La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la construcción de una nueva escuela infantil municipal en el distrito de Retiro, que se ubicará entre las calles Adelfas y Valderribas. Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo local.

El nuevo equipamiento, que será ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos, contará con un presupuesto base de licitación de 4,6 millones de euros y dispondrá de una superficie construida de 1.652 metros cuadrados. El edificio tendrá sótano, planta baja y primera planta.

La futura escuela infantil albergará seis aulas, todas ellas equipadas con los espacios de servicio necesarios, como cambiadores, aseos, zonas de almacenamiento y fregaderos. Además, cada aula contará con acceso directo a espacios exteriores destinados al juego y las actividades al aire libre.

El centro también dispondrá de un hall principal, sala de usos múltiples, cocina, biblioteca, vestuarios, aseos, dependencias administrativas, almacenes y cuartos de instalaciones, con el objetivo de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los menores de entre 0 y 3 años.

Esta nueva dotación refuerza el esfuerzo inversor en nuevos equipamientos emprendido por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, con una inversión de más de 590 millones de euros, la ciudad suma 107 nuevas dotaciones municipales (88 ya finalizadas y otras 19 en construcción) desde 2019. Se trata de escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros, en los 21 distritos de la ciudad.

La red municipal alcanzará las 80 escuelas infantiles

Durante la rueda de prensa, Sanz ha destacado que desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, en 2019, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una decena de escuelas infantiles municipales en distintos distritos de la ciudad, entre ellas la Margarita Salas, también ubicada en Retiro, además de centros en Moncloa-Aravaca, Centro, Villaverde, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán y Vicálvaro.

Ahora, con esta nueva infraestructura y la prevista en el barrio de El Cañaveral (Vicálvaro), Madrid alcanzará las 80 escuelas infantiles municipales, cumpliendo así el objetivo fijado en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Los centros abiertos entre 2019 y 2026 suman 941 plazas, el 10% del total de la red municipal. A ellas se añadirá el próximo curso 2026-2027 el centro de la calle Francisco Remiro, en el distrito de Salamanca, mientras que recientemente también se iniciaron las obras de una nueva escuela infantil en el barrio de San Fermín (Usera). Entre las actuaciones ya ejecutadas y las que están en marcha, el Ayuntamiento cifra la inversión destinada a estas infraestructuras en más de 40 millones de euros.

La Junta de Castilla y León ha comprado equipos de aire acondicionado portátil (conocidos como 'pingüinos') para los colegios para evitar las altas temperaturas, según ha informado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Estos equipos cubrirán las 59 centros en los que imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) y las cuatro escuelas infantiles que pertenecen a la Junta.

El gobierno birregional ya ha empezado con la distribución de los equipos y tiene previsto completar las entregas durante la primera quincena de julio. A medio plazo, la Consejería de Educación está barajando la instalación de sistemas de climatización estructurales fijos en los centros si lo permiten las circunstancias.

Fernández Carriedo también ha instado a los ayuntamientos, corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro a que instalen sistemas de refrigeración similar y ha recordado que la Junta de Castilla y León ofrece ayuda en esa línea.

Este es el último boletín del curso y quiero empezar dándote las gracias por leernos y acompañarnos todo el año. La pequeña comunidad que nos juntamos en torno a este boletín ha crecido mucho estos meses y estamos muy contentos. No pasaré lista, pero os espero a todas y todos en septiembre.

Hoy quería hablaros de esta cosa tan española que son las grandes reacciones catastrofistas a todo lo que parezca un poco de progreso. Hoy, los creadores de “si se prohíbe fumar en interiores cerrarán los bares” —cuya versión moderna son las terrazas— y “si se peatonaliza el centro habrá pérdidas millonarias en los comercios” nos traen que “reducir las ratios en las escuelas infantiles puede suponer el cierre de todos los centros privados”. Así, con mesura: todos. Ni uno solo se salvaría.

Esa ha sido la reacción que han tenido las patronales –y alguna administración– al anuncio del Gobierno de que va a reducir a la mitad las ratios en la Educación Infantil de cero a tres años. Os cuento.

Un poco por sorpresa, el Ministerio de Educación irrumpió el pasado miércoles en las protestas de las educadoras de Infantil (que en Madrid llevan desde el 7 de abril de huelga indefinida, que ha escalado puntualmente a paro nacional) y anunció que va a bajar a la mitad el número máximo de niños y niñas por clase.

Digo “irrumpió” porque las protestas se dirigen en principio a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco básico para todas y, con su movimiento, consiguió apuntarse un tanto atendiendo a una de las principales reivindicaciones de las educadoras.

Basta leer la reacción de la plataforma que ha convocado los paros, PLEI, para dimensionar el calado del movimiento: “Queremos reconocer y agradecer el importante esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, encabezado por la ministra Milagros Tolón, su equipo técnico y político, implicado de lleno en este proceso desde el primer día de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Consideramos que el trabajo desarrollado ha requerido una voluntad clara de diálogo, una capacidad sostenida de negociación y una firme determinación política para abordar una cuestión que llevaba décadas sin avances reales. (...) No obstante, el impacto real de esta medida dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las Comunidades Autónomas, (...) la pelota está ahora en su tejado.

Golazo del Gobierno.

Cuando vi el anuncio de Educación mi primer pensamiento fue que las patronales de centros privados, que suponen más o menos la mitad del sector, dirían que las ratios a la mitad provocarían que los precios fueran el doble. Me quedé corto: lo que dijeron es que iban a desaparecer todas.

Más de 224.000 alumnos podrían quedarse sin plaza y 60.000 trabajadoras sin empleo, vino a advertir Acade. Escuelas Católicas, la patronal que controla los centros educativos de la Iglesia, solo habló de “muy serias dudas sobre la pervivencia de más de 4.000 escuelas”.

Algunas administraciones también se subieron al carro: Rueda, el presidente gallego que rechazó 22 millones de euros europeos para crear plazas públicas porque prefiere subvencionar las privadas (como Moreno, en Andalucía), sostiene que la medida “compromete muy seriamente la gratuidad” (es lo que tiene no tener un sector público potente). Madrid, cómo no, también tenía algo que decir, aunque un poco sorprendentemente su crítica fue más racional: la consejera Zarzalejo dijo que es “una cortina de humo” y criticó que el Gobierno no hubiera negociado ni hable de cómo financiarlo.

De momento lo de Educación es solo un anuncio y hasta que no esté en el BOE no se puede cantar victoria, pero si se consolida la rebaja propuesta se habrá merecido el calificativo de “histórico” que el propio Ministerio se autoadjudicó en la nota de prensa (menos histórica es la bajada en Bachillerato hasta 30 estudiantes que va en el mismo paquete, sigue siendo un número considerable de adolescentes por clase).

Dos pildoritas y sigo con más cosas:

Esta semana hemos hablado de...

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Como os decía, con este boletín cierro el curso.

Quiero daros las gracias a todos y todas por estar ahí, por leer, comentar, por protestar cuando algo no os parece bien. Os leo y tengo en consideración siempre, aunque a veces no tenga tiempo para contestaros.

Pero cierro muy satisfecho, el boletín ha crecido mucho este curso y eso significa que algo de lo que hacemos os gusta.

Nos retiramos unos meses a descansar –del boletín, seguiremos con la información–, a darle una vuelta al formato y volver en septiembre con energías renovadas para seguir dando guerra al poder.

Me encontráis en educacion@eldiario.es o en dsanchez@eldiario.es para denunciar, proponer, consultar, criticar o lo que os apetezca.

¡Pasad un buen verano!

Un abrazo.

La Xunta y la asociación patronal de escuelas infantiles privadas de Galicia avisan de que con las nuevas ratios que plantea el Gobierno en el borrador de decreto “corre riesgo la gratuidad”. Así lo han señalado tras una reunión este viernes en la sede de la Xunta en San Caetano, donde la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha recibido a representantes de entidades de escuelas infantiles y se ha mostrado “muy preocupada”. Sus declaraciones contrastan con la valoración positiva de la CIG, principal sindicato gallego, que en un comunicado ha celebrado que el Ministerio de Educación atienda por fin a una demanda histórica de las trabajadoras y apruebe una reducción de ratios: las aulas de 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años tendrán, respectivamente, cuatro, seis y ocho niños. En la actualidad son ocho, 13 y 20.

“Las trabajadoras de primer ciclo de infantil en Galicia fueron las primeras en movilizarse en todo el Estado”, recuerda la central sindical, “con seis jornadas de huelga en 2023, una recogida de firmas contra el convenio estatal en 2024 y ahora múltiples huelgas y movilizaciones. La lucha da sus frutos”. Al Gobierno gallego, sin embargo, no parece afectarle lo que diga la representación de las trabajadoras. Según los cálculos que esgrimió García tras reunirse con los propietarios de centros privados, la medida del Gobierno central costaría a la Xunta 56 millones de euros más al año para mantener la gratuidad del servicio y “aun así desaparecerían unas 5.000 plazas por razones de profesorado y espacio en las escuelas”.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda opta por subvencionar escuelas infantiles privadas en detrimento de la red pública. La Federación Galega de Municipios e Provincias, por ejemplo, se queja de la infrafinanciación a la que somete la Xunta las guarderías de titularidad municipal.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, asegura que el Gobierno central ha elaborado el borrador de decreto contra la masificación “a espaldas de las comunidades autónomas y de todo el sector de las escuelas infantiles”. También ha reclamado dinero: “Va a comenzar un nuevo curso y Galicia recibió 0 euros del Gobierno de España. La gratuidad la está sosteniendo íntegramente la Xunta con 65 millones”. Una vez más, la táctica de la Xunta es desviar responsabilidades hacia Madrid. “Tengo muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar con la gratuidad de las escuelas infantiles”, aseguró García. La CIG, por el contrario, se felicitó por “este avance” pero exigió que se adelante su aplicación al próximo curso, 2026-2027.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Miles de educadoras infantiles han teñido de amarillo decenas de plazas en toda España. A las puertas del comienzo del verano, y con temperaturas que superan los 30 grados en las aulas, estas profesionales de la educación han reivindicado que su calendario escolar se homologue al del resto de etapas formativas. “No es normal que las criaturas más pequeñas, de 0 a 3 años, que son las que deberían estar más tiempo con sus familias, se achicharren también en julio mientras los demás colegios e institutos cierran por el descanso de los jóvenes”, adelanta Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de la Comunidad de Madrid.

Ella ha sido una de las cientos de educadoras que en la tarde del jueves se han acercado en Madrid a la Puerta del Sol, casi desértica por el calor de la tarde y en la que, de vez en cuando, aparecían grupos de turistas como champiñones. En paro indefinido desde el pasado 7 de abril, las trabajadoras de las escuelas infantiles madrileñas han vuelto a reivindicar la dignificación de su sector. “La consejera se dignó a recibirnos tras siete semanas de huelga”, comenta. Mercedes Zarzalejo, al frente de la Consejería de Educación, se comprometió a no prorrogar los pliegos para poder actualizar las tablas salariales con un incremento en las nóminas de las trabajadoras, así como incluir la pareja educativa en cada aula.

“El problema es que no nos reconoce. Según dice, no somos interlocutores válidos y no nos da legitimidad para firmar el acuerdo. Debería saber que el comité de huelga tiene la potestad de alcanzar cualquier consenso, y que este sea vinculante, para finalizar los paros”, responde Marín. “En algún momento tendrá que volver a sentarse a firmar si quieres que volvamos a las aulas”, añade.

Marín ha recordado que “las criaturas necesitan descanso para su desarrollo neurológico, y con las temperaturas extremas del verano es imposible que lo consigan”. En este sentido, la portavoz ha recalcado que “no se entiende cómo el único recurso que se da desde la Administración para el cuidado de los bebés sea institucionalizarles de ocho a diez horas al día durante 11 meses al año”.

Algunas manifestantes han colgado fotografías de termostatos de las aulas de las escuelas que, en algunos casos, superaban los 30 grados. Asimismo, la reivindicación en la capital pronto ha tomado forma de performance. Al comienzo de la protesta, las concentradas se han arremolinado en torno a un círculo de bebés de juguete expuestos en el suelo caliente del kilómetro cero madrileño. A continuación, algunas de ellas se han tumbado mientras una mujer caracterizada de Isabel Díaz Ayuso pintaba su contorno en el suelo con una tiza, como si fueran un cadáver.

Solidaridad desde Navarra

La concentración pamplonica ha tenido lugar en la plaza de San Francisco. Narila Mondragón, educadora infantil en varias escuelas de Navarra, ha incidido en que su etapa educativa consta de entre 204 y 215 días al año, mientras los demás ciclos se quedan en los 175 días. “Hemos venido con fotos de los termómetros de las escuelas, donde a las 6.30 horas ya marcan 28 grados. La gente tiene que ver esto”, ha subrayado. A la hora de la siesta, en torno a las 13.00 horas, la temperatura alcanza los 35 grados, ha agregado en declaraciones a elDiario.es.

“Los niños no pueden dormir ni jugar, no tienen hambre, sufren golpes de calor… Y las trabajadoras estamos sudando todo el rato, deshidratadas. Esta es la reivindicación: el descanso de la infancia y a no trabajar a estas temperaturas extremas”, ha resumido Mondragón. Las educadoras infantiles navarras fueron a la huelga durante 60 días en 2022. “Ahora toca ayudar a las compañeras de Madrid. Nosotras ya hemos aportado a su caja de resistencia. Es importante que resistan para que el Ministerio modifique el real decreto y las ratios se equiparen a lo que propone la Unión Europea”, ha valorado Mondragón.

Cataluña en huelga

Georgina Rius ha sido otra educadora infantil que ha secundado la jornada de lucha de hoy. En su caso, desde Catalunya, donde han convertido la convocatoria de concentraciones estatales en una huelga regional. Esta trabajadora afincada en Barcelona ha explicado que “aunque en la LOMLOE aparece que somos consideradas como una etapa educativa más, no se concreta ningún mínimo que dote de calidad a las escuelas infantiles”.

La diversidad de modelos de gestión de estos centros educativos supone un problema a la hora de regularlos. Por ejemplo, la Generalitat catalana tan solo controla al completo unas 42 escuelas, mientras que entre las cuatro provincias que componen la región hay más de 3.000, ha afirmado Rius. “Esta descentralización solo juega en favor de las empresas y de la Administración y es un problema para hacer valer las demandas de las plantillas”, ha aseverado tras participar en la mañana del jueves en la manifestación barcelonesa que ha partido desde la plaza Universidad hasta la Delegación del Gobierno.

La situación se agrava en algunos municipios catalanes, sobre todo con costa. Hay ciertas escuelas infantiles que ni siquiera cierran en agosto, pues es el mes en el que los progenitores de las criaturas más trabajan en estas localidades de playa. “Esto es volver a la guardería. Hacen leyes que nos valoran como etapa educativa, pero en la práctica somos el parche para la conciliación”, ha precisado Rius.

Bebés en clase en olas de calor

Nieves Terriza ha estado a las 19.00 horas en la Alameda de Hércules de Sevilla. Al igual que en el resto de provincias andaluzas, menos Córdoba y Almería, en la concentración se han escuchado soflamas a favor un calendario escolar “que respete los tiempos y el descanso de los más pequeños”. Así lo ha expresado esta maestra de educación infantil y directora de una escuela en el pueblo de Marchena, quien ha sostenido que “hay centros sin climatizar en los que es imposible salir al patio y en los que es imposible estar en las clases”.

Desde su experiencia personal, esta maestra ha asegurado que las criaturas abandonan la escuela sobre las 16.45 horas en julio. “En plenas olas de calor con más de 40 grados, los pequeños acaban dentro de los coches ardiendo en los que vienen a buscarles sus padres o se tienen que ir andando por calles sin sombra”, ha profundizado. Desde Andalucía también apoyan a sus compañeras de Madrid en huelga: “Parte de lo que recaudamos con la venta de camisetas se lo enviamos. Que aguanten hasta que consigan todos sus objetivos”.

Por el derecho al descanso del menor

Cuando el sol todavía no había desaparecido en la capital madrileña, las educadoras han leído un comunicado. Tal y como han exclamado, “en la práctica ministerial y autonómica, el primer ciclo sigue siendo tratado bajo un prisma puramente asistencial y de conciliación laboral, y una de las pruebas irrefutables es el calendario de verano”.

Tal y como han comentado, “esta discriminación calendaria demuestra que la Administración pública utiliza el primer ciclo de infantil como un colchón para amortiguar las carencias del sistema laboral español”. Es decir, se antepone el derecho a la producción de las empresas y el derecho a la conciliación de los progenitores por encima del interés superior del menor y su derecho al descanso, han agregado.

De la misma forma que en el resto de las ciudades donde se han movilizado, las educadoras infantiles de la PLEI madrileña han exigido que el Estado legisle de cara a las empresas a través de reducciones de jornada estivales pagadas, permisos parentales flexibles y turnos racionales. “La escuela educa, no sustituye la crianza familiar”, han destacado antes de finalizar: “Exigimos que el descanso de la primera infancia no sea el precio que pagamos por ir a trabajar. Defendemos las escuelas infantiles como templos de educación y bienestar, no como herramientas de producción”.

Terminan las clases y llega el verano. Niños y niñas ya no tienen que acudir a las aulas, pero madres y padres siguen trabajando. Es una situación que se repite cada año, y que provoca que la conciliación entre la vida laboral y familiar sea “casi imposible” en algunos casos. Por lo general, hay todo tipo de alternativas, como los campamentos, pero no están al alcance de todos los bolsillos.

Por eso las escuelas de verano que ofrecen las administraciones públicas, principalmente ayuntamientos, son una opción más viable. Se trata de programas socioeducativos y recreativos durante el receso vacacional. Pero, ¿qué pasa si la oferta no es suficiente o si los criterios de adjudicación de plazas hacen que estos proyectos se conviertan en “una lotería”?

Así ha sucedido en la ciudad de Albacete, donde un grupo de familias se ha movilizado para denunciar los criterios de asignación de plazas de las Escuelas de Verano Municipales de 2026 que ha ofertado el Ayuntamiento a través de la empresa Vita Events.

Están dirigidas a menores de 3 a 12 años (incluyendo escuela infantil para niños de 6 meses a 3 años). Se ubican en diferentes colegios públicos de la ciudad y los horarios son de 9.00 a 14.00 horas, aunque existen opciones de aula matinal (desde las 8.00 horas) y servicio de comedor hasta las 15.30 horas.

La iniciativa contra la adjudicación de plazas la ha iniciado una madre que prefiere permanecer en el anonimato debido a la exposición pública que supone su trabajo. Tiene tres hijos, de nueve, seis y cuatro años. Hasta este año, no había tenido problema en conseguir plazas para ellos, si bien considera que el método de inscripción siempre ha sido “injusto”. ¿Por qué? Se adjudican por orden de solicitud, sin más. Así consta, como ha comprobado este periódico, en la web de la empresa encargada.

Esta madre se ha quedado sin dos de las quincenas solicitadas para sus hijos y solo le han concedido una. En principio había obtenido dos periodos, pero la primera adjudicación se anuló y finalmente solo ha obtenido uno.

Ella trabaja en el medio rural. Tiene que desplazarse desde Albacete todos los días. Sale de casa a las 7.00 horas y regresa a las 16.00. Su marido tiene un horario similar. Con sus tres hijos sin plaza en las quincenas solicitadas, ahora la conciliación que vislumbra es “prácticamente imposible”.    

La única alternativa es la petición de una reducción de jornada, que ya le fue denegada anteriormente. Y también está en lista de espera por si algunas de las plazas de las Escuelas de Verano de Ayuntamiento quedaran libre en las quincenas que le han sido denegadas.

Su situación personal no es la única en esta ciudad. Esta afectada ha registrado una instancia en el Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso este medio, en la que arremete contra ese criterio “por orden de presentación” de la solicitud, sin tener en cuenta la situación familiar, más allá de las situaciones de vulnerabilidad, que sí se tienen en cuenta.

Varias familias con situaciones similares (laboramente activos y sin posibilidades de conciliación“) se le han unido y han presentado formalmente sus quejas al haberse quedado fuera del programa. Asimismo, todos ellos han decidido agruparse para una recogida de firmas que cuenta ya con 150 apoyos.

Hay familias que no están en riesgo exclusión social, pero que dependen absolutamente de este servicio para la conciliación familiar

En el escrito que han consensuado, estas familias recuerdan que las Escuelas de Verano de Albacete constituyen un servicio público que se financia con sus impuestos y que “debería garantizar la igualdad de oportunidades”, pero se ha convertido “en una injusta carrera de clics” en internet.

Ante todo, estas personas quieren dejar claro que, en lo que respecta a las familias en situación de vulnerabilidad social o riesgo de exclusión, sus derechos y plazas “sí están bien recogidos, protegidos y respetados” en las bases del proyecto.

El problema “crítico” y el “verdadero foco de desamparo” radica en el resto de las asignaciones: aquellas familias que no están en riesgo de excclusión social, pero que “dependen absolutamente de este servicio para la conciliación familiar”. Aunque el proyecto del Ayuntamiento de Albacete indica textualmente en sus bases que el objetivo principal es garantizar dicha conciliación, la realidad, argumentan, demuestra todo lo contrario.

“Muchos hogares trabajadores se han quedado fuera de las plazas, del aula matinal y del comedor. La empresa adjudicataria reparte las plazas por estricto orden de llegada en su web, ignorando por completo si los padres necesitan el servicio para no perder sus empleos. No se exige ningún tipo de certificado de trabajo, provocando que la baremación dependa de la mera suerte”, añaden.

Denuncian así una “absoluta falta de sensibilidad” porque ese criterio de orden de llegada resulta “profundamente desfavorecedor” para todos, “golpeando con extrema dureza a las familias trabajadoras”

Entre los colectivos que se han visto afectados, detallan que se trata sobre todo de familias trabajadoras, con uno o dos miembros en activo, y que se ven “totalmente imposibilitadas” para beneficiarse de la conciliación. “No pueden competir en igualdad de condiciones en un sistema de inscripción masiva y no cuentan con alternativas para turnarse”.

A ellos se unen las familias monoparentales o monomarentales: madres o padres que sostienen solos su hogar y para quienes quedarse sin plaza significa, directamente, la imposibilidad de acudir a sus puestos de trabajo. Y también nombran como afectadas a las familias que no disponen de conexiones de alta velocidad para competir en una plataforma web “colapsada”.

Ahí no termina la cuestión. Tanto la madre con tres hijos como el grupo de familias que se le ha unido denuncia anulaciones “opacas”. Explica que, tras fallos en la primera asignación (donde muchas familias ya habían pagado), anularon las listas “de forma unilateral”. Tras ello, la nueva asignación es “todavía más injusta y excluyente” para los trabajadores.

Además, agregan que el último correo de asignación definitiva lo remitieron un viernes por la tarde, justo antes del fin de semana, con las oficinas públicas cerradas “para que no podamos reclamar” y con un plazo de pago inmediato.

¿Por qué en verano el derecho a conciliar de las familias trabajadoras depende de la velocidad de tu conexión a internet?

Estas familias recuerdan que, durante el curso escolar, para acceder al comedor o al aula matinal se exige “justamente” un certificado de empresa o se barema según la situación familiar (monoparentalidad, familias numerosas, discapacidad). “¿Por qué en verano el derecho a conciliar de las familias trabajadoras depende de la velocidad de tu conexión a internet?”, se preguntan.

Por todo ello, exigen el Ayuntamiento de Albacete una “fiscalización inmediata” y que obligue a la empresa a baremar las plazas “de forma justa” exigiendo certificados laborales, dando “prioridad absoluta” a las familias trabajadoras con todos sus miembros en activo y familias monoparentales que necesitan conciliar. Dicen estar “hartas” de “hacer malabarismos insostenibles” para trabajar en verano mientras el Ayuntamiento “mira hacia otro lado”.

“Silencio administrativo”

Este periódico ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Albacete como a la empresa Vita Events una valoración de la situación y se les ha preguntado sobre la posibilidad de revisar los criterios de adjudicación. Por el momento no ha habido respuesta. Las familias, de hecho, apuntan al “silencio administrativo”.

La madre mencionada explica además que hay otros ayuntamientos del medio rural, donde ella trabaja, en los que las asignaciones sí tienen en cuenta estos criterios. “Primero, la gente más vulnerable, luego las familias monoparentales y después las familias trabajadoras y los criterios de renta”.

Dice también conocer situaciones en las que las madres y padres están en el paro, pero encuentran trabajo durante los meses de verano. “También precisarían este servicio público, que debería estar abierto en cualquier momento para que ellos puedan conciliar laboralmente”. Lo contrario, concluye, supone una pérdida de nivel adquisitivo, al tener que pagar campamentos u otras opciones, o al tener que pedir una reducción de jornada.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado dos partidas, que suman casi 626.000 euros, para instalar o mejorar los servicios de climatización de dos instalaciones municipales: Casa Cuna y La Gota de Leche.

Según ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Celia Sanz, el objetivo es “mejorar los sistemas de climatización y su eficacia en los espacios públicos”, por lo la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos nuevos proyectos de obra en este ámbito y ha puesto en marcha la licitación para la ejecución de ambos trabajos“.

El primer proyecto hace referencia a la escuela infantil de primer ciclo Casa Cuna, para cuya realización se ha aprobado un gasto de 126.843,94 euros (IVA incluido).

Por otro lado, el segundo proyecto se centra en la reforma de la instalación de climatización y ventilación de las dependencias de La Gota de Leche, cuyo proceso de licitación contará con un importe máximo de 499.113,20 euros (IVA incluido).

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.

Las educadoras infantiles madrileñas llevan casi dos meses en huelga indefinida, lo que ha animado a que el resto de profesionales del sector de todas las comunidades del país se sumen a su causa. Las educadoras de niños de 0 a 3 años se han concentrado en distintas ocasiones desde el día 7 de abril para exigir mejores condiciones laborales en un sector que sienten que no recibe la importancia que merece, siendo una etapa fundamental en la educación de los más pequeños y en su desarrollo como personas.

Ante las ratios elevadas, salarios bajos (que apenas superan el SMI), malas condiciones en las infraestructuras en las escuelas y el abandono que sienten por parte de las instituciones, además de la dificultad para acceder a puestos en este sector, muchas educadoras españolas deciden desplazarse a otros países europeos donde pueden desarrollar su carrera profesional. Dos países que reciben muchas educadoras españolas son Alemania e Irlanda.

Las educadoras buscan poder dedicarse al trabajo que les gusta y para el cual están cualificadas, y buscan refugio fuera de España para sentirse más realizadas y poder trabajar con salarios dignos y mejores métodos. Desde Helmeca, una empresa que se dedica a la contratación de educadoras en Alemania, insisten en que las profesionales del 0-3 “están agotadas emocionalmente debido a las altas ratios, la falta de reconocimiento profesional y la dificultad para aplicar metodologías pedagógicas más individualizadas. En España los peques están haciendo fichas en una silla, lo cual consideran que no es lo mejor para ellos”.

“No se sienten valoradas, y las que se quieren dedicar a ello trabajan en otras profesiones o buscan opciones en el extranjero”, explican desde la empresa a elDiario.es. La diferencia en las condiciones de trabajo es uno de los factores clave que explican por qué los educadores se van al extranjero a trabajar.

Alemania, un país con pareja educativa

Cada vez son más las educadoras españolas que deciden irse a Alemania para desarrollar su carrera profesional. La principal razón son las ratios: mientras que en España se dan casos de hasta 20 niños por cada educadora, en Alemania hay una ley exige una atención mucho más personalizada. Por ejemplo, para un grupo de 20 niños suele haber un mínimo de tres educadoras, según detallan desde la empresa alemana. La ley, en vigor desde 2013, garantiza que todo niño residente en el país tenga una plaza en una escuela infantil (Kinderkrippe) para que las madres puedan incorporarse antes al mercado laboral.

La metodología de la enseñanza es un factor clave. En el sistema español, el modelo de fichas y niños sentados sigue muy presente. “El modelo alemán apuesta por el aprender jugando y metodologías innovadoras sin el uso de fichas”, explica Magdalena Uhländer, responsable de Reclutamiento y Relaciones Públicas de la empresa que contrata a las educadoras españolas en Alemania. Además, la preparación para las clases en España suele ser durante el tiempo libre de las educadoras infantiles. En Alemania, en cambio, las horas de planificación pedagógica están integradas dentro del horario laboral (normalmente unas tres horas semanales fuera del aula).

Sin embargo, Alemania sufre un déficit que se divide en dos grandes necesidades en la actualidad: infraestructuras y profesionales. Pese a la ley, existe escasez de personal cualificado y plazas en muchas regiones, lo que genera dificultades para conseguir plaza en centros públicos. Según la empresa alemana, faltan todavía más de 430.000 plazas para niños en las escuelas infantiles, y se necesita cubrir más de 308.800 vacantes de educadoras en los próximos cinco años. Y todo ello en un momento en el que Alemania está experimentando un gran cambio demográfico que se traduce en una demanda generalizada de profesionales en todos los sectores.

La forma de acceder a los puestos de educadora infantil en Alemania es diferente a la española. Las escuelas infantiles no cuentan con una bolsa de licenciados a la que recurrir cuando queda vacante un puesto de educadora, sino que las interesadas hacen una Formación Profesional (FP) dual en una escuela infantil determinada, donde luego son contratadas después de finalizar la formación de tres años: es decir, las escuelas deben formar a su propio personal.

“Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”

María García es subdirectora de una Kinderkrippe en Múnich. Según cuenta, aunque en Alemania sí se trabaja con pareja educativa, también cree que las ratios siguen siendo elevadas, pues “es un reto real para poder acompañar, observar y atender bien las necesidades e intereses de cada niño”. La educadora, que lleva trabajando fuera de España desde 2014, cree que en nuestro país se da incluso una situación peor, pero que el problema va más allá de las condiciones laborales: “Es una cuestión de dignidad, de los niños y de las profesionales”.

Desde Alemania, García está pendiente de la situación de las educadoras en España, que ha movilizado a las trabajadoras desde principios de abril: “Sigo de cerca las huelgas y las movilizaciones del sector en España y les doy todo mi apoyo. Lo que piden no es un capricho, es lo mínimo para poder ejercer esta profesión con responsabilidad”.

García encuentra tres grandes problemas en el sistema español, que deberían cambiar lo antes posible, cree, y cuya solución traería de vuelta a España a educadoras como ella: la ratio, el salario, y el reconocimiento social. “La educación infantil en España sigue siendo percibida como 'cuidado' y no como lo que es, educación en la etapa más decisiva del desarrollo humano. Mientras eso no cambie en la cabeza de quien legisla y en la del conjunto de la sociedad, las condiciones no cambiarán de verdad, y habrá educadoras que seguirán marchándose, o que se quedarán a costa de su salud física y mental”, defiende María.

Aunque las condiciones laborales en Alemania son mejores que en nuestro país, García reconoce que no fue tan sencillo abandonar España para empezar una nueva vida en otro lugar. Explica que fue un camino largo: “Aprender el idioma, validar mi formación, entender una cultura profesional y social muy diferente... No fue fácil, y sería deshonesto pintarlo de otro color. La vida aquí como extranjera tiene sus propias dificultades, y Alemania tampoco es el paraíso que a veces imaginamos desde España”. Sin embargo, sigue siendo más fácil para educadoras como María encontrar una estabilidad laboral en su sector: “En España no había futuro laboral visible para mí en educación infantil”.

“Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Ana Palacios llegó a Alemania hace ocho años para trabajar como auxiliar de grupo, y actualmente es subdirectora en una escuela infantil alemana. “Mi experiencia ha sido muy equilibrada entre lo que buscaba, lo que necesitaba y lo que sentía en el momento en el que decidí venir. Llegué con muchos conocimientos recién adquiridos y con una enorme motivación por ponerlos en práctica”, cuenta. “Al final, todo se resumió en algo muy bonito: enseñar toda la teoría que había estudiado mientras, al mismo tiempo, aprendía un nuevo idioma y una nueva cultura enseñando cada día”, añade.

Palacios experimentó una gran diferencia en las condiciones laborales que se dan en las escuelas infantiles alemanas: “Aquí existen horarios más dignos y una mayor posibilidad de conciliación. Las horas extras se pagan como corresponde y el sueldo es mucho más acorde al trabajo y la responsabilidad que desempeñamos. Por primera vez, ahorrar dejó de parecer algo imposible”. 

Palacios confiesa a elDiario.es que, para desear volver a España, necesitaría ver cambios en las condiciones que se dan en nuestro país: “Estabilidad, posibilidades de crecimiento personal y profesional, y la sensación de sentirse valorada, respetada y cuidada dentro del entorno laboral. Creo que sentirse reconocido en tu trabajo marca una gran diferencia en la calidad de vida de las personas”.

Las educadoras no conocen las dificultades en el mercado español

Según detallan desde Alemania, las educadoras infantiles no son conscientes de la dificultad que existe en el acceso a un puesto de trabajo en España cuando deciden comenzar sus estudios de enseñanza: “Los estudiantes de infantil eligen esta carrera por vocación, sin conocer realmente las dificultades estructurales del mercado laboral en el país”. Las educadoras piensan que opositar es la mejor o única opción. “Luego se dan cuenta de que conseguir una plaza es poco probable porque tienen preferencia interinos con mucha experiencia. Cuando aprueban, entran en bolsa y quedan a la espera de una lista. No hay suficientes plazas en España para la cantidad de educadores que se gradúan cada año”, añaden.

Las educadoras quieren trabajar con niños, porque es lo que les gusta y para lo que han estudiado, pero las oposiciones son imposibles en España y las condiciones laborales son insuficientes. Además, aquí estudian sobre métodos innovadores para aplicar en la enseñanza de los más pequeños, cosa que luego no se ve reflejada en sus jornadas de trabajo. “En Alemania y en otros países del norte es diferente, se usan metodologías más enfocadas en lo que necesitan los niños, métodos que implican el aprender mientras juegas y no existen las fichas”. 

Empresas como esta son las que más de cerca viven la migración de las educadoras españolas, que no lo hacen únicamente por el factor económico: “Es cierto que se cobra más en Alemania como educador y eso les da la posibilidad de poder vivir, pero también buscan realizarse como profesional. El sentirse valoradas, disponer de tiempo real para preparar actividades pedagógicas y trabajar en entornos con ratios más sostenibles. Poder vivir y no estar trabajando en algo que no es lo que realmente les realiza como profesionales”. 

Para trabajar como educadora en Alemania, las profesionales del 0-3 necesitan la titulación universitaria de educación infantil y/o grado superior de educación infantil, aunque cada comunidad autónoma alemana tiene sus propias normas, y tener un B2 de alemán. Muchas empresas de contratación ofrecen cursos de alemán a las educadoras infantiles para que puedan optar a las vacantes.

Los alemanes quieren trabajar con educadoras españolas

Las españolas escogen Alemania como destino para trabajar de su profesión y tener estabilidad laboral, mientras disfrutan de más vacaciones en comparación con España, lo cual atrae mucho a la hora de poder viajar o volver a casa para visitar a los familiares. Pero no son solo ellas las que quieren trabajar allí, sino que los alemanes también buscan contratar a educadoras españolas. De aquí salen muy bien formadas, con cuatro años de carrera universitaria o dos años de estudios superiores muy bien estructurados. Por otro lado, las españolas, culturalmente, “lo hacen por vocación, le ponen muchas ganas y corazón”, y eso lo saben más allá de nuestras fronteras.

Según explican desde la empresa alemana, “la cultura del trabajo en España es muy diferente a Alemania: En España el que tiene un trabajo tiene suerte y debería valorarlo. En Alemania, quien tiene un trabajador tiene suerte y debería valorarlo. Los educadores van con la mentalidad española, por lo que es más fácil tratar con ellos”. La formación en España es buena, salen profesionales muy cualificados y con ganas de trabajar, pero no se les permite hacerlo con dignidad. 

Irlanda: mejores salarios para precios más elevados

Otro país muy solicitado por las españolas es Irlanda. Andrea Vieira ha trabajado como educadora en Dublín y ha visto cómo España es el país que más está desplazándose a este lugar, pues es muy sencillo conseguir empleo: “No te piden un nivel de inglés súper alto porque son conscientes de que estamos con niños pequeños, que no tienen un lenguaje muy desarrollado, entonces con un nivel básico está bien”, explica Andrea. “Respecto a las familias, están súper contentas de que haya tanta diversidad, de que tengan profes españoles, de que nosotros también al final mejoramos el inglés con ellos y hablando con las familias…”, añade.

Los salarios de las educadoras en Irlanda son una de las razones que atraen a las profesionales infantiles españolas. “Obviamente, los salarios son más altos que aquí, porque se cobra mínimo unos 15 euros la hora, y yo creo que, las que más están cobrando ahora mismo, están en torno a 17-18 euros la hora. Es muchísimo más que aquí [en España], o sea, al final son como 2.200 euros al mes”, sostiene Andrea.

Emma Ruiz es profesora de educación primaria pero, como la gran mayoría de españolas licenciadas en esa carrera en nuestro país, encontró trabajo como educadora de 0-3 en Irlanda porque “ganas muchísimo más”. “Yo estoy ganando [en Irlanda], pues ponle que unos 1.000 euros más de lo que ganaría allí”, explica Emma, que justifica que en Irlanda, entre otras cosas, el coste de la vivienda es más elevado que en España. Sin embargo, Emma es una de las graduadas en otro ciclo que ha preferido dedicarse al 0-3 en Irlanda, porque las condiciones laborales permiten una vida digna.

Ratios más bajas y pareja educativa: “No sé cómo lo hacen aquí en España”

Las ratios de niños por educadora son también mejores allí. En las escuelas infantiles irlandesas, llamadas creches, las ratios “cambian muchísimo, porque es que aquí [en España] es como el doble. Para los bebés, que es a partir de los 8 meses más o menos, es un profe para cada 3 niños, luego para 1-3 años es un profe para cinco niños, creo, y luego de 2-3 es un profe para seis niños. Aquí es el doble, aquí un profe para los niños que tienen 2-3 creo que está como en 15 niños”, explica Andrea, que opina que “es una barbaridad, y a esas edades tienes que tener mil ojos. Yo lo veo la verdad algo alucinante, no sé cómo lo hacen aquí en España”. En nuestro país, las ratios para niños de hasta un año es de ocho bebés, de uno a dos años de hasta 13 niños, y de dos a tres años puede variar entre los 16 y los 20 niños por educadora.

Emma, por su parte, insiste en que “en cada clase hay dos personas siempre, o casi siempre”, aunque cree que las ratios en Irlanda siguen siendo abusivas, puesto que los bebés “no saben caminar, no saben comer, no saben limpiarse. Si uno se te caga, no puedes cambiarle a menos que alguien te cubra”. Es decir, que aunque las ratios sean más bajas que en España, siguen siendo mejorables para algunas educadoras, aunque cuenten con pareja educativa.

Mejores condiciones laborales y desarrollo profesional

En España, las educadoras infantiles están reclamando, además de mejores salarios y una bajada de las ratios, mejores condiciones laborales, equiparadas a las que se dan en otros ciclos educativos superiores como en educación primaria. Andrea Vieira describe el modelo educativo irlandés como uno que ofrece “más libertad”.

Según su experiencia, las empresas que gestionan las creches en Irlanda se implican mucho más en la calidad educativa de los más pequeños. “Hay una staff meeting (reunión de equipo) mensual donde se comentan puntos que mejorar o puntos en los que tú tengas dudas, o incluso al revés, te dan un feedback (retroalimentación) muy positivo y te apoyan”, explica Andrea. “Saben que todo lo que estás haciendo lo haces por el bien del niño, y aquí [en España] se ha perdido un poco ese punto de vista”.

Además, las gestiones burocráticas y la organización de las clases se realizan dentro del horario laboral, algo que en España están exigiendo las educadoras infantiles. “Yo tenía un profesor que venía a cubrirme mientras yo tranquilamente me iba a otra clase a hacerlo. Aquí [en España], o haces horas extra, o lo haces con los niños en mitad de clase, que es obviamente inviable”, describe Andrea, y añade que eso ayuda a que “el nivel de vida sea mejor, porque tú sales de tu trabajo y tienes vida”.

A finales de abril de este año entró en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que aseguraba que colegios e institutos públicos y concertados dejaran de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos.

El Ministerio de Consumo ha informado este lunes que estas pautas y obligaciones de los centros se extenderán también a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, promoviendo las dietas saludables y la seguridad alimentaria de niños y niñas. La norma asegurará el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Las medidas adaptan aquellas del Real Decreto, que ya se han puesto en marcha en colegios e institutos, a las necesidades de los más pequeños en el primer ciclo de educación infantil. 

En concreto, se garantizará el consumo diario de fruta y verdura fresca (al menos un 45% de temporada), junto con una frecuencia mínima de pescado y legumbres. Estos alimentos básicos de la dieta mediterránea se servían de forma “muy desigual” en muchos centros, según el Ministerio, afectando a la calidad de las dietas de niños y niñas. También se priorizarán los cereales integrales frente a las versiones refinadas, excepto en el caso del arroz. 

Respecto a las bebidas, se limitarán únicamente al agua y la leche, eliminando refrescos, bebidas azucaradas y edulcoradas. Al mismo tiempo, se limitará la presencia de alimentos precocinados como pizzas o croquetas a máximo una vez al mes; y las frituras solo se podrán servir una vez por semana como máximo, priorizando técnicas de cocción más saludables como al horno o al vapor. 

Los menús ofertados contarán con la supervisión de profesionales en nutrición humana y dietética, que a su vez proporcionarán información mensual y detallada a las familias para adecuar las dietas a las necesidades de cada alumno. Se prestará especial atención a la sostenibilidad, con un mínimo del 5% de alimentos ecológicos o dos platos principales ecológicos al mes, fomentando canales cortos de distribución.

Al mismo tiempo, el Ministerio establece que los centros deberán facilitar espacios y condiciones para la lactancia presencial y diferida, debido a su importancia durante los primeros años del desarrollo de los niños y niñas. La regulación incorpora también pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida, por la vulnerabilidad durante estas edades. Así, no se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar, y el arroz presente en las dietas será blanco hasta los tres años. 

Los alimentos con riesgo de atragantamiento como frutos secos o uvas se ofrecerán ya molidos o partidos de forma segura, y se reducirá la cantidad de sal yodada de los platos, sin sal añadida para menores de un año. 

El municipio albaceteño de Letur sigue recomponiéndose de los estragos que dejó la dana de octubre de 2024. Se ha inaugurado la nueva escuela infantil de la localidad, con el nombre de ‘María Carmen Jiménez Villar’ y también avanzan las obras de su colector, fundamentales para la nueva canalización del agua en el municipio.

La nueva escuela infantil dispone de una veintena de plazas para niños y niñas de hasta 3 años y se ubica en las instalaciones del CEIP Nuestra Señora de la Asunción. Financiada con fondos europeos, supone un avance relevante en la prestación de servicios públicos esenciales en un municipio pequeño y muy castigado por los efectos de la dana.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado la nueva escuela y ha visitado las obras del colector. Ha aprovechado su visita al municipio para anunciar que a finales de 2027 culminará el “ambicioso plan de recuperación” tras la dana.

Ha agradecido “la colaboración de la mayoría de los vecinos y colectivos” involucrados en la recuperación del municipio y ha subrayado que “una parte de estas obras tienen que servir de homenaje a las personas que se nos fueron”, dado que “lo verdaderamente duro fue la pérdida de vidas humanas”.

Además, Page ha puesto a Letur de ejemplo de “cómo todo un pueblo se une con todas las administraciones coordinadas y se pone en pie”. De hecho, ha afirmado que hoy hay más negocios en Letur que antes de la dana y que “se mantiene la población y va a crecer” gracias a este nuevo recurso educativo que “tiene también el imán de atraer a familias más jóvenes”.

Obras de preparación para futuras inclemencias

“Los proyectos y los planes van conforme a todo lo que nos habíamos planteado” y “muchas de las infraestructuras públicas de Letur van a quedar sustancialmente mejor de como estaban antes de la dana”, ha continuado el presidente, en relación con los trabajos de reconstrucción de este municipio que, incluso, se ha preparado “para futuras inclemencias y en previsión de que puedan volver a pasar” situaciones similares.

En su intervención, tras recorrer las dependencias de la nueva escuela infantil, Emiliano García-Page ha destacado la importancia de este tipo de infraestructuras públicas para satisfacer “la demanda de las nuevas generaciones y de las nuevas parejas” que se instalan en el municipio y cuyos “niños y niñas” serán escolarizados, precisamente, “en los mismos espacios que sirvieron de salones de crisis” en las horas posteriores a la dana.

Todo ello en una jornada en la que ha estado acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y por el alcalde de Letur, Sergio Marín, a quien ha trasladado su “apoyo personal” y de quien ha valorado su capacidad para “gestionar la impotencia” y de “hacerlo con prudencia y conforme a la ley”. Asimismo, han acompañado al presidente autonómico el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero.

Precisamente, este último ha destacado el valor “simbólico y práctico”. En su opinión el objetivo debe ser que “el Letur del futuro fuera incluso más bonito, más cómodo, más accesible que el Letur de antes de la dana”.

En este sentido, ha destacado que ya es posible comprobar cómo están avanzando las obras en un terreno con una “orografía complicada”, en el que se está ejecutando una “magnífica obra de ingeniería y una gran obra de arquitectura”. “El municipio va recuperando su normalidad cada día más”, ha remarcado, con mejorasrespecto a la situación anterior a la riada. 

Tras la inauguración de la escuela infantil, la comitiva ha visitado las obras y actuaciones de reconstrucción en Letur, incluyendo el estado de los trabajos vinculados al nuevo colector, así como las obras de emergencia que se desarrollan en la pedanía de La Dehesa.

El malestar docente del que veníamos hablando estas semanas ha explotado y España vive en este momento una situación que me atrevo a llamar histórica: hay dos huelgas docentes indefinidas simultaneas. Por un lado están las educadoras de Infantil, que en Madrid llevan cinco semanas (y sumando) y que el pasado jueves consiguieron el apoyo de todo el país para convertir su paro en nacional; por otro, el profesorado de la Comunitat Valenciana comenzó este lunes también una huelga general indefinida.

Empiezo por esta última, que es la más reciente y era algo que no se veía en la comunidad desde hace 38 años. Es histórica en sí misma y no responde a la ocurrencia de un sindicato: la convocan STEPV, CCOO, UGT y CSIF, la la secunda ANPE y la respaldan las familias agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, así como del Sindicat d'Estudiants. Ayer lunes, primer día, hubo un seguimiento “masivo” y miles de docentes se manifestaron contra el presidente Pérez-Llorca.

Los docentes valencianos exigen la derogación inmediata de la Ley Rovira, que pone en peligro el valenciano como lengua educativa en la escuela, ratios más bajas y recursos suficientes, menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado, infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados; también mejoras salariales y condiciones laborales dignas para el profesorado y dignidad, reconocimiento y condiciones laborales justas para todo el personal educativo.

Más allá de la particularidad del idioma, sus reivindicaciones son un pequeño compendio de las cuestiones que tienen en pie de guerra a media profesión por todo el país.

Algunas de ellas, como las ratios o los salarios, son compartidas con las educadoras de infantil, que de largo son el colectivo peor tratado de todo el sistema educativo. Os hemos contado otras veces las condiciones en las que ejercen, aquí os dejo una pieza desgranando los motivos de este paro, que so riesgo de repetirme es histórico: por indefinido en Madrid y porque la huelga general estatal del pasado jueves fue pionera, nunca antes se había hecho en esta etapa.

La situación en Madrid, origen de la protesta, es mala. Probablemente peor que en otros territorios, pero en todas partes cuecen habas en Infantil. Se manifestaron en Andalucía, en Aragón, en Galicia, en Asturias y en Catalunya, entre otros lugares. El día 23 todas esas manifestaciones convergen en Madrid, donde se espera una gran marcha para llamar la atención de la realidad de un sector básico. Es una huelga, además, con la que es fácil empatizar; cuando se conocen las condiciones en las que trabajan estas profesionales solo se les puede dar la razón.

No me extiendo más con este tema, que quiero contaros otras cosas de interés como la increíblemente torpe maniobra de la Generalitat con sus profes. Sí os animo a entrar en los detalles a través de los enlaces que os dejo, sobre todo en el caso de Infantil, donde el desconocimiento de la mayor parte de la sociedad de las condiciones de trabajo de estas maestras y educadoras es la mejor baza de las administraciones para que nada cambie.

Esta semana hemos hablado de...

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Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

Más de treinta educadoras infantiles están sentadas en círculo en un aula. Visten de amarillo, el color que ha teñido las movilizaciones con las que estas profesionales están reclamando unas condiciones más dignas para ejercer su labor. Llevan un mes en huelga indefinida y este fin de semana se han encerrado en una escuela de Rivas-Vaciamadrid para hacerse escuchar.

“Llevamos muchos años con muchas luchas pequeñitas y, como las pequeñitas no han dado resultado, nos hemos tirado a la piscina”, explica Lucía Martínez, miembro de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles y una de las organizadoras de este encierro. Entre sus principales demandas, destaca la reducción del número de niños y niñas que atienden en cada aula: “No podemos trabajar con las ratios que manejamos. Cualquier persona que ha tenido un hijo o una hija y ha pasado por tener un bebé en brazos sabe que es imposible tener más de uno, más de dos ni más de tres”.

Otra reivindicación que defiende es que haya dos profesionales por aula, lo que se conoce como pareja educativa. “Es una herramienta pedagógica muy potente en estas edades para tener dos visiones, dos modelos a los que mirar, y asegurar la vinculación de todas las criaturas”, expone esta profesional. También pide una subida “urgente” de sus sueldos: “Muchas compañeras están cobrando el salario mínimo interprofesional, que no es acorde ni a la categoría profesional ni a la responsabilidad que tenemos”.

Las educadoras iniciaron su encierro en la escuela infantil Platero este viernes por la tarde, una vez se había vaciado de niños y niñas. Más de treinta profesionales de la enseñanza de 0 a 3 años de distintos centros madrileños se reunieron en asamblea en una de las aulas y empezaron a organizarse. Hablaron de cómo confeccionar carteles, de en qué ámbito centrar sus reivindicaciones, de cómo se iban a administrar para comer… Y se repartieron en turnos con el objetivo de alargar el encierro durante todo el fin de semana.

“Estamos haciendo una red preciosa. Hemos tejido una red de lazos amarillos en la que hemos conocido a muchísimas compañeras que quieren participar. Está muy activo el equipo”, valora Martínez. “No esperábamos tanta respuesta. Sabíamos que la gente estaba cansada, que necesitaba un revulsivo, pero no esperábamos que desde el primer día hubiera un ‘Ya está bien, estamos cansadas y, para lo que cobramos, si un mes no cobramos, pues ya veremos’”, destaca sobre el seguimiento que ha logrado la huelga a lo largo del último mes.

La respuesta que han encontrado por parte de las administraciones es desigual. En el caso del Gobierno estatal, la activista pone en valor la disposición al diálogo que les han mostrado: “El primer día que nos concentramos en la puerta del Ministerio de Educación, bajaron a buscarnos para que subiéramos a hablar”. Desde entonces han mantenido tres reuniones, en las que reconocen avances: “Nos han dado un par de herramientas que creen que pueden ser los caminos para trabajar en una parte de las reivindicaciones que tiene que ver con las competencias del Ministerio, que son las ratios y las horas no lectivas”. No han encontrado la misma mano tendida en la Comunidad de Madrid: denuncian que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con amplias competencias en el ámbito de la educación, no les ha recibido desde que empezaron la huelga.

En cuanto a los ayuntamientos, también hay respuestas desiguales. Mientras lamentan que el de la capital no ha tenido ningún acercamiento con ellas, en el caso de Rivas hay mayor sintonía. Su alcaldesa, Aída Castillejo (IU-Más Madrid-Verdes Equo), acudió este viernes a la escuela Platero a mostrar su apoyo a las trabajadoras movilizadas y se puso la camiseta amarilla de sus reivindicaciones.

“Las educadoras de 0-3 están pidiendo dignificar esta etapa, que a veces se considera solo de cuidados, como la etapa educativa fundamental que es”, valora Castillejo en declaraciones a elDiario.es. “Eso pasa por la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales, pero en base a eso también solicitan una bajada de ratios que a quien primero beneficia es a los niños y a las niñas”, defiende la alcaldesa de este municipio de 100.000 habitantes, y traslada “la felicitación y el abrazo colectivo de esta ciudad a las educadoras, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento” a una lucha que considera que es “muy difícil sostener” durante tanto tiempo.

Casi todas las profesionales que están participando en este encierro son mujeres, de diferentes edades. Una de ellas, Miriam, ve relación entre el género mayoritario en el sector y los salarios que reciben. “En las etapas en las que menos hombres hay, peores condiciones tenemos. Según van apareciendo hombres en el momento educativo… Vas a primaria y hay un salto en las condiciones, en el dinero y en todo. Vas a secundaria, donde ya hay muchos más hombres, y hay otro valor”, denuncia.

Miriam, que lleva un mes participando en la huelga, defiende que la educación infantil es un “pilar” en el que los niños y niñas adquieren “autonomía y valores” y “aprenden a ser ellos, a ser ellas, a identificar emociones y a ser adultos funcionales”. Por eso pide a la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, que les escuche y “entienda el valor de esta etapa educativa”. “Hemos estudiado y seguimos formándonos. Estamos dando unos cuidados profesionalizados. Hay gente que dice ‘es que solo cuidáis’, pero cuidar es de lo más importante que le puedes regalar a una persona”, reivindica.

Esta maestra reconoce que la huelga está teniendo un impacto sobre los niños y niñas, a quienes tienen que reagrupar para que los atiendan las profesionales en servicios mínimos. “Están desconcertados, están sufriendo mucho y a nosotras nos da mucha pena, y creo que también hemos tardado tantos años en ponernos en una huelga así, aparte de porque es muy difícil de sostener, porque precisamente nos da pena. Pero tenemos que luchar y nos repetimos todos los días que es por su futuro y por su bienestar”, traslada.

Entre las familias hay quienes comparten que esta movilización es en beneficio de sus hijos e hijas y quienes no lo ven así. “Encontramos a familias muy implicadas, que entienden nuestra lucha y la apoyan de muchas maneras: nos hacen camisetas, nos mandan mensajes incluso en los pañales que nos traen de cada peque”, agradece Miriam. “Otras no terminan de entender esta lucha y nos llegan a decir que los niños del presente no tienen que sufrir para que los niños del futuro estén mejor. Frases que realmente nos duelen porque si estamos luchando precisamente es por ellos y por ellas, para que cuando se incorporen el 1 de septiembre tengan unos brazos que les acojan”, defiende desde el pasillo de la escuela infantil Platero.

Un rato después de comenzar el encierro, algunas de las trabajadoras leyeron ante sus compañeras un manifiesto en el que proclamaban: “Sin nosotras no hay educación infantil y sin educación infantil no hay futuro”. Un futuro que por el momento sitúan en permanecer en esta escuela durante todo el fin de semana y en continuar con su movilización más allá: “Seguiremos organizándonos, saliendo a las calles y alzando la voz todas las veces que haga falta hasta que se nos escuche de verdad. Lo que defendemos no es solo nuestro trabajo, es el futuro de la infancia y de toda la sociedad. Porque educar también es luchar, porque cuidar también es resistir”.

Los patios de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Logroño estarán operativos para el próximo curso. Así lo ha avanzado este jueves la concejala de Infancia y Juventud, Laura Lázaro, en respuesta a moción al respecto planteada por el PSOE en el transcurso del pleno del Consistorio correspondiente al mes de mayo que se está celebrando este jueves.

En este sentido, se ha rechazado la propuesta que había planteado el Grupo Socialista para “la mejora de las instalaciones de las escuelas infantiles de titularidad municipal y la promoción de las mismas”. Una moción que ha contado con el 'no' del PP y de VOX, la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza, y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE.

Para comenzar el debate de la moción, ha intervenido en representación de FAPA Rioja Verónica Untoria, que ha lamentado “la incapacidad de utilización de unas instalaciones a las que acuden nuestros hijos”, poniendo como ejemplo la escuela infantil El Cubo, “donde no pueden salir al patio por peligro para su integridad física” o los problemas en los centros con las temperaturas.

Como proponente de la moción, el concejal socialista Kilian Cruz ha criticado “la falta de actuación ante las quejas constantes de las familias y de los trabajadores de los centros”, planteando acciones concretas.

Así, ha citado la realización “inmediata de un Plan Integral de Climatización” antes del verano, contando para ello con la financiación correspondiente; “revisar y adecuar de forma urgente los espacios exteriores de los centros, especialmente patios y zonas de recreo”; un cronograma para ambas actuaciones; e impulsar una campaña anual para favorecer la matriculación en estos centros.

Por parte de los grupos, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha calificado como “sangrante” la situación, por ejemplo con temperaturas que en verano alcanzan los 38 grados en estas instalaciones, acusando de “dejadez absoluta de que los centros sean un horno y los patios un solar” al Gobierno local y al alcalde Conrado Escobar.

El regionalista Rubén Antoñanzas -que ha aprovechado para apoyar la huelga de trabajadoras de educación infantil de 0 a 3 años convocada para este jueves- ha dicho que “son inaceptables las condiciones de calor de estos centros”, culpando también al Ejecutivo municipal de “falta de actuación” y “reducción de presupuesto” para este apartado.

Desde VOX, la edil Patricia González Lacarra ha coincidido en que las escuelas infantiles “deben ser espacios seguros y dignos”, pero ha acusado al PSOE de “aprovechar un tema de gestión en un manifiesto político para patrimonializar un recurso que es de todos”, una “moción fake” con la que les ha culpado de “crear alarma”. “Menos ideología y más mantenimiento”, ha requerido.

La concejala socialista Esther Espinosa ha dicho que “el PP tiene la oportunidad perfecta para ver qué modelo tienen para estas escuelas infantiles, un servicio esencial y prioritario para muchas familias”. Una propuesta, ha asegurado, “que nace de muchas quejas de las personas usuarias” y ha pedido “gobernar, antes de que el tema salga en los titulares de prensa o antes de que lleguen las quejas de las familias”.

Laura Lázaro, concejala de Infancia y Juventud, ha afirmado que comparten con todos los implicados la preocupación por una situación “que vamos a atajar”. “Nuestra prioridad es clara, las escuelas infantiles son una recurso esencial y deben ser espacios seguros, adecuados y de calidad”, ha recalcado.

Así, ha reseñado que “todas las escuelas municipales van a tener climatización” y que “las actuaciones en los patios van a ser prioritarias, de manera que en el próximo curso se pueda hacer uso de ellos”. Y, con todo, ha defendido que “llevamos ya tiempo trabajando”, con los trabajos técnicos realizados y los trámites en contratación, pendientes de la financiación, ya comprometida“.

De este modo, ha afirmado Laura Lázaro que “en cuanto esa financiación esté disponible, los trabajos se adjudicarán y se ejecutarán”, de manera que ha resumido que “las actuaciones están en marcha con proyectos definidos y con una hoja de ruta clara, es una cuestión de tiempos administrativos por la financiación”.

“Queremos garantizar que las soluciones sean duraderas, no como ha ocurrido hasta ahora”, ha subrayado la concejala, quien ha querido finalizar con un mensaje a las familias “de tranquilidad y compromiso, vamos a trabajar que sus hijos estén en espacios seguros, adecuados y de calidad”, siempre “dando informacion sobre todo el proceso”.

El sindicato CCOO, convocante de la huelga a nivel nacional en educación infantil de 0 a 3 años, ha cifrado en un 90 por ciento el segumiento de la jornada de protesta en La Rioja, al tiempo que han criticado los “abusivos servicio mínimos” que, según ha avanzado el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de La Rioja, Pedro Antolín, “los vamos a llevar a los tribunales”.

Ha sido en la concentración, que a la 12,00 horas, han desarrollado trabajadores del sector - que engloba entre 400 y 500 en la región- frente al Parlamento de La Rioja. Allí, han desplegado una pancarta en la que se podía leer '0-3 en lucha. ¡Soluciones ya!' . Además han portado carteles con lemas como '¡Galiana escucha, estamos en lucha'!; 'El perro López era muy silencioso hasta que ladró...bajadas de ratios, ya!': o 'El 0-3 también es educación'.

Además, en la protesta, en la que se han hecho acompañar de silbatos, se han coreado gritos como “Nos llaman guarderías y no lo son...se llama educación'; ”¡Galiana escucha, estamos en lucha!“; o ”Educamos, no guardamos“.

Antolín ha afirmado que “es el momento en que el gobierno, tanto autonómico como central, sepan qué quieren hacer con la educación de 0 a 3 años”, ya que “es una etapa educativa más que tienen que apostar por ella, y tienen que dejar tiempo a las profesionales para preparar estas clases”.

Ha apuntado que “tienen que bajar la ratio que son imposibles en este momento en La Rioja, debido a que hasta 20 niños y niñas pueden tener una persona a su cargo”, po lo que “me contarán qué pueden hacer con esa ratio a nivel educativo con estos niños y niñas”.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de La Rioja ha asegurado que “tienen que apostar por ese desdoble, esa pareja educativa en estos centros educativos, y, sobre todo hasta los cinco años tienen que tener claro que es el desarrollo mayor del cerebro de un niño y de una niña”. Por ello, ha señalado que su sindicato “ha apoyado a este colectivo, va a seguir apoyándolo y haremos cuantas manifestaciones, huelgas o movilizaciones requiera para conseguir los objetivos”.

Desde la plataforma, Ivonne Karina ha añadido que “necesitamos recursos materiales y personales para poder dar una educación de calidad, además de contar con un salario digno, acorde a nuestras responsabilidades que tenemos en las aulas”.

Delegada de CCOO ha indicado que “es un trabajo totalmente vocacional”, pero ha puesto el foco en que su sindicato no firmó el acuerdo “porque este convenio que llevamos ahora lo que hace es prolongar la precariedad; recibimos un salario mínimo y claro, con ello es que no se llega a vivir”.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma, Marta López, ha reclamado que “queremos que se nos considere como personal docente, ya que somos personas cualificadas, tenemos nuestros estudios y que no se nos considere una guardería, ya que somos una escuela infantil”.

“Centros donde cada día se aprende, se enseña, tenemos una programación y no podemos más, estamos agotadas, salimos todos los días del aula tristes, enfadadas, porque las manos no nos dan para más, entonces queremos que eso nos escuche y que se nos haga caso”, ha concluido.

La Junta de Castilla y León estima en un 18,78 por ciento el seguimiento en las escuelas infantiles dependientes de la administración autonómica de la huelga convocada este jueves, en centros públicos y privados, por CC,OO y CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles para exigir una bajada de ratio y mejorar las condiciones laborales y económicas de educadores.

El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el seguimiento de la huelga ha sido muy heterogéneo: del 39,6 por ciento en Burgos pero solo del 2,2 en Soria, ha puesto como ejemplo.

El modelo de la escuela infantil, un ejemplo a seguir

Ha defendido el modelo de la escuela infantil dependiente de la Junta de Castilla y león, que a su juicio podría ser un ejemplo a seguir para los centros tanto municipales como privados pues sus profesionales cuentan con unas mejores condiciones laborales, reconocido por los propios implicados, ha indicado.

Tras reconocer que buena parte de las reivindicaciones “tienen mucho sentido”, ha reconocido que estas demandas son de carácter nacional y que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas que tienen extendida la gratuidad de la educación en la etapa de cero a tres años, y que las condiciones laborales de sus profesionales “son mucho mejores y, por tanto, servirían de referencia”.

Alrededor de 22.000 beneficiarios suma en Castilla y León esta etapa educativa con una inversión propia sobre la cual quizá ahora hay que hacer una reflexión nacional porque “sería bueno ver si pudiera haber aportaciones nacionales para las comunidades que aún no han desarrollado el modelo”, ha apuntado.

No obstante, ha recordado, hay que respetar la negociación colectiva de los trabajadores, por una parte, y también la autonomía de las distintas entidades locales, ayuntamientos o incluso entidades que no son públicas, que prestan este servicio.

Datos

Por provincias, Burgos (39,6) y Palencia (31,03) han sido las que más han secundado esta jornada de huelga, por delante de Ávila (21,28), Valladolid (19,19), Salamanca (13,76), Segovia (13,75), León (11,02), Zamora (4,17) y de Soria (2,17).

En Castilla y León han secundado la huelga 138 de los 735 profesores de escuelas infantiles (0-3 años), el 18,78 por ciento. 

La huelga de escuelas infantiles ha alcanzado este 7 de mayo un seguimiento del 58,6% en Castilla-La Mancha, según los datos comunicados por CCOO, en una jornada de movilización en la que las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años han salido a las calles de distintas ciudades y capitales de la región para reclamar una bajada de ratios, mejores condiciones laborales y el reconocimiento de su labor como docentes.

Las profesionales del sector han centrado sus reivindicaciones en la necesidad de reducir el número de menores por educadora, extender la pareja educativa, mejorar unas condiciones laborales marcadas en muchos casos por salarios próximos al mínimo interprofesional y lograr una regulación común para todas las escuelas infantiles, con independencia de si son de gestión directa de la Junta, municipales, de gestión indirecta o privadas.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO han defendido que el ciclo de 0 a 3 años debe ser reconocido plenamente como una etapa educativa y no solo asistencial.

Por ello, han reclamado que las administraciones garanticen una atención adecuada a los menores, especialmente en unas “edades de alta dependencia”, y que las trabajadoras sean consideradas docentes, con condiciones acordes a la responsabilidad que asumen en el desarrollo temprano del alumnado.

Servicios mínimos “abusivos”

El sindicato también ha denunciado la imposición de servicios mínimos que considera “abusivos”, al entender que han limitado el derecho a la huelga de muchas trabajadoras en una actividad que, según ha señalado, no tiene la consideración de servicio esencial.

Desde la manifestación de Ciudad Real, donde se han concentrado alrededor de dos centenares de educadoras a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, el responsable de Sectores Socioeducativos de CCOO Enseñanza Castilla-La Mancha, Antonio Romero, ha explicado que en Castilla-La Mancha conviven diferentes modelos de gestión.

En este sentido, ha desgranado que existen escuelas infantiles gestionadas directamente por la Consejería de Educación, centros municipales de gestión directa, escuelas municipales de gestión indirecta a través de empresas privadas y centros puramente privados.

Según sus datos, en la región hay en torno a 620 escuelas infantiles, de las que 38 pertenecerían a la Consejería, unas 360 a ayuntamientos y alrededor de 290 serían privadas.

Asimismo, ha advertido de que el principal problema en Castilla-La Mancha es que no existe una regulación homogénea de ratios ni una orden de inicio de curso aplicable a toda la etapa de 0 a 3 años, pese a que se trata de una etapa educativa ya recogida en la ley.

A juicio del sindicato, esta falta de desarrollo normativo impide una atención adecuada al alumnado de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 años. Romero ha sostenido que las ratios actuales, comparadas con la media europea, “cuadruplican” el número de menores por educador infantil.

Una regulación que no llega a todos los centros

CCOO ha criticado que las órdenes de inicio de curso en Castilla-La Mancha sólo se apliquen a las escuelas infantiles de gestión directa de la Consejería, dejando fuera al resto de centros, que concentran buena parte de la atención del ciclo de 0 a 3 años en la comunidad autónoma.

“Esto es una etapa educativa, independiente del modelo de gestión, tienen que tener las mismas condiciones y tienen que tener sobre todo una atención adecuada a los menores”, ha defendido Romero.

El responsable sindical ha vinculado esta situación con las condiciones laborales de las profesionales. Según ha señalado, en las escuelas privadas y en las municipales de gestión indirecta hay trabajadoras que están cobrando el salario mínimo interprofesional, en un sector que ha definido como “profundamente feminizado”.

Romero ha estimado que en Castilla-La Mancha hay más de 3.000 trabajadoras afectadas por esta situación, aunque también ha apuntado que, contando todos los modelos, la cifra podría situarse en torno a las 4.000.

Somos docentes, no cuidadoras

Entre las trabajadoras concentradas en Ciudad Real se encontraba Ana Elisa de la Flor, educadora de una escuela infantil de Miguelturra, quien ha defendido que la movilización busca reclamar “dignidad” y visibilizar el ciclo de 0 a 3 años. “Reclamamos bajada de ratio, reclamamos que sea una enseñanza pública, gratuita y universal para todo el ciclo, que nos consideren como lo que somos, que somos docentes, no somos cuidadoras”, ha afirmado.

De la Flor ha lamentado que durante años las profesionales hayan estado “cobrando poquísimo dinero” y ha insistido en que la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa son necesarias para garantizar una atención directa a menores que se encuentran en una etapa de gran dependencia.

Sobre las ratios en la comunidad autónoma, De la Flor ha considerado que decir que Castilla-La Mancha tiene ratios más bajas es “una verdad a medias”, ya que, según ha explicado, esas condiciones sólo se aplican a las escuelas infantiles de la Junta de Comunidades. “Las únicas que tienen esas ratios son las escuelas infantiles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, ha señalado, antes de añadir que en las municipales, concertadas y privadas no se aplica la misma regulación.

“Las familias necesitan conciliar, pero nosotras también”

En Toledo más de 200 trabajadoras han participado en la concentración, reclamando una bajada de ratios al considerarlas “abusivas”, mejores condiciones laborales y también el reconocimiento educativo de una etapa que consideran “infravalorada”.

Una de las docentes participantes explicaba que piden “que se bajen las ratios, porque hay muchos niños por aula. No es lo mismo tener una clase de ocho bebés que una clase con cinco. Cada niño necesita su tiempo y su espacio y, estando las clases como están, no lo tienen”.

Este jueves las tres escuelas infantiles municipales de Toledo, que son gestionadas por una empresa privada, no han abierto sus puertas después de que el Ayuntamiento no estableciese servicios mínimos ante la previsión del amplio seguimiento de la huelga por parte de las trabajadoras.

“Pertenecemos a Educación para algunas cosas, porque tenemos que trabajar en julio cuando los colegios no trabajan. Las familias necesitan conciliar, pero nosotras también. Si somos Educación para una cosa, deberíamos ser Educación para todos”, exponía una de las docentes manifestantes.

Otra trabajadora resumía la situación que están viviendo de esta manera: “Reivindicamos unas escuelas infantiles donde no se vaya a sobrevivir, sino escuelas infantiles de excelencia, que es lo que se merece nuestra infancia”.

Reuniones con el Delegado del Gobierno en la región y subdelegaciones

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha recibido en la Delegación del Gobierno a los representantes de la Plataforma 0-3 años, llamados a la huelga nacional, que se han manifestado enfrente de las subdelegaciones de todo el país.

Desde Delegación del Gobierno señalan que Sabrido ha mantenido “un encuentro fructífero junto a ellos, escuchando sus reivindicaciones y trasladando el compromiso del Gobierno de España”. Además, “ha puesto en valor que los representantes nacionales ya se hayan reunido con el Ministerio y hayan acordado la presentación de un Real Decreto antes del verano en el que se pretenda reducir las ratios y los horarios de los docentes de las escuelas infantiles de 0 a 3 años”.

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno de España en Guadalajara, Susana Cabellos, ha recibido hoy en la Subdelegación del Gobierno a representantes de la Plataforma de Educación Infantil 0-3. Durante el encuentro, Cabellos ha escuchado las reivindicaciones del sector y ha trasladado “el compromiso del Gobierno de España con la mejora de las condiciones en las escuelas infantiles”. Cabellos ha señalado que “las competencias en materia educativa recaen en las comunidades autónomas, responsables de adoptar las decisiones que estimen oportunas en este ámbito”.

Una educadora sola para atender a ocho niños en un aula. Pañales, biberones, llantos, bebés que empiezan a caminar, otros que necesitan dormir y, entretanto, ningún margen para detenerse. Esa es la realidad que describen las trabajadoras de las escuelas infantiles en Andalucía. “Puedes darles de comer, pero no mirarlos a los ojos”, resume Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles.

Esa “frustración constante” que sienten al ver que “no llegamos a atenderles como realmente merecen” ha llevado a trabajadoras de toda Andalucía a secundar este jueves una jornada de huelga y protestas convocada a nivel estatal por CGT y CCOO en el primer ciclo de Infantil (0-3 años). Denuncian ratios “insostenibles”, falta de recursos y una precarización creciente en un sector cada vez más privatizado.

“Estamos sosteniendo la educación infantil a costa de nuestra salud física y mental”, lamenta Terriza, poniendo voz a un malestar compartido por educadoras de toda la comunidad. Por eso, han convocado concentraciones en las ocho provincias andaluzas en defensa de “unas condiciones dignas tanto para las trabajadoras como para el alumnado”. Son ellos, los más pequeños, quienes sufren la falta de inversión y recursos que denuncian desde el sector.

Privatización y precarización

El conflicto laboral llega en plena transición hacia la gratuidad total del primer ciclo de Infantil en Andalucía, donde cerca del 80% de las plazas están en manos privadas. Hace dos meses, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que el próximo curso serán gratuitas también las plazas para menores de uno a dos años, completando así la bonificación al 100% de la escolarización de esta etapa educativa.

La red andaluza de escuelas infantiles está formada mayoritariamente por centros privados, fundados por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo de conciertos –impulsado en su día por el PSOE– buscaba compensar la escasa oferta pública, optando por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, pagando a las escuelas una cantidad fija por plaza.

Las trabajadoras denuncian que el modelo se está expandiendo sin que mejoren las condiciones laborales ni los recursos en las aulas. “El dinero público y la gestión de los centros están en manos de empresas privadas, pero las instituciones no supervisan que los decretos y los convenios se cumplan”, sostiene Terriza. A ello suma que “la financiación es totalmente insuficiente y eso acaba repercutiendo en que el sector está más precarizado”.

La protesta de este jueves llega semanas después de las concentraciones celebradas en Sevilla y Málaga el pasado 18 de abril, como antesala de la huelga. Entonces, las educadoras pusieron el foco en la reducción de ratios y en la mejora de las condiciones laborales del personal docente. De esta forma, la plataforma marca distancias con las reivindicaciones de las asociaciones de las patronales del sector, centradas en reclamar una subida del llamado “precio-plaza”, la cantidad que la Junta abona por cada alumno matriculado.

“Nosotras no compartimos esa reivindicación porque ese dinero termina en manos de empresas privadas”, señalan desde la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. “Lo que reclamamos es una mayor inversión y que se articulen los mecanismos necesarios para desprivatizar el sector, ya que la continuidad de este modelo solo mantiene la precariedad de las trabajadoras y de la educación que se le da a la infancia”, añaden.

Una etapa educativa “de pleno derecho”

La principal reivindicación de la plataforma es que el ciclo de 0 a 3 años sea reconocido “como una etapa educativa de pleno derecho” y que sus profesionales tengan consideración de personal docente. “El ciclo 0-3 es una etapa clave en el desarrollo infantil y debe considerarse como una etapa educativa más, de ahí nuestra lucha por la dignidad del sector”, defiende Nieves Terriza.

Las educadoras insisten en que el problema no se limita a sus condiciones laborales. Alertan de que las ratios actuales impiden una atención individualizada en una etapa fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. “Cuando tienes que atender a tantos niños a la vez, el cuidado acaba reducido a cubrir necesidades básicas”, lamentan.

“Y más cuando te encuentras niños con necesidades específicas de apoyo educativo, que realmente no reciben una educación inclusiva porque para eso necesitan recursos personalizados que ahora mismo no tienen”, asegura Terriza, subrayando la importancia de un ciclo que “sustenta la base de todas las etapas educativas”.