El PP vasco se ha arrogado este miércoles, en vísperas del cuadragésimo quinto aniversario del Estatuto vasco de 1979, su paternidad. Y eso que Alianza Popular, cuyo líder era el exministro franquista Manuel Fraga y que luego se refundó como Partido Popular, pidió expresamente el 'no' en el referéndum porque estaba en riesgo aparentemente la unidad de España.

El líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés, ha señalado que la ley de leyes vasca la “lideró” un “partido de centroderecha” que gobernaba en España, en referencia a la UCD centrista de Adolfo Suárez. “De aquella unión de fuerzas de centroderecha nos sentimos herederos los hombres y mujeres del Partido Popular. No en vano fue el centro derecha de España el que proyectó la España de las autonomías”, ha manifestado en un acto celebrado en el parque de Arriaga de Vitoria, al lado de una ermita simbólica de la foralidad alavesa y junto a un retoño del árbol de Gernika.

“Al cabo de los años, nuestra corriente política ha participado en la redacción de todos los Estatutos de autonomía de España, salvo uno, el de Catalunya [de 2006], que entendimos que no respondía a los criterios de servicio público y equidad entre los ciudadanos”, ha seguido De Andrés. El PP, con ese nombre, surgió en 1989. Aunque cuadros de UCD -o del CDS posterior- pasaron a las filas 'populares' -también acabaron en otros partidos-, el PP es la continuidad de la AP de Manuel Fraga. Hasta su fallecimiento hace justamente una década, el exministro de la dictadura y también presidente autonómico de Galicia en democracia tuvo el título de “presidente fundador”.

AP pidió el 'no' al Estatuto vasco. “Agrava los equívocos de la Constitución, en orden a la definición de España como nación única para todos los españoles; implica dejación de los poderes del Estado dentro del ámbito territorial del País Vasco, sin haber conseguido equilibrio de competencias; establece las bases de una dinámica cultural y política de distanciamiento y separación, y olvida las peculiaridades de cada una de las tres provincias vascas”, se argumentó entonces, tal y como recogió 'El País'. Años más tarde, en cambio, el PP sí ha hecho bandera de la defensa del Estatuto en Euskadi. En paralelo, y ante la no conmemoración de la efeméride desde las fuerzas nacionalistas vascas, el PSE-EE se arroga también ser la única familia que participó en el consenso estatutario y que se mantiene en él ahora.

De Andrés también ha hecho otras consideraciones sobre el Estatuto. Ha asegurado que más autogobierno no es sinónimo de más bienestar. También ha indicado que el PP podría sumarse a una reforma pero dejando claro que no para hacerlo en clave soberanista. “¿Por qué hemos dejado de ser una referencia en Sanidad o en servicios sociales? ¿Por qué son ahora nuestros jóvenes universitarios los que se van a otras comunidades en lugar de ser nosotros quienes captamos talento? No es por la falta de oportunidades que nos haya dado el Estatuto. Otros con menos capacidades han sabido usarlas mejor. Esto prueba que más autogobierno no significa más bienestar. Los fines para los que se ha empleado ese autogobierno no han sido los del bienestar, sino el de la separación, el de la fractura y el de la tensión social”, ha manifestado. También ha avisado que sería un riesgo la “fractura” de la caja única de la Seguridad Social, aunque ha reconocido que el Estatuto la impide ahora que se negocia esa transferencia pendiente desde 1979.

Y ha finalizado: “Claro que creemos que es necesario un nuevo Estatuto. Un Estatuto que nos saque de la parálisis en la que se encuentra Euskadi, que nos saque del clientelismo y el control político de cada gesto de nuestra sociedad. Un Estatuto que nos dé libertad a las personas y no nos someta a la manipulación constante de nuestras decisiones y al permanente condicionamiento de nuestra libertad. Claro que necesitamos un nuevo Estatuto, un Estatuto que ponga la familia en primer lugar, que tienda puentes, que garantice nuestra personalidad, que no nos fuerce. Necesitamos un Estatuto de libertad para los vascos frente a las pretensiones irrealizables”.

El Amazonas era la UCD y la única fuerza capaz de hacer variar su curso en la Galicia de 1981, la Alianza Popular. Aún contra todo prognóstico, incluido el de sus propios candidatos. Esta es la versión que Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y ex vicepresidente de la Xunta, ofreció este miércoles en Santiago de Compostela de las primeras elecciones al Parlamento de Galicia. Su relato fue de orden, institucional, sin lugar para la agitación social y política que sacudía las calles y que forzaron, por ejemplo, un Estatuto más ambicioso del inicialmente previsto. Pero trufado de anécdotas y pullas contra adversarios como Francisco Vázquez o Camilo Nogueira. Éste último compartió debate con el.

La frase sobre el Amazonas es uno de los grandes éxitos de los relatos más amables sobre la Transición en Galicia. La pronunció en su día el presidente de la preautonomía, José Quiroga: “Que UCD pierda la mayoría sería casi como cambiar el rumbo del Amazonas”. Fue justo en vísperas de que la perdiese, y la Alianza Popular, heredera aún más directa del franquismo y en la que un Rajoy de 26 años era candidato, las ganase. “Lo cierto es que al día siguiente de las elecciones el Diario de Pontevedra, dirigido con maestría y finura por Pedrito Rivas, abrió a cuatro columnas con el titular: 'Y el Amazonas cambió su curso”, recordó Rajoy. Gerardo Fernández Albor, un médico de supuestas, gaseosas veleidades galleguistas, y que había sido piloto de la Luftwaffe, se convirtió así en presidente.

Aquel Gobierno, en el que el propio Rajoy ejercería de director general de Relaciones Institucionales, fue de coalición. Los 26 escaños de AP pactaron con los 24 de UCD. En la oposición había 16 del Partido Socialista, tres del BN-PG -enseguida expulsados del hemiciclo por negarse a acatar la Constitución en una operación a todas luces injusta-, Esquerda Galega uno y otro del Partido Comunista. “Lo cierto es que entre AP y UCD sumaban 50 de los 71 diputados, se pusieron de acuerdo y formaron gobierno”, recordó Rajoy, quien lo explicó con una de sus enrevesadas máximas, a medio camino entre el trabalenguas y la sabiduría que da la experiencia: “Aquí somos así, hasta que dejemos de serlo, si es que lo dejamos de ser algún día, cosa que yo ignoro. Las cosas son como son”.

Ya metido en su personaje, el de señor de Pontevedra con cierta socarronería y un algo de falsa modestia, contó como el primer Parlamento se constituyó en el Pazo de Xelmírez de Santiago -“el señor arzobispo se apiadó de nosotros y nos lo cedió”- y cómo no tenían “ni despachos ni bolígrafos” pero sí “ilusión”. Su defensa del Estatuto de Autonomía de Galicia y del éxito del “modelo autonómico” contrasta con el discurso recentralizador que se extiende en la actual dirección de su partido. También con sus años al frente del Ejecutivo central: la ley Montoro o la ley Wert prueban que se mostró más partidario de la segunda opción que de la primera. Pero Rajoy no vino a Santiago a hablar de política, sino a soltar anécdotas.

Por ejemplo, la de su debate con Manuel Iglesias Corral sobre la capitalidad de Galicia. “Era un un hombre inteligente, formado, culto, muy largo”, dijo, “había sido fiscal de la República y un coruñesista contumaz”. Y diputado de la ORGA de Casares Quiroga en las Cortes republicanas de 1933. El caso es que 40 años antes también había discutido con Rajoy, pero con otro, Enrique, abuelo de Mariano y, aunque monárquico, partidario entonces de la autonomía gallega y redactor del Estatuto del 36. “Ustedes los Rajoy no tienen remedio alguno”, aseguró Mariano que le espetó Iglesias Corral tras discutir con él sobre si Santiago de Compostela o A Coruña debían ser la capital del país.

Fue precisamente ese desacuerdo uno de los que más profundamente marcó los primeros años del desarrollo del Estatuto aprobado en 1980. Y el que cimentó una de las figuras más destacadas y controvertidas de la política gallega de la autonomía, Francisco Vázquez, entonces líder socialista, después ultralocalista alcalde de A Coruña por ese partido durante 13 años, y hoy en un lugar político compartido con PP, Ciudadanos o incluso Vox. Rajoy se refirió a él como uno de los parlamentarios que más se beneficiaba de a “generosidad con los tiempos” de Antonio Rosón, presidente de la Cámara gallega y una figura discutida por su militancia falangista en la Guerra Civil. “El señor Vázquez consumió más turnos en el debate sobre la capitalidad que cualquiera de los diputados actuales en una legislatura entera”, afirmó.

Otro tanto sucedía, añadió, con Camilo Nogueira, una de las principales figuras de la izquierda nacionalista gallega y único diputado de Esquerda Galega, pero “su palabra era culta y entretenida, se le escuchaba con atención”. A su iniciativa se deben el impulso legislativo de la normalización del gallego o la traída de los restos de Castelao desde el exilio argentino. Pero Rajoy no había venido a hablar de política y no se refirió a esas cuestiones, sometidas a dura polémica. Su historia de los inicios de la autonomía, y de los convulsos gobiernos de Albor, atravesados por brutales peleas internas, estaba suavizada. Rajoy venía sobre todo a celebrar que el Amazonas cambió de curso, AP acabó unificando a las derechas españolas -por lo menos hasta 2015- y que Galicia es “referencia obligada para entender que un estado descentralizado puede ser estable y eficaz”.

En las turbulentas aguas políticas de la Transición, una infinidad de partidos trataban de hacerse un hueco en un sistema democrático que se configuraba de manera rápida y atropellada. Algunas formaciones de izquierdas partían de la base de haber mantenido una estructura estable, en la clandestinidad o en el exilio, sobre la que apoyar su nueva andadura. La derecha, por su parte, se encontraba con la única salida de dar un barniz democrático a quienes habían ostentado el poder político e institucional durante el franquismo.

El problema que se encontraron todos los que no encajaban en la Unión de Centro Democrático era, por un lado, que Adolfo Suárez copaba casi todo el espectro de la derecha. El resto eran asociaciones, sin hechuras de partido, con más líderes que bases y comandadas por antiguos ministros y altos cargos franquistas. La mayoría logró ponerse de acuerdo y fundirse bajo la siglas de Alianza Popular (AP).

La intención era llevar a la nueva formación a convertirse en una alternativa real de Gobierno, una tarea titánica cuyo punto de partida fueron las elecciones de 1977, en las que AP se hizo únicamente con el 8% de los votos y 16 diputados. Fue aún peor en las de 1979, donde el partido bajó hasta los 10 escaños. Es ahí cuando arrancó el periodo de Manuel Fraga como presidente de la formación con dos objetivos claros: limar la imagen franquista del partido y crear una infraestructura estable que sustentase su candidatura para las siguientes elecciones.

“Nosotros no ofrecemos una ideología rígida ni un activismo oportunista; aportamos un sistema de grandes principios”, clamaba Fraga en 1982. Todo esos discursos están en la hemeroteca, lo que no se contó entonces fue cómo se financió el proyecto para reunificar el centro-derecha en España. La confesión que Luis Bárcenas entregó en a la Fiscalía Anticorrupción ayuda a completar la historia. “Desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos”, describe el hombre que manejó las cuentas del Partido Popular durante décadas.

Bárcenas se retrotrae a mucho antes de que el PP fuese un partido. Su declaración apunta a que la iniciativa política de Fraga, que luego cristalizó en el PP, se apoyó desde su fundación en las donaciones en negro. Y que sus sucesivos tesoreros y dirigentes mantuvieron un sistema de caja B muy rentable que permitía sostener el enorme gasto electoral del partido, por encima de los límites legales, además de garantizar una remuneración extra para los altos cargos.

El relato de esos primeros años en los que había que conseguir dinero rápido lo hicieron dos extesoreros del PP cuando fueron llamados a comparecer en el Congreso de los Diputados. La suya no fue una asunción de responsabilidades en la creación de un sistema de donativos en negro, sino que lo presentaron como una práctica habitual y aceptada por todos.

"Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra"

Ángel Sanchis — Extesorero del PP

Ángel Sanchis, tesorero entre 1982 y 1987, cuando la formación aún se llamaba Alianza Popular, contó en 2017 que su principal objetivo durante los primeros años era buscar financiación. “Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra”, contó en el Congreso. Pagaban empresarios y “amigos” del partido.

Sanchis relató la precaria situación de una formación fundada por prebostes de la dictadura pero que no tenía apenas estructura ni militancia: “No teníamos un duro, estábamos en la indigencia, yo pagaba la luz muchos meses”. Los discretos resultados electorales de los primeros comicios de la democracia no ayudaron, las subvenciones no alcanzaban para pagarlo todo. “Entonces teníamos muy poco poder, quienes recibían dinero eran quienes estaban en el poder, el PSOE y otros”.

El partido optó entonces por la vía rápida de los donativos. Los invitados a sus cenas daban un sobre: “Eran favores que yo pedía, luego me pasaba años devolviendo esos favores”. Sanchis aclaró rápidamente que no se devolvían esos favores desde el partido. Relató también otro método arcaico para conseguir fondos: se enviaron “cientos de miles de cartas” a través de una agencia de publicidad pidiendo donativos y hubo “una muy buena respuesta”.

Sanchis tuvo que admitir durante su comparecencia en el Congreso que el partido había rebasado los límites de financiación para las elecciones -“como todos los partidos”- pero que no veía “ninguna deshonestidad” en ese grupo de políticos “que venían de la dictadura” y que “eran mejor que los actuales”.

Eso sí, Sanchis dijo no saber nada de una una caja B, como si cobrar donativos en metálico y no declarar gastos electorales no fueran efectivamente eso, una caja B ya en los tiempos de Alianza Popular. Lo mismo dijo su sucesor en el cargo, Rosendo Naseiro, que manejó las cuentas del partido entre 1987 y 1990, cuando Fraga refundó AP en el actual Partido Popular. En su caso, entre alusiones a la pérdida de memoria y encontronazos con los diputados, lo máximo que llegó admitir es que “a veces en un mitin, le daban un talón a Fraga”.

El problema para Naseiro es que los pasajes de los que no se acordaba quedaron plasmados en un caso que llevaba su nombre, la primera investigación por sospechas de financiación irregular en el PP. La trama de recalificaciones, acuerdos inmobiliarios, comisiones para el partido y mordidas para los intermediarios murió en el Supremo, cuando el tribunal tuvo que cerrar el caso porque las grabaciones a sus protagonistas, incluido el propio Naseiro, se habían obtenido en el marco de otra investigación (por narcotráfico) y no se podían usar para perseguir la financiación irregular.

Las conversaciones no sirvieron para condenar a nadie pero quedaron para siempre en la hemeroteca de la corrupción del PP. También las investigaciones posteriores, que han destapado el uso por parte de Naseiro de una cuenta opaca en el Banco de Fomento a nombre de Acciones y Programas del Partido Unificado de Alianza Popular (PUAP).

En aquella ronda de comparecencias en el Congreso, tras la naturalidad con la que Sanchis y Naseiro relataban el cobro de talones primero para AP y luego para el PP, le llegó el turno a la mesura de Carmen Navarro, entonces tesorera del partido tras la etapa de Bárcenas. Ella defendió la “total pulcritud” de las cuentas del PP, sin las concesiones de sus predecesores.

Entre Sanchis, Naseiro y Navarro transcurre la época en la que se consolidó la caja B, y que no pudieron relatar ninguno de sus protagonistas. El primero, Álvaro Lapuerta, aquejado de una demencia que ya le eximió de ser acusado en Gürtel; el segundo, Luis Bárcenas, inmerso en una maraña de causas judiciales que le aconsejaban no decir nada en el Congreso.

La versión de Lapuerta como verdadero impulsor de la caja B ya no podrá escucharse de su boca porque falleció el verano de 2018. El tesorero del PP entre 1993 y 2008 fue señalado por Bárcenas como el gran ideólogo del sistema de donaciones en negro, contratos amañados y sobresueldos. Hizo un amago de querer contar su verdad, pero no pudo concretarlo. El extesorero le dijo al director de elDiario.es que quería contarle “toda la verdad” sobre la caja B para que este la plasmase en un libro, algo de lo que había informado a Mariano Rajoy. Dos días después, el 28 de abril 2013 sufrió una “extraña” caída, según su familia, que le dejó en coma. Luego desarrolló la demencia que le acompañó hasta su muerte.

El sistema que creó para financiar al PP, que había tenido su germen en la época de Sanchis y Naseiro, y que luego heredó Bárcenas, ha quedado acreditado a través de informes policiales, confesiones de implicados y sentencias. El propio Bárcenas ya admitió en el primer juicio de Gürtel la existencia de una “contabilidad extracontable”, nutrida a base de donativos de grandes empresarios. Parte iba a pagar gastos de campaña y parte a sobresueldos que cobraron altos cargos, según la documentación del extesorero.

En aquel momento Bárcenas dijo que los empresarios no esperaban nada a cambio. La Audiencia Nacional no le creyó y en su sentencia dijo que las donaciones de los empresarios servían “para pagar favores” o como “contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos”. Los jueces se apoyaron en la confesión de Francisco Correa, que admitió que los empresarios donaban a cambio de adjudicaciones de obra pública del gobierno de José María Aznar.

Los distintos jueces tratan aún de buscar las pruebas de esa vinculación directa entre donación y adjudicación. Cada vez están más cerca. Por un lado, por las pesquisas en la parte de la investigación de la caja B que se centra en el posible delito de cohecho derivado de esa contabilidad opaca. Por otro, porque la confesión de Bárcenas confirma ese hecho. Sucede que el extesorero también ha dicho que algunas de las pruebas le fueron sustraídas en una operación presuntamente montada en el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para evitar que fueran aportadas en los juzgados o a la prensa.

“Estos fondos -caja B- se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, dice el extesorero en el escrito enviado a la Fiscalía, y añade que Lapuerta era quien recibía el dinero como “la persona designada de poner en conocimiento -si fuera el caso- al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública”.

A la Audiencia Nacional no le ha sido fácil hasta ahora trazar esa conexión porque el Gobierno de Mariano Rajoy hizo todo lo posible por impedir que las pruebas de la caja B salieran a la luz. La Operación Kitchen, que se investiga en otro juzgado, tuvo como objetivo captar al chófer de Bárcenas para que este le robara (a cambio de un suculento sueldo con cargo a los fondos reservados y un puesto de funcionario en la policía) el material comprometedor para el partido. En la causa ya está imputado el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y buena parte de la cúpula policial de la época.

Esa operación comenzó en 2013, poco después de la publicación de los papeles de Bárcenas. La investigación ha revelado el uso de fondos reservados y de recursos del Ministerio del Interior para tapar una caja B que se había gestado a la par que la fundación de Alianza Popular, y de la que el PP dispuso durante casi tres décadas.

Siempre he sostenido que si Juan Ramón Calero (Murcia, 1947) hubiera presidido esta Región durante, al menos, un par o tres de las legislaturas en que lo lleva haciendo el PP, otro gallo nos cantaría. No obstante, este abogado del Estado, brillante, dialéctico y de formación netamente liberal, fue escogido por Manuel Fraga, en la década de los ochenta del pasado siglo, primero como secretario general adjunto de Alianza Popular y luego para formar un triunvirato en la portavocía parlamentaria de AP en el Congreso, junto a dos de los hombres que estarían llamados a tripular el Gobierno de España en 1996: José María Aznar y Rodrigo Rato.

Recuerdo a Calero, quizá fuera la primera vez que estuve con él, joven y resuelto, haciendo campaña en 1979 por los pueblos de la Región, para las segundas elecciones generales, por Coalición Democrática (Fraga, Osorio y Areilza). En el acto que celebraron en el mío, en un aula de las viejas escuelas, apenas nos reunimos una decena de asistentes. Me llamó la atención su oratoria y lo clarividentes que resultaban sus ideas allí expuestas.

Los años que siguieron a esa campaña fueron decepcionantes para AP en la Región, ya que el principal partido de la derecha española iba cosechando derrota tras derrota ante un hegemónico PSRM-PSOE, primero con Andrés Hernández Ros y luego con Carlos Collado como candidatos a la presidencia del gobierno autonómico.

No se recuerdan en la Asamblea Regional debates del nivel parlamentario como los protagonizados por Calero en aquellos años frente a los presidentes socialistas, que disfrutaban de holgadas mayorías absolutas, y en los que, por tanto, la oposición corría el riesgo de convertirse en una pléyade de predicadores en el desierto. Fui testigo presencial de muchos de aquellos plenos, que cubría entonces para la radio.

A comienzos de los noventa, cuando el refundado PP ya atisbaba el poder, desde la madrileña calle Génova se optó sorprendentemente por prescindir de Juan Ramón Calero. Era, quizá, un estorbo en las pretensiones de algunos 'visionarios', que lo llegaron a calificar de altanero, soberbio y prepotente. En un congreso regional del partido, en el que no faltaron las traiciones y las puñaladas traperas, fue descabalgado de la presidencia en favor de Ramón Luis Valcárcel, un político de perfil tan distinto como distante al suyo.

Ahí comenzó su particular travesía del desierto, fundando en 1996 el Partido Demócrata Español (PADE), un proyecto que nunca llegó a cuajar quizá porque ya naciera muerto. Tras su fallido intento, se refugió en la abogacía del Estado, cuerpo al que pertenecía desde 1974, a frecuentar más a la familia y a escribir artículos tan reveladores como el de este domingo, en su habitual tribuna del diario La Verdad, titulado 'La oposición en tiempos de crisis'. Solo quien tiene una visión de Estado, como es su caso, puede concluir lo que en el texto deduce: “Y es que, en España, hay mucha gente que considera que, si los suyos no están en el poder, para derribar al Gobierno de turno, todo está permitido. Incluyendo banalidades, memeces, mentiras y crispación social”, escribe Calero, para cuestionarse más adelante sobre la gestión gubernamental de la pandemia del coronavirus en nuestro país: “¿Quién apoyó los recortes presupuestarios a la Sanidad? ¿Quién intentó privatizar parte del sistema sanitario público de Madrid o de Valencia?”. 

El artículo no tiene desperdicio y rezuma sensatez por los cuatro costados, en estos días de intenso dolor, zozobra, temor y también de furia incontenida. Lo he dicho otras veces y lo repetiré de nuevo: fue un lujo asiático para la derecha prescindir en la primera línea de la política de destacados profesionales de la vida civil como Juan Ramón Calero o, por qué no decirlo, de Antonio Gómez Fayrén, demasiado pronto relegado a otros menesteres, ejemplos vivos y diáfanos de lo que a veces pasa en algunos esprints en ciclismo, cuando no llegan arriba los más preparados sino los mejor situados en ese momento a la cabeza del pelotón. “Los jóvenes políticos actuales son reacios a escuchar consejos”, se lamenta Calero en el artículo. Fue el general De Gaulle el que dijo que la política era algo demasiado serio para dejarla solo en manos de los políticos. De los mediocres y nefastos, se entiende.

En el verano de 1984, un antiguo pazo portugués con vistas al río Miño fue escenario de la conversación que mantuvieron un grupo de contrabandistas huidos con el entonces presidente de la Xunta, Xerardo Fernández Albor, de Alianza Popular. El periodista Nacho Carretero recoge el episodio en su libro Fariña y explica que “Albor recomendó a los capos que regresaran a España y se entregaran a la justicia”. Así lo acabarían haciendo meses después para esperar una sentencia que no llegaría hasta principios de los años 90, momento en el cual sus delitos fueron declarados prescritos.  

Aquel encuentro entre el poder político y los capos del contrabando de tabaco obligó a Albor a dar explicaciones en el Parlamento de Galicia en una sesión plenaria que se celebró a finales de noviembre de 1984. eldiario.es ha accedido a las actas de aquel pleno en el que Albor explicó que se reunió con los contrabandistas por motivos humanitarios. 

El diario de sesiones de aquel día recoge las explicaciones del predecesor de Fraga sobre un encuentro que calificó como casual. Según su propio relato, Albor decidió quedarse a dormir en el mismo hotel de Vilanova da Cerveira, en el que estaban los contrabandistas huidos, sin saber de su presencia en el establecimiento: “Cuando estaba cenando, se acercó mi secretaria y me dijo que había unos señores que querían hablar conmigo. Me dijo que suponía que eran personas que estaban huidas. Decían que querían hablar conmigo y que de allí no se movían hasta conseguirlo. Me pareció oportuno salir al hall  y preguntarles qué querían”, relató ante el Parlamento. 

“Esa gente no se iba a marchar de allí y yo no podía saltar por una ventana porque no había. Tenía que hablar con ellos”, argumentó el jefe del Gobierno gallego en aquellos años. Albor, defendió en aquel pleno su honorabilidad y concluyó: “No me tengo porque avergonzar por hablar con unos señores que podían ser o no delincuentes (...). Yo hablo con todo el mundo”. 

La versión del Gobierno gallego señaló que los contrabandistas, con Marcial Dorado a la cabeza, le pidieron a Albor garantías de que si se presentaban ante la justicia española, el trámite iba a ser rápido. Albor les contestó que los ritmos de la justicia no eran labor de su competencia y que él nada podía hacer para cumplir las reclamaciones de los capos. A pesar de ello, les invitó a poner sus peticiones por escrito. Esa carta acabaría llegando a los buzones oficiales de la Xunta de Galicia y los servicios jurídicos del gobierno gallego la responderían en apenas unos meses en el mismo sentido en el que se había posicionado Albor durante su encuentro: no había nada que hacer. Hasta aquí la versión oficial de un encuentro que, según su protagonista, “duró un minuto o dos, como mucho”. 

La sombra de la duda es una constante en el análisis de las relaciones entre los contrabandistas y el poder político durante aquellos años. Grandes nombres del contrabando y el narcotráfico como Nené Barral o Pablo Vioque, lo fueron también de la vida política de ayuntamientos como Ribadumia o Vilagarcía, bajo las siglas de Alianza Popular.  

En Fariña, Carretero va más allá a la hora de explicar las relaciones entre los capos de las planeadoras y los de los despachos oficiales. El libro recoge una conversación intervenida años después del episodio portugués a dos de los capos huidos, Celestino Ayala y Manuel Prado, socio de Marcial Dorado. En esa charla, Ayala afirma: “Nos van a joder un año más, hasta que salga Fraga”.

La receta se completa, según Fariña, con el párrafo que escribió la periodista de El País Elisa Lois en una de sus crónicas sobre los hechos de aquellos años: “Si los movimientos de los tabaqueros ya eran favorables a la causa política personalizada en Manuel Fraga, después de la redada de 1983, los apoyos se multiplicaron. Eso sí, las aportaciones de los contrabandistas a las campañas electorales constituían una información tan reservada como la hora o el lugar de descarga de la mercancía”. 

Sobre el libro que condensa toda esta historia pesa ahora una orden de secuestro, dictada como medida cautelar por un juez de Collado-Villalba. La serie que se basa en manuscrito de Carretero, se ha estrenado este miércoles en Antena 3, rodeada de polémica y expectación. 

El Consello da Xunta aprobó esta semana el decreto por lo que concede las Medallas de Galicia de este 2017, cuatro distinciones en su categoría de oro encabezadas por Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua asesinado por ETA en 1997. El Gobierno gallego ha otorgado también su máximo galardón a Aníbal Cavaco Silva, expresidente y exprimer ministro conservador de Portugal, y a la aristócrata Isabel Castelo D'Ortega, presidenta de la aseguradora Ocaso, de quien la Xunta destaca su colaboración con entidades sociales. La lista de las Medallas de este año la cierra José Manuel Romay Beccaría, veterano dirigente del PP, exministro, exconselleiro y mentor político de Alberto Núñez Feijóo.

La dilatadísima trayectoria política de Romay, caricaturizada por sus detractores con el apodo de “el ex de todo”, tiene sus raíces en el franquismo, con cargos de segundo nivel en varios ministerios de la dictadura en su última etapa, la dominada por tecnócratas ligados al Opus Dei, y continúa con sucesivas responsabilidades en Alianza Popular y en sus siglas herederas, las del PP. Tras ser vicepresidente del primer Gobierno de la Xunta con Gerardo Fernández Albor y dirigir la Diputación de A Coruña la victoria de Manuel Fraga en las elecciones gallegas de 1989 lo devolvió a la Xunta y fue en ese gabinete en el que comenzó a impulsar la carrera política de Feijóo, entonces un joven funcionario de la Administración autonómica al que en 1991 situó como secretario general -número dos- de la Consellería que dirigía, la de Agricultura, y tres meses después en el mismo cargo de su nuevo departamento, el de Sanidad.

Romay y Feijóo fueron los responsables de poner en marcha el Servizo Galego de Saúde, que Feijóo encabezó, y desde el nuevo ente impulsaron uno de los principales proyectos fallidos de la Xunta en la década de los 90, las fundaciones sanitarias. Estos entes fueron presentados como una fórmula “moderna y flexible” de gestión sanitaria que formaba parte de la red pública pero se regía por las normas del sector privado en ámbitos como la contratación o el pago del personal. Estas fundaciones llegaron a ser cuatro y tuvieron su emblema en la del Hospital de Verín (Ourense), fundada en 1993 y que, según el Consello de Contas, apenas tres años después ya estaba inmersa en una “grave situación financiera” caracterizada por la “falta de control”, la opacidad en las cuentas y la “precariedad” de su personal.

Cuando en 1998 Contas hizo público este informe sobre las fundaciones, que Fraga pasó al sector público en el año 2000 y el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG tuvo que rescatar en 2006, Romay y Feijóo ya no estaban en la Xunta, sino en el Gobierno de España que presidía José María Aznar realizando funciones semejantes: el ahora condecorado como ministro de Sanidad y su discípulo político, como presidente del desaparecido Insalud. En la legislatura de la mayoría absoluta de Aznar, la del año 2000, Romay permaneció como diputado en el Congreso hasta que el Gobierno lo situó en la presidencia del Consejo de Estado y Feijóo pasó a la presidencia de Correos, dependiente del Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez-Cascos.

El papel de Romay y sus movimientos políticos continuaron siendo trascendentales en la trayectoria del actual líder del PPdeG cuando, en plena catástrofe del Prestige, la dirección estatal del partido lo situó como hombre fuerte del atribulado Gobierno de Fraga en la Consellería de Política Territorial en sustitución de Xosé Cuíña. Los 'birretes' de Romay remudaban así las 'boinas' que lo habían humillado en público -él había sido uno de los enviados 'al gallinero' en el congreso del PPdeG en 1998- en un departamento clave de la Xunta, pero también tomaban posiciones ante la inminente sucesión de Fraga, que las elecciones de 2005 contribuyeron a acelerar. En aquellos tensos meses de hace 12 años Romay fue voz y mano de la madrileña calle de Génova en Galicia, también en la batalla por los avales y en la recta final hacia el congreso de 2006 que acabó teniendo a Feijóo cómo único candidato y que el presidente presenta reiteradamente como un proceso de primarias.

Romay iba sumando veteranía y durante un tiempo desapareció del primero plano de las fotos, que iban ocupando miembros de su descendencia política como Carlos Negreira, Adolfo Gacio o el propio Feijóo, quien incluso heredó personal de confianza de su maestro. El 'ex de todo', pilar del PP de A Coruña en el que el partido apoyó buena parte de su regreso al poder en 2009, se situó de nuevo en 2010 bajo los focos cuando Mariano Rajoy lo reclamó para ocupar la tesorería del partido inmediatamente después del estallido de los casos Gürtel y Bárcenas, cargo que compatibilizó con un breve paso por el Senado por designación del Parlamento gallego hasta 2012, cuando regresó a la presidencia del Consejo de Estado.

Desde la Xunta y el PP gallego se resta a este reconocimiento cualquier matiz partidario. “Hablamos de un hombre de Estado que sabe lo que es trabajar por Galicia desde todas las Administraciones públicas” y “nunca entendió servir a Galicia y trabajar por España como una disyuntiva”, defiende Feijóo.

Gonzalo Fernández de la Mora, fallecido en 2002, fue un dirigente clave en el tardofranquismo que ocupó la cartera de Obras Públicas a partir de 1970, bajo la presidencia de Luis Carrero Blanco y hasta 1974. Antes había desempeñado una exitosa carrera diplomática en la dictadura con distintas paradas en consulados tan codiciados como Fráncfort, Bonn y Atenas.

Criado en una familia muy conservadora -su padre fue coronel del cuerpo jurídico militar y su madre, de ascendientes monárquicos, era hija de un ministro de Isabel II- durante la Transición, Gonzalo Fernández de la Mora fundó Unión Nacional Española, que después se integró en Alianza Popular, lo que aupó al exministro del régimen a la vicepresidencia de AP. El periodismo de la época lo situó dentro del denominado grupo de “los siete magníficos de Alianza Popular” junto a otros fundadores del partido: Manuel Fraga (cabeza visible de Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), y Licino de la Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA) y Licinio de la Fuente (Reforma Social).

Padre de cuatro hijos, Isabel, Gonzalo, Juan Luis y Sandra, una de ellas, Isabel, ha ocultado al menos desde 2003 más de 640.000 euros en Suiza, según la investigación de Los Papeles de la Castellana. La cuenta se abrió apenas un año después del fallecimiento de su padre. Su hijo Gonzalo Fernández de la Mora Varela es director de la revista “Razón española” que fundó su padre y que en 2013 cumplió 30 años.

Fernández de la Mora ocupó un escaño por Pontevedra tras las elecciones constituyentes y allí entabló relación con un joven registrador de la propiedad con el que estaba lejanamente emparentado llamado Mariano Rajoy Brey. La entrada del hoy presidente del Gobierno en Alianza Popular fue precisamente a través de Unión Nacional Española, partido en el que militó, convertido en discípulo de las teorías que Fernández de la Mora explicitó en su libro más famoso, El crepúsculo de las ideologías, un tratado ideológico que asumía la desigualdad como algo inherente al ser humano y calificaba a quienes proponían luchar contra ella como “envidiosos”. El ensayo coqueteaba con las teorías supremacistas.

Etiquetado como uno de los inmovilistas del Régimen, Fernández De la Mora abandonó esas siglas cuando Alianza Popular recomendó el voto a favor de la Constitución. Rajoy, entretanto, siguió su camino en la política gallega alineado con alguna de las tesis de su mentor, como la que le llevó a escribir un polémico artículo en el diario Faro de Vigo –ya como presidente de la Diputación de Pontevedra– que tituló “Igualdad y modelos de sociedad”. En aquella tribuna Rajoy citaba el libro “magistral” de Fernández de la Mora para legitimar, él también, las desigualdades sociales y políticas y deslizar los beneficios que ofrece a la sociedad las diferencias basadas en la estirpe.

El exministro franquista siguió todavía unos años como cara del partido Derecha Democrática Española, que propugnaba reformar la Constitución, y escribió numerosos ensayos y artículos siempre defendiendo posiciones muy conservadoras.

En 2002, tras la muerte de Gonzalo Fernández de la Mora, ABC, periódico en el que colaboraba como editorialista, definió así su trayectoria como ministro de Obras Públicas del franquismo: “Dobló los créditos presupuestarios para carreteras y terminó el acondicionamiento de la red principal, elaboró la Ley General de Autopistas (adjudicando 1.500 kilómetros), redujo al mínimo el déficit de Renfe e inició la construcción de la gran estación ferroviaria madrileña de Chamartín, dobló la red del metro de Madrid y Barcelona y resolvió el abastecimiento de agua a Madrid”.

Su mayor fracaso fue el detonante de sus mayores éxitos. En abril de 1987, al poco de llegar a la presidencia de Alianza Popular –germen del PP–, presentó una moción de censura contra Felipe González. González había conseguido su segunda mayoría absoluta un año antes y estaba a dos de revalidarla. Hernández Mancha perdió la moción de censura y, con aquella derrota, comenzó su declive interno en el partido y, por ende, en la política española.

Hernández Mancha Nació en Guareña, provincia de Badajoz, en 1951. Empezó su carrera profesional como abogado del Estado en Córdoba y Granada, hasta que entró en política en 1982, y en 1987 se convierte en portavoz de Alianza Popular en el Parlamento andaluz y diputado por Córdoba.

En febrero de 1987, tras la segunda mayoría absoluta del PSOE, Manuel Fraga presenta su dimisión como presidente del partido, que dan origen a las únicas primarias celebradas en el partido conservador. De aquella disputa, Hernández Mancha derrota a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y asume la presidencia con Arturo García-Tizón como secretario general.

En enero 1989 se celebra el congreso por el que Alianza Popular se convierte en el Partido Popular. Manuel Fraga retoma provisionalmente la presidencia tras defenestrar a Hernández Mancha, quien anuncia el abandono de la política. “Una retirada a tiempo es una victoria”. En ese congreso, José María Aznar es nombrado vicepresidente y Rosendo Naseiro, tesorero nacional.

Y, en efecto, Hernández Mancha abandona la política para centrarse en sus negocios y a su despacho de abogados.

Antes, junto con Rosendo Naseiro y Arturo García-Tizón, fue una de las personas relacionadas con la cuenta opaca que utilizó Alianza Popular para mover dinero fuera de la contabilidad oficial: eldiario.es tuvo acceso en exclusiva a una esclarecedora documentación en la que se demuestra que el manejo de dinero negro en el partido que hoy gobierna España existe en la derecha española desde los últimos años de Alianza Popular (AP) y la fundación del PP. eldiario.es tuvo acceso a una copiosa documentación que Rosendo Naseiro ha ocultado durante un cuarto de siglo. Naseiro fue el primer tesorero del PP –entre marzo de 1989 y abril de 1990–, y también el protagonista de uno de los grandes escándalos de corrupción en España de la época. En la documentación que guardaba Naseiro se da detalle y se aportan las pruebas sobre la existencia de una cuenta corriente opaca en el Banco de Fomento a nombre de Acciones y Programas del Partido Unificado de Alianza Popular (PUAP). La cuenta permaneció operativa entre el 12 de marzo de 1987 y el 7 de diciembre de 1988, coincidiendo casi exactamente con los cerca de dos años en los que el presidente del partido conservador fue Antonio Hernández Mancha.

Junto a la advertencia de “Confidencial”, en la primera de las 53 páginas del documento conservado por Naseiro puede leerse que contiene el “Movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad” y la “Documentación que se ha solicitado a la entidad en la que está abierta la cuenta corriente”.

Negocios privados y papeles de Panamá

Durante la primera guerra de Irak, en 2003, Hernández Mancha vuelve a la actualidad al realizar trabajos de asesoramiento para empresas europeas en el mismo Bagdad. Según publicó El Periódico de Extremadura entonces, su pretensión era montar un consulting en el que trabajen diversos españoles e iraquíes especializados en diferentes campos y que puedan asesorar e informar de los pasos a seguir a empresas o personas que quieran instalarse en Irak.

Según Hernández Mancha, su oficina dará información sobre numerosos servicios, como intérpretes, seguridad, alojamientos o transporte, entre otros. La idea, indica, se le ocurrió porque su despacho de abogados tiene que atender a algunos clientes y empresas relacionadas con Irak.

Además, Hernández Mancha es otro de los nombres que aparecen en los Papeles de Panamá, que recogen la lista de clientes que usaron al bufete panameño Mossack Fonseca para crear sociedades opacas en paraísos fiscales. Concretamente una llamada Lambeth. Lo ha desvelado el programa El Objetivode Ana Pastor de La Sexta, que ha entrevistado al político en directo. Hernández Mancha, que se alzó con la presidencia de AP tras la dimisión de Manuel Fraga a finales de 1986, niega los hechos y que él sea la persona que aparece en los papeles.

En la entrevista en directo en el programa, Hernández Mancha ha dicho que está viviendo uno de “los peores momentos de su vida” y niega la información, pese a que aparece su nombre y su DNI con la firma de un notario de Luxemburgo, el mismo que firma los papeles de otras personas que han aparecido en los papeles. “Ahí aparezco yo, pero es una suplantación bastante tosca”. Sin embargo, ha reconocido que tiene una sociedad en Panamá y que tuvo una cuenta en Suiza, según su versión, sin fondos.

Su explicación ha sido que todo empezó con un piso que su mujer quiso comprar en Madrid y que era propiedad de una sociedad panameña. “Ante el Gobierno manifestamos que queremos adquirir la sociedad, y nos autorizaron”. El expresidente de AP dice que todo fue comunicado. Aunque reconoce esa sociedad, niega ser la persona que aparece en la que ha desvelado La Sexta, llamada Lambeth. Tampoco sabe explicar la casualidad de que el notario que operaba con Mossack Fonseca sea el mismo que el que firma el poder notarial en el que sale Hernández Mancha.

Tras una intervención bastante confusa del político, Ana Pastor le ha preguntado directamente: “¿Quién le ha suplantado?”. A lo que Hernández Mancha ha respondido: “No tengo ni idea, pero estoy deseando investigarlo”. Pero no lo ha denunciado.

Pilar de Borbón, José Manuel Soria, Pedro y Agustín Almodóvar, Leo Messi,Corinna o la mujer de Felipe González han sido los personajes más conocidos de la versión española de Los papeles de Panamá. Sobre las consecuencias políticas de la publicación, la más importante ha sido la dimisión del titular de Industria. Pero en los 11,5 millones de documentos filtrados del despacho Mossack Fonseca hay más nombres que se publicarán en los próximos días, ya que e l Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará la base de datos completa con esos y otros 214.000 nombres de personas y compañías que engrosan la enorme clientela del despacho que ayuda a crear empresas en paraísos fiscales.

En el caso español hay al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal en España, cuya identidad será pública en unos días, según ha confirmado a eldiario.es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que ha liderado internacionalmente el escrutinio de los papeles de Panamá.

El número de clientes de Fonseca procedentes de otros países era muy superior, según datos provisionales de la primera base de datos. Por ejemplo, de Reino Unido (9.670 sociedades y casi cinco mil accionistas), Emiratos Árabes (más de 7.000 empresas), Mónaco (133 beneficiarios y 3.175 sociedades), Suiza (308 beneficiarios y más de 38.000 compañías) o Estados Unidos (más de 3.000 sociedades).

La retirada sin dimisión protagonizada por Mariano Rajoy que condiciona desde el pasado viernes el proceso hacia la formación del nuevo Gobierno de España ha dado lugar a toda clase de interpretaciones sobre el carácter y la posible estrategia del presidente en funciones. Sea cual sea la intención de la parada técnica realizada ahora por Rajoy, no es la primera ocasión en la que el veterano líder del PP echa mano del amago de retirada dentro de su caja de herramientas políticas. Quien lo ha sido prácticamente todo en la política española ya lo ha hecho, al menos, una vez, cuando durante uno de los episodios más convulsos de la política gallega anunció su más que probable marcha de la política activa. Y de esto hace casi tres décadas.

El inicio de este episodio hay que buscarlo en el otoño de 1986. El líder de la oposición en el Congreso y presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, parecía dispuesto a avalar los movimientos del vicepresidente de la Xunta y hombre fuerte del Gobierno gallego, Xosé Luís Barreiro, relevar al entonces presidente, Gerardo Fernández Albor, como cabeza de cartel en los siguientes comicios, previstos para 1989. No obstante, Barreiro quiso acelerar los tiempos y alimentó una operación de derribo de Albor que se concretó con su dimisión y la de cinco conselleiros. Además, otros tres miembros del gobierno ponían en duda su continuidad en el joven gobierno autónomo.

El intento de desbancar a Albor fue respondido por Fraga con un aval a su continuidad y a la reconstrucción del Ejecutivo con nuevos miembros. Una de las incorporaciones fue quien ya había sido secretario de Relaciones Parlamentarias, Mariano Rajoy, que el 5 de noviembre tomaba posesión en uno de los excepcionales actos públicos en los que se le recuerda pronunciando palabras en gallego. Pocos Barreiro Rivas, que se había mantenido en los escaños de AP, la abandonaba para fundar Unión Democrática Galega y, acto seguido, integrarse con sus afines en el grupo de Coalición Galega, partido que a su vez era tentado por el vicepresidente Rajoy, dispuesto a integrarlo en el minoritario gobierno de Albor. 

Pero los coagas no accedieron. Al contrario. Contribuyeron a forjar la moción de censura que, junto al Partido Nacionalista Galego y al grupo de Barreiro se disponía en convertir en presidente al socialista Fernando González Laxe. En el debate de aquella moción de censura el Gobierno Albor estuvo representado por Rajoy, que subió a la tribuna de la Cámara para preguntarse retóricamente si de aquel pacto con tantos y tan dispares socios podría salir “un Gobierno estable”. 

Barreiro, advertía Rajoy, no era de fiar, y por eso se permitía dirigirse “cariñosamente” a González Laxe para revelarle “una cosa”. “Acuérdese usted de las palabras desinteresadas que le dice, desde esta Cámara, quien posiblemente dentro de poco tenga que abandonar la actividad política”, dijo Rajoy en referencia a sí mismo, tal y como acredita el Diario de Sesiones del Parlamento. “Señor Laxe, ándese con mucho cuidado”, recomendó. Él, como el resto de AP, dijo, sabía que incorporar al grupo de Barreiro era gobernar “con el veneno dentro”. El Grupo Popular pasaría a la oposición “y nos juzgará la historia, no nos juzgarán ustedes”, señaló. Mientras, el resto de grupos se disponía a darle “una enorme bofetada a la democracia”.

La censura estaba a punto de triunfar pero, justo antes de la votación, el gabinete de Albor y Rajoy amagaba con pulsar su particular botón nuclear. Si la moción triunfaba, AP demandaría a Barreiro por presunta prevaricación en la concesión de la que iba a ser la lotería gallega, llamada Tres en Raia, que el exvicepresidente había adjudicado a una empresa, Sociedad General de Juegos de Galicia, que todavía no se había constituído.

Coalición Galega siguió adelante con la censura y los populares cumplieron su amenaza. El día previo a la votación presentaron la demanda en un juzgado de Santiago y, aunque la concesión de la lotería nunca había llegado a ser efectiva porque la propia Xunta de AP la había anulado, Barreiro fue procesado en 1988 tras un proceso en el que el propio Rajoy fue llamado a declarar. La Audiencia Provincial absolvió a Barreiro, pero la Fiscalia recurrió y el Tribunal Supremo acabó condenándole a seis años de inhabilitación en 1990, lo que Barreiro consideró como “una maniobra perfectamente instrumentada para eliminar a un señor de la vida política”.

Asociar el Partido Popular con el espíritu de la Transición contrasta con una trayectoria que se puede resumir brevemente en algunos hechos indiscutibles

Viendo a Adolfo Suárez Illana apoyar a Mariano Rajoy en actos de campaña electoral, es inevitable recordar cuál fue el papel del PP durante la Transición. Sobre todo, por la vindicación que se hace de su aportación en este singular proceso de cambio democrático y del llamado “espíritu de la Transición”.

Es inevitable preguntarse, incluso, si el hijo del antiguo presidente del Gobierno es consciente de cómo Alianza Popular -el nombre primigenio del partido- se comportó durante el proceso de cambio y ante su conductor.

Es bien cierto que Adolfo Suárez González apoyó a su hijo cuando fue, en 2003, candidato a presidente de Castilla La Mancha por el partido entonces liderado por José María Aznar, al que se había afiliado. Ya lo habían hecho antes antiguos dirigentes de Unión de Centro Democrático, muchos más de los que habían pasado en el PSOE o habían seguido al líder en la aventura efímera del Centro Democrático y Social.

Pero asociar el Partido Popular con el espíritu de la Transición contrasta con una trayectoria que se puede resumir brevemente en algunos hechos indiscutibles.

1) Alianza Popular es un partido fundado a finales de verano de 1976 por un grupo de ex ministros de Franco, bajo el liderazgo de Manuel Fraga Iribarne, que había esperado ser el sucesor de Carlos Arias Navarro en la presidencia del Gobierno, a primeros de julio. El rey Juan Carlos prefirió al poco conocido Adolfo Suárez González, que en el gobierno anterior había sido ministro secretario general del Movimiento.

2) Fraga y otros miembros del gobierno cesante, también fundadores de AP, se opusieron a la amnistía dictada por el rey en el estreno del gobierno Suárez, aunque quedaran excluidos los delitos de terrorismo. Bajo el gobierno Arias, las peticiones de amnistía fueron rechazadas y perseguidas policialmente cuando se hacían por medio de manifestaciones.

3) Alianza Popular estrenó agrupando más de un centenar de procuradores en Cortes y consiguiendo que la regulación electoral de la ley de reforma política asegurara el predominio de las zonas rurales en el Senado -cuatro senadores por provincia, al margen de las diferencias de población- y un reforzamiento de su peso en el Congreso de Diputados para frenar la izquierda de las grandes ciudades.

4) Alianza Popular discutió la legalidad de la presentación de Suárez en las elecciones de junio de 1977 encabezando la coalición Unión de Centro Democrático.

5) Alianza Popular se opuso a la legalización del Partido Comunista de España y abonó la respuesta negativa del Ejército.

6) El resultado de todo ello fue la derrota estrepitosa de unas candidaturas netamente franquistas. AP quedó en cuarta posición en las primeras elecciones, con sólo el 8,21% de votos y 16 diputados, por detrás de UCD, PSOE y PCE.

7) AP se abstuvo en la votación de la amnistía definitiva en el Congreso de Diputados, el 19 de octubre de 1977, a pesar de incluir a los funcionarios franquistas y impedir el reingreso en el Ejército de los condenados por su pertenencia a la Unión Militar Democrática.

8) AP se abstuvo en la firma de la parte política de los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977.

9) En la votación parlamentaria de la Constitución, en noviembre de 1978, 5 de los 6 votos negativos fueron de miembros de AP, así como 3 de las 14 abstenciones.

Todos ellos son hechos bien conocidos, pero quizás no lo suficiente recordados. He aquí la Transición del PP.

El expresidente de Alianza Popular (AP) Antonio Hernández Mancha insiste en que la cuenta opaca que desveló eldiario.es no era ilegal, puesto que no existía aún una ley de financiación de partidos. Según el expolítico, antes de que entrara en vigor esa normativa, en julio de 1987, las cuentas eran una “anarquía”, aunque ha alegado que las de AP estaban fiscalizadas por los bancos con los que había contraído deudas.

Hernández Mancha ha explicado en una entrevista en la Cadena SER que la ley de financiación de partidos políticos entró en vigor cuando él llevaba seis meses al frente de AP y ha defendido que tuvo que pasar por un “periodo transitorio” para adecuarse a la normativa.

Interrogado por la necesidad de que el partido conservador tuviera que cumplir con las obligaciones tributarias, el exdirigente ha dicho que “en aquel momento Hacienda no nos fiscalizaba”. “Las normas fiscales también han ido cambiando”, ha precisado. Además, ha señalado que eran los bancos con los que el partido había contraído deudas los que “fiscalizaron” los números del PP cuando entró en vigor la legislación“. ”El Banco Popular llevaba un control de las entradas y salidas, además de la contabilidad que llevaba mi tesorero“, ha explicado.

Cuando el PP abrió esa cuenta opaca, el Congreso de los Diputados estaba tramitando la Ley sobre financiación de los partidos políticos, que vería la luz el 3 de julio de 1987. El PP siguió operando con esa cuenta y moviendo cheques al portador incluso después de que la legislación les obligase a ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. La cuenta no se cerró hasta diciembre de 1988.

Sobre la anotación del entonces tesorero, Rosendo Naseiro, que describió la documentación sobre la cuenta corriente de AP como “confidencial” por tratarse del “movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad”, Hernández Mancha no ha sabido contestar: “Pregúntele al señor Naseiro”, ha dicho. A pesar de desconocer por qué el extesorero se refería así a esos movimientos, ha asegurado que no podía ser una cuenta en la “clandestinidad” porque estaba en un banco a nombre de Alianza Popular.

El expresidente de AP ha asegurado que financió personalmente la formación al suscribir pólizas para pagar asuntos del partido, como la sede en Córdoba. Ha explicado que era Manuel Fraga el que le ordenaba que actuara de esa manera. Según el abogado, esas deudas siguen sin pagarse al Banco Santander. “Cada vez que me las pasan a cobro, tengo que recordar que era para el partido”, ha afirmado.

Hernández Mancha ha señalado que despidió al equipo de tesorería cuando se hizo con el poder del partido. Aunque ha asegurado que Mariano Rajoy no sabía nada de los movimientos de los extesoreros, no ha querido decir lo mismo de Aznar. Tampoco se ha pronunciado sobre la reincorporación de Sanchis, Bárcenas y Naseiro cuando él dejó la presidencia de AP. “El feeling mío de cómo gestionaban los dineros del partido no era el que se acomodaba a mis criterios éticos y de eficacia”, ha dicho el expolítico. Además, ha criticado que Naseiro organizara unas cenas a las que acudía Fraga con “la flor y nata” de los empresarios en las que estos pagaban una cantidad de dinero por asistir: “Eso no me gustaba”.

Sobre su descripción de eldiario.es como una “hoja parroquial que no lee nadie” ha dicho que no quería “ofender”. “Puedo compararles con el Wall Street Journal y así no se sienten ofendidos”, ha añadido. “El auto de Ruz justo dice lo contrario de lo que dice el informe de eldiario.es”, ha proseguido Hernández Mancha, que ha lamentado que la Cadena SER le diera importancia a la información e incluso que Iñaki Gabilondo, a quien ha llamado ínclito, le dedicara su videoblog.

También ha pedido una “última palabra” para defender a Rajoy. “La estabilidad de usted como periodista, de esta casa [Grupo Prisa] y de España depende de que siga gobernando Mariano Rajoy”, le ha espetado a Pepa Bueno. “El Grupo Prisa es una columna vertebral no solo de nuestro periodismo sino también de nuestra cultura y lamento las dificultades que atraviesa –ha proseguido–. Ustedes, que tienen que velar por la continuidad de una institución valiosa, tienen que saber que está garantizado si gana Rajoy y, si no gana, igual no está tan garantizado”, ha zanjado.

Los miembros del Partido Popular han evitado hacer valoraciones a la información publicada por este medio con los documentos mediante de que la contabilidad B del Partido Popular existió desde su misma fundación. Fue el actual presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, el que abrió la cuenta bancaria en el ya desaparecido Banco de Fomento y el que firmó la gran mayoría de los cheques expedidos con dicha cuenta.

Arturo García-Tizón va como número 3 en la lista municipal del Partido Popular al Ayuntamiento de Toledo, una lista que encabeza Jesús Labrador (ex-delegado de Gobierno). Labrador protagonizaba en la mañana que se ha conocido la información un acto con habitantes del polígono residencial Santa María de Benquerencia y atendía a los medios posteriormente. Tras valorar el encuentro y las medidas aportadas por los habitantes de esta zona toledana, ha valorado también los datos del paro registrado (que se conocían una hora antes).

Por último ha sido preguntado por este medio por la información referente al número 3 de su lista, sobre lo que ha afirmado que “no leo informaciones que son falsas”. Posteriormente se ha dirigido al redactor que ha hecho la pregunta para cuestionarle a qué año obedece esa contabilidad, a lo que se le ha respondido que es de 1989 (del paso de Alianza Popular a Partido Popular) ante lo que ha espetado “¿pero usted había nacido en ese año?”.

Francisco Cañizares, portavoz del PP de la región, también intervino horas después de conocerse la información si bien en su rueda de prensa solo se han hablado de temas de empleo (es portavoz en esta materia del partido). Por parte del PP regional nadie ha dado explicaciones sobre los documentos aportados. A nivel nacional sí se han dado explicaciones negando todas las informaciones a pesar de toda la documentación aportada por este medio e incluso indican que en esos años “no existía una ley que hablase de la financiación de partidos”.

La mayoría de los miembros del partido se han basado en o bien tratar de desacreditar la información o en recalcar que ha pasado mucho tiempo de aquello, a pesar de que se constata así que el PP se ha financiado con una contabilidad B desde sus comienzos. El propio García-Tizón indicaba que “hace muchos años de eso” y que ya no se acuerda de si firmó algún cheque (fueron casi 40) en aquellos años. Tampoco ha dicho recordar que fue quien abrió la cuenta bancaria donde se movía el dinero del partido.

Hay un hilo conductor de corrupción que va desde la fundación de AP por Fraga al PP de Rajoy y que ayuda a entender a este partido y lo explica

Ya tenemos hoy las pruebas fehacientes que demuestran lo que nos temíamos desde hace años: que la Caja B, que el dinero B, que la financiación ilegal estaban en el ADN del PP, de soltero AP. Que el PP se ha abastecido de dinero ilegal desde su origen y que lejos de existir una conjura de los tesoreros, todos coaligados en maquinación masónica en la tarea de buscar la ruina al PP, los administradores del dinero de AP/PP formaban parte de un engranaje basado en el manejo de dinero negro, en el trasiego de pesetas y euros sin pasar por el fisco, en un ir y venir de cheques y pagos, en trapicheo, en escaqueo del dinero a la Hacienda que deberíamos ser todos. Ante la difusión de los papeles que evidencian esta financiación ilegal desde el origen, hay que subrayar una vez más: ¡cuánto tiempo y esfuerzo cuesta demostrar lo obvio!

Los documentos publicados por este periódico certifican que desde que se fundó AP, y de su costilla se creó luego el PP, el dinero no controlado por Hacienda ha sido la base de la financiación de este partido: desde Fraga hasta Rajoy; de Hernández Mancha a Aznar; de Naseiro a Bárcenas; de Sanchis a Lapuerta y a los que hubieran seguido, de no publicarse, en enero de 2014, los papeles de Bárcenas, con B.

Hay un hilo conductor de corrupción que va desde la fundación de AP por Fraga al PP de Rajoy y que ayuda a entender a este partido y lo explica.

Un trasiego de pesetas y euros, un barrizal de empresarios que dan dinero “al partido” y luego se lo cobran en obras públicas; gentes que inyectan dinero a AP/PP de forma absolutamente interesada, para recibir todo a cambio; una economía paralela, fraudulenta, mentirosa; millones de pesetas y de euros sustraídos al fisco.

Las reacciones a la difusión de la evidencia de la contabilidad paralela certifican la verdad de los papeles desvelados por eldiario.es.

Así, va Hernández Mancha y dice que este periódico es una hoja parroquial que no lee nadie, y ese aparente rechazo del marco informativo es una forma asaz explícita de su aceptación: él, aunque sea nadie, se lo ha leído.

Hernández Mancha, que expulsó de AP a Gregorio Ordoñez –que luego sería asesinado por ETA–, cuando este era concejal de su partido en el Ayuntamiento de San Sebastián; Mancha, que hizo un papelón patético, sin encontrar sus propios folios, sus propias palabras, en un debate sobre el estado de la nación en el que fue laminado por Felipe González; Mancha, que luego de abandonar la política se dedicó a hacer negocios turbios en países turbios, dice que la información le suena a chino. (A chino le suena también al ministro de Interior, Fernández Díaz, el lío del ático del aún presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González).

Hernando, portavoz del PP en el Congreso, reniega del pasado de su propio partido y dice que él no sabe nada de lo que pudo ocurrir hace tantos lustros. Normal, no sabe nada de lo que ocurre ahora, Bárcenas, como para entrar en memorias.

Pero lo cierto es que empresarios que luego eran favorecidos con contratos públicos han soltado millones de pesetas y de euros a AP/ PP. Que ese dinero que deberían haber pagado al fisco para construir los hospitales, las escuelas, las carreteras…, todo eso que se dice en estos casos, se lo han embolsado en el partido de Rajoy; ha sido blanqueado, inyectado en las arcas de AP/PP con la herramienta de los tesoreros elegidos para esa tarea y no para otra.

Mientras Rus cuenta billetes en Valencia con voz cazallera y de fondo se escuchan comentarios tabernarios del tipo “trabajar es de tontos”, AP/PP queda retratada en su esencia corrupta, en su caja B, en su contabilidad B, en su financiación ilegal. Mariano callará.

El manejo de dinero negro en el PP para la elaboración de una contabilidad paralela o caja B existe desde los últimos años de Alianza Popular y la fundación del propio partido. Una documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es señala a Rosendo Naseiro, Antonio Hernández Mancha y Arturo García-Tizón como principales personas relacionadas con la cuenta opaca que utilizó el partido fundado por Manuel Fraga para mover dinero fuera de la contabilidad oficial. García-Tizón, hombre de confianza de María Dolores de Cospedal, es actual presidente de la Diputación de Toledo y concurre cono número 3 en la lista de candidatos para el Ayuntamiento de la ciudad, que encabeza Jesús Labrador.

De esta forma, la elaboración de esta contabilidad en B del PP se proyecta más atrás en el tiempo de lo señalado por el juez Pablo Ruz y el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, quienes dan por hecho en sus autos y escritos de acusación que estas prácticas se llevaron a cabo entre 1999 y 2008. Pero copiosa documentación que Rosedo Naseiro, primer tesorero del PP, ha ocultado durante un cuarto siglo desvela que estas prácticas se remontan aún más atrás en el tiempo.

En la documentación que guardaba Naseiro se da detalle y se aportan las pruebas sobre la existencia de una cuenta corriente opaca en el Banco de Fomento a nombre de Acciones y Programas del Partido Unificado de Alianza Popular (PUAP). La cuenta permaneció operativa entre el 12 de marzo de 1987 y el 7 de diciembre de 1988, coincidiendo casi exactamente con los cerca de dos años en los que el presidente del partido conservador fue Antonio Hernández Mancha.

Junto a la advertencia de “Confidencial”, en la primera de las 53 páginas del documento conservado por Naseiro puede leerse que contiene el “Movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad” y la “Documentación que se ha solicitado a la entidad en la que está abierta la cuenta corriente”.

La cuenta corriente fue abierta el 12 de marzo de 1987 con el número 0014 51 500 05632-2 en la sucursal de la calle Recoletos 22 de Madrid del desaparecido Banco de Fomento SA. En ese año, en junio, se celebraron elecciones municipales y europeas. Quien solicitó la apertura fue Arturo García-Tizón Tizón López, secretario general de Alianza Popular durante la presidencia de Hernández Mancha, y en ella dio poderes al gerente de entonces: Juan Ávila González.

Durante los 21 meses que la cuenta permaneció operativa se realizaron al menos 64 operaciones, según las copias de los extractos y fotocopias de cheques que conservó Rosendo Naseiro. De estas operaciones, 13 fueron ingresos por un importe de 140 millones de pesetas; 51 fueron pagos por una cuantía de 64 millones de pesetas.

Distribución de los ingresos

De los 140 millones de pesetas ingresados, la mitad, 70,2 millones de pesetas, fueron entregados al banco en “billetes y metálico”, según se desprende de las copias de los extractos. Otros 18 millones de pesetas se consiguieron por “cancelación de pagarés” y 27,2 millones de pesetas más por “cesión de pagarés del Tesoro”. El resto de los ingresos tiene procedencias diversas: desde entregas de la sucursal del Banco de Fomento en Toledo, hasta una cantidad, también en efectivo, de 12.470 francos franceses. En ningún papel se hace constar la identidad de quien hace el ingreso.

Los pagos documentados se realizaron todos mediante 51 cheques de los que únicamente siete son nominativos. Los 44 restantes son “al portador”. Entre estos cheques “al portador” hay uno de 15 millones de pesetas, y otros de 8,1 millones de pesetas, 7 millones de pesetas, 4,1 millones de pesetas, etc, cantidades todas ellas extraordinariamente elevadas para la época y para ser entregadas a cambio de un título que oculta la identidad del destinatario.

El secretario general de Alianza Popular y solicitante de la cuenta, Arturo García-Tizón Tizón, firmó 39 de los 51 cheques. Los restantes llevaban la rúbrica autorizada de Juan Ávila González, entonces gerente de AP.

Lo cierto es que el último cheque 'al portador' de la serie que se firma el 7 de diciembre de 1988, el mismo día en que se clausura la cuenta, la cantidad que se retira es únicamente de 8.108.115 pesetas. Es lo que entonces quedaba en la cuenta opaca de AP. Esa misma cantidad coincide con la primera cifra que aparece en los papeles de Bárcenas en su primer apunte, donde se registra un ingreso de ocho millones de pesetas aportados por R.N., las iniciales de Rosendo Naseiro.

En conversación con eldiario.es, García-Tizón ha aludido al tiempo transcurrido: “Han pasado casi 30 años y no recuerdo cómo se hizo aquello”. A la pregunta de si no recuerda que era él quien firmaba los cheques que el PP hacía circular en torno a aquella cuenta, el actual presidente de la Diputación de Toledo afirma: “No recuerdo si firmé o no cheques”.