El Gobierno de Zaragoza ya tiene listo, para someter a información pública, el proyecto básico y de ejecución de las obras de la futura Escuela Infantil de Arcosur que, con un presupuesto de 2.980.017,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses, podrá comenzar su construcción antes de este verano de 2026, dado que tanto la redacción del proyecto como la ejecución de obras se licitó de forma conjunta con el objetivo de reducir los plazos ante una demanda vecinal en incremento dada la ampliación poblacional que está sufriendo el Distrito Sur.

Así lo ha afirmado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha desgranado los detalles del proyecto, que se levantará en una parcela municipal situada en el barrio, entre las avenidas del Cierzo, del Torico, del 21 de junio de 2009 y del paseo de los Arqueros. “El edificio se creará bajo criterios de diseño y construcción saludable y de alta eficiencia energética. Se ha cuidado la transparencia y la comunicación visual entre espacios favoreciendo la luz natural y una correcta gestión de la iluminación y la privacidad, garantizando la máxima eficiencia energética y confort con la mínima demanda energética. Asimismo, se ha proyectado de forma que se minimice el mantenimiento durante la operación del edificio”, ha ahondado la alcaldesa.

La construcción del edificio será modular y de obra nueva, cuya volumetría y tratamiento de las fachadas “buscará una integración armónica con el paisaje urbano y natural, mediante líneas limpias y una escala adaptada al uso infantil”, ha explicado Natalia Chueca. La geometría se propone con forma de “L”, de manera que se dividen los espacios educativos en “dos alas, permitiendo la separación por edades y niveles de desarrollo”, ha apuntado la primera edil. Los espacios para el alumnado se abren hacia el núcleo de la parcela mientras que los espacios de servicio se abren hacia el exterior de la parcela. 

La construcción del edificio se realizará desde un punto de vista modular industrializado, de forma que estará compuesto por 43 unidades modulares que serán fabricados y construidos offsite, transportados en 3 dimensiones totalmente terminados y unidos in situ sobre la cimentación de hormigón armado. 

El proyecto consta de dos tipologías de módulo: 25 unidades de aproximadamente 9x3 m y 18 unidades de 6,6x 3 m. Además, cuenta con 6 unidades de porche y un porche de mayores dimensiones de acceso. Cada uno de los módulos es autoportante, aunque in situ se conectarán estructuralmente unos a otros así como a la cimentación.

Las aulas se prolongarán hacia el exterior a través de porches. El equipamiento de uso educativo contará con una superficie útil interior de 923 m² distribuida en: 6 aulas, 3 aseos infantiles, 3 dormitorios, biberonería, aula de atención especial y área polivalente. Además, se incluyen cocina con despensa y office, almacén de la cocina, almacén, limpieza, lavandería, AMPA, lactancia, sala de profesores, vestíbulo, dirección, instalaciones, carritos, cortavientos, zona de juego y vestuarios. El espacio contará con una zona exterior de estacionamiento.

La superficie útil de los porches será de 142 m², compuesta por un porche de acceso y 6 porches que dan acceso a una zona ajardinada de 636 m² desde las aulas. La superficie construida de la escuela será de 1.010 m² y la de los porches de 155 m², haciendo un total de superficie construida de 1.166 m².

El proyecto se apoya en criterios de coherencia formal, sostenibilidad y confort, garantizando espacios seguros, accesibles y acogedores, donde el contacto con el exterior y la calidad ambiental favorecen el aprendizaje y la convivencia. Los espacios exteriores permiten crear un contexto saludable, activo y en relación con el medio ambiente, convirtiéndolos en áreas de aprendizaje al aire libre. Se proyectarán con materiales continuos, elementos de vegetación, zonas ajardinadas y árboles de hoja caduca que permitan la sombra en verano y el soleamiento en invierno.

Su ubicación y configuración en la parcela buscan la mejor integración con la urbanización existente y mejor orientación en cuanto a soleamiento y privacidad. La forma del edificio y su ubicación permiten así una construcción de diseño bioclimático y saludable, que posibilita y favorece la captación solar pasiva en invierno, la protección en verano y la ventilación natural cruzada. Todas las aulas tendrán orientación Este para aprovechar la luz de la mañana, mientras que en las zonas Suroeste y Noroeste estarán las áreas de servicio. De esta forma se protege la zona de recreo del cierzo.

Asimismo, las envolventes se protegerán con láminas transpirables, cintas expansivas y de altos niveles de aislamiento, garantizando así los valores óptimos de hermeticidad y confort térmico-acústico.

Cientos de trabajadores de las escuelas infantiles madrileñas se han concentrado este miércoles por la tarde en la plaza de Callao de Madrid en la tercera jornada de huelga indefinida para exigir mejoras salariales y bajadas de ratios. 'Hasta los ovarios de sueldos precarios' y 'El 0-3 no llega a fin de mes' han sido algunos de los lemas que se han podido leer en los carteles de los profesionales, que han propinado una enorme pitada mientras vestían de amarillo, que representa el color de la infancia, acompañada por una cacerolada.

Convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT, trabajadores de las escuelas infantiles vuelven a denunciar la “falta de atención institucional” hacia el primer ciclo de Educación Infantil, entre los 0 y 3 años, con unas reclamaciones que se dirigen al Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La huelga, que apoyan CCOO y UGT, se mantendrá “el tiempo que sea necesario” hasta que se produzcan mejoras que “permitan garantizar una educación de calidad”.

La Plataforma de Escuelas Infantiles reclama a la Comunidad de Madrid “un plan con mejoras” en los centros, con el reconocimiento de las categorías profesionales, más recursos materiales, el mantenimiento de las infraestructuras y un calendario escolar “acorde a las necesidades de la primera infancia”. El último encuentro entre la Comunidad y la Plataforma tuvo lugar hace unos días. Desde el Gobierno regional manifestaron que “reconocen y valoran” el trabajo de estos profesionales, a la vez que instaron a sindicatos y patronales al “diálogo” para mejorar el convenio colectivo del sector.

Según la Plataforma, el Ayuntamiento de Madrid hasta ahora no se ha reunido con los profesionales, por lo que prevén realizan más concentraciones para que “escuchen sus reclamaciones”. Tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se siente con los trabajadores.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

Las escuelas infantiles andaluzas se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Andalucía para exigir a la Junta una actualización urgente del llamado precio plaza, la cuantía que la administración abona por cada menor escolarizado y que permanece congelada desde 2020, según denuncian las organizaciones representativas del sector.

La protesta se produce apenas una semana después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara la gratuidad de las plazas para niños de uno a dos años a partir del próximo curso 2026/27. Con esta medida, la Junta completa la bonificación al 100% de la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) que se había planteado alcanzar en seis años, pero deja sin resolver “las necesidades reales y urgentes” de financiación, que vienen denunciando las escuelas infantiles.

“La gratuidad es una buenísima noticia para las familias y para el desarrollo de los niños, pero sin una actualización del precio plaza, los centros no son viables”, explica a este medio Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, la asociación mayoritaria del sector, que representa al 25% de las guarderías adheridas al programa de ayuda a las familias de la Junta.

Actualmente, el precio plaza ronda los 240 euros mensuales para la atención educativa en Andalucía, una cifra que no ha variado en los últimos seis años. Durante ese tiempo, los centros aseguran haber asumido el incremento de costes en salarios, seguros sociales, suministros y materiales, sin que se haya reajustado la tarifa oficial regulada por la administración pública. “No hablamos de financiación para tener beneficios, sino para poder llegar a final de mes”, subraya Uncala, quien advierte de que la situación es “insostenible” para muchas escuelas.

Un modelo tensionado

La red educativa en esta etapa no obligatoria está compuesta en sus dos terceras partes por centros privados, fundados básicamente por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo se impulsó en su día por el PSOE para compensar la escasa oferta pública. En su lugar se optó por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, mientras que las escuelas perciben una cantidad fija por plaza.

El efecto colateral fue que el desarrollo de una red pública propia ha quedado en segundo plano. De hecho, el Gobierno de Moreno devolvió hace dos años 119 millones de euros de fondos europeos Next Generation que estaban condicionados a la creación de plazas públicas gratuitas.

Desde el sector aseguran que Andalucía cuenta con una de las financiaciones más bajas del país, con diferencias que pueden alcanzar hasta los 100 euros respecto a otras comunidades autónomas. “Somos la comunidad con la atención educativa infantil más barata de España”, resume Uncala, antes de defender que “nuestros niños merecen escuelas infantiles que puedan trabajar tranquilas, seguras y sin estar agobiadas por si pueden tener un imprevisto y no puedan salir al paso”.

Anuncio por sorpresa

Otro de los detonantes de la protesta ha sido la forma en la que se comunicó la ampliación de la gratuidad para niños de un año. Según relatan las patronales, el pasado 19 de marzo se reunieron con la Consejería con la expectativa de abordar una propuesta de actualización del precio plaza. “Íbamos preparados para una oferta, aunque fuera progresiva, pero nuestra sorpresa fue que, mientras estábamos en la mesa, se anunció una medida que no se había trabajado con el sector”, señala Uncala, respaldada por otras entidades como FSIE Andalucía, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y ACES Andalucía.

Las organizaciones denuncian que la medida se ha adoptado de forma “unilateral” y que deja en segundo plano una reivindicación que llevan años trasladando a la administración. “Las escuelas infantiles llevamos años soportando una situación económica cada vez más compleja, marcada por el incremento de los costes estructurales sin que se haya producido una actualización suficiente y efectiva del precio de la plaza”, recuerdan.

Por ello, reclaman “una revisión real y adecuada” de cara al próximo curso que garantice la viabilidad económica de los centros y el mantenimiento del servicio educativo. En ese contexto, la patronal de esta etapa educativa “espera seguir dialogando y obtener una respuesta de la Junta de Andalucía” en relación al precio de la plaza para 2026-2027.

Sin descartar nuevas protestas

Escuelas Infantiles Unidas insiste en que la gratuidad del primer ciclo en Educación Infantil es positiva para las familias andaluzas, al facilitar el acceso a una etapa clave para el desarrollo infantil y favorecer la conciliación familiar. Sin embargo, advierte de que sin cambios en la financiación el sistema queda en riesgo.

La concentración de este miércoles es la primera acción de protesta que convoca el sector, sin descartar nuevas movilizaciones los próximos meses, en un contexto marcado por el calendario electoral andaluz, que culminará con la cita en las urnas el 17 de mayo.

Con el proceso de escolarización a punto de comenzar y el inicio del curso fijado para septiembre, las escuelas confían en que aún hay margen para una rectificación. “Hay tiempo para que este Gobierno o el que salga de las elecciones atienda de una vez por todas nuestra reivindicación: un precio justo que garantice un servicio de calidad”, concluye la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

El consejo de Gobierno ha autorizado hoy, día 24, los decretos de creación de las nuevas Escuelas Infantiles de Primer Ciclo de Aldeanueva de Ebro y Entrena, ambas de titularidad municipal, que dispondrán de un total de 115 puestos escolares de 0 a 3 años, y que comenzarán a funcionar a partir del próximo curso. 

La construcción de estas nuevas escuelas infantiles responde a las necesidades de conciliación de las familias en ambos municipios, que no disponen hasta la fecha de un centro de estas características en su localidad, y muestran el apoyo del Ejecutivo regional con la escolarización de 0 a 3 años, una etapa fundamental en el desarrollo neurocognitivo de los niños, así como con el apoyo al medio rural riojano.

La creación de las dos nuevas infraestructuras se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

Más de 70 puestos escolares en la nueva escuela de Aldeanueva de Ebro

La nueva Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros pasos’ en Aldeanueva de Ebro dispondrá de cinco unidades con un total de 74 puestos escolares de 0 a 3 años. En concreto, contará con una unidad de 0-1 años con 8 puestos escolares; dos unidades de 1-2 años con 26 puestos escolares, 13 por unidad; y dos unidades de 2-3 años con un total de 40 puestos escolares, 20 por unidad.

El nuevo centro, cuyas obras están ya concluyendo, se ubica en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con una superficie construida de edificio de 1.067,93 metros cuadrados, y dispondrá además de una sala de usos múltiples, comedor, cocina, despacho de dirección y sala de educadores. La inversión del Gobierno regional en esta nueva infraestructura asciende a 2.689.043,29 euros. 

La nueva escuela de Entrena dispondrá de 41 puestos escolares 

Por otra parte, la nueva Escuela Infantil de primer ciclo ‘Santa Ana’, de Entrena, dispondrá de 41 nuevos puestos escolares distribuidos en tres unidades: una para alumnado de 0-1 años, con 8 puestos escolares; otra de 1-2 años, con 13 puestos escolares: y una tercera unidad para 2-3 años, con 20 puestos escolares. El plazo de finalización de las obras está previsto en el mes de septiembre. 

El nuevo centro, que se está construyendo en una finca municipal ubicada entre la calle Escuelas y San Blas, unidas por una calle peatonal, dispondrá de tres aulas, una para cada franja de edad, así como zona de baños y aseos, cocina, comedor, vestuarios, guardacoches, despacho de dirección, porche y patio de juegos, entre otras dependencias. El proyecto prevé la posibilidad de construir una planta más en el futuro para albergar otros usos compatibles a los previstos en el centro. El presupuesto de esta obra asciende a 1.025.944,19 euros, de los que el 90% lo asume el Gobierno regional y el 10% restante el Ayuntamiento de Entrena.

La red de Educación Infantil de Primer Ciclo en La Rioja cuenta con 24 escuelas infantiles municipales, 6 autonómicas y unos 40 centros docentes privados, cuyas familias se benefician de la gratuidad de este tramo educativo gracias al programa de ayudas Bono Infantil, para las que el Gobierno regional ha destinado este curso 11,9 millones de euros. En la actualidad, más de 3.300 niños de 0 a 3 años están matriculados en los distintos centros educativos de nuestra Comunidad. 

Más recursos para las escuelas de educación infantil, ratios más bajas y más apoyo para los niños de cero a tres años con la introducción de la llamada 'pareja educativa' -al menos dos docentes por aula- en este tipo de centros públicos.

Los sindicatos STAS y CSIF se han concentrado este martes a las puertas de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para reclamar mejoras en esta parte del servicio público educativo autonómico.

La protesta se ha suscitado tras la publicación de una resolución de la Viceconsejeria de Educación “a petición de las delegaciones provinciales” del ramo en la comunidad para elevar el número de plazas en los centros públicos.

Este tipo de plazas se financian, según ha explicado Pasión Pérez Molina, representante del Secretariado del sindicato STAS, con fondos europeos. “Así se justifica que tienen que ampliar la dotación de plazas y nos planteamos a quién han preguntado para tomar esta decisión. No han preguntado absolutamente a nadie”, señala, aludiendo a la dirección de los centros o a la representación de los y las trabajadoras.

Para STAS esta decisión repercutirá en que “los niños y niñas no tendrán atención individualizada”, o que aquellos de Educación Especial “no tendrán el apoyo que requieren”. En estos centros, abundaba, ni siquiera las plantillas de personal de limpieza están cubiertas al cien por cien o que “el mantenimiento se está privatizando” y ahora “carecen de él”.

La sindicalista reconoce que la Unión Europea ha instado a ampliar el número de plazas en las escuelas infantiles de cero a tres años “porque disminuye la desigualdad”, pero advierte: “No puede ser solo a costa de número ni convertirse en un aparcadero de niños”.

Reclaman “profesionales bien formadas, que las tenemos en Castilla-La Mancha, que trabajen en equipo - que ya les gustaría- y con recursos suficientes, que les gustaría todavía más” y critica que en este ámbito se mantenga una legislación “del siglo pasado”, ya que data de 1991. “No podemos tener ratios del siglo pasado y querer una educación del siglo XXI, con atención individualizada”.

STAS pide una orden para regular el funcionamiento de las escuelas infantiles en la que es establezcan los apoyos necesarios en cada aula. “Apostamos por la pareja educativa”, señala Pasión Pérez, es decir dos profesionales en cada aula. “Es por lo que apuesta Europa”, decía, y es la misma orientación en la que está trabajando la ciudad de Barcelona con horizonte 2030. “No es un modelo que se nos haya ocurrido. Está implantado desde hace 40 años en Pamplona y funciona”, asegura.

Eva Balseiro representante del personal laboral de CSIF aboga por una educación infantil “de calidad”. Cree que en esta etapa de desarrollo cognitivo y emocional “no se puede permitir que las ratios suban de esta manera”. Demanda “más profesionales” y formados para la atención a niños con necesidades especiales “que son cada vez más abundantes”.

Las ratios “por debajo de la normativa nacional”, según Educación

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hoy también se han referido a esta cuestión para asegurar que se ha establecido, en el proceso de admisión de las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “ratios por debajo de la normativa nacional”.

Salen así la paso de las críticas sindicales. “Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha asegurado que las instrucciones de admisión prevén en el nivel de 0-1 un total de seis niños, cuando lo nacional marca ocho; en el nivel de 1-2, un total de 11 niños frente a los 13 que determina el decreto; y en el nivel de 2-3 será de 16 frente a los 20 del decreto estatal.

Además explican que estas plazas se completarán con las plazas reservadas “por urgencia social” y que serán de un mínimo del seis por ciento y al menos un cinco por ciento para necesidades educativas.

Será el día 27 de febrero cuando cada Delegación Provincial de Educación en la comunidad autónoma “de acuerdo con las escuelas infantiles, determinará las vacantes existentes en cada centro”.

El Ejecutivo autonómico dice tener “compromiso” con la bajada de ratios en todas las etapas educativas, además del trabajo realizado para crear 3.761 plazas en el Programa de Impulso a la Escolarización de 0-3 años o que se han invertido más de cuatro millones de euros en actuaciones y equipamientos en 38 escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Difícil situación económica” de los centros privados en Guadalajara

Las escuelas infantiles de la comunidad autónoma están también en el foco por otras razones. A las gestionadas de forma directa por el Gobierno de Castilla-La Mancha se suman aquellas cuya competencia corresponde a los ayuntamientos, y al margen, están las de titularidad privada.

Sobre estas últimas, en Guadalajara, hoy el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará al pleno de este viernes una moción con una serie de propuestas para paliar “la difícil situación económica” por la que atraviesan.Lo llevan denunciando desde diciembre, y no son los únicos. También lo ha criticado CEOE-CEPYME a través de la Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil.

Este martes los socialistas insisten en que “acumulan ya dos años de recortes indiscriminados por parte de Ana Guarinos”, alcaldesa del PP que gobierna gracias al apoyo de Vox, tal y como ha asegurado el concejal socialista en el Ayuntamiento y secretario general del PSOE en Guadalajara, Alberto Rojo.

La moción socialista “plantea soluciones que supongan un salvavidas para estas escuelas y que les ayuden a reconducir su estado, que es realmente preocupante”, ha dicho Rojo.

Entre algunas de las medidas que propone el Grupo Municipal está declarar de Especial Interés o Utilidad Municipal las actividades que se llevan a cabo en estos centros y que se les conceda una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, atendiendo a su función social y educativa esencial, su contribución a la conciliación de la vida familiar y laboral, al fomento de la igualdad y al desarrollo integral en la primera infancia. Además, la moción pide que se restablezcan las ayudas directas que se les concedían a las escuelas infantiles durante el mandato anterior.

En este sentido, el secretario general de los socialistas de Guadalajara ha recordado que, durante su gobierno y de manera “especialmente significativa” en el contexto de la pandemia, impulsaron “políticas activas de apoyo al sector, destinando hasta 70.000 euros en ayudas directas a las escuelas infantiles”.

“Estas medidas permitieron sostener el empleo, garantizar la continuidad de los centros, reforzar la educación de 0 a 3 años y favorecer la conciliación en un momento de especial dificultad social y económica”, ha señalado.

Además, ha señalado Rojo, “siempre” tuvieron “clara” la importancia de apostar por la educación de 0 a 3 años “como un pilar básico para garantizar el bienestar en nuestro desarrollo como sociedad y como Ayuntamiento que siempre trabajó para promover una calidad de vida a sus vecinos y vecinas”.

Sin embargo, asegura, el Gobierno local ha ido reduciendo las ayudas a estas empresas primero de los 70.000 euros en el mandato anterior a 50.000 y ahora, a cero, sin explicación alguna, “poniendo en riesgo su viabilidad, puestos de trabajo y la libre elección de las familias que necesitan de estos recursos en su día a día y para poder conciliar”.

Ante esta circunstancia, que el Grupo Municipal Socialista viene denunciando “desde hace meses” y por la que llevan presentando enmiendas parciales a los presupuestos municipales de 2025 y 2026, con dotación económica para ayudar a estas escuelas “y que Guarinos ha rechazado”, presentan esta moción, en la que instan al Ayuntamiento a que adopte medidas urgentes para proteger a estos centros.

Una veintena de trabajadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años se encerraron anoche en las dependencias de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado en la primera jornada de huelga convocada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) para exigir “dignidad laboral”.

Con esta medida de presión, las educadoras reivindican mejores condiciones en el desarrollo de su trabajo. Previamente, se habían sumado a una concentración -en la que participó un centenar de personas- frente a la Junta General del Principado de Asturias, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario, para que los representantes de los grupos políticos tuvieran constancia de sus peticiones.

CCOO ha valorado positivamente el desarrollo de la primera jornada de huelga donde, según los datos que maneja, fue secundada por más del 80% del colectivo en Asturias.

Un porcentaje mayor, rondando el 91%, se registraba en las escuelas que dependen de la Administración local, de forma que en ayuntamientos como Riosa, Mieres o Noreña alcanzaba el 100%.

El seguimiento en las tres principales ciudades de la comunidad autónoma era dispar. Así, en Oviedo la huelga fue secundada por el 90%, en Gijón por el 70% y en Avilés en un 61%.

Las educadoras piden que se les reconozca el grupo B en su categoría profesional, la agilización del proceso de estabilización de las trabajadoras interinas y avanzar en la equiparación del calendario escolar ya que en la actualidad la mayor parte del mes de julio es hábil.

La Consejería de Educación ha rebajado estas cifras. Según el Principado, la huelga fue secundada en esta primera jornada por el 24%, si bien este dato solo engloba a las 46 escuelas que ya forman parte de la red autonómica y donde se excluye al personal con permisos y otras ausencias justificadas y contabiliza al personal en servicios mínimos como trabajando.

Las educadoras mantendrán las movilizaciones si la administración se mantiene “enrocada” en no negociar, con una segunda jornada de huelga y una manifestación convocadas para hoy, jueves, a la que seguirá una asamblea donde se decidirán los siguientes pasos a seguir.

La Consejería de Educación y Empleo iniciará el próximo día 2 de marzo el proceso de escolarización para los 2.025 niñas y niños nacidos en La Rioja en el año 2023 y que cursarán, a partir de septiembre, primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (3 años), según publica hoy, 18 de febrero, el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

El plazo para presentar la solicitud finalizará el 17 de marzo y podrá hacerse, preferentemente, por vía telemática a través de la plataforma Racima, de manera presencial en el centro indicado como primera opción o en los distintos Registros habilitados de la Comunidad Autónoma. 

Al igual que en cursos anteriores, se mantiene la zona única para las localidades de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua, donde se encuentran empadronados 1.006 niñas y niños nacidos en 2023. El año pasado, el 95,72% de las familias riojanas que participaron en este proceso de escolarización lograron plaza en el centro elegido como primera opción. 

Los distintos procedimientos de escolarización para el próximo curso 2026/2027 se realizarán de acuerdo a un calendario escalonado, de tal forma que en el mes de marzo se realizará, exclusivamente, la escolarización del alumnado de tres años, que cursarán primero del segundo ciclo de Educación Infantil y que para una parte importante supondrá su incorporación al sistema educativo. 

El sistema de asignación de centro será a través del sistema de bombo único, dónde todos los centros educativos que escoge cada familia en su solicitud funcionan como primera opción, de tal forma que a aquellas familias a las que no se les asigne el centro que elijan en primer lugar, por falta de plazas, con casi total seguridad se les asignará el elegido como segunda opción. 

Las familias podrán elegir en cada solicitud hasta diez centros. Cuando se produzca un empate en todos los criterios de puntuación, se desempatará mediante un número aleatorio obtenido mediante un sorteo previo a la adjudicación de plazas escolares.

Calendario de escolarización

El calendario del proceso de admisión del alumnado en plazo ordinario para el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (3 años) será el siguiente: 

Del 2 al 17 de marzo de 2026: plazo de presentación de solicitudes.

Día 9 de abril de 2026: publicación de las listas provisionales.

Días 10, 13 y 14 de abril de 2026: plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales.

Día 30 de abril de 2026: publicación de las listas definitivas.

Recursos a las listas definitivas: un mes desde el día siguiente a su publicación.

Del 4 al 12 de mayo de 2026: matrícula.

Desde la Consejería de Educación y Empleo se aconseja a las familias que planifiquen con antelación y revisen la documentación requerida para presentar la solicitud de escolarización dentro del plazo establecido. También se les recuerda que deben elegir los centros educativos en orden de preferencia y tener en cuenta los criterios de baremación, así como estar atentos a las notificaciones y plazos del proceso. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el gasto de 836.000 euros relativo a la convocatoria de subvenciones destinadas a corporaciones locales y a entidades sin ánimo de lucro para la cofinanciación de los gastos de mantenimiento de escuelas infantiles de primer ciclo y centros docentes de educación infantil de primer ciclo de La Rioja, para el curso 2025/2026.

A través de esta línea de ayudas, la Consejería de Educación y Empleo facilita tanto a los ayuntamientos como a las entidades sin ánimo de lucro titulares de escuelas infantiles y de centros docentes dirigidos a alumnado de 0 a 3 años, que puedan acometer actividades de reforma, conservación y mantenimiento de los inmuebles. El pasado curso se beneficiaron de estas ayudas 22 centros de La Rioja. 

Los centros de educación infantil de primer ciclo ofrecen plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años, con el objetivo de que el alumnado adquiera los hábitos y destrezas propias de su edad, a la vez que dan respuesta a las necesidades de las familias, de forma que puedan conciliar la vida familiar y laboral. 

En La Rioja hay 30 escuelas de primer ciclo de educación infantil, de las que seis son de titularidad autonómica y las 24 restantes municipales, que acogen durante este curso a unos 1.600 alumnos. Respecto a los centros docentes privados, hay 40 que imparten este nivel educativo, con unos 1.700 alumnos. 

El alumnado de las escuelas infantiles municipales y de los centros docentes privados se benefician del programa de ayudas Bono Infantil, para el que este curso se ha destinado 11,9 millones de euros con la finalidad de que la educación en este tramo de edad sea gratuita en La Rioja. 

Los avisos meteorológicos que activa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante episodios de fuertes lluvias o rachas de viento están poniendo en jaque a familias y centros educativos de toda Andalucía. Estas últimas semanas, la suspensión de clases ha reabierto el debate sobre la falta de protocolos que permitan conciliar el cuidado de los menores con la jornada laboral en situaciones de emergencia climática.

Esa realidad la sufren con especial “inquietud e incertidumbre” las familias de los 40 niños y niñas escolarizados en la escuela infantil María Inmaculada, ubicada en el interior de los Jardines de Murillo, junto al Alcázar de Sevilla. Cada vez que la Aemet lanza un aviso, el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Ayuntamiento hispalense decreta el cierre preventivo de parques y jardines, provocando “la evacuación inmediata” de esta guardería pública que pertenece a la Junta de Andalucía.

Ello se traduce en “dejar sin acceso a los 40 niños escolarizados, generar graves problemas de conciliación y alterar de forma significativa las rutinas de los menores”, como ha denunciado el concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, durante la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno celebrada este viernes en el Consistorio sevillano.

“No es razonable que, ante cada episodio de lluvia o aviso meteorológico, esta escuela infantil quede aislada y las familias abandonadas a su suerte; el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar un acceso seguro y estable”, ha reclamado Sánchez, contando en el público con el apoyo de madres y padres, que llevan años reclamando medidas “urgentes” para garantizar “la continuidad del servicio de la escuela pública infantil en circunstancias de alerta meteorológica, sin poner en riesgo la seguridad de los menores y del personal, y que permitan a las familias mantener el equilibrio laboral y cotidiano”.

En busca de una alternativa viable

Dando voz al problema “histórico” que arrastran estas familias, el concejal de IU ha explicado que el cierre preventivo obliga a los padres a “improvisar soluciones cada vez que se activa un aviso meteorológico, incluso cuando no llueve finalmente, provocando un estrés añadido infantil y familiar”. Precisamente, sentados en el salón de plenos hay niños junto a sus padres porque este viernes los jardines –y, por ende, la guardería– han cerrado debido a la nueva borrasca.

Una de las madres afectadas explica a este periódico que, en lo que va de 2026, los menores han sufrido parones de diez días sin guardería por los avisos que se han ido encadenando. El problema que denuncian las familias es la falta de previsión: “Nos avisan la noche anterior o el mismo día por la mañana, e incluso nos han llegado a llamar una hora después de dejarlos para que vayamos a recoger a los niños”, traslada una de las madres afectadas. El “caos” que viven los días de alerta meteorológica también se debe a que, en ocasiones, se toman medidas “sin sentido”, como mantener cerrados los jardines todo el día cuando la alerta comienza a partir de la tarde.

Para evitarlo, plantean habilitar un acceso alternativo a la escuela por la plaza de Alfaro. Al cruzar la verja, hay un centro de transformación de Endesa que da a un patio en desuso de la escuela. La idea es aprovechar esa construcción retranqueando el transformador para crear una puerta de entrada directa. Se trata de apenas dos metros de recorrido, lo que la hace más práctica que la propuesta anterior, que fue rechazada porque requería un trayecto más largo desde la avenida Menéndez Pelayo atravesando un portón del Alcázar.

El concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, asegura que la medida es técnicamente viable, aunque requiere de un estudio previo para analizar costes y definir un protocolo de seguridad, que cuente con personal encargado de supervisar el acceso de las familias. Según Sánchez, esta solución permitiría poner fin a años de incertidumbre y garantizar que los niños puedan acudir a clase de forma segura incluso en días de alerta meteorológica.

Sensación de abandono

En su turno de palabra, la delegada de Educación Blanca Gastalver ha recordado que la titularidad del centro no es municipal, sino que es responsabilidad de la Junta de Andalucía. “Tenemos que trabajar ambas instituciones de la mano”, ha señalado, mostrándose dispuesta a impulsar cualquier solución que sea “segura y viable”. En ese sentido, ha remarcado que, según el informe del Cecop, actualmente no existe ninguna alternativa que garantice la seguridad de los niños, que “es lo que prima”, como ha incidido la delegada durante su intervención.

Desde la oposición, Sánchez ha replicado que el responsable de cerrar los jardines es el Ayuntamiento y ha afeado a la delegada municipal que “se refugie en la falta de competencias” para no ofrecer una alternativa real a las familias para que los días de alerta meteorológica los niños no tengan que ver alterada su rutina diaria y los progenitores puedan conciliar su vida laboral.

“Las familias denuncian la inacción institucional y la incoherencia en los procedimientos, al tiempo que recuerdan que no piden excepciones ni actuaciones arriesgadas, sino alternativas seguras y viables para que sus hijos puedan ejercer su derecho a la educación sin depender de cierres preventivos del parque”, ha asegurado el edil, recordando que llevan años esperando una respuesta clara por parte de las instituciones implicadas. Del mismo modo, ha propuesto que se realicen gestiones inmediatas con la compañía eléctrica Endesa para retranquear el transformador situado al inicio del parque.

El arranque de 2026 está siendo especialmente duro para las familias de esta escuela infantil, tras una cadena de temporales desde finales de enero que ha dejado a los niños más de diez días sin clase. “Les afecta mucho a su rutina y a su desarrollo formativo”, sostiene una madre, quien lamenta que “es una pena porque es una guardería preciosa que linda con los jardines del Alcázar y es el único foco de vida que tiene un barrio tan turístico como el Casco Antiguo, pero se la están cargando”. Los cierres recurrentes, advierte, no solo afectan a la conciliación, sino también a la viabilidad del propio centro, en una zona sin alternativas cercanas.

Por ello, las familias vuelven a reclamar que “se hagan excepciones dentro de la seguridad” y se estudien alternativas para evitar el cierre total en situaciones de bajo riesgo. Entretanto, seguirán revisando a diario la previsión meteorológica, con la incertidumbre de si podrán o no llevar a sus hijos a clase. Porque en esta guardería situada en los Jardines de Murillo, un aviso amarillo no solo anuncia lluvia: puede significar otro día más con las puertas cerradas.

Las Escuelas Infantiles de Ausejo y Cervera del Río Alhama ya pueden entrar en funcionamiento tras sus ampliaciones y contarán con 22 plazas cada una, lo que supone la creación de 26 nuevas plazas de 0 a 3 años. La Consejería de Educación y Empleo ha informado al Consejo de Gobierno de las resoluciones por las que se autoriza a las nuevas escuelas infantiles, ambas de titularidad municipal, el funcionamiento.

Las obras de reforma y ampliación de la Escuela Infantil de Primer Ciclo (EIPC) de Ausejo ‘Pelusín’, que concluirán durante el primer trimestre del año, permitirán aumentar en 13 las plazas escolares, pasando de 9 a 22, a través de una inversión del Ejecutivo riojano superior a los 400.000 euros. 

La nueva escuela trasladará su ubicación actual a la planta baja de un edificio ubicado en la calle Carretera de Logroño, con fácil conexión a zonas educativas y deportivas de la localidad. El proyecto del nuevo centro responde a una demanda real de las familias de Ausejo que permitirá dotar al municipio de una infraestructura infantil adecuada a sus necesidades, accesible y moderna. Será mucho más amplia y funcional y contará con vestíbulo, dos aulas, dos aseos infantiles, despacho y sala de reuniones, vestuario y aseo de adultos, cuarto de lavandería, cuarto para coches del alumnado, sala de usos múltiples, una cocina, porche y patio. 

En cuanto a su organización, el nuevo centro pasará de tener una única unidad mixta con 9 puestos escolares, a disponer de un total de 22 plazas, distribuidas en dos unidades mixtas, una de 0 y 1 años, con 10 puestos escolares, y otra unidad que agrupa alumnado de 1 hasta los 3 años, con 12 puestos. 

Por otra parte, las obras de reforma y ampliación de la Escuela Infantil de Primer Ciclo ‘San Miguel’, en Cervera del Río Alhama, que también concluirán durante este primer trimestre del año, permitirán incrementar en 13 el número de plazas disponibles para el alumnado de 0 a 3 años, pasando de 9 a 22, con el objetivo de atender la demanda de las familias en el entorno rural. En concreto, los puestos escolares se distribuirán en dos unidades mixtas, una de 0 y 1 años, con 10 plazas y otra unidad que agrupa alumnado de 1 hasta los 3 años, con 12 puestos. 

La ampliación de la Escuela Infantil de Cervera del Río Alhama, con una inversión del Gobierno de La Rioja que alcanza los 490.655 euros, permitirá dar solución a la falta de plazas y ofrecer una respuesta mejorada a las necesidades de todo el alumnado, posibilitando una mejor organización y funcionamiento del centro. En concreto, las obras de reforma y ampliación del actual edificio de la Escuela Infantil ‘San Miguel’ posibilitarán la creación de una segunda unidad educativa y ampliar el patio, además de crear nuevos espacios, como aseos, sala de usos múltiples y almacén, entre otros. 

La ampliación y traslado de la Escuela Infantil ‘Pelusín’ de Ausejo, así como la ampliación del CEIP ‘San Miguel’ de Cervera del Río Alhama, cuentan con financiación de fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone un impulso a la escolarización de 0 a 3 años, con la creación de nuevas plazas de titularidad pública en cooperación con las administraciones locales. 

CSIF denuncia la situación de “extrema precariedad” que sufren los operarios del servicio de limpieza del Centro de Educación Infantil “La Florida” de Alfaro. Según asegura el sindicato, de la plantilla de cinco profesionales, “actualmente solo una realiza su jornada completa”. Por ello, critican la “gestión negligente” de las sustituciones del personal por parte del Gobierno de La Rioja, que tarda “más de un mes en cubrir cada baja laboral”.

Desde Función Pública responden que se están tramitando dos sustituciones pendientes. “Una de ellas ya tiene sustituto asignado y se está preparando el contrato, por lo que su incorporación será en breve. Respecto a la segunda pendiente, Educación también ha solicitado su sustitución y Función Pública la está tramitando”. Además, sobre dos trabajadoras con reducción de jornada, señalan: “Una trabaja con reducción de jornada y la parte de reducción se encuentra sustituida por otra persona y otra está con jubilación parcial y la parte de reducción, está sustituida por otra persona. Actualmente, la persona que sustituye esta parte de reducción también se encuentra de baja temporal y será está sustituida por otra persona”.

Mientras, CSIF señala que “esta situación deja el servicio de higiene y desinfección de un centro de atención a bebés y lactantes bajo unos mínimos absolutamente inaceptables que desagraciadamente no es un hecho aislado sino una falta absoluta de previsión ya que la Dirección General de Función Pública tarda más de un mes en cubrir cada baja laboral”.

Además, señalan al Gobierno de La Rioja por “estar permitiendo que un servicio esencial se deteriore hasta niveles de insalubridad que afectan tanto a los trabajadores del centro que sufren una sobrecarga laboral tanto física como mental como a los usuarios y sus familias” y recuerda que en un centro de niños de 0 a 3 años “la limpieza y desinfección es un punto clave y una medida de seguridad sanitaria”.

Antes esta situación, CSIF exige al Gobierno de La Rioja que estas vacantes que afectan a la menores se cubran de forma urgente (24/48 h) y se refuerce con personal mientras se tramitan las sustituciones reglamentarias y que se asuman responsabilidades por los gestores ante, según consideran, “una falta constante de previsión con plantillas tan mermadas”.

El Partido Riojano ha reclamado al Ayuntamiento de Logroño la ampliación del plazo administrativo para justificar el pago de las ayudas al primer ciclo de Educación Infantil, conocidas como chiquibecas, correspondientes al mes de julio de 2025, ante el escaso margen que están teniendo muchas familias para completar el trámite.

El plazo para justificar estas ayudas se abrió el pasado 26 de diciembre de 2025 y finaliza el próximo 13 de enero. Sin embargo, numerosas familias beneficiarias han recibido la notificación postal esta misma semana, disponiendo de un margen muy reducido para solicitar la factura a los centros infantiles y presentarla en el Ayuntamiento dentro del plazo establecido.

Desde el Partido Riojano tenemos que recordar que el servicio postal municipal tuvo que suspenderse el pasado mes de diciembre por impago y no se reanudó hasta finales de año, lo que podría haber generado retrasos en el envío de notificaciones a los beneficiarios.

Por este motivo, desde el grupo regionalista solicitamos ampliar el plazo para presentar los justificantes al menos una semana, con el fin de garantizar que todas las familias puedan completar el trámite. 

En total son 696 los beneficiarios de las chiquibecas, con importes que oscilan entre los 200 y 260 euros. Son ayudas que tienen como finalidad sufragar parte del coste que asumen las familias por la escolarización de sus hijos en centros infantiles durante el mes de julio, un periodo que no está cubierto por el bono infantil del Gobierno de La Rioja.

El Partido Riojano recuerda asimismo que ya trasladó en 2023 al pleno municipal una petición para que el pago de estas ayudas se realizara con la mayor agilidad posible y no se demorara más allá del mes de septiembre, con el objetivo de aliviar la carga económica que supone para muchas familias la vuelta al curso escolar.

Sin embargo, dos años después sigue sin agilizarse el pago de esta ayuda, que muchas familias recibirán con un retraso de más de medio año, a pesar de que la convocatoria se aprobó en marzo de 2025.

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, ha denunciado que el Ayuntamiento de Guadalajara no ha convocado las habituales ayudas municipales destinadas a los centros privados de educación infantil de la capital, “a pesar de tratarse de una subvención comprometida previamente por el concejal de Infancia en una reunión mantenida en el mes de febrero del presente año”, critican en alusión al edil del PP, Roberto Narro.

Estas ayudas, dotadas con una cuantía de 50.000 euros, estaban presupuestadas y venían concediéndose de manera continuada en ejercicios anteriores, explica la asociación empresarial.

Sin embargo, detallan, “el consistorio ha alegado motivos legales para no proceder a su convocatoria, sin que se haya planteado ninguna alternativa que permitiera dar salida a dichos fondos, como sí se ha hecho en otros sectores municipales”, según lamentan. Esta circunstancia, inciden en un comunicado, “evidencia una clara falta de voluntad política para mantener unas ayudas fundamentales para el sector”.

Esta asociación empresarial recuerda que “históricamente, estas subvenciones han supuesto un apoyo esencial para los centros privados de educación infantil” o que han contribuido “de manera directa a la calidad educativa, a la estabilidad de los proyectos pedagógicos y al mantenimiento del empleo, mayoritariamente femenino, en un sector clave para la conciliación familiar y laboral en la ciudad”.

También argumentan que estas ayudas “repercuten positivamente en las familias, facilitando el acceso a plazas de educación infantil” o que a pesar de que las familias han recibido ayudas directas, “estas no han cubierto la totalidad de las solicitudes, dejando a numerosas familias sin posibilidad de acceder a los servicios que prestan estos centros”.

Desde la asociación se lamenta “profundamente” esta decisión porque, sostiene, “genera una situación de incertidumbre e inseguridad entre los centros afectados, especialmente tras el compromiso adquirido por el Ayuntamiento”.

“Esta situación compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad”. Además, pone de manifiesto el desinterés del consistorio hacia un sector esencial que, año tras año, ve cómo se reduce el número de centros y de plazas disponibles para las familias de Guadalajara.

Esta situación compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad

Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil en Guadalajara

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara ha solicitado al Ayuntamiento que reconsidere esta decisión y restablezca la convocatoria de ayudas, “manteniendo el compromiso que venía demostrando con la educación infantil y con los profesionales que trabajan diariamente en este ámbito”.

50.000 euros presupuestados y no ejecutados

Asimismo, se denuncia la “falta de información” por parte del Ayuntamiento sobre el futuro de estas ayudas de cara a 2026, sin que se haya aclarado si se mantendrán ni si se incorporarán los 50.000 euros presupuestados y no ejecutados en 2025. En paralelo, se considera imprescindible aumentar las ayudas a las familias para dar respuesta a la totalidad de las solicitudes y garantizar el acceso a los servicios de los centros privados de educación infantil.

La asociación ha puesto de manifiesto “el abandono y la falta de respuesta, tanto a nivel político como institucional, del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hacia el sector de la educación infantil privada y, en consecuencia, hacia las familias usuarias de estos servicios”.

No obstante, el colectivo empresarial reitera su disposición a mantener un “diálogo constructivo” con el Ayuntamiento que “permita buscar soluciones y apoyar de forma efectiva a un sector clave para el desarrollo educativo y social de la ciudad”.

Denunciamos el abandono y la falta de respuesta, tanto a nivel político como institucional, del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hacia el sector de la educación infantil privada y, en consecuencia, hacia las familias usuarias de estos servicios

Asociación Provincial del Centros de Educación Infantil de Guadalajara

La “oda al autónomo” PP-Vox y la realidad: “Les están asfixiando”

La denuncia ha sido comentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz, durante el Pleno ordinario celebrado hoy. Se debatía una moción del Grupo Municipal PP sobre la situación de los trabajadores autónomos y la portavoz socialista ha puesto como ejemplo la denuncia de las empresas privadas que gestionan centros de educación infantil para criticar la contradicción del Gobierno de Ana Guarinos. “Lo hacen ustedes para disimular y tapar la inacción de PP y vox en el Ayuntamiento de Guadalajara”, frente a realidades como las de este tipo de empresas, en algunos casos autónomos.

“Esta es la primera vez en la historia que las ayudas han tenido un informe de no sostenibilidad”, afeaba la socialista quien cree que el Gobierno de PP y Vox “está asfixiando” a estas empresas. Desde Aike, sin citar este caso, la portavoz Susana Martínez ironizaba. “Esta es la oda al autónomo que levanta la persiana, una frase que repiten ustedes. Es una imagen muy idílica: menos burocracia, más libertad, menos impuestos...”.

El portavoz del equipo de Gobierno Alfonso Esteban ha salido al paso de las críticas cargando contra el Gobierno del PSOE. “Lo que algunos hicieron fue arruinar este ayuntamiento, poniendo en riesgo servicios públicos e inversiones”.

Es sensato que las ayudas sean genéricas, que se puedan acoger a ellas todos los autónomos de Guadalajara y no solo un colectivo. A cambio hemos incrementado las ayudas a las familias

Alfonso Esteban — Segundo teniente de alcalde de Guadalajara

Según su versión, el actual gobierno “ha garantizado la estabilidad económica” y además habrá 200.000 euros en ayudas a empresas a “las que, entre otros, se podrán acoger las empresasque gestionan guarderías privadas”.

Según el concejal del PP las subvenciones a las guardería privadas eran “la única ayuda residual dirigida estrictamente a un colectivo” y en su opinión “es sensato que las ayudas sean genéricas, que se puedan acoger a ellas todos los autónomos de Guadalajara y no solo un colectivo. A cambio hemos incrementado las ayudas a las familias para pagar las guarderías, pasando de de 50.000 a 70.000 euros”. Por otro lado, añadía, “se ha reforzado” la colaboración con la CEOE-CEPYME “para que tenga su reflejo en las empresas”.

La Escuela Infantil Nuestra Señora de San Lorenzo de Huesca vive desde el inicio del curso una situación de falta de personal que, según la comunidad educativa, está afectando al normal funcionamiento del centro. Desde principios de septiembre no hay conserje y un puesto de limpieza lleva vacante desde finales de agosto. A esto se suma que el personal de cocina “trabaja al límite”, sin refuerzos para cubrir los días de descanso pendientes antes de final de año. El Departamento de Educación asegura que el puesto de conserje está solicitado en bolsa y que “no consta reclamación” sobre el de limpieza.

El caso del San Lorenzo se produce en un contexto de debate autonómico sobre la educación infantil. El Gobierno de Aragón ha anunciado la ampliación de conciertos educativos en la etapa 0-3 años, decisión que ha recibido la oposición de sindicatos y asociaciones de enseñanza pública, que alertan del “desvío de recursos” que deberían reforzar los centros públicos. Según estas organizaciones, existen plazas suficientes en la red pública y la concertación podría “abrir la puerta a una privatización progresiva” del sistema educativo. “Mientras se impulsa el concierto del 0-3, nuestras plazas públicas siguen sin cubrir”, denuncian las familias del centro, señalando la contradicción entre la política anunciada y la realidad de la enseñanza pública en Huesca.

La Asociación de Familias (AFA) expone que esta carencia de personal “se viene arrastrando desde principio de curso” y que la plantilla, especialmente la dirección, asume una “sobrecarga diaria” para poder mantener la actividad. “Las profesoras están cumpliendo funciones que no les corresponden”, explica Laura Carchenilla, madre de un alumno. “Vemos que cada vez el personal tiene que asumir más tareas, lo que va en detrimento de la salud y el bienestar de nuestros pequeños”.

La madre asegura que el centro “funciona gracias al sobreesfuerzo del personal” y lamenta la falta de respuesta por parte de la Administración. “Hicimos un escrito al Departamento de Educación para preguntar por qué no se estaban cubriendo las vacantes, pero no obtuvimos respuesta. Hace quince días volvimos a hacerlo y seguimos igual”.

Desde la AFA detallan que la baja de la conserje se produjo el 4 de septiembre y que no hay previsión de sustitución a corto plazo. En el caso de la limpieza, la plaza lleva sin cubrir desde el 26 de agosto y, según la información trasladada al centro, no se espera su cobertura al menos hasta diciembre. “Si la técnico de aula tiene una baja, no se cubre. Los niños tienen unas ratios y unas necesidades, y para eso tiene que haber personal suficiente”, denuncia Carchenilla.

La situación del personal de cocina también preocupa a las familias. Los dos trabajadores del servicio deben disfrutar sus días de descanso antes de final de año, lo que dejará a una sola persona al frente del comedor. La Dirección Provincial ha ordenado contratar un servicio de catering durante esos días, pero la AFA rechaza esta solución. “El catering cuesta más y no cumple las necesidades nutricionales de este perfil de edad. No atienden algo tan básico como el triturado de los alimentos”, lamenta.

Las familias advierten de que el impacto se nota también en la vida diaria del centro. “La dirección tiene que cubrir funciones como abrir la puerta o recibir a las familias, en un espacio que debería estar cerrado por seguridad. Si no hay conserje y una madre tiene que dejar a su bebé para ir después al colegio con el hermano mayor, todo se complica. El funcionamiento va a trancas y barrancas”, describe Carchenilla.

Esta situación, subrayan, “no es nueva”. En el último tercio del curso pasado la escuela ya faltó el conserje por un relevo que no llegó a materializarse, y en varias ocasiones se recurrió a un servicio de catering por la falta de personal de cocina. En una de ellas, el coste fue de casi 3.000 euros por solo dos días, exponen.

Ante la ausencia de respuesta a los dos escritos remitidos —el primero a mediados de septiembre y el segundo un mes después—, la AFA ha anunciado una concentración a finales de noviembre ante la sede del Servicio Provincial de Educación, en la plaza Cervantes de Huesca, para exigir información y soluciones. “Estamos visibilizando la situación para ver si obtenemos respuesta o soluciones”, apunta Carchenilla. “Si el lunes está cada uno en su puesto, perfecto. Pero si no, tendremos que movilizarnos”.

Fuentes del Departamento de Educación explican que la conserje titular “se incorporó y a la semana cogió la baja médica”, y que el puesto “ya está solicitado a la bolsa” por parte del Servicio Provincial de Huesca, encargado de gestionar estas sustituciones. En cuanto al personal de limpieza, indican que “no consta reclamación en Personal”, aunque aseguran que “se va a comprobar y solicitar si es el caso”. Desde el Departamento añaden que “están en plazo para contestar oficialmente” al último escrito remitido por la AFA.

Mientras tanto, las familias aseguran que seguirán insistiendo en una solución que permita garantizar el funcionamiento normal del centro. “Solo queremos que nuestros hijos estén bien atendidos y que el servicio público funcione como debería”, resume Carchenilla.

Las cuatro escuelas infantiles municipales de Granada –Luna, Belén, Arlequín y Duende– contarán el próximo año con menos ingresos procedentes del Ayuntamiento. El Consistorio, gobernado en mayoría absoluta por el Partido Popular, ha decidido recortar en casi 600.000 euros la aportación que realiza anualmente para el sostenimiento de estos centros, que forman a unos 500 niños y niñas de entre 0 y 6 años. Un hecho que ha puesto en pie de guerra tanto a los representantes de las escuelas como a las familias de los menores porque consideran que se trata de un recorte que pone en peligro un modelo educativo que tiene más de 40 años de historia.

Porque no se trata sólo de que el Ayuntamiento de Granada haya decidido reducir en 597.500,05 euros su aportación (alrededor de un 15% del presupuesto total que ronda los 4 millones de euros), sino que ese dinero que deja de invertir en las escuelas infantiles irá a parar al servicio de transporte público para equilibrar las cuentas municipales. Una decisión criticada por la oposición de PSOE y Vox y rechazada por quienes gestionan estos centros, ya que la reducción presupuestaria hace que ese dinero que se deja de aportar deba salir de las arcas de la Fundación Granada Educa, que se encarga de su gestión, porque el Consistorio considera que esta institución cuenta con recursos financieros suficientes. Algo que se ha producido sin consultarlo con los patronos del organismo.

No en vano, los datos económicos desmienten el argumento del equipo de gobierno de que la fundación dispone de un amplio margen financiero. Según fuentes de la entidad, en 2024, la Fundación Granada Educa ingresó 3.918.211 euros y gastó 3.899.203, con un superávit de apenas 19.000 euros, destinados íntegramente al fondo de reserva. En 2023, el saldo positivo fue todavía menor: 823 euros. Esa mínima diferencia se ha venido repitiendo cada ejercicio, lo que demuestra que las escuelas trabajan con presupuestos muy ajustados y sin margen para absorber una reducción de esta magnitud. De hecho, los ingresos ya habían caído en torno a 88.000 euros entre 2023 y 2024, antes incluso del recorte ahora aprobado.

“Un ataque frontal a las escuelas municipales”

Para buscar una solución, el PSOE ha solicitado la convocatoria urgente de un consejo extraordinario de patronos de la Fundación Granada Educa para exigir explicaciones al equipo de gobierno de Marifrán Carazo. La portavoz socialista, Raquel Ruz, sostiene que la decisión es un “ataque frontal a las escuelas municipales” y un “auténtico atropello” por parte del PP, a quien acusa de “saquear las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando”.

“El Ayuntamiento quita casi 600.000 euros a una institución que lleva cuatro décadas prestando un servicio público ejemplar, sin explicación ni justificación alguna. Con esta propuesta abocan a la fundación al déficit y ponen en riesgo su estabilidad económica”, denuncia Ruz. Desde el grupo socialista recuerdan además que, desde la llegada de Marifrán Carazo a la Alcaldía, las aportaciones municipales no se han actualizado ni adaptado al incremento de costes, lo que a su juicio evidencia “una falta de compromiso con la educación pública y con las familias granadinas”.

Las escuelas y las familias, indignadas

Dadas las circunstancias, el malestar entre las familias y el personal de las escuelas es evidente. Alhambra Nievas, patrona en representación de las familias que integran las escuelas, habla de “indignación y preocupación” por una decisión que se ha tomado “de espaldas a la comunidad educativa”.

“Esto no se ha consultado con el Consejo de Patronos. El Ayuntamiento ha actuado sin transparencia, sin voz ni opinión de quienes representamos a las familias, al profesorado y a la Universidad de Granada. No creemos que quitarle 600.000 euros a un presupuesto educativo sobre unas escuelas con prestigio internacional sea una decisión justificada”, explica Nievas. “Nos jugamos mucho más que un presupuesto”, añade. “Nos jugamos un modelo público que ha garantizado igualdad, participación y educación de calidad para cientos de niños y niñas durante 40 años”.

Desde su punto de vista, el argumento del equipo de gobierno -que sostiene que la fundación tiene un remanente suficiente- no se sostiene. “Hablan de un sobrante cuando se han rechazado propuestas de mejora porque no había dinero. Es incoherente y demuestra que no creen en las escuelas municipales ni en una educación pública de calidad”, afirma. Las familias han solicitado un consejo extraordinario y preparan alegaciones formales. Si la medida no se revierte, no descartan movilizaciones: “Granada no puede renunciar a sus escuelas municipales”.

Desde el personal técnico también se cuestiona la medida. Elba Mejías, pedagoga de la fundación, sostiene que “no es cierto que exista un exceso de liquidez” y que el recorte “supone detraer dinero de las escuelas para tapar la deuda del Ayuntamiento”. “Llevamos años trabajando con presupuestos ajustados, manteniendo una calidad educativa altísima y con resultados reconocidos fuera de Granada. El Ayuntamiento no ha incrementado su aportación en años y ahora, además, la reduce drásticamente. Es una decisión unilateral e injusta”, lamenta.

La trabajadora recuerda que el modelo de escuelas municipales “es público, participativo y ha demostrado su eficacia durante cuatro décadas”, por lo que “no tiene sentido que se castigue con recortes un proyecto que funciona y que ofrece oportunidades reales de conciliación a cientos de familias”.

Para Isabel Romero, antigua patrona representante de las familias y antigua madre de la Escuela Infantil Municipal Duende, “este recorte no es una cuestión contable, sino política”. “Se trata de un modelo de educación pública que funciona, que está reconocido por organismos internacionales y que ha inspirado a otras ciudades. Lo que hace el PP es ponerlo en riesgo sin justificación alguna”, señala.

Romero considera que la decisión “rompe el consenso histórico que ha permitido sostener las escuelas municipales durante décadas” y acusa al equipo de Carazo de “utilizar el presupuesto de la fundación como si fuera una hucha del Ayuntamiento”. Mientras tanto, el consejo extraordinario solicitado por los patronos sigue pendiente de convocatoria. Si el Ayuntamiento no rectifica, las familias y el personal técnico advierten de que se movilizarán para defender las escuelas municipales de Granada.

El argumento del Ayuntamiento

Mientras, la concejala de Economía, María Rosario Pallarés, defiende que la medida no pone en peligro ni los proyectos educativos ni las nóminas del personal. “El Ayuntamiento nos lo encontramos en una situación económica deplorable, con una intervención del Ministerio de Hacienda, y hay que cumplir con el plan de ajuste y cuadrar las cuentas”, explicó durante el pleno ordinario de octubre, al que se remiten desde el equipo de Gobierno a preguntas de este periódico para contrastar la información.

Según Pallarés, la fundación dispone de un “efectivo neto de 1,2 millones de euros” y de un “patrimonio neto de 2,1 millones”, por lo que considera que puede asumir la reducción temporal sin afectar a su estabilidad. “Se pueden quedar tranquilos los padres y las madres, porque esos proyectos educativos no se ponen en riesgo”, insistió. Sin embargo, la tranquilidad es precisamente un estado que no impera entre quienes temen que este recorte presupuestario sea el inicio del fin de un proyecto educativo que ha sido un éxito en Granada durante más de cuatro décadas.

El enorme complejo dotacional que el Ayuntamiento de Madrid ha construido en pleno barrio de las Letras comenzará a ponerse en marcha a principios de 2026. Esa es la fecha previsdta para la apertura de una escuela infantil municipal de la calle Fúcar, una instalación muy demandada por las familias de las zona y que forma parte del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 del consistorio.

La escuela contará con 74 plazas, distribuidas en seis aulas, con dos clases para cada grupo de edad: habrá dos aulas para alumnos de 0-1 años, dos aulas para alumnos de 1-2 años y otras dos aulas para alumnos de 2-3 años, según explican desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, encargada de poner en marcha esta dotación.

Las nuevas instalaciones tienen una superficie de 1.306 m² en la que se distribuyen las seis aulas mencionadas y una extra, zona de cunas, patio de recreo, cocina, lavandería, oficinas y aseos.

La lista de primeros admitidos ya fue publicada hace unos meses en la web del Ayuntamiento de Madrid y las familias esperan ahora la apertura para poder llevar a sus hijos a la nueva escuela infantil municipal.

La de la calle Fúcar es la primera escuela infantil de la zona y se une a otras municipales de distrito Centro como son Osa Menor, El Olivar, Lolo Rico, El Duende y Escuelas de San Antón. En el curso 2025-2026, la red municipal de toda la ciudad está compuesta por 76 centros y 8.692 plazas y tiene asignado un presupuesto para el funcionamiento de todos los centros de 62 millones de euros. Del total, 941 plazas han llegado durante los mandatos de Almeida.

Las próximas en llegar en el resto de la ciudad serán la número 77, que se está construyendo en la calle Francisco Remiro (Salamanca) y abrirá el curso 2026-2027. La 78 comenzará a construirse en breve en el barrio de San Fermín (Usera). La 79 se ubicará en el barrio de Adelfas (Retiro) y se licitará próximamente. En el Pleno del mes de septiembre se anunció que la número 80 se localizará en El Cañaveral (Vicálvaro).

Las escuelas infantiles municipales son espacios amables pensados para atender las necesidades e intereses de la primera infancia. En ellas, destaca la pareja educativa (dos profesionales a cargo de cada grupo) que favorecen una atención más personalizada, la elaboración de menús equilibrados y saludables en cocinas propias y el trabajo cooperativo con las familias.

Con estas escuelas, el Ayuntamiento de Madrid busca facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias madrileñas y de fomentar una escolarización temprana de calidad que favorezca el aprendizaje y desarrollo emocional y social de los menores.

Las dos fundadoras de la Escuela Infantil Waldorf de Zaragoza, Karen O. y Andrea C., han hecho público este martes un comunicado tras las informaciones aparecidas sobre la detención de un trabajador por presuntas agresiones sexuales a niños del centro privado. En el documento, defienden que han colaborado con las autoridades “desde el primer momento” y aseguran que viven los hechos denunciados “con sorpresa y responsabilidad”.

Karen y Andrea –así suscriben el comunicado– dicen reafirmar su “profundo compromiso con el respeto a la infancia, la legalidad y el bienestar de las familias y niños”. En relación con la denuncia, califican de “inesperada” su publicación. Aseguran que “desde el primer momento” se comunicaron con las familias “para informar lo ocurrido y transmitir tranquilidad”.

A continuación aclaran que el trabajador detenido, ahora en libertad pero con la prohibición de acceder al centro -y para el que piden la “presunción de inocencia”-, “cumplía labores de apoyo como funciones de cocina, asistencia a las maestras tutoras y acompañamiento en actividades cotidianas”. “El centro ha colaborado activamente con las autoridades desde el primer momento y cuenta con protocolos de cuidado y supervisión que serán revisados y reforzados”, añaden.

Explican que fueron citados para declarar “sin conocimiento previo de los hechos” y que han “colaborado activamente con las autoridades desde el primer momento”.

En relación con las familias, las dos fundadoras de la escuela reconocen el “derecho de las familias a organizarse y expresar sus inquietudes” y proponen “encuentros o reuniones que permitan el acompañamiento emocional y transitar este momento delicado”.

Aseguran estar “comprometidas con la reparación y la aclaración”, aunque reconocen que ha sido un “impacto profundo”: “A lo largo de estos años, nuestra mirada a la infancia y a sus familias ha estado guiada por el respeto, la empatía y el compromiso humano”.

Karen y Andrea consideran que “algunas de las acciones y mensajes difundidos han buscado desprestigiar la imagen del centro”, pero dejan claro que no responderán “desde el ataque ni el desamor”.

Para terminar, lamentan “profundamente” no poder comunicarse con las dos familias denunciantes por “respeto por los tiempos judiciales”, pero indican que su “afecto y consideración hacia ellas permanecen intactos”.

Un conflicto administrativo que comenzó a mediados de los ochenta y permanece abierto hasta nuestros días parece aproximarse a su fin. Aunque aún nadie tenga claro que este pueda ser el adiós definitivo, ni siquiera inminente. La escuela privada de El Ardal, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, vive la que podría ser su última semana con malestar entre las familias e incluso una petición en Change.org para mantenerla abierta después de que, en mayo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid advirtieran de su cierre por un problema de licencias. Finalmente, el cese de la actividad estaba previsto para el día 6 de octubre. Pero el Ayuntamiento ha desistido hasta que haya una resolución firme.

El curso ha comenzado y los usuarios de este centro, con 140 alumnos y un modelo educativo basado en la inclusión y con métodos de aprendizaje alternativo para personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o necesidades más especializadas, ya han abonado tanto sus matrículas como el pago de septiembre y octubre. “No se nos está escuchando”, lamenta Penélope, madre de tres hijos que han pasado por El Ardal y una de las portavoces de las familias que pugnan por mantener abierta la escuela. La renovación de las matrículas fue en marzo, unos meses antes de que las administraciones notificaran al espacio que tendrían que cerrar de forma definitiva. Es más, Penélope afirma que al presentar la solicitud de la beca de 0-3 años para centros de la Comunidad de Madrid, este colegio aparecía como un centro homologado en el sistema.

“No sé de quién es la responsabilidad, pero aquí hay un problema para el que las administraciones no se están coordinando. No hay coherencia: si tanta certeza había de que iban a cerrar, ¿cómo puede ser que digan que hay una orden de cierre desde mayo y yo solicité la beca a esta escuela el día 24 de junio, cuando aún la certificaban como escuela homologada en la propia solicitud?”, se pregunta esta madre. En su comunicado de denuncia, las familias también advirtieron del peligro de dicha actuación. “Este ataque a la infancia vulnera el interés superior del menor, principio fundamental reconocido tanto por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas como por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia que exige que en toda decisión que afecte a la infancia priorice su bienestar”.

No obstante, desde el consistorio defienden que el problema de permisos no es nuevo y que las familias ya sabían desde mucho antes que El Ardal “no podía ocupar legalmente” el espacio sobre el que se edificó. Las familias aseguran que la orden de cierre la conocieron el pasado 12 de septiembre, pero el equipo municipal adelanta esa fecha. En realidad, el origen del conflicto reside en varias resoluciones judiciales ante las que no cabe recurso que fueron dictaminadas en 2003, otra en 2005 y la última en 2014. Las licencias urbanísticas han sido denegadas desde entonces, argumentando que el inmueble se eleva sobre un suelo no urbanizable que está protegido. El Ayuntamiento indica que el colegio se construyó a finales del siglo pasado según leyes vigentes durante la Transición y que, ahora, la normativa ha cambiado y ya no es compatible con su actividad.

La escuela ha pedido medidas cautelares que paralicen el cierre

El centro y la Asociación Comounomás –que vela por la inclusión de los menores en el ámbito educativo– han presentado recursos y alegaciones contra esta resolución. Además, han solicitado a los tribunales unas medidas cautelares contra el cese del lunes que, de momento, siguen su curso. Desde el centro confirman que se plantearon por dos vías: una ya ha sido inadmitida por el juez, pero tienen 15 días para recurrir, y avanzan que así lo harán; la otra aún está pendiente de resolución.

Si finalmente así ocurre y se les concede, la orden de precinto quedaría suspendida temporalmente y la escuela (que a día de hoy sigue funcionando con normalidad) podría continuar sus clases hasta que haya una nueva resolución firme. Y esto, a ojos del consistorio, es el problema que les ha llevado hasta aquí. “Llevan décadas sorteando un cierre que saben que va a tener que producirse e incluso han ampliado sus instalaciones en los últimos años aunque conocen la protección que existe sobre ese suelo”, destacan, señalando que al ser una propiedad privada pueden iniciar ciertas reestructuraciones sin solicitar luz verde del lado municipal.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid se han comprometido a “ayudar en lo posible” a las familias que, de verse sin escuela para sus pequeños con el curso ya iniciado, tengan que reubicarlos en un centro público cercano a sus domicilios. Pero el Ayuntamiento no dará su brazo a torcer con el asunto, ni se plantea recalificar el suelo (no pueden hacerlo por sí solos) para permitir esta actividad.

“Esa clasificación no está prevista para ser modificada, así que cualquier afirmación sobre eventuales proyectos urbanísticos o usos especulativos del suelo carece de fundamento alguno”, sentenciaron en un comunicado a raíz de las primeras publicaciones sobre el tema. Niegan, por tanto, que el terreno vaya a utilizarse para otro desarrollo de su interés: “Es un bulo intencionado y solo busca enmascarar la verdad”. Del otro lado las familias presionan para que no desaparezca esta escuela, reconocida con el sello Green School para instituciones educativas con un enfoque integral.

“Es un centro homologado por la Comunidad de Madrid que resulta imprescindible para muchas familias por el modelo pedagógico que ofrece”, señalaron a través de un comunicado emitido, según ellos –el Ayuntamiento insiste en que llevaban tiempo siendo avisados–, después de conocer la noticia. Se refieren a la mirada especial sobre la neurodivergencia y la discapacidad en los menores. “No solo se interrumpen aprendizajes y rutinas, sino que se rompen vínculos de apego vitales con compañeros, docentes y psicólogos que son figuras de referencia y seguridad emocional para los niños. Su pérdida puede generar ansiedad, desarraigo y tristeza, dificultando la adaptación en otros entornos y dejando una huella que afecte a su salud mental y, por ende, su salud física”, argumentan.

Es el caso de Tabi, uno de los niños que estudian en El Ardal y cuenta con un diagnóstico de autismo. “Ha fracasado en todos los modelos educativos y en todos los colegios donde había estado antes por su condición estigmatizada. Presentaba conductas autolesivas, era un niño agresivo, evitativo u oposicionista, pero con respeto y profesionalidad todo eso se ha podido ir recuperando. Esto es lo que le da vida y estabilidad”, defiende su madre en uno de los vídeos que las familias han difundido explicando por qué no deben clausurar el centro. De momento, la cruzada con el Ayuntamiento por la normativa urbanística sigue adelante y serán los tribunales los que decidan de qué lado cae finalmente la balanza. La cuenta atrás ya ha empezado.

La escuela infantil Waldorf Munay de Zaragoza, en la que esta semana se han denunciado presuntos abusos sexuales por parte de un trabajador a menores del centro, no es un centro autorizado por el Departamento de Educación. Se trata, como denuncia la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (PACEI) y confirma el Gobierno de Aragón, de un centro que “no cumple requisitos para ser escuela infantil”.

Esta situación, la de centros infantiles sin enseñanza reglada, al parecer se repite en “multitud de centros alegales que campan con total impunidad y sin control alguno y que utilizando diferentes denominaciones enmascaran centros no autorizados por el Departamento de Educación”, según denuncian desde PACEI. El centro, de titularidad privada, no tiene autorización de Educación “ni consta que nunca la hayan pedido” puesto que se encuentra fuera del sistema educativo reglado, según fuentes del Departamento, que rechaza que tengan competencias sobre este tipo de centros al no estar financiado con medios públicos: “Esta escuela es una entidad privada que habrá tenido sus autorizaciones por parte del Ayuntamiento”. Por su parte el Consistorio explica que tiene licencia para actividad de guardería y que no constan denuncias ni incumplimientos de la normativa urbanística.

PACEI ha expresado su solidaridad con las familias afectadas y exponen que esta situación se da por la “desidia” de la administración educativa “por no controlar, supervisar y vigilar aquellos centros que no cumplen con la legislación autonómica para la apertura de centros de educación infantil autorizados”.

Por todo ello, reclaman “la intervención inmediata de la autoridad judicial, la autonómica por medio del departamento de Educación y Asuntos Sociales y la municipal para la protección de los menores y el cierre preventivo del centro en cuestión hasta que presenten los permisos y licencias que requiere un centro educativo con niños de 0 a 3 años”, además de “explicaciones ante la gravedad de los hechos presuntamente cometidos en el centro”.

Por último, recomiendan a las familias acudir siempre a centros de educación autorizados por el Departamento de Educación: “Exijan el número de autorización al centro y eviten llevar a sus hijos a centros alegales que no tienen supervisión educativa”.

Detenido y puesto en libertad

El acusado fue detenido el pasado viernes y posteriormente puesto en libertad tras denuncias de padres por presuntos tocamientos a niños del centro. El hombre, que según fuentes próximas a una de las denunciantes es profesor de Música, está investigado por supuestas agresiones sexuales a menores. Sin embargo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el detenido no es profesor ni propietario del centro, sino “una persona contratada que hacía labores de mantenimiento”.

La detención, confirmada por la Policía Nacional, corrió a cargo de agentes del cuerpo y el mismo viernes pasó a disposición judicial. Ahora es la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) la encargada de las pesquisas. El caso llegó al Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza, en funciones de guardia, que remitirá las actuaciones al nº 11. Dado que el Ministerio Fiscal no solicitó la prisión, el Juzgado decretó su libertad provisional con la prohibición de acceso al centro educativo donde acuden los menores. Procesalmente, pues, el hombre está en libertad provisional como investigado como posible autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años; en concreto, por la denuncia presentada por los padres de una menor de tres años.