El PSOE de Santo Domingo critica la gestión de subvenciones en el municipio al considerar que el Consistorio desaprovecha el bono infantil de la comunidad autónoma, la ayuda del Gobierno regional para financiar la escolarización de los niños de 0 a 3 años. Consideran los socialistas que “las arcas del Ayuntamiento calceatense sufren de un claro coste de oportunidad” al fijarse unas tasas escolares que se encuentran por debajo del límite de la subvención autonómica.

Explican que el pasado 4 de septiembre de 2026 se firmó el edicto por el que se aprobaban los padrones y listas cobratorias de la tasa por asistencia y estancia en la escuela infantil. Ahora en exposición pública con un plazo de 20 días hábiles.

Desde el PSOE explican que se establecen dos tipos de tasas con o sin comedor cuyas tasas actualmente aprobadas son de 211 y 107 euros respectivamente. El bono infantil en nuestra comunidad autónoma de La Rioja es una ayuda económica del Gobierno autonómico para financiar la escolarización de los niños de 0 a 3 años en centros autorizados, como lo es el de Santo Domingo de la Calzada, nuestra Escuela Infantil 'Virgen de la Plaza', dónde acuden alrededor de 70 alumnos y alumnas de nuestra ciudad. Con este bono, la cuantía máxima mensual por escolar es de 285 euros sin comedor y con comedor de 385 euros.

Para ser beneficiario los niños y niñas deben estar empadronados en cualquier municipio de La Rioja y asistir un mínimo de 4 horas diarias. El objetivo de bono infantil es facilitar la conciliación familiar y avanzar hacia la gratuidad de esta etapa educativa en la red de centro adheridos. La cuantía máxima mensuales por escolar son de 285 euros sin comedor y con comedor de 385 euros.

“La cuestión que se plantea es que si el coste de la tasa mensual de la escuela infantil es menor que el importe del bono, como es el caso de la Escuela Infantil Virgen de la Plaza, se cubre únicamente el precio real del servicio”.

Es decir, “la subvención abonará exactamente el importe de dicha tasa, por lo que la escolarización será 100% gratuita, pero no se ingresará la diferencia. En consecuencia, las arcas del Ayuntamiento calceatense sufren de un claro coste de oportunidad al fijar unas tasas por debajo del límite de la subvención autonómica que se traduce en una pérdida de ingresos mensuales de 13.400 euros (160.800 euros al año) -una cifra nada desdeñable-”.

El PSOE ofrece como propuesta “optimizar las tasas, ajustarlas al máximo para que coincidan con los límites del bono autonómico, de esta manera, se maximiza el ingreso y se garantiza la gratuidad total para los vecinos empadronados en nuestra ciudad”.

“Puede que piensen los actuales regidores que la congelación de las tasas sea una herramienta que asegura que, a las familias que puedan quedar fuera de la subvención por plazos u otras cuestiones, el coste de la misma no pueda ser asumible”.

Desde el Grupo Municipal Socialista “entendemos que técnicamente se deja dinero público sobre la mesa y no mira por las familias sino por la manera de gestionar del PP-Por La Rioja, sin esfuerzo ni creatividad, están consagrados a una inercia administrativa, incapaces de al menos actualizar el término escuela infantil”.

“Incapaces de ir con la normativa actual y la comunidad educativa que lleva años consolidando el carácter pedagógico del ciclo 0-3”. Este equipo de gobierno PP-Por La Rioja “sigue anclado en el concepto obsoleto de 'guardería', demostrando una alarmante desconexión con el modelo educativo moderno y una preocupante falta de ambición para el municipio”.

Desde el Grupo Municipal Socialista “no entendemos cómo es posible que ningún miembro que compone el equipo gestor del consistorio haya puesto sus esfuerzos en esta cuestión, lamentamos profundamente el concepto de gestión que se lleva aplicando desde las últimas dos legislaturas, 8 años de retrasos y pasos lentos que los calceatenses no merecemos”.

El primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) inaugura este jueves el nuevo curso en Andalucía con el avance de la gratuidad como una de las principales novedades, pero también con un conflicto laboral que las trabajadoras dan por lejos de estar resuelto. Muestra de ello es que las educadoras han regresado a las aulas luciendo de nuevo las camisetas amarillas con las que protagonizaron las movilizaciones del curso pasado, en las que reclamaron más recursos, mejores condiciones laborales y, sobre todo, un cambio en el modelo de financiación que sostiene una red mayoritariamente privada.

“Empezamos con ganas de seguir luchando porque realmente no hemos conseguido nada”, resume Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. Las trabajadoras explican que, tras las protestas y jornadas de huelga celebradas en el último trimestre, el Gobierno las ha escuchado y se ha reunido con ellas durante los últimos meses, pero consideran que esas conversaciones no se han traducido en mejoras suficientes. De ahí su apuesta por continuar “trabajando y luchando por la dignidad del 0-3”.

La movilización se retoma así coincidiendo con el inicio del curso 2026/27, que este jueves llevará a las aulas a 92.406 menores de tres años en Andalucía, según los datos de matriculación de la Consejería de Educación. Son 3.024 más que el curso anterior, con el crecimiento concentrado principalmente en el tramo de un año.

Expansión de la gratuidad a todo el ciclo

El aumento de alumnado se produce en paralelo a la ampliación de la gratuidad en el primer ciclo. Este curso la bonificación del 100% se ha extendido a los niños de un año, después de que el pasado ejercicio entrara en vigor en el tramo de dos años. La previsión de la Junta es que el tramo de cero años quede incluido en el curso 2027/28, completando así la gratuidad de todo el ciclo.

Hasta el momento, el Gobierno andaluz calcula que el 95% de los menores escolarizados en el primer ciclo dispone ya de gratuidad, dado que la administración autonómica asume el coste del servicio de atención socioeducativa (esto es, el horario escolar de 9:00 a 15:30) para unos 88.000 alumnos tanto en las escuelas infantiles públicas, como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias.

La gratuidad, no obstante, no alcanza a todos los servicios, pues las familias tienen que seguir abonando prestaciones como el comedor o el aula matinal.

Particularidades del modelo

Para las trabajadoras la expansión de la gratuidad no resuelve el problema de fondo. “El dinero público y la gestión de los centros están en manos de empresas privadas, pero las instituciones no supervisan que los decretos y los convenios se cumplan”, apunta al respecto Terriza, quien reclama que el apoyo institucional se dirija también a quienes trabajan en las aulas y no únicamente a las empresas que gestionan los centros. Ello explica que el colectivo de educadoras no demande la subida del precio por plaza (como sí lo hace la patronal del sector), sino “un cambio profundo en el modelo de financiación”.

Entretanto, la patronal del sector mantiene la demanda de subir el precio por plaza. La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI) ha vuelto a reclamar elevarlo de los actuales 240,53 euros hasta 437,12 euros en un periodo de tres años, al considerar que los costes laborales y los derivados del nuevo decreto hacen insostenible la actividad de los centros.

La Junta, por su parte, acordó el pasado mayo con las principales patronales y el sindicato FSIE una subida de alrededor del 4%, que situará el precio en 250,15 euros a partir de enero de 2027. El acuerdo contempla además una actualización automática anual a partir de septiembre de 2027, aunque su fórmula se concretará en próximas reuniones.

La red andaluza en esta etapa educativa está formada mayoritariamente por centros privados adheridos al programa de ayudas de la Junta. Este modelo de conciertos –impulsado en su día por el PSOE– buscaba compensar la escasa oferta pública, optando por subvencionar la matrícula a las familias y así favorecer la escolarización de 0 a 3 años, pagando a las escuelas una cantidad fija por plaza. Actualmente, dos tercios de la oferta corresponden a este tipo de centros.

Nuevo curso, mismas reivindicaciones

Las protestas del pasado curso pusieron el foco en reclamar más inversión, recursos para las aulas y mejores condiciones laborales. Uno de los principales problemas que denunciaron las trabajadoras fueron unas ratios que consideran incompatibles con la atención que requieren los niños de entre cero y tres años.

El conflicto se retoma ahora con un calendario de movilizaciones ya sobre la mesa. La plataforma prepara concentraciones para el 17 de septiembre y prevé participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Además, se suman a la acción simbólica impulsada por la plataforma estatal con el objetivo de visibilizar que, según denuncian, continúan siendo “víctimas de violencia institucional”.

La plataforma reclama también cambios que van más allá de las condiciones laborales. Entre ellos, que se tenga en cuenta la especificidad de esta etapa a la hora de organizar el calendario escolar. Los más pequeños comienzan el curso el 3 de septiembre, lo que los convierte en el colectivo que menos vacaciones tiene (Primaria y Secundaria arrancan la semana que viene).

“Eso es porque nos tratan como conciliación y no como etapa educativa”, sostiene Terriza. En cambio, las educadoras defienden que el primer ciclo de Infantil debe reconocerse como una etapa educativa con sus propias necesidades y no únicamente como un servicio destinado a facilitar la vuelta al trabajo de las familias.

La cuestión del calendario se suma este inicio de curso a otra dificultad más inmediata: las altas temperaturas. Las trabajadoras regresaron a los centros el pasado 1 de septiembre para preparar las aulas, algo que valoran como un pequeño avance frente a cursos anteriores, cuando tenían que reincorporarse el mismo día que los niños. Y, aun así, consideran que sigue siendo insuficiente.

“Hay muchas zonas de Andalucía que siguen sin tener aire en las clases y es insoportable volver con este calor”, denuncia Terriza desde la Escuela Infantil Alameda, en plena campiña sevillana, donde los termómetros superan los 40 grados. La plataforma asegura haber trasladado a la Junta la necesidad de planificar el calendario teniendo en cuenta también las temperaturas y reclama que se adopten medidas para proteger a los menores y a las trabajadoras.

Una etapa que gana peso

Mientras las reivindicaciones laborales vuelven a marcar el inicio de curso en las escuelas infantiles andaluzas, los datos oficiales dibujan una expansión del primer ciclo de Infantil. Para este curso se han ofertado 125.682 plazas en 2.226 centros, 29 más que el curso anterior.

Según los últimos datos de matriculación registrados, hay 6.481 niños escolarizados en el tramo de cero años, 37.552 en el de un año y 48.373 en el de dos. La matrícula permanece abierta durante todo el curso, por lo que la Consejería prevé que la cifra siga creciendo hasta superar los 106.000 escolares.

La tasa de escolarización en este ciclo se situaría así en el 60,14%, la más alta de la serie histórica según la previsión de la Junta, 16 puntos por encima de la registrada en 2018 y por encima de la media nacional, que se sitúa en el 49,2%.

En cuanto a la financiación, el Gobierno andaluz destinará este curso 40 millones de euros a financiar la gratuidad de la atención socioeducativa para los niños de un año. En el conjunto de la etapa, la Consejería prevé una inversión de 290 millones en ayudas a las familias, dentro de un presupuesto total de 420 millones para el primer ciclo, un 58% más que en 2018.

El reto para las trabajadoras, sin embargo, pasa por que ese crecimiento vaya acompañado de un cambio en las condiciones en las que se presta el servicio. La plataforma prepara ya nuevas movilizaciones y busca, además, una mayor coordinación sindical. Durante el verano ha contactado con los sindicatos para impulsar una intersindical andaluza que permita dar voz a las trabajadoras del 0-3 en las mesas de negociación.

Con más plazas gratuitas, una escolarización que la Junta prevé al alza y el objetivo de extender la gratuidad al conjunto de la etapa el próximo curso, el 0-3 encara así un nuevo curso de expansión, pero también de reivindicaciones. Las trabajadoras reclaman que el debate sobre esta etapa no se limite al número de niños escolarizados o al coste para las familias y que aborde también el modelo de financiación, las condiciones laborales y los recursos disponibles en las aulas.

Las educadoras infantiles continúan la huelga indefinida que comenzaron el pasado 7 de abril en Madrid, con movilizaciones que se fueron extendiendo por todo el país en una huelga general. Estas profesionales que trabajan en las escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años se cansaron de vivir jornadas laborales en las que no se reconocía su profesión, cobraban el salario mínimo mientras educaban a los más pequeños en una etapa fundamental de sus vidas y en escuelas en las que las condiciones de las infraestructuras eran nefastas.

La adaptación de los niños de 0 a 3 años va a ser diferente a la de otros años, pues las escuelas contarán con servicios mínimos, lo que se traducirá en una menor calidad educativa, peor comunicación con las familias y menor atención personalizada de los niños y niñas.

Las educadoras infantiles no se cansan de repetirles a las instituciones las condiciones en las que trabajan a diario y que quieren cambiar lo antes posible, para reconocer su labor y para, sobre todo, mejorar la calidad educativa de los más pequeños en su primer contacto con las aulas y el aprendizaje. Durante estas más de 19 semanas que llevan en huelga, las profesionales del 0-3 se han movilizado en todo el país con el apoyo de los sindicatos y de las familias, que quieren una educación de calidad para sus hijos.

Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles afirman que nada va a cambiar este próximo curso. “Afrontamos el mes de septiembre como hemos terminado el curso anterior, con fuertes movilizaciones y todas juntas, tanto a nivel estatal como en la Comunidad de Madrid”, recuerda Rosa Marín, portavoz de la PLEI, a elDiario.es.

En la Comunidad de Madrid las educadoras infantiles denunciaban la pasividad de las instituciones, especialmente cuando exigieron el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada tres o cinco años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Durante estos casi cinco meses de movilizaciones, las educadoras infantiles han conseguido pequeños avances en su lucha. “Al final, salir a las calles a reivindicar nuestros derechos y a decir 'basta ya esta precariedad' pues tiene su fruto, como va a ser cuando quede ya plasmado la modificación del Real Decreto con esa bajada de ratios, y la implementación de la pareja educativa en todas las escuelas infantiles”, explica la portavoz de la PLEI a este diario.

En junio, el Ministerio de Educación propuso a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El ministerio encabezado por Mercedes Tolón propuso que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora).

En otra reunión que mantuvieron las profesionales del 0-3 con la ministra de Educación, Tolón se comprometió a implantar la pareja educativa en las escuelas infantiles de gestión indirecta, otra de las grandes exigencias de las educadoras desde que comenzaron la huelga en la Comunidad de Madrid en el mes de abril. “Es algo que ya tienen todas las escuelas que ya gestionamos de manera directa”, defendía la ministra.

En la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, las educadoras infantiles también luchan por una subida de los salarios. “No podemos vivir en la Comunidad de Madrid ni en el resto de comunidades autónomas con el salario mínimo interprofesional, que es el que marca el convenio colectivo”, sostiene Rosa Marín. Es por ello, entre otras razones, por lo que las profesionales de las escuelas infantiles seguirán con las movilizaciones a partir del mes de septiembre. “Continuaremos para dignificar nuestra profesión y para mejorar nuestras condiciones salariales”, ha explicado Marín.

Unos meses “muy delicados”

De cara al curso 2026/27, la portavoz de la Plataforma insiste en que afrontarán la acogida de los niños y niñas “con bastante preocupación”. “Sobre todo por las familias y las criaturas que empiezan nuevas en las diferentes escuelas infantiles el mes de septiembre y octubre. Son unos meses muy delicados y con gran importancia en nuestro trabajo porque son periodos de vinculación”, detalla Marín en una conversación con elDiario.es. Las educadoras infantiles creen que lo más importante es que “las familias se queden tranquilas y que las criaturas entiendan que es un sitio seguro y que [la educadora] es una persona de referencia, y que se mantengan seguras para poder aprender, para poder desarrollarse, para poder descubrir el mundo”, subraya Marín.

“Para poder explorar necesitan sentirse seguros, y eso lo da esa vinculación de los primeros meses. Es un periodo muy complicado que va a arrancar con una huelga indefinida, donde no van a estar las referentes, donde va a haber mucho cambio de personal con los servicios mínimos que tenemos”. La portavoz de la PLEI recuerda que “los servicios mínimos se mantienen igual” a partir de este nuevo inicio de curso, “y esto supone mucho vaivén y mucho cambio de las personas de referencia para las criaturas, lo que dificulta esta vinculación”.

Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles recuerdan que siguen preocupadas por las familias y los más pequeños, sin embargo, todo lo hacen por mejorar la calidad educativa en la etapa del 0-3, y esperan que desde la Comunidad de Madrid tomen más medidas para conseguir estos objetivos. “No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de la Consejería de Educación dar una respuesta y dar un fin, y que se siente a negociar para poder volver a las aulas y hacer lo que sabemos, que es nuestro trabajo, y es dedicarnos a la educación de las criaturas más pequeñas más vulnerables, que es el 0-3”, aclara la portavoz.

La Federación de Servicios de la Ciudadanía (FSC-CCOO) de Castilla-La Mancha reclama mejoras en las condiciones y prestación del servicio público en las escuelas infantiles de la región. Consideran que tras la finalización del curso, que ha estado protagonizado por “importantes movilizaciones” del sector de 0-3 años en la región, “es el momento de seguir exigiendo a las administraciones competentes (autonómica y local) garantías para unificar calendarios en todas las escuelas infantiles de la región”.

Apuntan que recientemente se ha conseguido, a través de la negociación con el Ministerio de Educación, la disminución del número de alumnado por aula para acercarse a los estándares recomendados por la Unión Europea. La FSC exige que esa bajada de ratios se aplique, también, a las escuelas infantiles municipales.

“Quedan muchas cuestiones fundamentales para dignificar las condiciones laborales de los y las profesionales de este ciclo educativo. Es un sector feminizado y olvidado, en muchos casos, por la administración que lo trata como un mero recurso para la conciliación, obviando que constituye la primera etapa de la educación de nuestros hijos e hijas” ha explicado Carmen Juste, secretaria general de la FSC-CCOO Castilla-La Mancha.

“Sólo hay que ver los reglamentos de funcionamiento de escuelas infantiles municipales para comprobar que no hay referencias expresas a que el personal cuente con tiempo suficiente para realizar tareas de organización y planificación del centro”, señala. Por eso, aprovechando el inicio del nuevo curso escolar en Septiembre, “queremos exigir a la Consejería de Educación y a los distintos ayuntamientos una serie de reivindicaciones fundamentales para que las personas trabajadoras de escuelas infantiles municipales realicen su trabajo con garantías para proporcionar una educación de calidad, inclusiva y centrada en el bienestar del menor”.

Entre esas medidas están la implantación de dos profesionales por aula para una “atención segura y emocionalmente respetuosa”; la integración estructural de profesionales; la coordinación con otros servicios básicos para la detección y atención temprana y garantizar a los niños con necesidades especiales una inclusión real y segura; o la implantación de medidas de conciliación familiar y personal para el colectivo de escuelas infantiles.

“Aunque lo más importante, cita Juste, es el reconocimiento profesional y salarial de quienes educan en la etapa de 0-3 como profesionales de la educación que son o la implantación del grupo B en las escuelas infantiles municipales públicas”.

“Desde CCOO reafirmamos nuestro compromiso con la mejora del ciclo 0-3. Seguiremos trabajando sin descanso para avanzar hacia un sistema educativo con condiciones dignas para sus profesionales, siempre desde el diálogo social, la negociación colectiva y la acción sindical responsable, encaminada a mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras”, concluye la máxima responsable de FSC-CCOO en Castilla-La Mancha.

Goteras y filtraciones que provocan moho, deterioro de cubiertas que han acarreado la visita de los bomberos en diversas ocasiones, cascotes bajo el foso de arena, falta de limpieza, grietas, pintura deteriorada, baldosas rotas, pavimentos levantados, ausencia de aire acondicionado, problemas con la calefacción, ventanas y carpinterías ineficientes, rampas que no respetan la normativa. Y así hasta más de un centenar de deficiencias que el Defensor del Pueblo investigará en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, cuyas educadoras están en huelga desde el 7 de abril. La huelga no solo reclama una subida de salarios que dignifique su profesión, sino la mejora del entorno en el que la infancia se ve obligada a crecer y educarse sus primeros meses de vida.

“Vamos a intentar que no tenga que pasar una desgracia para que las cosas cambien”, adelanta Rosa Marín como portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de Madrid. Esta educadora en un colegio de Las Rozas de gestión directa por parte de la Comunidad de Madrid recuerda cómo este invierno dos aulas de su anterior escuela se inundaron por las lluvias. “He visto hasta cómo se caían los baldosines de un baño. Ahí deben funcionar cuatro retretes por aula, pero dos sistemáticamente estaban rotos, año tras años. Y había persianas que no se levantaban, así que hemos estado sin luz natural los meses que han tardado en arreglarlo”, ejemplifica.

Estos apenas son algunos ejemplos de la batería de deficiencias y necesidades que la PLEI entregó al Defensor del Pueblo. Ahora, el organismo que lidera Ángel Gabilondo les ha respondido que abrirá actuaciones de oficio con las administraciones titulares de los centros. En concreto, se han iniciado ya actuaciones con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda y Colmenar Viejo, informaron en un escrito.

Sin asumir sus competencias

Marín asegura que habla “de cosas que de verdad dificultan el día a día en las escuelas y sería hasta para cerrarlas, porque siguen abriendo en unas condiciones que no son las adecuadas ni para la infancia ni para mantener la calidad educativa que se merecen las criaturas”. A la espera de que la investigación por parte del Defensor del Pueblo colme las esperanzas de la plantilla, las administraciones se pasan la pelota unas a otras.

La portavoz explica a elDiario.es que las competencias de infraestructuras de las escuelas públicas, tengan gestión directa o privatizada, siempre recaen en la Comunidad, mientras que el mantenimiento es competencia de los ayuntamientos. “Les comentas una deficiencia y te dicen que es de la infraestructura, pero luego los otros te dicen que es por falta de mantenimiento, y mientras la escuela se cae a pedazos” denuncia.

El esfuerzo “titánico” –tal y como lo caracteriza esta educadora infantil– que han realizado sus compañeras para enumerar y documentar los desperfectos de sus escuelas una por una se ha materializado en un dosier de más de 40 páginas que también obra en poder de la Consejería de Educación, con Mercedes Zarzalejo al frente. “Cuando nos reunimos con ella se comprometió a comunicar al departamento de Obras e Infraestructuras estas deficiencias si se las mandábamos en un informe. Esto es de risa. Tendría que ser ella quien las tuviera registradas porque sabemos que las direcciones de las escuelas se las han hecho llegar”, se queja Marín. Desde el envío, meses mediante, no han obtenido respuesta alguna. “Somos conscientes del papel limitado del Defensor, pero creemos que sí puede presionar de alguna manera para que las cosas mejores”, añade.

Precinto de los bomberos

Alba, educadora infantil en la escuela La Almudena, de gestión directa por parte de la Comunidad, sostiene que “están dejando morir” a su centro: “Es de los más antiguos de la región y todos los años, en la época de lluvias, sufrimos humedades, filtraciones y goteras”. Situado en Hortaleza, en este centro peligra la cubierta. Tanto, que los bomberos han llegado a acordonar algunas zonas. A ello se suman aulas inhabilitadas por la presencia de moho. “Trabajamos con bebés y con niños muy pequeños y nos tememos que algún día pueda ocurrir alguna desgracia”, advierte.

A La Almudena acuden cerca de un centenar de alumnos todos los días. “Pensamos que no hacen reparaciones estructurales porque prefieren que llegue el día en que tengan que cerrar o tirar la escuela. Suponemos que para después hacer una nueva, pero de gestión indirecta”, indica la educadora infantil.

María es madre de una criatura que este curso ha acudido a La Almudena, al curso de 0 a 1 años. “La cubierta está destrozada. Yo no sé si la integridad de los niños está a salvo”, secunda. No es el único aspecto que le preocupa, pues la falta de aires acondicionados acarrea numerosas incomodidades para la plantilla y los propios bebés, que tienen que estar rodeados de pingüinos. “Eso no puede ser sano. A veces he recogido a mi hija a 38 grados. Es un centro muy grande y sus instalaciones podrían estar muchísimo mejor, porque ahora es lamentable”, se queja.

Desde su punto de vista, no se invierte más dinero en las infraestructuras de las escuelas infantiles “porque los niños pequeños no pueden hablar”. “No sé dónde irá ese dinero, pero no va a remediar los desperfectos de la escuela. No puede ser que empecemos el curso y durante tres semanas no se pueda utilizar el aseo por las humedades que tiene, como pasó el año pasado”, rememora.

Cascotes debajo de la arena

Las escuelas infantiles se suceden una tras otra en el informe que entregaron al Defensor del Pueblo. El centro Ori Ori de San Blas, gestionado también directamente por la Comunidad de Madrid, es otro. Ana Muñoz trabaja como educadora infantil en este chalet antiguo de dos plantas: “Se está cayendo el enfoscado de la fachada y tuvieron que intervenir los bomberos el curso pasado. La dirección hizo los informes pertinentes, lo elevó a la Consejería, han venido a verlo, pero no han hecho nada”.

Uno de los aspectos que más preocupa en esta escuela infantil es la presencia de cascotes bajo la arena del patio de los pequeños de 2 a 3 años. “Nuestro patio está hecho sobre residuos de obra”, expone. Entre las deficiencias también se encuentran grietas en diversos muros, humedades, desprendimiento de parte de la fachada, ventanas de hierro en mal estado y una claraboya en la cubierta que está rajada, lo que provoca goteras.

Sin embargo, la cuestión no va solo de si arreglar las escuelas infantiles o no, sino también del respeto a sus trabajadores. Jorge Abad, maestro de educación infantil en la escuela Tarabilla, centro ubicado en Ciudad Lineal propiedad del Ayuntamiento de la capital, pero de gestión privatizada, detalla las calamidades que ha sorteado la plantilla este último curso. “Aquí las trabajadoras y las familias hemos tenido que luchar para tener el aire acondicionado que llevaba tres años sin funcionar, se ha reformado el patio y se ha terminado con un problema de palomas que defecaban en él”, comenta.

En este caso, fueron tantas las quejas que la junta municipal del distrito de Ciudad Lineal determinó que la escuela necesitaba una reforma integral y se comprometieron a llevar a los alumnos y educadoras a otro centro durante la remodelación. Finalmente, el Ayuntamiento no encontró alternativa y optó por ofrecer a las familias más puntos por irse a otra escuela y hasta 600 euros por acudir a una privada. “Con las educadoras, como nuestro contrato terminaba este año, decidieron no renovarlo. Gracias al apoyo y la presión de las familias estamos aquí, un año más, pero no sabemos qué ocurrirá el curso 27-28”, finaliza Abad.

El PSOE de Canarias Canarias ha celebrado como un “triunfo de la lucha ciudadana” la decisión del Gobierno de Canarias “de dar marcha atrás” en sus planes de cerrar las escuelas infantiles Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, y Las Folías, en Las Palmas de Gran Canaria, y haya anunciado este jueves que mantendrá abierta en esos centros un aula para niños y niñas de 2 a 3 años, aunque de manera “provisional”.

A través de un comunicado, la vicesecretaria portavoz y diputada regional socialista, Elena Máñez, ha señalado que confía en que el siguiente paso del Ejecutivo autonómico sea que la red de escuelas infantiles y su personal, dependientes de la Consejería de Bienestar Social, pase a integrarse en la Consejería de Educación.

Máñez ha recordado que el anuncio del cierre, realizado el pasado marzo por Bienestar Social, provocó una amplia contestación por parte de familias, trabajadoras, asociaciones vecinales y colectivos de los barrios de Salamanca y Zárate, respectivamente, a quienes el PSOE ha apoyado y acompañado desde el primer momento. “Se demuestra que la movilización sirve y que defender los servicios públicos merece la pena. Este ha sido un triunfo de la lucha ciudadana”, ha afirmado.

La portavoz y diputada socialista asegura que la consejera Candelaria Delgado ha intentado justificar el cierre apelando a la caída de la natalidad, “mientras que durante estos años ha permitido el deterioro de las escuelas infantiles dependiente de su departamento”.

Elena Máñez ha recordado que el grupo parlamentario Socialista impulsó el pasado 29 de abril una Proposición No de Ley (PNL) para mantener abiertas estas dos escuelas e iniciar el traspaso del conjunto de las escuelas infantiles a la Consejería de Educación, incluyendo a sus trabajadoras.

La iniciativa fue aprobada pese al voto en contra de Coalición Canaria y Partido Popular

En este sentido, Máñez ha destacado el valor “de la política útil” desde el Parlamento de Canarias y el trabajo desde la oposición, que también es capaz “lograr conquistas sociales para el conjunto de la ciudadanía y defender la justicia social”.

Asimismo, la dirigente socialista ha reconocido el trabajo realizado por las familias, las asociaciones vecinales y los comités de empresa, junto a las iniciativas impulsadas por el Partido Socialista.

La consejera de Bienestar Social, Igualdar, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha afirmado que su departamento ha acordado el cierre administrativo de las escuelas infantiles Las Folías, en Gran Canaria, y Anaga, en Tenerife, aunque durante el próximo curso mantendrá abierta en esos centros un aula para niños y niñas de 2 a 3 años, aunque de manera “provisional”.

Delgado, en un audio enviado por su departamento, ha explicado que esta decisión se adopta tras reunirse con las asociaciones de vecinos y con las familias de ambos centros así como con representantes de la Consejería de Educación.

La consejera ha insistido en que la escuela infantil Anaga pasará a depender de la escuela infantil Bentenuya y la Folía a la escuela infantil La fuente.

Ha explicado que se mantendrá abierta de forma provisional un aula para el alumnado de dos a tres años a petición de las familias y de las asociaciones de familia hasta que la Consejería de Educación pueda habilitar plazas en los CEIP de Infantil y Primaria tanto en el barrio de Zárate, en la capital grancanaria, como del barrio de Salamanca, en Santa Cruz e Tenerife.

Ha añadido que se mantendrá el personal necesario para atender a esos 14 niños y niñas que se calcula que tendrán esas aulas y ha anunciado que se están poniendo en contacto con las familias para que les comunique si quieren continuar en la escuela infantil donde se les asignó tras el cierre o si quieren retornar a las antiguas aulas.

Delgado también ha dicho que tras hablar con los comités de empresa también se va a respetar las peticiones de traslado del personal y en estas dos aulas “provisionales” solo quedarán los trabajadores necesarios.

Movilizaciones contra el cierre

Los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social denunciaron el pasado mes de marzo la decisión de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de cerrar las Escuelas Infantiles Anaga y Las Folías,. “Se trata de un servicio público que no se mide por beneficio económico, sino por su necesidad social. Consideramos que Anaga y La Folía son vitales para nuestra comunidad”, destacaron las propias trabajadoras en una rueda de prensa, al mismo tiempo que anunciaron movilizaciones contra el cierre que afecta a más de 70 familias.

Vecinos y vecinas de Zárate, en Gran Canaria, se concentraron en abril a las puertas de la escuela Las Folías tras el anuncio de la consejería de cerrar el centro, por lo que consideran que “supone un grave perjuicio para las familias y para el futuro del barrio”.

Además, la Asociación Vecinal Social y Cultural Zárate pedía “soluciones reales para garantizar su funcionamiento”.

Asimismo, entregaron al Gobierno de Canarias más de 3.000 firmas contra el cierre de la escuela infantil de 0-3 años del barrio.

El Gobierno de La Rioja ha adjudicado, por un importe total de 235.427,75 euros, el contrato para el arrendamiento e instalación de un conjunto de módulos prefabricados compuesto por dos aulas que se ubicarán en la Escuela Infantil de Primer Ciclo (EIPC) ‘Nuestra Señora de Vico’, de Arnedo. La actuación permitirá satisfacer la demanda de plazas de 0 a 3 años en la localidad y garantizar la escolarización de los alumnos de este tramo de edad.

El contrato contempla el arrendamiento de los módulos, así como las actuaciones necesarias para su transporte, ensamblaje e instalación, además de todo el mobiliario y enseres necesarios para su puesta en funcionamiento a partir del mes de septiembre. El plazo de arrendamiento será de 24 meses, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de 18 meses

Con estas dos nuevas aulas de la Escuela Infantil ‘Virgen de Vico’, la Consejería de Educación y Empleo dice avanzar así en su “compromiso de ampliar y consolidar la oferta educativa de 0 a 3 años y de facilitar a las familias el acceso a plazas de primer ciclo de Educación Infantil en su entorno más cercano”.

No han dejado de repetirlo desde el 7 de abril, cuando comenzaron esta huelga indefinida, la primera en su historia, mediante la que intentan forzar una subida salarial, pues las nóminas actualmente rozan el salario mínimo: con estas condiciones es imposible educar y cuidar a la infancia como se merece. Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid descansarán en agosto de unos meses repletos de movilizaciones y acciones de lucha y solidaridad. Septiembre será el mes más complicado hasta el momento, pues el inicio de curso se prevé en servicios mínimos, lo que redundará en la calidad asistencial que podrán brindar a las familias y las criaturas, sobre todo aquellas que pisan la escuela por primera vez.

Será la primera ocasión en la historia que un nuevo curso comienza en las escuelas infantiles madrileñas con las educadoras en huelga. Las repercusiones se dejarán notar gravemente en el periodo de adaptación y vinculación de los más pequeños, tal y como coinciden en alertar todas las trabajadoras consultadas para este reportaje. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), ha recalcado que el inicio en septiembre “va a ser duro, muy duro, sobre todo para aquellas criaturas pequeñas cuyas familias nunca han dejado a su hijo o hija con desconocidos”.

Este proceso, que requiere una “atención mínima y un estar presente”, tal y como concretiza la misma Marín, educadora infantil en un colegio público con etapa educativa de 0 a 3 años de Las Rozas, se verá afectado por la huelga. “Con las ratios que todavía tenemos y los servicios mínimos es muy difícil dar esa atención porque será imposible llevar a cabo el trabajo de vinculación tan necesario esos primeros meses”, ha comentado cuando la manifestación echaba a andar.

Si fuera un periodo de acogida normal, las aulas se llenarían de familias nuevas que acompañarían a los más pequeños durante algunas horas para conseguir que se aclimataran. Al igual que hasta ahora, la realidad que se vivirá en las escuelas de la Comunidad de Madrid será mucho más complicada que aquellas gestionadas por el Consistorio de la capital, pues en las primeras no existe la figura de pareja educativa. “Se mezclan bebés con otros pequeños de hasta tres años y se unen aulas, y cada día una de nosotras se encarga de una diferente. Va a ser muy complejo el inicio de curso”, reitera Marín.

Las educadoras infantiles se preparan emocionalmente para ello. “Hacemos terapia entre nosotras para resistir”, comenta metafóricamente la portavoz. Asimismo, admite que lo pasan “muy mal” cuando ven que no llegan a atender a las criaturas como se merecen.

Un salario para sobrevivir

La mayor parte de las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid reciben unos 1.080 euros por su trabajo a final de mes. Edu Vacas es uno de ellos. “Este salario afecta a todos los niveles, sobre todo en una ciudad tan poco amable como Madrid”, introduce. Este educador infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid de gestión indirecta ha estado más de una década dedicando el 60 % de sus ingresos, en torno a 1.350 euros brutos con las pagas extra prorrateadas, al pago del alquiler. “Es increíble que cobremos esta miseria cuando somos los responsables de cuidar y acompañar a criaturas en sus primeros meses de vida, cuando más conexiones neuronales se producen”, sostiene.

Vacas trabaja junto a una pareja educativa, así que la principal consecuencia de la huelga al comienzo del curso será la falta de una figura de referencia para los más pequeños. “Eso impedirá que podamos atender e individualizar las necesidades y deseos de la infancia, a quien le costará mucho más entender que la escuela no es un lugar hostil”, añade. Por último, enfatiza que serán las nuevas familias que accedan al centro las que peor lo pasarán: “Es un papelón muy gordo para ellas”.

Tamara González, también educadora infantil en una escuela gestionada por el Ayuntamiento capitalino, añade que viven “el inicio de curso con bastante incertidumbre. Ese acercamiento que siempre tenemos las primeras jornadas se verá truncado y no será posible la vinculación con la infancia”, asevera.

Por otro lado, esta profesional de la educación es una de las tantas que convive con una dualidad en su interior. Deja de ir a trabajar para hacer reaccionar a una Consejería que las tiene abandonadas, según expresa, pero a la vez admite que no puede ver sufrir o pasarlo más a las criaturas. En ese debate, incluso chantaje emocional, gana la lucha: “Estamos en las calles para poder mejorar el trato que les damos en el futuro. Si no seguimos con la huelga, todo irá a peor”.

María Álvarez, por su parte, asume que sobrevive más que vive con su salario de educadora infantil, por lo que se vale de la ayuda de sus padres. “Seguir con esta huelga ya es algo heroico. No solo estamos aquí por dinero, sino también por la infancia y para darle voz a aquellos que no la tienen” expresa por teléfono a elDiario.es.

Una Consejería inmóvil

Sobre el inicio de curso, esta educadora en una escuela de Parla dependiente de la Comunidad de Madrid con la gestión privatizada exclama que tanto los pequeños como ellas, las trabajadoras, lo pasarán mal. “Tiene que ser así para poder conseguir lo que reivindicamos. Es pasarlo mal un tiempo corto para poder hacer bien nuestro trabajo de una forma duradera en el futuro”, agrega.

Marín, la portavoz de PLEI, incide en que esto podría no ser así si la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, con Mercedes Zarzalejo al frente, aceptara una subida de salarios. “Yo creo que ella ni es consciente de lo importante que es este tiempo de acogida en las aulas. Desconoce el sufrimiento que va a producir en familias, infancia y educadoras”, sostiene. Del mismo modo que el resto de compañeras, esta educadora explica que “una criatura no podrá sentirse sostenida, ni va a poder aprender, ni jugar ni relacionarse ni explorar si no se siente segura, y para eso sus personas de referencia debemos poder trabajar con unos medios y condiciones dignas”.

Uno de los grandes logros de las trabajadoras madrileñas ha sido arrancar al Ministerio de Educación un real decreto que servirá para bajar las ratios en las aulas. Sin embargo, la Consejería dirigida por Zarzalejo no ha atendido nunca a sus demandas. “Le hemos mandado comunicaciones por registro para que firmara unas declaraciones que hizo a los medios de comunicación y nunca ha respondido. No creo que ahora, de repente, nos llame para decirnos que aumenta el salario”, reconoce Marín. Esa es su línea roja. Solo levantarán los paros cuando consigan un sueldo digno y acorde a su formación y responsabilidad.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la construcción de una nueva escuela infantil municipal en el distrito de Retiro, que se ubicará entre las calles Adelfas y Valderribas. Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo local.

El nuevo equipamiento, que será ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos, contará con un presupuesto base de licitación de 4,6 millones de euros y dispondrá de una superficie construida de 1.652 metros cuadrados. El edificio tendrá sótano, planta baja y primera planta.

La futura escuela infantil albergará seis aulas, todas ellas equipadas con los espacios de servicio necesarios, como cambiadores, aseos, zonas de almacenamiento y fregaderos. Además, cada aula contará con acceso directo a espacios exteriores destinados al juego y las actividades al aire libre.

El centro también dispondrá de un hall principal, sala de usos múltiples, cocina, biblioteca, vestuarios, aseos, dependencias administrativas, almacenes y cuartos de instalaciones, con el objetivo de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los menores de entre 0 y 3 años.

Esta nueva dotación refuerza el esfuerzo inversor en nuevos equipamientos emprendido por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, con una inversión de más de 590 millones de euros, la ciudad suma 107 nuevas dotaciones municipales (88 ya finalizadas y otras 19 en construcción) desde 2019. Se trata de escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros, en los 21 distritos de la ciudad.

La red municipal alcanzará las 80 escuelas infantiles

Durante la rueda de prensa, Sanz ha destacado que desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, en 2019, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una decena de escuelas infantiles municipales en distintos distritos de la ciudad, entre ellas la Margarita Salas, también ubicada en Retiro, además de centros en Moncloa-Aravaca, Centro, Villaverde, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán y Vicálvaro.

Ahora, con esta nueva infraestructura y la prevista en el barrio de El Cañaveral (Vicálvaro), Madrid alcanzará las 80 escuelas infantiles municipales, cumpliendo así el objetivo fijado en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Los centros abiertos entre 2019 y 2026 suman 941 plazas, el 10% del total de la red municipal. A ellas se añadirá el próximo curso 2026-2027 el centro de la calle Francisco Remiro, en el distrito de Salamanca, mientras que recientemente también se iniciaron las obras de una nueva escuela infantil en el barrio de San Fermín (Usera). Entre las actuaciones ya ejecutadas y las que están en marcha, el Ayuntamiento cifra la inversión destinada a estas infraestructuras en más de 40 millones de euros.

La Junta de Castilla y León ha comprado equipos de aire acondicionado portátil (conocidos como 'pingüinos') para los colegios para evitar las altas temperaturas, según ha informado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Estos equipos cubrirán las 59 centros en los que imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) y las cuatro escuelas infantiles que pertenecen a la Junta.

El gobierno birregional ya ha empezado con la distribución de los equipos y tiene previsto completar las entregas durante la primera quincena de julio. A medio plazo, la Consejería de Educación está barajando la instalación de sistemas de climatización estructurales fijos en los centros si lo permiten las circunstancias.

Fernández Carriedo también ha instado a los ayuntamientos, corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro a que instalen sistemas de refrigeración similar y ha recordado que la Junta de Castilla y León ofrece ayuda en esa línea.

Este es el último boletín del curso y quiero empezar dándote las gracias por leernos y acompañarnos todo el año. La pequeña comunidad que nos juntamos en torno a este boletín ha crecido mucho estos meses y estamos muy contentos. No pasaré lista, pero os espero a todas y todos en septiembre.

Hoy quería hablaros de esta cosa tan española que son las grandes reacciones catastrofistas a todo lo que parezca un poco de progreso. Hoy, los creadores de “si se prohíbe fumar en interiores cerrarán los bares” —cuya versión moderna son las terrazas— y “si se peatonaliza el centro habrá pérdidas millonarias en los comercios” nos traen que “reducir las ratios en las escuelas infantiles puede suponer el cierre de todos los centros privados”. Así, con mesura: todos. Ni uno solo se salvaría.

Esa ha sido la reacción que han tenido las patronales –y alguna administración– al anuncio del Gobierno de que va a reducir a la mitad las ratios en la Educación Infantil de cero a tres años. Os cuento.

Un poco por sorpresa, el Ministerio de Educación irrumpió el pasado miércoles en las protestas de las educadoras de Infantil (que en Madrid llevan desde el 7 de abril de huelga indefinida, que ha escalado puntualmente a paro nacional) y anunció que va a bajar a la mitad el número máximo de niños y niñas por clase.

Digo “irrumpió” porque las protestas se dirigen en principio a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco básico para todas y, con su movimiento, consiguió apuntarse un tanto atendiendo a una de las principales reivindicaciones de las educadoras.

Basta leer la reacción de la plataforma que ha convocado los paros, PLEI, para dimensionar el calado del movimiento: “Queremos reconocer y agradecer el importante esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, encabezado por la ministra Milagros Tolón, su equipo técnico y político, implicado de lleno en este proceso desde el primer día de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Consideramos que el trabajo desarrollado ha requerido una voluntad clara de diálogo, una capacidad sostenida de negociación y una firme determinación política para abordar una cuestión que llevaba décadas sin avances reales. (...) No obstante, el impacto real de esta medida dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las Comunidades Autónomas, (...) la pelota está ahora en su tejado.

Golazo del Gobierno.

Cuando vi el anuncio de Educación mi primer pensamiento fue que las patronales de centros privados, que suponen más o menos la mitad del sector, dirían que las ratios a la mitad provocarían que los precios fueran el doble. Me quedé corto: lo que dijeron es que iban a desaparecer todas.

Más de 224.000 alumnos podrían quedarse sin plaza y 60.000 trabajadoras sin empleo, vino a advertir Acade. Escuelas Católicas, la patronal que controla los centros educativos de la Iglesia, solo habló de “muy serias dudas sobre la pervivencia de más de 4.000 escuelas”.

Algunas administraciones también se subieron al carro: Rueda, el presidente gallego que rechazó 22 millones de euros europeos para crear plazas públicas porque prefiere subvencionar las privadas (como Moreno, en Andalucía), sostiene que la medida “compromete muy seriamente la gratuidad” (es lo que tiene no tener un sector público potente). Madrid, cómo no, también tenía algo que decir, aunque un poco sorprendentemente su crítica fue más racional: la consejera Zarzalejo dijo que es “una cortina de humo” y criticó que el Gobierno no hubiera negociado ni hable de cómo financiarlo.

De momento lo de Educación es solo un anuncio y hasta que no esté en el BOE no se puede cantar victoria, pero si se consolida la rebaja propuesta se habrá merecido el calificativo de “histórico” que el propio Ministerio se autoadjudicó en la nota de prensa (menos histórica es la bajada en Bachillerato hasta 30 estudiantes que va en el mismo paquete, sigue siendo un número considerable de adolescentes por clase).

Dos pildoritas y sigo con más cosas:

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Como os decía, con este boletín cierro el curso.

Quiero daros las gracias a todos y todas por estar ahí, por leer, comentar, por protestar cuando algo no os parece bien. Os leo y tengo en consideración siempre, aunque a veces no tenga tiempo para contestaros.

Pero cierro muy satisfecho, el boletín ha crecido mucho este curso y eso significa que algo de lo que hacemos os gusta.

Nos retiramos unos meses a descansar –del boletín, seguiremos con la información–, a darle una vuelta al formato y volver en septiembre con energías renovadas para seguir dando guerra al poder.

Me encontráis en educacion@eldiario.es o en dsanchez@eldiario.es para denunciar, proponer, consultar, criticar o lo que os apetezca.

¡Pasad un buen verano!

Un abrazo.

La Xunta y la asociación patronal de escuelas infantiles privadas de Galicia avisan de que con las nuevas ratios que plantea el Gobierno en el borrador de decreto “corre riesgo la gratuidad”. Así lo han señalado tras una reunión este viernes en la sede de la Xunta en San Caetano, donde la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha recibido a representantes de entidades de escuelas infantiles y se ha mostrado “muy preocupada”. Sus declaraciones contrastan con la valoración positiva de la CIG, principal sindicato gallego, que en un comunicado ha celebrado que el Ministerio de Educación atienda por fin a una demanda histórica de las trabajadoras y apruebe una reducción de ratios: las aulas de 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años tendrán, respectivamente, cuatro, seis y ocho niños. En la actualidad son ocho, 13 y 20.

“Las trabajadoras de primer ciclo de infantil en Galicia fueron las primeras en movilizarse en todo el Estado”, recuerda la central sindical, “con seis jornadas de huelga en 2023, una recogida de firmas contra el convenio estatal en 2024 y ahora múltiples huelgas y movilizaciones. La lucha da sus frutos”. Al Gobierno gallego, sin embargo, no parece afectarle lo que diga la representación de las trabajadoras. Según los cálculos que esgrimió García tras reunirse con los propietarios de centros privados, la medida del Gobierno central costaría a la Xunta 56 millones de euros más al año para mantener la gratuidad del servicio y “aun así desaparecerían unas 5.000 plazas por razones de profesorado y espacio en las escuelas”.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda opta por subvencionar escuelas infantiles privadas en detrimento de la red pública. La Federación Galega de Municipios e Provincias, por ejemplo, se queja de la infrafinanciación a la que somete la Xunta las guarderías de titularidad municipal.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, asegura que el Gobierno central ha elaborado el borrador de decreto contra la masificación “a espaldas de las comunidades autónomas y de todo el sector de las escuelas infantiles”. También ha reclamado dinero: “Va a comenzar un nuevo curso y Galicia recibió 0 euros del Gobierno de España. La gratuidad la está sosteniendo íntegramente la Xunta con 65 millones”. Una vez más, la táctica de la Xunta es desviar responsabilidades hacia Madrid. “Tengo muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar con la gratuidad de las escuelas infantiles”, aseguró García. La CIG, por el contrario, se felicitó por “este avance” pero exigió que se adelante su aplicación al próximo curso, 2026-2027.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Miles de educadoras infantiles han teñido de amarillo decenas de plazas en toda España. A las puertas del comienzo del verano, y con temperaturas que superan los 30 grados en las aulas, estas profesionales de la educación han reivindicado que su calendario escolar se homologue al del resto de etapas formativas. “No es normal que las criaturas más pequeñas, de 0 a 3 años, que son las que deberían estar más tiempo con sus familias, se achicharren también en julio mientras los demás colegios e institutos cierran por el descanso de los jóvenes”, adelanta Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la Comunidad de Madrid.

Ella ha sido una de las cientos de educadoras que en la tarde del jueves se han acercado en Madrid a la Puerta del Sol, casi desértica por el calor de la tarde y en la que, de vez en cuando, aparecían grupos de turistas como champiñones. En paro indefinido desde el pasado 7 de abril, las trabajadoras de las escuelas infantiles madrileñas han vuelto a reivindicar la dignificación de su sector. “La consejera se dignó a recibirnos tras siete semanas de huelga”, comenta. Mercedes Zarzalejo, al frente de la Consejería de Educación, se comprometió a no prorrogar los pliegos para poder actualizar las tablas salariales con un incremento en las nóminas de las trabajadoras, así como incluir la pareja educativa en cada aula.

“El problema es que no nos reconoce. Según dice, no somos interlocutores válidos y no nos da legitimidad para firmar el acuerdo. Debería saber que el comité de huelga tiene la potestad de alcanzar cualquier consenso, y que este sea vinculante, para finalizar los paros”, responde Marín. “En algún momento tendrá que volver a sentarse a firmar si quieres que volvamos a las aulas”, añade.

Marín ha recordado que “las criaturas necesitan descanso para su desarrollo neurológico, y con las temperaturas extremas del verano es imposible que lo consigan”. En este sentido, la portavoz ha recalcado que “no se entiende cómo el único recurso que se da desde la Administración para el cuidado de los bebés sea institucionalizarles de ocho a diez horas al día durante 11 meses al año”.

Algunas manifestantes han colgado fotografías de termostatos de las aulas de las escuelas que, en algunos casos, superaban los 30 grados. Asimismo, la reivindicación en la capital pronto ha tomado forma de performance. Al comienzo de la protesta, las concentradas se han arremolinado en torno a un círculo de bebés de juguete expuestos en el suelo caliente del kilómetro cero madrileño. A continuación, algunas de ellas se han tumbado mientras una mujer caracterizada de Isabel Díaz Ayuso pintaba su contorno en el suelo con una tiza, como si fueran un cadáver.

Solidaridad desde Navarra

La concentración pamplonica ha tenido lugar en la plaza de San Francisco. Narila Mondragón, educadora infantil en varias escuelas de Navarra, ha incidido en que su etapa educativa consta de entre 204 y 215 días al año, mientras los demás ciclos se quedan en los 175 días. “Hemos venido con fotos de los termómetros de las escuelas, donde a las 6.30 horas ya marcan 28 grados. La gente tiene que ver esto”, ha subrayado. A la hora de la siesta, en torno a las 13.00 horas, la temperatura alcanza los 35 grados, ha agregado en declaraciones a elDiario.es.

“Los niños no pueden dormir ni jugar, no tienen hambre, sufren golpes de calor… Y las trabajadoras estamos sudando todo el rato, deshidratadas. Esta es la reivindicación: el descanso de la infancia y a no trabajar a estas temperaturas extremas”, ha resumido Mondragón. Las educadoras infantiles navarras fueron a la huelga durante 60 días en 2022. “Ahora toca ayudar a las compañeras de Madrid. Nosotras ya hemos aportado a su caja de resistencia. Es importante que resistan para que el Ministerio modifique el real decreto y las ratios se equiparen a lo que propone la Unión Europea”, ha valorado Mondragón.

Cataluña en huelga

Georgina Rius ha sido otra educadora infantil que ha secundado la jornada de lucha de hoy. En su caso, desde Catalunya, donde han convertido la convocatoria de concentraciones estatales en una huelga regional. Esta trabajadora afincada en Barcelona ha explicado que “aunque en la LOMLOE aparece que somos consideradas como una etapa educativa más, no se concreta ningún mínimo que dote de calidad a las escuelas infantiles”.

La diversidad de modelos de gestión de estos centros educativos supone un problema a la hora de regularlos. Por ejemplo, la Generalitat catalana tan solo controla al completo unas 42 escuelas, mientras que entre las cuatro provincias que componen la región hay más de 3.000, ha afirmado Rius. “Esta descentralización solo juega en favor de las empresas y de la Administración y es un problema para hacer valer las demandas de las plantillas”, ha aseverado tras participar en la mañana del jueves en la manifestación barcelonesa que ha partido desde la plaza Universidad hasta la Delegación del Gobierno.

La situación se agrava en algunos municipios catalanes, sobre todo con costa. Hay ciertas escuelas infantiles que ni siquiera cierran en agosto, pues es el mes en el que los progenitores de las criaturas más trabajan en estas localidades de playa. “Esto es volver a la guardería. Hacen leyes que nos valoran como etapa educativa, pero en la práctica somos el parche para la conciliación”, ha precisado Rius.

Bebés en clase en olas de calor

Nieves Terriza ha estado a las 19.00 horas en la Alameda de Hércules de Sevilla. Al igual que en el resto de provincias andaluzas, menos Córdoba y Almería, en la concentración se han escuchado soflamas a favor un calendario escolar “que respete los tiempos y el descanso de los más pequeños”. Así lo ha expresado esta maestra de educación infantil y directora de una escuela en el pueblo de Marchena, quien ha sostenido que “hay centros sin climatizar en los que es imposible salir al patio y en los que es imposible estar en las clases”.

Desde su experiencia personal, esta maestra ha asegurado que las criaturas abandonan la escuela sobre las 16.45 horas en julio. “En plenas olas de calor con más de 40 grados, los pequeños acaban dentro de los coches ardiendo en los que vienen a buscarles sus padres o se tienen que ir andando por calles sin sombra”, ha profundizado. Desde Andalucía también apoyan a sus compañeras de Madrid en huelga: “Parte de lo que recaudamos con la venta de camisetas se lo enviamos. Que aguanten hasta que consigan todos sus objetivos”.

Por el derecho al descanso del menor

Cuando el sol todavía no había desaparecido en la capital madrileña, las educadoras han leído un comunicado. Tal y como han exclamado, “en la práctica ministerial y autonómica, el primer ciclo sigue siendo tratado bajo un prisma puramente asistencial y de conciliación laboral, y una de las pruebas irrefutables es el calendario de verano”.

Tal y como han comentado, “esta discriminación calendaria demuestra que la Administración pública utiliza el primer ciclo de infantil como un colchón para amortiguar las carencias del sistema laboral español”. Es decir, se antepone el derecho a la producción de las empresas y el derecho a la conciliación de los progenitores por encima del interés superior del menor y su derecho al descanso, han agregado.

De la misma forma que en el resto de las ciudades donde se han movilizado, las educadoras infantiles de la PLEI madrileña han exigido que el Estado legisle de cara a las empresas a través de reducciones de jornada estivales pagadas, permisos parentales flexibles y turnos racionales. “La escuela educa, no sustituye la crianza familiar”, han destacado antes de finalizar: “Exigimos que el descanso de la primera infancia no sea el precio que pagamos por ir a trabajar. Defendemos las escuelas infantiles como templos de educación y bienestar, no como herramientas de producción”.

Terminan las clases y llega el verano. Niños y niñas ya no tienen que acudir a las aulas, pero madres y padres siguen trabajando. Es una situación que se repite cada año, y que provoca que la conciliación entre la vida laboral y familiar sea “casi imposible” en algunos casos. Por lo general, hay todo tipo de alternativas, como los campamentos, pero no están al alcance de todos los bolsillos.

Por eso las escuelas de verano que ofrecen las administraciones públicas, principalmente ayuntamientos, son una opción más viable. Se trata de programas socioeducativos y recreativos durante el receso vacacional. Pero, ¿qué pasa si la oferta no es suficiente o si los criterios de adjudicación de plazas hacen que estos proyectos se conviertan en “una lotería”?

Así ha sucedido en la ciudad de Albacete, donde un grupo de familias se ha movilizado para denunciar los criterios de asignación de plazas de las Escuelas de Verano Municipales de 2026 que ha ofertado el Ayuntamiento a través de la empresa Vita Events.

Están dirigidas a menores de 3 a 12 años (incluyendo escuela infantil para niños de 6 meses a 3 años). Se ubican en diferentes colegios públicos de la ciudad y los horarios son de 9.00 a 14.00 horas, aunque existen opciones de aula matinal (desde las 8.00 horas) y servicio de comedor hasta las 15.30 horas.

La iniciativa contra la adjudicación de plazas la ha iniciado una madre que prefiere permanecer en el anonimato debido a la exposición pública que supone su trabajo. Tiene tres hijos, de nueve, seis y cuatro años. Hasta este año, no había tenido problema en conseguir plazas para ellos, si bien considera que el método de inscripción siempre ha sido “injusto”. ¿Por qué? Se adjudican por orden de solicitud, sin más. Así consta, como ha comprobado este periódico, en la web de la empresa encargada.

Esta madre se ha quedado sin dos de las quincenas solicitadas para sus hijos y solo le han concedido una. En principio había obtenido dos periodos, pero la primera adjudicación se anuló y finalmente solo ha obtenido uno.

Ella trabaja en el medio rural. Tiene que desplazarse desde Albacete todos los días. Sale de casa a las 7.00 horas y regresa a las 16.00. Su marido tiene un horario similar. Con sus tres hijos sin plaza en las quincenas solicitadas, ahora la conciliación que vislumbra es “prácticamente imposible”.    

La única alternativa es la petición de una reducción de jornada, que ya le fue denegada anteriormente. Y también está en lista de espera por si algunas de las plazas de las Escuelas de Verano de Ayuntamiento quedaran libre en las quincenas que le han sido denegadas.

Su situación personal no es la única en esta ciudad. Esta afectada ha registrado una instancia en el Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso este medio, en la que arremete contra ese criterio “por orden de presentación” de la solicitud, sin tener en cuenta la situación familiar, más allá de las situaciones de vulnerabilidad, que sí se tienen en cuenta.

Varias familias con situaciones similares (laboramente activos y sin posibilidades de conciliación“) se le han unido y han presentado formalmente sus quejas al haberse quedado fuera del programa. Asimismo, todos ellos han decidido agruparse para una recogida de firmas que cuenta ya con 150 apoyos.

Hay familias que no están en riesgo exclusión social, pero que dependen absolutamente de este servicio para la conciliación familiar

En el escrito que han consensuado, estas familias recuerdan que las Escuelas de Verano de Albacete constituyen un servicio público que se financia con sus impuestos y que “debería garantizar la igualdad de oportunidades”, pero se ha convertido “en una injusta carrera de clics” en internet.

Ante todo, estas personas quieren dejar claro que, en lo que respecta a las familias en situación de vulnerabilidad social o riesgo de exclusión, sus derechos y plazas “sí están bien recogidos, protegidos y respetados” en las bases del proyecto.

El problema “crítico” y el “verdadero foco de desamparo” radica en el resto de las asignaciones: aquellas familias que no están en riesgo de excclusión social, pero que “dependen absolutamente de este servicio para la conciliación familiar”. Aunque el proyecto del Ayuntamiento de Albacete indica textualmente en sus bases que el objetivo principal es garantizar dicha conciliación, la realidad, argumentan, demuestra todo lo contrario.

“Muchos hogares trabajadores se han quedado fuera de las plazas, del aula matinal y del comedor. La empresa adjudicataria reparte las plazas por estricto orden de llegada en su web, ignorando por completo si los padres necesitan el servicio para no perder sus empleos. No se exige ningún tipo de certificado de trabajo, provocando que la baremación dependa de la mera suerte”, añaden.

Denuncian así una “absoluta falta de sensibilidad” porque ese criterio de orden de llegada resulta “profundamente desfavorecedor” para todos, “golpeando con extrema dureza a las familias trabajadoras”

Entre los colectivos que se han visto afectados, detallan que se trata sobre todo de familias trabajadoras, con uno o dos miembros en activo, y que se ven “totalmente imposibilitadas” para beneficiarse de la conciliación. “No pueden competir en igualdad de condiciones en un sistema de inscripción masiva y no cuentan con alternativas para turnarse”.

A ellos se unen las familias monoparentales o monomarentales: madres o padres que sostienen solos su hogar y para quienes quedarse sin plaza significa, directamente, la imposibilidad de acudir a sus puestos de trabajo. Y también nombran como afectadas a las familias que no disponen de conexiones de alta velocidad para competir en una plataforma web “colapsada”.

Ahí no termina la cuestión. Tanto la madre con tres hijos como el grupo de familias que se le ha unido denuncia anulaciones “opacas”. Explica que, tras fallos en la primera asignación (donde muchas familias ya habían pagado), anularon las listas “de forma unilateral”. Tras ello, la nueva asignación es “todavía más injusta y excluyente” para los trabajadores.

Además, agregan que el último correo de asignación definitiva lo remitieron un viernes por la tarde, justo antes del fin de semana, con las oficinas públicas cerradas “para que no podamos reclamar” y con un plazo de pago inmediato.

¿Por qué en verano el derecho a conciliar de las familias trabajadoras depende de la velocidad de tu conexión a internet?

Estas familias recuerdan que, durante el curso escolar, para acceder al comedor o al aula matinal se exige “justamente” un certificado de empresa o se barema según la situación familiar (monoparentalidad, familias numerosas, discapacidad). “¿Por qué en verano el derecho a conciliar de las familias trabajadoras depende de la velocidad de tu conexión a internet?”, se preguntan.

Por todo ello, exigen el Ayuntamiento de Albacete una “fiscalización inmediata” y que obligue a la empresa a baremar las plazas “de forma justa” exigiendo certificados laborales, dando “prioridad absoluta” a las familias trabajadoras con todos sus miembros en activo y familias monoparentales que necesitan conciliar. Dicen estar “hartas” de “hacer malabarismos insostenibles” para trabajar en verano mientras el Ayuntamiento “mira hacia otro lado”.

“Silencio administrativo”

Este periódico ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Albacete como a la empresa Vita Events una valoración de la situación y se les ha preguntado sobre la posibilidad de revisar los criterios de adjudicación. Por el momento no ha habido respuesta. Las familias, de hecho, apuntan al “silencio administrativo”.

La madre mencionada explica además que hay otros ayuntamientos del medio rural, donde ella trabaja, en los que las asignaciones sí tienen en cuenta estos criterios. “Primero, la gente más vulnerable, luego las familias monoparentales y después las familias trabajadoras y los criterios de renta”.

Dice también conocer situaciones en las que las madres y padres están en el paro, pero encuentran trabajo durante los meses de verano. “También precisarían este servicio público, que debería estar abierto en cualquier momento para que ellos puedan conciliar laboralmente”. Lo contrario, concluye, supone una pérdida de nivel adquisitivo, al tener que pagar campamentos u otras opciones, o al tener que pedir una reducción de jornada.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado dos partidas, que suman casi 626.000 euros, para instalar o mejorar los servicios de climatización de dos instalaciones municipales: Casa Cuna y La Gota de Leche.

Según ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Celia Sanz, el objetivo es “mejorar los sistemas de climatización y su eficacia en los espacios públicos”, por lo la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos nuevos proyectos de obra en este ámbito y ha puesto en marcha la licitación para la ejecución de ambos trabajos“.

El primer proyecto hace referencia a la escuela infantil de primer ciclo Casa Cuna, para cuya realización se ha aprobado un gasto de 126.843,94 euros (IVA incluido).

Por otro lado, el segundo proyecto se centra en la reforma de la instalación de climatización y ventilación de las dependencias de La Gota de Leche, cuyo proceso de licitación contará con un importe máximo de 499.113,20 euros (IVA incluido).

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.

Las educadoras infantiles madrileñas llevan casi dos meses en huelga indefinida, lo que ha animado a que el resto de profesionales del sector de todas las comunidades del país se sumen a su causa. Las educadoras de niños de 0 a 3 años se han concentrado en distintas ocasiones desde el día 7 de abril para exigir mejores condiciones laborales en un sector que sienten que no recibe la importancia que merece, siendo una etapa fundamental en la educación de los más pequeños y en su desarrollo como personas.

Ante las ratios elevadas, salarios bajos (que apenas superan el SMI), malas condiciones en las infraestructuras en las escuelas y el abandono que sienten por parte de las instituciones, además de la dificultad para acceder a puestos en este sector, muchas educadoras españolas deciden desplazarse a otros países europeos donde pueden desarrollar su carrera profesional. Dos países que reciben muchas educadoras españolas son Alemania e Irlanda.

Las educadoras buscan poder dedicarse al trabajo que les gusta y para el cual están cualificadas, y buscan refugio fuera de España para sentirse más realizadas y poder trabajar con salarios dignos y mejores métodos. Desde Helmeca, una empresa que se dedica a la contratación de educadoras en Alemania, insisten en que las profesionales del 0-3 “están agotadas emocionalmente debido a las altas ratios, la falta de reconocimiento profesional y la dificultad para aplicar metodologías pedagógicas más individualizadas. En España los peques están haciendo fichas en una silla, lo cual consideran que no es lo mejor para ellos”.

“No se sienten valoradas, y las que se quieren dedicar a ello trabajan en otras profesiones o buscan opciones en el extranjero”, explican desde la empresa a elDiario.es. La diferencia en las condiciones de trabajo es uno de los factores clave que explican por qué los educadores se van al extranjero a trabajar.

Alemania, un país con pareja educativa

Cada vez son más las educadoras españolas que deciden irse a Alemania para desarrollar su carrera profesional. La principal razón son las ratios: mientras que en España se dan casos de hasta 20 niños por cada educadora, en Alemania hay una ley exige una atención mucho más personalizada. Por ejemplo, para un grupo de 20 niños suele haber un mínimo de tres educadoras, según detallan desde la empresa alemana. La ley, en vigor desde 2013, garantiza que todo niño residente en el país tenga una plaza en una escuela infantil (Kinderkrippe) para que las madres puedan incorporarse antes al mercado laboral.

La metodología de la enseñanza es un factor clave. En el sistema español, el modelo de fichas y niños sentados sigue muy presente. “El modelo alemán apuesta por el aprender jugando y metodologías innovadoras sin el uso de fichas”, explica Magdalena Uhländer, responsable de Reclutamiento y Relaciones Públicas de la empresa que contrata a las educadoras españolas en Alemania. Además, la preparación para las clases en España suele ser durante el tiempo libre de las educadoras infantiles. En Alemania, en cambio, las horas de planificación pedagógica están integradas dentro del horario laboral (normalmente unas tres horas semanales fuera del aula).

Sin embargo, Alemania sufre un déficit que se divide en dos grandes necesidades en la actualidad: infraestructuras y profesionales. Pese a la ley, existe escasez de personal cualificado y plazas en muchas regiones, lo que genera dificultades para conseguir plaza en centros públicos. Según la empresa alemana, faltan todavía más de 430.000 plazas para niños en las escuelas infantiles, y se necesita cubrir más de 308.800 vacantes de educadoras en los próximos cinco años. Y todo ello en un momento en el que Alemania está experimentando un gran cambio demográfico que se traduce en una demanda generalizada de profesionales en todos los sectores.

La forma de acceder a los puestos de educadora infantil en Alemania es diferente a la española. Las escuelas infantiles no cuentan con una bolsa de licenciados a la que recurrir cuando queda vacante un puesto de educadora, sino que las interesadas hacen una Formación Profesional (FP) dual en una escuela infantil determinada, donde luego son contratadas después de finalizar la formación de tres años: es decir, las escuelas deben formar a su propio personal.

“Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”

María García es subdirectora de una Kinderkrippe en Múnich. Según cuenta, aunque en Alemania sí se trabaja con pareja educativa, también cree que las ratios siguen siendo elevadas, pues “es un reto real para poder acompañar, observar y atender bien las necesidades e intereses de cada niño”. La educadora, que lleva trabajando fuera de España desde 2014, cree que en nuestro país se da incluso una situación peor, pero que el problema va más allá de las condiciones laborales: “Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”.

Desde Alemania, García está pendiente de la situación de las educadoras en España, que ha movilizado a las trabajadoras desde principios de abril: “Sigo de cerca las huelgas y las movilizaciones del sector en España y les doy todo mi apoyo. Lo que piden no es un capricho, es lo mínimo para poder ejercer esta profesión con responsabilidad”.

García encuentra tres grandes problemas en el sistema español, que deberían cambiar lo antes posible, cree, y cuya solución traería de vuelta a España a educadoras como ella: la ratio, el salario, y el reconocimiento social. “La educación infantil en España sigue siendo percibida como 'cuidado' y no como lo que es, educación en la etapa más decisiva del desarrollo humano. Mientras eso no cambie en la cabeza de quien legisla y en la del conjunto de la sociedad, las condiciones no cambiarán de verdad, y habrá educadoras que seguirán marchándose, o que se quedarán a costa de su salud física y mental”, defiende María.

Aunque las condiciones laborales en Alemania son mejores que en nuestro país, García reconoce que no fue tan sencillo abandonar España para empezar una nueva vida en otro lugar. Explica que fue un camino largo: “Aprender el idioma, validar mi formación, entender una cultura profesional y social muy diferente... No fue fácil, y sería deshonesto pintarlo de otro color. La vida aquí como extranjera tiene sus propias dificultades, y Alemania tampoco es el paraíso que a veces imaginamos desde España”. Sin embargo, sigue siendo más fácil para educadoras como María encontrar una estabilidad laboral en su sector: “En España no había futuro laboral visible para mí en educación infantil”.

“Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Ana Palacios llegó a Alemania hace ocho años para trabajar como auxiliar de grupo, y actualmente es subdirectora en una escuela infantil alemana. “Mi experiencia ha sido muy equilibrada entre lo que buscaba, lo que necesitaba y lo que sentía en el momento en el que decidí venir. Llegué con muchos conocimientos recién adquiridos y con una enorme motivación por ponerlos en práctica”, cuenta. “Al final, todo se resumió en algo muy bonito: enseñar toda la teoría que había estudiado mientras, al mismo tiempo, aprendía un nuevo idioma y una nueva cultura enseñando cada día”, añade.

Palacios experimentó una gran diferencia en las condiciones laborales que se dan en las escuelas infantiles alemanas: “Aquí existen horarios más dignos y una mayor posibilidad de conciliación. Las horas extras se pagan como corresponde y el sueldo es mucho más acorde al trabajo y la responsabilidad que desempeñamos. Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Palacios confiesa a elDiario.es que, para desear volver a España, necesitaría ver cambios en las condiciones que se dan en nuestro país: “Estabilidad, posibilidades de crecimiento personal y profesional, y la sensación de sentirse valorada, respetada y cuidada dentro del entorno laboral. Creo que sentirse reconocido en tu trabajo marca una gran diferencia en la calidad de vida de las personas”.

Las educadoras no conocen las dificultades en el mercado español

Según detallan desde Alemania, las educadoras infantiles no son conscientes de la dificultad que existe en el acceso a un puesto de trabajo en España cuando deciden comenzar sus estudios de enseñanza: “Los estudiantes de infantil eligen esta carrera por vocación, sin conocer realmente las dificultades estructurales del mercado laboral en el país”. Las educadoras piensan que opositar es la mejor o única opción. “Luego se dan cuenta de que conseguir una plaza es poco probable porque tienen preferencia interinos con mucha experiencia. Cuando aprueban, entran en bolsa y quedan a la espera de una lista. No hay suficientes plazas en España para la cantidad de educadores que se gradúan cada año”, añaden.

Las educadoras quieren trabajar con niños, porque es lo que les gusta y para lo que han estudiado, pero las oposiciones son imposibles en España y las condiciones laborales son insuficientes. Además, aquí estudian sobre métodos innovadores para aplicar en la enseñanza de los más pequeños, cosa que luego no se ve reflejada en sus jornadas de trabajo. “En Alemania y en otros países del norte es diferente, se usan metodologías más enfocadas en lo que necesitan los niños, métodos que implican el aprender mientras juegas y no existen las fichas”. 

Empresas como esta son las que más de cerca viven la migración de las educadoras españolas, que no lo hacen únicamente por el factor económico: “Es cierto que se cobra más en Alemania como educador y eso les da la posibilidad de poder vivir, pero también buscan realizarse como profesional. El sentirse valoradas, disponer de tiempo real para preparar actividades pedagógicas y trabajar en entornos con ratios más sostenibles. Poder vivir y no estar trabajando en algo que no es lo que realmente les realiza como profesionales”. 

Para trabajar como educadora en Alemania, las profesionales del 0-3 necesitan la titulación universitaria de educación infantil y/o grado superior de educación infantil, aunque cada comunidad autónoma alemana tiene sus propias normas, y tener un B2 de alemán. Muchas empresas de contratación ofrecen cursos de alemán a las educadoras infantiles para que puedan optar a las vacantes.

Los alemanes quieren trabajar con educadoras españolas

Las españolas escogen Alemania como destino para trabajar de su profesión y tener estabilidad laboral, mientras disfrutan de más vacaciones en comparación con España, lo cual atrae mucho a la hora de poder viajar o volver a casa para visitar a los familiares. Pero no son solo ellas las que quieren trabajar allí, sino que los alemanes también buscan contratar a educadoras españolas. De aquí salen muy bien formadas, con cuatro años de carrera universitaria o dos años de estudios superiores muy bien estructurados. Por otro lado, las españolas, culturalmente, “lo hacen por vocación, le ponen muchas ganas y corazón”, y eso lo saben más allá de nuestras fronteras.

Según explican desde la empresa alemana, “la cultura del trabajo en España es muy diferente a Alemania: En España el que tiene un trabajo tiene suerte y debería valorarlo. En Alemania, quien tiene un trabajador tiene suerte y debería valorarlo. Los educadores van con la mentalidad española, por lo que es más fácil tratar con ellos”. La formación en España es buena, salen profesionales muy cualificados y con ganas de trabajar, pero no se les permite hacerlo con dignidad. 

Irlanda: mejores salarios para precios más elevados

Otro país muy solicitado por las españolas es Irlanda. Andrea Vieira ha trabajado como educadora en Dublín y ha visto cómo España es el país que más está desplazándose a este lugar, pues es muy sencillo conseguir empleo: “No te piden un nivel de inglés súper alto porque son conscientes de que estamos con niños pequeños, que no tienen un lenguaje muy desarrollado, entonces con un nivel básico está bien”, explica Andrea. “Respecto a las familias, están súper contentas de que haya tanta diversidad, de que tengan profes españoles, de que nosotros también al final mejoramos el inglés con ellos y hablando con las familias…”, añade.

Los salarios de las educadoras en Irlanda son una de las razones que atraen a las profesionales infantiles españolas. “Obviamente, los salarios son más altos que aquí, porque se cobra mínimo unos 15 euros la hora, y yo creo que, las que más están cobrando ahora mismo, están en torno a 17-18 euros la hora. Es muchísimo más que aquí [en España], o sea, al final son como 2.200 euros al mes”, sostiene Andrea.

Emma Ruiz es profesora de educación primaria pero, como la gran mayoría de españolas licenciadas en esa carrera en nuestro país, encontró trabajo como educadora de 0-3 en Irlanda porque “ganas muchísimo más”. “Yo estoy ganando [en Irlanda], pues ponle que unos 1.000 euros más de lo que ganaría allí”, explica Emma, que justifica que en Irlanda, entre otras cosas, el coste de la vivienda es más elevado que en España. Sin embargo, Emma es una de las graduadas en otro ciclo que ha preferido dedicarse al 0-3 en Irlanda, porque las condiciones laborales permiten una vida digna.

Ratios más bajas y pareja educativa: “No sé cómo lo hacen aquí en España”

Las ratios de niños por educadora son también mejores allí. En las escuelas infantiles irlandesas, llamadas creches, las ratios “cambian muchísimo, porque es que aquí [en España] es como el doble. Para los bebés, que es a partir de los 8 meses más o menos, es un profe para cada 3 niños, luego para 1-3 años es un profe para cinco niños, creo, y luego de 2-3 es un profe para seis niños. Aquí es el doble, aquí un profe para los niños que tienen 2-3 creo que está como en 15 niños”, explica Andrea, que opina que “es una barbaridad, y a esas edades tienes que tener mil ojos. Yo lo veo la verdad algo alucinante, no sé cómo lo hacen aquí en España”. En nuestro país, las ratios para niños de hasta un año es de ocho bebés, de uno a dos años de hasta 13 niños, y de dos a tres años puede variar entre los 16 y los 20 niños por educadora.

Emma, por su parte, insiste en que “en cada clase hay dos personas siempre, o casi siempre”, aunque cree que las ratios en Irlanda siguen siendo abusivas, puesto que los bebés “no saben caminar, no saben comer, no saben limpiarse. Si uno se te caga, no puedes cambiarle a menos que alguien te cubra”. Es decir, que aunque las ratios sean más bajas que en España, siguen siendo mejorables para algunas educadoras, aunque cuenten con pareja educativa.

Mejores condiciones laborales y desarrollo profesional

En España, las educadoras infantiles están reclamando, además de mejores salarios y una bajada de las ratios, mejores condiciones laborales, equiparadas a las que se dan en otros ciclos educativos superiores como en educación primaria. Andrea Vieira describe el modelo educativo irlandés como uno que ofrece “más libertad”.

Según su experiencia, las empresas que gestionan las creches en Irlanda se implican mucho más en la calidad educativa de los más pequeños. “Hay una staff meeting (reunión de equipo) mensual donde se comentan puntos que mejorar o puntos en los que tú tengas dudas, o incluso al revés, te dan un feedback (retroalimentación) muy positivo y te apoyan”, explica Andrea. “Saben que todo lo que estás haciendo lo haces por el bien del niño, y aquí [en España] se ha perdido un poco ese punto de vista”.

Además, las gestiones burocráticas y la organización de las clases se realizan dentro del horario laboral, algo que en España están exigiendo las educadoras infantiles. “Yo tenía un profesor que venía a cubrirme mientras yo tranquilamente me iba a otra clase a hacerlo. Aquí [en España], o haces horas extra, o lo haces con los niños en mitad de clase, que es obviamente inviable”, describe Andrea, y añade que eso ayuda a que “el nivel de vida sea mejor, porque tú sales de tu trabajo y tienes vida”.

A finales de abril de este año entró en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que aseguraba que colegios e institutos públicos y concertados dejaran de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos.

El Ministerio de Consumo ha informado este lunes que estas pautas y obligaciones de los centros se extenderán también a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, promoviendo las dietas saludables y la seguridad alimentaria de niños y niñas. La norma asegurará el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Las medidas adaptan aquellas del Real Decreto, que ya se han puesto en marcha en colegios e institutos, a las necesidades de los más pequeños en el primer ciclo de educación infantil. 

En concreto, se garantizará el consumo diario de fruta y verdura fresca (al menos un 45% de temporada), junto con una frecuencia mínima de pescado y legumbres. Estos alimentos básicos de la dieta mediterránea se servían de forma “muy desigual” en muchos centros, según el Ministerio, afectando a la calidad de las dietas de niños y niñas. También se priorizarán los cereales integrales frente a las versiones refinadas, excepto en el caso del arroz. 

Respecto a las bebidas, se limitarán únicamente al agua y la leche, eliminando refrescos, bebidas azucaradas y edulcoradas. Al mismo tiempo, se limitará la presencia de alimentos precocinados como pizzas o croquetas a máximo una vez al mes; y las frituras solo se podrán servir una vez por semana como máximo, priorizando técnicas de cocción más saludables como al horno o al vapor. 

Los menús ofertados contarán con la supervisión de profesionales en nutrición humana y dietética, que a su vez proporcionarán información mensual y detallada a las familias para adecuar las dietas a las necesidades de cada alumno. Se prestará especial atención a la sostenibilidad, con un mínimo del 5% de alimentos ecológicos o dos platos principales ecológicos al mes, fomentando canales cortos de distribución.

Al mismo tiempo, el Ministerio establece que los centros deberán facilitar espacios y condiciones para la lactancia presencial y diferida, debido a su importancia durante los primeros años del desarrollo de los niños y niñas. La regulación incorpora también pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida, por la vulnerabilidad durante estas edades. Así, no se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar, y el arroz presente en las dietas será blanco hasta los tres años. 

Los alimentos con riesgo de atragantamiento como frutos secos o uvas se ofrecerán ya molidos o partidos de forma segura, y se reducirá la cantidad de sal yodada de los platos, sin sal añadida para menores de un año.