a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Fuentes fiscales precisan que se está analizando qué servicio de la Fiscalía asumirá la denuncia: si lo harán los fiscales encargados de las diligencias de investigación, el servicio especializado contra los delitos de odio o ambos de forma conjunta.

El asentamiento estaba instalado en el antiguo instituto municipal B9 de Badalona y fue ocupado en junio del 2023 por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. También había hombres que sobrevivieron al incendio de la nave de Sant Roc de 2020 en el que murieron tres migrantes. La mayoría está en situación irregular en España y sus ingresos, si es que tienen, dependen de la recogida y venta de chatarra u otros empleos informales.

El Ayuntamiento de Badalona ya comunicó a la jueza que autorizó el desalojo que no pensaba ofrecerles una vivienda de emergencia pese a su situación de pobreza extrema. El alcalde fue explícito tras el desalojo. “Pedro Sánchez dice que hay que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda”, lanzó, tras alarderar en público de que no iba a destinar “ni un euro” a ayudar a los migrantes.

Una de las claves de la investigación será determinar el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de la letra pequeña de la orden judicial de desalojo. La magistrada autorizó el desalojo solicitado por el consistorio que encabeza Albiol, aunque obligó al Ayuntamiento a “prestar atención social” a los ocupantes.3

Para Asens, el desalojo sin alternativas realizado por el Ayuntamiento supone incumplir la resolución judicial. “En un estado de derecho, nadie está por encima de la ley y la investigación es una buena noticia para los derechos humanos”, ha manifestado el eurodiputado, que ha confiado en que el alcalde termine en el banquillo de los acusados “para dar explicaciones sobre sus actos reprobables”.

Desde el consistorio han tildado la denuncia de los Comuns de “despropósito” y han defendido que el desalojo del B9 se cumplió “de manera escrupulosa” la resolución judicial.

Más de un mes después del desalojo, unos pocos migrantes (a los que se han sumado otras personas sin hogar de la zona) viven en un campamento debajo de un puente de la C-31. La mayoría fueron reubicados en albergues o pisos de emergencia tras el trabajo a contrarreloj de las entidades sociales y, después, del Govern, que no evitó episodios de tensión en Badalona contra los migrantes.

Además de negarles un techo alternativo, elDiario.es desveló esta semana que Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar. El dinero otorgado por la Generalitat sirve, según el contrato programa, para cubrir los gastos de “alimentación, ropa, transportes o trámites” de las personas sin hogar alojadas en viviendas compartidas, pero también contempla, en casos “excepcionales”, aquellos que residan en pensiones o albergues.